Tras casi un mes en vigor, la prórroga de los alquileres llega este martes al Congreso de los Diputados con pocas esperanzas de prosperar. Han sido semanas de manifestaciones, protestas frente a la sede del PP y cruces de acusaciones entre las distintas formaciones políticas. Los sindicatos han llamado a los inquilinos a solicitar la prórroga aun sabiendo que probablemente decaería y han mandado hasta 50.000 cartas a los diputados que, previsiblemente, votarán contra la norma. En medio de esta tormenta están los inquilinos, que si no han notificado a su casero no podrán hacerlo ya si el decreto decae. Quienes sí lo hayan solicitado, deberían poder disfrutar de la extensión de su contrato, aunque desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid señalan a infoLibre que la mayoría de las peticiones no ha recibido respuesta y los caseros guardan silencio. 

La medida no es nueva, porque estuvo vigente dentro del paquete anticrisis que se implantó en la pandemia, pero puede ayudar a frenar la burbuja de precios del mercado, ya que simplemente con haberlo solicitado hasta este martes, permite extender los contratos de vivienda que vayan a concluir antes del 31 de diciembre de 2027 durante un máximo de dos años y manteniendo las condiciones, con un tope de incremento del precio del 2%.

La norma se encontró con la oposición cerrada del Partido Popular, Vox y Junts, pero desató una respuesta social entre los sindicatos de inquilinas. Otros partidos como Sumar o el propio PSOE, por boca de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, pedían a los arrendatarios que solicitasen la prórroga a sus caseros aun asumiendo que iba a decaer, ya que legalmente —y aunque la medida no pase el filtro del Congreso— la extensión del contrato se les debe aplicar.

Pablo Bustinduy, ministro de Consumo, ha sido la parte del Gobierno más implicada en este proyecto y ha mantenido abierta hasta el último momento la posibilidad de llegar a un acuerdo con Junts. "Apuraremos hasta el último segundo", señaló el responsable de Consumo. Además, en una carta abierta remitida la semana pasada a Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, Bustinduy le pedía que se replantease su postura, ya que era una medida “razonable y necesaria” que “no supone merma alguna” para los propietarios. Desde el PP respondió su portavoz, Esther López, señalando que no se sentarían a hablar porque la medida “no funciona” y tratando de vincularla con la okupación. 

Durante este mes escaso de vigencia, los sindicatos de vivienda han ayudado a cientos de personas a solicitar esta extensión automática de sus contratos, ofreciendo modelos de burofax y asesoramiento. "La percepción es que, en la gran mayoría de los casos, los caseros no han contestado", explican a infoLibre desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid. La situación es incierta y muchos arrendadores han optado por el silencio a la espera de lo que pase este martes, aunque desde la agrupación sindical señalan que la jurisprudencia del Tribunal Supremo avala estas peticiones y la aplicación de la prórroga. 

Uno de los riesgos a los que se enfrentan quienes la solicitan es que sus caseros intenten echarlos utilizando subterfugios legales o que recurran en los tribunales la petición. De ahí que algunos expertos pronostiquen una avalancha de procesos judiciales. Para el Sindicato de Inquilinas de Madrid, estos mensajes "son una forma de amedrentar a los vecinos para que no soliciten la prórroga" y piden seguir adelante con el envío de los burofaxes.

Sus homólogos en Cataluña también han mantenido el pulso social, han participado en el envío de misivas y han señalado a quienes planean votar en contra. Enric Aragonès, portavoz del Sindicat de Llogateres, afirmó este lunes en un acto donde unos 30 inquilinos de la empresa Vivenio pedían la prórroga, que los partidos políticos que se opongan “también serán responsables” de las expulsiones de los vecinos. 

Con estos mimbres y un Junts que juega con la incertidumbre hasta la última hora, es como llega la propuesta al Congreso. En la tarde del lunes, el partido de Carles Puigdemont respondía con otra negativa al intento de acercamiento del titular de Consumo. Bustiduy se abría a negociar medidas defendidas por la agrupación catalana, como dar más apoyo a los propietarios o el fraccionamiento del IVA para los autónomos, si estos apoyaban el Real Decreto. Pero los independentistas catalanes reiteraron que no negociarían y que su opinión no había variado.

Este decreto es uno de los dos que conformaban el paquete de medidas que el Gobierno lanzó para hacer frente a los efectos de la guerra de Irán. Se elaboró a petición de Sumar, pero no fue respaldado por la mayoría parlamentaria y su aplicación quedó acotada al periodo de vigencia que expira este martes. 

"Para las personas que hayan solicitado acogerse al Real Decreto, los efectos jurídicos son los mismos, independientemente de lo que se vote en el Congreso", aclara a este medio Alejandra Jacinto, abogada del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES). Más allá de los casos particulares o de la conflictividad que pueda darse con cada casero, Jacinto explica que aquellas solicitudes que se hayan hecho mientras la norma estaba en vigor (es decir, hasta este martes, en caso de que decaiga) deberán tenerse en cuenta. "Esa es la opinión mayoritaria entre los expertos", apunta. "Un ejemplo es la renta antigua. Es una figura que ya no está vigente, pero sí se respeta legalmente para aquellas personas que la tenían antes de que fuese derogada", concluye.

Si se da el escenario más favorable y la medida sale adelante, los inquilinos que quieran acogerse a ella deben solicitarlo previamente a sus caseros, ya sin este trámite no será de aplicación automática.

Desde los sindicatos de inquilinos insisten en la posición de vulnerabilidad de los arrendatarios y también en la incertidumbre económica en la que se ven sumidas aquellas personas que se tienen que buscar otra vivienda cuando su contrato finaliza, ya que en esta situación no hay límite para subir los precios. Otro dato importante a considerar es que el número de propietarios en España ha caído un 22% en los últimos 14 años, por lo que cada vez más personas se ven expuestas al mercado del alquiler.

Un informe del Ministerio de Consumo y el CSIC publicado este lunes señala que el porcentaje de hogares que viven en una casa de su propiedad se ha reducido desde el 79% hasta el 63,9% en poco más de una década, mientras que quienes viven de alquiler han aumentado desde un 11% hasta un 19%.

En Consumo insisten una y otra vez en sus argumentos para mantener la prórroga, ya que esta bloquearía los precios aunque el contrato expirase. "En las condiciones actuales de mercado, la renovación de estos contratos supondría para muchos de ellos subidas intempestivas de hasta un 50% en el precio de los alquileres", señalan. Y tampoco renuncian a disipar las dudas electoralistas que pudieran surgirles a PP, Vox o Junts, insistiendo con otro estudio que apunta que un 73,4% de la ciudadanía respalda la prórroga, incluyendo un 65% de electores del PP.

El secretario general de Junts per Catalunya (JxCat), Jordi Turull, ha arremetido este sábado contra el decreto ley sobre medidas en materia de vivienda -que contempla una prórroga de dos años de los contratos de alquiler- al entender que "ahoga" a los pequeños propietarios.

El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó ayer viernes un paquete de medidas para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio, con rebajas de impuestos y ayudas a sectores afectados, e impulsó otro decreto que establece una congelación temporal de los precios del alquiler y una prórroga de dos años de los contratos que acaban entre este 21 de marzo y el 31 de diciembre de 2027.

En declaraciones a los medios desde unas jornadas municipalistas en Viladecavalls (Barcelona), Turull ha avalado las rebajas fiscales previstas en el paquete de medidas para paliar los efectos de la guerra de Irán, pero ha denunciado que el otro decreto "opta claramente por seguir ahogando a las clases medias y trabajadoras".

Turull ha advertido al Gobierno de que no puede "privatizar el escudo social", pretendiendo que el coste de esas medidas "descanse sobre las clases medias y trabajadoras y los propietarios".

Por ello, ha pedido al Gobierno que "asuma los costes de las políticas sociales" y "deje de ahogar al pequeño propietario" con un decreto que "saben que luego el Congreso no lo aprobará".

"Todas aquellas medidas que vayan a dar oxígeno a las clases medias y trabajadoras y a las pymes, tendrán nuestro apoyo. Todas aquellas que vayan en la línea de ahogar a las clases medias y trabajadoras y las pymes no tendrán nuestro apoyo", ha subrayado.

Turull ha tachado de "puro postureo" las tensiones entre el PSOE y Sumar, a los que ha conminado a "dejar de jugar con las personas vulnerables" con fines "electorales": "No nos interesa en absoluto esta comedia entre el PSOE y Sumar", ha remachado.

Por otra parte, el secretario general de JxCat ha urgido al presidente catalán, Salvador Illa, a "rectificar" y rebajar cuanto antes la "presión fiscal" sobre los catalanes.

Turull ha reclamado políticas fiscales que "dejen de ahogar a las clases medias y trabajadoras" y ha sugerido una rebaja del IRPF.

Asimismo, ha acusado a Illa de "no defender los intereses de Cataluña en Madrid" y lo ha emplazado a "plantarse" ante el Gobierno de Pedro Sánchez para "conseguir más recursos para los catalanes".

Según Turull, Illa debería "hacer de presidente de la Generalitat y no de mayordomo de la Moncloa".

"Hemos pasado de no molestar a Pedro Sánchez a no molestar a María Jesús Montero por las elecciones andaluzas; más bajo no se puede caer", ha afirmado Turull, en alusión a la vicepresidenta primera del Gobierno y próxima candidata socialista en Andalucía.

El decreto anticrisis aprobado este viernes por el Gobierno para responder al impacto económico de la guerra en Irán —con 80 medidas y que acarreará una factura de 5.000 millones de euros— salió adelante tras una mañana de tensión entre los socios del Ejecutivo. El choque provocó un inédito plante de los cinco ministros de Sumar, lo que acabó retrasando en dos horas el Consejo de Ministros extraordinario. Durante ese lapso de tiempo, la vicepresidenta Yolanda Díaz fue la encargada de negociar con el presidente Pedro Sánchez la inclusión de medidas sociales, al considerar que el paquete inicial era, en esencia, una "mera bajada de impuestos".

El socio minoritario del Ejecutivo llevaba días reclamando que el decreto no se limitara a rebajas fiscales y que incorporara mecanismos de protección para los inquilinos y medidas contra los beneficios extraordinarios derivados de la crisis. Finalmente, tras el órdago de Sumar, se acordó dividir la respuesta en dos decretos, uno centrado en energía, fiscalidad y ayudas a sectores afectados, y otro con medidas de vivienda exigidas por Sumar, como la congelación de alquileres y la prórroga extraordinaria de contratos. Los dos socios del Ejecutivo lograron cerrar rápidamente su crisis interna inmediata, pero a costa de trasladar el conflicto al Congreso, en el que cada decreto afronta mayorías distintas e inciertas, especialmente el relativo a la vivienda, como ha dejado claro Sánchez.

En la rueda de prensa posterior al Consejo, el socialista intentó dar por cerrada la crisis reivindicando la "capacidad de diálogo y de acuerdo" y minimizó el choque. "Entiendo que el salseo es interesante para los medios, pero hablamos de un plan muy relevante", afirmó, tras afirmar que las coaliciones están a la orden del día en "la política del siglo XXI". El presidente del Gobierno definió el paquete como el "mayor escudo social" de la UE, reivindicó el modelo energético de España y sostuvo que el país llega mejor preparado que otros de la Unión Europea por el peso de las renovables y el precio de la energía por la excepción ibérica.

Por su parte, en Sumar reconocen que se vivieron momentos muy críticos, aunque su portavoz y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, aseguró en declaraciones que en ningún momento se plantearon salir del Ejecutivo. Con todo, también dejó claro que no estaban dispuestos a aceptar que el Consejo de Ministros no protegiera a los inquilinos y no diera esa batalla por miedo a Junts. "Ahora a pelear los votos, y es lo que vamos a hacer", planteó. Para el socio minoritario, el Ejecutivo no podía aprobar únicamente medidas de reducción de impuestos que pueden acabar beneficiando más a las empresas que a los consumidores.

El de la vivienda es, además, un asunto capital para los de Díaz ya que supone es uno de los principales factores de gasto para las familias. Ante la subida de precios generalizada, podría verse agravado en un eventual escenario de aumento de la inflación. Aunque el PSOE era reticente a aceptarlo e incluso la ministra de vivienda, Isabel Rodríguez, llegó a decir que no tenía cobertura legal, finalmente se incluyó en otro Real Decreto, que prorroga de manera los contratos de alquiler que acaban entre el 21 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027. Sin embargo, en Sumar son conscientes de que Junts y el PNV, especialmente el primero, no comparten la iniciativa y tratarán de convencerlos mediante la negociación pero también a base de presión de las calles con movilizaciones.

Por lo que respecta a la derecha, el principal partido de la oposición tenía previsto valorar las medidas antes de que se produjera el choque entre ambos socios a través de su vicesecretario de Economía, Alberto Nadal. Pero tras el desencuentro, el Partido Popular aprovechó para convertirlo en un monográfico sobre la situación interna del Ejecutivo a través de su secretario general, Miguel Tellado. El dirigente del PP compareció desde la sede de Génova y centró buena parte de su intervención en el "espectáculo" del Gobierno en lugar de hacerlo en el contenido del "decreto de derechas", en sus palabras, en referencia al anticrisis.

El número dos de Alberto Núñez Feijóo lo calificó de "esperpento", cargó contra la escena de los ministros de Sumar retrasando el Consejo y presentó el episodio como una prueba de que el Gobierno carece de cohesión y de autoridad. "Sánchez debería acuñar el 'No a la guerra' en el Consejo de Ministros", ironizó el dirigente del PP. Con todo, aseguró que su formación estudiará el decreto económico tras incluir rebajas fiscales que los populares llevan tiempo reclamando. "Las medidas de Sánchez eran nuestras y han sido ridiculizadas. Bienvenido a la fachosfera", llegó a decir, si bien concretó que antes de decidir "estudiarán" el texto.

Pero de puertas para fuera lo que el PP quiere que cale no es la efectividad de las medidas, sino la debilidad del Gobierno por la supuesta cesión de Sánchez ante "los ministros en rebeldía" de Sumar. "No solo le extorsiona Bildu, ERC, Junts y los partidos minoritarios, sino también el partido que forma parte de su coalición", argumentó Tellado. Los conservadores buscan que cale el relato de un gabinete roto, porque creen que eso es más eficaz que confrontar técnicamente el Real Decreto. Una crítica que, además, contrasta con la debilidad de los Ejecutivos autonómicos compartidos por el PP. Los conservadores rompieron los gobiernos con Ciudadanos para quitárselos de en medio y Vox hizo lo propio con ellos en verano de 2024.

El dilema para Génova es evidente y por eso quieren evitar que el foco se centre en las rebajas tributarias, porque entonces les resultaría más difícil oponerse al contenido, de ahí que la crítica se desplace hacia la forma, el método y la bronca interna. Aun así, fuentes del equipo de Feijóo han querido dejar claro que su posición sobre el texto anticrisis "se especificará en el momento oportuno" —el de vivienda ya han anunciado que lo rechazarán— y apelan al presidente del Gobierno a "ir convenciendo a todos sus socios de investidura de que le apoyen" en ambas votaciones.

A esto se le suma la posición de los socios de investidura. En el caso de Junts, reivindicó como propias algunas de las rebajas fiscales y energéticas del decreto económico y dejó ver que su disposición a apoyar ese texto no se extiende automáticamente al decreto de vivienda. Una postura enfrentada a la de ERC y Bildu, que han puesto valor la intervención de Sumar para incluir medidas sobre alquileres y protección social. "El movimiento de Sumar está muy bien, la vivienda se tiene que arreglar o no hay izquierda que valga", señaló el portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián.

En el comunicado difundido a la prensa, desde el partido de Carles Puigdemont señalan que el Ejecutivo "ha comprado" sus propuestas de rebaja del IVA del 21% al 10% en carburantes, electricidad y gas, además de otras medidas fiscales. Para la derecha independentista catalana se trata de una "condición clave" para valorar su voto favorable al primer decreto por su efecto sobre "la clase media y trabajadora", autónomos, pequeñas empresas y transporte. En la formación jetzale, por su parte, subrayan que el Real Decreto con las medidas anticrisis "sigue la filosofía de las 31 medidas propuestas por el Grupo Vasco", centradas en ayudas directas e iniciativas fiscales para transporte, industria, ganadería y pesca. Ninguno de los dos revela, por ahora, qué harán con el de vivienda.

PP, Vox y Junts han impedido en el Congreso una iniciativa para regular el precio de los alquileres de temporada y de las habitaciones con el fin de favorecer la vivienda a los estudiantes que residen fuera de sus domicilios familiares, al tiempo que también se han unido para rechazar fortalecer la supervisión de la calidad de las universidades privadas y sus nuevas titulaciones, informa EFE.

Sin embargo, la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades sí ha aprobado, con la abstención del PP y de Junts, una iniciativa del PSOE que insta al Gobierno a la incorporación de medidas para luchar contra la violencia machista dentro del ámbito universitario.

La proposición no de ley insta a mejorar y actualizar la formación inicial y permanente en materia de violencia de género del profesorado, tanto en la profesión de maestro o maestra como en el de docente de Educación Secundaria; también a ayudar a las víctimas en la concesión de becas y ayudas al estudio y a fomentar proyectos de investigación con perspectiva de género e investigaciones académicas, entre otras medidas.

Asimismo aboga por agilizar la homologación y equivalencia de títulos para víctimas de violencia de género.

El diputado de Vox Jacobo González-Robbato ha sido muy crítico tras afirmar que "mucho papel y mucho plan y contenidos de género en las carreras, pero esto no protege a las mujeres que quieren volverse solas y borrachas a casa".

Por otra parte, la comisión ha debatido una proposición no de ley de ERC que insta a tomar medidas urgentes para acabar con las desigualdades que causan los precios de la vivienda entre los estudiantes universitarios y para que deje de ser un factor de discriminación por razón de clase en el acceso a la Universidad.

Sin embargo, tras un empate en los votos, se ha aplicado el voto ponderado, que supone la representación en el pleno de los Diputados, y la iniciativa ha sido rechazada por 177 votos (PP, Vox y Junts) en contra frente a 165 a favor.

"Muchos estudiantes tienen que renunciar a estudiar por la falta de oferta de vivienda", ha señalado la diputada de ERC Etna Estrems tras criticar que el alquiler de habitaciones en Cataluña ha subido un 62%.

La diputada de Sumar Teslem Andala ha apoyado "intervenir y topar los precios de la vivienda" ya que muchos universitarios "deben compaginar estudios con un trabajo precario para poder pagarse una habitación" y el diputado del PSOE Víctor Camino ha señalado que es "indecente" no regular el alquiler de temporada.

La otra iniciativa que también ha sido rechazada por PP, Vox y Junts ha sido una proposición no de ley de Sumar con enmienda del PSOE sobre el fortalecimiento de la supervisión y el aseguramiento de la calidad en universidades privadas y de las nuevas titulaciones.

El texto instaba al Gobierno a garantizar el seguimiento del cumplimiento de los indicadores de calidad universitaria establecidos en último real decreto sobre creación de universidades, revisar el régimen de silencio administrativo de los distintos trámites para poner en marcha una nueva titulación oficial para que haya una correcta supervisión y favorecer que las agencias de calidad universitaria avancen en fijar criterios comunes para la evaluación y seguimiento de la calidad de las titulaciones.

El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves, con los votos a favor de PSOE, PP, Vox y PNV, la proposición de ley de Junts para combatir la multirreincidencia, una norma que busca aumentar el castigo de los pequeños hurtos y que ha contado con el voto en contra de la mayoría de los socios de Gobierno, según recoge EFE.

Con 302 votos a favor, 36 en contra y 8 abstenciones, esta iniciativa, que modifica el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal y penaliza con hasta tres años de cárcel el robo de móviles, sale adelante y será remitida ahora al Senado, con el rechazo de Podemos, Sumar y Bildu -que han denunciado que no servirá para detener los hurtos y que solo beneficia a la extrema derecha- y la abstención de ERC.

La aprobación de esta propuesta de Junts se interpreta como un nuevo gesto del Gobierno y del PSOE al partido de Carles Puigdemont, que se enmarca en la serie de guiños que están haciendo a sus socios de investidura para intentar seguir contando con su apoyo.

El texto propone tipificar como delito la práctica del petaqueo, como se conoce al uso de embarcaciones petaqueras o guarderías que en alta mar surten de bidones de combustible a las narcolanchas, así como los robos en el campo de material y herramientas.

También aboga por castigar con penas de entre uno y seis años de cárcel a quienes cometan una estafa de cuantía menor a 400 euros, pero que sean multirreincidentes (que tengan tres condenas por dicho delito).

Permite que el juez que investigue delitos cometidos a través de internet pueda retirar cautelarmente contenidos ilícitos e interrumpir los servicios que ofrezcan dichos contenidos o incluso bloquearlos si radican en el extranjero y faculta a los juzgados a adoptar medidas cautelares de carácter personal, incluida la prohibición de acudir o residir en determinados lugares. La proposición de ley refuerza la participación de las entidades locales en la respuesta institucional frente a los delitos de hurto y les reconoce legitimación para ejercer la acción penal en estos casos.

La diputada de Junts Marta Madrenas ha defendido que esta ley "dice basta a la impunidad repetida", pone orden y mejora la seguridad y el bienestar de la gente y ha destacado que el texto no nace de los despachos, sino de los municipios que durante años han soportado la inseguridad en sus barrios sin contar con ninguna herramienta eficaz para combatirla.

Desde el PSOE, Francisco Aranda ha felicitado al PP por dejar "por un día sus zancadillas y obstáculos" y sumarse a este pacto y ha destacado el compromiso del Gobierno en seguir avanzando en las medidas que logren atajar la multirreincidencia "desde la óptica de un Gobierno de izquierdas". "Sin fiarlo todo al punitivismo, ni entrar en los discursos racistas y xenófobos de la ultraderecha", sin caer en la alarma social o el "peligroso discurso de equiparar inmigración con delincuencia".

A él le ha respondido la diputada del PP Cuca Gamarra, quien ha acusado al PSOE de "secuestrar" esta ley porque la única multirreincidencia que le ocupaba era la de "sus números doses que han pasado de Ferraz a Soto del Real y que hoy se sientan en el banquillo por una colección de delitos de corrupción".

También ha criticado que el PSOE apoye esta iniciativa al mismo tiempo que impulsa una regularización de personas migrantes. "¿A cuántos multirreincidentes se les va a dar papeles con su regularización masiva?", le ha espetado.

En el mismo sentido, Vox ha denunciado que los ciudadanos ven cómo se protege al delincuente en nombre de una "supuesta sensibilidad social", mientras se abandona al comerciante, al agricultor, al trabajador y al vecino que cumple la ley y ha asegurado que parte de la multirreincidencia tiene causas como "la inmigración descontrolada y el caos en las políticas inmigratorias".

También a favor de esta norma ha votado el PNV, que entiende que da respuesta a conductas delictivas reiteradas contra el patrimonio para las que las penas de multa resultan ineficaces.

Los partidos de izquierdas se han mostrado firmes en sus críticas a una norma que, a su juicio, no va a resolver el problema, pero sí dará "una inmensa proyección a ideas fascistas".

Así lo considera Enrique Santiago (Sumar), que cree que esta iniciativa convierte en ley el discurso demagógico de Vox, de Se Acabó la Fiesta o de Aliança Catalana.

También Podemos cree que el objetivo de esta ley es "criminalizar la pobreza" y estigmatizar a las personas con pocos recursos. "Lo que hay detrás de esta ley es una propuesta para alimentar relatos racistas y xenófobos de la extrema derecha y para tener mucha mano dura con los robagallinas, mientras que a los verdaderos delincuentes, criminales y ladrones multirreincidentes no se les toca".

En el mismo sentido, Bildu se ha mostrado convencido de que esta ley no servirá de nada, y se ha dirigido a Junts, a quien ha advertido: "Esta ley no servirá, no funcionará ni para detener los hurtos, ni para detener a Alianza Catalana".

ERC, por su parte, se ha abstenido en la votación aunque su diputada Pilar Vallugera ha advertido de que "lo de hoy es humo", ya que si no se cuenta con las dotaciones necesarias, "todo seguirá igual".

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha aceptado este miércoles estudiar un cambio en el preámbulo de la ley para la delegación de competencias en inmigración a Cataluña. Algo que se produce en medio de las negociaciones con Podemos, que rechazaba la ley pactada por los de Puigdemont con el PSOE calificándola de "racista" y exigiendo cambios.

Sin embargo, Nogueras ha subrayado que el resto de la norma, es decir, el "articulado" de la ley "no se tocará ni un pelo", aseguró la política en declaraciones a SER Catalunya. "Esperemos que vuelva a registrarse la ley y que se apruebe el articulado, que es lo que realmente nos interesa a nosotros. La gesticulación y los titulares a nosotros no nos solucionan el problema", ha afirmado.

La secretaria política y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, aseguró este martes que su formación estaba abierta a negociar la delegación de competencias en inmigración a Cataluña, retocando el texto que pactaron PSOE y Junts, una vez se haya aprobado la regularización extraordinaria de migrantes. Montero dijo que Podemos, que el pasado septiembre ayudó a tumbar la ley en el Congreso, está dispuesta a negociar esta delegación de competencias, "modificando" el texto para que "no tenga ningún contenido racista", ni en la exposición de motivos ni en el articulado.

Junts ha asegurado que la aprobación de esta ley es parte de los requisitos que los independentistas le exigieron al Gobierno, y que, tras las negociaciones, tanto al PSOE como a Podemos les interesa finalizar el bloqueo.

La portavoz de Junts en el Congreso ha recordado que "lo que se acaba aplicando es el articulado", donde "no hay contenido ideológico", mientras que el preámbulo de la ley "es una introducción que no es la parte legal".

Para Nogueras, no hay ningún motivo para que Podemos diga que el articulado contiene algún elemento "racista" porque esta parte legal del texto "es muy sencilla y muy técnica" y se limita a decir que "lo que hoy está gestionando el Gobierno español pasará a gestionarlo el Govern de la Generalitat".

El nuevo sistema de financiación autonómica propuesto este viernes por la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha encontrado reacciones adversas mayoritarias entre los presidentes autonómicos, así como entre la oposición, tanto del PP como de Junts.

Por parte del PP, ha sido el vicesecretario de Política Autonómica, Elías Bendodo, el encargado de criticar que la propuesta se anunciara mediante un acuerdo entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras.

"Es una patada a la igualdad y la unidad de España". "Eso ya nace mal. Tenemos que sentarnos todos en la mesa", ha indicado.

Por parte de Junts ha sido su vicepresidente, Antoni Castellà, el portavoz que ha insistido en el rechazo de esta formación a la propuesta.

Él ha emplazado este viernes a ERC a "transitar" desde el modelo de financiación pactado con el Gobierno hacia el concierto económico: "14 diputados en Madrid lo pueden hacer posible", ha expresado.

Castellà ha corroborado que JxCat presentará una enmienda a la totalidad con texto alternativo para sacar a Cataluña del régimen común y llevarla a un sistema como el de Navarra o el País Vasco.

Su posición coincide con la de la patronal catalana, pues Josep Sánchez Llibre, de Foment del Treball, ha considerado que la nueva propuesta de financiación autonómica que ha puesto sobre la mesa el Gobierno es "claramente insuficiente".

Tampoco ha tenido buena acogida la propuesta entre la mayor parte de los presidentes autonómicos, ni siquiera por parte del socialista Emiliano García Page.

El presidente de Castilla-La Mancha ha señalado que prefiere que "hablen los españoles" antes de permitir un "atropello", en relación con el acuerdo de financiación singular para Cataluña, y ha advertido de que no va a participar en un "intento de suicidio político de la izquierda".

En la misma línea de rechazo se ha pronunciado el presidente del Gobierno aragonés, Jorge Azcón, quien ha valorado el incremento de la financiación a las comunidades, pero ha criticado el sistema de reparto al entender que rompe los criterios de igualdad y de solidaridad entre los territorios para favorecer a las formaciones independentistas.

El presidente de Andalucía, Juanma Moreno, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de romper la "multilateralidad" con su modelo de financiación autonómica, una propuesta que considera "poco creíble", que vincula a los próximos comicios electorales y que supone un "traje a medida" para el líder de ERC, Oriol Junqueras.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha reclamado la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

También se ha mostrado escéptico el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, quien ha asegurado que "nadie se cree que si hay más dinero para Cataluña, no significa que haya menos dinero para otros".

En este sentido, Clavijo ha indicado que antes de hacer valoraciones necesita "ver el texto, la letra pequeña", y ha añadido que, "evidentemente, el Gobierno, si presenta algo, lo va a vender bien".

Junto a ellos, la consejera madrileña de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, ha cargado contra el nuevo sistema de financiación autonómica, por el que la Comunidad de Madrid recibirá "la mitad" que Cataluña, y ha avisado que utilizará "todos los recursos legales" contra este modelo.

También el Gobierno valenciano ha señalado "ausencias gravísimas" en el nuevo sistema y ha calificado de "impresentable" el pacto "unilateral" del modelo. Además, ha vuelto a reclamar un fondo de nivelación hasta su entrada en vigor. Así lo ha señalado su portavoz, Miguel Barrachina.

El conselleiro de Hacienda de la Xunta de Galicia, Miguel Corgos, considera que en la propuesta para un nuevo sistema el Gobierno "negocia" con los recursos de todas las comunidades autónomas.

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo (PP), ha rechazado este viernes "las formas" y "el fondo" de la propuesta, y el consejero de Economía de Cantabria, Luis Ángel Agüeros, ha opinado que la propuesta de financiación autonómica de Hacienda es un "atropello".

El Govern balear del PP rechaza de plano el nuevo sistema de financiación autonómica anunciado por el Ejecutivo central porque solo se ha pactado con los "separatistas" catalanes, ignora las peticiones de Baleares y vulnera su autonomía financiera.

Así, solo el presidente catalán, Salvador Illa, ha hecho un llamamiento al conjunto de fuerzas políticas para que no bloqueen una nueva financiación que considera "justa", porque beneficia a todas las comunidades y con la que Cataluña seguirá siendo "solidaria" sin pedir "privilegios".

Desde Asturias, el portavoz del Gobierno, Guillermo Peláez, ha señalado que el Ejecutivo autonómico no se posicionará hasta conocer la "letra pequeña".

En cuanto a los socios de Sumar, el diputado de Compromís Alberto Ibáñez ha celebrado los "avances" en la nueva propuesta de financiación autonómica por parte del Ministerio de Hacienda, que otorga 3.667 millones de euros más a la Comunidad Valenciana, y considera que hay posibilidad de llegar a un acuerdo en el Congreso vía enmiendas.

Y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, también se ha mostrado constructivo, aunque ha reclamado a la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que instaure un suelo fiscal en el nuevo modelo de financiación para evitar el 'dumping' entre autonomías, en referencia a las gobernadas por el PP.

El Parlamento catalán ha aprobado este jueves la ley que regula el alquiler de temporada y de habitaciones -una vía usada para sortear el tope a las rentas de la vivienda habitual vigente en Cataluña-, con el voto a favor de toda la izquierda: PSC-Units, ERC, Comuns y la CUP.

La nueva norma nace de un decreto que, entre otros elementos, agilizaba trámites urbanísticos y al que, en el trámite parlamentario, esta mayoría de izquierdas ha introducido enmiendas para regular el alquiler de temporada y de habitaciones o para que los pisos de protección oficial mantengan esta calificación si están en las denominadas zonas de mercado tensionado.

En la pasada legislatura esta ley decayó al no reunir el apoyo del PSC-Units, que entonces optó por la abstención. Los socialistas, que fijan la cuestión de la vivienda como pilar del actual mandato, cambiaron su posición a raíz de los acuerdos con ERC y Comuns que posibilitaron la investidura de Salvador Illa.

El texto ha sido avalado por el Consejo de Garantías Estatutarias, que emitió un dictamen, a petición de Junts y el PPC, en el que solo puso en duda uno de sus artículos, posteriormente enmendado.

La regulación establece que cualquier alquiler "destinado a la satisfacción de la necesidad de vivienda" sea considerado "permanente", con independencia de la duración del contrato, lo que hace que estas rentas estén sujetas a la regulación de precios si están en zonas tensionadas. Así, solo serán alquileres de temporada los que se acredite que se destinan a uso recreativo y turístico.

En cuanto a la regulación del alquiler de habitaciones, la norma determina que la suma de las rentas de cada habitación no pueda superar el precio del alquiler del piso entero. La ley también establece que no dejarán de ser de protección oficial unos 35.000 pisos que en los próximos años habrían pasado al mercado desregulado.

La consellera de Territorio, Sílvia Paneque, ha defendido durante el debate parlamentario que la vivienda debe ser "un derecho y no una fuente de agobio": "El beneficio es legítimo cuando es positivo para la comunidad, mientras que no puede ser considerado beneficio si llena un bolsillo o pocos bolsillos y provoca pérdidas para el resto", ha afirmado.

La ponente de la ley ha sido la diputada socialista Eva Candela, que ha defendido que la "intervención pública" en el mercado de la vivienda es "urgente y prioritaria" y ha ensalzado la "capacidad de sumar mayorías" de la bancada izquierda. Por parte de ERC, su portavoz, Ester Capella, ha celebrado que lo que su grupo, Comuns y CUP habían defendido hasta ahora "en soledad" sea por fin asumido por "una mayoría progresista".

La diputada de Comuns Susanna Segovia ha dicho que el Parlament "ha votado una victoria" del movimiento por la vivienda, pero ha avisado a Paneque de que las regulaciones no sirven si no se aplican sanciones -lo que todavía no ha sucedido en el caso del tope a las rentas habituales-. Laure Vega, de la CUP, ha señalado que este jueves se impide que se sigan cometiendo "ilegalidades" y ha tildado de "fascinante" que la derecha "lloriquee" por una norma que, en el fondo, busca restablecer el orden.

La diputada de Junts Glòria Freixa se ha mostrado en contra de cualquier regulación de las rentas y ha dicho que lo que debe hacerse es "atraer" la inversión privada, al tiempo que ha acusado a la mayoría de izquierdas de legislar "por la puerta de atrás", vía enmiendas. Su partido ha votado a favor de algunas de las enmiendas introducidas, pero no de elementos nucleares de la norma como el que hace referencia a los grandes tenedores -por una cuestión competencial- o los alquileres de temporada.

Por parte del PPC, Àngels Esteller ha asegurado que esta regulación es un ataque más a la propiedad privada, ha puesto en duda su constitucionalidad y ha censurado que se "criminalice" a los propietarios. La diputada de Vox Mònica Lora ha criticado la "inseguridad jurídica" de esta ley y el "incremento del control administrativo sobre la propiedad privada" que comportará.

Sílvia Orriols, líder de Aliança Catalana y diputada del grupo mixto, también ha lamentado la "criminalización" de los propietarios y ha achacado las dificultades en el acceso a la vivienda a la inmigración y a las ocupaciones.

PP, PSOE y Junts han alcanzado este jueves un acuerdo en el Congreso de los Diputados para endurecer el castigo a la multirreincidencia al pactar seis enmiendas transaccionales respecto a una proposición de ley de la formación que dirige Carles Puigdemont.

Este acuerdo se ha producido en el seno de la ponencia que estudia la propuesta de Junts, en la que se ha pactado el informe respecto a este cambio legislativo, que también han apoyado PNV y Vox, y cuyo siguiente paso será el debate en la Comisión de Justicia.

Esta ley, una de las exigencias de Junts, avanza así en el Congreso, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, escenificase este lunes un acercamiento al grupo independentista y a pesar de que su portavoz parlamentaria, Míriam Nogueras, sostuviera después que la situación de bloqueo en el Congreso no había cambiado.

Sin embargo, este jueves la ponencia las enmiendas (cuatro impulsadas por el PP -una de ellas junto con Junts- y dos por el PSOE) a la proposición de ley que busca frenar la multirreincidencia en algunos delitos y plantea, entre otras cosas, que el robo de dispositivos móviles esté penado con hasta tres años de prisión.

Partidos como Podemos y EH Bildu han mostrado su rechazo a este cambio legal en la ponencia, que se celebra a puerta cerrada, y grupos como Sumar también han adelantado su oposición a la propuesta, frente a la que no ha fijado todavía posición ERC, según señalan diversas fuentes parlamentarias.

Ahora el informe será debatido en las próximas semanas en la Comisión de Justicia con la perspectiva de que la proposición de ley vaya al primer pleno del año, previsto en febrero.

Además de penar con hasta tres años de cárcel el robo de móviles -una medida que, tras las enmiendas pactadas, no afectará a dispositivos que estén a la venta en tiendas-, los citados grupos también han pactado endurecer el castigo previsto en el Código Penal en determinadas circunstancias en los delitos de estafa.

Una enmienda, por ejemplo, aboga por castigar con penas de entre uno y seis años de cárcel a quienes cometan una estafa de cuantía menor a 400 euros, pero que sean multirreincidentes (que tengan tres condenas por dicho delito).

Como novedad, y a propuesta del PP y Junts, el informe propone tipificar también como delito la práctica del 'petaqueo', como se conoce al uso de embarcaciones conocidas como 'petaqueras' o guarderías que en alta mar surten de bidones de combustible, las 'petacas', a las narcolanchas.

Otra de las propuestas acordadas es que el juez que investigue delitos cometidos a través de internet pueda retirar cautelarmente contenidos ilícitos e interrumpir los servicios que ofrezcan dichos contenidos o incluso bloquearlos si radican en el extranjero.

En cambio, quedan pendientes acuerdos como la capacidad de los ayuntamientos de personarse en casos de multirreincidentes, entre otros elementos, según las fuentes consultadas.

El presidente de PP, Alberto Núñez Feijóo, ha considerado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "ha perdido la credibilidad" ante el conjunto de los ciudadanos y "es evidente que ha perdido la dignidad", después de que Sánchez asumiese sus "incumplimientos" en determinados compromisos adquiridos con Junts.

En declaraciones a los medios de comunicación en Toledo, donde ha intervenido en el congreso nacional del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Feijóo ha tachado de "comedia" las declaraciones de Sánchez, que según su análisis "ahora le implora a Junts que se va a portar bien y que va a cumplir lo que dice que no ha cumplido, cuando hace semanas decía que había cumplido todos los requisitos de Junts".

A su entender, las afirmaciones de Sánchez este martes reflejan a un presidente del Gobierno "sin credibilidad ante los ciudadanos, sin control parlamentario" y que "debería de tener un mínimo de dignidad y por lo que se ve, no la tiene".

Por ello, ha reiterado su petición de convocatoria de elecciones generales, para que la ciudadanía pueda decidir qué quiere, porque "el presidente del Gobierno tiene que ser una persona digna y después de las declaraciones de ayer de Sánchez, es evidente que ha perdido la dignidad".

"No puede decir una cosa y su contraria. No puede decir que ha cumplido los acuerdos con Junts y ayer decir que no los ha cumplido", ha afeado el presidente del PP, que ha señalado que "este tipo de comedias sanchistas" no merecen ni siquiera comentario".

Asimismo, y ante la pregunta de si el PP impulsará una moción de censura para la convocatoria de elecciones, Núñez Feijóo ha opinado que el tiempo le ha dado la razón al no haberse "precipitado" con la moción de censura, "sabiendo todo lo que ya sabemos ahora", por ello ha confiado en que "en el futuro" siga acertando en sus decisiones al respecto.

Por otro lado, y ante las declaraciones este miércoles del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que ha tachado de "absurdo" pensar que Carles Puigdemont y Junts vaya a respetar al Gobierno más estando "de rodillas" que cuando han estado "de pie", ha opinado que García-Page dice "cosas muy sensatas", aunque "después no se llevan a la práctica".

Y aunque ha afirmado que no va criticar a "alguien que mantiene cierta coherencia dentro de un partido absolutamente incoherente", ha señalado que a García-Page "o nadie le hace caso en su partido o dice cosas por decir".

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha asegurado que el movimiento llevado a cabo ayer martes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha cambiado la posición de Junts y ha emplazado al PSOE a que "tome decisiones": "Estamos donde estábamos la semana pasada", ha señalado.

Así lo ha dicho este miércoles en una rueda de prensa en la sede de JxCat un día después de que Sánchez asumiese sus "incumplimientos" en determinados compromisos adquiridos con Junts y anunciase medidas para remediarlo, entre ellas la aprobación de un decreto ley para flexibilizar a los entes locales y los ayuntamientos las inversiones financieramente sostenibles.

"Que nadie se confunda, estamos donde estábamos la semana pasada. Son los socialistas los que han bloqueado la legislatura con sus incumplimientos. Los socialistas tienen que decir qué hacen a partir de ahora. Son ellos los que se han metido en este problema y son los que deben salir", ha argumentado la portavoz de JxCat en el Congreso.

(En ampliación)

Fue el acuerdo de Bruselas firmado entre PSOE y Junts el que propició que la España plurinacional cristalizara con un gobierno en el que todos los partidos, salvo PP y Vox, se situaron dentro del hemiciclo en 2023. Todos dentro y a funcionar. El acuerdo abrió la puerta a un escenario político que ha escaseado en la historia contemporánea de España. Como apuntaba Enric Juliana hace dos años, todos los partidos, fuerzas y corrientes estaban dentro del juego institucional, sin un pie en el exilio, en el extrañamiento o en el boicot. A partir de entonces, todas las fuerzas políticas representadas en el Parlamento español fueron plenamente operativas para participar en la legislación del país, mediante coaliciones, pactos, alianzas o acuerdos puntuales. 

Dos años después, el presidente del Gobierno vive su mayor crisis política, asediado por el Napoleón del Poder Judicial, amenazado por dos ex-secretarios de Organización y un confidente de  la Guardia Civil, en mitad de una legislatura bloqueada por Junts. Con este horizonte, ha entendido el Gobierno acertadamente que ha llegado el momento de dar un golpe de efecto. Y ese golpe ha sido la entrevista del Presidente Sánchez con Gemma Nierga, una entrevista ciertamente clarificadora, previa a un Consejo de Ministros, algo inusual que, entre sus virtudes, resitúa la crisis política del Ejecutivo en el contexto de la ley de Amnistía, da relieve al momento con Junts y difumina el ruido que se emite desde el templo de Debod.  

La entrevista con Nierga este martes ha sido, ante todo, un ejercicio de expiación. Pedro Sánchez ha reconocido que en estos dos años no ha cumplido con todos sus compromisos con Junts. Vivimos un momento antipolítico y los contactos con los de Carles Puigdemont están rotos debido a los incumplimientos, pero no es menos cierto que esos puentes se pueden reconstruir porque lo único real, querido y  desocupado lector, de este tiempo singular es que el eje sobre el que rueda la actual legislatura sigue siendo el mismo que cuando salió adelante la investidura: la amnistía reconocida por la España  plurinacional que los situaba a todos dentro de la Corte de los Leones. 

Todos dentro y a funcionar. Tras hablar con los de Junts, Pedro Sánchez ha querido dar un impulso a la legislatura anunciando tres medidas acordadas con Miriam Nogueras y Jordi Turull en 2023.  Tres compromisos menores que buscan ofrecer un gesto de reconciliación: facilitar la inversión de  ayuntamientos y diputaciones de un modo más sostenible, mejorar la financiación de las empresas catalanas en el proceso de transición digital y, finalmente, respaldar a los propietarios que sufran los impagos de los inquilinos jóvenes o de las familias en situación vulnerable, algo que no caerá muy bien en el saco de Podemos. Finalmente, Sánchez y Nierga han mencionado la posibilidad de ver publicados los balances fiscales de las comunidades autónomas aunque, de momento, esos balances  no están incluidos en el paquete del perdón.  

Tras todo esto, conviene no perder de vista que el efecto del golpe negociado con Junts se iba disipando a medida que iba anunciando medidas. Concluyó la entrevista de Nierga con una desabrida sensación de insatisfacción. Sigue siendo necesario, pues, que suceda algo más. Hacer  que pase. Ese ha sido un lema en los siete años de gobierno de Sánchez. Hacer que pase hoy es hacer que Sánchez anuncie su reunión en Madrid con Carles Puigdemont. Hacer que suceda ese  encuentro en Madrid y no en Waterloo porque de ese modo habrá significado que la Ley de Amnistía se ejecuta de forma plena y con todas las garantías en toda España, sin temor a ninguna argucia del Napoleón del Poder Judicial. A Sánchez le ha faltado informarle a Gemma Nierga de que a  Puigdemont le esperaba un vuelo en Waterloo media hora después de la entrevista. Este país, no sólo Sánchez, no puede seguir esquivando al presidente de Junts como a un leproso. El mejor golpe  de efecto del Gobierno en este Campo de Agramante es conseguir que Puigdemont aterrice en El Prat y entone de una santa vez el Ya sóc aquí. 

El secretario general de JxCat, Jordi Turull, ha asegurado este sábado que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, no debe "pedir ayuda a los empresarios" para que Junts apoye una moción de censura contra Pedro Sánchez, sino que debe "pedir perdón" por su "boicot" a la oficialidad del catalán en Europa.

En su intervención en abierto ante el Consell Nacional de JxCat, Turull ha respondido al llamamiento que hizo Feijóo a los empresarios catalanes en un acto de la patronal Foment del Treball en Barcelona, en el que dijo que le faltaban "votos de los suyos" para que esta eventual moción de censura salga adelante.

El secretario general de JxCat, que ha tachado de "osadía" el llamamiento de Feijóo, ha sostenido que el dirigente popular debería disculparse ante la sociedad catalana "por pedir a tantos empresarios que se vayan de Cataluña y no pedir que vuelvan".

"También tiene que pedir perdón a los barceloneses y a los catalanes por la moción de censura preventiva que le hizo a Xavier Trias pactando con Jaume Collboni", ha recordado Turull en referencia al apoyo del PP al candidato socialista a la alcaldía de Barcelona en 2023.

Turull ha reiterado que Junts no es "la muleta de nadie" y que sólo se mueven en defensa de Cataluña, y que han sido "consecuentes" con sus planteamientos al romper sus acuerdos con el PSOE.

Por ello, ha emplazado al conjunto de militantes y cuadros de JxCat a "no dejarse impresionar" ni caer en la tentación de "dar volantazos" para dejar de ser "aquella formación serena, que trabaja incansablemente para ser una alternativa en Cataluña".

También ha hecho referencia al reciente informe del abogado general de la Unión Europea sobre la ley de amnistía, un "gran paso para visualizar el retorno" a Cataluña del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, que marcará "un antes y un después en el tablero político actual".

Por otro lado, Turull se ha referido a la última encuesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat, que proyecta un crecimiento de la formación xenófoba Aliança Catalana hasta los 19 escaños en el Parlament y un eventual empate con Junts, de la que ha criticado sus "sesgos".

Ante esta tesitura, Turull ha asegurado que Cataluña "no puede caer en la deriva" de un partido que "transforma el malestar en odio" y que el catalanismo "no puede caer en un proyecto excluyente que base su propuesta en el odio, el miedo y la división de la sociedad".

Por ello, ha dicho que JxCat afronta unos "meses decisivos" para ser "la única alternativa posible al Govern de Salvador Illa" ante un PSC que "ha renunciado a defender a los ciudadanos de las clases medias".

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este viernes, en un acto con empresarios catalanes en Barcelona, que no le faltan "ganas" para presentar una moción de censura para convocar inmediatamente nuevas elecciones generales, sino que le faltan "votos", en alusión a JxCat, informa EFE.

En un acto de la patronal Foment del Treball en Barcelona, Feijóo se ha referido a la decisión del juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente de enviar a prisión provisional al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García al apreciar riesgo "extremo" de fuga ante las elevadas peticiones de prisión que afrontan por presuntas comisiones irregulares en contratos de mascarillas.

Feijóo ha destacado que Ábalos fue "el arquitecto de la era Sánchez, tanto en el Gobierno como en el PSOE", por lo que "el 'sanchismo' ha entrado en prisión".

Eso significa, a su juicio, que el Gobierno de Pedro Sánchez ha quedado "inhabilitado" por el caso Koldo.

Según el líder del PP, "quienes hoy duermen en la Moncloa y quienes han dormido en la cárcel tienen mucho que compartir y mucho que callar".

Este "calvario judicial" del Gobierno se suma, ha dicho, a una "precariedad parlamentaria total", que impide a Sánchez aprobar presupuestos.

Dirigiéndose a los empresarios presentes en el auditorio, se ha mostrado convencido de que "en esta sala seguro que hay muchas personas que han votado a Junts" y quizá algunas a ERC.

"Me faltan votos de los suyos", ha apuntado Feijóo, antes de añadir: "A mí no me faltan ganas para presentar una moción de censura, me faltan votos".

Feijóo ha reconocido que hay cosas que no puede ofrecer a esos partidos de quienes necesitaría sus votos para una moción de censura, pero sí se ha mostrado abierto a impulsar "una moción de censura con un único compromiso": convocar unas nuevas elecciones generales para que "todos los ciudadanos de España puedan decidir en las urnas qué Gobierno futuro e inmediato quieren".

Junts per Catalunya caería hasta la tercera plaza, al pasar de 35 a 19-20 escaños en el Parlament, y empataría con una Aliança Catalana que se dispararía hasta los 19-20 diputados, por detrás del PSC (38-40) y ERC (22-23), según el último barómetro del Centro de Estudios de Opinión (CEO) de la Generalitat.

El director del CEO, Joan Rodríguez Teruel, ha presentado este lunes la encuesta, elaborada a partir de 2.000 encuestas realizadas entre el 13 de octubre y el 11 de noviembre por la empresa Opinòmetre.

Vox, por su parte, lograría 13-14 escaños y superaría al PPC (12-13), mientras que Comuns (6) y la CUP (3-4) podrían mantener su actual representación.

Los tres socios de investidura del actual Govern de Salvador Illa -PSC, ERC y Comuns- seguirían sumando mayoría absoluta (68).

En estimación de voto, el PSC lidera el sondeo (24-27 %), por delante de ERC (14-17%), Junts (13-15%), Aliança Catalana (11-14%), Vox (9-11%), PPC (8-10%), Comuns (5-7%) y CUP (4-6%).

En las filas de los partidos con representación parlamentaria había gran expectación por la estimación de escaños de este último barómetro del CEO, que confirma las predicciones de crecimiento exponencial de Aliança Catalana, la formación de extrema derecha independentista que lidera la alcaldesa de Ripoll (Girona), Sílvia Orriols, que consigue una parte de los apoyos que tenía Junts.

El "empate técnico" entre ambos partidos, ha destacado Rodríguez Teruel, se explica en buena medida porque uno de cada cinco votantes de Junts prevén votar a Aliança en los próximos comicios catalanes.

Una de las "contradicciones internas" que según el director del CEO debe afrontar Junts es que, a medida que pierde a sus votantes "más críticos" con los gobiernos socialistas, le queda un electorado más proclive a aprobar la gestión de Salvador Illa y Pedro Sánchez.

Junts es "el partido con menor fidelidad electoral", ya que solo un 60% de quienes escogieron su papeleta volverían a hacerlo ahora, con un 21% de transferencia directa de voto de Junts a Aliança, cuyo discurso antiinmigración está atrayendo a nuevos votantes.

Una parte de los nuevos apoyos a Orriols llegan desde votantes no independentistas: solo un 48% de sus partidarios prefieren la independencia, un 26% aboga por un Estado federal, un 21% avala el statu quo autonómico y un 4% ve a Cataluña como una región de España, lo que explica que Aliança absorba electores de Vox y PP.

A medida que el eje identitario Cataluña-España "pierde fuerza", ha señalado Rodríguez Teruel, Aliança sube y atrae a más votantes, porque "adquiere una visión más plural y diversa de su electorado y entran votantes de Vox".

El director del CEO detecta un "voto dual de votante de derecha radical", un "canal activo de transferencia de voto entre Vox y Aliança" dependiendo de si hay elecciones catalanas o generales.

Otra batalla demoscópica es la que se libra entre la derecha y la extrema derecha estatales: Vox ya sobrepasa, por primera vez, al PP en estimación de votos y de escaños.

Esta competición electoral se refleja sobre todo en las circunscripciones de Barcelona y Tarragona, donde el PSC es la fuerza "predominante" y, por detrás, hay cinco partidos casi empatados: ERC, Aliança, Junts, PP y Vox.

En las circunscripciones de Girona y Lleida, el "efecto disruptivo en la competencia entre Aliança y Junts" cobra su máximo sentido.

El partido de Orriols sería ya primera fuerza en ambas provincias, con PSC y Junts compitiendo por la segunda plaza en Girona, mientras que en Lleida estaría también ERC pugnando por la segunda posición.

Rodríguez Teruel ha pedido "cautela" al tomar en consideración estos datos, porque el volumen de la muestra en estos territorios es menor y Aliança podría estar "sobredimensionada" y su auge en el conjunto de Cataluña podría ser una "moda".

El PSC ganaría las generales, por delante de ERC

El barómetro también ofrece una estimación de escaños para unas nuevas elecciones generales en Cataluña: el PSC volvería a ganar con idéntica fuerza (19-20), ERC ascendería a la segunda posición (9-10), mientras que Junts, el PP y Vox pugnarían por la tercera plaza (5-6), Comuns bajaría a tres y Podemos podría entrar con uno.

La caída de Junts, en este caso, sería mucho más moderada, entre otros motivos porque en la encuesta no se pregunta por Aliança, que ha descartado públicamente presentar candidatura a las generales.

El socialista Salvador Illa es el líder preferido por los catalanes para ser presidente de la Generalitat, mientras que la alcaldesa de Ripoll (Girona) y diputada de Aliança Catalana en el Parlament, Sílvia Orriols, empata en la segunda posición con el presidente de Junts, Carles Puigdemont.

Por otro lado, el apoyo a la independencia cae al 39% -un punto menos que en el barómetro del pasado junio y un punto más que en el de marzo, los registros más bajos desde el inicio del 'procés'-, mientras que el 'no' a un Estado propio catalán llega al 53%. 

El expresidente catalán Carles Puigdemont ha decidido reasignar roles en la dirección de Junts per Catalunya, situando a Albert Batet como adjunto a la presidencia del partido, mientras que Mònica Sales lo relevará como presidenta del grupo en el Parlamento de Cataluña.

Diputado en el Parlament desde 2012 y considerado próximo a Puigdemont, Batet pasará a ser orgánicamente la mano derecha del presidente de la formación, con el objetivo de "reforzar la interlocución" con el tejido empresarial, los sectores productivos, las patronales, los sindicatos y el conjunto de agentes económicos, según ha indicado la formación independentista en un comunicado.

Batet se encargará también de "hacer de enlace de la Presidencia con el órgano de coordinación de la acción institucional" y de "gestionar todos los aspectos políticos y de relaciones institucionales que el president Puigdemont considere oportuno".

Ya antes de verse catapultado a la presidencia de la Generalitat en 2016, Puigdemont -entonces alcalde de Girona- mantenía una excelente relación con Batet, exalcalde de Valls (Tarragona).

Hacía tiempo, según señalan fuentes de JxCat a EFE, que Puigdemont sugería aplicar el cambio confirmado este lunes: que Batet dejara la presidencia del grupo parlamentario para dar una oportunidad a una cara emergente y asumiera una nueva función en el partido, tal y como ha decidido la dirección permanente de JxCat, reunida este lunes en Waterloo (Bélgica).

Batet, que presidía el grupo desde septiembre de 2019 y que continuará como diputado en la cámara catalana, será el director de campaña para las próximas elecciones a las Cortes y al Parlament, por lo que fuentes del partido lo describen como nuevo "hombre fuerte".

La nueva distribución de funciones sitúa a Batet en una posición de relieve en la cúpula de un partido que, junto a Puigdemont, hasta ahora comandaba el secretario general de Junts, Jordi Turull, que según las fuentes consultadas se seguirá encargando del "día a día" de la formación, además de preparar las elecciones municipales.

El movimiento de piezas implica que el puesto de portavoz parlamentaria que deja vacante Mònica Sales lo asuma Salvador Vergés, que se incorporará a la dirección permanente de JxCat junto a Jeannine Abella, que continuará ejerciendo de portavoz adjunta en la cámara catalana.

La incertidumbre en torno a la legislatura española y el posible retorno de Puigdemont tras el informe de la semana pasada del abogado general de la Unión Europea ha propiciado esta "reorganización de responsabilidades para reforzar el proyecto político del partido", ha argumentado JxCat en un comunicado.

Por su parte, Sales pasará ahora a ser la máxima responsable de Junts en el Parlamento de Cataluña, donde ha ejercido como portavoz desde junio de 2021.

Considerada como uno de los valores de futuro dentro del partido, Sales (Tortosa, 1983), fue la cabeza de lista de JxCat por Tarragona en las últimas elecciones al Parlament, formación a la que entró a militar procedente del PDeCAT cuando se fundó.

En un mensaje en X tras conocerse su nombramiento, Sales ha agradecido a Puigdemont, Turull y Batet la confianza para ocupar el nuevo cargo.

"Es un honor asumir la presidencia de JxCat en el Parlament. Afronto el reto con responsabilidad y plena voluntad de servicio al país. Trabajaremos por hacer el trabajo bien hecho y en equipo, como hasta ahora", ha agregado Sales en X.

El escalofrío provocado al anunciar la jefa de la Sección Femenina de Junts que su cobarde líder ha decidido dinamitar la Democracia ha excitado las vísceras y llamado al odio hacia los catalanes. Por suerte, las neuronas llaman al sosiego desde la memoria recordando que ni Pujol y Artur Mas jamás han representado a los catalanes, sino a los intereses de la burguesía que, desde hace siglos, ha explotado a catalanes y charnegos para levantar Catalunya, esos catalanes y charnegos desmemoriados que hoy votan a sus explotadores.

La situación empeora. La derecha burguesa catalana, al igual que la española, la italiana, la argentina, la alemana, la israelí o la norteamericana, ha virado hacia la extrema derecha con grave riesgo de consumar la vuelta del fascismo. La competencia de Vox y el propio ADN del PP, ejemplificado en Ayuso y Aznar, arrastran a este partido a postulados extremistas con brochazos de fascismo cada vez más obvios y frecuentes. La competencia de Aliança Catalana, Vox y el ADN de todos los nacionalismos arrastran a Junts a posiciones de extrema derecha. Su bloqueo al Gobierno es la muestra de desmemoria más reciente.

Nogueras y el cobarde fugado echan en cara a todo el mundo, menos a los arios de Junts, que “no hagan nada (¿?) ante la deuda, la falta de respeto y el menosprecio constante del gobierno español hacia Cataluña”. Soberbia, hipocresía y populismo, como Ayuso, Feijóo y Abascal. La declaración es una falta de respeto total y un menosprecio visceral de esta formación hacia la mayoría de catalanes, charnegos y españoles que, sin haberles votado, llevan dos años sufriendo sus caprichos y arremetidas y hacia un Gobierno que lleva dos años sufriendo acoso mediático, político y judicial por intentar cumplir con lo pactado.

Consideran las lumbreras ultras del nacionalismo que ningún catalán merece beneficiarse de las leyes de familia, de medios, de información clasificada, de universalidad del sistema nacional de salud, de reforma del sistema electoral, de prevención del consumo de alcohol de menores, de inclusión de las personas con discapacidad o de la reforma del sistema universitario. ¿Acaso piensa la burguesía de Junts que con Vox y el PP le irá mejor? Tal parece que se hubieran olvidado del Piolín, los palos, las detenciones y el “¡A por ellos, oé!”.

Independizados del pueblo catalán, menospreciando el seny, esquivados por el electorado, acorralados en la doble derrota de Waterloo, los representantes de la burguesía catalana en el parlamento de España han decidido huir hacia adelante, morir matando. El seny o, lo que es lo mismo, las neuronas sanas del pueblo catalán deben bastar para parar los pies a la extrema derecha de Vox, Aliança Catalana y Junts una vez constatado que sólo buscan el beneficio de sus élites enfrentando a quienes apenas ganan el SMI con quienes ganan por debajo del mismo. La burguesía lo tiene claro: con Franco vivían mejor.

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Verónica Barcina es socia de infoLibre.

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha acusado este sábado al PSOE de "cargarse la legislatura" al no "cumplir" los compromisos adquiridos al inicio del mandato y se ha preguntado "qué piensa hacer" el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a partir de ahora.

En declaraciones a los periodistas en Vic (Barcelona), en el marco de la campaña "Junts se explica a pie de calle" con la que este partido ha instalado un centenar de carpas informativas en diferentes poblaciones catalanas, Turull ha tildado de "curioso" que la presión por el futuro de la legislatura se dirija hacia el partido que preside Carles Puigdemont y no hacia el PSOE.

Por su parte, Jordi Masquef, alcalde de Figueres (Girona) cree que Junts no ha "roto" con Sánchez, pese a que así lo ha comunicado la dirección de la formación, sino que está aplicando "medidas de presión" para demostrar que "no va de farol", ha dicho en el Diario ARA

Turull ha evitado reclamar a Sánchez que convoque elecciones anticipadas, pero sí le ha pedido que haga una "reflexión", puesto que ya no cuenta con la mayoría que le hizo presidente, y le ha preguntado "cómo piensa afrontar esta situación".

Turull ha añadido que Junts "está preparado para cualquier escenario".

El secretario general de Junts ha denunciado el "incumplimiento flagrante" de los pactos sellados con el PSOE en el marco de la investidura de Sánchez, lo que ha derivado en una "situación insostenible".

"Lo que no haremos es volver a hablar con gente que sabemos que no cumple. Esto no es negociar, es hacer tertulias", ha asegurado. Masquef, al contrario, sí es partidario de negociar los presupuestos generales del Estado (PGE) con el Gobierno de Pedro Sánchez y los presupuestos de la Generalitat con el ejecutivo de Salvador Illa.

Turull ha dicho que "la legislatura ha quebrado y estamos en concurso de acreedores", de modo que Junts debe "cobrar" todo lo que se le adeuda.

Unas palabras que ha pronunciado el día después de que el Congreso haya reactivado la iniciativa de Junts, tomada en consideración en septiembre del año pasado, para combatir la multirreincidencia.

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha insistido este viernes en que la relación con el Gobierno está rota de forma "irreversible" y en que "no hay marcha atrás", aunque en las últimas horas ha habido nuevos gestos del Ejecutivo con la convocatoria de la ponencia de la ley sobre multirreincidencia presentada por su formación en la Cámara Baja.

"El Gobierno español no ha cumplido y empezar a hacer las cosas no es cumplir", ha añadido.

En sendas entrevistas en RNE y TVE, y que recoge EFE, ha remarcado que su formación no "va de farol", después de la ruptura hace una semana con el PSOE y de presentar ese jueves enmiendas a la totalidad a todas las leyes que tiene presentadas el Gobierno en el Congreso, además de anunciar que harán lo mismo con las que lleve al Parlamento en el futuro.

"A partir de ahora este Gobierno no va a poder legislar, la diferencia es abismal", ha dicho sobre los efectos de la decisión de Junts.

Ha reiterado que la medida adoptada ayer no era la escenificación de nada, que era el trabajo parlamentario que les correspondía tras la ruptura y que les ha llevado unos días porque había que preparar las enmiendas a la totalidad. "Cuando se rompe, se rompe. Hasta la ruptura, nosotros dialogábamos y cerrábamos acuerdos", ha recordado.

La portavoz de Junts ha insistido en que lo que ha pasado es consecuencia de la "inacción del Gobierno español", de sus "incumplimientos, mentiras y faroles".

"Yo soy muy pesimista en que este Gobierno cumpla los acuerdos. Ojalá nuestro gran problema sea que acaban cumpliendo los acuerdos y que nos tengamos que comer el sapo, pero yo creo que esto no va a pasar", ha añadido.

Preguntada sobre si Junts iría a una moción de censura, aunque fuera instrumental, ha mantenido lo mismo que en los últimos días, que si el PSOE en materia de incumplimientos ha "suspendido todos los exámenes", el PP "repite curso".

Una semana después de que el expresident catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, anunciara una ruptura con el Gobierno de Pedro Sánchez que fue recibida con escepticismo por el Ejecutivo, su formación ha anunciado un bloqueo a más de cincuenta normas aprobadas por el Consejo de Ministros o por los partidos que lo componen, PSOE y Sumar. La encargada de anunciarlo fue su portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras, que aseguró que a partir de este momento la "legislatura queda bloqueada" porque los siete diputados de su partido—claves para la mayoría parlamentaria— no solo vetarán cualquier ley que venga del Gobierno, sino también el proyecto de Presupuestos Generales. "No habrá negociación, ni acuerdos", aseguró la portavoz de Junts, que también descartó dar su apoyo al Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo de cara a una eventual moción de censura.

Lo que busca la formación independentista es aumentar la presión sobre un Sánchez que, hasta la fecha, ha minimizado sus órdagos. También este último, ya que fuentes del Ejecutivo insistían tras el anuncio en que tienen la "mano tendida" a todos los partidos. "El Gobierno mantiene su disposición abierta al diálogo y el entendimiento con todos los grupos dispuestos a mejorar la vida de la gente, en Cataluña y en el conjunto de España". Nogueras, sin embargo, aseguró en su comparecencia que ya "no hay margen" para negociar nada y que la gobernabilidad de España les da igual.

La amenaza de Junts afecta a iniciativas tan importantes para Moncloa como la ley que reforma el sistema de justicia para dejar las investigaciones en manos de los fiscales, impulsada por el ministro Félix Bolaños, o la nueva ley de secretos oficiales, la de industria, una norma para proteger los derechos de los consumidores, una reforma del sistema financiero, otra reforma sobre el sistema electoral y varias transposiciones de directivas europeas. Estas últimas establecen objetivos que todos los Estados miembros deben cumplir, pero otorgan libertad para elaborar, modificar o revisar cuantas leyes y normas sea necesario para alcanzarlos mediante su transposición al ordenamiento jurídico nacional.

Concretamente hay siete directivas europeas que actualmente se encuentran en trámite parlamentario tras ser aprobadas por el Consejo de Ministros y que se incluyen en el listado facilitado por Junts a la prensa: la ley de información empresarial sobre sostenibilidad; la de acciones colectivas para defensa de consumidores; la de administradores y compradores de créditos; la norma sobre comercio de emisiones de GEI (mod. Ley 1/2005); una norma para la transposición de la Directiva UE 2024/1226; la de responsabilidad patrimonial por daños derivados de infracción del Derecho de la UE y la ley de servicios digitales y ordenación de los medios de comunicación.

Todas ellas se aprobaron en el Parlamento Europeo con una amplía mayoría y contaron con el voto a favor de los eurodiputados del PP español, según ha podido comprobar infoLibre. Sin embargo, ahora desde la dirección de Feijóo aseguran que "no van a salvar al Gobierno de perder en el Congreso", aunque eso implique oponerse a las mismas leyes que han ratificado en Bruselas. "Que Sánchez se cueza en el puchero que le ha preparado el independentismo que les aupó", trasladan a infoLibre fuentes del equipo del líder del PP, que también destacan que Feijóo ya advirtió de que Sánchez "no fuera a buscarlo" cuando sus socios lo abandonasen. Así, priorizarán la derrota parlamentaria del Gobierno frente a los compromisos europeos.

¿Y qué podría implicar para el gobierno que estas directivas no se aprobaran? Cuando la Comisión Europea detecta que un país está incumpliendo la legislación comunitaria puede abrirle un procedimiento de infracción. En caso de que no le convenzan las explicaciones del Estado afectado, la Comisión presenta ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) un recurso por incumplimiento. Si el Tribunal de Justicia decide que se ha producido una infracción de la normativa europea, el Estado debe aplicar la sentencia lo antes posible.

Si no lo hace, la Comisión tiene la opción de recurrir de nuevo al TJUE y solicitar que se condene al Estado al pago de una multa coercitiva hasta que cumpla lo ordenado por el tribunal. A veces, la Comisión y el TJUE actúan con enorme celeridad pero en otras ocasiones los procedimientos de infracción se eternizan. En el caso español, en agosto de este año la Justicia europea condenó a España a afrontar una multa de más de 6,8 millones de euros por no haber transpuesto a tiempo la Directiva europea sobre la conciliación de la vida laboral y familiar de progenitores y cuidadores, que obliga a realizar esta mejora en los permisos laborales por nacimiento, adopción y cuidado de hijos. 

Pese a compartir el fondo, el PP incide en el choque frontal contra el Ejecutivo, una estrategia que llevan practicando toda la legislatura. Cuando llegó a la presidencia del PP hace ya más de tres años, Feijóo prometió desterrar el frentismo y abrir una nueva etapa donde fueran posibles los pactos de Estado. Pero lo cierto es que ese giro nunca llegó a producirse y lo que prioriza es el choque con el Gobierno de Sánchez. La prueba es que en esta legislatura apenas se han firmado acuerdos con la firma de los dos grandes partidos, más allá cuestiones puntuales como el pacto para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por la presión de Bruselas y la reforma del artículo 49 de la Constitución y eliminar el término "disminuidos".

En esta legislatura el PP —junto a Vox y Junts— ha logrado tumbar varias normas del Gobierno como la ley del suelo, la reducción de jornada laboral y la proposición de ley abolicionista con la prostitución —que no pasaron, si quiera, la admisión a trámite—, la reforma de Ley de Extranjería, la de testamento vital y la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos para regular el alquiler de temporada, además de reales decretos como el subsidio por desempleo, el impuesto a las energéticas y el paquete ómnibus. En este último caso, el Gobierno se vio obligado a volver a aprobarlos y negociar con los partidos. De esa negociación con Junts se acordó delegar las competencias de inmigración a Cataluña. Una reforma que el Congreso tumbó el pasado mes de septiembre con el voto en contra de PP, Vox y Podemos.

En clave europea en estos últimos años el PP ha tratado de deslegitimar al Gobierno de Sánchez en las instituciones comunitarias, aunque no ha contado con aliados para lograr imponer ese relato. Ni las sospechas sembradas sobre el reparto de los fondos europeos, ni las acusaciones sobre un supuesto intento del Gobierno de controlar los medios de comunicación, ni las quejas sobre el perfil de algunos de los magistrados del Tribunal Constitucional suscitaron críticas contundentes por parte de las instituciones comunitarias. Tampoco la amnistía. También intentó impedir el nombramiento de la exministra Teresa Ribera como número dos de la Comisión Europea, pero finalmente el PPE le dio un voto de confianza, al contrario de lo que hicieron los europarlamentarios españoles, que votaron en contra. Una dualidad que se ha dado en más de una ocasión.