El final del curso político no podía pintar mejor para el Partido Popular. Las investigaciones judiciales que rodean al entorno del presidente del Gobierno y la presión de unos socios parlamentarios que ven la legislatura en “vía muerta”,  dejaban el campo libre al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, para hablar de corrupción, de un Gobierno agónico y presionar con unas elecciones anticipadas que también le reclaman a Pedro Sánchez aliados parlamentarios. Pero la moción de censura que volvió a agitar el lunes en una entrevista televisiva ha terminado colocando de nuevo al líder de Junts, Carles Puigdemont, en el centro del tablero y devolviendo a los posconvergentesel “foco” de la atención política y mediática que el PP tanto ha querido evitar en las últimas semanas.

El líder del PP dijo la pasada semana que estaba dispuesto "a todo" para desalojar al presidente del Gobierno. "Todo es todo", insistió Feijóo en el Congreso tras la entrada de los agentes de la UCO en la sede nacional del PSOE, en Ferraz, en relación con el caso Leire Díez. Una frase que deja abierta la pregunta de si ese “todo” incluye también pagar el peaje de Junts, que este martes le exigió lo mismo que al PSOE para investir a Sánchez hace tres años. Una visita a Waterloo (Bélgica), ciudad en la que reside Puigdemont desde hace años, para “empezar” a negociar.

El secretario general de Junts, Jordi Turull, evitó cerrar del todo la puerta a escuchar al PP este martes —a diferencia del “no” rotundo que esgrimía hasta ahora— , pero sí fijó sus condiciones: "Las reuniones serias las hacemos en Waterloo". Así, si Feijóo quiere los siete votos de los independentistas para una moción contra Sánchez, tendrá que aceptar primero una fotografía que lleva años denunciando cuando los protagonistas han sido miembros de la cúpula socialista, entre ellos el president catalán, Salvador Illa. 

Aunque no acudiera el propio Feijóo, en Génova asumen que esa imagen tendría costes en una gran parte de su electorado, sería utilizada por Vox y tampoco se entendería a nivel interno. A lo largo de la legislatura, tanto el líder en Cataluña, Alejandro Fernández, como la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, han mostrado públicamente sus reservas a cualquier acercamiento a los de Puigdemont, especialmente después de que el equipo de Feijóo admitiera que planteó un indulto condicionado al líder de Junts e incluso sopesó la amnistía durante 24 horas. No obstante, también hay sectores del partido que creen que ese “precio” es asumible si con ello logran desbancar a Sánchez de La Moncloa antes de 2027.

Aunque Feijóo insiste en que, a diferencia de Sánchez, impulsaría una moción de censura "instrumental" para convocar elecciones de inmediato tras “limpiar instituciones” como RTVE o el CIS, Junts le pone las mismas condiciones que al presidente del Gobierno. En Génova entienden que el precio es demasiado alto para un partido que criticó con vehemencia que Santos Cerdán, exsecretario de organización, fuera a Waterloo a negociar con Puigdemont; que ha llegado a tildar al líder de Junts de “terrorista”; y que se refiere a él de manera habitual como “prófugo de la justicia”. Así, para no alimentar más la cuestión, el líder del PP no se refirió a la moción ni tampoco al partido de Puigdemont en el acto celebrado este martes en el Cercle d’Economia de Barcelona, en el que buscaba una alianza con el empresariado catalán para aumentar la presión sobre los posconvergentes. 

“No pretendo remover conciencias, no busco atajos porque lo que conviene es atajar la situación de España. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos, vengo a defender la necesidad de un proyecto limpio y a garantizar que en todo caso devolveré esa decencia a mi país con ayuda o sin ella”, fue lo único que dijo en el acto. A su salida, instó a "hablar de cosas serias", tras ser preguntado por la exigencia de Junts de desplazarse a Bruselas. Horas antes, desde su equipo aseguraban que no querían entrar a comentar las “ocurrencias” de nadie, tampoco de quienes son imprescindibles para desbancar al presidente del Gobierno. 

Los movimientos de Feijóo no han pasado desapercibidos para los barones de la formación, algunos de los cuales consideran que su líder se está “metiendo en charcos” innecesarios. Aunque más allá de la propuesta del exministro José Manuel Margallo de presentar un candidato alternativo a Feijóo —“políticamente neutral, moralmente irreprochable y con enorme prestigio intelectual”, en sus propias palabras—, ningún cargo de peso de la formación conservadora ha alzado la voz para cuestionar a su jefe de filas.

Más allá de las intenciones del líder del PP, hay varios motivos por los que la moción es, por el momento, inviable. El primero es Vox. Feijóo puede prometer que su líder, Santiago Abascal, no entraría en ese Gobierno transitorio, pero sin los 33 diputados de Vox no hay suma posible. Para el PNV, votar una moción que dependa de la extrema derecha es una línea roja. Para Junts, también implica un coste evidente en Cataluña, el de aparecer como socio de una operación que solo sería viable con los ultras. 

El segundo es Junts. Puigdemont no ha dicho un "no" definitivo, y precisamente por eso ha recuperado el foco. Le basta con poner una condición que sabe casi imposible para el líder del PP, que queda atrapado en ese regalo envenenado de los posconvergentes. Si acepta, blanquea la interlocución directa con el expresident catalán y dinamita años de discurso contra Sánchez. Si no lo hace, Junts puede responder que el "todo" de Feijóo tenía letra pequeña. En cualquiera de los dos casos, Puigdemont gana protagonismo.

En el caso de la moción, hay un tercer factor: la contradicción interna del PP. Feijóo acusa a Sánchez de haber entregado la gobernabilidad a Puigdemont, pero ahora le necesita para derribarle. Así, la tesis mayoritaria en Génova es que les sale más a cuenta esperar a que el PSOE “se siga desgastando” y ganar las generales, que no llegar con una moción condicionada por un Junts del que tampoco se fían. 

Es más, la situación judicial de Puigdemont explica, en parte, por qué mantienen la presión sobre Sánchez sin terminar de romper todos los puentes.  La ley de amnistía ya fue avalada en términos generales por el Tribunal Constitucional, pero el caso del líder de Junts sigue encallado por la negativa del Supremo a aplicársela en la causa de malversación. El TC admitió su recurso de amparo, pero mantuvo la orden de detención en España mientras resuelve el fondo. En los últimos meses la Fiscalía y la Abogacía del Estado han defendido que debe aplicarse la amnistía y han cuestionado la interpretación del Supremo. La última palabra, sin embargo, no ha llegado aún.

Así, mientras el expresident catalán siga pendiente del recurso del Constitucional y de la justicia europea, su partido conserva un poderoso incentivo para mantener abierta la negociación, elevar el precio de sus votos y evitar que el relato se le escape. Si la amnistía se desbloquea y Puigdemont puede volver, el tablero cambia y Feijóo pierde su oportunidad. Si no lo hace, Junts puede seguir acusando al PSOE de incumplimientos y de incapacidad para garantizar lo pactado.

El contexto catalán tampoco ayuda a Feijóo. Este martes, ante el empresariado reunido en el Cercle d’Economia, la presidenta de la entidad, Teresa Garcia-Milà, puso sobre la mesa otro asunto incómodo para el PP: la financiación autonómica. "El Gobierno ha puesto una propuesta sobre la mesa. Puede gustar más o menos, pero está ahí. Sería muy positivo que el PP la considere y entre a negociarla", trasladó ante Feijóo. La financiación es otro recordatorio de que el tablero catalán no se mueve solo por la moción y de que Cataluña es uno de los territorios en los que Feijóo prevé volcarse hasta las generales, pero también uno en el que gobiernan los socialistas de la mano del principal apoyo de Sánchez, Salvador Illa.

El mismo Partido Popular que no quería desplazar “el foco” sobre los casos que afectan al PSOE, es el que saca a colación cada vez que puede la posibilidad de encabezar una moción de censura. Este lunes, fue el propio Alberto Núñez Feijóo quien volvió a aludir a esta cuestión en una entrevista en Telecinco, en la que trató de presionar de nuevo a PNV y a Junts, a los que ofreció una salida "instrumental" para desalojar a Pedro Sánchez de La Moncloa, formar un Gobierno en solitario del PP y convocar elecciones.

El líder popular aseguró que el único objetivo de ese Gobierno de transición en solitario sería “limpiar las instituciones” y aseguró que llevaría a cabo reformas —entre ellas sobre la televisión pública y el CIS— , aunque no precisó cuánto tiempo necesitaría para hacerlo, y que después disolvería las Cortes para adelantar los comicios. “184 diputados estamos pidiendo elecciones. Si los que lo dicen son coherentes y lo hacen, podemos buscar una solución en poco tiempo”, afirmó el conservador. Feijóo, en su cuenta, incluye a los diputados que han reclamado el final de la legislatura, pero eso no equivale a una mayoría dispuesta a investirle. 

El líder del Partido Popular también insistió en la idea de que "para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún Gobierno” después de que los aliados del Ejecutivo hayan rechazado de manera sistemática cualquier acuerdo que pase por la extrema derecha. Ahora, los de Santiago Abascal han dejado claro que ellos apoyarán una moción aunque no entren en ese eventual Ejecutivo, pero para PNV y Junts eso no es garantía de que no vayan a influir. Las dos formaciones son conscientes de que precipitar una operación de este calibre tendría costes en su electorado, aunque también creen que el inmovilismo tampoco les beneficia.

Pese a repetir que él está “dispuesto a todo” para desalojar a Sánchez de La Moncloa, Feijóo no se comprometió a presentar la moción si no tiene los números para ello, a diferencia de lo que hizo Sánchez hace ahora ocho años, sin tener atados los apoyos del PNV. En ese sentido, planteó que la encrucijada no la tiene el PP sino los socios del Gobierno, que deberían dar ese paso por "decencia" y confesó que era “optimista” porque en los últimos días ha percibido “movimientos” en la estabilidad del Gobierno de Sánchez. “Esta legislatura está exhausta y no da más de sí”, planteó el líder de la oposición. “¿Qué opina un votante del PNV o de Junts? Está indignado igual que el resto. Los socios tienen que tomar una decisión", zanjó.

Las palabras de Feijóo buscan calmar a los que, dentro de su partido, consideran que deben hacer “algo más” que quejarse de la “corrupción del PSOE”. En privado, sin embargo, fuentes de la dirección reconocen que cuanto más se prolongue la crisis socialista, más margen tendrá la derecha para desgastar a Sánchez y menos dependerá de Vox. "Tiene que cocerse entre investigaciones, declaraciones y sentencias", resumen fuentes populares. Lo que pretende Génova es que ese deterioro termine trasladándose al ánimo del electorado progresista de cara a las próximas generales y que esa abstención beneficie al bloque de la derecha “que ya está ultramovilizado”, apuntan las citadas fuentes. 

De puertas hacia afuera, todos los dirigentes del PP, incluidos los dirigentes territoriales, reclaman elecciones públicamente, pero también trabajan con la hipótesis de que una moción ahora obligaría a Feijóo a exhibir sus costuras. Necesitaría a Vox, pero también a PNV o Junts. Es decir, a fuerzas incompatibles entre sí, aunque sea por poco tiempo. En cambio, dejar que Sánchez resista en minoría, rodeado de investigaciones y con sus socios marcando distancias, consideran que permite al PP presentarse como la única alternativa de Gobierno sin tener que formalizar todavía una alianza parlamentaria imposible.

La moción, por tanto, sirve para elevar la presión sobre Sánchez, incomodar a sus socios y responder al sector del PP que reclama más contundencia. A ello se le suma que, en los últimos días, el debate interno se ha acelerado en Génova ante la preocupación de que, si el PP no capitaliza el desgaste del Gobierno, sea Vox quien recoja el malestar. Así lo verbalizó el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, en una entrevista en Catalunya Ràdio el pasado miércoles en la que dijo que lo que está ocurriendo beneficia a los que “venden recetas fáciles a problemas complejos”, en referencia a Vox y Aliança Catalana.

En paralelo, en las propias filas del PP han circulado otras fórmulas para tratar de hacer caer a Sánchez antes de 2027, el horizonte temporal que el presidente del Gobierno se ha marcado y que implica agotar la legislatura. Una de ellas es la que defendió el exministro José Manuel García-Margallo este mismo lunes en un vídeo publicado en X. Defendió una moción de censura instrumental impulsada por el PP, pero encabezada por un perfil “políticamente neutro y moralmente irreprochable”, aunque no citó nombres. Así, según Margallo, se sortearía el rechazo que provoca Feijóo en los socios nacionalistas y se reduciría el coste de una mayoría en la que coincidieran PNV o Junts.

No es la primera vez que esta posibilidad salta al debate público. En octubre de 2025, Junts ya amagó con una moción de censura que no tuviera a Feijóo como candidato y exploró la idea de un nombre alternativo o independiente para desalojar a Sánchez. Entonces, el PP evitó entrar en el debate y lo calificó como "política ficción". Ahora, fuentes de Génova son aún más tajantes y consideran esa vía una "majadería". No se abren ni siquiera a estudiarlo a no ser que los independentistas catalanes se lo planteen como condición. "El problema de España es Sánchez, no Feijóo", resumen en la dirección popular.

La negativa tiene una lógica interna. Aceptar un candidato alternativo supondría admitir que Feijóo es un obstáculo para articular una mayoría contra Sánchez. Y esa conclusión sería letal para su liderazgo, ya de por sí deteriorado según las encuestas, que apuntan a que el líder del PP no logra fidelizar a sus propios votantes. Por eso Génova prefiere mantener viva la amenaza de la moción, presionar a los socios del Gobierno y dejar que la crisis socialista siga avanzando, pero sin abrir una negociación que pueda acabar cuestionando al propio jefe de la oposición. 

Lo que sí quiso dejar claro este lunes Feijóo es que no quiere gobernar con la extrema derecha a nivel nacional porque, a su modo de ver, un Ejecutivo de coalición “siempre tiene más dificultades y tensiones internas”. En el PP admiten que “los tiempos de las mayorías absolutas han pasado” y que pactarán si hace falta, pero quieren evitar que Santiago Abascal sea su vicepresidente, emulando la fórmula del PSOE y Sumar. 

Por eso buscan que el “equilibrio de fuerzas” entre ambos les beneficie ya que, como apuntó el expresidente José María Aznar hace solo unos meses, es que el PP necesita a un Vox débil para poder gobernar porque, de lo contrario, "los españoles no nos podremos enfrentar a los problemas que queremos abordar", según planteó en un acto el pasado marzo junto al exministro Jaime Mayor Oreja.

"No es lo mismo un Partido Popular que obtenga 130 o 140 escaños acompañado por un Vox que tenga 60", que un PP "que tenga 170" con una extrema derecha muy subordinada y situada en el entorno de los 30 escaños. "En la segunda forma tendríamos una oportunidad", dijo, dando por hecho que lo primero sería muy problemático para el partido de Alberto Núñez Feijóo. En Génova coinciden plenamente.

Un mes antes, Feijóo admitió que si los electores le enviaban "otro mensaje" tendría que "matizar" su posición. Y ese ha sido, de nuevo, el mensaje que lanzó este lunes el líder de la oposición en la citada entrevista. Así, aseguró que serán los españoles los que “decidirán con su voto” si quieren que la extrema derecha forme parte del siguiente Ejecutivo, aunque su planteamiento sigue siendo intentar gobernar en solitario. Una máxima que no aplica a los gobiernos autonómicos, ya que, tras pactar en Extremadura y Aragón, el acuerdo para gobernar en Castilla y León “es inminente”, según avanzan fuentes de Génova. 

Tras casi un mes en vigor, la prórroga de los alquileres llega este martes al Congreso de los Diputados con pocas esperanzas de prosperar. Han sido semanas de manifestaciones, protestas frente a la sede del PP y cruces de acusaciones entre las distintas formaciones políticas. Los sindicatos han llamado a los inquilinos a solicitar la prórroga aun sabiendo que probablemente decaería y han mandado hasta 50.000 cartas a los diputados que, previsiblemente, votarán contra la norma. En medio de esta tormenta están los inquilinos, que si no han notificado a su casero no podrán hacerlo ya si el decreto decae. Quienes sí lo hayan solicitado, deberían poder disfrutar de la extensión de su contrato, aunque desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid señalan a infoLibre que la mayoría de las peticiones no ha recibido respuesta y los caseros guardan silencio. 

La medida no es nueva, porque estuvo vigente dentro del paquete anticrisis que se implantó en la pandemia, pero puede ayudar a frenar la burbuja de precios del mercado, ya que simplemente con haberlo solicitado hasta este martes, permite extender los contratos de vivienda que vayan a concluir antes del 31 de diciembre de 2027 durante un máximo de dos años y manteniendo las condiciones, con un tope de incremento del precio del 2%.

La norma se encontró con la oposición cerrada del Partido Popular, Vox y Junts, pero desató una respuesta social entre los sindicatos de inquilinas. Otros partidos como Sumar o el propio PSOE, por boca de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, pedían a los arrendatarios que solicitasen la prórroga a sus caseros aun asumiendo que iba a decaer, ya que legalmente —y aunque la medida no pase el filtro del Congreso— la extensión del contrato se les debe aplicar.

Pablo Bustinduy, ministro de Consumo, ha sido la parte del Gobierno más implicada en este proyecto y ha mantenido abierta hasta el último momento la posibilidad de llegar a un acuerdo con Junts. "Apuraremos hasta el último segundo", señaló el responsable de Consumo. Además, en una carta abierta remitida la semana pasada a Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, Bustinduy le pedía que se replantease su postura, ya que era una medida “razonable y necesaria” que “no supone merma alguna” para los propietarios. Desde el PP respondió su portavoz, Esther López, señalando que no se sentarían a hablar porque la medida “no funciona” y tratando de vincularla con la okupación. 

Durante este mes escaso de vigencia, los sindicatos de vivienda han ayudado a cientos de personas a solicitar esta extensión automática de sus contratos, ofreciendo modelos de burofax y asesoramiento. "La percepción es que, en la gran mayoría de los casos, los caseros no han contestado", explican a infoLibre desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid. La situación es incierta y muchos arrendadores han optado por el silencio a la espera de lo que pase este martes, aunque desde la agrupación sindical señalan que la jurisprudencia del Tribunal Supremo avala estas peticiones y la aplicación de la prórroga. 

Uno de los riesgos a los que se enfrentan quienes la solicitan es que sus caseros intenten echarlos utilizando subterfugios legales o que recurran en los tribunales la petición. De ahí que algunos expertos pronostiquen una avalancha de procesos judiciales. Para el Sindicato de Inquilinas de Madrid, estos mensajes "son una forma de amedrentar a los vecinos para que no soliciten la prórroga" y piden seguir adelante con el envío de los burofaxes.

Sus homólogos en Cataluña también han mantenido el pulso social, han participado en el envío de misivas y han señalado a quienes planean votar en contra. Enric Aragonès, portavoz del Sindicat de Llogateres, afirmó este lunes en un acto donde unos 30 inquilinos de la empresa Vivenio pedían la prórroga, que los partidos políticos que se opongan “también serán responsables” de las expulsiones de los vecinos. 

Con estos mimbres y un Junts que juega con la incertidumbre hasta la última hora, es como llega la propuesta al Congreso. En la tarde del lunes, el partido de Carles Puigdemont respondía con otra negativa al intento de acercamiento del titular de Consumo. Bustiduy se abría a negociar medidas defendidas por la agrupación catalana, como dar más apoyo a los propietarios o el fraccionamiento del IVA para los autónomos, si estos apoyaban el Real Decreto. Pero los independentistas catalanes reiteraron que no negociarían y que su opinión no había variado.

Este decreto es uno de los dos que conformaban el paquete de medidas que el Gobierno lanzó para hacer frente a los efectos de la guerra de Irán. Se elaboró a petición de Sumar, pero no fue respaldado por la mayoría parlamentaria y su aplicación quedó acotada al periodo de vigencia que expira este martes. 

"Para las personas que hayan solicitado acogerse al Real Decreto, los efectos jurídicos son los mismos, independientemente de lo que se vote en el Congreso", aclara a este medio Alejandra Jacinto, abogada del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES). Más allá de los casos particulares o de la conflictividad que pueda darse con cada casero, Jacinto explica que aquellas solicitudes que se hayan hecho mientras la norma estaba en vigor (es decir, hasta este martes, en caso de que decaiga) deberán tenerse en cuenta. "Esa es la opinión mayoritaria entre los expertos", apunta. "Un ejemplo es la renta antigua. Es una figura que ya no está vigente, pero sí se respeta legalmente para aquellas personas que la tenían antes de que fuese derogada", concluye.

Si se da el escenario más favorable y la medida sale adelante, los inquilinos que quieran acogerse a ella deben solicitarlo previamente a sus caseros, ya sin este trámite no será de aplicación automática.

Desde los sindicatos de inquilinos insisten en la posición de vulnerabilidad de los arrendatarios y también en la incertidumbre económica en la que se ven sumidas aquellas personas que se tienen que buscar otra vivienda cuando su contrato finaliza, ya que en esta situación no hay límite para subir los precios. Otro dato importante a considerar es que el número de propietarios en España ha caído un 22% en los últimos 14 años, por lo que cada vez más personas se ven expuestas al mercado del alquiler.

Un informe del Ministerio de Consumo y el CSIC publicado este lunes señala que el porcentaje de hogares que viven en una casa de su propiedad se ha reducido desde el 79% hasta el 63,9% en poco más de una década, mientras que quienes viven de alquiler han aumentado desde un 11% hasta un 19%.

En Consumo insisten una y otra vez en sus argumentos para mantener la prórroga, ya que esta bloquearía los precios aunque el contrato expirase. "En las condiciones actuales de mercado, la renovación de estos contratos supondría para muchos de ellos subidas intempestivas de hasta un 50% en el precio de los alquileres", señalan. Y tampoco renuncian a disipar las dudas electoralistas que pudieran surgirles a PP, Vox o Junts, insistiendo con otro estudio que apunta que un 73,4% de la ciudadanía respalda la prórroga, incluyendo un 65% de electores del PP.

El secretario general de Junts per Catalunya (JxCat), Jordi Turull, ha arremetido este sábado contra el decreto ley sobre medidas en materia de vivienda -que contempla una prórroga de dos años de los contratos de alquiler- al entender que "ahoga" a los pequeños propietarios.

El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó ayer viernes un paquete de medidas para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio, con rebajas de impuestos y ayudas a sectores afectados, e impulsó otro decreto que establece una congelación temporal de los precios del alquiler y una prórroga de dos años de los contratos que acaban entre este 21 de marzo y el 31 de diciembre de 2027.

En declaraciones a los medios desde unas jornadas municipalistas en Viladecavalls (Barcelona), Turull ha avalado las rebajas fiscales previstas en el paquete de medidas para paliar los efectos de la guerra de Irán, pero ha denunciado que el otro decreto "opta claramente por seguir ahogando a las clases medias y trabajadoras".

Turull ha advertido al Gobierno de que no puede "privatizar el escudo social", pretendiendo que el coste de esas medidas "descanse sobre las clases medias y trabajadoras y los propietarios".

Por ello, ha pedido al Gobierno que "asuma los costes de las políticas sociales" y "deje de ahogar al pequeño propietario" con un decreto que "saben que luego el Congreso no lo aprobará".

"Todas aquellas medidas que vayan a dar oxígeno a las clases medias y trabajadoras y a las pymes, tendrán nuestro apoyo. Todas aquellas que vayan en la línea de ahogar a las clases medias y trabajadoras y las pymes no tendrán nuestro apoyo", ha subrayado.

Turull ha tachado de "puro postureo" las tensiones entre el PSOE y Sumar, a los que ha conminado a "dejar de jugar con las personas vulnerables" con fines "electorales": "No nos interesa en absoluto esta comedia entre el PSOE y Sumar", ha remachado.

Por otra parte, el secretario general de JxCat ha urgido al presidente catalán, Salvador Illa, a "rectificar" y rebajar cuanto antes la "presión fiscal" sobre los catalanes.

Turull ha reclamado políticas fiscales que "dejen de ahogar a las clases medias y trabajadoras" y ha sugerido una rebaja del IRPF.

Asimismo, ha acusado a Illa de "no defender los intereses de Cataluña en Madrid" y lo ha emplazado a "plantarse" ante el Gobierno de Pedro Sánchez para "conseguir más recursos para los catalanes".

Según Turull, Illa debería "hacer de presidente de la Generalitat y no de mayordomo de la Moncloa".

"Hemos pasado de no molestar a Pedro Sánchez a no molestar a María Jesús Montero por las elecciones andaluzas; más bajo no se puede caer", ha afirmado Turull, en alusión a la vicepresidenta primera del Gobierno y próxima candidata socialista en Andalucía.

El decreto anticrisis aprobado este viernes por el Gobierno para responder al impacto económico de la guerra en Irán —con 80 medidas y que acarreará una factura de 5.000 millones de euros— salió adelante tras una mañana de tensión entre los socios del Ejecutivo. El choque provocó un inédito plante de los cinco ministros de Sumar, lo que acabó retrasando en dos horas el Consejo de Ministros extraordinario. Durante ese lapso de tiempo, la vicepresidenta Yolanda Díaz fue la encargada de negociar con el presidente Pedro Sánchez la inclusión de medidas sociales, al considerar que el paquete inicial era, en esencia, una "mera bajada de impuestos".

El socio minoritario del Ejecutivo llevaba días reclamando que el decreto no se limitara a rebajas fiscales y que incorporara mecanismos de protección para los inquilinos y medidas contra los beneficios extraordinarios derivados de la crisis. Finalmente, tras el órdago de Sumar, se acordó dividir la respuesta en dos decretos, uno centrado en energía, fiscalidad y ayudas a sectores afectados, y otro con medidas de vivienda exigidas por Sumar, como la congelación de alquileres y la prórroga extraordinaria de contratos. Los dos socios del Ejecutivo lograron cerrar rápidamente su crisis interna inmediata, pero a costa de trasladar el conflicto al Congreso, en el que cada decreto afronta mayorías distintas e inciertas, especialmente el relativo a la vivienda, como ha dejado claro Sánchez.

En la rueda de prensa posterior al Consejo, el socialista intentó dar por cerrada la crisis reivindicando la "capacidad de diálogo y de acuerdo" y minimizó el choque. "Entiendo que el salseo es interesante para los medios, pero hablamos de un plan muy relevante", afirmó, tras afirmar que las coaliciones están a la orden del día en "la política del siglo XXI". El presidente del Gobierno definió el paquete como el "mayor escudo social" de la UE, reivindicó el modelo energético de España y sostuvo que el país llega mejor preparado que otros de la Unión Europea por el peso de las renovables y el precio de la energía por la excepción ibérica.

Por su parte, en Sumar reconocen que se vivieron momentos muy críticos, aunque su portavoz y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, aseguró en declaraciones que en ningún momento se plantearon salir del Ejecutivo. Con todo, también dejó claro que no estaban dispuestos a aceptar que el Consejo de Ministros no protegiera a los inquilinos y no diera esa batalla por miedo a Junts. "Ahora a pelear los votos, y es lo que vamos a hacer", planteó. Para el socio minoritario, el Ejecutivo no podía aprobar únicamente medidas de reducción de impuestos que pueden acabar beneficiando más a las empresas que a los consumidores.

El de la vivienda es, además, un asunto capital para los de Díaz ya que supone es uno de los principales factores de gasto para las familias. Ante la subida de precios generalizada, podría verse agravado en un eventual escenario de aumento de la inflación. Aunque el PSOE era reticente a aceptarlo e incluso la ministra de vivienda, Isabel Rodríguez, llegó a decir que no tenía cobertura legal, finalmente se incluyó en otro Real Decreto, que prorroga de manera los contratos de alquiler que acaban entre el 21 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027. Sin embargo, en Sumar son conscientes de que Junts y el PNV, especialmente el primero, no comparten la iniciativa y tratarán de convencerlos mediante la negociación pero también a base de presión de las calles con movilizaciones.

Por lo que respecta a la derecha, el principal partido de la oposición tenía previsto valorar las medidas antes de que se produjera el choque entre ambos socios a través de su vicesecretario de Economía, Alberto Nadal. Pero tras el desencuentro, el Partido Popular aprovechó para convertirlo en un monográfico sobre la situación interna del Ejecutivo a través de su secretario general, Miguel Tellado. El dirigente del PP compareció desde la sede de Génova y centró buena parte de su intervención en el "espectáculo" del Gobierno en lugar de hacerlo en el contenido del "decreto de derechas", en sus palabras, en referencia al anticrisis.

El número dos de Alberto Núñez Feijóo lo calificó de "esperpento", cargó contra la escena de los ministros de Sumar retrasando el Consejo y presentó el episodio como una prueba de que el Gobierno carece de cohesión y de autoridad. "Sánchez debería acuñar el 'No a la guerra' en el Consejo de Ministros", ironizó el dirigente del PP. Con todo, aseguró que su formación estudiará el decreto económico tras incluir rebajas fiscales que los populares llevan tiempo reclamando. "Las medidas de Sánchez eran nuestras y han sido ridiculizadas. Bienvenido a la fachosfera", llegó a decir, si bien concretó que antes de decidir "estudiarán" el texto.

Pero de puertas para fuera lo que el PP quiere que cale no es la efectividad de las medidas, sino la debilidad del Gobierno por la supuesta cesión de Sánchez ante "los ministros en rebeldía" de Sumar. "No solo le extorsiona Bildu, ERC, Junts y los partidos minoritarios, sino también el partido que forma parte de su coalición", argumentó Tellado. Los conservadores buscan que cale el relato de un gabinete roto, porque creen que eso es más eficaz que confrontar técnicamente el Real Decreto. Una crítica que, además, contrasta con la debilidad de los Ejecutivos autonómicos compartidos por el PP. Los conservadores rompieron los gobiernos con Ciudadanos para quitárselos de en medio y Vox hizo lo propio con ellos en verano de 2024.

El dilema para Génova es evidente y por eso quieren evitar que el foco se centre en las rebajas tributarias, porque entonces les resultaría más difícil oponerse al contenido, de ahí que la crítica se desplace hacia la forma, el método y la bronca interna. Aun así, fuentes del equipo de Feijóo han querido dejar claro que su posición sobre el texto anticrisis "se especificará en el momento oportuno" —el de vivienda ya han anunciado que lo rechazarán— y apelan al presidente del Gobierno a "ir convenciendo a todos sus socios de investidura de que le apoyen" en ambas votaciones.

A esto se le suma la posición de los socios de investidura. En el caso de Junts, reivindicó como propias algunas de las rebajas fiscales y energéticas del decreto económico y dejó ver que su disposición a apoyar ese texto no se extiende automáticamente al decreto de vivienda. Una postura enfrentada a la de ERC y Bildu, que han puesto valor la intervención de Sumar para incluir medidas sobre alquileres y protección social. "El movimiento de Sumar está muy bien, la vivienda se tiene que arreglar o no hay izquierda que valga", señaló el portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián.

En el comunicado difundido a la prensa, desde el partido de Carles Puigdemont señalan que el Ejecutivo "ha comprado" sus propuestas de rebaja del IVA del 21% al 10% en carburantes, electricidad y gas, además de otras medidas fiscales. Para la derecha independentista catalana se trata de una "condición clave" para valorar su voto favorable al primer decreto por su efecto sobre "la clase media y trabajadora", autónomos, pequeñas empresas y transporte. En la formación jetzale, por su parte, subrayan que el Real Decreto con las medidas anticrisis "sigue la filosofía de las 31 medidas propuestas por el Grupo Vasco", centradas en ayudas directas e iniciativas fiscales para transporte, industria, ganadería y pesca. Ninguno de los dos revela, por ahora, qué harán con el de vivienda.

PP, Vox y Junts han impedido en el Congreso una iniciativa para regular el precio de los alquileres de temporada y de las habitaciones con el fin de favorecer la vivienda a los estudiantes que residen fuera de sus domicilios familiares, al tiempo que también se han unido para rechazar fortalecer la supervisión de la calidad de las universidades privadas y sus nuevas titulaciones, informa EFE.

Sin embargo, la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades sí ha aprobado, con la abstención del PP y de Junts, una iniciativa del PSOE que insta al Gobierno a la incorporación de medidas para luchar contra la violencia machista dentro del ámbito universitario.

La proposición no de ley insta a mejorar y actualizar la formación inicial y permanente en materia de violencia de género del profesorado, tanto en la profesión de maestro o maestra como en el de docente de Educación Secundaria; también a ayudar a las víctimas en la concesión de becas y ayudas al estudio y a fomentar proyectos de investigación con perspectiva de género e investigaciones académicas, entre otras medidas.

Asimismo aboga por agilizar la homologación y equivalencia de títulos para víctimas de violencia de género.

El diputado de Vox Jacobo González-Robbato ha sido muy crítico tras afirmar que "mucho papel y mucho plan y contenidos de género en las carreras, pero esto no protege a las mujeres que quieren volverse solas y borrachas a casa".

Por otra parte, la comisión ha debatido una proposición no de ley de ERC que insta a tomar medidas urgentes para acabar con las desigualdades que causan los precios de la vivienda entre los estudiantes universitarios y para que deje de ser un factor de discriminación por razón de clase en el acceso a la Universidad.

Sin embargo, tras un empate en los votos, se ha aplicado el voto ponderado, que supone la representación en el pleno de los Diputados, y la iniciativa ha sido rechazada por 177 votos (PP, Vox y Junts) en contra frente a 165 a favor.

"Muchos estudiantes tienen que renunciar a estudiar por la falta de oferta de vivienda", ha señalado la diputada de ERC Etna Estrems tras criticar que el alquiler de habitaciones en Cataluña ha subido un 62%.

La diputada de Sumar Teslem Andala ha apoyado "intervenir y topar los precios de la vivienda" ya que muchos universitarios "deben compaginar estudios con un trabajo precario para poder pagarse una habitación" y el diputado del PSOE Víctor Camino ha señalado que es "indecente" no regular el alquiler de temporada.

La otra iniciativa que también ha sido rechazada por PP, Vox y Junts ha sido una proposición no de ley de Sumar con enmienda del PSOE sobre el fortalecimiento de la supervisión y el aseguramiento de la calidad en universidades privadas y de las nuevas titulaciones.

El texto instaba al Gobierno a garantizar el seguimiento del cumplimiento de los indicadores de calidad universitaria establecidos en último real decreto sobre creación de universidades, revisar el régimen de silencio administrativo de los distintos trámites para poner en marcha una nueva titulación oficial para que haya una correcta supervisión y favorecer que las agencias de calidad universitaria avancen en fijar criterios comunes para la evaluación y seguimiento de la calidad de las titulaciones.

El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves, con los votos a favor de PSOE, PP, Vox y PNV, la proposición de ley de Junts para combatir la multirreincidencia, una norma que busca aumentar el castigo de los pequeños hurtos y que ha contado con el voto en contra de la mayoría de los socios de Gobierno, según recoge EFE.

Con 302 votos a favor, 36 en contra y 8 abstenciones, esta iniciativa, que modifica el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal y penaliza con hasta tres años de cárcel el robo de móviles, sale adelante y será remitida ahora al Senado, con el rechazo de Podemos, Sumar y Bildu -que han denunciado que no servirá para detener los hurtos y que solo beneficia a la extrema derecha- y la abstención de ERC.

La aprobación de esta propuesta de Junts se interpreta como un nuevo gesto del Gobierno y del PSOE al partido de Carles Puigdemont, que se enmarca en la serie de guiños que están haciendo a sus socios de investidura para intentar seguir contando con su apoyo.

El texto propone tipificar como delito la práctica del petaqueo, como se conoce al uso de embarcaciones petaqueras o guarderías que en alta mar surten de bidones de combustible a las narcolanchas, así como los robos en el campo de material y herramientas.

También aboga por castigar con penas de entre uno y seis años de cárcel a quienes cometan una estafa de cuantía menor a 400 euros, pero que sean multirreincidentes (que tengan tres condenas por dicho delito).

Permite que el juez que investigue delitos cometidos a través de internet pueda retirar cautelarmente contenidos ilícitos e interrumpir los servicios que ofrezcan dichos contenidos o incluso bloquearlos si radican en el extranjero y faculta a los juzgados a adoptar medidas cautelares de carácter personal, incluida la prohibición de acudir o residir en determinados lugares. La proposición de ley refuerza la participación de las entidades locales en la respuesta institucional frente a los delitos de hurto y les reconoce legitimación para ejercer la acción penal en estos casos.

La diputada de Junts Marta Madrenas ha defendido que esta ley "dice basta a la impunidad repetida", pone orden y mejora la seguridad y el bienestar de la gente y ha destacado que el texto no nace de los despachos, sino de los municipios que durante años han soportado la inseguridad en sus barrios sin contar con ninguna herramienta eficaz para combatirla.

Desde el PSOE, Francisco Aranda ha felicitado al PP por dejar "por un día sus zancadillas y obstáculos" y sumarse a este pacto y ha destacado el compromiso del Gobierno en seguir avanzando en las medidas que logren atajar la multirreincidencia "desde la óptica de un Gobierno de izquierdas". "Sin fiarlo todo al punitivismo, ni entrar en los discursos racistas y xenófobos de la ultraderecha", sin caer en la alarma social o el "peligroso discurso de equiparar inmigración con delincuencia".

A él le ha respondido la diputada del PP Cuca Gamarra, quien ha acusado al PSOE de "secuestrar" esta ley porque la única multirreincidencia que le ocupaba era la de "sus números doses que han pasado de Ferraz a Soto del Real y que hoy se sientan en el banquillo por una colección de delitos de corrupción".

También ha criticado que el PSOE apoye esta iniciativa al mismo tiempo que impulsa una regularización de personas migrantes. "¿A cuántos multirreincidentes se les va a dar papeles con su regularización masiva?", le ha espetado.

En el mismo sentido, Vox ha denunciado que los ciudadanos ven cómo se protege al delincuente en nombre de una "supuesta sensibilidad social", mientras se abandona al comerciante, al agricultor, al trabajador y al vecino que cumple la ley y ha asegurado que parte de la multirreincidencia tiene causas como "la inmigración descontrolada y el caos en las políticas inmigratorias".

También a favor de esta norma ha votado el PNV, que entiende que da respuesta a conductas delictivas reiteradas contra el patrimonio para las que las penas de multa resultan ineficaces.

Los partidos de izquierdas se han mostrado firmes en sus críticas a una norma que, a su juicio, no va a resolver el problema, pero sí dará "una inmensa proyección a ideas fascistas".

Así lo considera Enrique Santiago (Sumar), que cree que esta iniciativa convierte en ley el discurso demagógico de Vox, de Se Acabó la Fiesta o de Aliança Catalana.

También Podemos cree que el objetivo de esta ley es "criminalizar la pobreza" y estigmatizar a las personas con pocos recursos. "Lo que hay detrás de esta ley es una propuesta para alimentar relatos racistas y xenófobos de la extrema derecha y para tener mucha mano dura con los robagallinas, mientras que a los verdaderos delincuentes, criminales y ladrones multirreincidentes no se les toca".

En el mismo sentido, Bildu se ha mostrado convencido de que esta ley no servirá de nada, y se ha dirigido a Junts, a quien ha advertido: "Esta ley no servirá, no funcionará ni para detener los hurtos, ni para detener a Alianza Catalana".

ERC, por su parte, se ha abstenido en la votación aunque su diputada Pilar Vallugera ha advertido de que "lo de hoy es humo", ya que si no se cuenta con las dotaciones necesarias, "todo seguirá igual".

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha aceptado este miércoles estudiar un cambio en el preámbulo de la ley para la delegación de competencias en inmigración a Cataluña. Algo que se produce en medio de las negociaciones con Podemos, que rechazaba la ley pactada por los de Puigdemont con el PSOE calificándola de "racista" y exigiendo cambios.

Sin embargo, Nogueras ha subrayado que el resto de la norma, es decir, el "articulado" de la ley "no se tocará ni un pelo", aseguró la política en declaraciones a SER Catalunya. "Esperemos que vuelva a registrarse la ley y que se apruebe el articulado, que es lo que realmente nos interesa a nosotros. La gesticulación y los titulares a nosotros no nos solucionan el problema", ha afirmado.

La secretaria política y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, aseguró este martes que su formación estaba abierta a negociar la delegación de competencias en inmigración a Cataluña, retocando el texto que pactaron PSOE y Junts, una vez se haya aprobado la regularización extraordinaria de migrantes. Montero dijo que Podemos, que el pasado septiembre ayudó a tumbar la ley en el Congreso, está dispuesta a negociar esta delegación de competencias, "modificando" el texto para que "no tenga ningún contenido racista", ni en la exposición de motivos ni en el articulado.

Junts ha asegurado que la aprobación de esta ley es parte de los requisitos que los independentistas le exigieron al Gobierno, y que, tras las negociaciones, tanto al PSOE como a Podemos les interesa finalizar el bloqueo.

La portavoz de Junts en el Congreso ha recordado que "lo que se acaba aplicando es el articulado", donde "no hay contenido ideológico", mientras que el preámbulo de la ley "es una introducción que no es la parte legal".

Para Nogueras, no hay ningún motivo para que Podemos diga que el articulado contiene algún elemento "racista" porque esta parte legal del texto "es muy sencilla y muy técnica" y se limita a decir que "lo que hoy está gestionando el Gobierno español pasará a gestionarlo el Govern de la Generalitat".

El nuevo sistema de financiación autonómica propuesto este viernes por la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha encontrado reacciones adversas mayoritarias entre los presidentes autonómicos, así como entre la oposición, tanto del PP como de Junts.

Por parte del PP, ha sido el vicesecretario de Política Autonómica, Elías Bendodo, el encargado de criticar que la propuesta se anunciara mediante un acuerdo entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras.

"Es una patada a la igualdad y la unidad de España". "Eso ya nace mal. Tenemos que sentarnos todos en la mesa", ha indicado.

Por parte de Junts ha sido su vicepresidente, Antoni Castellà, el portavoz que ha insistido en el rechazo de esta formación a la propuesta.

Él ha emplazado este viernes a ERC a "transitar" desde el modelo de financiación pactado con el Gobierno hacia el concierto económico: "14 diputados en Madrid lo pueden hacer posible", ha expresado.

Castellà ha corroborado que JxCat presentará una enmienda a la totalidad con texto alternativo para sacar a Cataluña del régimen común y llevarla a un sistema como el de Navarra o el País Vasco.

Su posición coincide con la de la patronal catalana, pues Josep Sánchez Llibre, de Foment del Treball, ha considerado que la nueva propuesta de financiación autonómica que ha puesto sobre la mesa el Gobierno es "claramente insuficiente".

Tampoco ha tenido buena acogida la propuesta entre la mayor parte de los presidentes autonómicos, ni siquiera por parte del socialista Emiliano García Page.

El presidente de Castilla-La Mancha ha señalado que prefiere que "hablen los españoles" antes de permitir un "atropello", en relación con el acuerdo de financiación singular para Cataluña, y ha advertido de que no va a participar en un "intento de suicidio político de la izquierda".

En la misma línea de rechazo se ha pronunciado el presidente del Gobierno aragonés, Jorge Azcón, quien ha valorado el incremento de la financiación a las comunidades, pero ha criticado el sistema de reparto al entender que rompe los criterios de igualdad y de solidaridad entre los territorios para favorecer a las formaciones independentistas.

El presidente de Andalucía, Juanma Moreno, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de romper la "multilateralidad" con su modelo de financiación autonómica, una propuesta que considera "poco creíble", que vincula a los próximos comicios electorales y que supone un "traje a medida" para el líder de ERC, Oriol Junqueras.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha reclamado la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

También se ha mostrado escéptico el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, quien ha asegurado que "nadie se cree que si hay más dinero para Cataluña, no significa que haya menos dinero para otros".

En este sentido, Clavijo ha indicado que antes de hacer valoraciones necesita "ver el texto, la letra pequeña", y ha añadido que, "evidentemente, el Gobierno, si presenta algo, lo va a vender bien".

Junto a ellos, la consejera madrileña de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, ha cargado contra el nuevo sistema de financiación autonómica, por el que la Comunidad de Madrid recibirá "la mitad" que Cataluña, y ha avisado que utilizará "todos los recursos legales" contra este modelo.

También el Gobierno valenciano ha señalado "ausencias gravísimas" en el nuevo sistema y ha calificado de "impresentable" el pacto "unilateral" del modelo. Además, ha vuelto a reclamar un fondo de nivelación hasta su entrada en vigor. Así lo ha señalado su portavoz, Miguel Barrachina.

El conselleiro de Hacienda de la Xunta de Galicia, Miguel Corgos, considera que en la propuesta para un nuevo sistema el Gobierno "negocia" con los recursos de todas las comunidades autónomas.

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo (PP), ha rechazado este viernes "las formas" y "el fondo" de la propuesta, y el consejero de Economía de Cantabria, Luis Ángel Agüeros, ha opinado que la propuesta de financiación autonómica de Hacienda es un "atropello".

El Govern balear del PP rechaza de plano el nuevo sistema de financiación autonómica anunciado por el Ejecutivo central porque solo se ha pactado con los "separatistas" catalanes, ignora las peticiones de Baleares y vulnera su autonomía financiera.

Así, solo el presidente catalán, Salvador Illa, ha hecho un llamamiento al conjunto de fuerzas políticas para que no bloqueen una nueva financiación que considera "justa", porque beneficia a todas las comunidades y con la que Cataluña seguirá siendo "solidaria" sin pedir "privilegios".

Desde Asturias, el portavoz del Gobierno, Guillermo Peláez, ha señalado que el Ejecutivo autonómico no se posicionará hasta conocer la "letra pequeña".

En cuanto a los socios de Sumar, el diputado de Compromís Alberto Ibáñez ha celebrado los "avances" en la nueva propuesta de financiación autonómica por parte del Ministerio de Hacienda, que otorga 3.667 millones de euros más a la Comunidad Valenciana, y considera que hay posibilidad de llegar a un acuerdo en el Congreso vía enmiendas.

Y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, también se ha mostrado constructivo, aunque ha reclamado a la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que instaure un suelo fiscal en el nuevo modelo de financiación para evitar el 'dumping' entre autonomías, en referencia a las gobernadas por el PP.

El Parlamento catalán ha aprobado este jueves la ley que regula el alquiler de temporada y de habitaciones -una vía usada para sortear el tope a las rentas de la vivienda habitual vigente en Cataluña-, con el voto a favor de toda la izquierda: PSC-Units, ERC, Comuns y la CUP.

La nueva norma nace de un decreto que, entre otros elementos, agilizaba trámites urbanísticos y al que, en el trámite parlamentario, esta mayoría de izquierdas ha introducido enmiendas para regular el alquiler de temporada y de habitaciones o para que los pisos de protección oficial mantengan esta calificación si están en las denominadas zonas de mercado tensionado.

En la pasada legislatura esta ley decayó al no reunir el apoyo del PSC-Units, que entonces optó por la abstención. Los socialistas, que fijan la cuestión de la vivienda como pilar del actual mandato, cambiaron su posición a raíz de los acuerdos con ERC y Comuns que posibilitaron la investidura de Salvador Illa.

El texto ha sido avalado por el Consejo de Garantías Estatutarias, que emitió un dictamen, a petición de Junts y el PPC, en el que solo puso en duda uno de sus artículos, posteriormente enmendado.

La regulación establece que cualquier alquiler "destinado a la satisfacción de la necesidad de vivienda" sea considerado "permanente", con independencia de la duración del contrato, lo que hace que estas rentas estén sujetas a la regulación de precios si están en zonas tensionadas. Así, solo serán alquileres de temporada los que se acredite que se destinan a uso recreativo y turístico.

En cuanto a la regulación del alquiler de habitaciones, la norma determina que la suma de las rentas de cada habitación no pueda superar el precio del alquiler del piso entero. La ley también establece que no dejarán de ser de protección oficial unos 35.000 pisos que en los próximos años habrían pasado al mercado desregulado.

La consellera de Territorio, Sílvia Paneque, ha defendido durante el debate parlamentario que la vivienda debe ser "un derecho y no una fuente de agobio": "El beneficio es legítimo cuando es positivo para la comunidad, mientras que no puede ser considerado beneficio si llena un bolsillo o pocos bolsillos y provoca pérdidas para el resto", ha afirmado.

La ponente de la ley ha sido la diputada socialista Eva Candela, que ha defendido que la "intervención pública" en el mercado de la vivienda es "urgente y prioritaria" y ha ensalzado la "capacidad de sumar mayorías" de la bancada izquierda. Por parte de ERC, su portavoz, Ester Capella, ha celebrado que lo que su grupo, Comuns y CUP habían defendido hasta ahora "en soledad" sea por fin asumido por "una mayoría progresista".

La diputada de Comuns Susanna Segovia ha dicho que el Parlament "ha votado una victoria" del movimiento por la vivienda, pero ha avisado a Paneque de que las regulaciones no sirven si no se aplican sanciones -lo que todavía no ha sucedido en el caso del tope a las rentas habituales-. Laure Vega, de la CUP, ha señalado que este jueves se impide que se sigan cometiendo "ilegalidades" y ha tildado de "fascinante" que la derecha "lloriquee" por una norma que, en el fondo, busca restablecer el orden.

La diputada de Junts Glòria Freixa se ha mostrado en contra de cualquier regulación de las rentas y ha dicho que lo que debe hacerse es "atraer" la inversión privada, al tiempo que ha acusado a la mayoría de izquierdas de legislar "por la puerta de atrás", vía enmiendas. Su partido ha votado a favor de algunas de las enmiendas introducidas, pero no de elementos nucleares de la norma como el que hace referencia a los grandes tenedores -por una cuestión competencial- o los alquileres de temporada.

Por parte del PPC, Àngels Esteller ha asegurado que esta regulación es un ataque más a la propiedad privada, ha puesto en duda su constitucionalidad y ha censurado que se "criminalice" a los propietarios. La diputada de Vox Mònica Lora ha criticado la "inseguridad jurídica" de esta ley y el "incremento del control administrativo sobre la propiedad privada" que comportará.

Sílvia Orriols, líder de Aliança Catalana y diputada del grupo mixto, también ha lamentado la "criminalización" de los propietarios y ha achacado las dificultades en el acceso a la vivienda a la inmigración y a las ocupaciones.

PP, PSOE y Junts han alcanzado este jueves un acuerdo en el Congreso de los Diputados para endurecer el castigo a la multirreincidencia al pactar seis enmiendas transaccionales respecto a una proposición de ley de la formación que dirige Carles Puigdemont.

Este acuerdo se ha producido en el seno de la ponencia que estudia la propuesta de Junts, en la que se ha pactado el informe respecto a este cambio legislativo, que también han apoyado PNV y Vox, y cuyo siguiente paso será el debate en la Comisión de Justicia.

Esta ley, una de las exigencias de Junts, avanza así en el Congreso, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, escenificase este lunes un acercamiento al grupo independentista y a pesar de que su portavoz parlamentaria, Míriam Nogueras, sostuviera después que la situación de bloqueo en el Congreso no había cambiado.

Sin embargo, este jueves la ponencia las enmiendas (cuatro impulsadas por el PP -una de ellas junto con Junts- y dos por el PSOE) a la proposición de ley que busca frenar la multirreincidencia en algunos delitos y plantea, entre otras cosas, que el robo de dispositivos móviles esté penado con hasta tres años de prisión.

Partidos como Podemos y EH Bildu han mostrado su rechazo a este cambio legal en la ponencia, que se celebra a puerta cerrada, y grupos como Sumar también han adelantado su oposición a la propuesta, frente a la que no ha fijado todavía posición ERC, según señalan diversas fuentes parlamentarias.

Ahora el informe será debatido en las próximas semanas en la Comisión de Justicia con la perspectiva de que la proposición de ley vaya al primer pleno del año, previsto en febrero.

Además de penar con hasta tres años de cárcel el robo de móviles -una medida que, tras las enmiendas pactadas, no afectará a dispositivos que estén a la venta en tiendas-, los citados grupos también han pactado endurecer el castigo previsto en el Código Penal en determinadas circunstancias en los delitos de estafa.

Una enmienda, por ejemplo, aboga por castigar con penas de entre uno y seis años de cárcel a quienes cometan una estafa de cuantía menor a 400 euros, pero que sean multirreincidentes (que tengan tres condenas por dicho delito).

Como novedad, y a propuesta del PP y Junts, el informe propone tipificar también como delito la práctica del 'petaqueo', como se conoce al uso de embarcaciones conocidas como 'petaqueras' o guarderías que en alta mar surten de bidones de combustible, las 'petacas', a las narcolanchas.

Otra de las propuestas acordadas es que el juez que investigue delitos cometidos a través de internet pueda retirar cautelarmente contenidos ilícitos e interrumpir los servicios que ofrezcan dichos contenidos o incluso bloquearlos si radican en el extranjero.

En cambio, quedan pendientes acuerdos como la capacidad de los ayuntamientos de personarse en casos de multirreincidentes, entre otros elementos, según las fuentes consultadas.

El presidente de PP, Alberto Núñez Feijóo, ha considerado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "ha perdido la credibilidad" ante el conjunto de los ciudadanos y "es evidente que ha perdido la dignidad", después de que Sánchez asumiese sus "incumplimientos" en determinados compromisos adquiridos con Junts.

En declaraciones a los medios de comunicación en Toledo, donde ha intervenido en el congreso nacional del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Feijóo ha tachado de "comedia" las declaraciones de Sánchez, que según su análisis "ahora le implora a Junts que se va a portar bien y que va a cumplir lo que dice que no ha cumplido, cuando hace semanas decía que había cumplido todos los requisitos de Junts".

A su entender, las afirmaciones de Sánchez este martes reflejan a un presidente del Gobierno "sin credibilidad ante los ciudadanos, sin control parlamentario" y que "debería de tener un mínimo de dignidad y por lo que se ve, no la tiene".

Por ello, ha reiterado su petición de convocatoria de elecciones generales, para que la ciudadanía pueda decidir qué quiere, porque "el presidente del Gobierno tiene que ser una persona digna y después de las declaraciones de ayer de Sánchez, es evidente que ha perdido la dignidad".

"No puede decir una cosa y su contraria. No puede decir que ha cumplido los acuerdos con Junts y ayer decir que no los ha cumplido", ha afeado el presidente del PP, que ha señalado que "este tipo de comedias sanchistas" no merecen ni siquiera comentario".

Asimismo, y ante la pregunta de si el PP impulsará una moción de censura para la convocatoria de elecciones, Núñez Feijóo ha opinado que el tiempo le ha dado la razón al no haberse "precipitado" con la moción de censura, "sabiendo todo lo que ya sabemos ahora", por ello ha confiado en que "en el futuro" siga acertando en sus decisiones al respecto.

Por otro lado, y ante las declaraciones este miércoles del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que ha tachado de "absurdo" pensar que Carles Puigdemont y Junts vaya a respetar al Gobierno más estando "de rodillas" que cuando han estado "de pie", ha opinado que García-Page dice "cosas muy sensatas", aunque "después no se llevan a la práctica".

Y aunque ha afirmado que no va criticar a "alguien que mantiene cierta coherencia dentro de un partido absolutamente incoherente", ha señalado que a García-Page "o nadie le hace caso en su partido o dice cosas por decir".

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha asegurado que el movimiento llevado a cabo ayer martes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha cambiado la posición de Junts y ha emplazado al PSOE a que "tome decisiones": "Estamos donde estábamos la semana pasada", ha señalado.

Así lo ha dicho este miércoles en una rueda de prensa en la sede de JxCat un día después de que Sánchez asumiese sus "incumplimientos" en determinados compromisos adquiridos con Junts y anunciase medidas para remediarlo, entre ellas la aprobación de un decreto ley para flexibilizar a los entes locales y los ayuntamientos las inversiones financieramente sostenibles.

"Que nadie se confunda, estamos donde estábamos la semana pasada. Son los socialistas los que han bloqueado la legislatura con sus incumplimientos. Los socialistas tienen que decir qué hacen a partir de ahora. Son ellos los que se han metido en este problema y son los que deben salir", ha argumentado la portavoz de JxCat en el Congreso.

(En ampliación)

Fue el acuerdo de Bruselas firmado entre PSOE y Junts el que propició que la España plurinacional cristalizara con un gobierno en el que todos los partidos, salvo PP y Vox, se situaron dentro del hemiciclo en 2023. Todos dentro y a funcionar. El acuerdo abrió la puerta a un escenario político que ha escaseado en la historia contemporánea de España. Como apuntaba Enric Juliana hace dos años, todos los partidos, fuerzas y corrientes estaban dentro del juego institucional, sin un pie en el exilio, en el extrañamiento o en el boicot. A partir de entonces, todas las fuerzas políticas representadas en el Parlamento español fueron plenamente operativas para participar en la legislación del país, mediante coaliciones, pactos, alianzas o acuerdos puntuales. 

Dos años después, el presidente del Gobierno vive su mayor crisis política, asediado por el Napoleón del Poder Judicial, amenazado por dos ex-secretarios de Organización y un confidente de  la Guardia Civil, en mitad de una legislatura bloqueada por Junts. Con este horizonte, ha entendido el Gobierno acertadamente que ha llegado el momento de dar un golpe de efecto. Y ese golpe ha sido la entrevista del Presidente Sánchez con Gemma Nierga, una entrevista ciertamente clarificadora, previa a un Consejo de Ministros, algo inusual que, entre sus virtudes, resitúa la crisis política del Ejecutivo en el contexto de la ley de Amnistía, da relieve al momento con Junts y difumina el ruido que se emite desde el templo de Debod.  

La entrevista con Nierga este martes ha sido, ante todo, un ejercicio de expiación. Pedro Sánchez ha reconocido que en estos dos años no ha cumplido con todos sus compromisos con Junts. Vivimos un momento antipolítico y los contactos con los de Carles Puigdemont están rotos debido a los incumplimientos, pero no es menos cierto que esos puentes se pueden reconstruir porque lo único real, querido y  desocupado lector, de este tiempo singular es que el eje sobre el que rueda la actual legislatura sigue siendo el mismo que cuando salió adelante la investidura: la amnistía reconocida por la España  plurinacional que los situaba a todos dentro de la Corte de los Leones. 

Todos dentro y a funcionar. Tras hablar con los de Junts, Pedro Sánchez ha querido dar un impulso a la legislatura anunciando tres medidas acordadas con Miriam Nogueras y Jordi Turull en 2023.  Tres compromisos menores que buscan ofrecer un gesto de reconciliación: facilitar la inversión de  ayuntamientos y diputaciones de un modo más sostenible, mejorar la financiación de las empresas catalanas en el proceso de transición digital y, finalmente, respaldar a los propietarios que sufran los impagos de los inquilinos jóvenes o de las familias en situación vulnerable, algo que no caerá muy bien en el saco de Podemos. Finalmente, Sánchez y Nierga han mencionado la posibilidad de ver publicados los balances fiscales de las comunidades autónomas aunque, de momento, esos balances  no están incluidos en el paquete del perdón.  

Tras todo esto, conviene no perder de vista que el efecto del golpe negociado con Junts se iba disipando a medida que iba anunciando medidas. Concluyó la entrevista de Nierga con una desabrida sensación de insatisfacción. Sigue siendo necesario, pues, que suceda algo más. Hacer  que pase. Ese ha sido un lema en los siete años de gobierno de Sánchez. Hacer que pase hoy es hacer que Sánchez anuncie su reunión en Madrid con Carles Puigdemont. Hacer que suceda ese  encuentro en Madrid y no en Waterloo porque de ese modo habrá significado que la Ley de Amnistía se ejecuta de forma plena y con todas las garantías en toda España, sin temor a ninguna argucia del Napoleón del Poder Judicial. A Sánchez le ha faltado informarle a Gemma Nierga de que a  Puigdemont le esperaba un vuelo en Waterloo media hora después de la entrevista. Este país, no sólo Sánchez, no puede seguir esquivando al presidente de Junts como a un leproso. El mejor golpe  de efecto del Gobierno en este Campo de Agramante es conseguir que Puigdemont aterrice en El Prat y entone de una santa vez el Ya sóc aquí. 

El secretario general de JxCat, Jordi Turull, ha asegurado este sábado que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, no debe "pedir ayuda a los empresarios" para que Junts apoye una moción de censura contra Pedro Sánchez, sino que debe "pedir perdón" por su "boicot" a la oficialidad del catalán en Europa.

En su intervención en abierto ante el Consell Nacional de JxCat, Turull ha respondido al llamamiento que hizo Feijóo a los empresarios catalanes en un acto de la patronal Foment del Treball en Barcelona, en el que dijo que le faltaban "votos de los suyos" para que esta eventual moción de censura salga adelante.

El secretario general de JxCat, que ha tachado de "osadía" el llamamiento de Feijóo, ha sostenido que el dirigente popular debería disculparse ante la sociedad catalana "por pedir a tantos empresarios que se vayan de Cataluña y no pedir que vuelvan".

"También tiene que pedir perdón a los barceloneses y a los catalanes por la moción de censura preventiva que le hizo a Xavier Trias pactando con Jaume Collboni", ha recordado Turull en referencia al apoyo del PP al candidato socialista a la alcaldía de Barcelona en 2023.

Turull ha reiterado que Junts no es "la muleta de nadie" y que sólo se mueven en defensa de Cataluña, y que han sido "consecuentes" con sus planteamientos al romper sus acuerdos con el PSOE.

Por ello, ha emplazado al conjunto de militantes y cuadros de JxCat a "no dejarse impresionar" ni caer en la tentación de "dar volantazos" para dejar de ser "aquella formación serena, que trabaja incansablemente para ser una alternativa en Cataluña".

También ha hecho referencia al reciente informe del abogado general de la Unión Europea sobre la ley de amnistía, un "gran paso para visualizar el retorno" a Cataluña del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, que marcará "un antes y un después en el tablero político actual".

Por otro lado, Turull se ha referido a la última encuesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat, que proyecta un crecimiento de la formación xenófoba Aliança Catalana hasta los 19 escaños en el Parlament y un eventual empate con Junts, de la que ha criticado sus "sesgos".

Ante esta tesitura, Turull ha asegurado que Cataluña "no puede caer en la deriva" de un partido que "transforma el malestar en odio" y que el catalanismo "no puede caer en un proyecto excluyente que base su propuesta en el odio, el miedo y la división de la sociedad".

Por ello, ha dicho que JxCat afronta unos "meses decisivos" para ser "la única alternativa posible al Govern de Salvador Illa" ante un PSC que "ha renunciado a defender a los ciudadanos de las clases medias".

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este viernes, en un acto con empresarios catalanes en Barcelona, que no le faltan "ganas" para presentar una moción de censura para convocar inmediatamente nuevas elecciones generales, sino que le faltan "votos", en alusión a JxCat, informa EFE.

En un acto de la patronal Foment del Treball en Barcelona, Feijóo se ha referido a la decisión del juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente de enviar a prisión provisional al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García al apreciar riesgo "extremo" de fuga ante las elevadas peticiones de prisión que afrontan por presuntas comisiones irregulares en contratos de mascarillas.

Feijóo ha destacado que Ábalos fue "el arquitecto de la era Sánchez, tanto en el Gobierno como en el PSOE", por lo que "el 'sanchismo' ha entrado en prisión".

Eso significa, a su juicio, que el Gobierno de Pedro Sánchez ha quedado "inhabilitado" por el caso Koldo.

Según el líder del PP, "quienes hoy duermen en la Moncloa y quienes han dormido en la cárcel tienen mucho que compartir y mucho que callar".

Este "calvario judicial" del Gobierno se suma, ha dicho, a una "precariedad parlamentaria total", que impide a Sánchez aprobar presupuestos.

Dirigiéndose a los empresarios presentes en el auditorio, se ha mostrado convencido de que "en esta sala seguro que hay muchas personas que han votado a Junts" y quizá algunas a ERC.

"Me faltan votos de los suyos", ha apuntado Feijóo, antes de añadir: "A mí no me faltan ganas para presentar una moción de censura, me faltan votos".

Feijóo ha reconocido que hay cosas que no puede ofrecer a esos partidos de quienes necesitaría sus votos para una moción de censura, pero sí se ha mostrado abierto a impulsar "una moción de censura con un único compromiso": convocar unas nuevas elecciones generales para que "todos los ciudadanos de España puedan decidir en las urnas qué Gobierno futuro e inmediato quieren".

Junts per Catalunya caería hasta la tercera plaza, al pasar de 35 a 19-20 escaños en el Parlament, y empataría con una Aliança Catalana que se dispararía hasta los 19-20 diputados, por detrás del PSC (38-40) y ERC (22-23), según el último barómetro del Centro de Estudios de Opinión (CEO) de la Generalitat.

El director del CEO, Joan Rodríguez Teruel, ha presentado este lunes la encuesta, elaborada a partir de 2.000 encuestas realizadas entre el 13 de octubre y el 11 de noviembre por la empresa Opinòmetre.

Vox, por su parte, lograría 13-14 escaños y superaría al PPC (12-13), mientras que Comuns (6) y la CUP (3-4) podrían mantener su actual representación.

Los tres socios de investidura del actual Govern de Salvador Illa -PSC, ERC y Comuns- seguirían sumando mayoría absoluta (68).

En estimación de voto, el PSC lidera el sondeo (24-27 %), por delante de ERC (14-17%), Junts (13-15%), Aliança Catalana (11-14%), Vox (9-11%), PPC (8-10%), Comuns (5-7%) y CUP (4-6%).

En las filas de los partidos con representación parlamentaria había gran expectación por la estimación de escaños de este último barómetro del CEO, que confirma las predicciones de crecimiento exponencial de Aliança Catalana, la formación de extrema derecha independentista que lidera la alcaldesa de Ripoll (Girona), Sílvia Orriols, que consigue una parte de los apoyos que tenía Junts.

El "empate técnico" entre ambos partidos, ha destacado Rodríguez Teruel, se explica en buena medida porque uno de cada cinco votantes de Junts prevén votar a Aliança en los próximos comicios catalanes.

Una de las "contradicciones internas" que según el director del CEO debe afrontar Junts es que, a medida que pierde a sus votantes "más críticos" con los gobiernos socialistas, le queda un electorado más proclive a aprobar la gestión de Salvador Illa y Pedro Sánchez.

Junts es "el partido con menor fidelidad electoral", ya que solo un 60% de quienes escogieron su papeleta volverían a hacerlo ahora, con un 21% de transferencia directa de voto de Junts a Aliança, cuyo discurso antiinmigración está atrayendo a nuevos votantes.

Una parte de los nuevos apoyos a Orriols llegan desde votantes no independentistas: solo un 48% de sus partidarios prefieren la independencia, un 26% aboga por un Estado federal, un 21% avala el statu quo autonómico y un 4% ve a Cataluña como una región de España, lo que explica que Aliança absorba electores de Vox y PP.

A medida que el eje identitario Cataluña-España "pierde fuerza", ha señalado Rodríguez Teruel, Aliança sube y atrae a más votantes, porque "adquiere una visión más plural y diversa de su electorado y entran votantes de Vox".

El director del CEO detecta un "voto dual de votante de derecha radical", un "canal activo de transferencia de voto entre Vox y Aliança" dependiendo de si hay elecciones catalanas o generales.

Otra batalla demoscópica es la que se libra entre la derecha y la extrema derecha estatales: Vox ya sobrepasa, por primera vez, al PP en estimación de votos y de escaños.

Esta competición electoral se refleja sobre todo en las circunscripciones de Barcelona y Tarragona, donde el PSC es la fuerza "predominante" y, por detrás, hay cinco partidos casi empatados: ERC, Aliança, Junts, PP y Vox.

En las circunscripciones de Girona y Lleida, el "efecto disruptivo en la competencia entre Aliança y Junts" cobra su máximo sentido.

El partido de Orriols sería ya primera fuerza en ambas provincias, con PSC y Junts compitiendo por la segunda plaza en Girona, mientras que en Lleida estaría también ERC pugnando por la segunda posición.

Rodríguez Teruel ha pedido "cautela" al tomar en consideración estos datos, porque el volumen de la muestra en estos territorios es menor y Aliança podría estar "sobredimensionada" y su auge en el conjunto de Cataluña podría ser una "moda".

El PSC ganaría las generales, por delante de ERC

El barómetro también ofrece una estimación de escaños para unas nuevas elecciones generales en Cataluña: el PSC volvería a ganar con idéntica fuerza (19-20), ERC ascendería a la segunda posición (9-10), mientras que Junts, el PP y Vox pugnarían por la tercera plaza (5-6), Comuns bajaría a tres y Podemos podría entrar con uno.

La caída de Junts, en este caso, sería mucho más moderada, entre otros motivos porque en la encuesta no se pregunta por Aliança, que ha descartado públicamente presentar candidatura a las generales.

El socialista Salvador Illa es el líder preferido por los catalanes para ser presidente de la Generalitat, mientras que la alcaldesa de Ripoll (Girona) y diputada de Aliança Catalana en el Parlament, Sílvia Orriols, empata en la segunda posición con el presidente de Junts, Carles Puigdemont.

Por otro lado, el apoyo a la independencia cae al 39% -un punto menos que en el barómetro del pasado junio y un punto más que en el de marzo, los registros más bajos desde el inicio del 'procés'-, mientras que el 'no' a un Estado propio catalán llega al 53%. 

El expresidente catalán Carles Puigdemont ha decidido reasignar roles en la dirección de Junts per Catalunya, situando a Albert Batet como adjunto a la presidencia del partido, mientras que Mònica Sales lo relevará como presidenta del grupo en el Parlamento de Cataluña.

Diputado en el Parlament desde 2012 y considerado próximo a Puigdemont, Batet pasará a ser orgánicamente la mano derecha del presidente de la formación, con el objetivo de "reforzar la interlocución" con el tejido empresarial, los sectores productivos, las patronales, los sindicatos y el conjunto de agentes económicos, según ha indicado la formación independentista en un comunicado.

Batet se encargará también de "hacer de enlace de la Presidencia con el órgano de coordinación de la acción institucional" y de "gestionar todos los aspectos políticos y de relaciones institucionales que el president Puigdemont considere oportuno".

Ya antes de verse catapultado a la presidencia de la Generalitat en 2016, Puigdemont -entonces alcalde de Girona- mantenía una excelente relación con Batet, exalcalde de Valls (Tarragona).

Hacía tiempo, según señalan fuentes de JxCat a EFE, que Puigdemont sugería aplicar el cambio confirmado este lunes: que Batet dejara la presidencia del grupo parlamentario para dar una oportunidad a una cara emergente y asumiera una nueva función en el partido, tal y como ha decidido la dirección permanente de JxCat, reunida este lunes en Waterloo (Bélgica).

Batet, que presidía el grupo desde septiembre de 2019 y que continuará como diputado en la cámara catalana, será el director de campaña para las próximas elecciones a las Cortes y al Parlament, por lo que fuentes del partido lo describen como nuevo "hombre fuerte".

La nueva distribución de funciones sitúa a Batet en una posición de relieve en la cúpula de un partido que, junto a Puigdemont, hasta ahora comandaba el secretario general de Junts, Jordi Turull, que según las fuentes consultadas se seguirá encargando del "día a día" de la formación, además de preparar las elecciones municipales.

El movimiento de piezas implica que el puesto de portavoz parlamentaria que deja vacante Mònica Sales lo asuma Salvador Vergés, que se incorporará a la dirección permanente de JxCat junto a Jeannine Abella, que continuará ejerciendo de portavoz adjunta en la cámara catalana.

La incertidumbre en torno a la legislatura española y el posible retorno de Puigdemont tras el informe de la semana pasada del abogado general de la Unión Europea ha propiciado esta "reorganización de responsabilidades para reforzar el proyecto político del partido", ha argumentado JxCat en un comunicado.

Por su parte, Sales pasará ahora a ser la máxima responsable de Junts en el Parlamento de Cataluña, donde ha ejercido como portavoz desde junio de 2021.

Considerada como uno de los valores de futuro dentro del partido, Sales (Tortosa, 1983), fue la cabeza de lista de JxCat por Tarragona en las últimas elecciones al Parlament, formación a la que entró a militar procedente del PDeCAT cuando se fundó.

En un mensaje en X tras conocerse su nombramiento, Sales ha agradecido a Puigdemont, Turull y Batet la confianza para ocupar el nuevo cargo.

"Es un honor asumir la presidencia de JxCat en el Parlament. Afronto el reto con responsabilidad y plena voluntad de servicio al país. Trabajaremos por hacer el trabajo bien hecho y en equipo, como hasta ahora", ha agregado Sales en X.

El escalofrío provocado al anunciar la jefa de la Sección Femenina de Junts que su cobarde líder ha decidido dinamitar la Democracia ha excitado las vísceras y llamado al odio hacia los catalanes. Por suerte, las neuronas llaman al sosiego desde la memoria recordando que ni Pujol y Artur Mas jamás han representado a los catalanes, sino a los intereses de la burguesía que, desde hace siglos, ha explotado a catalanes y charnegos para levantar Catalunya, esos catalanes y charnegos desmemoriados que hoy votan a sus explotadores.

La situación empeora. La derecha burguesa catalana, al igual que la española, la italiana, la argentina, la alemana, la israelí o la norteamericana, ha virado hacia la extrema derecha con grave riesgo de consumar la vuelta del fascismo. La competencia de Vox y el propio ADN del PP, ejemplificado en Ayuso y Aznar, arrastran a este partido a postulados extremistas con brochazos de fascismo cada vez más obvios y frecuentes. La competencia de Aliança Catalana, Vox y el ADN de todos los nacionalismos arrastran a Junts a posiciones de extrema derecha. Su bloqueo al Gobierno es la muestra de desmemoria más reciente.

Nogueras y el cobarde fugado echan en cara a todo el mundo, menos a los arios de Junts, que “no hagan nada (¿?) ante la deuda, la falta de respeto y el menosprecio constante del gobierno español hacia Cataluña”. Soberbia, hipocresía y populismo, como Ayuso, Feijóo y Abascal. La declaración es una falta de respeto total y un menosprecio visceral de esta formación hacia la mayoría de catalanes, charnegos y españoles que, sin haberles votado, llevan dos años sufriendo sus caprichos y arremetidas y hacia un Gobierno que lleva dos años sufriendo acoso mediático, político y judicial por intentar cumplir con lo pactado.

Consideran las lumbreras ultras del nacionalismo que ningún catalán merece beneficiarse de las leyes de familia, de medios, de información clasificada, de universalidad del sistema nacional de salud, de reforma del sistema electoral, de prevención del consumo de alcohol de menores, de inclusión de las personas con discapacidad o de la reforma del sistema universitario. ¿Acaso piensa la burguesía de Junts que con Vox y el PP le irá mejor? Tal parece que se hubieran olvidado del Piolín, los palos, las detenciones y el “¡A por ellos, oé!”.

Independizados del pueblo catalán, menospreciando el seny, esquivados por el electorado, acorralados en la doble derrota de Waterloo, los representantes de la burguesía catalana en el parlamento de España han decidido huir hacia adelante, morir matando. El seny o, lo que es lo mismo, las neuronas sanas del pueblo catalán deben bastar para parar los pies a la extrema derecha de Vox, Aliança Catalana y Junts una vez constatado que sólo buscan el beneficio de sus élites enfrentando a quienes apenas ganan el SMI con quienes ganan por debajo del mismo. La burguesía lo tiene claro: con Franco vivían mejor.

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Verónica Barcina es socia de infoLibre.

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha acusado este sábado al PSOE de "cargarse la legislatura" al no "cumplir" los compromisos adquiridos al inicio del mandato y se ha preguntado "qué piensa hacer" el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a partir de ahora.

En declaraciones a los periodistas en Vic (Barcelona), en el marco de la campaña "Junts se explica a pie de calle" con la que este partido ha instalado un centenar de carpas informativas en diferentes poblaciones catalanas, Turull ha tildado de "curioso" que la presión por el futuro de la legislatura se dirija hacia el partido que preside Carles Puigdemont y no hacia el PSOE.

Por su parte, Jordi Masquef, alcalde de Figueres (Girona) cree que Junts no ha "roto" con Sánchez, pese a que así lo ha comunicado la dirección de la formación, sino que está aplicando "medidas de presión" para demostrar que "no va de farol", ha dicho en el Diario ARA

Turull ha evitado reclamar a Sánchez que convoque elecciones anticipadas, pero sí le ha pedido que haga una "reflexión", puesto que ya no cuenta con la mayoría que le hizo presidente, y le ha preguntado "cómo piensa afrontar esta situación".

Turull ha añadido que Junts "está preparado para cualquier escenario".

El secretario general de Junts ha denunciado el "incumplimiento flagrante" de los pactos sellados con el PSOE en el marco de la investidura de Sánchez, lo que ha derivado en una "situación insostenible".

"Lo que no haremos es volver a hablar con gente que sabemos que no cumple. Esto no es negociar, es hacer tertulias", ha asegurado. Masquef, al contrario, sí es partidario de negociar los presupuestos generales del Estado (PGE) con el Gobierno de Pedro Sánchez y los presupuestos de la Generalitat con el ejecutivo de Salvador Illa.

Turull ha dicho que "la legislatura ha quebrado y estamos en concurso de acreedores", de modo que Junts debe "cobrar" todo lo que se le adeuda.

Unas palabras que ha pronunciado el día después de que el Congreso haya reactivado la iniciativa de Junts, tomada en consideración en septiembre del año pasado, para combatir la multirreincidencia.