Unas 800 personas, según datos de Delegación del Gobierno, se concentraron en la tarde de este miércoles a las puertas de la sede del Partido Popular en Madrid bajo el lema "Mi familia se murió, la tuya se forró". En una concentración convocada por la asociación La Plaza, los manifestantes pidieron la dimisión de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, por los presuntos delitos de su pareja y la gestión de las residencias de mayores durante la pandemia. La Policía Nacional tuvo que cortar el tráfico en la calle Génova.

Sobre las 19.00 horas, los participantes ondearon banderas de la República y corearon cánticos en referencia a las muertes de ancianos en residencias durante la pandemia: "Ayuso dimisión", "No son muertes, son asesinatos"; "Tu pisito es un delito" o "Tranquilo Casado, aquí está tu legado". También recibió críticas y cánticos el PP: "Partido Popular, partido criminal" y "Ahí está cueva de Ali Babá". A la manifestación acudieron figuras políticas como el portavoz de Podemos Pablo Fernández y el diputado de Más Madrid en la Asamblea Hugo Martínez Abarca, según Europa Press.

La asociación había convocado el pasado lunes esta concentración para protestar por "todos sus escándalos de corrupción". "Tras el caso Avalmadrid por el que se perdonaron 311.000 de euros al padre de la presidenta, tras el caso Mascarillas por el que el hermano de Ayuso cobró 230.000 de euros en comisiones con la venta de mascarillas a la Comunidad de Madrid, tras el fraude a Hacienda de 350.000 de euros y los dos millones de euros cobrados por parte del actual novio de la presidenta en comisiones por la venta de material sanitario durante la pandemia o tras intentar hacer negocio con vacunas contra el covid, La Plaza considera que esta es la gota que colma el vaso en los escándalos de Ayuso tras cuatro años de gobierno", explicaron en un comunicado.

En la concentración habló el portavoz de la asociación La Plaza. "No pararemos hasta que Ayuso salga de la Asamblea", explicó que el nexo de unión entre los manifestantes a Génova ha sido "principalmente el matonismo político de personas como Miguel Ángel Rodríguez amenazando a periodistas críticos".

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha sido noticia en numerosas ocasiones por diversos escándalos que rodean a su persona y a su familia. La reciente denuncia de la Fiscalía por fraude fiscal y falsedad documental a su pareja, el Protocolo de la Vergüenza, o las comisiones que recibió su hermano con el caso mascarillas son solo algunos de ellos.

El pasado viernes se presentó un informe de la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de la Comunidad de Madrid sobre los fallecimientos en residencias durante la pandemia de covid en la región. Este informe destacaba que otro tipo de decisiones políticas y de gestión habrían contribuido a reducir la "sobremortalidad" en las residencias madrileñas. 9.468 personas mayores que vivían en geriátricos fallecieron entre marzo y abril de 2020, el 21,5% de los que entonces ocupaban una plaza. De ellos, el 77%, 7.291, lo hizo sin poder ser trasladado a un hospital. Se vulneraron, así, sus derechos fundamentales. Y se hizo, además, por unas "decisiones perfectamente conscientes, planificadas y mantenidas en el tiempo".

El caso Avalmadrid, desvelado por infoLibre, fue el primer gran escándalo en el que se vio envuelta la presidenta y su entorno familiar, que se benefició de un ventajoso crédito de una sociedad semipública controlada por la Comunidad de Madrid. Aquí puedes consultar nuestro dosier.

“Puedes engañar a todas las personas algunas veces y a algunas personas todo el tiempo, pero no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo”

(Apotegma adjudicado a Abraham Lincoln)

Señora Presidenta de la Comunidad de Madrid:

Se cumplen estos días cuatro años de aquel Protocolo de la Vergüenza que su gobierno aprobó y distribuyó para establecer “criterios de exclusión” que impidieron el traslado de residentes desde los geriátricos madrileños a los hospitales. Hubo cuatro versiones de ese Protocolo, enviadas el 18, el 20, el 24 y el 25 de marzo (ver aquí), pero todas contenían la misma orden: no derivar a hospitales a los residentes con mayor deterioro físico o cognitivo, tuvieran o no covid. Es decir, impusieron desde la autoridad política (no médica) un triaje basado en criterios de dependencia (no clínicos). ¿Ha leído usted las conclusiones del recién conocido informe de la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias? (ver aquí). Le informo: 4.000 personas podrían haberse salvado en las residencias donde murieron abandonadas en marzo y abril de 2020 (ver aquí).

Ha mentido usted (también) desde el minuto uno en el asunto más grave que ha pasado por sus manos desde que preside la Comunidad de Madrid. Mintió cuando infoLibre desveló la existencia de ese Protocolo (ver aquí) y usted dijo primero que no existía y después que era “un borrador”. Recuerdo perfectamente la vídeollamada múltiple (estábamos confinados) en la que Daniel Basteiro, Manuel Rico y yo mismo decidimos volcar todos los esfuerzos posibles en la investigación de lo que estaba ocurriendo en las residencias después de conocer por distintas fuentes directas lo que era sin la menor duda una “hecatombe”, lo que nuestro compañero Rico describió como la “zona cero” de la pandemia. Son ya cuatro años hilvanando un dato tras otro, un testimonio y otro más, centenares de documentos y decenas de peticiones a través del Portal de Transparencia (ver aquí el dosier de la investigación de infoLibre). Ya basta de negar evidencias.

Siguió mintiendo cuando negó que Madrid tuviera una “sobremortalidad” en las residencias: “aquí pasó lo mismo que en todas partes”, repetía usted y repetían (y repiten) los tropecientos altavoces mediáticos a los que desde su gobierno, con el dinero de todos los madrileños, financia de forma opaca (ver aquí). Le remito a la página 129 del informe de la Comisión Ciudadana: “La mortalidad en residencias de mayores en la Comunidad de Madrid, durante los meses de marzo y abril de 2020, duplicó la media de otras CCAA y otros países de la UE. En esos dos meses murieron entre un 18,05% de residentes (en relación con el total de plazas) y un 21,5% (en relación con las plazas ocupadas estimadas): uno de cada cinco residentes”. 

Esos protocolos que primero no existían y después eran borradores y luego… tuvieron consecuencias letales. De las 9.470 personas que murieron en marzo y abril de 2020 en las residencias de Madrid, 7.291 (no olvide usted esa cifra, por favor) fallecieron sin atención hospitalaria por esa prohibición de derivarles a hospitales. Es decir, el 77%. “No pudimos hacer nada más; los hospitales estaban saturados”. Falso. Pudieron medicalizar las residencias, como por cierto les ordenó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre residencias de Leganés y Alcorcón y como les pidió Alberto Reyero, entonces todavía miembro de su equipo de gobierno. Pudieron trasladar a centenares al mal llamado “hospital milagro” instalado en el Ifema, al que sólo llegaron en esos dos meses 23 mayores procedentes de geriátricos (todos con síntomas leves), según datos oficiales de su propio gobierno. Pudieron llevar a enfermos a hospitales privados, a los que sólo pudieron ir quienes tenían un seguro, pese a que la Comunidad de Madrid tenía el “mando único” por el que podía utilizar como considerase conveniente los recursos de los 34 hospitales públicos y los 68 privados de la región. Ni siquiera enviaron a nadie desde los geriátricos a los 14 hoteles medicalizados, que habilitaron hasta 1.036 camas de las cuales sólo se llegaron a ocupar a la vez 837.

Ha llegado usted a decir, con una osadía que roza la temeridad, que en aquellos meses aunque se hubiera trasladado a los mayores de las residencias a los hospitales, habrían muerto igual, “no se salvaban en ningún sitio”. Lo desmienten los datos oficiales de la propia Comunidad de Madrid: entre marzo y abril de 2020 se salvó el 65% de los 6.308 residentes que sí fueron derivados y atendidos (ver aquí). ¿Se da cuenta de que cualquier ciudadano, sin ser fiscal, podría pensar que cuando usted dice que se habrían muerto igual está asumiendo que era perfectamente consciente de lo que hacía cuando autorizó ese Protocolo que condenó a miles de mayores a morir sin atención médica adecuada?

Señora Ayuso, usted ha practicado con un éxito innegable la técnica trumpista de la mentira o las mal llamadas “realidades alternativas” desde siempre. Lo hizo respecto a ese piso recibido de sus padres por usted y su hermano justo cuando iba a ser embargado. Jamás devolvió un euro del crédito de 400.000 euros concedido por la sociedad semipública Avalmadrid (ver aquí el dosier de la investigación de infoLibre). Como expresó por aquellas fechas Iñaki Gabilondo en un programa televisivo, sólo por este escándalo nunca debió ser elegida candidata a presidenta ni de su comunidad de vecinos. Ya desde el poder, practicó la mentira sobre el apartahotel de lujo que ocupó durante dos meses en plena pandemia (ver aquí) y desplegó todas las artes maquiavélicas para liquidar al entonces presidente del PP, Pablo Casado, por haber osado decir una verdad del tamaño de la catedral de La Almudena: “la cuestión es si cuando morían 700 personas al día puedes contratar con tu hermana y recibir 286.000 euros” (ver aquí). 

Ha mentido de forma palmaria sobre los delitos fiscales y de falsedad documental que pesan sobre su pareja (ver aquí), y ha intentado por enésima vez aparecer como víctima de una conspiración de todos los poderes del Estado. No sólo protege a familiares y novios, sino también a su mano derecha cuando se dedica a amenazar por escrito a periodistas y medios que no se someten a sus consignas (ver aquí).

Ha cultivado usted la ironía y la rima fácil (le gusta la fruta) también como técnica para desviar la atención de una gestión infame. Pero el destino ha querido que coincida el estallido de un escándalo fiscal que le toca tan de cerca que se ha tropezado hasta con un Maserati sin darse cuenta, y el conocimiento de un informe sólido y detallado sobre lo ocurrido en las residencias de Madrid que debería tener consecuencias políticas y judiciales. Se acabó la broma, señora Ayuso. Usted no es la víctima de nada ni de nadie. Aquí las víctimas de verdad son esas 7.291 personas que perdieron la vida sin que en muchos casos se respetara siquiera su derecho a una muerte digna. Desde infoLibre seguiremos acompañando a las asociaciones de familiares de víctimas cumpliendo nuestra obligación: investigar y publicar, siempre que nuestras socias y socios apoyen esta labor.

Atentamente,

Jesús Maraña 

P.D. Créame, uno no tiene el menor interés personal en dedicar tiempo y espacio a corruptelas y a pícaros miserables que aprovecharon la pandemia para forrarse. Ya sea alguien cercano a usted o cercano al señor Ábalos. Me interesaría muchísimo más dedicar la conversación pública a la necesidad de solucionar el problema de la vivienda, o la precariedad, o la emergencia climática o la desigualdad, o a esos alarmantes tambores de guerra que suenan (o se hacen sonar) en Europa. Pero la obstinación en la mentira sobre algo tan grave como lo ocurrido en las residencias de Madrid (no sólo pero muy especialmente) me indigna, y además bloquea la urgencia en abordar un nuevo modelo de los geriátricos y de los cuidados.

Más Madrid estudia emprender acciones legales contra el equipo directivo de la sociedad de garantía recíproca madrileña, Avalmadrid, que cedió a su director general bases de datos de sus clientes sin su conocimiento. Entre ellas, acudirá a la Fiscalía para que investigue si los ejecutivos mintieron en sus comparecencias en la comisión de investigación sobre las irregularidades descubiertas en Avalmadrid que abrió la Asamblea regional .

Tal y como publicó infoLibre, Avalmadrid proporcionó a uno de sus directores generales, Jorge Morán Santor, para fines particulares, la base de datos de sus clientes, con registros de 3.564 pymes y autónomos a los que había concedido avales entre 2008 y 2015, así como la base SABI, que tiene contratada con la empresa Informa para uso interno. Lo hizo en dos ocasiones, en 2017 y en 2019, para que elaborara su tesis doctoral.

Además, Morán Santor facilitó los datos a un profesor de la UNED, con quien firmó un  en una revista de economía, y a algunos de sus alumnos en Cunef –una institución universitaria de la patronal de banca que depende de la Complutense y donde imparte clases– para que redactaran dos Trabajos de Fin de Máster (TFM). Cuando Morán Santor solicitó por primera vez acceso a ambas bases de datos aún era director general de Avalmadrid; cuando repitió la petición, llevaba fuera de la sociedad poco más de un año.

Más Madrid va a pedir a los letrados de la Asamblea regional que emitan un dictamen sobre el presunto falso testimonio que tanto Jorge Morán como el todavía director financiero de Avalmadrid, Fernando de la Fuente, pudieron haber dado en la comisión de investigación sobre las irregularidades en la sociedad de garantías. Ambos fueron preguntados por el diputado del grupo Eduardo Gutiérrez por las personas que autorizaron la cesión de los datos. El ex director general contestó que le había autorizado “la sociedad”, pero no precisó qué persona o cargo concreto. “No le puedo facilitar esa información”, repitió. Y el director financiero, al que se le preguntó si había sido él quien la había autorizado, respondió que no.

Mentir en una comisión parlamentaria está penado con entre seis meses y un año de prisión. Por ese motivo, Más Madrid estudia presentar una denuncia ante la Fiscalía por si ambos cometieron un ilícito penal.

Además, el grupo va a hacer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), porque cualquier tratamiento de datos, incluidos los “corporativamente relevantes”, debe ser siempre notificado a los clientes, según establece la ley. Y Avalmadrid no les comunicó que los facilitaba a un tercero y que antes de ellos los había tratado. La Ley de Protección de Datos establece que el tratamiento por cuenta de terceros de esa información debe estar regulada en un contrato escrito. Y si ese tercero destina los datos a otra finalidad, los comunica o los utiliza incumpliendo las estipulaciones del contrato, comete una infracción. Además, las empresas deben asegurarse de que han seguido todos los protocolos éticos “sin generar riesgos”.

De acuerdo con el contenido de los correos a los que ha tenido acceso infoLibre, la información facilitada sobre los clientes de Avalmadrid incluía datos financieros, desde el importe del aval solicitado y el finalmente concedido hasta las cuotas pagadas, los fallidos, su periodo medio de pago a proveedores, el circulante, la plantilla o su deuda, entre otros. Y datos personales como el NIF o la fecha de nacimiento en el caso de los autónomos. Los Excel con toda esa información fueron suministrados por correo electrónico en varias ocasiones y con correcciones sucesivas según las iba pidiendo Jorge Morán. El 16 de enero de 2017 recibió un Excel con miles de registros, desglosados entre pymes y autónomos. Ninguno de ellos estaba anonimizado o seudonimizado, las dos técnicas que pudieron haberse utilizado para ocultar la identidad de los clientes de Avalmadrid. Con la primera, se elimina de forma irreversible la identificación del propietario del dato. Con la segunda, se sustituye su identidad por un alias o un seudónimo y es un proceso reversible.

“Tanto para los TFM como para la tesis, incluyendo los estudios de investigación obligatorios o papers, fui autorizado por Avalmadrid con anterioridad a recibir la información, firmando un acuerdo de confidencialidad exclusivo y restrictivo relativo tanto al ámbito académico como de investigación”, explicó Jorge Morán cuando le preguntó infoLibre por los detalles de la cesión. Avalmadrid, por su parte, se limitó a responder que “todo [respecto a la cesión de las bases de datos] se hizo correctamente, está controlado y claro. No hay ninguna irregularidad de ningún empleado”.

La justicia da carpetazo otra vez más al caso Avalmadrid. El Juzgado de Instrucción número 33 de Madrid ha inadmitido una querella interpuesta por la Asociación Libre de Abogadas y Abogados (ALA) contra el hermano de la presidenta madrileña, Tomás Díaz Ayuso, su madre y otros socios de MC Infortécnica por un delito de alzamiento de bienes. En una resolución adelantada por elDiario.es y a la que ha tenido acceso este diario, el juez considera que el posible ilícito estaría ya prescrito. Una decisión que, sin embargo, ya ha sido recurrida por los querellantes ante instancias superiores.

El origen de los hechos se encuentra en un crédito de 400.000 euros que la entidad semipública Avalmadrid concedió a la empresa MC Infortécnica SL, que tenía ocho accionistas, entre ellos los padres de Ayuso. La operación se firmó el 15 de marzo de 2011 y los ocho accionistas se convirtieron en avalistas solidarios del préstamo. Ello les obligaba a responder de la devolución del dinero con todos sus bienes presentes y futuros. 

MC Infortécnica tenía que realizar el primer pago del préstamo el 15 de diciembre de 2011, pero para entonces la empresa ya había quebrado. Solo tres meses después de recibir los 400.000 euros, tal y como desveló infoLibre, la compañía dejó de pagar la nómina a sus trabajadores. Y el 23 de septiembre de aquel año, despidió a la práctica totalidad de la plantilla.

En ese momento, Isabel Díaz Ayuso ya era consciente de que la empresa de sus padres no podría devolver el dinero. Así lo puso ella misma por escrito, en un correo que envió al entonces director de Relaciones Institucionales de Avalmadrid –Carlos Ramos Juárez– el 14 de septiembre de 2011, donde le transmitía la sospecha de que los socios de sus padres habían “montado empresas paralelas para desviar el negocio y dejar morir la otra [MC Infortécnica]”. Ayuso se había puesto en contacto con Juárez precisamente para enterarse de en qué medida podía afectar el impago del crédito al patrimonio de sus padres. La ahora presidenta era desde aquel verano de 2011 diputada del PP en la Asamblea de autonómica.

Tras asumir que la empresa no podría hacer frente a sus obligaciones con Avalmadrid, los padres de Ayuso y sus hijos orquestaron una donación para transferir a Isabel la propiedad de un piso en el centro de Madrid y a su hermano Tomás una vivienda unifamiliar en un pueblo de Ávila. El objetivo era evitar así que los inmuebles fuesen embargados como garantía del crédito. Otros cuatro accionistas de MC Infortécnica SL también se deshicieron de los inmuebles que tenían, según reveló este diario. Los dos restantes no pudieron desprenderse de sus propiedades porque ya estaban hipotecadas.

ALA se querelló contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, su hermano, sus padres y los exsocios. Lo hizo ante el Tribunal Supremo por la condición de aforada de la líder del Ejecutivo regional. Sin embargo, el Alto Tribunal inadmitió la querella alegando, entre otras cosas, que no había constancia de que Ayuso conociera la situación económica y la deuda de la empresa, algo que desmienten los correos hechos públicos. No obstante, dejaba la puerta abierta a que se pudiera investigar al resto de querellados.

En un informe remitido al juez el pasado 17 de marzo, el Ministerio Público se posicionó a favor de admitir a trámite la querella. "En el actual estado de las diligencias procede que el Juzgado de Instrucción de Madrid continúe con el conocimiento de aquellos hechos que conforme a lo dictaminado ut supra pueden revestir caracteres de delito y no se hallen afectados por el instituto de la prescripción", señalaba la fiscal Isabel Franconi en su escrito.

Pero en contra de ese criterio, el juez ha decidido dar carpetazo al asunto. Y lo ha hecho argumentando, fundamentalmente, que el delito de alzamiento de bienes estaría prescrito. De normal, el plazo de prescripción se sitúa en los cinco años, si bien en el caso de tipo agravado –deuda de derecho público y cuando la acreedora sea una persona jurídico pública– se alarga hasta los 10 años. En este caso, las operaciones de los Ayuso se produjeron el 7 de octubre de 2011, por lo que la fecha límite sería el 7 de octubre de 2021, antes de que ALA interpusiera la querella.

"Al presente caso le sería de aplicación, como el Ministerio Fiscal informa, el más largo plazo prescriptivo de posible aplicación al delito imputado, de 10 años, el cual ya está notablemente sobrepasado al tiempo de presentación de la querella, lo que produce efectos extintivos de la responsabilidad penal y hace innecesario el examen de la competencia territorial por razón de la ubicación del bien", recoge el auto de archivo, dictado por el juez Tomás Martín y fechado el pasado 18 de julio.

Los querellantes, sin embargo, consideran que actuaron dentro de plazo. Por eso han recurrido la decisión del juez instructor, sobre la que deberá pronunciarse ahora la Audiencia Provincial. En su recurso de apelación, al que ha tenido acceso este diario, ALA pone sobre la mesa el decreto del primer estado de alarma, el de marzo de 2020, que en su disposición adicional cuarta establecía que "los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos" quedarían "suspendidos" durante el "plazo de vigencia" de la situación excepcional.

El escándalo del cobro de comisiones por la adjudicación de un contrato para comprar mascarillas es sin duda el más impactante vinculado a los hermanos Ayuso. Pero no es el único. Ambos tienen también un papel en el caso Avalmadrid, que se puede resumir de forma muy sencilla: la madre de Ayuso y sus socios empresariales deben 311.109 euros a la entidad semipública por un préstamo que no devolvieron, mientras que Isabel y Tomás se apropiaron de dos viviendas que debían cubrir precisamente un posible impago.

Esos 311.109 euros eran la deuda el pasado 24 de febrero, pero el importe se incrementa cada día en 25,29 euros por intereses de demora. Así consta en un informe realizado hace dos meses por Avalmadrid, al que ha tenido acceso infoLibre, y en el que se desvelan cuatro datos hasta ahora desconocidos sobre el caso: la fecha en que la entidad semipública madrileña reclamó judicialmente el pago del dinero a los avalistas, el resultado de los embargos practicados, el cálculo actualizado de la deuda y la situación de una nave industrial en Sotillo de la Adrada (Ávila) hipotecada en la operación y que Avalmadrid intenta vender de manera infructuosa desde hace año y medio.

El origen del caso Avalmadrid está en un préstamo de 400.000 euros concedido en marzo de 2011 a MC Infortécnica SL, empresa propiedad de los padres de Ayuso y de otros tres matrimonios. La operación fue avalada por la sociedad de garantías, una entidad donde la Comunidad de Madrid es el principal accionista y que entonces estaba controlada por el Gobierno de Esperanza Aguirre.

Tres meses después de recibir los 400.000 euros, MC Infortécnica dejó de pagar la nómina de sus trabajadores y a la vuelta del verano despidió a la mayoría. Para entonces, la empresa ya estaba en quiebra, como admitió la propia Isabel Díaz Ayuso en un correo enviado el 23 de septiembre de 2011 al número tres de Avalmadrid. La entonces diputada autonómica del PP había contactado con el directivo precisamente para entender cómo podía afectar al patrimonio de su familia el impago del préstamo. La respuesta era sencilla: sus padres, y los otros seis socios, eran avalistas solidarios de los 400.000 euros. Así que cada uno de ellos debía responder con todos sus bienes en caso de impago.

El 7 de octubre de 2011, dos semanas después de que la dirigente del PP confesase en el correo con el directivo de Avalmadrid que MC Infortécnica estaba muerta (y por tanto no podría devolver el dinero), los Díaz Ayuso donaron sus principales propiedades a sus hijos Isabel y Tomás. A ella un piso de 90 metros cuadrados en el barrio de Chamberí, uno de los más caros de Madrid, y a él una vivienda unifamiliar de 212 metros construida sobre un terreno de 700 metros en Sotillo de la Adrada.

El primer pago de la devolución del préstamo se tenía que realizar el 15 de diciembre de 2011, pero la quebrada MC Infortécnica no devolvió ni un céntimo. Como la operación estaba garantizada con la hipoteca sobre una nave industrial en Sotillo de la Adrada propiedad del padre de Ayuso y el aval solidario de los ocho dueños de la empresa, a priori no parecía que Avalmadrid fuese a tener mayor problema en recuperar el dinero. Sin embargo, empezaron a sucederse toda una serie de hechos inusuales con un resultado inequívoco: Avalmadrid permitió que los deudores se descapitalizasen sin reclamarles el dinero.

En el reciente informe elaborado por la entidad semipública madrileña se pone fecha exacta a esa pasividad: “En fecha 10 de octubre de 2019 se interpone demanda de ejecución de título no judicial por importe de 253.650,71 €, más 30% en concepto de provisión de intereses y costas. Tras los trámites procesales oportunos [...] se despacha ejecución con fecha 30 de octubre de 2020, acordándose el requerimiento de pago a los demandados/ejecutados”.

Es decir, Avalmadrid acudió a los tribunales a reclamar el dinero a los avalistas en octubre de 2019, casi ocho años después de que se produjese el primer impago. Ocho años. Pero la fecha es además relevante por otra circunstancia: el caso Avalmadrid había sido desvelado en el verano de 2019 por infoLibre, que publicó una docena de informaciones exclusivas sobre el asunto, que llevaron incluso a la creación de una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid [puedes consultarlas aquí]. En otras palabras: la sociedad de garantías controlada por el Gobierno madrileño no acudió a los tribunales a reclamar el dinero hasta que el escándalo se hizo público.

En su informe de finales de febrero, Avalmadrid explica cuál ha sido el resultado de la reclamación judicial del dinero a los deudores: “A fecha de hoy no se ha recibido importe alguno procedente de los embargos acordados sobre los bienes y derechos de los ejecutados”.

Aunque no lo pone en este último informe, Avalmadrid sabe perfectamente que no recuperará el dinero por una sencilla razón: fue la propia entidad semipública la que en su día permitió que los avalistas se desprendiesen de todos sus bienes sin realizar actuación alguna para impedirlo.

infoLibre reconstruyó en su día la historia registral de los 14 inmuebles que los ocho socios de MC Infortécnica utilizaron para justificar su solvencia ante Avalmadrid y lograr así que les concedieran los 400.000 euros. Los Díaz Ayuso fueron los primeros en deshacerse de su patrimonio, mediante las donaciones a sus hijos Isabel y Tomás. Pero, a la vista de que Avalmadrid permitía descapitalizarse a sus deudores, el resto siguió su ejemplo. El resultado es que, en julio de 2012, ninguno de los ocho avalistas tenían ya bienes embargables a su nombre. Habían traspasado mediante donaciones a familiares o vendido a terceros todos aquellos inmuebles que no estaban ya hipotecados.

Y no es que los morosos actuaran a escondidas. Todas las operaciones de venta o donación fueron inscritas en el Registro de la Propiedad respectivo. Y la cúpula de Avalmadrid lo sabía. Su Comité de Morosidad trató el tema del impago de MC Infortécnica en dos reuniones celebradas en abril y noviembre de 2012, en las que quedó constancia por escrito de que los padres de la entonces diputada Ayuso y sus socios empresariales estaban deshaciéndose de sus propiedades. La entidad semipública controlada por el equipo de Aguirre no hizo nada.

La única actuación que no pudo evitar Avalmadrid fue pedir la ejecución de la hipoteca sobre la nave industrial de Sotillo de la Adrada. Pero también aquí ocurrió algo rocambolesco: al procedimiento judicial iniciado para reclamar la ejecución de esa hipoteca, en febrero de 2013, se aportó también “la poliza de afianzamiento y la única acta de fijación de saldo que existía hasta ese momento”. ¿Qué significa eso? Que Avalmadrid no sólo entregó al Juzgado los documentos relacionados con la hipoteca de la nave abulense, sino todos los demás títulos que tenía para reclamar el dinero a los avalistas. Tardó años en darse cuenta y pedir que le devolviesen esos documentos entregados al parecer por error. 

En ese último informe de Avalmadrid se va detallando la situación actual frente a los ochos deudores originales. Dos de ellos murieron, Jose Manuel Pitarch Divar en 2012 y Leonardo Díaz Álvarez en 2014, este último el padre de la política madrileña. La sociedad de garantías explica en su informe que tuvo conocimiento de este fallecimiento el 13 de abril de 2015, “continuándose el procedimiento frente a los ignorados herederos, los cuales, al no personarse en el proceso, son declarados en rebeldía”.

Que Isabel y Tomás Díaz Ayuso estén declarados “en rebeldía” puede parecer muy llamativo, aunque en este caso simplemente supone que renunciaron a la herencia de su padre –formada solo por deudas después de que los activos ya los hubiera traspasado a sus hijos mediante la donación de octubre de 2011– y no se tomaron la molestia de personarse en el procedimiento judicial.

Hay un tercer avalista contra el que ya no puede actuar Avalmadrid. Se trata de Juan Carlos Herrero Casasola, quien se ha acogido a lo que se conoce como “beneficio de exoneración de pasivo insatisfecho”, un mecanismo introducido en la Ley de Segunda Oportunidad para que puedan saldar las deudas particulares y autónomos que cumplan determinados requisitos. Avalmadrid desistió de actuar contra Herrero Casasola en febrero de 2021, tras hablar con su letrado.

A una cuarta avalista, María Victoria Fernández Moyano, aún no han logrado notificarle la demanda de Avalmadrid. Los intentos resultaron “infructuosos”, se explica en el informe de la entidad. Moyano es la esposa de Herrero.

Tampoco con la viuda de Pitarch parece que vaya a tener demasiadas opciones Avalmadrid. María del Carmen Angulo López-Cancio se declaró en concurso de acreedores, circunstancia que le fue notificada a la sociedad de garantías en junio de 2021. Avalmadrid comunicó su posición de acreedor al administrador concursal, sin mayores noticias de momento.

Así que quedan tres de los ocho avalistas: Isabel Cristina Ayuso Puente –la madre de la presidenta madrileña– y el matrimonio formado por José Luis Santos Marcelino Santamaría y María Victoria Suñer Cordero. El Juzgado decretó el 20 de marzo de 2021 que se les embargase a los tres “la parte legal de la pensión y demás emolumentos”. La pensión o los salarios son inembargables hasta el importe del salario mínimo mensual, ahora fijado en 14.000 euros al año. De lo que exceda esa cantidad, la Justicia puede embargar una parte.

¿Conoce Avalmadrid si recuperará algo de dinero por esta vía? De momento, no. Así lo explica en su informe: “Estamos pendientes del resultado de las últimas notificaciones efectuadas, así como de conocer el importe exacto a percibir, como consecuencia de los embargos trabados sobre las pensiones y emolumentos acordados por el Juzgado en su última resolución”. Ciertamente, la Justicia es a veces lenta: once meses después de que se decretase el embargo de “la parte legal” de las pensiones de Ayuso, Marcelino y Suñer, no es que Avalmadrid no haya ingresado ni un euro, es que todavía está pendiente de que le digan qué importe va a percibir... en caso de que vaya a recibir alguno.

El tercer dato novedoso del informe de Avalmadrid es que actualiza el importe que le deben los morosos de MC Infortécnica. A 24 de febrero, la cantidad era de 311.109 euros. Una cifra que aumenta en 25,29 euros al día en concepto de intereses de demora. “Dicho importe se verá incrementado por la minuta de abogado y procurador”, se advierte en el informe, en el que a continuación figura la siguiente precisión: “Dado las condiciones de contratación, no es posible realizar una estimación al basarse ésta en el importe recuperado”.

Es interesante entender cómo se llega a esa cantidad de 311.109 euros. El dinero prestado a MC Infortécnica y no devuelto eran 400.000 euros. La devolución del dinero se garantizaba en teoría por dos vías: la hipoteca sobre una nave industrial en Sotillo de la Adrada propiedad del padre de Ayuso y el aval solidario de los ochos socios.

La nave se valoró en 213.596 euros, a pesar de que la sociedad tasadora dejó claro en su informe que parte del inmueble podía ser derribado al incumplir la normativa urbanística. Y en la escritura del préstamo hipotecario se fijó como tipo para la subasta la cantidad de 544.000 euros. ¿Qué supone esto? Pues que en caso de que la nave fuese embargada por impago, saldría a subasta por ese precio y que en el mejor de los escenarios para Avalmadrid podría adjudicársela por la mitad de esa cantidad.

Eso fue exactamente lo que sucedió cuando el inmueble salió a subasta el 15 de marzo de 2018. La subasta quedó desierta y el Juzgado adjudicó la nave a Avalmadrid por un importe de 272.000 euros (50% del precio fijado). Por tanto, la deuda se redujo en esa cantidad.

Por ese motivo, a fecha 24 de febrero de 2022, el importe que debían los morosos de MC Infortécnica era de 311.109 euros. A los 400.000 euros del préstamo inicial se le fueron sumando intereses del principal y de demora, pero también se le restaron los 272.000 euros por la nave en el pueblo abulense adjudicada a la sociedad de garantías.

¿Esa nave en Sotillo de la Adrada vale realmente esa cantidad? La respuesta también está en el informe de Avalmadrid.

Después de que el Juzgado le adjudicase la nave, en abril de 2018, Avalmadrid intentó registrarla a su nombre, pero volvió a encontrarse con otro obstáculo administrativo: “Emitido testimonio del decreto de adjudicación, y teniendo en cuenta que los ignorados herederos fueron llamados al proceso, no compareciendo y siendo declarados en rebeldía, el Registro de la Propiedad deniega la inscripción del bien” a favor de Avalmadrid hasta que transcurran los 16 meses que la ley establece para ejercer la “acción rescisoria”. Recordemos que los “ignorados herederos declarados en rebeldía” eran Isabel y Tomás Díaz Ayuso, quienes en teoría tenía esos 16 meses para impugnar la adjudicación de la nave a Avalmadrid. Por supuesto, no hicieron nada.

Así que, por fin, en septiembre de 2020 Avalmadrid logró inscribir el inmueble abulense a su nombre en el Registro de la Propiedad y, “tomada posesión del bien”, lo puso a la venta. La sociedad de garantía fijó como precio de salida 181.300 euros.

Muy pronto recibió una oferta por parte de Álvaro M.P., por una cantidad de 115.000 euros; es decir, menos de la mitad del precio por el que le fue adjudicada a Avalmadrid. El oferente ofreció un precio tan bajo con el argumento de que el Ayuntamiento de Sotillo de la Adrada había ampliado el suelo a la venta en el polígono industrial, lo que estaba bajando los precios. Avalmadrid pidió una nueva tasación y el nuevo valor fue de 144.639 euros, que podrían bajarse a 122.279 en caso de “venta rápida”.

Álvaro M.P no quiso llegar a esa cantidad, así que la nave sigue en manos de Avalmadrid. “Desde entonces, y hasta la fecha no se ha recibido oferta alguna por el bien, ni tan siquiera se han realizado visitas al inmueble”, se explica en el informe.

Pero, ¿al final quién ha puesto el dinero que no han devuelto a Avalmadrid la familia Ayuso y sus socios empresariales?

Las sociedades de garantías como Avalmadrid reavalan parte de las operaciones que financian. En el caso del préstamo con MC Infortécnica, los 400.000 euros estaban garantizados en un 50% por la sociedad estatal Cersa (Compañía Española de Reafianzamiento SA) y el 25% por la propia Comunidad de Madrid. El riesgo del 25% restante lo asumió Avalmadrid.

Así que cuando los Ayuso y sus socios no devolvieron el préstamo, Avalmadrid lo abonó en primera instancia al banco, pero luego le pidió a Cerca y a la Comunidad de Madrid que asumieran la parte que habían reavalado. Resultado: Cersa pagó 206.135 euros y la Comunidad de Madrid desembolsó otros 102.000. La primera cantidad salió por tanto del bolsillo de los contribuyentes españoles, dado que Cersa es una compañía estatal, y la segunda del bolsillo de los contribuyentes madrileños.

Por supuesto, los ciudadanos no habrían tenido que poner su dinero si los Ayuso y sus socios no hubieran donado o vendido sus bienes para evitar que se los embargasen, o si Avalmadrid hubiese actuado al comprobar que los morosos se estaban descapitalizando. Como nada de eso sucedió, al final buena parte de la factura la pagaron los contribuyentes.

Cuando infoLibre desveló en el verano de 2019 todos los datos esenciales del escándalo, Más Madrid presentó una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción al entender que podría existir, entre otros, un delito de alzamiento de bienes. La entonces número dos de Anticorrupción, Belén Suárez, archivó la denuncia en noviembre de 2019 por medio de un decreto que contenía diversas falsedades. El jefe de Anticorrupción ya era Alejandro Luzón, quien ahora ha decidido encargarse personalmente de la investigación sobre la comisión cobrada por el hermano de Ayuso en el caso mascarillas. En noviembre de 2021, el Tribunal Supremo también inadmitió una querella por alzamiento presentada contra Ayuso por la Asociación Libre de Abogadas y Abogados (ALA).

A febrero de 2022, el balance que se puede hacer del caso Avalmadrid es el siguiente: los contribuyentes han pagado en total 308.135 euros, dos de los inmuebles que debían responder de la deuda están en manos de Isabel Díaz Ayuso y de su hermano Tomás, y la entidad semipública madrileña no ha logrado recuperar ni un euro de los avalistas morosos.

"En el caso no se aprecia la concurrencia de indicios consistentes contra la persona aforada en este momento. No era socia de MC Infortécnica; no consta que conociera su situación económica y societaria; no intervino en la operación de crédito o de aval; no era avalista ni deudora; no consta que conociera la deuda; y no se aprecia ningún indicio de que actuara en connivencia con los demás querellados para evitar el pago de la deuda de aquella sociedad". Estos son los argumentos que da el Tribunal Supremo para inadmitir una querella contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por un presunto delito de alzamiento de bienes en el conocido como caso Avalmadrid, que fue destapado por infoLibre en 2019.

Sin embargo, en esta enumeración de indicios que dice no ver el alto tribunal, los magistrados obvian al menos dos hechos que constan en la querella que presentó la Asociación Libre de Abogadas y Abogados (ALA) y que arrojan cuando menos sospechas, sino certezas, sobre el conocimiento que pudo tener Ayuso sobre la situación económica en la que se encontraba en 2011 MC Infortécnica SL, la empresa de la que sus padres eran accionistas en un 25%, y la deuda que arrastraba.

La querella, de la que también informó este periódico, incluía los correos electrónicos que demuestran que la presidenta estuvo durante meses en contacto con el director de Relaciones Institucionales de la empresa semipública Avalmadrid, al que pidió datos confidenciales sobre los socios de la empresa de sus padres y sobre sus hijos. El contenido de esos e-mails revela que Ayuso sospechaba que los tres socios de sus padres en MC Infortécnica formaban parte de una trama para dejar morir al Grupo MC y montar otras empresas dedicadas a la misma actividad.

"La relación entre socios es cordial hasta la fecha y lo seguirá siendo con seguridad. Aunque mi familia no quiere más que estar tranquila, jubilarse y tener una casa donde vivir y llevar la enfermedad de mi padre. Es todo muy difícil", escribió Ayuso el 14 de julio de 2011 al directivo de Avalmadrid, al que aportó datos identificativos de sus padres y varias empresas del Grupo MC para conocer la solvencia económica de las compañías por si un imposible impago del préstamo podía afectar al patrimonio familiar. Le dio también las gracias de antemano por su interés "en este tema tan importante" para su familia. "Isabel, he pedido los informes, mañana hablamos", contestó él.

¿Por qué le confiesa Ayuso a una persona que no conoce que la única preocupación de su familia era "tener una casa donde vivir"? Sus padres y los otros seis socios de MC Infortécnica eran avalistas solidarios del préstamo de 400.000 euros que Avalmadrid había concedido en marzo de aquel 2011 a su empresa, y si esta no devolvía el dinero, sus bienes podrían ser embargados para responder del aval fallido.

Los siguientes correos electrónicos que la ahora presidenta madrileña se intercambió con quien era el número tres en el escalafón de Avalmadrid buscaban obtener información sobre otras compañías cuya propiedad atribuye a los socios de sus padres, facilitando para ello los nombres de éstos, pero también de sus hijos.  "[...] dos datos nuevos. (Encontrados por internet). Están los tres socios metidos en el entramado"; "¿Podemos saber a quién facturan?"; "¿Podría saber actividad comercial, facturación y quiénes son sus clientes?", son algunas de las preguntas que Ayuso envió en sucesivos e-mails.

"Si se pudiera demostrar que han montado empresas paralelas para desviar el negocio y dejar morir la otra...", escribió la dirigente del PP en uno de esos correos. Con esta afirmación, es la propia Ayuso quien está admitiendo que han dejado "morir" MC Infortécnica, lo que permite deducir que conocía la situación económica de la empresa.

La comunicación con el directivo de Avalmadrid se extendió al menos durante dos meses, entre el 14 de julio –un día antes de entrar como diputada en la Asamblea de Madrid– y el 14 de septiembre de 2011. El 23 de septiembre de 2011, el Grupo MC despidió al 85% de su plantilla y el 7 de octubre, Ayuso aceptó que sus padres le donasen un piso en el centro de Madrid, en una operación sospechosa de un delito de alzamiento de bienes. Su hermano también aceptó la donación de la vivienda unifamiliar en Sotillo de la Adrada (Ávila). Y en abril de 2012, el padre donó a sus dos hijos el 100% de las participaciones de Sismédica SL, compañía que era propietaria de un local de oficinas en Madrid. 

La presidenta siempre ha negado que existiese cualquier actuación irregular por su parte. Ella siempre ha mantenido que su única relación con Avalmadrid fue preguntar "con qué persona se podía hablar" para que a la empresa de sus padres le dieran un crédito "si se daban las garantías" para que fuese avalada. Esta afirmación acotaría la actuación de la presidenta a antes de la concesión del préstamo, pero los correos electrónicos con el directivo de la empresa semipública la desmienten.

Las fechas, por tanto, en el caso Avalmadrid son importantes y así lo revelan los correos incorporados a la querella de ALA. Cuando la presidenta madrileña habló por primera vez con el directivo de la empresa semipública en el correo en el que dijo sentirse tan preocupada por el futuro de sus padres, hacía sólo unas semanas que los empleados de MC Infortécnica habían dejado de percibir la totalidad de sus salarios, lo que deja en evidencia los aprietos económicos por los que pasaba la sociedad en el verano de 2011. Esto ocurrió sólo tres meses después de que la empresa recibiera el préstamo de Avalmadrid.

Y el último e-mail, en el que Ayuso seguía tratando de conseguir información sobre otras empresas de los socios de sus padres, se envió tan sólo nueve días antes del despido de casi la totalidad de los trabajadores y menos de un mes antes de que la presidenta aceptara que sus padres le donaran la nuda propiedad de una vivienda en el centro de Madrid.

A pesar de todos estos datos en los que la dirigente del PP muestra su preocupación por el estado en el que se encuentra la empresa y a pesar de que los correos electrónicos coinciden en fecha con las dificultades económicas de la sociedad, el Tribunal Supremo no lo tiene en cuenta y considera en su auto que "no consta" que Ayuso conociera la "situación económica y societaria" de MC Infortécnica así como la deuda que arrastraba y por eso inadmite la querella de ALA.

Es más, el tribunal añade que “en lo que se refiere concretamente a la operación de donación realizada con sus padres, no aparece indicio alguno de que, en la fecha en la que se lleva a cabo, conociera que MC Infortécnica no fuera a cumplir con las obligaciones derivadas de la operación de crédito, ni tampoco de que tuviera dificultades para ello o que, de forma más o menos definitiva, no pudiera hacerlo en un futuro próximo”. Todo esto se contradice con el impago de las nóminas de junio y con el hecho de que sólo unos días después del último correo la empresa despidiese a casi la totalidad de los trabajadores.

Es entonces cuando el director de Admisión de Riesgos cumple la formalidad de pedirle a su empleada que aporte la firma. Cuando se niega, él le sugiere que firme, pero “con reparos”. La analista lo rechaza de nuevo: “No tiene sentido que la firme con reparos, cuando ya he puesto mi sanción desfavorable”, insiste. Jesús Sanz accede pero, unos minutos después, escribe al director general de Avalmadrid, Pedro Embid, informándole de la negativa de la analista a firmar la resolución del comité de riesgos. Y como los avales con importe de más de 50.000 euros deben ser sancionados por dos personas, la analista y él mismo, Sanz le indica que no puede aprobar en solitario el de la empresa en cuestión, Asesoría Hispanoamericana de Inversión. La operación ascendía, en principio a 120.000 euros, que luego se rebajaron a 60.000. Aun así, superaba el límite. “Este comportamiento [el de la analista] nos lleva de nuevo ante una situación que podemos denominar como ‘dictadura del analista’ que, con su actitud, evita que se puedan asumir algunas operaciones que podrían ser viables y está poniendo reparos a las directrices y políticas que tratamos de implementar algunos directores de departamento”, le explica a Pedro Embid.

El aval, finalmente, no se concedió, pero la presión ejercida para aprobar la solicitud terminó en el canal de denuncias anónimas de Avalmadrid. Y el pasado mes de abril Jesús Sanz fue despedido.

A preguntas de este periódico, un portavoz de Avalmadrid niega que la sociedad tuviera un interés especial en aprobar este aval. “En este caso concreto, se aplicó de manera estricta y rigurosa la política de riesgos por parte del órgano que denegó la operación”, asegura, tras apuntar que su “único interés” es “facilitar el acceso [el crédito] a pymes y autónomos madrileños, siempre que se cumplan los criterios establecidos en las políticas y normativas aplicables”. En el análisis de las operaciones, continúa Avalmadrid, “se tienen en cuenta únicamente criterios objetivos ligados al riesgo del cliente; en ningún caso entran en juego otro tipo de consideraciones, y menos aquéllas de carácter subjetivo”. infoLibre ha intentado también recabar la versión de Jesús Sanz sobre lo ocurrido, pero éste ha declinado alegando que su despido es una cuestión “privada”.

La empresa que había pedido el aval el pasado mes de febrero, Asesoría Hispanoamericana de Inversión, fue constituida apenas un mes antes por dos socios, Eduardo Hernández-Ripoll Aznar y Carlos Isidro Echeverria Perera, que aportaron el capital mínimo necesario, 3.000 euros. En la solicitud del aval, aseguraban que su contacto con Avalmadrid era Rodrigo Tilve, el presidente de la sociedad de garantía recíproca. Hasta la disolución del anterior Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y la convocatoria de elecciones anticipadas, Tilve fue viceconsejero de Economía en el departamento que entonces dirigía Manuel Giménez, independiente elegido por Ciudadanos.

Hernández-Ripoll conoció a Tilve en 2012, cuando ambos trabajaban en Guatemala. El primero estaba empleado por la consultora Ostossola, del estratega político Antonio Sola, quien fue asesor de José María Aznar, Mariano Rajoy y del presidente mexicano Felipe Calderón, entre otros líderes latinoamericanos. Según su currículo, Eduardo Hernández era entonces asesor de presidente guatemalteco Otto Pérez Molina, quien renunció al cargo en 2015 y permanece en prisión desde entonces por varios casos de corrupción. Mientras, Rodrigo Tilve ejercía como consejero económico y comercial en la Embajada de España en Guatemala y pertenecía al consejo asesor de la Cámara de Comercio española en el país centroamericano. El presidente de Avalmadrid no ha querido comentar con este periódico ningún aspecto de la operación o de su relación con Hernández-Ripoll. Pero éste sí admite conocer a Tilve, con quien “coincidió hace ocho años”. “Pero no he vuelto a hablar con él desde entonces”, asegura a este periódico. Tampoco sabía que el director de Admisión de Riesgos había sido despedido. Y apunta que si Tilve se tomó algún interés especial en la solicitud de aval de Asesoría Hispanoamericana de Inversión debió de ser únicamente porque “se acordaría” de él. “Me sorprendería que se hubiera producido nada irregular, porque es una persona impoluta e intachable, superrecto en lo personal”, subraya.

Salarios de hasta 100.000 euros para cada socio

Hernández-Ripoll y Carlos Echeverria, que es abogado y fue embajador de Costa Rica en Trinidad y Tobago entre 1999 y 2005, crearon la empresa para asesorar a pymes españolas que quieran abrir negocios en Latinoamérica, incluyendo tareas de lobby, análisis de situación e inteligencia de mercado, de acuerdo con el plan de negocio aportado para solicitar el aval. También ofrecen a sus posibles clientes “una estrategia fiscal que maximice los ingresos” aprovechando los convenios para evitar la doble tasación que España ha suscrito con países latinoamericanos. A cambio, piden unos honorarios mínimos de 100.000 euros por operación o  una participación en el negocio, bien en efectivo bien en acciones u otros valores.

La analista denegó el aval porque pedían el préstamo para cubrir, básicamente, los sueldos de ambos socios, a la vez únicos empleados de la empresa: entre 70.000 y 100.000 euros anuales se reservan para cada uno, cuando su presupuesto de gastos estaba calculado en una horquilla de 162.900 a 222.900 euros. “Su plan de inversión apenas presenta gastos justificables frente al importe solicitado”, dictamina la analista. Además, como avalista sólo presentan al propio Hernández Ripoll, que carece de patrimonio, vive en régimen de alquiler en Alicante y únicamente posee 2.000 euros en una cuenta de ING. Carlos Echeverria también carece de patrimonio inmobiliario, sólo anota un fondo de pensiones voluntario de 80.000 dólares. “Los accionistas no aportan datos de solvencia ni de patrimonio, así como tampoco de generación de ingresos independientes al negocio”, se lee en el informe. Ambos sólo justifican mediante facturas 10.000 de los 30.000 euros que dicen haber gastado para poner en marcha la empresa, entre ellos la mudanza internacional desde la República Dominicana de Eduardo Hernández. Y dan la referencia de un único cliente, una empresa de construcción naval de Barcelona con la que firmaron la búsqueda de un astillero en Trinidad y Tobago para comprarlo. No obstante, Hernández-Ripoll precisa que el contrato se encuentra “parado”, ya que el espacio aéreo permanece cerrado por culpa del covid-19.

“Como no nos concedieron el aval, seguimos buscando financiación, un socio privado”, indica Eduardo Hernández, a quien también le negó ayuda Enisa (Empresa Nacional de Innovación), una empresa pública dependiente del Ministerio de Industria que financia a pymes mediante préstamos participativos. “Si acudimos a Avalmadrid”, relata, “fue porque creímos que los avales para emprendedores estaban pensados para empresas que no tienen nada, como la nuestra, y necesitan un empujón”.

“Creo que deberíamos valorar si debe seguir en el departamento”

El portavoz de la sociedad de garantía recíproca destaca que la denegación del aval a Asesoría Hispanoamericana de Inversión es un “ejemplo de la rigurosidad con la que Avalmadrid aplica las distintas políticas internas en el análisis de las operaciones”. Sobre la relación entre Rodrigo Tilve y Eduardo Hernández-Ripoll se limita a mencionar que forma parte de la “labor institucional y comercial” del presidente de la sociedad “dar a conocer la oferta de productos de Avalmadrid” y que el solicitante del aval indicó en el formulario que esa oferta la había conocido a través de Tilve.

Hernández-Ripoll estudió Ciencias de la Información y militó en Nuevas Generaciones del PP. Tras pasar tres años en el gabinete de prensa del Ayuntamiento de Villena (Alicante) cuando lo gobernaba el Partido Popular, llegó en 2012 a Guatemala y en 2014 trabajó para The Trump OrganizationThe Trump Organization, la empresa del expresidente de EEUU Donald Trump, para “velar por sus intereses reputacionales en Ciudad de Panamá”. Ahora, revela, está buscando clientes en la República Dominicana para Asesoría Hispanoamericana de Inversión.

Avalmadrid no ha querido explicar la tramitación de la denuncia que se cursó a través de su canal anónimo, gestionado por una empresa externa. Tampoco los motivos por los que despidió a Jesús Sanz. “Son estrictamente confidenciales”, precisa, “pero objetivos y concretos”. Sólo ha indicado que el exdirector de Admisión de Riesgos “llevaba poco tiempo en la compañía”. Concretamente, desde febrero de 2020, por lo que apenas superó el año en el cargo. Jesús Sanz Martín, no obstante, tenía una larga experiencia en su campo, puesto que había sido responsable del departamento de riesgos del Banco Popular durante 26 años. En el mismo correo que dirigió al director general de Avalmadrid, Pedro Embid, lamentándose de la “dictadura del analista”, Jesús Sanz le destaca los reparos que ponía esta empleada a “ver de forma constructiva las operaciones”constructiva, su “lentitud en las resoluciones” y sus “comentarios inapropiados”, una “actitud” que ya le había comentado previamente, le recuerda. “Creo que deberíamos valorar si debe seguir en el departamento”, termina el mensaje. Sanz Martín fue despedido dos meses después.

La Comunidad de Madrid ha tenido que paralizar las líneas de avales que concedía la sociedad de garantía recíproca Avalmadrid para ayudar a las empresas de la hostelería, el turismo, la restauración y el ocio nocturno afectadas por las restricciones de la pandemia. Desde abril pasado ya no se “formalizan operaciones”, según confirman a infoLibre fuentes de la Consejería de Cultura y Turismo, el departamento que firmó con Avalmadrid convenios por un importe total de 61 millones de euros para para sostener tanto a bares, restaurantes, tablaos, agencias de viajes, discotecas y campings.

Hasta el pasado 28 de abril, en plena campaña electoral, la Comunidad de Madrid no había aprobado ayudas directas para las empresas de los sectores de la hostelería y el turismo afectadas por el covid-19. Para pymes de todo tipo de actividad había dispuesto 30 millones de euros como parte del llamado Plan Madrid ReFuerza y otros 42 millones para autónomos como parte del Programa Impulsa. Pero el grueso del apoyo público que había brindado el Gobierno regional a los sectores críticos eran estos avales concedidos por la sociedad de garantía recíproca madrileña, una entidad participada en un 26,1% por la Comunidad de Madrid, además de por Banco Santander, Caixabank, la Cámara Oficial de Comercio de Madrid y la patronal madrileña CEIM.

Con la Consejería de Cultura y Turismo, Avalmadrid puso en marcha tres líneas de garantías: una de 44 millones para la hostelería, otra de cuatro millones para restaurantes y tablaos flamencos, y una tercera de 13 millones más para agencias de viajes, campings, hoteles y ocio nocturno. Las tres se encuentran afectadas por la paralización. No obstante, las fuentes de la consejería aseguran que Avalmadrid sigue formalizando operaciones “con cargo a su fondo de provisiones técnicas”. Avalmadrid, que ha repetido a  infoLibre la explicación de la consejería en idénticos términos, confía en que “los convenios puedan volver a estar operativos lo antes posible”. Según las cifras de la Comunidad de Madrid, el sector turístico y el ocio nocturno equivalen al 7% del PIB autonómico y emplean a 400.000 trabajadores.

El motivo de la paralización, explican las mismas fuentes, es un problema formal. Los convenios deben prorrogarse “expresamente”, al mismo tiempo que lo ha hecho el Marco Temporal sobre ayudas estatales aprobado por la Comisión Europea cuando comenzó la pandemia. Pero la Consejería de Cultura y Turismo no lo hizo. Ese marco fija las directrices para que los gobiernos concedan ayudas a las empresas afectadas por el coronavirus y ha ampliado sus cuantías –de 800.000 euros a 1,8 millones de euros–.

De forma que la Comunidad de Madrid ha tenido que paralizar la concesión de los avales de las tres líneas creadas, mientras sus servicios jurídicos redactan “una adenda” a los convenios que amplíe los plazos, precisa la consejería. Y esa tarea, añade, llevará un tiempo que no concretan. Una comisión, integrada por la Consejería de Cultura y Turismo, Avalmadrid y la Dirección General de Cooperación con el Estado y la UE, que depende de la Consejería de Presidencia, es la encargada de llevar a cargo las modificaciones necesarias para adecuar los convenios a las normas de la Comisión Europea. “Desde que se aprobaron los convenios”, añaden las mismas fuentes, “la Comisión Europea ha aprobado una serie de modificaciones a la normativa que los ampara que nos obligan, por prudencia y rigor, a analizar si afectan al desarrollo de los convenios”.

El 57%, avales covid

De momento, apuntan también, no corren peligro los reavales con que Cersa, la compañía estatal de reafianzamiento, garantiza a su vez las operaciones de Avalmadrid –y de las restantes 17 sociedades de garantía recíproca que existen en España–. Sus reavales tienen la consideración de ayudas de Estado, y la cuantía de éstas la limita la Comisión Europea –aunque también ha sido ampliada para aumentar a su vez las ayudas por el coronavirus–. Cersa sí que ha firmado ya varias adendas a los contratos que cada año firma con las sociedades de garantía recíproca a las que reavala, además de ampliar la vigencia de éstos, con el fin de adecuar su actividad a las exigencias de la pandemia. Así, aumentó hasta los 2.200 millones de euros el importe total de nuevo riesgo que tenía previsto reafianzar en 2020. De esa cantidad, 1.900 millones corresponden a la línea covid-19.

Avalmadrid concedió el año pasado un total de 2.228 avales, por un importe total de 112,6 millones de euros, de acuerdo con los datos que hace públicos en su página web. Esa cantidad es un 48% superior a la otorgada en 2019. De esa cifra, el 57% fueron operaciones relacionadas con el covid-19. La empresa semipública ha pasado los dos últimos años aquejada de un grave problema de reputación, tras ser sancionada por el Banco de España por incumplir sus requerimientos en materia de control interno y seguimiento del riesgo. Junto con Avalmadrid fueron multados también la Consejería de Economía y la Cámara de Comercio de Madrid, así como varias exconsejeros y exdirectivos de la sociedad de garantías.

Además, la Asamblea de Madrid abrió una comisión de investigación que tras más de un año de trabajo dictaminó que Avalmadrid había dado un “trato personalizado y preferente” a la empresa de los padres de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso. Como publicó infoLibre, la entidad le había otorgado un aval a esa sociedad, que ésta no devolvió y cuyo importe Avalmadrid no fue capaz de recuperar.

El Banco de España ha sancionado en firme a Avalmadrid, a la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid, a varios miembros de su consejo de administración, dos ex directores generales y a la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, con multas que ascienden a los 316.550 euros.

En concreto, el supervisor ha ampliado las multas difundidas en los días previos con dos sanciones firmes en vía administrativa a la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid, en calidad de consejera de Avalmadrid por importe de 47.500 euros, y al consejero de Avalmadrid José María Rotellar García, con 18.000 euros.

El supervisor considera todas las infracciones cometidas como "graves" al incumplir la entidad un requerimiento del Banco de España en materia de control interno, de concentración y seguimiento del riesgo.

El organismo supervisor ha multado en firme, con una sanción de 95.000 euros, a Avalmadrid, Sociedad de Garantía Recíproca, por la comisión de una infracción "grave", tipificada en el artículo 5.r) de la Ley 26/1988 sobre disciplina y intervención de las entidades de crédito.

Por su parte, el que fuera director general de Avalmadrid Juan Luis Fernández-Rubíes Lillo ha sido multado en firme por vía administrativa con 45.000 euros, por la comisión de una infracción "grave". Del mismo modo, el consejero Pedro Irigoyen Barja ha sido sancionado con 10.000 euros.

De otro lado, el consejero de Avalmadrid Juan Pablo Lázaro Montero de Espinosa ha sido sancionado con 10.400 euros, tras la aplicación de la reducción del 20% por el pago voluntario, por infracción grave. Esta sentencia, firme en vía administrativa, ha sido recurrida judicialmente.

Asimismo, han sido sancionados con multas firmes en vía administrativa Jorge Morán, que fue director general de Avalmadrid, con 15.000 euros, y Juan Iranzo Martín, que fue consejero del ente, con 4.000 euros por unas infracciones "graves".

Entre los expedientados también se encuentra la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, con una multa de 34.800 euros, tras la aplicación de la reducción del 20% por el pago voluntario. Esta sanción, que es firme en vía administrativa, ha sido recurrida judicialmente, según el expediente al que ha tenido acceso Europa Press.

También al Banco Santander, por Popular

También ha sido sancionado en firme por vía administrativa por infracción grave el Banco Santander, en su condición de sucesor universal del Banco Popular, como consejero de Avalmadrid, por un importe de 33.250 euros.

El origen del procedimiento es una visita de inspección del Banco de España a Avalmadrid en el año 2012, cuando se constató la necesidad de aplicar una política crediticia que redujera la concentración de riesgos, así como de mejorar los procedimientos de seguimiento del riesgo.

El Banco de España emitió un informe con requerimientos sobre ambas cuestiones que fue respondido por la entidad mediante carta, en la que se comprometió a implementar medidas a partir del 1 de enero de 2013, si bien no lo hizo hasta octubre de 2014 en el caso de la concentración de riesgos, y hasta al menos el 21 de junio de 2018 en cuanto al seguimiento del riesgo.

El Banco de España ha sancionado en firme a Avalmadrid, a varios miembros de su consejo de administración y dos ex directores generales y a la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, con un total de 251.050 euros.

En concreto, se amplían las multas difundidas este lunes con las sanciones firmes en vía administrativa a Jorge Morán, que fue director general de Avalmadrid, con 15.000 euros, y Juan Iranzo Martín, que fue consejero del ente, con 4.000 euros por unas infracciones "graves".

El supervisor considera todas las infracciones cometidas como "graves" al incumplir la entidad un requerimiento del Banco de España en materia de control interno, de concentración y seguimiento del riesgo, según informó este martes, informa Europa Press.

El organismo supervisor ha multado en firme, con una sanción de 95.000 euros, a Avalmadrid, Sociedad de Garantía Recíproca, por la comisión de una infracción "grave", tipificada en el artículo 5.r) de la Ley 26/1988 sobre disciplina y intervención de las entidades de crédito.

Por su parte, el que fuera director general de Avalmadrid Juan Luis Fernández-Rubíes Lillo ha sido multado en firme por vía administrativa con 45.000 euros, por la comisión de una infracción "grave". Del mismo modo, el consejero Pedro Irigoyen Barja ha sido sancionado con 10.000 euros.

De otro lado, el consejero de Avalmadrid Juan Pablo Lázaro Montero de Espinosa ha sido sancionado con 10.400 euros, tras la aplicación de la reducción del 20% por el pago voluntario, por infracción grave. Esta sentencia, firme en vía administrativa, ha sido recurrida judicialmente.

Entre los expedientados también se encuentra la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, con una multa de 34.800 euros, tras la aplicación de la reducción del 20% por el pago voluntario. Esta sanción, que es firme en vía administrativa, ha sido recurrida judicialmente, según el expediente al que ha tenido acceso Europa Press.

También al Banco Santander, por Popular

También ha sido sancionado en firme por vía administrativa por infracción grave el Banco Santander, en su condición de sucesor universal del Banco Popular, como consejero de Avalmadrid, por un importe de 33.250 euros.

El origen del procedimiento es una visita de inspección del Banco de España a Avalmadrid en el año 2012, cuando se constató la necesidad de aplicar una política crediticia que redujera la concentración de riesgos, así como de mejorar los procedimientos de seguimiento del riesgo.

El Banco de España emitió un informe con requerimientos sobre ambas cuestiones que fue respondido por la entidad mediante carta, en la que se comprometió a implementar medidas a partir del 1 de enero de 2013, si bien no lo hizo hasta octubre de 2014 en el caso de la concentración de riesgos, y hasta al menos el 21 de junio de 2018 en cuanto al seguimiento del riesgo.

El PSOE pedirá este martes la comparecencia de la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y de todos los presidentes de la región desde 2003 en la comisión que investiga el supuesto trato de favor y las irregularidades cometidas en Avalmadrid, la sociedad semipública que concedió un aval a la empresa de la que eran socios los padres de la actual mandataria pero no actuó con la debida diligencia para recuperarlo cuando no le fue devuelto su importe. Entre esas comparecencias se encuentran Esperanza Aguirre, Ignacio González, Cristina Cifuentes, Ángel Garrido y Pedro Rollán -que fue presidente en funciones en 2019-, según informan a infoLibre fuentes socialistas.

No es la primera vez que la oposición intenta que Ayuso y los expresidentes de la Comunidad desde 2003 comparezcan en esta comisión sobre Avalmadrid. Sin embargo, en las ocasiones anteriores, no lograron sacarlas adelante por la mayoría de la derecha en la Mesa de la Asamblea de Madrid con el argumento de que Avalmadrid no dependía del Gobierno autonómico. PP y Ciudadanos, que gobiernan en coalición, suman cuatro de los siete puestos del órgano, por lo que tienen mayoría de bloqueo. El PSOE, por su parte, tiene dos y Vox uno.

Los socialistas vuelven a pedir su comparecencia tras las declaraciones de Eva Piera, viceconsejera de Economía y persona clave en el equipo económico de Aguirre, a finales de septiembre. Era la segunda ocasión que acudía a esta comisión. En la primera, el 17 de diciembre, tal y como demostró documentalmente infoLibre, mintió en varias de sus afirmaciones. Así que la comisión decidió volver a citarla para que explicase las contradicciones entre su testimonio y lo que desvelaban los correos publicados por este periódico.

En esta segunda comparecencia, Piera se presentó con una intervención escrita, que leyó siempre que tuvo oportunidad y que se resumió en dos ideas básicas: sus palabras de diciembre fueron "sacadas de contexto" –no explicó cómo se podía sacar de contexto una afirmación que repitió hasta en nueve ocasiones de forma rotunda tal y como consta en el diario de sesiones– y lo que pedía en los correos desvelados por infoLibre eran meras "notas informativas previas" para reuniones que tenía con empresas que querían información sobre las líneas de ayuda de Avalmadrid. Durante las preguntas de la diputada socialista Sánchez-Acera aprovechó que Piera había insistido en que toda su actividad respecto a Avalmadrid debía "enmarcarse en su actividad ordinaria" como viceconsejera de Economía de la Comunidad, para anunciar que pediría de nuevo la comparecencia de los presidentes madrileños en la comisión.

La Asamblea madrileña creó en 2019 una comisión sobre Avalmadrid, una sociedad de garantías donde la Comunidad de Madrid es el accionista mayoritario con más del 25% del capital, porcentaje similar al que tiene Bankia. Esta comisión tenía que acabar en diciembre y tener 13 sesiones, pero, debido al parón parlamentario por la pandemia del covid, sólo ha tenido diez.

Entre los capítulos más escandalosos de Avalmadrid está, según desveló infoLibre, lo ocurrido con una operación de aval de 400.000 euros concedido en 2011 a MC Infortécnica SL, compañía propiedad de cuatro matrimonios, entre los que estaban los padres de la actual presidenta madrileña. MC Infortécnica no devolvió ni un euro, pero Avalmadrid no actuó contra los socios de la empresa, a pesar de que habían afianzado con todo su patrimonio personal la operación. No sólo eso, sino que Avalmadrid permitió que los avalistas se deshicieran de todos sus bienes sin responder de los 400.000 euros.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cierra una semana convulsa en la que ha acaparado titulares protagonizando una portada en El MundoEl Mundo que ha hecho correr ríos de publicaciones y memes en las redes sociales y en la que se presenta como víctima de las actuales circunstancias y posando como Nuestra Señora de los Dolores. No es la primera vez que Ayuso recurre al victimismo tras un escándalo: ya lo hizo el pasado verano después de que infoLibre destapara el alzamiento de bienes del caso Avalmadrid, la entidad semipública bajo sospecha de dar trato de favor a empresarios y políticos del PP, entre ellos la propia familia Ayuso. 

En esta ocasión, la portada en El Mundo llega después de una semana en la que ha acaparado muchos titulares. Primero, por la dimisión de Yolanda Fuentes, directora general de Salud Pública, que se negó a avalar con su firma la documentación que había que trasladar al departamento de Salvador Illa para el cambio de fase del plan de desescalada del Gobierno y que finalmente fue presentado sin que nadie lo firmase. Y después por el 'no' del Ejecutivo a que la región pasará la fase 1 al considerar que aún estaba lejos de cumplir los requisitos para esta medida de alivio. La propia Ayuso terminó reconociendo que ella se hubiera quedado en la fase 0 de la desescalada pero tras reunirse con sectores económicos cambió de decisión.

Vestida complemente de luto, como ya hizo en la misa en La Almudena, en el polémico acto de Ifema o en los actos del Dos de Mayo, Ayuso imita en la portada de El Mundo la iconografía de Nuestra Señora de los Dolores. La presidenta madrileña está asesorada por Miguel Ángel Rodríguez, que fue secretario de Estado de Comunicación con José María Aznar.

En esta entrevista en El Mundo, Ayuso asegura que defendió el paso a la fase 1 ya que "cada semana que pasa un negocio se cierra, un autónomo se queda fuera" y defiende que no es un varapalo político sino "un varapalo para la economía". "Creo que estábamos en condiciones de pasar", apunta y asegura que ella ha sido "la más precavida con todos los pasos". "Madrid ya no es la misma que en febrero", afirma. Asimismo, también defiende que para evitar contagios no se puede quedar toda la población en casa hasta diciembre y cree que "el Gobierno tiene que hacer un equilibrio entre la protección de los más vulnerables y la vida normal del motor económico de España". "El mayor hándicap que tiene Madrid es la densidad de población y eso no va a cambiar", matiza.

Este movimiento de Ayuso con esta entrevista y esta portada recuerda a su tendencia a presentarse como víctima tras protagonizar un escándalo. Precisamente en el mismo periódico que ya usó después de que infoLibre destapase el caso Avalmadrid durante el verano de 2019. En aquella ocasión, la presidenta madrileña apareció en un reportaje en el suplemento La Otra Crónica como víctima de decisiones de su padre en el alzamiento de bienes en la entidad semipública ya que era "un hombre honrado pero con dificultad para la relaciones personales, al que le costaba exteriorizar sus sentimientos y que siempre mantuvo una relación muy complicada con sus hijos". 

Ayuso también llegó a asegurar que esta investigación sobre Avalmadrid se basaba en acusaciones inventadas e incluso sostuvo la existencia de una "campaña machista" basada en "falsedades". Sin embargo, nunca aclaró el trato de favor que recibió por parte de esta entidad, su participación en dos operaciones sospechosas de un delito de alzamiento de bienes y el impago del IBI al Ayuntamiento de Madrid durante cinco años. En la Asamblea de Madrid continúa abierta una comisión de investigación parlamentaria exigida por los partidos de la oposición y cuyas sesiones quedaron interrumpidas tras la explosión de la pandemia y después de que dos expresidentes de Avalmadrid mintieran en sus primeras comparecencias.

Eva Piera, que presidió Avalmadrid entre diciembre de 2006 y septiembre de 2008 y fue vocal de su consejo de administración hasta 2011, además de ejercer como viceconsejera de Economía del Gobierno de Esperanza Aguirre hasta 2012, aseguró entonces a los diputados que, en su paso por Avalmadrid, nunca tuvo conocimiento de operaciones concretas. Pero los correos publicados por este periódico muestran lo contrario: que pidió datos sobre un buen número de operaciones específicas.

Por su parte, Juan Manuel Santos-Suárez declaró que desconocía cualquier dato sobre el aval que Avalmadrid concedió a MC Infortécnica SL, la empresa de la que eran socios los padres de la actual presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, porque no asistía a las reuniones del Comité de Morosidad –la compañía no devolvió los 400.000 euros de la operación, que fue clasificada como fallida–. Sin embargo, este periódico ha publicado el acta de una de esas reuniones firmada de su puño y letra.

En su artículo 502, el Código Penal castiga “con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses” a quien, convocado ante una comisión parlamentaria de investigación, “faltare a la verdad en su testimonio”.

La semana pasada, tanto PSOE como Más Madrid y Unidas Podemos presentaron escritos en la Mesa de la Asamblea donde solicitaban la nueva comparecencia de Piera y Santos-Suárez. En la reunión de este órgano parlamentario Ciudadanos –socio de gobierno del PP en la Comunidad de Madrid– y Vox –que apoyó la investidura de Isabel Díaz Ayuso– respaldaron el regreso de los dos expresidentes de Avalmadrid para que den explicaciones. Sólo el PP se opuso.

Además, los diputados han acordado quiénes completarán la lista de comparecientes en las dos sesiones que la comisión celebrará este mes de marzo. El viernes 13 intervendrá también Carlos Ramos, que era el director de Relaciones Institucionales de Avalmadrid en la época en que le fue concedido el aval a MC Infortécnica SL, la empresa de la que eran socios los padres de la actual presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Correos con Eva Piera y Díaz Ayuso

Como ha publicado infoLibre, Carlos Ramos fue la persona a la que Eva Piera remitió a Díaz Ayuso en julio de 2011 cuando ésta le pidió un contacto en Avalmadrid, cuatro meses después de que la sociedad de garantías le hubiera concedido el aval a la empresa de sus padres. A continuación, Díaz Ayuso envió a Carlos Ramos un correo en el que le proporcionaba los datos de MC Infortécnica SL y le contaba que su familia “no quiere más que estar tranquila, jubilarse y tener una casa donde vivir y llevar la enfermedad” de su padre. “Es todo muy difícil”, concluía. En septiembre de ese año, la entonces diputada le pidió al director de Relaciones Institucionales de Avalmadrid datos confidenciales sobre las empresas de los socios de sus padres –actividad comercial, facturación y clientes–, porque temía que los primeros estuvieran vaciando la empresa para montar otras dedicadas al mismo negocio, el suministro de equipos médicos.

Cuando dos días después de que Piera le facilitara a Carlos Ramos el teléfono de Isabel Díaz Ayuso, éste le pidió a una empleada de Avalmadrid que mirara si la empresa sus socios estaban en un fichero de morosos, escribió como asunto del correo “Datos de MC Infortécnica (Presidencia Comunidad Madrid)”. Ese mismo mes Díaz Ayuso, que hasta entonces trabajaba para Esperanza Aguirre en la presidencia madrileña, pasó a ocupar un escaño en la Asamblea de Madrid junto a Eva Piera.

Carlos Ramos, además de responsable de Relaciones Institucionales de Avalmadrid, era el “principal apoyo” de su entonces presidente, Juan Manuel Santos-Suárez, según reconoció él mismo en su primera comparecencia en la comisión.

Quien estaba en el “día a día” de Avalmadriden el “día a día” de Avalmadrid

También declarará ante los diputados el viernes 13 Juan Luis Fernández-Rubíes, que ejerció como consejero delegado y director general de Avalmadrid entre 2004 y 2016. Fue Fernández-Rubíes el consejero delegado que aprobó el aval de 400.000 euros a MC Infortécnica SL. Según explicó en su primera comparecencia en la comisión el entonces presidente de la sociedad de garantías, Juan Manuel Santos Suárez, no era él, más bien dedicado a las “labores institucionales”, sino Fernández-Rubíes quien estaba en el “día a día” de la sociedad. “Quien de verdad estaba en el Comité de Morosidad era el consejero delegado”, apuntó. De hecho, también dejó claro que cuando él llegó a Avalmadrid, Fernández-Rubíes ya “había montado su equipo directivo”, a cuyo frente lo encontró cuando fue nombrado para el cargo.

Su nombre también aparece entre los directivos que fueron denunciados por la propia sociedad de garantías ante la Fiscalía en abril de 2019, por su presunta implicación en la concesión de avales a empresas vinculadas con consejeros concesión de avales a empresas vinculadas con consejerosde Avalmadrid: Viajes Marsans, grupo Cantoblanco, Casbar y The Tie Gallery. Estas irregularidades fueron desveladas por una inspección del Banco de España, que puso 167 operaciones en el punto de mira y que terminó en un expediente sancionador. El organismo supervisor pide sanciones de 667.000 euros a una quincena de consejeros y directivos de Avalmadrid.

Además, deberá dar cuenta de sus relaciones con Cobralia, la empresa con la que Avalmadrid subcontrató el recobro de los avales morosos. Un informe encargado por la propia sociedad a la consultora PwC destapó una posible duplicidad de pagos a Cobralia y su presidente, Fernando Cañellas de Colmenares.

Finalmente, el día 17 de este mes deberán comparecer en la comisión de investigación Jorge Morán, director general de Avalmadrid entre junio de 2016 y julio de 2019, e Isabel Cruz Oruezabala, que lleva en la sociedad de garantías desde 2006 y trabaja en su departamento jurídico desde 2012.

La Mesa de la Asamblea de Madrid ha aprobado este lunes, con el único voto en contra de los dos diputados del PP, que comparezcan de nuevo los expresidentes de Avalmadrid Eva Piera y Juan Manuel Santos-Suárez en la comisión que investiga las supuestas irregularidades descubiertas en la sociedad de garantías. La fecha en que ambos deberán volver a intervenir ante los diputados regionales la decidirá la propia comisión de investigación cuando se reúna a comienzos de la próxima semana para determinar quiénes serán los comparecientes del mes de marzo.

Entonces deberán aclarar si mintieron en su primera intervención. Eva Piera aseguró a los diputados que, en su paso por Avalmadrid, nunca tuvo conocimiento de operaciones concretas. Pero los correos publicados por infoLibre muestran lo contrario: que pidió datos sobre un buen número de operaciones específicas. Por su parte, Juan Manuel Santos-Suárez declaró que desconocía cualquier dato sobre el aval que Avalmadrid concedió a MC Infortécnica SL, la empresa de la que eran socios los padres de la actual presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, porque no asistía a las reuniones del Comité de Morosidad –la compañía no devolvió los 400.000 euros de la operación, que fue clasificada como fallida–. Sin embargo, este periódico ha publicado el acta de una de esas reuniones firmada de su puño y letra.

La semana pasada, tanto PSOE como Más Madrid y Unidas Podemos presentaron escritos en la Mesa de la Asamblea donde solicitaban una nueva comparecencia de Piera y Santos-Suárez para que aclararan estas “contradicciones”. En la reunión de este órgano parlamentario el lunes tanto Ciudadanos –socio de gobierno del PP en la Comunidad de Madrid– como Vox –que apoyó la investidura de Isabel Díaz Ayuso– respaldaron el regreso de los dos expresidentes de Avalmadrid para que den explicaciones.

Según las fuentes consultadas por este periódico, el PP se opuso alegando que el objeto de la comisión no es determinar si los comparecientes mienten, una competencia que corresponde, precisaron, a los tribunales. En su artículo 502, el Código Penal castiga “con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses” a quien, convocado ante una comisión parlamentaria de investigación, “faltare a la verdad en su testimonio”.

Pero el resto de los grupos replicó que la solicitud de una nueva comparecencia “no prejuzga nada”. Sólo se les pide que expliquen la diferencia entre sus declaraciones y los documentos publicados. Entonces se verá si es necesario acudir a los tribunales o no, subrayan las fuentes.

Las dos próximas sesiones de la comisión de investigación están fijadas para los días 13 y 17 de marzo.

Irregularidades en Avalmadrid

La Asamblea madrileña creó el año pasado una comisión de investigación para aclarar las supuestas irregularidades cometidas en Avalmadrid, una sociedad de garantías donde la Comunidad de Madrid es el accionista mayoritario con más del 26,1% del capital. Entre los capítulos más escandalosos está, según desveló infoLibre, lo ocurrido con el aval de 400.000 euros concedido en 2011 a MC Infortécnica SL, compañía propiedad de cuatro matrimonios, entre ellos los padres de la actual presidenta madrileña. MC Infortécnica SL no devolvió ni un euro, pero Avalmadrid no actuó contra los socios de la empresa, que habían afianzado con todo su patrimonio personal la operación. No sólo eso, sino que también Avalmadrid permitió que los avalistas se deshicieran de todos sus bienes sin responder de los 400.000 euros. [Puedes consultar aquí todas las informaciones de este periódico sobre el caso Ayuso]

Además, tras una inspección del Banco de España en 2012, el organismo supervisor abrió un expediente sancionador contra Avalmadrid y una quincena de sus ejecutivos y consejeros, para los que pedía sanciones por importe de 667.000 euros. Entre las anomalías descubiertas en 167 operaciones destaca la concesión de avales a empresas vinculadas con miembros del consejo de administración de Avalmadrid.

PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos han presentado escritos a la Mesa de la Asamblea de Madrid para pedir que vuelvan a comparecer en la comisión que investiga las supuestas irregularidades de Avalmadrid dos de sus expresidentes, Eva Piera y Juan Manuel Santos-Suárez, a fin de que aclaren si mintieron en sus declaraciones del pasado 17 de diciembre ante los diputados.

La Mesa de la Asamblea verá estas peticiones el próximo lunes. En ese órgano sólo están representados PP, Ciudadanos, PSOE y Vox. PP y Ciudadanos suman mayoría. Fuentes de la formación naranja han asegurado a infoLibre que apoyarán la iniciativa para que los dos expresidentes de Avalmadrid den explicaciones por “unos testimonios que pueden ser falsos”. “Mentir en una comisión parlamentaria es un delito”, subrayan. También Vox quiere que Piera y Santos-Suárez comparezcan de nuevo, según indicó el pasado viernes su diputado José Luis Ruiz Bartolomeu.

En caso de que Ciudadanos y Vox mantengan su postura, la solicitud de los tres partidos de la izquierda madrileña saldría adelante.

Los diputados de la oposición pretenden que ambos directivos aclaren la “contradicción” entre el testimonio que prestaron el 17 de diciembre en la comisión y los correos y actas que infoLibre publicó el pasado día 14 de febrero.

El Código Penal, en su artículo 502, castiga “con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses” a quien, convocado ante una comisión parlamentaria de investigación, “faltare a la verdad en su testimonio”.

Eva Piera puso en contacto a Ayuso con un directivo de Avalmadrid para que le facilitase información sobre la operación de MC Infortécnica SL. Ayuso sabía que la empresa no iba a devolver el dinero y temía que sus padres perdiesen sus propiedades. Esa labor de intermediaria se produjo el 13 de julio de 2011, cuando Piera era viceconsejera de Economía en el Gobierno de Esperanza Aguirre y consejera de Avalmadrid, entidad que había presidido años antes. En sus respuestas a los diputados, dijo hasta en nueve ocasiones que ella jamás había tenido conocimiento de “operaciones concretas”. “No tengo conocimiento ni nunca lo he tenido de operaciones concretas en Avalmadrid”, aseguró una y otra vez. [Puedes consultar aquí la comparecencia íntegra de Eva Piera]

"Pedidos de interés"

Los correos a los que ha tenido acceso este periódico demuestran lo contrario. Eva Piera pedía información de manera habitual sobre determinadas operaciones de Avalmadrid a sus tres principales ejecutivos en aquella época: el consejero delegado, Juan Luis Fernández-Rubíes, que era con quien mantenía una relación más fluida; el presidente, Juan Manuel Santos-Suárez, y el director de Relaciones Institucionales, Carlos Ramos, que fue quien recibió el encargo de atender a Ayuso.

Todos los correos son del periodo que va septiembre de 2011 a febrero de 2012, es decir, justo en la época en que Avalmadrid avaló a MC Infortécnica SL –marzo de 2011–, esta empresa no devolvió ni la primera cuota del préstamo –diciembre de 2011– y el Comité de Morosidad decidió actuar contra los bienes de los avalistas –abril de 2012–, aunque esa decisión jamás se llevó a efecto. En esos correos, Piera se interesa por 18 operaciones concretas, en algunos casos de forma reiterada.

Piera, en uno de los mensajes que intercambia con Fernández-Rubíes, muestra cierto cansancio por la gran cantidad de favores que le toca gestionar: “En fin, ya ves, para la tarde, los recados de siempre... Siento estar tan decaída y transmitirlo con tanta crudeza como lo hice ayer, pero hay días donde ya es mucho el cúmulo del cansancio, los problemas y ni una buena noticia, y los pedidos de interés...”, escribe el 26 de octubre de 2011.

El consejero delegado le contesta en la misma línea: “En definitiva, y también en mi caso el cansancio, los problemas, el no haber una sola buena noticia, los pedidos de interés ‘infumables’ son una constante”.

“Yo no iba a esas reuniones del Comité de Morosidad”

Por su parte, Juan Manuel Santos-Suárez afirmó en la comisión parlamentaria que no tenía dato alguno ni de la operación de aval concedida a MC Infortécnica SL, ni de los motivos por los que el Comité de Morosidad había permitido que los avalistas se deshicieran de su patrimonio sin hacer nada. Y todo ello pese a que el Comité de Morosidad estaba presidido por él mismo. La explicación que dio fue la siguiente: en la operativa diaria estaba el consejero delegado y él ni siquiera acudía a las reuniones del Comité de Morosidad, pese a que era su presidente. “Yo no iba a esas reuniones del Comité de Morosidad”, insistió. La verdad es que la propuesta de la reunión del Comité de Morosidad celebrada el 2 de abril de 2012, en la que se analizó el expediente de MC Infortécnica SL, está firmada por el propio Santos-Suárez.

Santos-Suárez, que ahora es consejero de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), también faltó a la verdad de forma evidente en otro momento de la comisión. El diputado de Más Madrid Eduardo Gutiérrez le preguntó si en el año 2012 se había dirigido a un alto cargo del Gobierno de Esperanza Aguirre “diciendo que Avalmadrid tendría que ser disuelta o bien habría que aportar 10 millones de euros”. “No. Nosotros nunca nos dirigimos...”, respondió el compareciente. Este periódico ha tenido acceso a un correo de Santos-Suárez, enviado a Piera el 24 de julio de 2012, donde le dice exactamente lo que le había planteado el diputado de Más Madrid. [Puedes consultar aquí la comparecencia íntegra de Juan Manuel Santos-Suárez]

La Asamblea madrileña creó el año pasado una comisión de investigación para aclarar las presuntas irregularidades cometidas en Avalmadrid, una sociedad de garantías donde la Comunidad de Madrid es el accionista mayoritario con el 26,1% del capital. Entre los capítulos más escandalosos está, según desveló infoLibre, lo ocurrido con una operación de aval de 400.000 euros concedido en 2011 a MC Infortécnica SL, una empresa de suministros médicos propiedad de cuatro matrimonios, entre ellos los padres de la actual presidenta madrileña. MC Infortécnica SL no devolvió ni un euro, pero Avalmadrid tampoco actuó contra los socios de la empresa, que habían afianzado con todo su patrimonio personal la operación. No sólo eso, sino que Avalmadrid permitió que los avalistas se deshicieran de todos sus bienes sin responder de los 400.000 euros. [Puedes consultar aquí todas las informaciones de este periódico sobre el caso Ayuso]

Este periódico envió a Eva Piera y a Juan Manuel Santos-Suárez una serie de preguntas relacionadas con sus afirmaciones falsas ante la comisión parlamentaria. Piera se negó a responder. Santos-Suárez señaló lo siguiente: “Comparecí en la Comisión cumpliendo con mi responsabilidad y en ella contesté a todas las preguntas según mi recuerdo de lo que sucedió hace ocho años”.

“Fue una decisión operativa mía”, asumió ante los diputados que le preguntaban por ese documento. En la sesión anterior, el pasado viernes, la presidenta de Avalmadrid entonces, Rosario Rey, había dejado claro que el informe no había sido iniciativa suya. En todo caso, Embid aseguró que lo había encargado cumpliendo un mandato de Rey para hacer “un análisis exhaustivo del trabajo de los despachos [que gestionan la recuperación de los avales impagados] y de la situación de cada expediente”. Pero también reconoció que la presidenta no sabía que se había pedido un informe sobre MC Infortécnica SL, la empresa de los padres de Díaz Ayuso que había dejado sin pagar un aval de 400.000 euros concedido en febrero de 2011.

Como ha publicado este periódico, el informe elaborado por Racmo Gestión tiene fecha de 25 de julio de 2019 y una extensión de apenas tres páginas. Su objeto era doble: en primer lugar, determinar cuál era la mejor opción para reclamar por la vía civil y recuperar la deuda pendiente por el aval fallido de MC Infortécnica SL. Y en segundo, “determinar si hay acción penal posible contra los herederos de los deudores fallecidos”. Los autores del documento se refieren a Leonardo Díaz Álvarez, el padre de la presidenta madrileña, y Juan Manuel Pitarch Divar. Los otros seis morosos están vivos. Pero Avalmadrid no preguntó si cabía emprender una acción penal contra ellos.

El diputado de Más Madrid Eduardo Gutiérrez sí preguntó este martes a Pedro Embid por qué el informe se interesaba por posibles acciones penales sólo contra los avalistas fallecidos y no por los demás. Pero el director general fue incapaz de explicarlo. “No creo que se limitara a eso”, replicó. Cuando Gutiérrez le leyó la frase textual del informe reproducida más arriba, esquivó la respuesta aduciendo que no podía “valorar un documento interno de la compañía”.

Los juristas consultados por infoLibre califican de “incomprensible” que se pregunte por unos avalistas y no por otros... salvo que se pretenda a toda costa evitar la vía penal, en cuyo caso lo mejor es no preguntar si es posible ir a dicha jurisdicción.

El informe fue filtrado a Libertad Digital para que lo publicase el 13 de agosto, el primer día de la sesión de investidura en la Asamble de Isabel Díaz Ayuso.

Un despacho sin especialistas penales

El diputado de Unidas Podemos Jacinto Morano quiso saber también por qué Embid le encargó a Racmo Gestión, un despacho especializado en procedimientos civiles y mercantiles, ese informe sobre posibles acciones penales, en lugar de contratar a abogados especializados en Derecho Penal. El director general de Avalmadrid justificó su decisión en el hecho de que Racmo Gestión fuera la adjudicataria del servicio de recobro de expedientes, así como porque se trata de un “despacho grande con especialistas en asuntos penales”.

Sin embargo, Racmo se publicita en su web únicamente como un bufete especializado en “auditoría legal y crediticia, valoración de carteras y gestión de activos”, inmobiliarios, residenciales, comerciales y hoteleros, “así como grandes carteras de deuda”. Pero no menciona que tenga ningún departamento penal.

Además, se da la circunstancia de que a Racmo se le encargó un segundo informe que cargaba sobre Cobralia la responsabilidad por las negligencias cometidas durante siete años en la recuperación del aval impagado de MC Infortécnica SL. Es decir, se contrató el análisis a un competidor de Cobralia que precisamente acababa de sustituirle –desde junio de 2019, apenas un mes antes de que emitiera ambos informes– como proveedor de servicios en Avalmadrid.

Aún faltan por recuperar 270.000 euros de MC Infortécnica SL

La diputada del PSOE Pilar Sánchez Acera preguntó a Pedro Embid si Avalmadrid pensaba reclamar el dinero que aún le adeuda MC Infortécnica SL. “Ya se han llevado a cabo las mejores actuaciones para intentar recuperar esa operación”, le contestó el directivo. “¿Y piensa hacer algo más?”, abundó la representante socialista. “Se analizará qué hacer dentro de lo posible”, continuó Embid, quien repitió dos veces que Avalmadrid “ya ha hecho todas las actuaciones jurídicas que cabía hacer”. Cuando Sánchez Acera se interesó por saber qué “frutos” habían dado esas actuaciones, Embid dijo que no podía revelar datos de operaciones concretas.

La realidad es que Avalmadrid hizo bastante poco desde que MC Infortécnica SL incumplió el primer pago del aval, que debería haber ingresado el 15 de diciembre de 2011. Según consta en el informe elaborado por la auditoría interna de la sociedad de garantías y presentado en la Comisión Mixta de Auditoría y Riesgos el 30 de julio de 2019 –y al que ha tenido acceso infoLibre–, Avalmadrid entregó a Cobralia el expediente de MC Infortécnica SL ocho meses después de que el Comité de Morosidad aprobara ejecutar la hipoteca y a los avalistas. 

Después, la sociedad de garantías sólo entregó a Cobralia un certificado de saldo, pese a que había que interponer dos procedimientos. Además, Cobralia sólo presentó una demanda de ejecución hipotecaria, pero no de ejecución dineraria de los avalistas. “No existe documentación justificativa para la adopción de esta decisión procesal”, explican los auditores. Éstos también señalan las “debilidades” del seguimiento a que sometido el expediente de MC Infortécnica SL: “Hasta enero de 2015 no se conoce que únicamente se había interpuesto procedimiento de ejecución hipotecaria”. Y cuando Cobralia plantea a Avalmadrid dos posibles vías de actuación, la sociedad no responde.

Finalmente, los auditores constatan que Avalmadrid no efectuó hasta junio de 2019 “un análisis profundo” de los inmuebles de los avalistas. De hecho, algunos de esos bienes, concluyen, “ya no se encuentran en el patrimonio de los avalistas”. Aunque el informe no lo dice, los inmuebles habían sido vendidos o donados a familiares y terceros a lo largo de esos siete años a lo largo de esos siete añosen que Avalmadrid no había actuado con la diligencia debida. Entre ellos se encuentran los que pasaron a manos de Isabel Díaz Ayuso y su hermano Tomás.

Hasta el momento, la sociedad de garantías no ha recuperado ni un euro, y sólo le ha sido adjudicada una nave en Arenas de San Pedro (Ávila). Era el único bien hipotecado y no ha sido capaz de venderlo.

Además, hay que tener en cuenta que la operación fue reavalada por la Comunidad de Madrid y por la sociedad pública de reafianzamiento Cersa para cubrir el fallido de MC Infortécnica SL: 102.030,55 euros puso la primera y 206.123,5 euros la segunda. Un total de 308.154 euros. El resto lo ha asumido Avalmadrid en sus cuentas.

No firmó la denuncia como respaldo a su equipo

A Pedro Embid también se le inquirió en la comisión sobre la denuncia en la Fiscalía que Avalmadrid interpuso por acuerdo de su Consejo de Administración en abril de 2019. Tras abrir el Banco de España un expediente sancionador a la sociedad de garantías y a una quincena de sus ejecutivos y consejeros, el Consejo de Administración encargó un informe forense a Forest Partners, que revisó los 167 expedientes donde el supervisor había hallado irregularidades. También encargó un informe a PricewaterhouseCoopers para que analizara las implicaciones penales de las anomalías descubiertas.

Pedro Embid se negó a firmar el escrito de denuncia al fiscal, donde se mencionan los nombres de antiguos ejecutivos de Avalmadrid, entre ellos el de Juan Antonio Chorro García, director de Riesgos en ese momento. Según explicó Embid, firmar esa denuncia hubiera supuesto “invalidar” el “respaldo” que el director general debe dar a su equipo. “No era necesario, menos aún cuando había propuesto una alternativa: que fuera la secretaria del Consejo de Administración, quien instrumenta sus acuerdos, la que lo firmara con un mandato expreso” de ese órgano. Además, detalló, apartó al director de Riesgos de su puesto. “No lo despedí porque pedimos asesoramiento laboral y nos dijeron que debíamos respetar la presunción de inocencia”, respondió a una pregunta de la diputada de Ciudadanos Ana Isabel García García.

Juan Antonio Chorro fue degradadado a subdirector comercial, demandó a Avalmadrid en el juzgado de lo Social por una modificación sustancial de sus condiciones de trabajo el pasado mes de diciembre y ha terminado llegando a un acuerdo con la empresa antes del juicio.

En cualquier caso, Embid negó cualquier tipo de “desavenencia” sobre el envío del escrito al fiscal. Es más, aseguró que ni votó ni dio su opinión sobre ese asunto en el Consejo de Administración, donde se sienta como invitado permanente, con voz pero sin voto. Incluso recalcó que está “de acuerdo con la decisión tomada por el consejo”. Pero cuando la socialista Sánchez Acera le planteó: “Usted se negó a firmar el escrito, pero no niega su contenido…”, su respuesta reabrió las dudas: “Ni lo niego ni lo dejo de negar”.

Destitución ‘fantasma’

Otro punto de fricción se debió a su supuesta destitución, que según el diputado de Más Madrid Eduardo Gutiérrez fue anunciada por el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, en La Sexta en julio de 2019. Pedro Embid, por el contrario, asegura que la presidenta de Avalmadrid sólo le comunicó el 5 de julio que se le estaban buscando posibles sustitutos. “Me pareció bien, sólo le pedí celeridad porque la interinidad no es buena para las empresas y porque se avecinaba un cambio de gobierno que podía dejar descabezada Avalmadrid sin sus dos principales directivos [Rosario Rey y él]”, recordó. Como motivos para su cese, Embid indicó que le habían referido “la reducción del número de operaciones” que estaba sufriendo la sociedad de garantías por el “ruido mediático y el daño reputacional” que le estaban infligiendo las noticias sobre las supuestas irregularidades.

El 29 de agosto de 2019, Rosario Rey fue, en efecto, destituida de su cargo, pero Pedro Embid continuó. “Me tuve que quedar en Avalmadrid para reunirme con los bancos, que estaban alarmados”, después de que ese mismo verano dimitiera el consejero independiente, Orlando García, y otro más “se prejubilara”. “Si me voy en ese momento”, añadió, “Avalmadrid se queda sin firma, no se hubieran podido pagar las nóminas, la luz y los requerimientos de pago de avales de los bancos”. Embid reveló que, como resultado de la alarma suscitada, “algunos bancos” han cerrado los convenios que tenían con la sociedad de garantías para ofrecer condiciones especiales a sus clientes. “El colapso habría sido irreversible”, sentenció.

Según publicó también este periódico, los representantes de Santander y Caixabank, socios protectores de Avalmadrid, abandonaron el Consejo de Administración el año pasado, el primero en septiembre y el segundo en mayo, en los meses de las turbulencias descritas por Pedro Embid. Aunque ambas entidades negaron que su decisión estuviera motivada por la revelación de las anomalías de funcionamiento de la sociedad de garantías.

En realidad, la Consejería de Economía no tardó mucho en reemplazar a Rosario Rey. El 10 de septiembre nombró presidente de Avalmadrid a Isaac Martín BarberoIsaac Martín Barbero, viceconsejero a las órdenes de Manuel Giménez. El vacío de poder duró sólo 12 días.

Casi 63 millones de euros de dinero público desde 2004

Pedro Embid ha sido el único de los comparecientes que hasta el momento ha llevado papeles a la comisión para detallar cifras concretas. También es el primer cargo en activo de Avalmadrid en acudir a la comisión. Así, por ejemplo, cifró en 21,7 millones de euros las cantidades aportadas por la Comunidad de Madrid desde 2004 hasta 2019 para dotar el Fondo de Provisiones Técnicas de la sociedad de garantías. Las contribuciones a los fondos específicos –por ejemplo, para ayudar a pymes o autónomos de ciertos sectores– suman otros 25 millones en ese mismo periodo. Si a esas cantidades se le suman los 16,1 millones que puso la Comunidad de Madrid como capital, la cifra total de dinero público que ha recibido Avalmadrid en los últimos 15 años asciende a 62,8 millones de euros.

También reveló que desde 2017 sólo la Comunidad de Madrid ha realizado aportaciones al Fondo de Provisiones Técnicas, que forma parte del patrimonio de la sociedad y no puede ser inferior al 1% del riesgo vivo –de los avales en vigor– de Avalmadrid. Antes de esa fecha, Caja Madrid –el segundo socio protector tras la Comunidad, relevada por Bankia desde 2010– sumaba contribuciones para ese mismo fondo por importe de 14 millones de euros. “Si al presidente de Avalmadrid lo nombra la Comunidad, si al Fondo de Provisiones Técnicas sólo aporta la Comunidad de Madrid, si los fallidos se reavalan con dinero público, si además tiene vocación de servicio público para ayudar a las pymes y los autónomos, y carece de ánimo de lucro [Embid acababa de explicar que todos sus beneficios pasan a engrosar el Fondo de Provisiones Técnicas]… entonces, ¿cómo se puede negar el carácter público de Avalmadrid?”, le planteó el diputado de Vox José Luis Ruiz Bartolomé. “No voy a valorar esa cuestión”, eludió de nuevo la respuesta Pedro Embid, “soy un profesional, ése es un tema de ustedes”. Las dudas sobre el carácter público o privado de la sociedad de garantías ha ocupado buena parte de las intervenciones y debates en las tres primeras sesiones de la comisión.

Este martes también compareció en la Asamblea Javier Gilsanz, autor del informe que Avalmadrid encargó a PricewaterhouseCoopers sobre las implicaciones penales de las irregularidades destapadas por el Banco de España. Gilsanz se negó a contestar todas las preguntas que le formularon los diputados, amparándose en el secreto profesional.

La expresidenta de AvalmadridRosario Rey aprovechó este viernes su comparecencia en la comisión que investiga las supuestas irregularidades descubiertas en la entidad semipública para desvincularse del informe que la propia sociedad de garantías encargó al bufete Racmo Gestión y que exoneraba de responsabilidad penal a Isabel Díaz Ayuso en relación con el aval concedido a la empresa de sus padres. “Ese informe no lo encargué yo”, declaró tajante Rosario Rey, que presidió Avalmadrid entre octubre de 2015 y agosto de 2019. Según dijo, ese documento tampoco “pasó” por el Consejo de Administración de la sociedad. Cuando los diputados le preguntaron quién lo había encargado entonces, Rey respondió que, si no rebasaba determinado importe, podía pedir un análisis de ese tipo el director general o el Comité de Morosidad.

En 2019 Avalmadrid encargó a Racmo Gestión dos informes a medida con un doble objetivo: evitar la vía penal en el caso Ayuso y echar la culpa de las graves negligencias cometidas durante siete años por los máximos responsables de la entidad a un abogado de Cobralia, la empresa que utilizaba entonces la sociedad de garantías para el recobro de deudas.

Según publicó infoLibre, Racmo Gestión España es la empresa que acababa de firmar –en junio de 2019– un contrato con Avalmadrid para encargarse del cobro de deudas. Es decir, la compañía que ha sustituido a Cobralia en esa tarea. Su presidente, y quien firma los dos documentos es Alfonso Cabeza Navarro-Rubio, hijo del famoso presidente del Atlético de Madrid en los años 80 y abogado con más de dos décadas de experiencia en la gestión del cobro de deudas. No es un penalista. El análisis que hizo sobre la posible responsabilidad penal de los avalistas del aval impagado del caso Ayuso ocupa exactamente 23 líneas, poco más de medio folio.

Además de este informe, la sociedad de garantías también le pidió que se pronunciara sobre la posible actuación negligente de Cobralia, pese a que Racmo Gestión no sólo es uno de sus competidores, sino que además acababa de firmar un contrato con Avalmadrid para prestarle el mismo servicio.

El análisis sobre el aval de MC Infortécnica SL fue filtrado a Libertad Digital, el periódico online de Federico Jiménez Losantos, el 13 de agosto de 2019, el mismo día que Isabel Díaz Ayuso se presentaba a la sesión de investidura como presidenta madrileña.

Ese documento exonera a la presidenta de la Comunidad de Madrid de un delito de alzamiento de bienes. Primero examina la “situación de los avalistas” de MC Infortécnica SL, los cuatro matrimonios dueños de la empresa, entre ellos los padres de Díaz Ayuso. La conclusión es que la “ausencia de solvencia es patente”. Lo curioso es que Racmo sólo analiza la situación de un avalista: Isabel Ayuso Puente , la madre de la presidenta. Después estudia la mejor opción para reclamar a los morosos por la vía civil. Y su conclusión es que procede presentar una demanda de ejecución de títulos no judiciales.

Finalmente, se ocupa de la cuestión penal. Y lo hace de forma llamativa. La cuestión planteada por Avalmadrid fue la siguiente: “Determinar si hay acción penal posible contra los herederos de los deudores fallecidos”. En la actualidad hay dos avalistas muertos: Leonardo Díaz Álvarez, el padre de Díaz Ayuso, y Juan Manuel Pitarch Divar –a quien en el informe unas veces se llama “Pitchar” y otras “Pitcher”, pero nunca por su verdadero nombre–. Los otros seis morosos están vivos. Pero Avalmadrid no preguntó si cabía emprender una acción penal contra ellos. Los juristas consultados por este periódico calificaron de “incomprensible” que se pregunte por unos y no por otros... salvo que se pretenda a toda costa evitar la vía penal, en cuyo caso lo mejor es no preguntar si es posible ir a dicha jurisdicción.

“Riesgo reputacional”

En contraste con el informe encargado a Racmo, Rosario Rey reclamó para sí de forma contundente la iniciativa sobre el informe que la auditoría interna de Avalmadrid elaboró sobre la gestión del recobro del aval a MC Infortécnica SL. “Yo lo pedí”, casi interrumpió a la diputada socialista Pilar Sánchez Acera cuando le preguntó por el documento de julio de 2019 que hizo suyo la Comisión Mixta de Riesgos y Auditoría. Los diputados también le preguntaron por los motivos que le movieron a reclamar ese análisis. Rey explicó que, cuando se publicó en la prensa el supuesto trato de favor concedido a la empresa de los padres de Díaz Ayuso, advirtió en la noticia “aspectos relevantes” que podían suponer un “riesgo reputacional” para Avalmadrid. “Creí que se podía generar un ruido que podía tener un coste de reputación importante para la sociedad”, subrayó.

Aun así, intentó rebajar la importancia del gesto asegurando que había hecho lo mismo con otras operaciones y que el caso de MC Infortécnica SL no lo había comentado en la Consejería de Economía, a la que sí informaba, en cambio, sobre “temas de vital importancia”, o si tenía que tomar “decisiones estratégicas importantes”. Por ejemplo, sí le comunicó el expediente que abrió el Banco de España a Avalmadrid y la denuncia que la propia sociedad presentó ante la Fiscalía a raíz de esa inspección.

Otro tanto ocurrió con los informes que el consejo de administración, que Rosario Rey presidía, encargó a la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC) sobre la venta de la cartera de fallidos a Cobralia. También en esa operación la expresidenta halló aspectos revelantes que podían tener un coste reputacional. De hecho, habló de “posibles irregularidades” que podían “incidir en las cuentas o el patrimonio de Avalmadrid” y conducir a la toma de “medidas penales”. Más adelante declaró terminante que en la época en que ella presidió la sociedad de garantías –2015-2019– “no se vendió ninguna cartera de fallidos”. La operación con Cobralia se firmó en junio de 2012.

El informe de PwC, que lleva fecha de diciembre de 2018, dictamina que son “discutibles” la causa y la finalidad tanto del contrato de venta de la cartera de fallidos como de un contrato de subrogación anterior, de 2010, e igualmente la manera en que fueron formalizados: ambos pueden ser nulos porque su causa fue “ilícita”. Según detalla el documento, en abril y mayo de 2012 Avalmadrid llegó a un acuerdo “presumiblemente verbal” con Fernando Cañellas, presidente de Cobralia, para que éste cobrara los honorarios que la entidad semipública le adeudaba hasta entonces. El esquema consistía en la subrogación de los expedientes y la posterior venta de esa cartera de fallidos, una estructura que resultaba “más favorable fiscalmente” para el presidente de Cobralia, destaca PwC. Si se demuestra que ésa era “la única finalidad de ambos negocios jurídicos”, el contrato de venta y el de subrogación tuvieron “una causa ilícita” y, por tanto, “son nulos de pleno derecho”, concluían los analistas.

“La sociedad debe actuar con total diligencia en el cobro de las deudas”

El caso es que ni Avalmadrid ni Cobralia fueron muy diligentes a la hora de recuperar los 400.000 euros del aval que MC Infortécnica SL dejó sin devolver. Así se lo recordaron los diputados a Rosario Reyes.

La empresa de los padres de Díaz Ayuso no reintegró ni la primera cuota del aval, que debía abonar el 15 de diciembre de 2011. Por entonces ya estaba en quiebra: sólo tres meses después de embolsarse los 400.000 euros dejó de pagar las nóminas de los trabajadores y el 23 de septiembre de aquel año despidió a la práctica totalidad de la plantilla. El 2 de abril de 2012, el Comité de Morosidad de Avalmadrid decidió regularizar el importe vencido e impagado —100.000 euros de principal más los intereses, que en ese momento ya superaban los 6.000 euros—, ejecutar la hipoteca sobre una nave del pueblo abulense de Sotillo de la Adrada y embargar los bienes de los avalistas. Pero no hizo nada. Hasta que en noviembre de ese año entregó el expediente a Cobralia para que recuperara el dinero. En 2015, tres años después, esta empresa pidió instrucciones a Avalmadrid sobre cómo proceder contra los accionistas de MC Infortécnica SL e incluso propuso dos posibles vías de acción. Pero la sociedad de garantías no contestó. El resultado fue que durante siete años Avalmadrid no actuó contra los avalistas morosos, que mientras tanto, en varias operaciones de posible alzamiento de bienes, se han deshecho de todo el patrimonio con el que respaldaron la operación de MC Infortécnica SL.

Al respecto Rosario Rey recalcó que las empresas externas encargadas por Avalmadrid de recuperar las deudas están “obligadas a hace todo lo que les dicta” la sociedad de garantías. Como fue Avalmadrid la que no contestó a las propuestas de Cobralia, la expresidenta expresó su descuerdo con “esa práctica”. “La sociedad debe actuar con total diligencia en el cobro de las deudas”, sostuvo. Lo mismo remachó sobre el Comité de Morosidad: “Lo que aprueba debe cumplirse”.

Eso sí, Rosario Rey respondió con evasivas a una pregunta clave que le planteó el diputado Eduardo Gutiérrez, de Más Madrid: si Avalmadrid lleva ocho años sin actuar contra los avalistas, y de ese periodo Rey fue presidenta durante cuatro años, ¿no le toca acaso una parte alícuota de la responsabilidad por esa actuación negligente?

La denuncia ante la Fiscalía

Tras comunicar el Banco de España los resultados de su expediente y proponer sanciones de 667.000 euros a una quincena de consejeros y ejecutivos, así como a la propia Avalmadrid, el consejo de administración que presidía Rosario Rey encargó un informe más, a Forest Partners. En este caso, la consultora debía analizar los 167 avales en los que el Banco de España había descubierto irregularidades. Ese documento destapó los avales que Avalmadrid había concedido a empresas vinculadas con miembros de su consejo de administración o con el PP. Acto seguido, Avalmadrid presentó una denuncia ante la Fiscalía contra algunas de las personas mencionadas en el expediente del Banco de España. Que el ministerio público terminó archivando al considerar prescritos los posibles delitos.

Sin embargo, ese movimiento no fue pacífico en el interior de la sociedad de garantías. Los diputados le preguntaron a Rosario Rey por qué su director general, Pedro Embid, se negó a firmar aquella denuncia. La expresidenta no contestó y remitió a los grupos al propio Embid. Sólo mencionó unos “motivos personales”. La diputada socialista Pilar Sánchez Acera le mostró su sorpresa por el hecho de que, 10 meses después de aquella discrepancia, Pedro Embid siga siendo el director general de Avalmadrid. “Pero usted ya no esté allí”, apuntó. “Eso debería contestarlo el actual consejo de administración”, se limitó a contestar Rey.

Rotellar no recuerda, Carrasco no conoce

En la comisión también compareció otro presidente de Avalmadrid, José María Rotellar, que apenas contestó a las preguntas de los diputados. “No recuerdo”, “no tengo constancia” fueron las respuestas que dio a casi todo lo que le fue planteado. También aseguró que no estaba en “el día a día” de la empresa, por lo que no podía dar información sobre operaciones concretas. Se trata de la misma línea que siguieron los otros dos expresidentes que comparecieron en la comisión el pasado diciembre, Eva Piera y Juan Luis Santos-Suárez. Así, no recordaba ningún detalle sobre los cinco avales por importe total superior a los tres millones de euros que Avalmadrid concedió al Grupo Cantoblanco, propiedad del expresidente de la patronal madrileña CEIM Arturo Fernández. Es una de las operaciones señaladas por el Banco de España.

Tampoco recordaba nada de los diferentes avales otorgados a empresas participadas por Capital Riesgo Madrid –participada por ImadeImade (Instituto Madrileño de Desarrollo, perteneciente a la Comunidad de Madrid), Caja Madrid, CEIM y la Cámara de Comercio de Madrid, todos ellos a su vez socios protectores de Avalmadrid–, igualmente incluidos en el expediente del supervisor financiero. O del aval aprobado para Madrid Network, una entidad privada que también dirigió Rotellar, cuando éste se sentaba en el consejo de administración de Avalmadrid –entre 2008 y 2014–.

José María Rotellar admitió que mantiene“una cierta amistad” con Isabel Díaz Ayuso desde 2006, cuando la conoció “en Navacerrada”. Con ella “coincidió” en Madrid Network, donde también trabajó la hoy presidenta madrileña.

Antes había comparecido en la comisión Antonio Carrasco Reija, que como secretario general técnico de la Consejería de Economía había ocupado un puesto de vocal en el consejo de administración de Avalmadrid entre 2015 y 2019 y antes había sido interventor de la Comunidad de Madrid. Carrasco negó en dos ocasiones conocer a Jesús Juan Ciro Martín Sanz, vicepresidente de la patronal CEIM, consejero de Avalmadrid y, al mismo tiempo socio –con un 5% del capital– y padre del accionista mayoritario de la empresa Cubenube SL, una de las analizadas tanto por el Banco de España como por la consultora Forest Partners por sus vinculaciones.

Pese a la insistencia del diputado de Vox José Luis Ruiz Bartolomé, Antonio Carrasco rechazó cualquier conexión con Martín Sanz, pese a que ambos compartieron en la misma época, 2016, dos consejos de administración: el de Avalmadrid y el del Centro de Transportes de Coslada, una sociedad pública participada por la Comunidad de Madrid, la Cámara Oficial de Comercio de Madrid y el Ayuntamiento de ese municipio madrileño. Forest Partners dictamina que el aval nunca debió concederse no sólo por las vinculaciones entre la empresa y el consejero de Avalmadrid, sino también porque Cubenube incumplía su plan de negocio y no presentó garantías suficientes.

Los grupos de la oposición van a pedir en la Asamblea de Madrid que vuelvan a comparecer en la comisión que investiga las supuestas irregularidades de Avalmadrid sus expresidentes Eva Piera y Juan Manuel Santos-Suárez, después de que infoLibre haya publicado los correos y actas que demuestran que ambos mintieron en sus intervenciones ante los diputados el pasado 17 de diciembre. La iniciativa va a ser secundada por el PSOE, Más Madrid, Unidas Podemos y Vox, según han explicado a este periódico sus representantes en la Asamblea regional. Ciudadanos no descarta unirse también a la petición, ha indicado a este periódico la diputada Ana Isabel García.

“Queremos darles la oportunidad de que ahora digan la verdad”, apuntó la diputada socialista Pilar Sánchez Acera. El representante de Unidas Podemos Jacinto Morano destacó que existen “evidencias documentales” de que Piera y Santos-Suárez mintieron, y declarar en una comisión parlamentaria “equivale a una declaración judicial”. Como “un delito de falso testimonio” calificó lo ocurrido el diputado de Más Madrid Pablo Gómez Perpiyá. El representante de Vox José Luis Ruiz Bartolomé, por su parte, anunció su apoyo a la iniciativa para que ambos directivos se expliquen.

Las comparecencias de Eva Piera, que presidió Avalmadrid entre 2006 y 2008 para continuar como vocal del consejo de administración hasta 2011, y Juan Manuel Santos-Suárez, presidente de la sociedad de garantías de 2008 a 2012, inauguraron los trabajos de la comisión creada para investigar las irregularidades destapadas por las inspecciones del Banco de España y las informaciones publicadas por este periódico. La primera negó en todo momento haber tenido conocimiento de operaciones concretas de Avalmadrid. El segundo se desentendió por completo del aval que concedió la entidad semipública a MC Infortécnica SL, la empresa de la que eran socios los padres de la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, asegurando que no había asistido a ninguna reunión del Comité de Morosidad donde se analizan los impagos.

Sin embargo, infoLibre ha tenido acceso a decenas de correos de Eva Piera en los que pide datos de operaciones concretas a los principales ejecutivos de Avalmadrid, así como al acta de una reunión del Comité de Morosidad firmada por Santos-Suárez de su puño y letra.

El Código Penal, en su artículo 502, castiga “con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses” a quien, convocado ante una comisión parlamentaria de investigación, “faltare a la verdad en su testimonio”.

18 operaciones por las que se interesó Eva Piera

La Asamblea madrileña creó el año pasado una comisión de investigación para aclarar las presuntas irregularidades cometidas en Avalmadrid, una sociedad de garantía recíproca donde la Comunidad de Madrid es el accionista mayoritario con el 26,1% del capital. Entre ellas, según desveló este periódico, sea encuentra el aval de 400.000 euros concedido en 2011 a MC Infortécnica SL, empresa propiedad de cuatro matrimonios, entre ellos los padres de Díaz Ayuso. MC Infortécnica SL no devolvió ni un euro, pero Avalmadrid no actuó contra los socios de la empresa, que habían afianzado con todo su patrimonio personal la operación. No sólo eso, sino que Avalmadrid permitió que los avalistas se deshicieran de todos sus bienes sin responder de los 400.000 euros. [Puedes consultar aquí todas las informaciones de este periódico sobre el caso Ayuso]

Eva Piera puso en contacto a Díaz Ayuso con un directivo de Avalmadrid para que le facilitase información sobre la operación de MC Infortécnica SL. Ayuso sabía que la empresa no iba a devolver el dinero y temía que sus padres perdiesen sus propiedades. Esa labor de intermediaria se produjo el 13 de julio de 2011, cuando Piera era viceconsejera de Economía en el Gobierno de Esperanza Aguirre y consejera de Avalmadrid. En sus respuestas a los diputados, dijo hasta en nueve ocasiones que ella jamás había tenido conocimiento de “operaciones concretas”. “No tengo conocimiento ni nunca lo he tenido de operaciones concretas en Avalmadrid”, aseguró una y otra vez. [Puedes consultar aquí la comparecencia íntegra de Eva Piera]

Los correos a los que ha tenido acceso infoLibre demuestran lo contrario. Eva Piera pedía información de manera habitual sobre determinadas operaciones de Avalmadrid a sus tres principales ejecutivos en aquella época: el consejero delegado, Juan Luis Fernández-Rubíes, con quien mantenía una relación más fluida; el presidente, Juan Manuel Santos-Suárez, y el director de Relaciones Institucionales, Carlos Ramos, que fue quien recibió el encargo de atender a Ayuso.

Todos los correos son del periodo que va septiembre de 2011 a febrero de 2012, es decir, justo en la época en que Avalmadrid avaló a MC Infortécnica SL –marzo de 2011–, esta empresa no devolvió ni la primera cuota del préstamo –diciembre de 2011– y el Comité de Morosidad decidió actuar contra los bienes de los avalistas –abril de 2012–, aunque esa decisión jamás se llevó a efecto. En esos correos, Piera se interesa por 18 operaciones concretas, en algunos casos de forma reiterada.

En uno de los mensajes que intercambia con Fernández-Rubíes, Piera llega a mostrar cierto cansancio por la gran cantidad de favores que le toca gestionar: “En fin, ya ves, para la tarde, los recados de siempre... Siento estar tan decaída y transmitirlo con tanta crudeza como lo hice ayer, pero hay días donde ya es mucho el cúmulo del cansancio, los problemas y ni una buena noticia, y los pedidos de interés...”, escribe el 26 de octubre de 2011. El consejero delegado le contesta en la misma línea: “En definitiva, y también en mi caso el cansancio, los problemas, el no haber una sola buena noticia, los pedidos de interés ‘infumables’ son una constante”. Hay pocas dudas sobre lo que son los “pedidos de interés infumables”, en su propia terminología, puesto que en los textos donde figuran esas frases se habla de tres operaciones concretas de Avalmadrid.

“Yo no iba a esas reuniones del Comité de Morosidad”

Por su parte, Juan Manuel Santos-Suárez afirmó en la comisión parlamentaria que no tenía dato alguno ni de la operación de aval concedida a MC Infortécnica SL, ni de los motivos por los que el Comité de Morosidad había permitido que los avalistas se deshicieran de su patrimonio sin hacer nada. Y todo ello pese a que ese comité estaba presidido por él mismo. La explicación que dio fue la siguiente: en la operativa diaria estaba el consejero delegado y él ni siquiera acudía a las reuniones del Comité de Morosidad, pese a que era su presidente. “Yo no iba a esas reuniones del Comité de Morosidad”, insistió. La verdad es que la propuesta de la reunión del Comité de Morosidad celebrada el 2 de abril de 2012, en la que se analizó el expediente de MC Infortécnica SL, está firmada por el propio Santos-Suárez.

Santos-Suárez, que ahora es consejero de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), también faltó a la verdad de forma evidente en otro momento de la comisión. El diputado de Más Madrid Eduardo Gutiérrez le preguntó si en 2012 se había dirigido a un alto cargo del Gobierno de Esperanza Aguirre “diciendo que Avalmadrid tendría que ser disuelta o bien habría que aportar 10 millones de euros”. “No. Nosotros nunca nos dirigimos...”, respondió el compareciente. Este periódico ha tenido acceso a un correo de Santos-Suárez, enviado a Piera el 24 de julio de 2012, donde le dice exactamente lo que le había planteado el diputado de Más Madrid. [Puedes consultar aquí la comparecencia íntegra de Juan Manuel Santos-Suárez]

Este periódico envió a Eva Piera y a Juan Manuel Santos-Suárez una serie de preguntas relacionadas con sus afirmaciones falsas ante la comisión parlamentaria [puedes ver el contenido exacto de las preguntas en La Caja Negra, al final de esta información].

Piera se negó a responder. Santos-Suárez señaló lo siguiente: “Comparecí en la Comisión cumpliendo con mi responsabilidad y en ella contesté a todas las preguntas según mi recuerdo de lo que sucedió hace ocho años”.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso entregó a la comisión que investiga las supuestas irregularidades en Avalmadrid un listado de los fondos que la Comunidad madrileña destinó a esta sociedad de garantía recíproca que sumaba 29,55 millones de euros. Pese a que los diputados de la Asamblea regional le pidieron los datos sobre todas las partidas asignadas a Avalmadrid desde 2007, el año en que ha delimitado la comisión sus trabajos, el Ejecutivo madrileño sólo envió información sobre las subvenciones concedidas desde noviembre de 2009.

Pero, como ha publicado este periódico, ya con anterioridad a esa fecha, Avalmadrid también había recibido importantes cantidades de dinero público. Así consta en la propia página web de la sociedad de garantías y en sus informes anuales. Avalmadrid explica que, en virtud del convenio que firmó con la Comunidad de Madrid y Caja Madrid en 2005, ambas instituciones aportaron un total de 48 millones de euros hasta 2008, a partes iguales: 24 millones cada una, a razón de ocho millones anuales.

En 2009, según esas mismas fuentes, la Comunidad de Madrid volvió a aportar ocho millones de euros a Avalmadrid, y Caja Madrid otros tantos. Ese mismo año, la web informa de otras subvenciones: 1,5 millones de euros a través de los Programas de Apoyo a las Mujeres Empresarias y 600.000 euros a través del Programa de Innovación Tecnológica. “Se establece así una estrecha vinculación entre la financiación pública y la política de productos promovidos por Avalmadrid”, resalta la página web. Estas cantidades, sin embargo, no aparecen en la relación de partidas suministradas por el Gobierno regional a la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid.

infoLibre ha preguntado a la Consejería de Economía –cuyo viceconsejero preside Avalmadrid– por la divergencia entre ambas fuentes de información y este departamento le ha remitido a Hacienda, la consejería, según explica, que elaboró el documento remitido a la Asamblea de Madrid. Un portavoz de Hacienda reconoce que, en efecto, faltan partidas en la documentación enviada a la comisión y atribuye su ausencia a un “error material”. También al hecho de que Avalmadrid ha cambiado de CIF a lo largo de los años. “Son datos de hace mucho tiempo, cuando se utilizaba una base de datos antigua”, indica el portavoz. Hacienda dice también que ha enviado a la Asamblea “una ampliación de la información” facilitada, con las subvenciones entre 2007 y 2008 que han encontrado ahora, tras las preguntas de este periódico,pero que no figuran en la primera lista proporcionada a la comisión de investigación.

Sobre los convenios firmados por Economía y Caja Madrid con la sociedad de garantías en 2005 y 2009, Hacienda señala que no tiene acceso a ellos, pero que los ha solicitado para su comprobación.

Las cifras de la Consejería de Economía

Al mismo tiempo, este periódico ha solicitado al Gobierno de Madrid, a través de su Portal de Transparencia, el listado completo de las subvenciones y aportaciones económicas de cualquier tipo recibidas por Avalmadrid desde su fundación en 1985 hasta la actualidad. Tanto las concedidas por la Consejería de Economía –de la que depende la sociedad de garantías y con la que firma sus convenios– como por cualquiera de sus organismos. Según la información remitida por esa consejería, actualmente en manos de Ciudadanos, Avalmadrid recibió un total de 46,88 millones de euros de dinero público.

Las aportaciones se dividen en tres tipos: suscripciones del capital social de Avalmadrid, fondos y líneas de bonificación a pymes y autónomos con cargo al presupuesto de la Consejería de Economía y el convenio de reafianzamiento que la Comunidad de Madrid firmó con la sociedad de garantías en octubre de 2011.

Desde 1982 y hasta 2007, la Comunidad de Madrid aportó 16,71 millones de euros por su participación accionarial en Avalmadridparticipación accionarial en Avalmadrid, que en la actualidad equivale a un 26,1% del capital –aunque llegó a representar más del 33% hace una década–. Así, al presidente de Avalmadrid lo nombra la Consejería de Economía, el accionista mayoritario, y tanto él como los otros dos representantes de la Comunidad en el consejo de administración son altos cargos de ese departamento.

Respecto a los fondos y líneas de bonificación, la Consejería de Economía sólo facilita las consignadas a partir de 2011. Son de tres clases. Un total de 9,41 millones de euros corresponden a aportaciones al fondo de provisiones técnicas de Avalmadrid, que forma parte del patrimonio de la entidad y sirve para reforzar su solvencia. Estas cifras concuerdan con las facilitadas a la comisión de investigación de la Asamblea por la Consejería de Hacienda, según ha comprobado este periódico.

A esa cantidad hay que sumarle otros 13,05 millones de euros en fondos de provisiones técnicas específicas para autónomos en activo y desempleados, cooperativas y sociedades laborales. Estas partidas, que se desembolsaron únicamente en 2017 y 2018, no se corresponden con las cantidades del listado enviado a la comisión por Hacienda: en éste faltan 2,05 millones que sí aparecen en los datos de Economía.

Finalmente, las líneas para bonificar los costes de financiación de pymes y autónomos supusieron un desembolso de 5,23 millones de euros en 2011 y 2012, otra cifra que tampoco coincide con las facilitadas a la Asamblea. Economía informa de 3,8 millones de euros adicionales que no figuran en las cuentas de Hacienda.

En total, desde 2011 hasta febrero de 2020 el Gobierno madrileño concedió a Avalmadrid 27,7 millones de euros en este tipo de aportaciones, siempre según las cuentas de la Consejería de Economía.

Convenio de reafianzamiento

La tercera fuente de dinero público de la sociedad de garantías en estos años fue el convenio de reafianzamiento firmado en octubre de 2011, por el que la Comunidad de Madrid cubría el riesgo asumido por Avalmadrid en la concesión de los avales. Si las empresas no devolvían el dinero de los préstamos que conseguían en los bancos –gracias a la garantía otorgada por Avalmadrid–, la Comunidad cubría el fallido junto con la empresa pública de reafianzamiento Cersa. Por los 51 avales impagados de 2011 –el convenio no fue renovado–, el Gobierno autonómico ha desembolsado 2,46 millones de euros.

Una de esas operaciones reavaladas y no pagadas por las que la Comunidad de Madrid tuvo que poner el dinero fue la firmada con MC Infortécnica SL, la empresa propiedad de los padres de la presidenta, Isabel Díez Ayuso. Lo hizo el 3 de marzo de 2016, cuando el Gobierno regional estaba presidido por Cristina Cifuentes, y la cantidad que abonó a Avalmadrid ascendió a 102.030,55 euros, el 25% –más los intereses– del aval de 400.000 euros concedido a la empresa.

Ese importe reavalado fue el cuarto más voluminoso de todos los desembolsados por la Comunidad de Madrid en virtud del citado convenio.

Así, Avalmadrid reavalaba tres de cada cuatro operaciones de aval que aprobaba. Su límite es de 625.000 euros por empresa. Y de 80 millones de euros en total. Según su último informe anual, la sociedad de garantía madrileña tenía reavalados a 31 de diciembre de 2018 un total de 163,5 millones de euros, de los cuales la Comunidad de Madrid asume 4,5 millones.

De ese conjunto de operaciones, la Comunidad ha tenido que abonar hasta el momento 2,46 millones de euros para cubrir un total de 51 fallidos, operaciones cuyo importe no fue devuelto por las empresas avaladas en 2011. Según la información facilitada a infoLibre por el propio Gobierno madrileño, el convenio firmado ese año se tradujo en el reaval de 464 operaciones que suman 87,26 millones de euros.

Una de esas operaciones reavaladas y no pagadas por las que la Comunidad de Madrid tuvo que poner el dinero fue la firmada con MC Infortécnica SL, la empresa propiedad de los padres de la presidenta, Isabel Díez Ayuso. Lo hizo el 3 de marzo de 2016, cuando el Gobierno regional estaba presidido por Cristina Cifuentes, y la cantidad que debió abonar a Avalmadrid ascendió a 102.030,55 euros, el 25% –más los intereses–del aval de 400.000 euros concedido a la empresa.

Ese importe fue el cuarto más voluminoso de todos los abonados por la Comunidad de Madrid en virtud del citado convenio de 2011. Los cuatro mayores desembolsos para cubrir impagos suman el 73,26% del dinero público destinado hasta ahora a este fin. El fallido que mayor desembolso supuso para las arcas madrileñas fue el de Tallelec SL, una empresa de instalaciones eléctricas a la que Avalmadrid concedió un aval de 1,6 millones de euros. El reaval de la Comunidad de Madrid era del 71% de esa cantidad, por lo que la administración autonómica tuvo que pagar 1,1 millones de euros para cubrir la deuda. El administrador único de Tallelec SL desde octubre de 2012 era Antonio Santos García, vicepresidente de Asuntos Económicos y Tesorero de la Real Federación de Fútbol de Madrid hasta el pasado día 7, cuando presentó su dimisión.

El pasado mes de junio Santos García y el presidente de la federación madrileña, Francisco J. Díez Ibáñez, fueron denunciados por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), por apropiación indebida, administración desleal y corrupción. Se les acusa de toda una serie de irregularidades, desde la venta sin autorización de la sede de la federación madrileña hasta la adjudicación de contratos a personas vinculadas a directivos e incluso el cobro inflado de dietas y sueldos. Este periódico ha intentado en varias ocasiones, sin éxito, ponerse en contacto con Antonio Santos para recabar información sobre Tallelec SL, que entró en concurso de acreedores en marzo de 2013.

Relojes de lujo

La segunda empresa por la que debió pagar más dinero la Comunidad de Madrid fue Valentín SA, dedicada a la venta de relojes de lujo. Avalmadrid también le otorgó un aval de cuantía muy elevada, un millón de euros, que fue reavalado por la Comunidad en un 44%. Al no poder devolver ese importe y declararse en concurso en septiembre de 2013, la Hacienda madrileña abonó 367.202,44 euros. Valentín SA ha tenido como apoderado a Valentín López Haba y como administrador único a su hermano Roberto, hasta que entró en concurso. Fue extinguida en noviembre de 2017.

Roberto López Haba declaró en el juicio del caso Tándem, la investigación sobre las actividades ilegales del excomisario José Manuel Villarejo. En concreto, lo hizo en defensa del excomisario del aeropuerto de Barajas Carlos Salamanca, amigo de Villarejo. Según publicó en su día Vozpopuli, López Haba aseguró que en las navidades de 2012 había tocado la lotería en su empresa y que había repartido el premio “con los trabajadores y con amigos”, entre ellos tanto el policía como un empresario imputado, por regalar a Salamanca un reloj Rolex a cambio de favores.

El tercer mayor pago de la Comunidad de Madrid para cubrir fallidos tuvo como beneficiario El Asador de Enrique SL, un restaurante y hotel situado en el barrio madrileño de Villaverde que entró en concurso en septiembre de 2013. Fue reavalado en un 64% de los 500.000 euros que recibió, por lo que la Comunidad debió pagar 228.205,85 euros a la sociedad de garantías cuando El Asador de Enrique SL no pudo devolver el importe del aval.

Los siguientes de la lista fueron cubiertos con importes mucho menores. Fernández Ciudad SL, una empresa del expresidente de la Federación Empresarial de Industrias Gráficas de España, Eladio Muñoz Ramírez, recibió 75.279 euros, a O-Kyaku Europe Consulting SL se le pagó 72.296 euros y a Grupo Trimagen SL le fueron abonados 67.094 euros. Por debajo de esos tres nombres, los desembolsos por avales impagados no superan los 39.000 euros.

Un aval concedido sólo porque contaba con el reaval de la Comunidad

Pero de todos los avales reafianzados por la Administración madrileña el de mayor volumen fue el aprobado para el Club Social Santo Domingo SL, una operación que ascendió a 4,2 millones de euros. La Comunidad de Madrid la reavaló en un importe muy elevado, el 65%, y Cersa cubrió otro 10%. Este aval fue uno de los señalados por el Banco de España en el informe que tuvo como resultado una sanción de 95.000 euros a Avalmadrid y que aún debe resolverse en lo que a las sanciones propuestas para una quincena de sus consejeros y directivos se refiere. El organismo supervisor encontró irregularidades en un total de 167 operaciones. En concreto, en la del Club Social Santo Domingo descubrió que Avalmadrid no revisó sus riesgos con la periodicidad exigida por sus propias normas: semestralmente para riesgos superiores a un millón de euros y para riesgos en seguimiento especial. Además, los informes de seguimiento que hizo eran deficientes.

Posteriormente, en el informe que la propia Avalmadrid encargó a la consultora Forensic Partners para reevaluar esos 167 avales sospechosos, los analistas concluyen que la cuantía del aval para el Club Social Santo Domingo era “muy elevada en comparación con el importe medio” de las operaciones y que “no había razones económicas” para concederlo, ya que el expediente carecía de plan de negocio. Sólo se había presentado una cuenta de pérdidas y ganancias a tres años, lo que el informe considera “insuficiente”. Es más, asegura que esa carencia es “síntoma” de que el aval fue aprobado únicamente “por la garantía hipotecaria [un inmueble cuya tasación se redujo de 9,3 millones de euros a 2,3 millones] y por el reaval de la Comunidad de Madrid por un 65%”, un porcentaje que califica de “excepcional”.

El club social sólo presentó cuentas de 2010 y 2011, con pérdidas de 2,03 millones de euros y unos ingresos de únicamente 45.000 euros. Entró en concurso de acreedores en junio de 2013. A fecha de febrero de 2019, el aval tenía aún la calificación de moroso, con una deuda que suma a los 4,5 millones del aval otros 566.000 de intereses. Pero aún no había sido declarado fallido, por lo que ni la Comunidad de Madrid ni Cersa han tenido que cubrir todavía el impago.

Entre las operaciones con reaval de la Comunidad de Madrid y, además, con un porcentaje muy elevado de reafianzamiento, destacan las cinco concedidas a Construcciones Ruesma. Suman 1,46 millones de euros y cuatro de ellas fueron reavaladas por la Comunidad de Madrid en más de un 72%; la quinta, también en una cuantía elevado, un 64%. Eso sí, ninguno de estos avales ha sido declarado fallido.

Una política de reaval cuestionada por el Banco de España

La gestión del reafianzamiento realizada por Avalmadrid fue uno de los objetos de reproche del Banco de España en su informe. De hecho, el supervisor bancario envió un requerimiento a la sociedad de garantías para que cambiara su política de reavales: en las inspecciones que había llevado a cabo encontró 78,4 millones de euros en operaciones que carecían de reafianzamiento.

Avalmadrid se comprometió entonces con el Banco de España a implantar a partir del 1 de enero de 2013 un límite de reaval por operación financiera de un millón de euros. Pero tardó 19 meses en aplicarlo. Mientras tanto, continuó autorizando operaciones que superaban ese máximo. Su consejo de administración incluso aprobó un acuerdo para elevar el límite en un 75% y que pudiera también superarse en caso de novaciones, reafianzamientos y restructuraciones de avales en vigor, según destaca el informe del Banco de España. De esta forma, continúa el documento, mientras el reaval de algunas operaciones excedía el tope de riesgo recomendado por el supervisor bancario, otras se quedaban sin él porque Avalmadrid había agotado a mitad de ejercicio el importe anual concedido para ello por Cersa y la Comunidad de Madrid.

Ése es uno de los motivos tras el expediente y la sanción que el Banco de España le ha impuesto: ni aplicó en tiempo y forma un mandato para reducir la elevada concentración de riesgo que había detectado el supervisor ni mejoró sus mecanismos de seguimiento del riesgo como se le exigió.

La política de reafianzamiento de Avalmadrid cambió a partir de julio de 2014, cuando implantó un límite por operación financiera que debía ser equivalente a las cantidades máximas de reaval estatal y autonómico en cada momento y que Cersa fijó en un millón de euros. En 2018, el 90,5% de los avales –76,6 millones de euros– que concedió Avalmadrid contaban con refianzamiento, según consta en su informe anual.