“Tal y como están las cosas, no creo que vaya a tener jubilación” o “la idea es ir poco a poco hasta poder irme de viaje un par de meses a Australia”. Estas dos opiniones son de Daniela y de Javier, dos jóvenes de 22 años que, preocupados por su futuro, han empezado a invertir en bolsa o en carteras automatizadas.  

“Ya de comprar piso ni hablamos”, cuenta Antonio, un joven que vive con sus padres y trabaja en una fábrica en Madrid, porque para poder acceder a la compra se requieren, según ese informe, unos 14 años de sueldo íntegro. 

El informe de la plataforma digital de inversión eToro, Gestión de la riqueza, patrimonio e inversión 2025, confirma que los inversores de entre 18 y 24 años se han duplicado en los últimos dos años y se acercan al 20% del total, una cifra considerable si se tiene en cuenta que este grupo poblacional representa al 8,5% de los adultos en España.

Hay datos que hacen posible entender este momento inversor entre la Generación Z –aquellos nacidos entre 1996 y 2010–. De acuerdo con el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España, cerca del 85% de los menores de 30 años sigue viviendo con sus padres, mientras que el Informe España 2025 señala que alquilar una vivienda en solitario consume cerca del 92% del salario juvenil.

En este contexto, cada vez más jóvenes recurren a la inversión. Empujados por influencers de todo tipo (incluidos los llamados finfluencers) y por la descarga de adrenalina, han ido pasando del ‘day trading’ –compra-venta de acciones en tiempo real y en el día–, a la inversión a largo plazo. 

Según un informe de Fidelity International, la franja de 18-35 años espera unos retornos a corto plazo del 5,1% y a largo, del 6,7%. El estudio apunta además a que este grupo presenta una mayor tolerancia al riesgo, que tiende a reducirse con la edad.

Patricia García, directora del Máster en Finanzas de ESIC Business & Marketing School e Ignacio Zunzunegui, responsable de crecimiento para el sur de Europa y Latinoamérica de Revolut destacan para infoLibre otro factor clave y es que la tecnología ha transformado la inversión, “la Generación Z la lleva en el ADN”. 

García, que ve a cientos de jóvenes pasar por las aulas cada año, cree que tienen la sensación de que el ahorro de toda la vida no funciona, porque “han crecido escuchando dudas sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones y durante años han visto depósitos con rentabilidades muy bajas, a menudo por debajo de la inflación”, asegura.

Lo que están viendo expertos y entidades es que esta generación invierte para “intentar que sus ahorros no pierdan poder adquisitivo”. Zunzunegui, además, habla de la ‘democratización de la inversión’ porque ahora se puede invertir desde un euro, y “lo que para generaciones anteriores era un terreno opaco, exclusivo de grandes patrimonios o que generaba cierto temor, hoy es una herramienta cotidiana”.

Esa sensación también la tiene Lucía Álvarez, estudiante de Economía, que se inició en el mundo de las finanzas y la Bolsa gracias a su padre. Con 21 años, esta joven, representante de la Generación Z cuenta en el documental de Arte.tv ‘Generación Z y la Bolsa’ que “ahora mismo no entra en mi visión ni un coche ni una Vespa”, pese a que muchos influencers “prometen hacerte rico en dos días con el ‘day trading’”, eso no sucede. Buena cuenta de ello da Pablo que “hasta hace dos días no he podido comprarme una casa, pese a estar algunos años jugando con el corto”. 

Porque, como recuerdan desde ESIC, la exposición y acceso a información financiera, no garantiza un mayor conocimiento. Zunzunegui desde Revolut es claro: “Tener la información a un clic no siempre se traduce automáticamente en un conocimiento profundo”.

Sarah Pritchard, directora ejecutiva de mercados de la Autoridad de Conducta Financiera de Reino Unido, trata de alertar a los jóvenes inversores novatos a través de ‘sus lenguajes’ como Instagram y TikTok de los riesgos de las inversiones.

Pritchard contó en el programa de radio Business Daily de la BBC su preocupación porque "nuestras investigaciones muestran que las personas de entre 18 y 40 años tienen el doble de probabilidad de invertir en inversiones de alto riesgo, pero cuando indagas sobre su tolerancia para el riesgo es, de hecho, baja", señaló.

Pablo, que no quiere desvelar su trabajo actual, ya ha pasado la treintena pero empezó a trabajar a los 22. Hasta hace pocos meses vivía con sus padres y “todo el dinero que ganaba lo invertía en cuentas remuneradas”. 

Comenzó a trabajar como becario en una consultora de las llamadas ‘big four’ y terminó en un banco. Ahora, “aprovechando los productos del banco, los compañeros y la información que manejamos tengo más diversificados todos mis ahorros” y me puedo permitir “fondos indexados, roboadvisor o acciones”, pero “siempre a largo plazo, antes me encantaba el corto, lo sentía como un juego”. 

La Encuesta de Competencias Financieras que elabora el Banco de España cada cinco años muestra que sólo un 19% de los adultos responde correctamente a las tres preguntas financieras básicas que tienen que ver con la inflación, el interés compuesto y la diversificación del riesgo. Esto muestra que hay mucho margen de mejora”, asegura Patricia Stupariu, economista en la División de Educación Financiera del Banco de España.

Y Martins Sulte, CEO de Mintos, una plataforma de inversión con sede en Letonia, insiste en que “la educación financiera sigue siendo una asignatura pendiente” porque existe “una necesidad clara de formación en conceptos básicos como riesgo, rentabilidad, liquidez, diversificación o horizonte temporal”. 

Según las investigaciones del FCA, muchos jóvenes empiezan a realizar inversiones de riesgo como forma de competir con amigos o familiares, o motivados por lo que ven en redes sociales. 

Esto convierte la inversión en un juego y, por tanto, en un peligro cuando se confunde con entretenimiento porque, como recuerda García, “cuando el objetivo es la adrenalina, la probabilidad de tomar malas decisiones aumenta”

Este auge de inversiones ha puesto en alerta a expertos y autoridades que temen que este creciente interés, unido a la especulación financiera, pueda provocar una crisis, como la llamada "burbuja de las puntocom", cuando se derrumbó el índice bursátil Nasdaq, hace dos décadas.

Muchos de estos nuevos inversores tienden a ignorar las estrategias tradicionales, y apuestan por acciones de empresas tecnológicas y de internet, aupadas por los avances en inteligencia artificial o por gustos personales. 

Lesley-Ann Morgan dirigió un estudio global que analizó las tendencias de inversión en más de 20 países para la inversora Schroders Wealth Manahement.

En ese estudio se pregunta qué hay que hacer si los jóvenes, pese a vivir con sus padres, están dispuestos a soportar una caída del 20%, 30% o 40%, como es el caso de las criptomonedas.

Y García alerta del peligro porque desde ESIC y otras entidades financieras “vemos interés por la cripto, por su narrativa tecnológica y por su potencial, pero conviene recordarlo: sigue siendo un activo de alta volatilidad y debería ocupar, si acaso, un porcentaje pequeño dentro de una cartera diversificada”. 

Las cripto se han convertido en una de las inversiones más atractivas para los nacidos entre 1996 y 2010, por su alta volatilidad y por la adrenalina que les provoca “jugar” con un producto tan cortoplacista. Se necesita más conocimiento sobre este activo como recuerdan desde Revolut, que ofrecen cursos teóricos para temáticas concretas como cripto o fraude.

Y otra pregunta interesante, es de dónde sale el dinero: "Si es dinero que necesitas para pagar la renta, por ejemplo, y lo estás usando para lo que, en esencia, es una apuesta, eso es un problema", dice Morgan.

En el Foro Mundial de Davos ya se advirtió del auge de los jóvenes que comienzan a invertir incluso antes de incorporarse al mercado laboral. Según explicaban expertos internacionales, esto está impulsado por la democratización tecnológica, la creciente educación financiera y las redes sociales. Desde Suiza subrayan que el 36% de la generación Z inicia sus inversiones antes de trabajar, una cifra muy superior a la registrada por generaciones anteriores y que ilustra un cambio profundo en la relación de los jóvenes con el dinero y el riesgo.

Sulte plantea los problemas de la Generación Z: “Hablamos de gente joven que entiende cómo el ahorro tradicional pierde valor con la inflación, cómo la vivienda se ha alejado de su alcance y cómo depender solo de un salario ya no garantiza estabilidad financiera”.

Por lo que ahora, los jóvenes buscan opciones para reunir capital y afrontar grandes gastos, como la compra de una vivienda, un vehículo, estudios o viajes.

En la actualidad, esta generación –que es netamente tecnológica– tiene una relación mucho más natural con las plataformas digitales, los comparadores y la información financiera online, “accede con facilidad a productos que antes resultaban más complejos o menos accesibles”, recuerda Sulte.

Y es que hace una década el panorama era diferente porque como explican desde Revolut, “invertir o buscar rentabilidad para los ahorros requería pasar por la sucursal, firmar papeleo interminable y someterse a unas comisiones que, en muchos casos, penalizaban al cliente medio” y ahora desde la llegada de las fintech “cualquiera puede empezar a rentabilizar su dinero o comprar acciones con dos clics desde su propio teléfono móvil y de forma totalmente transparente”. 

García se atreve con una recomendación para los jóvenes “lo más razonable suele ser construir una base a largo plazo con fondos o ETF indexados de renta variable global (por ejemplo, índices amplios), mediante aportaciones periódicas y con comisiones bajas. Eso permite aprovechar el tiempo y el interés compuesto. A partir de ahí, si hay afición y formación, se puede destinar una parte minoritaria a estrategias más tácticas o temáticas”. 

Victoria (65 años) y sus dos nietos menores han tenido que dejar este miércoles la casa en la que residían, en el barrio madrileño de Villaverde, tras una orden de desalojo. Es otra historia cruda que ahonda en la herida social abierta por el problema de la vivienda y que también está marcada por la violencia machista. La madre de las pequeñas fue asesinada en 2023 a manos de su expareja. Era la víctima número 49 de ese año. En 2026 el sistema falla de nuevo, esta vez en forma de desahucio, al haberse ejecutado el lanzamiento de la casa que habitaba la abuela y sus dos nietos de 5 y 10 años. 

“Llamamos a Servicios Sociales, a Samur Social, a la policía, a atención a víctimas, hablamos con representantes políticos y acudimos a otras instituciones, pero todo era un laberinto”, explica Silvia González, de la asociación vecinal La Unidad de Villaverde. “Creo que lo primero que ha fallado es la información —porque esta gente ni siquiera sabe a qué recursos tiene derecho— y también la justicia gratuita, porque su abogada de oficio no se presentó en el desahucio y envió a un procurador”, concluye.

La mujer contaba con un informe de vulnerabilidad, que en este caso, sirvió de poco. “La cuestión de qué es ser vulnerable, de cuándo un juez considera si se debe aplicar o no esta categoría, es una categoría lo suficientemente arbitraria como para que al final los juzgados tengan demasiado margen de maniobra a la hora de ejecutar desahucios”, explica la abogada de CAES y experta en vivienda, Alejandra Jacinto. “Al final termina sucediendo esto, que hay casos en los que, aun contando con informes acreditados, se termina ejecutando el desahucio”, concluye.

El caso de Victoria empieza con un préstamo hipotecario de 168.429 euros que pidió en 2003. Años después, no pudo pagar, como le ocurrió a muchos ciudadanos con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria de 2007, de forma que terminó contrayendo una deuda con Caixabank. Los autos y resoluciones sobre la vivienda se acumulan desde, al menos, 2018, de acuerdo con la documentación judicial a la que ha tenido acceso infoLibre. 

La situación de vulnerabilidad ya era patente y en 2020 solicita la suspensión del lanzamiento por encontrarse en un supuesto de especial vulnerabilidad. El juzgado reconoce que “la documentación aportada acredita que el inmueble constituye la única vivienda y residencia habitual”, además de señalar que, en ese momento, Victoria tenía hijos menores a cargo. Recoge, además, que Victoria trabaja como empleada de hogar y que posee una renta de 400 euros mensuales. 

Con todo, el proceso de desahucio sigue adelante y posteriormente, su casa pasa a manos de Circleville S.L, una sociedad cuyo objeto social es la adquisición, enajenación, tenencia y explotación de bienes inmuebles. En 2020 se solicita una suspensión del lanzamiento y se le concede una moratoria hasta 2024. En medio de todo, en 2023, tiene lugar el asesinato de su hija y se hace cargo del cuidado de sus nietos.

Y aquí, de nuevo, el sistema falla, ya que desde el entorno de la familia explican que no recibían ninguna ayuda: “Por no tener, no tienen ni beca comedor los niños”. En casos de orfandad por violencia machista, los niños tienen derecho a una pensión que varía en función de la situación particular de cada caso, pero que está pensada para respaldar, en la medida de lo posible, la situación de desamparo en la que quedan los menores. “Ser hijo de una mujer asesinada es una situación de vulnerabilidad de libro”, explica Marisa Sotelo, directora de la Fundación Mujeres. Aunque también apunta que en el Fondo de Becas Fiscal Soledad Cazorla, destinado a dar apoyo económico a descendientes de mujeres asesinadas por violencia de género, ven muchas situaciones en las que las familias tienen dificultades para enfrentarse al trance burocrático de las solicitudes.

El capítulo más reciente de esta historia ha terminado con el desalojo de la familia, cumpliendo la orden emitida por el Juzgado de Primera Instancia número 100 de Madrid. La abuela apenas cuenta con unos ingresos actualmente de 600 euros, de acuerdo con la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), que las ha acompañado en este trance. Su idea, explican, era tratar de lograr un acuerdo para obtener un alquiler asequible, aunque no tuvieron ocasión. 

Más allá de los pormenores judiciales, cuesta imaginar una situación de mayor vulnerabilidad, y desde la FRAVM, se muestran sorprendidos: “No nos esperábamos que el juzgado no fuese a aplazar el desahucio, porque tenía un informe de vulnerabilidad respaldado por los Servicios Sociales de Madrid”. Cuentan que la familia no percibía ayudas y que “ellos mismos se han tenido que buscar una alternativa habitacional a través de unos familiares”. 

El sistema ha fallado de muchas maneras diferentes en esta historia, pero en lo que tiene que ver con la vivienda, siempre se dan resonancias parecidas. Lidiar con un proceso burocrático y judicial complejo en el que la otra parte, en este caso una entidad inmobiliaria, siempre tiene más medios económicos, o saber a qué prestaciones sociales acudir no siempre es fácil. “El desconocimiento, el lenguaje jurídico o la burocracia son un obstáculo para el acceso a la justicia y mucha gente termina siendo desahuciada porque en un primer momento recibe una notificación que no entiende”, señala Alejandra Jacinto.

Para los expertos en vivienda, la categoría de “vulnerable” no protege como debería a los inquilinos que entran dentro de este conjunto. “El Observatorio DESCA de vivienda sacó el año pasado un informe en el que decía que solo se estaban frenando el 27% de los desahucios y esto es porque al final estos informes de vulnerabilidad que realiza Servicios Sociales son difíciles de obtener y aun cuando se emiten, los jueces no los consideran suficientes”, explica Pablo Pérez, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid. “Nos ha pasado en el caso de compañeras con discapacidad reconocida y con el caso de Maricarmen”. Este último hace referencia a una mujer de 87 años cuyo desahucio se paró en Madrid por la presión social.

“A la hora de interpretar la vulnerabilidad, hay bastante margen de maniobra para los jueces. Algunos, si no aportas toda la documentación, no te la conceden; otros, si no se da una disminución sobrevenida de los ingresos, tampoco la aceptan (dejando fuera situaciones de precariedad crónica); y otros se acogen a lo que opine Servicios Sociales”, enumera Jacinto.

“Se han quedado sin casa, pero el problema no acaba ahí”, protesta González, que desde la asociación vecinal de Villaverde ha visto muchos casos similares. “Intentaremos apoyarles en este proceso y ponerles en contacto con otras personas que hayan pasado por lo mismo para que sepan los pasos a seguir”, concluye.

España pasará a formar parte del grupo de países que cuenta con fondos soberanos. La medida ha sido confirmada por el presidente Pedro Sánchez en su intervención en el Spain Investors Day, celebrado en Madrid, en la que ha anunciado la creación de 'España crece'. Con una dotación de 10.500 millones de euros y el objetivo de llegar a movilizar hasta 120.000 millones, este nuevo fondo será gestionado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y tratará de tomar el testigo de los 'Next Generation'.

A través de avales, préstamos e instrumentos de capital, 'España Crece' centrará su actividad financiera en varios sectores: vivienda, energía, digitalización, IA, reindustrialización, economía circular, infraestructura, agua y saneamiento o seguridad. De esta forma, España se unirá a países como Noruega, China o Arabia Saudí, cuyos fondos soberanos tienen inversiones en una amplia variedad de actividades.

Este tipo de fondos se constituyen con dinero de un Estado, lo que los convierte en parte de su propiedad y se destinan a distintas actividades económicas para conseguir una rentabilidad a largo plazo. Los fondos soberanos son habituales en países exportadores de materias primas cuya actividad financiera se desarrolla, sobre todo, más allá de sus fronteras.

El fondo soberano más grande actualmente es el de Noruega —llamado Fondo de Pensiones Global del Estado—, que utiliza los ingresos recaudados de la explotación del petróleo y gas para invertir en acciones, inmobiliario o infraestructuras renovables. Con la mirada puesta en las generaciones venideras, este fondo fue creado en los años 90 y ahora sus recursos están valorados en 2 billones de dólares.

Al igual que en el caso noruego, el fondo Abu Dhabi Investment Autority ha encontrado su fuente de ingresos en los combustibles fósiles del país, con un valor total de activos de 1,19 billones de dólares. Este fondo, propiedad del emirato que lleva su nombre, ha centrado su inversión en América del Norte, con el 45-60% de sus recursos, según explican en su página web.

Por su parte, China también cuenta con varios. Destaca el China Investment Corporation (CIC), con un 1,33 billones de dólares en activos. Otros fondos importantes de la región son el de Kuwait —Kuwait Investment Authority— y el de Arabia Saudí —Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita—, con un valor de 1 billón y de 925.000 millones de dólares, respectivamente.

Estos fondos han llegado a estar envueltos en luchas entre grandes compañías, como la batalla entre Paramount y Netflix de finales de 2025 por el control de Warner Bros, en la que la primera vio su oferta apoyada por el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita (PIF) y la Autoridad de Inversiones de Catar (QIA).

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves la creación de un fondo soberano que se llamará "España Crece", dotado con 10.500 millones de euros y con vocación de movilizar hasta 120.000 millones, para mantener el empuje de todo lo logrado con los fondos europeos Next Generation, informa EFE.

Sánchez ha hecho este anuncio en su intervención de clausura del Spain Investors Day, que durante dos jornadas ha analizado la situación de la economía española y las oportunidades existentes en ámbitos como la defensa, la seguridad, la sanidad o el sector digital.

El jefe del Ejecutivo ha afirmado que la transformación que está viviendo España no habría sido posible sin los fondos europeos Next Generation que se impulsaron en la Unión Europea a consecuencia de la pandemia de coronavirus y que cree que evidenciaron que "Europa es grande cuando se atreve, cuando no tiene miedo, cuando habla con claridad". Pero esos fondos acaban este año, y ante esa tesitura ha afirmado que el Gobierno ya ha empezado a hacer sus deberes porque quiere seguir manteniendo el impulso transformador.

Ha sido entonces cuando ha anunciado la creación del fondo soberano que presentará el próximo lunes junto al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y que pretende extender el impulso reformista del Plan de Recuperación y Resiliencia más allá de 2026.

Se trata, según ha dicho, de prolongar la transformación energética, la transición digital, la apuesta por el capital humano y la reindustrializacion en todos los territorios.

El nuevo fondo estará gestionado por el ICO y dotado con una base de 10.500 millones de euros de los fondos Next Generation, con el objetivo de movilizar unos 120.000 millones de euros a través de deuda privada e inversores nacionales e internacionales.

"España Crece" invertirá junto con el sector privado mediante préstamos, avales o instrumentos de capital, priorizando nueve sectores clave para mejorar la productividad de la economía: vivienda, energía, digitalización, IA, reindustrialización, economía circular, infraestructura, agua y saneamiento o seguridad.

“Si los fondos Next Generation fueron un ejercicio de soberanía europea, el Fondo España Crece será un ejercicio de soberanía nacional”, ha subrayado el jefe del Ejecutivo.

El presidente del Gobierno ha hecho en su intervención un repaso de la situación de España, que ha considerado como "un éxito de país" que le permite jugar en la "Champions" económica, y ha recalcado las buenas perspectivas que sigue teniendo pese a las tensiones geopolíticas actuales. A su juicio, se ha demostrado que el crecimiento económico y la creación de empleo son perfectamente compatibles con el respeto a los derechos de los trabajadores y la reducción de gases de efecto invernadero.

Pero ha reconocido que no hay que caer en la autocomplacencia y quedan aún muchas cosas por hacer, como seguir avanzando en la reducción de la pobreza y la desigualdad y facilitar el acceso a la vivienda, dos de los propósitos que ha asegurado que se ha marcado para este año. "Nuestro país se ha convertido en un valor seguro, en un valor refugio, donde no se van a encontrar tensiones comerciales ni riesgos geopolíticos ni inseguridad jurídica", ha afirmado para justificar el ritmo de inversión en España, donde ha asegurado que hay paz social y cohesión territorial.

Todo eso cree que ha sido posible tras convertir en fortalezas lo que antes eran debilidades en aspectos como los costes energéticos, la solvencia de las finanzas y la cualificación de los trabajadores.

Este jueves el Sindicato de Inquilinas de Madrid ha convocado una concentración frente a la convención inmobiliaria Rental Housing Forum, un encuentro que reúne en Madrid a fondos de inversión, gestoras y promotoras. Los participantes hablarán sobre “la situación actual y las perspectivas del mercado del alquiler”, de “vivienda asequible” o de “inversiones y modelos de negocio”, tal y como explican en su programa. Pero para las agrupaciones sindicales estos encuentros contribuyen a crear un relato que no aborda el problema real y de ahí que las convocatorias para “contestar” sean uno de los caballos de batalla de las agrupaciones. “Este tipo de foros están proliferando y, peor que eso, es que está calando cada vez más el discurso de la ‘libertad financiera’ para especular con la vivienda”, explica Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid.

En las ponencias del Rental Housing Forum aparecen representantes de CBRE, una compañía de inversión que actualmente estudia, junto con otras empresas del sector como Azora o Madison, recapitalizar Nestar, una plataforma que cuenta con más de 9.000 viviendas en alquiler. Otro nombre conocido es Patrizia, un fondo alemán que recientemente ha puesto a la venta una cartera de 540 pisos. En cuanto a los enfoques que se abordan, representantes del fondo Azora (cuyo socio mayoritario es CBRE) hablan de temas como “¿qué segmentos concentran hoy la demanda? ¿Dónde hay oportunidad?” o los “principales riesgos y palancas para dinamizar la oferta”.

Enric Aragonés, del Sindicat de Llogateres, explica que sus protestas se apoyan en el hecho de que este tipo de encuentros buscan “potenciar el negocio inmobiliario” y que estas dinámicas son “contrarias al derecho a la vivienda de la mayoría”. Por eso, conjugar la celebración de este tipo de encuentros con una política de vivienda que proteja a los inquilinos les resulta una contradicción. “Estos encuentros proliferan porque la rentabilidad de la vivienda no para de crecer. Los alquileres siguen llegando a máximos históricos y hasta el Banco de España habla de una rentabilidad del 10% en las inversiones inmobiliarias. Es una locura”, incide Valeria Racu.

Entre estos foros, el más conocido es The District, que se organiza en Barcelona y suele estar rodeado de cierta polémica, bien por las propuestas que se plantean, como la polémica venta de pisos por habitaciones. O bien, por las protestas que suscita. En su edición del año pasado, el Sindicat de Llogateres de Cataluña organizó una concentración en la que se lanzaban polvos de colores en la puerta del recinto a quienes participaban. En este encuentro, que se volvió a celebrar el pasado mes de septiembre, otras agrupaciones como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), pedían detener lo que denominaban un “festival especulativo” y frenar “las dinámicas que nos han llevado al escenario actual”. Y es que las “oportunidades” que brinda el mercado son cosas muy distintas en función de si es un ciudadano quien busca de piso o un inversor.

“Ellos están organizados, cambian las tendencias del mercado, las formas de entender el alquiler y están profesionalizados para exprimir la rentabilidad al máximo”, explica la portavoz de la plataforma madrileña; por eso, apunta, este tipo de encuentros van contra los intereses de los ciudadanos. “Estamos permitiendo que los fondos gestionen cientos de miles de viviendas, más de un millón de vidas, y eso es una locura”, concluye. Su planteamiento, que recibe poco respaldo institucional, es que esas viviendas se expropien para uso social.

Dentro del sector, este tipo de citas son habituales, aunque paradójicamente han crecido en relevancia por las protestas sociales que suscitan. “Esos encuentros sirven para que estas grandes empresas vean cómo pueden hacer frente a las pocas leyes que hay y que, de alguna manera, protegen a los inquilinos”, señala Aragonés.

Una de las grandes críticas que lanzan las agrupaciones sociales es hacia los actores públicos que muchas veces participan en estos foros, en los que, sin embargo, no tienen cabida las voces sindicales. “Lo más frustrante es que vemos incluso a instituciones públicas asistiendo a estos foros y sentándose a la mesa a dialogar entre los directores ejecutivos y los gestores de carteras”, explica Racu.

De hecho, en el foro de este jueves participa la Directora General de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid, María José Piccio-Marchetti, además de un miembro del consejo asesor de vivienda de la Comisión Europea. “No les importa el relato de la gente. Hace un par de semanas escuchábamos incluso cómo Isabel Díaz Ayuso (presidenta de la Comunidad de Madrid) directamente daba la bienvenida al fondo de inversión Blackrock”, concluye la representante sindical.

Es algo habitual que se enmarca dentro de lo que ha dado en llamarse estrategia público-privada, pero desde el ámbito social piden que se tracen líneas rojas más claras para frenar la especulación o los incumplimientos de la ley, que muchas veces se quedan sin consecuencias. En eventos como The District, entre los patrocinadores institucionales están el ministerio de Vivienda junto con la Comisión Europea y, de nuevo, aparecen tanto la Comunidad como el Ayuntamiento de Madrid.

La organización de esta cita y de otras similares, como el Salón Inmobiliario de Madrid (Sima), corre a cargo de la empresa Planner Exhibitions. Una empresa dedicada a la organización de congresos y vinculada a la asociación Círculo Inmobiliario, que integran representantes del sector, desde la construcción, el urbanismo o la promoción, hasta inmobiliarias o despachos de abogados. Un sector que vive un momento dorado, pero también un periodo de cambio y que tiene en frente a la sociedad: “Acudiremos al Rental Housing Forum para recibir a decenas de fondos que se reunirán para hablar de sus planes especulativos y les dejaremos claro que no son bienvenidos en Madrid”, concluyen desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid.

El edificio de la calle de las Hileras, en Madrid, cuyo derrumbe se ha cobrado la vida de cuatro personas, pertenece a RSR Singular Assets, una SOCIMI (grupo de inversión en activos inmobiliarios) que planeaba convertirlo en un hotel. Esta empresa se dedica a la compra de edificios céntricos en malas condiciones, su reforma y su explotación turística.

El inmueble fue adquirido en febrero de 2022 por 26 millones de euros, con la previsión de abrir a finales de 2026 como hotel de cuatro estrellas con 122 habitaciones. Este edificio se sumó a otras tres propiedades en Barcelona y a otra en Valencia, compradas entre 2014 y 2019. En 2023, la empresa añadió dos inmuebles más, uno en Madrid y otro en Bilbao, y el pasado enero adquirió otro en la madrileña calle Atocha por 24 millones. RSR también planea expandirse por el sur de España, con la mira puesta en Sevilla, Córdoba y Marbella, según recoge la propia empresa en su web.

El modelo de negocio consiste en adquirir edificios en zonas céntricas y alquilarlos a cadenas hoteleras que se encargan de su gestión. En Barcelona, por ejemplo, poseen un bloque con 17 apartamentos turísticos y 9 habitaciones en el Paseo de Gracia, comprado en 2015 por 11,5 millones. Los otros dos inmuebles en la ciudad condal son hoteles de la cadena Vincci, adquiridos por un total de 47,1 millones de euros.

A finales de 2024, el valor total de los inmuebles del grupo en España ascendía a 246,5 millones de euros, aunque la cifra no incluye la compra más reciente en la calle Atocha. En sus informes financieros, RSR define su estrategia como inversiones “a precio atractivo” en “activos con gran potencial de renovación”, que puedan aumentar su valor tras la rehabilitación. Un lenguaje que en la práctica se traduce en la adquisición de edificios antiguos en el centro de las ciudades para destinarlos al turismo de lujo. En el caso de la calle de las Hileras, la empresa había invertido 2,23 millones de euros en las obras durante 2024.

RSR Singular Assets Europe está controlada por RSR Estate Holding S.A., una sociedad luxemburguesa que actúa como cabecera del grupo. Detrás de ambas entidades está el capital del empresario saudí Rashid Saad Al-Rashid, presidente del conglomerado Al-Rashid Trading & Contracting Co., una de las mayores constructoras del país.

A través de esta arquitectura societaria, el grupo opera en España con ventajas fiscales y opacidad sobre la titularidad final del capital. Su actividad —invertir en edificios degradados para transformarlos en hoteles o apartamentos turísticos de alta gama— forma parte de una estrategia más amplia de diversificación del patrimonio familiar saudí en Europa.

La única española en el consejo de administración de RSR es Carmen Escrivá de Romaní, socia fundadora de la consultora inmobiliaria Caler Advisory, la encargada de gestionar la SOCIMI en España, con la que comparte la sede en Madrid e incluso el diseño de la página web. 

Escrivá de Romaní procede de una de las familias más antiguas de la nobleza valenciana —los Escrivá de Romaní, condes de Oliva— y es nieta de Julio Muñoz Ramonet, un magnate que amasó su fortuna durante el franquismo, primero mediante el estraperlo y después gracias a su imperio textil y bancario. El nombre de la nieta saltó a la crónica judicial en 2021, cuando fue imputada por apropiación indebida dentro del llamado caso Muñoz Ramonet, la causa que investiga la desaparición de centenares de obras de arte que su abuelo había dejado en herencia a la ciudad de Barcelona. 

Entre las piezas recuperadas durante la operación judicial figuran cuadros de Goya, El Greco o Fortuny, que permanecieron ocultos durante décadas en propiedades familiares tras la muerte de su dueño. El juez de instrucción ha concluido este año la investigación y ha dejado a las hijas y nietos del magnate a un paso del banquillo, acusados de haberse apropiado ilícitamente de más de 600 obras que debían haber pasado al patrimonio público.

Escrivá de Romaní combina su papel de directiva inmobiliaria con una trayectoria marcada por un apellido que simboliza la herencia económica del franquismo. En RSR, representa la intersección entre las viejas élites españolas y el nuevo capital extranjero que compra el patrimonio inmobiliario del país.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha publicado este lunes una lista con 21 entidades de inversión que operan sin autorización del regulador. Son lo que se suele denominar como chiringuitos financieros y el principal riesgo para los usuarios que se tropiezan con ellos suele estar en que, bajo la promesa de altas rentabilidades, pueden terminar perdiendo todo el dinero entregado.

La imagen de sus páginas web es casi siempre la misma: imágenes de fondo de grandes centros financieros, promesas de altísimos rendimientos y tres sencillos pasos para darse de alta. Y de hecho, uno de los consejos que da el regulador para tratar de evitar el fraude es “desconfiar de la imagen de sofisticación que dan algunas de estas webs”, señalan.

La lista la encabeza AI Chain Traider, una firma que dice operar con inteligencia artificial y ofrece “negociar criptodivisas sin problemas”. Con referencias a España en su dominio, aparece la web de la firma Ibérica Plus y Capital Group Spain y también se advierte de dos aplicaciones móviles que se promocionan en grupos a través de WhatsApp: BRNSA y Cip Invest. Además de sistemas de gestión fáciles, muchas de ellas hacen referencia a los activos digitales y a la inteligencia artificial como reclamo.

En la lista que elabora el regulador aparecen, en muchos casos, diferentes direcciones de internet para una misma entidad. Por ejemplo, Super AI INC, cuenta con cuatro dominios y Market Makers con dos.

Distinguir un chiringuito a primera vista no es fácil, pero la CNMV da algunos consejos en sus manuales. Primero, verificar con un regulador autorizado la entidad y desconfiar si recibe llamadas o correos inesperados, apremios para enviar más dinero, intentos de crear afinidad personal o si se requieren bonificaciones de entrada. Aunque parezca evidente, el cebo de una rentabilidad sin riesgo también suele ser un gran reclamo y muchas veces lleva a productos financieros que ni siquiera existen.

Otra de las advertencias de la CNMV tiene que ver con las redes sociales y las recomendaciones que hacen los influencers. En febrero el regulador anunció que estos podrían ser sancionados con hasta 500.000 euros de multa si sus recomendaciones, sus informaciones o sus fuentes son falsas. Además, señalaba que, aunque no sean entidades autorizadas, estos comentaristas debían revelar sus conflictos de interés y el beneficio propio que les reportan los consejos que lanzan. Una medida que no afecta, por el momento, a las criptomonedas, por estar fuera del mercado regulado.

La lista completa de la CNMV cuenta con más de tres centenares de páginas, aunque uno de los nombres de este repositorio que más repercusión ha tenido en España es Madeira Invest Club (MIC). El chiringuito financiero que publicitó el eurodiputado ultra Luis Alvise Pérez y que desvió alrededor de 1,7 millones de euros de sus billeteras antes de cerrar y abandonar a sus inversores, de acuerdo con un informe de la UCO.

Los 21 chiringuitos de los que advierte el regulador son los siguientes: Ai Chain Trader, Infurablock, Serenity Synergy, Infinity Bitwave, Deravest, Algosone, White Mint Financial Company S.R.O, Superai Superai, Trading Investment Co. Ltd, Super Ai Inc, Market Makers, Market Makers Management Ltd, Financial Open Advisors, Platinum Stock Trade, Ibericaplus, Igeniusfx, Trive-247, Gnexus4, Brnsa, Cip Invest y Monovex.

“Han picado la cubierta del edificio en época de lluvias, no lo cubrieron adecuadamente y provocaron goteras e inundaciones en algunos pisos”, cuenta un vecino del edificio de la calle Tribulete, en Madrid. Él es uno de los diez inquilinos que ha decidido querellarse contra la empresa Elix Rental Housing por presuntas prácticas de acoso inmobiliario. La acción es pionera en España, son el primer bloque de vecinos que denuncia de manera conjunta para frenar unas prácticas de coerción que consisten en molestar a golpe de obras. Lo que no es nuevo —y además se repite en muchos testimonios— son las formas que algunas empresas inmobiliarias tienen de vaciar los edificios en los que los vecinos, aunque pagando sus alquileres, ya no son bienvenidos.

Si la querella sale adelante, podría allanar el camino para muchas personas que están sufriendo esta situación. “Las formas típicas de acoso pasan, por ejemplo, por llamar a empresas de desokupación, pero en los últimos tiempos estamos viendo cómo lo hacen a través de las obras”, explica la abogada de CAES Alejandra Jacinto, que lleva la querella de Tribulete. Por eso van a dirigir la denuncia contra una persona jurídica, en este caso el entramado empresarial Elix, que cuenta con varias sociedades y muchas más propiedades inmobiliarias. Esto también abriría la posibilidad a otros afectados que podrían unirse: “Si fuese por los mismos hechos y contra los mismos autores podrían sumarse otras posibles víctimas”, apunta la abogada.

“Han hecho catas para determinar el estado de los materiales del edificio, luego esos agujeros no los han cubierto y proliferan los insectos por el bloque”, enumera el afectado de Tribulete. Cuenta una historia muy parecida a la que hace unas semanas relataba a infoLibre José Ferreira, un inquilino de la calle San Ildefonso de Madrid que convivía con la demolición de 15 viviendas en su edificio. La misma historia que narró Txema Escorsa, que ve cómo su bloque en el barrio de Gràcia de Barcelona se transforma en coliving a golpe de reformas ruidosas. “El acoso inmobiliario cada vez es más habitual dentro de las estrategias que tiene la especulación para desalojar edificios”, explica la abogada de CAES.

Quienes viven en el bloque madrileño tratan de resistir los intentos del fondo Elix para vaciarlo. “El delito de coacciones inmobiliarias que estamos denunciando y que entendemos que se está cometiendo de forma continuada, tiene que ver con la realización de unas obras que les hacen imposible seguir habitando sus viviendas o desarrollando actividades con normalidad”, explica Jacinto, que ha llevado otras causas individuales al respecto.

Lo novedoso de esta es que la querella se apoya en el artículo 173 del Código Penal —que tipifica el delito contra la integridad moral por privar a los inquilinos del legítimo uso de la vivienda— y va dirigida contra una persona jurídica. “Hemos dirigido la querella contra todo el entramado empresarial que tienen. Está Elix Servicios Inmobiliarios, Elix Rental Housing Socimi, Elix RHS Properties y luego Elix Advice”, enumera Jacinto.

El Sindicato de Inquilinas señala que los vecinos intentaron negociar con la propiedad las condiciones de la obra, pero no dio resultado. La abogada que lleva la causa explica que intentaron incluso propuestas menos invasivas sin que nadie les escuchara. “Aportamos incluso la pericial de un arquitecto de como se podrían realizar esas obras sin menoscabar la integridad física y moral de los vecinos”, concluye. Además de esto, irán al juzgado con actas policiales y de los bomberos que acreditan los desperfectos que han sufrido en sus casas.

Demostrar que se es víctima de acoso inmobiliario o mobbing —como se denomina en la jerga— no es fácil y requiere que el inquilino sea capaz de reunir evidencias contra el responsable. “En el caso de las empresas de desocupación, vemos que muchas veces coaccionan casi sin dejar pruebas o si lo hacen son muy difíciles de acreditar”, explica Jacinto. “Yo conozco muchos casos de gente que decide denunciar, va al juzgado, y si no están bien determinadas las personas responsables, directamente se archiva”. Esto es así porque suele ser difícil determinar quién cometió el delito, más si se trata de pintadas o de acciones que no implican interacción directa.

En el caso de las obras, “se hacen dentro de una estrategia encaminada a hacerles la vida imposible, para que los vecinos se vayan”, explica la letrada. Es una práctica bien conocida por los sindicatos y asociaciones de inquilinas, pero también es relativamente nueva y por eso no hay mucha jurisprudencia al respecto. “En la burbuja de las hipotecas, vimos que los bancos utilizaban otro tipo de estrategias, pero no esta forma de acoso”, señala Jacinto, que insiste también en que estas prácticas surgen de la “prisa por desalojar edificios cuando los inquilinos ya no resultan rentables”.

Hasta el momento solo han salido adelante querellas individuales, pero esta querella en bloque podría cambiar la forma de abordar estas situaciones. Por un lado, abriría la puerta, si se admitiese a trámite, a que otros inquilinos de este entramado empresarial que están pasando por lo mismo pudieran unirse; por otro, da visibilidad a una forma de acoso que sobrepasa incomodidades puntuales. “Creo es que, en todo caso, el hecho de, interponer una primera querella colectiva por acoso inmobiliario va a mandar un mensaje de aviso a navegantes”, concluye la abogada.

El nuevo orden geopolítico mundial ha convertido al sector de la seguridad europeo en la nueva pepita de oro. Y los inversores son conscientes de ello. Solo el año pasado, según datos de la compañía de análisis PitchBook, las firmas de capital riesgo invirtieron en compañías de defensa del Viejo Continente 576,6 millones de euros, el doble de lo que se registró en el ejercicio anterior. Un pastel del que también quieren comer los fondos españoles especializados, que han acabado por convertirse en una de las piezas clave del rearme planteado por el Gobierno de coalición. Unos vehículos de inversión para los que el Ejecutivo ya ha puesto sobre la mesa más de 367 millones de euros.

Estos instrumentos financieros son uno de los pilares sobre los que se apoya el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, aprobado a finales de abril en Consejo de Ministros y remitido a Bruselas para que la OTAN y la Unión Europea lo analicen. De ahí que el Gobierno contemple la inversión en "fondos de capital riesgo especializados en el ámbito de la defensa" dentro de la partida destinada a la mejora de condiciones laborales, preparación y equipamiento de las Fuerzas Armadas. Y dos son los nombres propios que destacan en este mundo y que aspiran a repartirse buena parte de la tarta: Hyperion Fund y Nazca Aeroespacial y Defensa I.

El ámbito geográfico de inversión de ambos se circunscribe a nuestro país, si bien también contemplan la posibilidad de hacerlo en compañías extranjeras, siempre que se vayan a integrar en otras españolas –así lo establece el segundo fondo– o estén afincadas en un país de la OTAN –como fija el primero–. Las normas de ambos vetan la inversión directa o indirecta en compañías cuyo negocio principal consista en la venta de armas, munición o equipamiento letal. Ahora bien, en el caso del segundo, el folleto incluye una cláusula que bordea la prohibición: "Esta restricción no se aplicará en la medida en que dichas actividades formen parte de políticas explícitas de la Unión Europea o las complementen".

Cuando lo registró ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la idea de Nazca Capital, cuyos tentáculos llegan a todo tipo de sectores –desde el agroindustrial al de la salud o el audiovisual–, era que su nuevo fondo orientado a la inversión en "tecnologías y soluciones de uso dual" del ámbito aeroespacial, de defensa y seguridad pudiera alcanzar un tamaño máximo de 500 millones de euros, el triple que el de Hyperion y uno de los mayores vehículos de inversión especializado en la materia del Viejo Continente. Una cifra que ha ampliado hasta los 600 millones después de haber recibido un fuerte espaldarazo institucional.

El Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, entidad pública empresarial dependiente del Ministerio de Ciencia, se ha convertido en inversor ancla del fondo –aquel que pone sobre la mesa importantes sumas de dinero, sirviendo de cebo para atraer a otros inversores–. A través de Innvierte, programa de apoyo a la inversión de capital riesgo en empresas de base tecnológica, el CDTI ha acordado una aportación de hasta 294 millones de euros al fondo de Nazca Capital. La entidad gestora, liderada por Santiago Carbó y Álvaro de Mariátegui, aún debe conformar el consejo asesor del fondo, que estará compuesto "por perfiles de alta relevancia" en el ámbito de la defensa o la seguridad.

Quien ya cuenta con ese equipo es Hyperion Fund. En su caso, presumen de contar con el asesoramiento de pesos pesados a nivel internacional: desde el ex secretario general de la OTAN Anders Fogh Rasmussen hasta la exministra francesa Michèle Alliot-Marie o la diplomática estadounidense Paula Dobriansky. A diferencia de su competidor, el fondo, que cuelga de la gestora Singular, cuenta con caras más reconocidas. Entre sus ejecutivos está el exlíder del PP Pablo Casado, que no supo medir en su día las consecuencias de una guerra con Isabel Díaz Ayuso pero sí fue capaz de anticiparse al bum militar. Y le acompañan un nieto del expresidente del Banco Santander –Ricardo Gómez-Acebo Botín– o un exasesor del exministro de Defensa Pedro Morenés –Joaquín Ortiz–.

También Hyperion cuenta ya con respaldo institucional. En diciembre, el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación se comprometió a invertir en el fondo 28,5 millones de euros. Un vehículo de inversión en el que también participa el Instituto de Crédito Oficial. A través de su Fondo Next-Tech, una iniciativa conjunta de esta entidad pública con la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, ha inyectado 45 millones de euros para un vehículo de inversión en el que también ha puesto los ojos Nortia, el holding inversor del empresario Manuel Lao, y grandes compañías como Indra –que ha buscado una participación del 15% en el fondo– o Prosegur.

Desde que consiguió los compromisos para echar a andar, el fondo de Pablo Casado no ha parado de moverse. En las últimas semanas, Hyperion se ha hecho con un 11,7% de la startup espacial Sateliot tras inyectar 10 millones. Además, ha participado, junto a Lauria Partners, en la operación de compra de la empresa de ingeniería y fabricación de mecánica de alta precisión en los sectores aeroespacial y de la defensa Gutmar, donde Hyperion entrará como socio minoritario. Y también en la compra del grupo de aviación privado Gestair. Además, ha liderado otra ronda de financiación alrededor de la startup de sistemas de propulsión Pangea.

Son manos privadas las que las manejan. Pasaba en 2020 y pasa ahora. Las residencias de mayores eran ya un negocio antes de la pandemia. Un pastel que se repartían, además, entre ocho grandes comensales que hoy, cinco años después, no han hecho más que aumentar su porción. Los 487 centros que controlaban cuando estalló la crisis sanitaria son hoy 524. Las 64.232 plazas, 71.340. El coronavirus no les afectó, al contrario.

Hubo que esperar un año hasta que el Gobierno pudo publicar datos concretos. Según el informe del Imserso Enfermedad por coronavirus en Centros Residenciales, al menos 29.408 usuarios de residencias de mayores murieron entre marzo y julio de 2020. Estos centros se convirtieron en la diana perfecta para un virus que tenía dos características fundamentales: la primera, que para alimentarse no necesitaba un contacto extremadamente estrecho, y la segunda, que golpeaba con mucha mayor crueldad a los más mayores. Por eso, tal y como demostraron después varios estudios científicos, las macrorresidencias y los modelos público-privados sufrieron todavía más las consecuencias del covid. En Barcelona, por ejemplo, la mortalidad fue el triple en las residencias más grandes. Y en Madrid se situó hasta 14 puntos por encima en aquellas de titularidad autonómica pero gestionadas por alguna empresa. Pero tampoco fue igual en todas.

Los datos de hasta 14 comunidades desvelados por infoLibre mostraron que el más letal fue el de los grandes grupos privados. En concreto, los ocho gigantes del sector que entonces controlaban el 18,07% de las camas en esas autonomías sufrieron el 24,45% de las muertes entre marzo y abril. Eran DomusVi (1.096 muertes), Orpea (597), Ballesol (323), Vitalia Home (269), Sanitas (432), Amavir (819), Colisée (100) y Clece (34). Entre todas esas empresas sumaban en 2020 487 centros y 64.232 plazas, según los datos extraídos del libro ¡Vergüenza! El escándalo de las residencias, escrito por Manuel Rico, ex director de investigación de infoLibre que destapó en este periódico el conocido como Protocolo de la Vergüenza de la Comunidad de Madrid. Hoy esos grupos tienen muchas más plazas. Al menos en la mayoría. Según los datos recopilados por este periódico a partir de la información ofrecida por las empresas y de la disponible en sus páginas webs, el poder de estos grandes grupos ha crecido en 37 centros (un 7,6% más) y en 7.108 camas (un 11% más).

Es la mayor empresa geriátrica de todo el país. Su cartera de 2020 estaba formada por 139 residencias y 18.428 camas que en cinco años ha ampliado hasta los 143 centros con más de 20.000 plazas, según los datos proporcionados por ellos mismos. Y su plan es seguir la misma senda, según los datos de Alimarket consultados por infoLibre. En concreto, sólo este 2025 y sólo en Madrid, la empresa planea abrir 130 camas nuevas.

Se trata de un grupo de origen francés que está controlado por tres fondos de inversión: Intermediate Capital Group (ICG), Mérieux Equity Partners y Sagesse Retraite Santé (SRS). Su empresa matriz en España se llama Geriavi y tiene su sede en Vigo. Josefina Fernández Miguélez fue su consejera delegada hasta el año 2021, cuando pasó a desempeñar las funciones de presidenta institucional hasta que abandonó el grupo en 2023. Junto a su hermano, fue una de las primeras en ser vacunada contra el covid en Galicia. Lo hizo en uno de sus centros, que fueron los que registraron la mayor mortalidad durante la pandemia.

Fue la segunda en mortalidad durante lo peor de la pandemia y era, también entonces, la segunda compañía en número de camas en cartera. Ha perdido el segundo título aunque, en cualquier caso, también ha aumentado su poder en estos cinco años. Los 49 centros que Orpea —hoy renombrado como Emeis— controlaba en 2020 son ahora 57, aunque las 7.943 camas se han incrementado hasta poco más de las 8.000 según los datos que también aporta la compañía a preguntas de este diario. En cualquier caso, y del mismo modo que ocurre con DomusVi, sus planes siguen pasando por una mayor expansión. Según Alimarket, sólo este año tiene proyectadas ya 1.114 camas nuevas.

En mayo de 2022, el consorcio periodístico Investigate Europe, donde participa infoLibre como único medio español, destapó una trama ilegal de negocios de la multinacional. En concreto, desveló que sociedades de la trama encubrieron el pago de 700.000 euros a un comisionista francés, presentaron cuentas en el Registro Mercantil con información fiscal falsa y burlaron las normas italianas del IVA. La Fiscalía de Nanterre –localidad al oeste de París– investiga por ello la comisión de hasta cinco presuntos delitos: fraude, apropiación indebida de activos empresariales, blanqueo de capitales, corrupción y abuso de confianza.

Ballesol no tiene ningún gran fondo internacional detrás. La compañía española empezó su historia con una primera residencia abierta en 1980 en la localidad madrileña de Majadahonda. Su empresa matriz es Intercentros Ballesol, S.A. cuyo principal accionista es la aseguradora Santa Lucía, dueña de más del 75% de las acciones. Hoy maneja una cartera de 51 centros y 7.838 camas, según los datos extraídos de su página web —ya que la compañía nunca respondió a las preguntas de infoLibre. Son, en comparación con 2020, cuatro centros y 523 plazas más. Según Alimarket, proyecta otras 115 en centros de Oviedo para este 2025.

Ninguna empresa ha crecido tanto en todo este tiempo. Los 49 geriátricos que tenía repartidos por España en 2020 son hoy, según los datos que ofrece la propia compañía, 71. Un 44,9% más. En plazas, las 7.180 que tenían hace cinco años suman ya más de 10.000. Un 39,2% más.

¿Pero por qué tantas? En marzo de 2017 la compañía pasó a estar controlada por el fondo británico CVC Capital Partners, que ya está ultimando la venta del grupo al estadounidense StepStone por 600 millones de euros, según informó El Confidencial. Además, la empresa ha firmado un acuerdo con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) para obtener un préstamo de 90 millones de euros para financiar nuevas residencias en siete comunidades autónomas españolas. El plan se extiende ya hasta 2027 y prevé construir 12 nuevos centros de atención residencial, 4 edificios de apartamentos asistidos para personas en situación de dependencia y 3 hospitales de rehabilitación neurológica.

Fue la quinta en mortalidad durante el covid. Y era entonces también la quinta en número de plazas. En concreto, Sanitas tenía en 2020 una cartera de 47 centos y 6.529 camas, un poder que ahora, según informa la propia empresa, ha disminuido. Pero no en gran medida. Los centros son hoy 44 y las plazas, por su parte, alrededor de 6.100, según el conteo de los geriátricos que aparecen publicados en su página web. Según Alimarket, su objetivo es abrir 500 nuevas camas en un total de cinco residencias más.

La entidad británica sin ánimo de lucro BUPA controla el 100% del capital. Se trata de una multinacional británica aseguradora, que no tiene accionistas y se supone que tampoco ánimo de lucro. Pero aun así, en el Reino Unido ha recibido críticas por poner el foco en exceso en multiplicar sus ganancias. En septiembre de 2020, pasado lo peor de la crisis sanitaria pero todavía con el covid muy presente, Iñaki Peralta asumió el papel de consejero delegado en sustitución de Iñaki Ereño.

Tiene ahora seis centros más que en 2020, por lo que prácticamente el crecimiento de Amavir en estos cinco años ha sido de una residencia de mayores por cada año. Según los propios datos de la empresa, los 41 centros de 2020 son hoy 47; las plazas, por su parte, han crecido de las 6.340 a las 7.094. Y como ocurre con el resto, el plan es seguir la misma senda. En concreto, y según el informe de Alimarket, los planes el año pasado y hasta 2027 pasaban por crecer en 1.420 plazas más divididas en una decena de geriátricos nuevos.

Amavir es una marca comercial lanzada en 2017, tras la fusión de dos grupos de residencias: Amma y Adavir. Fue una operación de la compañía francesa Maisons de Famille y actualmente el accionista principal de la compañía es la familia francesa Mulliez, quinta fortuna de Francia con un patrimonio de 32.000 millones de euros.

En 2020 tenía 49 geriátricos, lo que le situaba en más o menos los mismos números que al resto de empresas. Sin embargo, en estos cinco años ha alcanzado, según informen fuentes de la compañía, hasta los 60, convirtiéndose ya en el tercer grupo geriátrico más grande en número centros. ¿Y en cuanto a las plazas? Pues en este caso han pasado de 5.804 a 8.018. Colisée firmó a principios de 2024 su propia alianza con el nuevo fondo de Azora, con el objetivo de quedarse con la gestión de la futura residencia de Badalona, que Romano Senior también ha adquirido a Emeis (Orpea).

Es, también, una empresa de origen francés que fue adquirida por el fondo EQT, dueño también de Idealista. Se desconoce el importe de la operación, pero el fondo sueco se refirió en el informe trimestral que coincidía con la adquisión a inversiones por valor de 6.000 millones de euros. Antes estaba en manos de IK Investment Partners —cuya sede está en el paraíso fiscal de las Islas Jersey.

Es la única compañía que tiene bastantes centros menos que en 2020. Controla, según informa a infoLibre, 51 centros y 4.290 camas que hace cinco años eran, en cambio, 66 con 4.693 plazas. Preguntado por los motivos de esta variación, no obstante, el grupo no aclara qué ha ocurrido. Según Alimarket, sus previsiones de crecimiento son mucho más humildes, pues el informe recoge tres centros que suman 397 camas más a su cartera.

Clece es la división del grupo ACS —cuyo accionista principal es Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid— dedicada a la prestación de servicios, desde limpieza a mantenimiento. En el ámbito de los geriátricos, sin embargo, no opera bajo una marca única. En concreto, hay cinco compañías con actividad en este sector: la propia Clece SA y sus filiales Senior Servicios Integrales SA, Zaintzen SA, Clece Vitam SA y Enequip Serveis Integrals SL.

En cualquier caso, en estos cinco años también ha dado tiempo a que nuevos comensales se sienten a la mesa con el objetivo de buscar, también, poder en el sector. Y tres grupos han conseguido tener una presencia importante. Se trata de Caser, Emera y Seniors, de Clariane. Ninguno supera los 25 centros, pero su poder, como ha podido comprobar infoLibre, ha crecido exponencialmente desde el estallido de la crisis sanitaria.

La primera empresa tiene como accionista mayoritario a la aseguradora suiza Helvetia, que compró en 2020 el 70% de su capital, porcentaje que en cualquier caso ya ha crecido siete puntos más. Cuando empezó la crisis del covid tenía una cartera de 20 centros residenciales y 3.266 camas, un poder que ahora, según confirman sus propias fuentes, es ya de 27 centros y 3.800 camas.

Emera, por su parte, no ha respondido a las reiteradas peticiones de información de este periódico, aunque de lo publicado en su página web se puede extraer que tiene ya 16 centros (siete más que en 2020) con 2.155 plazas (822 más). Proyecta además otras 170 plazas para Castellón en 2026, según Alimarket. Seniors, por último, tiene también residencias de Grupo 5 y ya maneja, según los datos de su web, 23 centros y alrededor de 2.500 camas.

Porque además, que se sepa, la empresa constructora, que por otra parte ha adquirido al gobierno correspondiente unas 5.000 hectáreas circundantes, es americana. Dicen las malas lenguas que es propiedad de unos fondos de inversión radicados en las islas del Mar de Estados Unidos (lo que antes se llamaba Mar Caribe o Golfo de México). Se rumorea que dichos dineros son en realidad una miaja de los que tiene por ahí escondidos el hombre más rico del mundo, de cuyo nombre no me acuerdo. Por cierto, las inmobiliarias clásicas han entrado en pánico; se les ha excluido del negocio.

La citada empresa —se omite su filiación para que el Tribunal de la Haya no la persiga— publicitaba el primer chalet en el Aneto con el eslogan “nunca había soñado vivir tan cerca del cielo”. A lo que después añadió: “La casa-cielo al alcance de todos”. Y, en letras más pequeñas: Lo dice la IA casi ecológica, que por eso ha propuesto que las casas se pinten de blanco y se construyan a una altura donde la contaminación del aire es nula. Así los “chaletes” han crecido sin tino. Tal idea de refugiarse en las montañas, por eso del aumento de la temperatura media global, no escapa a quienes niegan el cambio climático. En su descargo dicen que así lo disminuyen, pues van a construir un AVE hasta la base del glaciar pirenaico, así no habrá atascos en sus accesos.

Volviendo a la realidad; lo anterior debió ser un sueño. Me ha despertado del letargo mental una manifestación de ecologistas y gentes amantes de dejar tranquila la montaña. ¿Por qué piensan que siempre tienen razón en su defensa de la naturaleza? No era muy numerosa, pero chillona. Expresaban, también con cencerros de vaca, su oposición a la construcción de 2.200 viviendas a pie de pistas esquiables, en un antiguo pueblecito situado a unos 13 km andando del Aneto. En un valle que al paso que vamos se convertirá en la capital de los Pirineos. Aunque solamente sea en la temporada del crecimiento económico incentivado por el esquí masivo.

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Carmelo Marcén Albero es socio de infoLibre.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha abierto juicio oral contra el expresidente del Banco Popular Ángel Ron, otros doce directivos, la firma auditora PwC y dos de sus socios por estafa en la ampliación de capital de 2016, y ha impuesto una fianza provisional de cerca de 2.277 millones de euros. En un auto fechado este viernes al que ha tenido acceso EFE, el magistrado impone esa responsabilidad civil millonaria a los acusados y a varias aseguradoras, y sitúa a PwC y al Banco Santander, que se hizo con el Popular al precio simbólico de un euro, como responsables civiles subsidiarios.

Para el juez, los inversores acudieron engañados a la ampliación de capital, ya que los estados financieros de ese año y de 2015 no reflejaban la imagen fiel del balance ni del patrimonio.

Además de Ron, se sentarán en el banquillo el ex consejero delegado de la entidad Francisco Gómez Martín; el exvicepresidente Roberto Higuera; el que fuera miembro del consejo de administración Jorge Oroviogoicoechea; los ex directores financieros del Banco Popular Javier Moreno y Francisco Sancha Bermejo; el exdirector de Riesgos José María Sagardoy Llonis; el exdirector del departamento de Auditoría Jesús Arellano Escobar y los exdirectios Antonio Pujol y José Ramón Alonso.

Por lo que respecta a PwC, el juez considera a la firma cooperador necesario, al igual que a los socios auditores Pedro Barrio y José María Sanz Olmeda,

En cuanto al Santander, aunque el magistrado descarta considerarlo partícipe a título lucrativo sí mantiene su responsabilidad civil subsidiaria, al ser el heredero "universal" del extinto Popular.

Calama rechaza la apertura de juicio oral contra el Santander, y destaca que el proceso resolutorio que afectó a Banco Popular -mediante acuerdo de la Junta Única de Resolución (JUR) de junio de 2017 "fue el cauce a través del cual se adquirió dicha entidad por el Banco Santander", aunque lo mantiene como responsable civil subsidiario.

En su auto, Calama recoge los escritos de calificación de las catorce acusaciones que tipifican los hechos como delitos de falsedad contable y delito continuado de estafa de inversores, entre ellos el de la Fiscalía Anticorrupción, que solicita seis años y medio de cárcel y una multa de cerca de 250.000 euros para Ron, Gómez e Higuera.

La Fiscalía señala a las aseguradoras Chubb; ACE; Zurich; XL; Liberty, y Lifeguard como responsables civiles directos de los daños y perjuicios derivados de los hechos cometidos por los administradores y directivos del Banco Popular y PwC acusados, hasta el límite de la cobertura de sus correspondientes seguros de responsabilidad civil.

Sobre la fianza, Calama aclara que los 2.277,6 millones son una cantidad "provisional", ya que algunas acusaciones no han concretado la solicitud de responsabilidad o han formulado peticiones "desorbitadas".

El juez indica que los hechos punibles consignados en los diferentes escritos de acusación, "en una valoración provisional", pudieran ser constitutivos de delitos continuados de falsedad contable y de estafa a inversores.

La agricultura española del siglo XXI dibuja un paisaje marcado por la paradoja: mientras el abandono de las explotaciones familiares despuebla las zonas rurales, cada vez más fondos de inversión se lanzan a comprar las tierras más rentables para extraerles el máximo beneficio en el menor tiempo. Pequeños y medianos agricultores luchando por sobrevivir, explotaciones industriales que copan la producción y el valor añadido, y grandes terratenientes regados con las millonarias ayudas europeas componen un sector primario de 914.871 explotaciones y 24 millones de hectáreas, responsables del 2,3% del PIB.

Además, ese contraste crece cada día. Según los datos de la Farm Accountancy Data Network (FADN Data) de la Unión Europea, la brecha de ingresos entre las explotaciones más pequeñas y las más grandes no ha dejado de aumentar en los últimos años. En Europa y en España. La base de datos mide los ingresos de una explotación como valor añadido neto por cada unidad de trabajo anual (UTA: el trabajo efectuado por una persona dedicada a tiempo completo durante un año a la actividad agraria), o bien por unidad de trabajo familiar (que sólo incluyen a las explotaciones sin mano de obra remunerada), y los desglosa según el tamaño económico de granjas y cultivos.

Así, en 2010, el valor añadido neto por UTA de las explotaciones más grandes era cinco veces –38.565 euros– el de las más pequeñas –8.162 euros–. En 2022, la distancia se había multiplicado por 22: 3.484 euros las de menor tamaño y 74.959 euros las de mayor. Es decir, la brecha se había más que cuatriplicado.

Pero si se consideran los ingresos por unidad de trabajo familiar, la grieta es aún más profunda. En 2010, las explotaciones de mayor tamaño económico ingresaban 13 veces más –94.707 euros– que las más pequeñas –7.297 euros–. Doce años después, ingresaban 60 veces más –182.219 euros–. La distancia, por tanto, se había quintuplicado. Aunque hubo años, como 2019, en que llegó a ser 95 veces más e incluso 101 veces más en 2020, el año de la pandemia, cuando los ingresos de las más grandes alcanzaron los 262.435 euros. Es decir, la brecha se convirtió casi en abismo, al multiplicarse por ocho.

No obstante, estas cifras sólo incluyen las explotaciones que la UE etiqueta como “comerciales”, aquellas con una producción por encima de los 2.000 euros, en teoría el umbral de ingresos suficientes para que los agricultores y ganaderos mantengan a sus familias. Por tanto, quedan fuera de la lupa de la FADN un total de 161.943 explotaciones españolas que producen por debajo de esos 2.000 euros y que son el grupo más numeroso del censo agrario de 2020. Las de mayor tamaño económico, con una producción anual superior a los 500.000 euros, sólo ascienden a 13.774. En conjunto, las microexplotaciones suman una producción estándar total (PET) de 164,43 millones de euros, mientras que las más grandes producen por valor de 17.635,77 millones de euros. En efecto, un abismo.

En la Europa de los Veintisiete, el panorama es similar: de 2015 a 2022, la brecha de ingresos netos por UTA entre grandes y pequeñas ha pasado de ser de 98 veces a 159 veces; casi se ha duplicado.

Una tendencia que parece imparable. El número de explotaciones agrarias en Europa se ha reducido en un 37% en los últimos 15 años, tras perderse 5,3 millones desde 2005. En su inmensa mayoría se trataba de pequeñas granjas y cultivos. En España, comparando los dos últimos censos agrarios, publicados en 2009 y 2020, han desaparecido 56.731 explotaciones.

En cualquier caso, España está lejos de países del Este como Bulgaria, Hungría o Polonia, donde más del 75% de las granjas y cultivos son explotaciones no comerciales o de subsistencia, siguiendo el criterio de la FADN. Otro tanto ocurre también en Portugal o Grecia. Si se elige como criterio de selección la superficie agraria útil (SAU), la media española es de 26,1 hectáreas, de acuerdo con las cifras de Eurostat recogidas por el Ministerio de Agricultura en su último Informe anual de indicadores. Por tanto, España está por encima de la media comunitaria –17,1 hectáreas–, pero muy por debajo de las 63,1 hectáreas de Alemania y las 69,6 de Francia. De ahí que, con una producción por explotación agraria de 49.569 euros, también quede a años luz de los 163.665 euros de Francia, los 472.527 euros de Países Bajos y por supuesto de los 1,37 millones de euros de Alemania.

Es en estos países, junto con Bélgica, Dinamarca y Eslovaquia, donde se concentran las grandes explotaciones agrarias. En 2009, había en España sólo 8.505 explotaciones que produjeran por encima de los 500.000 euros. Once años después, su número ha crecido un 62%. Por el contrario, en 2009, las granjas y cultivos españoles con una producción estándar total inferior a los 2.000 euros alcanzaban los 228.636, un 29% más de los que recogió el censo agrario en 2020.

Lo que no quiere decir que todas estas explotaciones fueran liquidadas. “La superficie no desaparece, desaparecen los titulares [de las explotaciones]”, resume José Manuel Delgado, del gabinete técnico de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA). Un informe de Cocampo, una empresa especializada en venta de suelo rústico, revela que los fondos de inversión y las grandes industrias agroalimentarias están comprando tierras a agricultores pequeños y medianos. Muchos de ellos, la mayoría, abandonan por falta de rentabilidad. “Antes, en Castilla y León, un agricultor podía vivir del cereal con 70 u 80 hectáreas; ahora es inviable tener menos de 100”, advierte Delgado. Pero también tiran la toalla por falta de relevo generacional. El 41% de los actuales dueños de explotaciones agrarias tienen más de 65 años. Y el despoblamiento es acuciante en zonas de montaña y de secano. “Es muy difícil que regresen los jóvenes que se han ido”, lamenta Delgado, “y no es sólo porque las explotaciones no sean rentables, sino porque en las áreas rurales faltan dotaciones y servicios, sanidad, transporte público… que deberían facilitarse si no a nivel municipal, sí al menos comarcal”.

Pero otras explotaciones, las menos, consiguen ganar tamaño. Con muchas dificultades. Tienen más problemas para acceder a los créditos, con los que aumentar inversiones o modernizarse, que las grandes granjas y cultivos, más beneficiados en la distribución de ayudas de la Política Agraria Común (PAC), que se reparten según el número de hectáreas. El 8% de los ingresos de las explotaciones españolas procede de esas subvenciones europeas, el mismo porcentaje que en Alemania e Italia. Los que más ayudas reciben son los agricultores de Estonia y Lituana, con un 15%.

“La cuestión fundamental estriba en quién es empresario: quien asume un riesgo y tiene capacidad para invertir. Ahí es hacia dónde debe ir la UE”, apunta José María Castilla, director en Bruselas de Asaja, la patronal de los grandes productores agrícolas. A su juicio, que las explotaciones ganen en tamaño “beneficia a la UE”: “La forma natural de crecer es ser más profesional, tener más hectáreas y ser más eficiente, lo que no es incompatible con el modelo familiar”.

Greenpeace no está tan de acuerdo. En un informe publicado el pasado octubre y titulado Go big or go bust (Crecer o quebrar), denuncia que el actual sistema agrario, “impulsado por las subvenciones públicas, la financiación privada y la presión política, obliga a los agricultores a aumentar de tamaño para sobrevivir”. Además, esa presión por crecer y crecer, y por maximizar la producción, tiene consecuencias no deseadas: aumenta el desempleo en los pueblos, agranda la brecha económica y social con las ciudades, se relaja el bienestar animal en las polémicas macrogranjas y se destruye la naturaleza, advierte la organización ecologista.

José María Delgado destaca la mayor vulnerabilidad de las pequeñas explotaciones al cambio climático o al aumento de los precios de los fertilizantes o los combustibles, que a veces no se cubren con los precios que les pagan la industria agroalimentaria y la distribución. Por eso, UPA pide una PAC “más social, que haga lo que no hace el mercado”. Delgado precisa que las ayudas públicas deberían diferenciar y priorizar por territorio, apoyando a las zonas despobladas, por edad del titular, para ayudar a los jóvenes o, si el titular de la explotación es una mujer, para frenar la masculinización del sector primario. Los requisitos medioambientales, añade, también deberían fijarse en función del tamaño y el modelo empresarial de la explotación. Por eso, UPA pide que se apruebe una Ley de la Agricultura Familiar, tal y como prometió el Gobierno.

Por el contrario, Asaja no quiere ni oír hablar de una PAC “redistributiva”. “Tiene el mismo problema la primera vaca que la 101, la primera hectárea que la hectárea 101”, explica José María Castilla, quien hace suyo un lema de sus colegas de la patronal agraria andaluza: “No puede existir una PAC verde en números rojos”, en referencia a los cada vez mayores requisitos medioambientales de las ayudas públicas europeas.

Mientras tanto, los rebaños de ovejas, el ovino extensivo, por ejemplo, está desapareciendo por la falta de consumo y de rentabilidad; los grandes empresarios agrícolas españoles han empezado a cultivar tomates, más baratos, en Marruecos y Turquía, y fondos de inversión nacionales y extranjeros han visto oportunidades de gran negocio en los cultivos leñosos, como los frutales, el olivar y los viñedos. Por citar sólo algunos: Beka Finance –que tiene como presidente de honor de su comité de inversión y asesor al exministro de Agricultura Miguel Arias Cañete– ha comprado 400 hectáreas de almendros en Talavera de la Reina, Atitlan tiene 3.200 hectáreas de pistacho a través de Agnbro Capital, Azora compró el 33% de Isfa, empresa propietaria de 10.000 hectáreas de almendros, Miura Partners gestiona 30.000 hectáreas de cítricos gracias a Citri&Co, Portobello Capital tiene sede en Luxemburgo y el 38% de Eurocebollas, que explota 700.000 hectáreas de cebolla y ajo…

La producción agrícola europea ha crecido un 6,7% desde 2010 hasta 2023, según cifras oficiales del pasado octubre, y ha dejado atrás los dos años anteriores de problemas y sequía. Es un buen negocio, con una productividad que no ha dejado de crecer desde hace 13 años, un 9,1%. Esa productividad creciente procede de las explotaciones más grandes, asegura la Comisión Europea, y del cada vez menor número de trabajadores agrícolas. En España, el sector primario empleaba en 2023 a 675.300 personas, un 3,5% menos que un año antes. Pero desde 2021 el trabajo asalariado en la agricultura española ha caído casi un 14%, más del doble que el no asalariado. Y es que en España el 55% del empleo en el sector primario aún es familiar. 

El Centro Europeo de Periodismo (ECJ) ha concedido este año uno de sus cinco premios de Periodismo Climático a la investigación que la red European Investigative Collaboration (EIC), a la que pertenece infoLibre, y Voxeurop llevaron a cabo sobre la estafa de los fondos supuestamente verdes que invierten en las empresas más contaminantes.

El proyecto, que ha sido elegido entre 197 candidaturas procedentes de 24 países europeos, ha sido galardonado en la categoría de lucha contra la desinformación climática. Y comparte honores con trabajos publicados por el alemán Süddeutsche Zeitung, la revista británica The Economist ,The Bureau of Investigative Journalism, The Financial Times y Disclose.

El premio fue entregado este jueves en la News Impact Summit: La Lucha contra la Desinformación Climática, que se celebró en Copenhague (Dinamarca).

El jurado ha destacado la investigación de EIC y Voxeurop como arma para “desenmascarar el greenwashing”, un engaño que practican grandes gestoras de activos como BlackRock y Vanguard, y bancos del tamaño de JPMorgan Chase y HSBC. Pero también las entidades financieras españolas: sólo las tres mayores, Santander, BBVA, La Caixa, invierten más de 1.000 millones de euros en las empresas más contaminantes del mundo. Según el jurado, la decena de investigaciones publicadas por los medio de EIC y el europeo Voxeurop “documentan las catastróficas deficiencias de la UE a la hora de garantizar que los fondos de inversión no acaban en proyectos que contribuyen a la destrucción del planeta”.

Entre los reportajes incluidos en la investigación se cuentan los 10.000 millones de euros que reciben Repsol e Inditex, dos de las firmas españolas que más CO2 emiten, de fondos de inversión supuestamente verdes. También los 21.000 millones que los franceses Crédit Agricole, BNP y Postal Bank invierten en empresas contaminantes.

En Noches de calor, el reportaje premiado de Süddeutsche Zeitung en la categoría de visualización de datos, hace un seguimiento de las temperaturas nocturnas en seis ciudades del mundo, y muestra cómo el calor afecta de forma desproporcionada a los barrios más pobres.

El ganador de la categoría de investigación ha sido una investigación de Voxeurop junto con la revista indonesia Tempo que destapa el blanqueamiento que Michelin y BNP Paribas han hecho en Europa de actividades contra el medio ambiente en Indonesia. La compañía francesa, asociada con la indonesia Barito Pacific, utilizó bonos verdes comercializados por BNP Paribas para financiar plantaciones de caucho en el país asiático. Una inversión supuestamente verde condujo, sin embargo, a la deforestación de amplias zonas.

The Economist y los estadounidenses .Coda son los ganadores en la categoría Historias y Soluciones con un reportaje sobre la lucha del Ártico sueco por el clima; en concreto sobre los esfuerzos de los sami por salvar su modo de vida frente a los intereses industriales modernos.

Finalmente, The Bureau of Investigative Journalism, en colaboración con The Financial Times y Disclose, han sido reconocidos con el premio a los Talentos Emergentes por desvelar que el Banco Santander contrató un bono petrolero de 1.000 millones de dólares para PetroPerú. Con él la compañía financió una refinería de petróleo vinculada al oleoducto Norperuano, que atraviesa un humedal amazónico protegido por el Convenio de Ramsar. El banco español no tuvo reparos en firmar la operación pese a que sus políticas de sostenibilidad le prohíben expresamente financiar proyectos que pongan en peligro los humedales protegidos por ese convenio internacional.

La fundación Centro Europeo de Periodismo (EJC por sus siglas en inglés) es una organización holandesa independiente sin ánimo de lucro con sede en Maastricht. Tanto los premios como la News Impact Summit han sido organizados en colaboración con la Google News Initiative.

Parece que el campo está en venta. Así lo entiende el capitalismo financiero poniendo sus objetivos en el medio rural fomentando métodos industriales tanto en la agricultura como en la ganadería. Una agroindustria que no solo daña al medio ambiente sino que repercute muy negativamente en la viabilidad del propio sector agrario.

Ya hace casi una década, los grandes Fondos de Inversión fijaron su mirada en las muy fértiles tierras de California con viñedos muy rentables, una mirada que se ha extendido a nuestro país, especialmente en los últimos años, cuando estos grandes Fondos, antes muy interesados en el sector inmobiliario, han pasado a la adquisición de compañías del sector agrícola e incluso al arriendo y compra directa de suelos de cultivo.

A nivel mundial hay más de 900 fondos de inversión especializados en el sector agroalimentario, mientras que hace 15 años apenas superaban el centenar. El 50% de las operaciones todavía se concentra en Norteamérica, pero Europa cada vez atrae a más gestores por su geografía, y en España se espera que el interés inversor continúe al alza debido a las rentabilidades, al “incremento de precios de la tierra productiva con agua y la posibilidad que brinda de desarrollar paquetes diversificados”.

España es el segundo país de la Unión Europea con mayor extensión agraria. Cuenta con 23 millones de superficie agraria útil, de los que 17 millones son de cultivo (76% dedicado a secano y 24% a regadío). El interés por las fincas rústicas españolas por parte de los Fondos de inversión ha ido creciendo. Solo en el primer semestre de 2023, el número de transacciones se acerca a las 230.000. De estas últimas, el 43% de las operaciones se concentraron en Castilla y León, Andalucía y Castilla-La Mancha, especialmente en sectores como cítricos y leñosos (olivar, almendro, pistacho, aguacate) no intensivos en consumos hídricos.

Esta situación ha traído importantes cambios en un sector dominado históricamente por pequeños agricultores y empresas familiares en las que la entrada de este enorme volumen de capital está provocando grandes convulsiones en la estructura del propio sector y en los recursos derivados, muy particularmente el agua, especialmente en los tiempos de emergencia climática en que estamos inmersos.

Diversos factores han impulsado el interés inversor, como son la creciente demanda de alimentos; la escasez de recursos (tierra, agua, energía) que son cada vez más escasos y por tanto incrementan su valor, y por tanto su potencial especulativo; la propia volatilidad de otros mercados financieros que hace que se valore la mayor estabilidad del sector primario, y finalmente el potencial de innovación del propio sector agrícola con la digitalización y la biotecnología como puntales.

Los Fondos utilizan diversas estrategias de inversión, como pueden ser una inversión directa en acciones o activos de empresas agrarias y también en Fondos de capital privado especializados en el sector primario. Obviamente este incremento de inversión aumenta la productividad en términos económicos mejorando el acceso a nuevas tecnologías, si bien acarrean importantes impactos negativos a nivel ecosocial.

Aunque la publicidad de estos Fondos de Inversión apela a una supuesta sostenibilidad de sus acciones, la realidad es que sus incidencias en términos ecológicos son muy elevadas en una consecuencia lógica de sus propios objetivos que son explotación intensiva buscando maximizar la rentabilidad. Las más destacadas:

Por otra parte, la homogeneización de la producción con extensos monocultivos de alto rendimiento lleva a la pérdida de biodiversidad agrícola y a la desaparición de variedades locales adaptadas a las condiciones climatológicas de cada región.

Pero siendo de mucha relevancia las incidencias ecológicas son muy destacables también los efectos de desestructuración del propio sector agrario, un proceso tildado de “uberización” por la COAG.

Lo cierto es que en los últimos años el sector agrario se ha estabilizado en la senda del crecimiento con cifras por encima de los 30.000 millones de euros anuales, con un aumento muy significativo de las exportaciones (casi un 100% en los últimos 10 años) si bien el cierre o transacción de las explotaciones ha ido también creciendo ante la falta de relevo generacional (4 de cada 10 propietarios de fincas rústicas están en edad de jubilación).

Los agricultores tradicionales están sometidos por el “cuello de botella” que supone una distribución comercial fuertemente concentrada (los seis primeros grupos de este subsector de distribución concentran el 55% de la cuota de mercado) —según el Informe sobre la Uberización del Campo Español de 2019— existiendo otro “cuello de botella” en los insumos (fertilizantes, pesticidas) que son controlados por un número cada vez menor de empresas. Esta situación ha generado un caldo de cultivo idóneo para la entrada de Fondos de Inversión que también participan en estas otras actividades relacionadas (distribución, fertilizantes, pesticidas, etc.…), así aproximadamente, aunque el 90% actual de las explotaciones se mantengan con titulares físicos, el 10% restante que son entidades jurídicas tienen el 50% de la producción.

Esta concentración de propiedad de la tierra a que lleva inherente la entrada masiva de capital , consecuentemente ha exacerbado la desigualdad en el sector expulsando del mismo a muchos agricultores o convirtiéndolos en asalariados de las grandes empresas en una situación de precarización del trabajo donde compiten con mano de obra que es atraída desde las mismas empresas para trabajar en condiciones enormemente inestables a nivel temporal, con jornadas extenuantes, sin protección social y con ínfimos salarios.

Los pequeños agricultores se ven marginados y con la necesidad de entrar en estas condiciones al estar fuera del acceso a recursos y mercados. En algunos países la inversión en el sector primario ha estado asociada a la violación de Derechos Humanos con trabajo infantil, graves discriminaciones o criminalización de la protesta social e incluso la violencia contra defensores del medio ambiente.

Esta situación con más explotaciones pero menos agricultores propietarios  pone en riesgo la soberanía alimentaria  y la pérdida de control en la producción de alimentos creando una hegemonía en algo tan sensible como la alimentación muy peligrosa para el interés común.

Es a lo que lleva inevitablemente el fomento de oligopolios que vimos antes en un proceso de agricultores tradicionales convertidos en agentes pasivos contratables como meros obreros con riesgo “de ser automatizados” por las nuevas tecnologías al acceso de grandes corporaciones pues un grave riesgo de la digitalización es no poner ésta al servicio de los productores tradicionales, familiares o profesionales, sino a la mera rentabilidad económica.

En definitiva, una agroindustrialización que elimina el potencial de integración socioterritorial y ecosocial de la agricultura y ganadería tradicionales y su identidad cultural, exponiendo la tierra y sus productos a los enormes riesgos especulativos que traen la financiarización del sector con la consiguiente falta de transparencia y de control operativo de estos Fondos, en una situación que está desestabilizando al sector y por ende  a sus ámbitos de actuación muy ligados , por otra parte , a los recursos naturales cada vez más escasos: el suelo, el agua, el aire… bienes comunes en muchos casos.

La entrada masiva de Fondos de inversión en la agricultura presenta una serie de riesgos y desafíos que no pueden ser ignorados. Es necesario establecer mecanismos de regulación, control y limitación que garanticen que estas inversiones no perjudiquen a las comunidades locales, al medio ambiente y a la soberanía alimentaria.

Es fundamental promover modelos agrícolas que respeten el medio ambiente, garanticen condiciones laborales dignas y fomenten el desarrollo de las comunidades rurales. Las políticas públicas deben apoyar a los pequeños agricultores y fortalecer la agricultura familiar como base para un sistema alimentario justo y sostenible realmente.

Por tanto, se precisa:

En definitiva, es necesario construir un modelo agroalimentario que sea justo y que garantice el bienestar de las comunidades rurales y la protección del medio ambiente del que tanto dependen.

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Alberto Fraguas Herrero es Coordinador de Ecología Política de ATTAC Madrid.

La vivienda se ha convertido en un problema con muchas aristas. A la dificultad de acceso por la elevación de los precios, se han sumado factores como los conflictos vecinales que están provocando contratos como los turísticos y los temporales; o el que fondos de inversión o sociedades inmobiliarias se hayan convertido en activos agentes del mercado de la vivienda junto a los multipropietarios, provocando en ocasiones el desalojo de vecinos que no pueden luchar contra Goliat.

infoLibre ha hablado con varias personas afectadas por alguna de las caras del poliédrico asunto de la vivienda: trabajadores, vecinas que soportan a diario los inconvenientes de los pisos turísticos, estudiantes, propietarios y mujeres desalojadas de sus hogares. Todos cuentan sus historias, con la esperanza de que algo cambie.

A Andrés le ha sacudido lo que a priori era una buena noticia. Pretende mudarse desde el municipio madrileño de Getafe a Cádiz capital, donde ha conseguido una plaza para trabajar en la Administración General del Estado. Tiene 24 años y será administrativo, “con un sueldo de más de 1.500 euros” al mes. Pero no encuentra en su lugar de destino “un alquiler de larga duración para poder estar más de 10 meses en el mismo piso”. “Me quieren obligar a irme en verano a otro sitio para poder ponerlo de alquiler turístico”, denuncia. No puede renunciar a la plaza que “se ha ganado” porque se quedaría en el paro. “En el peor de los casos, me tendré que alejar de mi centro de trabajo e irme a otros municipios como Puerto Real o El Puerto de Santa María pero, por lo que me han dicho, la cosa está muy parecida por allí…”, anota.

Está “agobiado” porque es probable que tenga que incorporarse a su puesto a mediados de noviembre y, “por un lado, están los procedimientos administrativos que tienes que hacer para poder tomar posesión de la plaza, y, por otro, el lío de dónde voy a vivir”, explica. “Cuando tenga la confirmación al cien por cien del puesto en Cádiz, tendré un mes para hacerlo todo y me estoy encontrando con que, en la zona, el 90% de los pisos son de alquiler de temporada y es todo muy difícil”, lamenta. Admite que el proceso le ha “generado ansiedad” al estar “sin saber muy bien dónde” va a “poder vivir en estos meses, pese a ser un trabajador con un salario medio”. De hecho, le parece “dramático” el que “ya dé un poco igual el sueldo que tengas”. “Los alquileres en Cádiz están entre 800 y 900 euros, acercándose al precio de Madrid, pero es que además está el problema del tipo de contrato de alquiler”, explica.

No está solo. El 38% de los españoles ha experimentado angustia o ansiedad ante la perspectiva de perder su vivienda y verse obligado a regresar al domicilio familiar, según un estudio sobre vivienda y salud mental elaborado por GAD3 para el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE). Un estrés que es más común entre los encuestados que viven de alquiler, quienes también sufren soledad y depresión.

El proceso de exploración del mercado desactivó las expectativas de Pep. Es médico residente y ha optado por pagar 575 euros por disponer de una habitación en un piso que comparte con otra persona para no destinar más de la mitad de su sueldo a la vivienda. Trabaja en el barrio de El Raval, el más poblado de los que conforman el distrito de Ciutat Vella en Barcelona. “Quería un sitio que estuviera a una media hora en transporte público”, algo que no parece descabellado, “pero hay muy pocos pisos por debajo de los mil que no estén en la periferia”, asevera. Hasta en el que gasta su tiempo por fin llegó “no porque fuera el mejor, sino porque era el menos malo”, ironiza.

Por el camino se topó con quienes pedían “precios más altos de los que ponían en el anuncio”. Pretendían subirlo anualmente o reclamaban “hasta dos meses por adelantado, con lo que había que pagar 3.000 euros sólo para entrar a vivir en una habitación”, detalla. Él ya no tiene que escudriñar portales, pero sabe que en la actualidad “se subarriendan habitaciones, se hacen contratos de meses”, se intentan “vender habitaciones muy pequeñas, en las que las que meter una cama individual y una mesa es complicado”, al ser del espacio de un trastero. “En Barcelona la situación está tremenda, y el hecho de que todo esto no esté regulado hace que suban los precios a la gente que estamos buscando un sitio donde vivir para sobrevivir, para que sea nuestra residencia habitual. El mercado está infladísimo”, cierra. De hecho, la capital condal es la ciudad española más cara para arrendar una habitación, con un coste medio de 565 euros mensuales, según un informe de Idealista con datos relativos al segundo trimestre del año.

M. A. tiene 66 años y nació en la casa en la que habita en la calle Preciados de Madrid, que se ha convertido en territorio hostil para “los vecinos de toda la vida”. Vive en un edificio con siete pisos, aunque, tres son locales comerciales. El suyo es el quinto. El sexto está destinado a alquiler habitual, el cuarto lo han arrendado estudiantes, y los propietarios del tercero y el segundo los han dedicado al alquiler turístico y temporal. “Esto era una casa de vecinos normal, de las de siempre, pero se han ido vendiendo los pisos, han entrado los turísticos y nos han fastidiado”, se lamenta. “Ha habido hasta ‘camas calientes’ porque sus dueños sólo quieren dinero”, afea.

Enumera con cierta resignación las preocupaciones que ese tipo de negocios le han provocado. “Lo primero es la inseguridad. No sabes con quién te puedes encontrar por la escalera o en el ascensor. Estás vendida”, comenta. A lo que hay que añadir “los ruidos y las molestias” que provocan “constantes llamadas a la Policía”. Es más, relata que una vez tuvo que indicarle ella misma a los agentes donde están los apartamentos turísticos porque “había un inglés borracho perdido por la escalera”. Lo desenreda: “Sus compañeros le habían escrito en un antebrazo la dirección de la calle a donde tenía que ir, pero no el piso, e intentó meter la llave en todos, hasta que alguien llamó a la Policía al pensar que querían entrar en su casa”, recuerda. Las fiestas en el inmueble son habituales. “Hemos tenido una temporada en la que a las 12 de la noche empezaban los cumpleaños felices. Luego la basura la dejan por cualquier lado del edificio y eso genera olores, bichos… Vemos colillas cerca del ascensor, en un inmueble con las escaleras y otras muchas cosas de madera. Hay llamadas al telefonillo y a la puerta a todas horas e incluso usan una buhardilla de almacén y suben y bajan un carrito con sábanas, toallas, cosas de limpieza… A veces se les ha caído por la escalera”, aporta.

El trasiego de gente y maletas es ya parte del bloque. Y además M. A. sabe lo que son las “presiones” para que se marche. “En las reuniones de la comunidad me dicen que por qué no me voy al campo a vivir más tranquila”, cuenta. Pero no tiene intención de hacerlo: “No me van a decir dónde tengo que vivir. Son ellos los que están haciendo algo ilegal”, sentencia. Cerca de 351.400 viviendas turísticas salpican España, según la última actualización de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Los vecinos que sufren sus efectos no entran en la estadística. 

Hay otros damnificados por la situación del mercado inmobiliario: los estudiantes. Marina comenzó a buscar alquiler en la capital madrileña el pasado marzo y descubrió que “en barrios obreros como Usera, Villaverde, Aluche o Carabanchel, pisos de dos o tres habitaciones no bajaban de los 900 o los 950 euros” y con que “se publicaban anuncios en los portales inmobiliarios que apenas duran unas horas”. Hechas las primeras cribas, “de 100 mensajes que envías, igual consigues que te contesten diez, y luego los propietarios organizan los días de visitas y es un casting para elegir quién se queda con el piso”. Tuvo que pasar por unos cuantos. Lo referido es “en el caso de que los propietarios sean particulares”, porque “los requisitos de las agencias” son de partida “imposibles para un estudiante”, constata. Para arrancar, les solicitan “ingresos que rondan los 2.000 euros y avales”. “Hay algunas –encadena– que te piden una entrada de cuatro mensualidades, dos para la agencia, que es ilegal, pero te las piden igual, una de fianza y otra de gastos de alta de suministros”. “Es imposible cumplir esas condiciones, si eres estudiante, y es que más del 90% de las ofertas son de agencia”, se queja. Ella compagina estudios de idiomas y una oposición. En su caso el rastreo acabó bien: comparte piso con otra compañera en el barrio de Aluche. “Pero por familiares de familiares de familiares, por los contactos, porque al final conoces a alguien”, matiza. “Como lo intentes hacer a través de los portales inmobiliarios o de agencias, no se puede”, manifiesta.

Desde otro punto del mapa de España, Málaga, un propietario, N. M., confirma que “hay muchos estudiantes que están desesperados” y que al colgar el anuncio de su inmueble en una página web tuvo “un aluvión de llamadas en menos de una hora”. Su vivienda tiene tres habitaciones y está situada en una avenida bien conectada con el centro de la ciudad por lo que la arrienda por 800 euros, que no es un precio muy elevado, tratándose de la capital malagueña. Es más, asegura que, “en varias ocasiones”, le han llegado a “ofrecer más” para poder quedarse con la casa e incluso en alguna “el doble, para que fuera para un joven y un amigo”. No lo aceptó. A N. M. lo que le preocupa es “dar con gente normal” que no le “destroce la vivienda”. Afirma que no quiere “enriquecerse con ella”, pero tampoco que le suponga “una carga o un quebradero de cabeza”. Cree que “ha acertado” con sus inquilinos y puede que ellos hayan tenido suerte con él.

La vivencia de Zohra y su familia se ha hecho pública porque ha decidido darle visibilidad de la mano del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid. El pasado 24 de julio, ella, su marido y su hijo de nueve años fueron desahuciados de la casa que moraban desde hacía una década en el barrio madrileño de Lavapiés, pese a que un grupo de personas bloqueó la puerta para intentar impedir el desalojo y un activista por el derecho a la vivienda incluso se colgó en el vacío del patio del bloque. Zohra y su familia sobreviven con una pensión y el Ingreso Mínimo Vital, por lo que habían demandado un alquiler social que nunca llegó y que se suspendiera el desalojo, al cumplir con los requisitos de vulnerabilidad exigibles. Pero, según el sindicato, no pudo demostrar que su casero es un gran tenedor “que posee 27 pisos”. En la calle, el Samur Social les ofreció una alternativa habitacional en Las Caracolas, un centro de acogida temporal formado por cubículos prefabricados en los que cada familia dispone de una habitación sin cocina en la que pasar unas cuantas semanas. Pero los han expulsado de ahí igualmente para enviarlos a una pensión, a la que han arribado con los nervios hechos un nudo. Zohra tiene una barrera: la lengua, no habla bien castellano. Y un miedo: que "le quiten a su hijo", según quienes la están acompañando en su batalla.

Lola, con 50 años, ha afrontado con su madre, de 79, un informe de vulnerabilidad oficial y una pensión no contributiva de 500 euros, otro desalojo. El propietario vendió el que era su edificio en Getafe a una sociedad y transmitió a los vecinos que "finalizaban los contratos". Se inició entonces un proceso judicial que terminó en desahucio, fechado para el pasado 11 de septiembre. Intentaron un aplazamiento, pero un juez lo denegó.

La madre de Lola pasó más de una década en su ya antigua casa y más de 70 años en la misma barriada. Ha soportado, según su hija, escenas “muy crueles”. Lola no pudo “ni entrar a recoger” sus “cosas” cuando se produjo un desahucio en el que “no se hizo ni inventario”. Al menos han hallado una solución habitacional gracias a su red familiar: un primo de Lola les ha ofrecido una vivienda a la que se han traslado las dos, hasta que ella vea como su madre "se va adaptando”. “Todo ha sido agotador y de vez en cuando le dan bajones”. Y todavía no ha acabado, el día siguiente al desahucio, el juez “admitió a trámite el recurso” que habían interpuesto. ¿Qué herramientas tenemos realmente los ciudadanos para defendernos”, se pregunta. Y engarza: “Hay gente con 87 años a la que le está pasando esto. Igual hay mujeres que cobran 1.200 o 1.400 euros, pero tampoco se van a poder quedar en sus casas porque, en cuanto compran el edificio, les meten la finalización del contrato y punto”, proclama rotunda.

Mabel, en Palma de Mallorca, ha tenido que destruir universos domésticos construidos. “Me ha costado mucho y ha sido triste”, indica a este periódico. Se refiere a que se ha visto obligada a pedir a una inquilina con la que han "mantenido una relación de 15 años” que deje la casa por la que “ha pagado puntualmente la renta” que acordaron porque la “necesitaba” para su hijo. “Trabaja y quiere emanciparse para vivir con su pareja, pero como los alquileres en esta ciudad están por las nubes y por menos de 900 a 1.500 euros no encuentras nada, hemos tenido que recurrir a esa casa familiar, pero con pena por la inquilina”, reitera. Habla apretando lo dientes y agrega que su hijo ha explorado la compra, “pero no puede dar la entrada que le han pedido los bancos”, sintetiza.

“Hay una inversión de fuera de la isla muy importante y un tercio de la vivienda está siendo comprado en muchos casos por fondos de inversión para especular y dedicarlo al negocio del alquiler turístico. Los demás estamos pagando las consecuencias”, concluye. El precio de la vivienda libre se encareció un 5,7% en el segundo trimestre de 2024, hasta los casi 1.896 euros por metro cuadrado, el importe más alto registrado desde el tercer trimestre de 2009, según la última información difundida por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. La Comunidad de Madrid y Baleares se colocaron por encima de los 3.000 euros por metro cuadrado, que no se alcanzaron aún en otros enclaves del país. Números en los que quedan fagocitadas las ilusiones de muchos.

Sábado, 6 de abril. Centenares de personas acuden al Hipódromo de la Zarzuela, al norte de Madrid, para asistir al evento anual de Madeira Invest, una suerte de club financiero privado que captaba fondos prometiendo altas rentabilidades invirtiendo en arte digital o artículos de lujo –desde vehículos de colección hasta relojes o metales preciosos–. En un momento dado, quien toma la palabra es Alvise Pérez, entonces aspirante al Parlamento Europeo. "Todos vosotros estáis haciendo cierto tipo de política, que es la contrapolítica a un Estado mafioso y criminal que os roba más del 70-75% de todo lo que producís cada año", lanza el agitador ultra ante un público entregado a un club sobre el que unos meses antes había advertido la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Ahora, cinco meses después, todo el tinglado se ha venido abajo.

El estallido de lo que algunos abogados ven como una nueva estafa piramidal empezó a ser una realidad a comienzos de semana, cuando la página del club pasó de estar "en mantenimiento" a colgar el mensaje de "cerrado temporalmente". La bajada de persiana vino acompañada de un vídeo del supuesto líder de la comunidad, que se hace llamar Luis, en el que se vinculaba todo a una supuesta investigación en curso que habría bloqueado todas las cuentas. "Ahora nuestro único objetivo tiene que ser cumplir los contratos", señalaba. El anuncio se produjo días después de que El Confidencial informase de que parte del dinero recaudado para la campaña de Alvise se había desviado a una cuenta de criptomonedas a la que Madeira Invest también inyectaba activos.

Una parte de los negocios que colgaban de dicho club han echado el cierre. Es la crónica de una muerte que parecía anunciar la Comisión Nacional del Mercado de Valores hace ahora dieciséis meses. Entonces, en mayo de 2023, el regulador de los mercados lanzó una advertencia indicando que ni Madeira Invest Club ni la sociedad que aparentemente lo controlaba –una supuesta "consultora legal cripto" ubicada en Nuevo México– estaban autorizadas "para realizar las actividades reservadas a las instituciones de inversión colectiva". Un aviso a navegantes que el organismo cada vez lanza con mayor frecuencia. Desde el año de la pandemia, la CNMV ha soltado casi 1.700 avisos sobre chiringuitos financieros. Más de uno al día.

La proliferación de este tipo de estructuras ha sido exponencial a lo largo de la última década. Si en 2014 emitió 23 advertencias propias –también se hace eco de los que lanzan los supervisores de otros países–, en 2023 esa cifra se situó en 394, según el buscador que sobre esta materia tiene la CNMV. El dato es similar al de 2022 y 2020 –335 y 388, respectivamente–, pero ligeramente inferior al de 2021, cuando se lanzaron 556 avisos. "Es un problema cada vez mayor", apunta en conversación con infoLibre Antonio Gallardo, responsable de estudios de la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin). Y prueba de ello es que un tercio de las consultas escritas que recibió el regulador el pasado año versaban, precisamente, sobre prácticas irregulares de estos chiringuitos.

Porque en la "mayoría de los casos", advierten desde la CNMV, la prestación de supuestos servicios de inversión no es más que "una tapadera para apropiarse del capital de sus víctimas": "Cuando no pueden justificar las pérdidas, simplemente desaparecen o cambian de nombre". Suele ser habitual, apunta Gallardo al otro lado del teléfono, el modelo de estafa piramidal: pagan a los primeros que entran, ya sea con su dinero o con el de otros inversores, importantes beneficios que sirven como cebo para captar luego a más personas. "Muchas veces, pones una pequeña cantidad y el retorno es excelente, lo que te lleva a hacer una segunda inversión mucho más importante que termina desapareciendo", explica el experto de Asufin.

Las rentabilidades elevadas en un corto espacio de tiempo es el principal gancho. Arbistar, un chiringuito sobre el que también advirtió en su día la CNMV, prometía rentabilidades de entre el 8% y el 15% gracias a un supuesto bot con un algoritmo que garantizaba grandes beneficios pero que nunca existió. "Vendía humo", se recoge en el auto de procesamiento, que hace una descripción precisa de cómo funcionaba la supuesta estafa: "El negocio era financieramente inviable desde su origen. Se sostenía por la imagen de seriedad y solvencia que simulaban, para lo que era imprescindible pagar diligentemente a los inversores los intereses y devolverles el dinero invertido. Lograban mantener la apariencia de prosperidad obteniendo liquidez por los ingresos procedentes de nuevos inversores".

Esta macroestafa, por la que se habrían defraudado una cantidad superior a 92 millones a 32.000 personas, no es la única que se ha puesto sobre la mesa de la Audiencia Nacional. En dicho tribunal también se abrieron otras tres grandes causas por presuntas criptoestafas de Kuailian, Algorithms o Nimbus, que habría hecho perder más de 125 millones de euros a 4.000 inversores. Esta última firma, sobre la que alertó el regulador bursátil en 2020, prometía una rentabilidad mensual de hasta el 15%. Antes de su caída, el Madeira Invest Club, que se definía en su página web como un "club privado" creado con el claro objetivo de "ganar dinero", se fijaba como meta "obtener rentabilidades mínimas a partir del 30% anual".

Los inversores que se meten en estos chiringuitos financieros no están protegidos en caso de insolvencia de la entidad no autorizada. Al fin y al cabo, la misma no está adherida al Fondo de Garantía de Inversiones o de Depósitos, al que las firmas de inversión autorizadas contribuyen con sus aportaciones. Por tanto, una vez que estalla la burbuja es complicado recuperar el dinero. "Primero, hay que saber dónde se encuentran los fondos. Además, estas estructuras operan muchas veces desde lugares muy opacos. Y a veces resulta complicado incluso localizar a la empresa que se encuentra detrás de las mismas, dado que sus propias páginas webs no facilitan dicha información", sostiene Gallardo. De ahí que los procedimientos judiciales sean tan complejos y se alarguen en el tiempo.

El responsable de Estudios de Asufin ha visto en los últimos años una evolución en relación con los chiringuitos financieros. Si antes se requerían importantes inversiones de entrada, ahora con pequeñas cantidades es suficiente. Y si antes se orientaban hacia un público adulto, ahora el auge de las criptomonedas está permitiendo llegar cada vez más a un público joven. "La promoción se hace a través de redes sociales como Telegram o Instagram, recurriendo a los típicos vídeos de un tipo con dos ferraris y ese discurso que juega con la ganancia rápida y la inmediatez", expone Gallardo, que pide a los inversores desconfiar de las "promesas milagrosas de rentabilidades altas" y comprobar siempre si la entidad está regulada –la CNMV cuenta con registros para verlo rápidamente–.

Chiringuitos que crecen, en algún caso, en medio de ese discurso antiimpuestos y de "libertad financiera" que inunda algunas redes sociales y al que Alvise recurrió en aquel acto de abril en el Hipódromo de la Zarzuela. "Básicamente, me dedico a elusión fiscal, pagar los menos impuestos posibles dentro de lo que la ley permite, y hay mucho margen para hacer: sociedades, personas físicas, herencias, criptomonedas... Da igual, hay que terminar con el robo que existe en este país", decía Luis Cryptospain –Álvaro Romillo, según El Confidencial–, la cara visible alrededor de Madeira Invest Club, en una entrevista concedida hace un año a uno de esos múltiples canales de YouTube que cargan contra los tributos y que cuenta con más de un millón de suscriptores. "En Madeira vivo bien porque Hacienda no me toca los cojones y no se les ve el pelo", añadía.

El desafío de garantizar el acceso a la vivienda es complicado. Como medida para abordarlo, la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) del Ayuntamiento de Madrid, que comanda José Luis Martínez-Almeida, quiere comprar casas, para sumarlas a su “patrimonio público”. Los pisos a vender tienen que estar vacíos, en buen estado de conservación, tener un mínimo de un dormitorio, estar ubicadas sobre rasante y, si la vivienda no dispone de ascensor, ser hasta un tercero, como requisitos básicos. Pero además, los inmuebles deberán ser exteriores, haber pasado la inspección técnica, cumplir las condiciones mínimas previstas en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), estar al día con las cuotas de la comunidad y tener dados de alta los suministros de luz, agua y gas.

Desde el ayuntamiento madrileño afirman estar abiertos a adquirir tanto viviendas de segunda mano como de nueva construcción, siempre que reúnan las condiciones escanciadas y no sean unifamiliares. Y lo harán a “precios de mercado” en “todos los distritos” de la capital. Han elaborado un mapa con el valor máximo del metro cuadrado que están dispuestos a abonar, armado en función de las distintas zonas de la ciudad, para que sirva de referencia a los interesados, que tienen que hacer una oferta de compra a la empresa municipal. De acuerdo a esa guía, el valor máximo que ha fijado el consistorio por metro cuadrado construido es de 3.163 euros para el distrito de Hortaleza, 5.017 para el barrio de Salamanca, 2.270 para la Latina, 4.862 euros para el área de Chamberí o de 1.773 en el caso de Puente de Vallecas, por ejemplo. Unos precios que no serían exactamente de mercado, si se comparan con los recogidos en los portales inmobiliarios. En la página web de uno de ellos, Fotocasa, se refleja que, actualizada la información a este agosto, el coste medio por metro cuadrado sería de 4.763 euros en Hortaleza, es decir, 1.600 más de los que la EMVS pretende pagar; y de 9.114 en el distrito de Salamanca, 4.097 más. Si se pone la lupa en Latina, la diferencia entre ambas cuantías es de 634 euros, al marcar el portal inmobiliario 2.904 euros; una distancia que crece hasta los 2.578 euros para Chamberí y que es más pequeña, de 430 euros, si la barriada es Puente de Vallecas.

Para financiar este plan, el departamento de Políticas de Vivienda del consistorio de la capital ha transferido seis millones de euros a la EMVS, según la información difundida por esta. Desde 2019, el Ayuntamiento ha incorporado a su parque “13 pisos comprados en el mercado secundario", con los que el total asciende "a 246”.

El investigador de la University College of London Eduardo González de Molina apunta que la iniciativa que ahora se mueve incluso en redes sociales “no es nueva”. “Ya se hizo en el mandato anterior, con resultados pobres”, desliza, aunque añade que no le “parece mal”, al ser “una herramienta más que tiene el sector público en la solución del problema de la vivienda”. Si bien, al tratarse de la adquisición de “viviendas sueltas, y no de edificios enteros”, no evitará “compras especulativas”, avisa.

Cree, asimismo, que “es un mecanismo muy insuficiente, respecto a la otra gran fórmula de compra, que se aplica en comunidades como Cataluña, País Vasco o Valencia: el derecho de tanteo y retracto”. A su juicio, en Madrid “debería haber una norma autonómica que le ceda a los ayuntamientos y a la propia comunidad ese derecho de compra preferente que permite impedir que fondos como Blackstone puedan hacerse con un edificio completo y destinarlo luego a pisos turísticos”. ¿Cómo? “Una vez que comprador y vendedor pactan un precio, tienen que ir al notario. Este congela la operación durante un mes y le traslada la información a la administración, que puede decidir si se queda el inmueble”, explica. “Esto sí sirve para combatir la especulación y es más eficaz”, remarca González de Molina.

Otro punto débil de la campaña de Almeida, a su entender, es que “le dedican muy poco presupuesto para la magnitud de la ciudad”. En la actualidad pueblan Madrid más de 3,3 millones de habitantes. En ese punto, indica que en Barcelona, con una población de 1,6 millones de personas, se han comprado en ocho años, entre 2015 y 2022, 1.600 viviendas, a lo que se han destinado 190 millones de euros. Y continúan moviendo ficha. El Ayuntamiento de la ciudad condal se hará con un bloque de pisos situado en la Dreta del Eixample, de 23 viviendas, de las que 21 se habían derivado al mercado de uso turístico o alquiler de temporada. “Eso se logra gracias al derecho de tanteo y retracto. Con el mecanismo de Almeida, no se conseguiría”, remata el investigador.

A Alejandra Jacinto, abogada de CAES, el plan puesto en marcha por la empresa municipal madrileña le parece “pura propaganda para aparentar que les preocupa la vivienda, pero nada más”. Aunque se destinaran los 10 millones que constan en los pliegos vinculados a ésta, que ha consultado, “en el mejor de los escenarios se podrían comprar 30 viviendas, a precio real de mercado. Aumentar el pírrico parque público en esa cantidad en una ciudad como Madrid es una medida cosmética, que no va a resolver en nada el problema”, mantiene.

Comparte con González de Molina que a priori no es previsible que sea un plan con resultados muy fecundos. En opinión de Jacinto, responde a querer “obtener un titular” para “poder decir que hacen cosas”, más que a procurar “resolver el problema habitacional crónico que tiene Madrid”. “Si de verdad tuvieran intenciones de hacer esto último -engarza- se pondrían a declarar zonas tensionadas para regular los precios del alquiler y a revertir la venta que le hicieron a Blackstone en 2013 de 1.800 viviendas públicas”, lanza.

Insiste en que en la capital existe “un problema principal crónico que tiene que ver con el uso especulativo y con la concepción de la vivienda que tiene este ayuntamiento” y que no se solucionará con políticas “que recuerdan mucho a poner macetas en los balcones para combatir el cambio climático. Pura propaganda”, reitera para concluir.

Según la EMVS, Madrid cuenta con un “patrimonio de viviendas públicas, actualmente cifrado en más de 8.500, en todos los distritos” de la capital. Habrá que ver cuántas son capaces de agregar con esta oferta de compra.

“Estoy en una situación límite. La incertidumbre mata, cuando uno tiene certeza, para bien o para mal, se puede buscar una solución. Pero en la incertidumbre de no saber dónde vas a estar mañana, no se puede vivir”, confiesa J., que prefiere no revelar su identidad, a infoLibre. En 2017 formalizó un contrato de alquiler con una promotora en la calle El Yesero, del barrio madrileño de Vallecas, donde vivía a gusto hasta que en 2020 le comunicaron “por carta” que “la gestión de esos pisos pasaba a otra empresa”, a la que comenzó "a pagarle”. Intentó ponerse en contacto con la entidad “por email y en un teléfono”, pero el silencio fue la respuesta. Más tarde, “alguien del juzgado vino a mi casa a decirme que esos pisos eran propiedad de la Sareb –Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, el llamado banco malo– y que en algún momento se haría un proceso de lanzamiento”, relata.

Durante ese proceso siguió abonando la renta “hasta que la cuenta donde enviaba la transferencia me empezó a devolverlas y nadie me atendía”, se queja. Finalmente le llegó la fecha del desahucio: el pasado 10 de abril. “El día antes saqué algunas cosas y las dejé en casas de familiares”, admite, pero la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Vallecas actuó y el lanzamiento “se suspendió 60 días”. El día 10 tuvo que “ir a Correos a recoger una carta” y cuando regresó se encontró “con una persona de la Sareb, dos cerrajeros y un trabajador de seguridad cambiando la cerradura” de su todavía vivienda. De acuerdo a su narración, les explicó que era su casa y les mostró las llaves. “Me dijeron que pensaban que allí no había nadie, pero ya la puerta la habían roto porque no habían podido cambiar una cerradura muy buena que yo había puesto tras quedarme una vez encerrado". Lamenta que tuvo que pasar “desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la tarde en las escaleras sin comer ni nada, esperando, hasta que volvieron a poner una cerradura y darme las llaves nuevas”. “Nadie nos ha explicado nada y estamos siendo víctimas de una seria de cosas sin tener información. Estamos en un limbo”, lamenta el afectado.

José, jubilado y “con una discapacidad de un 59% por la vista”, llevaba nueve años en El Yesero cuando recibió “una notificación del juzgado de que el 10 de abril había un lanzamiento”. “Y, como mucha gente con miedo, te buscas algo por ahí”, desliza. En su caso acabó “dos o tres días antes” de la supuesta salida forzosa, “en un pueblo de Toledo”. Pese a que su desahucio se retrasó igualmente, “cambiaron la cerradura y pusieron una puerta antiokupa”, aunque asegura que ni ha "entregado llaves" ni ha "firmado ningún documento". Reclama "un alquiler social, dada su situación".

Son dos ejemplos de vecinos de ese barrio de Vallecas por los que el movimiento Plan Sareb, integrado por colectivos como Stopdesahucios, la PAH o el Sindicato de Inquilinas de Madrid, irrumpió el jueves 4 de julio en la sede del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) –dueño de algo más del 50% de la sociedad de gestión– para exigir la paralización de acciones como esa y de una oleada de desahucios en viviendas ligadas a la Sareb. Fuentes del Plan Sareb cifran en “27” los desalojos que “se iban a intentar ejecutar en unas tres semanas” en distintos puntos del país. Además, denuncian que se “ha cometido allanamiento”.

"Se han ejecutado 20 desahucios en Els Pallaresos, (Tarragona), otro en Villalba (Madrid) y tres en la carretera de Villaverde a Vallecas, y otro por la zona”. Y había previstos más en Els Pallaresos el día 8 julio, junto a los del El Yesero, el 10 de julio. “Sólo nuestra presión ha evitado que se ejecutaran otros 12 desahucios entre el 26 de junio y el 10 de julio: seis en Alcobendas y seis en Casarrubuelos”, señalan, para añadir que denunciarán “penalmente” los intentos de “realizar desalojos extrajudiciales” a través de “allanamientos” y “no sólo contra Sareb". Tienen en el punto de mira a "los mediadores que no han movido un dedo y saben que el allanamiento es ilegal” e implicarán, asimismo, al Defensor del Pueblo en el asunto de los desahucios.

En relación al caso de J., fuentes de la Sareb dan una versión distinta y sostienen que han “recuperado algunas viviendas de El Yesero siguiendo el procedimiento legal y siempre bajo tutela judicial". Y añaden que, “para que el juez permita lanzar, o no hay vulnerabilidad acreditada o no hay colaboración”. Y es en torno a este término sobre el que hay más discrepancias entre las partes. 

Del lado del banco malo aseveran que llevan a cabo un protocolo que incluye hasta cuatro visitas y el diálogo con las familias afectadas. Cuando se trata de personas vulnerables o que han firmado un contrato con “una empresa explotadora”, por ejemplo, “si colaboran y aportan la documentación”, inciden, arranca el programa de alquiler social. Pero, si no lo hacen, “se tiene que seguir adelante con el desalojo de la mano de los servicios sociales”. 

Por parte de los inquilinos, critican que “la Sareb está presionando a la gente para que se vaya, a través de prácticas cuestionables, sobre todo para un ente público”, y sus alquileres están “llenos de cláusulas abusivas dirigidas a vender la casa” con ellos “dentro”. De hecho, han elaborado una guía sobre éstas para “poder reaccionar”.

Diego cuenta su experiencia sobre lo que tilda de “acoso inmobiliario”: “A casa llamó al telefonillo sin avisar una persona que decía ser trabajadora social y no tenía ni tarjeta de identificación. Mi pareja y yo teletrabajamos y tuvimos que abrir. Afirmó que no venía de parte del banco, que era independiente, y que ahora estas casas iban a ser del Estado. Le dije que mentía, nos pedía que le pasáramos datos personales cuando se supone que le pagaba una gestora privada, un fondo, que trabajaba para la Sareb”. Afea que hagan a las familias “visitas personales en las que no queda registrado lo que se habla”. Su mujer y él llevaban siendo “inquilinos de Sareb desde hacía seis años” cuando pasó y algunos meses después: “Nos llegó un burofax amenazándonos con una demanda por usurpación, acusándonos de un delito. Es coacción”, encuadra. “Eso es para ellos no colaborar. Por eso nos hemos organizado para hacerlo todo por escrito y formal", frente al "que somos hostiles o no estábamos", señala. Y concluye: "Ellos quieren una negociación singular con cada familia y nosotros una colectiva a través de nuestros representantes de la plataforma. En este país existe la libertad de asociación y no pueden decidir por los 300 hogares que estamos en la campaña. Ya no abro a nadie sin entregarle todo por escrito”. Valoran “llevar a los tribunales” el presunto mobbing inmobiliario.

"La mayoría de los que están desahuciando no es gente que haya entrado pegando una patada en la puerta ni comprando una llave ni nada eso, sino que tenían su contrato de alquiler. No todo son okupas, como han transmitido vecinos de la zona a algunos medios de comunicación –han tenido conflictos con propietarios de alguna urbanización distintos a la Sareb, aunque los achacan a que temen que "los pisos sociales bajen el precio de los suyos"–, y muchos, cuando les llega el burofax de la Sareb cogen las maletas por no saber qué hacer", proclama desde el movimiento Plan Sareb, para enlazar: "Blanquean su gestión garantizando que ponen mediadores, que lo que hacen es desahuciar sin antidisturbios, según nuestra experiencia".

La Safeb ha anunciado, tras las protestas, que ha solicitado aplazar de forma temporal los desahucios de El Yesero, con el objetivo de recabar “de nuevo la colaboración imprescindible de los habitantes de varias viviendas de su propiedad para confirmar si existen o no situaciones de vulnerabilidad, siempre en coordinación con los servicios sociales municipales”. “La entidad, siguiendo la política de apoyo social implantada desde 2022, mantendrá reuniones uno a uno con el resto de casos para resolver la situación en un breve plazo”, ha hecho público vía comunicado.

La relación con los inquilinos no es la única zona de sombras de la Sareb. El denominado banco malo fue creado en el marco del rescate de las entidades financieras españolas que quebraron tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. “Nace por la necesidad, compartida por el Gobierno español y las autoridades europeas, de recapitalizar varias entidades de depósito afectadas por la crisis financiera e inmobiliaria iniciada en 2008. Su mandato es gestionar y liquidar los activos deteriorados procedentes de esas entidades y con ello repagar la deuda que Sareb emitió, con el aval del Estado, para su pago”, se puede leer en su propia página web. 

Se constituyó con un capital de 4.800 millones, de los que el 45% fue aportado por el Estado a través del FROB, si bien, su financiación provenía de un préstamo de 51.000 millones de euros del Banco Central Europeo (BEI) que fue avalado por el Estado. Debido a ese aval y a las pérdidas millonarias de Sareb, la Comisión Europea planteó en 2021 que el Estado español contabilizase su abultada deuda –31.276 millones, según las cuentas de 2022–, por lo que pasó a ser pública. “Se montó para vender sus bienes y, con ese dinero, devolver el préstamo que concedió el BEI, pero cada vez tienen menos viviendas y ha cedido la gestión a dos fondos buitre: Blackstone y KKR”, aporta el abogado Manuel Gabarre. “La Sareb es una entidad pública –engarza–, pero se está privatizando mediante dos fondos que no dan ninguna información de a quién están vendiendo los pisos que son objeto de desahucio de las personas que hay allí. No sabemos ni con quién ni por qué precios ya que, mientras la venta de cualquier bien público está sujeta a la Ley de Patrimonio del Estado, los de Sareb excepcionalmente no lo están”.

A su juicio, “se está malvendiendo el patrimonio público, es un agujero negro”, lanza. A la luz de la información que maneja Gabarre, se han enajenado “activos inmobiliarios a fondos de inversión por valor de 7.500 millones de euros y los actores más relevantes del mercado español” como Cerberus y Blackstone, “han obtenido importantes comisiones”, al tiempo que “promotores locales y pequeñas inmobiliarias han adquirido activos de Sareb” y consumidores “muchas de sus viviendas”. Finaliza lamentando que el “secretismo de Sareb” impide tener una radiografía fiable sobre la misma. Lo que sí tiene claro es que el hecho de que cuando se declaró pública “en vez de pasar a la Secretaría de Estado de Vivienda, lo hiciera a la de Economía, demuestra que la vivienda en España, y Sareb en concreto, se considera un bien financiero y no un derecho, que es lo que es”. 

En ese sentido, expertos han censurado que “se haya pretendido que las administraciones paguen precios elevados por casas en las que ya se habían invertido fondos públicos”. “Han ido dando bandazos”, indican fuentes del Plan Sareb y en la actualidad “están ofreciendo el poco parque que les queda a las administraciones públicas, pero las casas están destrozadas o en zonas donde nadie quiere vivir, por lo que no están entrando”, advierten las fuentes sondeadas.

Con todo, la compañía destaca que “fruto de su mandato y compromiso social”, ha aprobado en los últimos dos años “más de 7.000 alquileres sociales y ha fomentado la inserción laboral de 2.700 inquilinos”. Los contratos firmados eran 5.292, al cierre del Informe de actividad de 2023, según consta en dicho documento. Y se está en la última fase de preparación del Proyecto Viena, por el que se construirán unas 15.000 viviendas de alquiler asequible con un modelo de colaboración público-privada.