Hay dos formas de interpretar los resultados financieros anunciados el miércoles 22 de julio por Alphabet, la empresa matriz de Google, correspondientes al segundo trimestre de 2026. Por un lado, podemos alegrarnos de que la facturación haya aumentado un 24% con respecto al año anterior y de que el beneficio trimestral se haya cuadruplicado, hasta alcanzar los 112.100 millones de dólares.

También podemos preocuparnos, pues 77.000 millones de esos beneficios, es decir, más de dos tercios, proceden de las valoraciones contables de las participaciones de Google en la empresa de IA generativa Anthropic, que no cotiza en bolsa, y en SpaceX, cuyas acciones se dispararon espectacularmente tras su salida a bolsa, el 12 de junio, para luego volver a caer de forma igualmente impresionante.

Pero, sobre todo, por primera vez desde su salida a bolsa, en agosto de 2004, la empresa ha gastado más dinero del que ha ganado: ha “quemado” 5.900 millones de dólares en un trimestre. En los dos trimestres anteriores todavía había generado un flujo de caja positivo de 20.000 y 10.000 millones, respectivamente.

Esta evolución, sin precedentes para una empresa conocida por su capacidad para generar efectivo, se debe a una única causa: sus inversiones masivas en las infraestructuras necesarias para el funcionamiento de la inteligencia artificial generativa, principalmente centros de datos y chips de última generación.

Y esto es solo el principio. Google también ha anunciado que, aunque tenía previsto gastar 190.000 millones de dólares en 2026 en IA generativa (frente a los 85.000 millones de 2025), el importe real de sus inversiones oscilará más bien entre 195.000 y 205.000 millones. Todo ello pese a que la empresa ya tiene una deuda que ronda los 100.000 millones y a que, en junio, vendió acciones por primera vez para recaudar 85.000 millones.

La reacción de los mercados ante estos anuncios ha sido inequívoca. La cotización de Alphabet cayó un 8,4% entre la mañana del miércoles y la noche del jueves. ¿Se trata del inicio de un cambio de tendencia en este mundo digital, impulsado durante meses por la impresionante dinámica generada por el sector de la IA?

En cualquier caso, es una señal del fin de la confianza ciega que el mundo económico había depositado en los hyperscalers, esos cinco gigantes estadounidenses —Alphabet, Amazon, Meta (matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp), Microsoft y Oracle— que invierten sin freno en centros de datos y chips. Otro indicio: de estos cinco gigantes, solo Alphabet ha superado (y con holgura) la rentabilidad media del índice S&P 500 (que agrupa a las 500 empresas estadounidenses más grandes) durante el último año.

Todas las empresas tecnológicas que cotizan en bolsa acaban de atravesar también una semana difícil, tras la presentación del nuevo modelo de IA generativa de la empresa china Moonshot AI, cuyo rendimiento es muy similar al de los productos más avanzados de OpenAI y Anthropic, pero a un coste muy inferior.

Por fin parecen darse las condiciones para plantearse la existencia de una burbuja financiera en torno a la IA, que ha llevado las valoraciones del sector hasta niveles nunca vistos. Nvidia, líder en la fabricación de chips de última generación, es ahora la empresa con mayor capitalización bursátil del mundo, seguida de Apple, Alphabet, Microsoft y Amazon.

Los cinco hyperscalers representan hoy alrededor del 40% de la capitalización bursátil total del S&P 500. No cabe duda, por tanto, de que el estallido de la burbuja podría tener consecuencias catastróficas para una buena parte de la economía estadounidense y, por extensión, para la economía mundial.

“Si hubiera indicios, por un lado, de que [los hyperscalers] no pueden mantener el ritmo actual de sus inversiones y, por otro, de que están mermando sus beneficios sin obtener rendimiento de esas inversiones en IA, el precio de sus acciones podría desplomarse y arrastrar a todo el mercado bursátil en su caída”, resume en su blog el economista marxista británico Michael Roberts.

Para este veterano de la crítica al capitalismo, la economía estadounidense no es hoy en día más que “una gran apuesta por la IA”. Y a falta de encontrar un modelo económico coherente para esta nueva tecnología, la apuesta aún está lejos de ser ganada.

De hecho, Google y sus competidores se han lanzado a una loca carrera hacia el gigantismo, invirtiendo sin miramientos en el sector de la IA, absorbiendo toda su liquidez y más aún.

En marzo, el Banco de Pagos Internacionales (BPI), conocido como el “banco de los bancos centrales”, señalaba que, para estos cinco gigantes, los gastos de inversión ya representaban cerca del 14% de los activos en 2025, frente a una media de alrededor del 2% para el resto de empresas que cotizan en Estados Unidos.

Se prevé que, entre las cinco, destinen 800.000 millones de dólares a inversiones en 2026, y ya se han anunciado más de 1,2 billones para 2027. Como recuerdan otros especialistas, para entonces el presupuesto militar del Gobierno estadounidense apenas alcanzará los 961.000 millones.

La posibilidad de compensar estos desembolsos colosales con los beneficios derivados de esta nueva tecnología sigue siendo muy incierta. Así sostiene el informe parlamentario francés sobre las “vulnerabilidades” del sector tecnológico, publicado el 15 de julio. Incluso una estimación “maximalista de los posibles ingresos de las empresas de inteligencia artificial”, como la de la consultora Bain & Company, reconoce que esos beneficios no bastarían para cubrir las necesidades de financiación. La diferencia asciende, como mínimo, a cientos de millones de dólares.

“La sostenibilidad económica de la trayectoria inversora de las empresas de inteligencia artificial se basa en un crecimiento potencialmente exponencial de los ingresos, y ello en un plazo acorde con las expectativas de los inversores”, recuerda el informe. “Pero existen importantes dudas al respecto, ya estén relacionadas con la oferta (plazos de construcción de centros de datos, de las conexiones eléctricas, disponibilidad de chips) o con la demanda (retrasos en la adopción de la tecnología por parte de las empresas)”.

Las start-ups de reciente creación que desarrollan modelos de IA no están, por supuesto, exentas de riesgo. Ed Zitron, bloguero y uno de los críticos más duros del sector, reveló en junio los datos financieros de OpenAI: una facturación que pasó de 3.700 millones en 2024 a 13.070 millones en 2025, pero también unas pérdidas netas que se dispararon de 5.090 a 38.530 millones…

Mientras tanto, los hyperscalers aumentan su deuda tan rápido como la burbuja que alimentan. En 2025, recaudaron 121.000 millones de dólares en bonos. El BPI analizó la cuestión para el primer trimestre de 2026: a fecha de 5 de marzo ya se habían emitido 35.000 millones adicionales en bonos.

Y esta deuda se vende con menos facilidad (y, por lo tanto, a un precio más elevado), ya que los inversores empiezan a comprender la realidad de estas empresas, que pierden poco a poco su reputación de inversiones seguras debido a su escasa necesidad de infraestructuras costosas. ¿Están a punto de convertirse Google y Meta en empresas industriales como cualquier otra?

La situación puede ser incluso más preocupante. El 21 de julio, el medio japonés Nikkei Asia llamó la atención al publicar una investigación en la que revelaba que Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft y Oracle habían acumulado hasta 1,65 billones de dólares en compromisos financieros que aún no figuraban en sus balances contables.

Alquileres de centros de datos aún no puestos en marcha, pedidos plurianuales de chips y servidores, compromisos de compra de energía o de capacidad informática, operaciones financiadas por empresas conjuntas o “vehículos ad hoc” (special purpose vehicles, SPV)… La revelación de la magnitud de esta deuda oculta, que el BPI calificaba en su informe de marzo de “deuda en la sombra”, ha sido un jarro de agua fría.

Ese mismo día, una web especializada de Bloomberg iba un paso más allá y recurría a un nombre que despierta muy malos recuerdos de hace un cuarto de siglo: “El frenesí de los gigantes tecnológicos en materia de IA resucita los montajes contables que provocaron la caída de Enron”, advertía el artículo.

Enron, la compañía energética que acabó convirtiéndose en símbolo de los excesos del capitalismo financiero, “aprovechó las normas contables estadounidenses para ocultar a los inversores y a los prestamistas cientos de millones de deuda que había agrupado en entidades fuera de contabilidad”, recuerda Bloomberg. Su quiebra, en diciembre de 2001, arrastró también a la auditora Arthur Andersen y marcó un antes y un después en la historia empresarial.

Quizá escarmentada por precedentes como ese, EY, la firma que audita las cuentas de Meta, expresó públicamente en marzo sus dudas sobre la forma en que la empresa de Mark Zuckerberg había contabilizado en su balance su inversión en Hyperion, un enorme proyecto de centro de datos de 27.000 millones de dólares en Luisiana.

Los métodos empleados, tanto entonces como ahora, crean poderosos vínculos financieros entre las empresas, los fondos de deuda privada y los bancos, lo que refuerza los riesgos sistémicos en caso de que los resultados financieros resulten inferiores a los previstos. Y es precisamente esa maraña de intereses lo que provoca sudores fríos en el mundo económico.

El ecosistema de la IA ha llevado a un nivel sin precedentes la circularidad de las inversiones —y, por ende, de los riesgos—. Las empresas que construyen centros de datos y fabrican los chips adquieren participaciones en compañías de inteligencia artificial a cambio de compromisos de compra de procesadores o de capacidad de cálculo. El resultado es una demanda artificialmente inflada tanto de chips como de centros de datos.

“Los desarrolladores de IA, los fabricantes de chips y las grandes empresas tecnológicas desempeñan simultáneamente el papel de clientes, inversores y financiadores”, señalaba el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su informe de abril sobre la estabilidad financiera mundial, criticando los “estrechos vínculos” que conllevan “riesgos de opacidad”.

Uno de los economistas del BPI, Phurichai Rungcharoenkitkul, intentó a mediados de julio representar en un esquema este laberinto. El resultado merece la pena:

Una situación que ha llegado a preocupar incluso a Savita Subramanian, responsable de estrategia de renta variable en Bank of America. Según The New York Times, la experta reconoció a principios de julio que las enormes necesidades de financiación de Google y sus competidores le resultaban “un poco angustiosas”.

Y es que la rentabilidad esperada de esas inversiones no depende únicamente de los propios hyperscalers. Para que un centro de datos genere los beneficios previstos, empresas como OpenAI o Anthropic deben mantener una posición financiera lo suficientemente sólida como para contratar esa capacidad de cálculo. Si no lo consiguen, también tendrán dificultades para devolver los miles de millones que les han adelantado bancos y fondos de inversión.

Llegado ese punto, habría que preguntarse si la valoración bursátil de los hyperscalers sigue estando justificada, apuntó Subramanian. El riesgo es evidente: que el castillo de naipes termine derrumbándose.

Pese a todo, los vínculos cruzados continúan multiplicándose. El 21 de julio, la empresa francesa Mistral AI, que desarrolla su propio modelo de lenguaje, anunció un acuerdo de varios miles de millones de dólares con Microsoft para acceder a capacidad de cálculo en Europa e integrar algunas de sus herramientas en el software de la compañía estadounidense

Al día siguiente le llegó el turno del fabricante de chips AMD, gran competidor de Nvidia, que anunció a bombo y platillo su inversión de 5.000 millones en el capital de Anthropic, a cambio de un pedido masivo de procesadores. En octubre, la misma empresa había llegado a un acuerdo con OpenAI para un pedido tres veces mayor.

Para Phurichai Rungcharoenkitkul, economista del BPI, la situación actual es de una “sobreinversión”, en el marco de una “competencia en la que las empresas, que luchan por ocupar escasas posiciones dominantes, movilizan recursos de forma excesiva”.

Al describir burbujas anteriores provocadas por inversiones masivas en infraestructuras —la construcción de canales fluviales en Estados Unidos allá por 1830, del ferrocarril en Gran Bretaña una década más tarde o el auge de Internet de finales de la década de 1990—, recuerda que “todos estos episodios terminaron en correcciones brutales, acompañadas de repercusiones económicas más amplias”.

“El desarrollo actual [de la IA] está a punto de superar todos los episodios anteriores”, advierte el economista, quien también señala que “los períodos de auge más marcados desembocan en recesiones aún más devastadoras”.

Traducción de Miguel López

BlackRock es la mayor gestora de fondos del mundo, con una cartera valorada en 14 billones de dólares (es decir, 14 millones de millones de dólares) y hace unos días anunció su entrada en el capital de Unicaja, con una participación del 3%. A lo inabarcable de las cifras que maneja esta entidad, se suma una comparación sorprendente: si fuera un país, sería la tercera potencia del mundo por detrás de Estados Unidos y China, pero por delante de Alemania, según los datos del Fondo Monetario Internacional. Además, con esta operación sobre Unicaja, el grupo inversor se hace un hueco en todos los bancos cotizados españoles. Pero, ¿cuánto dinero ponen y quiénes son los principales accionistas de la gran banca española?

En España había 8.634 fondos privados institucionales de todo el mundo al cierre de 2024, “sobre todo procedentes de Europa y los Estados Unidos”, de acuerdo con el último Informe anual sobre la propiedad de las acciones cotizadas españolas de BME, el gestor de la Bolsa española. De hecho, el 48,7% de las acciones del mercado nacional estaban en manos de inversores extranjeros. En la imagen general, las corporaciones internacionales han ido ganando peso, pero también siguen teniendo un peso relevante algunos apellidos: Botín, Masaveu, Olivo o Domínguez de la Maza, entre otros.

Si comenzamos por los fondos, BlackRock, fundado y dirigido por Larry Fink desde 1988, es el más relevante. Recientemente, su responsable en España, Luís Mejía, aportaba al diario económico Expansión los datos de sus operaciones en España: invierte 104.900 millones. De estos, 67.300 millones van a empresas cotizadas; 22.500 millones de euros a deuda pública; 12.200 millones a deuda corporativa y 2.900 millones en activos no cotizados. Su inversión ha crecido en dos años un 70%, remarcaba el responsable.

Atendiendo al valor actual de los títulos en el mercado, la reciente inversión en Unicaja superaría los 250 millones en acciones. Con este cambio, el fondo entraba a formar parte de los accionistas significativos, aunque la Fundación Unicaja se mantiene como el accionista mayoritario (30,23% de los títulos); seguida de Santa Lucía Seguros, con un 10%; el promotor de centros comerciales Tomás Olivo, con un 5,18%; y el brazo inversor de la marca de ropa infantil Mayoral (Indumenta Pueri), con el 5%. Este último es propiedad de la familia Domínguez de la Maza, que, con un patrimonio de 1.300 millones, es la mayor fortuna de Andalucía. Además, están presentes en muchas empresas del Ibex 35 y han dado un impulso a la reciente salida a bolsa de la compañía de telecomunicaciones Digi con un compromiso de inversión de 100 millones.

Volviendo a Blackrock, el megafondo estadounidense también se sienta en el accionariado del mayor banco de España, el Santander, con un 6,86% y aparece como único accionista significativo en el registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En el BBVA ocurre lo mismo, y aparece con una participación del 7,15%; en Caixabank posee el 4,68% de las acciones; en el banco Sabadell, el 8,44% y en Bankinter, el 5,91%.

Fuera del ámbito financiero, el vehículo inversor de Larry Fink también posee acciones en ACS (5,057%), Aena (5,037%), Amadeus (5,498%), Cellnex (5,001%), Enagás (7,427%), Iberdrola (6,254%), Redeia (5,225%), Repsol (7,176%) o Telefónica (5,940%).

Otro gran inversor internacional que tiene peso en la banca española es Vanguard Group, que también ha puesto un pie en todas las entidades bancarias del Ibex 35. Fundado en 1975 en Pensilvania (Estados Unidos), mueve alrededor de 12 billones de dólares (con b) y se definen como “pioneros” en la creación de fondos indexados (aquellos que replican el comportamiento de un determinado índice bursátil). Destaca su posición en el Banco Santander (6,11%), seguido de BBVA (4,95%), Bankinter (3,70%), Caixabank (2,37%), Sabadell (1,13%) y Unicaja (1,82%), según datos de Bloomberg.

Norges, el fondo soberano noruego ligado al Norges Bank, es otro gigante de la inversión en las empresas del selectivo español y en la banca. También está presente en las seis entidades cotizadas, aunque en menor medida que BlackRock o Vanguard. Posee un 2,29% de títulos del Sabadell, un 1,6% del Santander, un 1,57% de Bankinter, un 2,87% de BBVA, un 0,33% de Unicaja y un 0,41% de Caixabank. Este grupo inversor se nutre de los beneficios obtenidos por la venta de petróleo y gas de Noruega y es el fondo soberano más grande del mundo. El año pasado su patrimonio cerró en 1,89 billones de euros, ligeramente por encima del PIB de España (1,6 billones de euros al cierre de 2025).

Si se observa la información de participaciones significativas que las empresas envían a la CNMV, aparecen otros nombres y apellidos que siempre han estado ligados al mundo empresarial y financiero en España.

Entidades como Bankinter cuentan con accionistas significativos diversos. Además de los citados fondos, aparece entre su accionariado la sociedad patrimonial Cartival SA, propiedad de una rama de la familia Botín, que posee el 23,19% de la entidad. Cartival fue fundada por el banquero Jaime Botín, hermano del que fuera presidente del Banco Santander, Emilio Botín. La hija de este último, Ana Botín, es actual presidenta del Banco Santander.

Entre el accionariado de Bankinter también aparece Fernando Masaveu Herrero, presidente del grupo Masaveu, que posee el 5,31%. El origen de la fortuna de esta familia está en la Banca Masaveu, fundada en 1840 y que se fusionó con el Banco Herrero a finales de los años 90, hasta que este fue absorbido por el Sabadell en 2001.

Entre los accionistas significativos de la entidad naranja figuran la corporación de gestión de activos estadounidense, Fidelity Management and Research (3,77%); Bank of America Corporation, con un 3,10%; Lazzar Asset Management, una firma de inversión con sede en Nueva York, que posee el 3,03%; y la gestora Fidelity International, también de EEUU, con el 1,9%.

Por su parte, en la información que el Sabadell remite al regulador español vuelven a aparecer corporaciones internacionales como la aseguradora suiza Zurich Insurance Group LTD, con un 4,94%; el empresario mexicano David Martínez Guzmán, fundador de Fintech Advisory; y, finalmente, Fintech Europe SARL (3,1%), una sociedad de inversión radicada en Luxemburgo y vinculada también con Guzmán.

En cuanto a Caixabank, BlackRock aparece con un 4,68% de acciones significativas. Están también como accionistas significativos Criteria Caixa (30,01%), la Fundación La Caixa (30,01%) y dos entidades públicas: el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), con un 16,11% de participaciones, y Bfa Tenedora de Acciones (16,11%). Esta última participada al 100% por el FROB.

Si bien los movimientos financieros que acoge la espectacular cúpula de la Bolsa de Madrid siguen teniendo apellidos reconocibles, los fondos extranjeros comienzan a tener cada vez un mayor protagonismo en el mercado español. Son, utilizando las palabras con las que el exbanquero y escritor William D. Cohan describió a Larry Fink, los "hombres detrás de la cortina", aquellos que, como en El Mago de Oz, manejan los mecanismos sin ser vistos.

Luxemburgo, el segundo Estado menos poblado de la Unión Europea (UE), es famoso por sus ventajas fiscales. Multitud de grandes fortunas y empresas de todo el mundo escogen el país para crear sociedades y mover su dinero. En la mayoría de casos, establecerse en el Gran Ducado les sirve para pagar menos impuestos que en sus lugares de origen. Las tretas y la operativa fiscal del país son conocidas en las altas esferas y el deporte español no es una excepción.

De Fernando Alonso a Rodri Hernández. O de Enrique Riquelme a Víctor Font, quienes en los últimos meses han intentado desbancar a Florentino Pérez y Joan Laporta como presidentes del Madrid y del Barça, respectivamente. Son solo cuatro de la multitud de nombres vinculados al deporte español que han creado sociedades en Luxemburgo para operar con su dinero desde allí y que ahora revela OpenLux, una investigación periodística —liderada por Le Monde y OCCRP— realizada por decenas de medios internacionales, entre los que está infoLibre como medio en exclusiva para el caso de España.

Uno de los nombres más famosos entre los españoles con sociedades en Luxemburgo es el de Rodrigo Hernández. Más conocido como Rodri, el futbolista del Manchester City y capitán de la selección española posee el 37,5% de la sociedad luxemburguesa Bestinver Alternative Investments SCA SICAV-RAIF, según ha podido comprobar infoLibre en el registro mercantil del Gran Ducado. El otro 62,5% pertenece a Paul Buscail —que aparece en el registro como Pol Francesc Buscail Pavía—, quien fue director general de la Federación Catalana de Fútbol y en la actualidad es CEO de Promoesport, una empresa dedicada a la representación y gestión de carreras de futbolistas de primer nivel.

Un fondo de inversión alternativa reservado (RAIF, por sus siglas en francés) es un vehículo financiero que inversores profesionales y grandes patrimonios utilizan en Luxemburgo para invertir en una amplia gama de activos. Una de sus ventajas es que no necesita una autorización previa del registrador luxemburgués y, por tanto, puede constituirse y comenzar a operar muy rápidamente.

En el caso del fondo de Rodri Hernández y Paul Buscail, se constituyó en septiembre de 2024 y tomó la forma de una SCA (société en commandite par actions). Además, opera como una SICAV (sociedad de inversión de capital variable), ya que el fondo puede modificar su patrimonio libremente, tanto al alza como a la baja, sin necesidad de modificaciones o aprobaciones formales. Las SICAV, de hecho, sirven, entre otras cosas, para que puedan entrar y salir inversores de forma ágil y sencilla sin que los cambios en el patrimonio supongan un problema para la sociedad.

El fondo está gestionado por Bestinver, una firma que se dedica a la gestión de activos e inversiones y que opera fondos de inversión, de capital riesgo o figuras de inversión colectiva como las SICAV para multitud de clientes. Bestinver es una marca española y pertenece a la multinacional Acciona.

El objetivo de la sociedad de Hernández y Buscail es, según sus propias cuentas, invertir en otro fondo de Bestinver: el Bestinver Infra II. De acuerdo con Acciona, se trata de un fondo de capital riesgo dirigido principalmente a inversores profesionales. Los activos del mismo son "infraestructuras de alta calidad en Europa, América del Norte y otras posibles geografías". La empresa requiere una inversión mínima de al menos 100.000 euros que se debe mantener durante diez años. Y el fondo cuenta ya con activos en Suecia, donde tiene un parque eólico, o en Estados Unidos, donde ha comprado una residencia de estudiantes de la Universidad de Texas.

Este fondo maestro —la sociedad/fondo luxemburgués únicamente es el vehículo financiero que el futbolista, residente en Reino Unido, y el CEO, residente en Andorra, utilizan para invertir en el maestro, que se encuentra en España— tiene ya comprometidos más de 119 millones de euros por parte de los distintos inversores a 31 de diciembre de 2025, según las cuentas hechas públicas por Acciona. Además, al estar gestionado desde España se encuentra registrado ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La sociedad del capitán de la selección española, que jugará este domingo la final del Mundial, cataloga la inversión en el fondo maestro como sostenible ante las autoridades de Luxemburgo. Según el fondo maestro, fueron sostenibles a nivel medioambiental el 58,6% de sus inversiones en el último ejercicio con cuentas públicas. Los fondos de inversión en Luxemburgo tienen que abonar un impuesto anual llamado taxe d’abonnement (impuesto de suscripción). No se cobra a los inversores individuales, sino directamente al propio fondo, pero este paga tipos más reducidos respecto a la parte de patrimonio que se haya invertido en actividades sostenibles o verdes.

A 31 de diciembre de 2024, la compañía de Rodri tenía un compromiso de inversión de 500.000 euros con el fondo maestro de Acciona —de los cuales 375.000 ya habían sido transferidos—. Aun así, la cifra tendrá que ir aumentando en los próximos años, ya que la ley en Luxemburgo requiere a los vehículos de inversión como las SICAV un capital mínimo de 1,25 millones de euros; y la sociedad de Hernández y Buscail tiene el compromiso con Bestinver de invertir al menos el 85% de su capital en el fondo maestro. En principio, Acciona mantiene abierto el periodo durante el cual se puede invertir en el fondo hasta 2028.

Pero Rodri no es el único deportista de élite español que invierte desde Luxemburgo valiéndose de las ventajas de las sociedades que operan desde allí. Fernando Alonso, la estrella española de la Fórmula 1, también cuenta con una sociedad en el pequeño pero lucrativo país. 

Alonso, que reside en Mónaco —el micro-Estado también es conocido por sus ventajas fiscales—, posee en Luxemburgo el 45,73% de Tokyo Invest SCSp, una sociedad creada en febrero de 2024 para la gestión de inversiones y participaciones financieras a nivel internacional. 

Las SCSp (société en commandite speciale) son el instrumento estrella de la opacidad financiera de Luxemburgo. Se trata de un tipo de sociedad que no tiene que presentar cuentas anuales y que permite a los socios y accionistas no registrarse en el documento de constitución de la misma. Así, resulta imposible fiscalizar al detalle el valor o actividad de las mismas o establecer un histórico del accionariado. Los verdaderos dueños de la empresa en cada momento solo constan —o deberían constar— en el registro de titularidades reales, que no es de acceso libre. infoLibre ha podido comprobar en ese registro que Alonso es propietario de casi la mitad de Tokyo Invest SCSp, pero no se puede saber desde cuándo ni cuál es el volumen de negocio de la empresa o qué inversiones concretas tiene.

Aun así, los datos mercantiles públicos de Tokyo Invest parecen remitir a las inversiones en el sector alimentario de la estrella del automovilismo. En 2025 se hizo público que Fernando Alonso había invertido en una cadena de sushi danesa, Sticks'n'Sushi, junto al fondo especializado en el sector de la alimentación McWin Capital Partners. En el registro de Luxemburgo, Alonso consta como propietario parcial de Tokyo Invest, pero también aparecen otros dos nombres: Paloma Gamo Giménez y Malgorzata Ewa McGovern. 

Ambas controlan parte del capital de la sociedad por otros medios; es decir, no son necesariamente las propietarias, pero sí tienen control sobre la sociedad, por ejemplo, a través de otra compañía que sea en parte la dueña de la sociedad principal o porque otros accionistas les hayan cedido su derecho a voto.

En el caso de Malgorzata Ewa McGovern, controla de esa forma más del 50% de Tokyo Invest SCSp. De origen polaco, es la mujer de Henry McGovern, fundador del fondo McWin, y tanto ella como Gamo Giménez constan como propietarias de Sticks'n'Sushi, según páginas danesas. El fondo McWin es también propietario de restaurantes en Madrid, como Bel Mondo o Villa Capri.

La estructura y personas de referencia de Tokyo Invest hace pensar que la empresa podría servir para controlar la marca Stick'n'Sushi o tener algún tipo de relación con la misma. En muchas ocasiones, por ejemplo, empresas extranjeras crean filiales en Luxemburgo para repartir los dividendos en este país y beneficiarse de su baja carga fiscal. Pero, una vez más, la opacidad mercantil del Gran Ducado no permite comprobar si este es el caso de la empresa de Alonso.

No solo los deportistas de élite están utilizando las tretas fiscales y mercantiles de Luxemburgo. Otras personalidades del deporte español también han apostado por el Gran Ducado. Es el caso de Víctor Font y Ferran Soriano. Font es un empresario que ha sido candidato a la presidencia del Fútbol Club Barcelona en 2021 y 2026. En ambas ocasiones perdió ante Joan Laporta. La última vez hace solo unos meses. Font es, además, uno de los fundadores del diario catalán Ara.

Soriano, socio y amigo de Font, es director ejecutivo del Manchester City, equipo inglés, desde 2012. Además, entre 2003 y 2008 fue vicepresidente económico y director general del Barça, durante el mandato de Laporta. También fue presidente de Spanair desde 2009 hasta la desaparición de la aerolínea en 2012.

Ambos comparten dos sociedades en Luxemburgo. Se trata de Melta SCSp y Melta GP Sàrl. Cada uno tiene un tercio de ambas sociedades. El restante 33,33% corresponde a Valérie Marie Marcelle Holvoet, según la información del registro luxemburgués consultada por infoLibre.

Las dos fueron constituidas en 2021 y tienen como objetivo la inversión y participación en otras sociedades, aunque a día de hoy, al menos Melta GP Sàrl no mueve apenas dinero y no parece estar muy activa. De nuevo, sobre la otra compañía, como en el caso de Alonso, no se puede saber mucho, ya que se trata de una SCSp. infoLibre ha preguntado tanto a Font como a Soriano por los negocios de las dos sociedades en el Gran Ducado. Ninguno ha respondido a las consultas de este medio.

En el caso de Font, además, consta en el registro de Luxemburgo que también controla el 50% de Delta Partners Luxembourg SV Coop. SA. Esta sociedad pertenece a Delta Partners, una firma de inversión y consultoría global que fundó él mismo. En 2020 Font vendió Delta Partners a la consultora FTI. Ahora Font trabaja para FTI consulting y tampoco ha respondido por qué Delta Partners tiene una filial en Luxemburgo, controlada en parte por él, cuando la empresa no tiene sede en ese país.

Otro aspirante a mandamás del fútbol con negocios en Luxemburgo es Enrique Riquelme. El empresario valenciano, que perdió las elecciones a la presidencia del Real Madrid contra Florentino Pérez hace tan solo un mes, tiene de forma indirecta el 56,44% de dos sociedades: NewCo Holding EUR 30 Sàrl y NewCo Holding EUR 31 Sàrl.

Estas sociedades luxemburguesa fueron creadas en febrero de este mismo 2026, así que todavía no han tenido que presentar cuentas ante el registro de Luxemburgo. Aun así, de nuevo, se trata de sociedades que tiene ncomo pretensión invertir y adquirir participaciones en otras empresas. Esa finalidad es habitual en las empresas luxemburguesas, ya que es la forma de que sean propietarias de filiales u otras compañías en otros países y poder beneficiarse así de las ventajas fiscales que ofrece el país a través de este tipo de esquemas societarios.

Además, en la constitución ante el registro luxemburgués, la inscripción de las dos sociedades identificadas como NewCo Holding EUR corrió a cargo de Centralis Group, un grupo empresarial con sede en el Gran Ducado que se dedica precisamente a administrar fondos y otros servicios corporativos para empresas y firmas de multitud de países. Las dos sociedades parecen ser nuevas filiales de Grupo Cox, el grupo empresarial a nivel internacional que preside Enrique Riquelme.

“España es uno de los mercados más atractivos para la inversión inmobiliaria”. Así comienza un informe de la consultora JLL publicado esta semana que detecta un crecimiento del 50% en esta actividad durante el primer semestre de 2026. “Superará los 10.000 millones de euros” en transacciones durante la primera mitad del año, según su análisis. En el mercado de la vivienda participan muchos actores y en general, no compiten en igualdad de condiciones. Hay pequeñas y grandes empresas de inversión que buscan aumentar su riqueza, hay fondos internacionales que miran a las rentabilidades del mercado actual, hay pequeños multipropietarios que quieren ampliar su patrimonio, hay una empresa pública de vivienda que trata de ganar espacio en el mercado y hay, también, familias que buscan una casa para vivir y no se la pueden permitir. Todos compiten en el mismo ecosistema, pero no con los mismos medios. Y es que, a la vez que las cifras de inversión brillan, el Banco de España advierte que la creación neta de hogares está superando el ritmo de construcción y aumenta el déficit de vivienda estimado hasta las 750.000.

Una vivienda “vale lo que el que más pueda pagar por ella esté dispuesto a dar”, a no ser, puntualizaba a infoLibre el arquitecto y urbanista Gerardo Roger, que haya un parque público que ayude a quienes quieren una casa para vivir y no como vehículo inversor. La otra ley básica de este mercado es la de oferta y demanda: cuantos más interesados hay en un bien escaso, más crecen los precios sobre el bien en cuestión. Las pocas viviendas en el mercado, un fuerte apetito inversor y miles de familias tratando de acceder a una son las circunstancias que sirven de gasolina para avivar la crisis de vivienda en España. Y de entre todos los actores de este juego, también es fácil saber quiénes son los que cuentan con más recursos a la hora de competir por un inmueble. 

El informe de JLL señala que el “motor principal de este crecimiento ha sido el segmento de Living, que ya representa el 44% de la inversión total con más de 4.375 millones de euros acumulados”. Living es el anglicismo que designa en el sector a las casas en las que los habitantes comparten vida en común, esto es, desde hogares para familias a alquileres por habitaciones, alojamientos para estudiantes o residencias de mayores. Y hay, dentro de esta categoría, otro término y otra cifra que destacan sobre el resto: “Dentro de este grupo, el Multifamily ha registrado un comportamiento histórico con un aumento del 625% respecto al primer semestre de 2025”. Este otro anglicismo se refiere a los casos donde un edificio completo pertenece a un único inversor y se ofertan los pisos en alquiler. Aquí parece estar puesta la atención de los inversores con operaciones como una realizada por el fondo canadiense Brookfield, que adquirió 5.000 viviendas en Madrid por valor de 1.000 millones. 

La compañía, que gestiona un fondo de alrededor de 900.000 millones en activos, se convertía así en uno de los grandes caseros de España y sembraba incertidumbre entre los inquilinos de dichas viviendas, quienes se dirigían a ellos en una carta pidiendo que se respetasen sus contratos. “Teniendo en cuenta que las viviendas que pretende adquirir fueron en su día vivienda pública o de protección oficial, resulta inadmisible que ningún fondo pretenda utilizarlas con fines lucrativos. Es por ello que, ante esta venta, las familias organizadas de los bloques en lucha exigimos a las administraciones públicas que recuperen las viviendas”, señalaban en una carta enviada a los representantes del fondo en España.

La incertidumbre es comprensible en un contexto como el actual, donde establecerse indefinidamente en una vivienda resulta imposible si no es mediante la compra, y volver al mercado del alquiler tras salir de un contrato largo implica casi siempre pagar mucho más que antes. Lo que provoca que los ahorros para una hipotética entrada para una vivienda se esfumen, cerrando así una espiral económica de la que es difícil deshacerse. 

En la primera mitad de año también se cerró otra gran operación. El fondo de pensiones norteamericano Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) se hizo con otro paquete de 27 edificios, pagando más de 600 millones para cerrar la operación al fondo Ares. Sin embargo, y ahondando un poco más en la paradoja, aunque las inversiones están en máximos, los datos de compraventas que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE) señalan que la compra de vivienda lleva cuatro meses descendiendo.

Es en este mar revuelto en el que tienen que pescar los compradores y también la empresa pública de vivienda, Casa 47, que hasta el momento cuenta con suelos traspasados y viviendas por valor de 2.080 millones. Aunque en lo que se refiere a la adquisición de vivienda, hasta el momento solo ha anunciado un paquete de 100 millones para compra de casas. Mucho más modesto en cifras que el de los fondos de inversión. 

Aunque las políticas destinadas a regular el mercado no encajan bien en el arco de la derecha y algunos expertos las rechazan, la pregunta que surge cuando se observan estas dinámicas es si, por muchas viviendas nuevas que se edifiquen, la construcción será capaz de responder al apetito inversor y a las necesidades de las familias, generando un stock lo suficientemente amplio como para que los precios bajen por sí solos. 

La propia pregunta apunta al escepticismo y desde los socios de Gobierno arrecian las críticas hacia el propio Ejecutivo en esta materia. “Hay que intervenir el mercado de la vivienda porque está secuestrado por lógicas rentistas y especulativas, que están imponiendo los intereses de una minoría, de unos pocos que se están haciendo ricos a costa del derecho a la vivienda de las mayorías”, señalaba este jueves el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, en una entrevista en la Cadena Ser. “El Gobierno tiene que intervenir políticamente el mercado de la vivienda”, insistió. 

Este jueves el Banco de España publicó su informe anual relativo a 2025 y una de las cosas que ha hecho es elevar el déficit de viviendas que arrastra el país desde las 600.000 que estimaba en 2024, hasta las 750.000 que considera que se necesitan para responder al ritmo de demanda y a la creación de nuevos hogares actualmente. Aunque se construye más y el número de visados de obra nueva crece tímidamente en los últimos años, el regulador no ve que el stock de casas esté aumentando, sino todo lo contrario.

Mientras las cifras de inversión dejan comentarios optimistas, el Banco de España señala con claridad a los más perjudicados. "Los problemas de acceso a la vivienda se concentran en las grandes áreas urbanas y en los colectivos con menores ingresos, en particular jóvenes y población de origen extranjero", puntualiza el documento. Ellos son los peces pequeños dentro de un mar cada vez más complicado de habitar.

Ya sea en los sectores de la industria, la sanidad, la educación, la confección o el ocio, el dominio de los fondos de inversión sobre la economía francesa ha alcanzado en los últimos años una magnitud sin precedentes. Estos fondos, en su mayoría extranjeros (EQT, Apollo, KKR, CVC, CD&R, BC Partners…) aunque también franceses (Ardian, PAI, Tikehau…), se caracterizan por estar muy poco regulados por las autoridades, a diferencia de los bancos.

En los últimos años, esos fondos han adquirido cientos de empresas francesas mediante operaciones financieras muy agresivas, con objetivos desmesurados de rentabilidad a corto plazo en detrimento de la sostenibilidad de la actividad económica.

Un informe de investigación parlamentaria publicado el lunes 15 de junio sobre “la depredación de las capacidades productivas francesas por parte de los fondos especulativos”, al que ha tenido acceso Mediapart, denuncia estas prácticas y señala la complicidad de los poderes públicos, especialmente desde 2012.

La comisión de investigación, presidida por el diputado del Modem Emmanuel Mandon, fue dirigida por la ponente de La Francia Insumisa, Aurélie Trouvé, quien destaca en la introducción de su informe que “hasta ahora no se había llevado a cabo ningún trabajo parlamentario global sobre las actividades de los fondos de inversión que están comprando una a una nuestras empresas”. Según la diputada, aunque “el tema puede parecer muy técnico a primera vista, sus consecuencias son muy concretas y afectan directamente a millones de nuestros conciudadanos”.

A lo largo de las comparecencias de los directivos de diversos fondos, empleados y otros expertos, la atención de los diputados se centró en una práctica financiera muy en boga en Francia: el mecanismo de compra apalancada —leveraged buy-out (LBO) en inglés. De hecho, se han llevado a cabo 4.675 operaciones de LBO en Francia desde 2015, frente a 2.786 en Alemania y 1.749 en Italia, según un artículo del Financial Times publicado el 5 de diciembre de 2025.

Estas operaciones son muy apreciadas en el mundo de las finanzas, ya que pueden resultar muy rentables para los socios de los fondos y sus inversores (fondos de pensiones, bancos, grandes fortunas, etc.). En un LBO clásico, un fondo adquiere una empresa no cotizada obteniendo de otros actores financieros una parte importante del valor de la empresa en forma de deuda.

Deuda que no será reembolsada por el fondo… sino por los resultados de la empresa adquirida, a la que se exprimirá al máximo para que genere el mayor margen posible a corto plazo. “En una LBO, es la empresa objetivo la que amortiza la deuda a partir de su actividad operativa: la propia empresa paga su adquisición”, resumió durante su comparecencia ante la comisión de investigación el economista Nicolas Bédu, profesor titular de la Universidad de Montpellier.

Esto permite al fondo obtener una importante ganancia financiera en un plazo muy corto —generalmente entre dos y seis años— en el momento de la reventa. “Un LBO es un matrimonio con promesa de divorcio”, resumía así Nicolas Bédu. La mecánica especulativa de estas finanzas no reguladas es, así, implacable.

Pero no se ha demostrado el impacto positivo de este tipo de prácticas en la economía. Más bien es todo lo contrario lo que afirman los escasos estudios sobre el tema: citemos el de la agencia de calificación Moody’s, que indicaba que las empresas respaldadas por fondos de LBO tenían tasas de impago dos veces superiores a la media. O otro, más reciente, del Banco de Francia, que habla “de los efectos controvertidos de los LBO sobre el rendimiento de las empresas y su salud financiera”.

El informe de investigación sobre los fondos especulativos detalla varios ejemplos de LBO excesivos en Francia. Dos de ellos ilustran esta deriva. En primer lugar, en la industria química, el de Kem One, “el caso más emblemático” que se descarriló, según el documento parlamentario.

La empresa, con 1.300 empleados, principal productora francesa de PVC, fue adquirida en 2021 por el fondo estadounidense Apollo en el marco de una operación apalancada. En aquel momento, “los resultados de la empresa eran elevados y las perspectivas de crecimiento parecían favorables”.

A partir de entonces, Apollo emprendió una estructura financiera arriesgada: “La operación se estructuró en torno a una aportación de 250 millones de euros en fondos propios y 450 millones de euros de deuda en forma de bonos asumida por el holding de adquisición”, relata el informe.

A lo que se sumó “una deuda asumida directamente por Kem One SAS, que hoy alcanza los 275 millones de euros frente a solo 10 millones de euros en el momento de la adquisición a finales de 2021”. En resumen, la deuda financiera de Kem One se disparó bajo la gestión de Apollo.

El problema es que la coyuntura se invirtió con el estallido de la guerra en Ucrania en 2022 y la crisis energética europea. A partir de 2023, el mercado europeo del PVC sufrió un rápido deterioro. Kem One no pudo hacer frente a ello, ya que se vio asfixiada por su deuda: sus flujos de caja se destinan casi exclusivamente a garantizar su reembolso.

Así, “el peso de la deuda retrasa o limita las inversiones necesarias para la sostenibilidad de la infraestructura industrial, así como para el mantenimiento de unas condiciones de seguridad satisfactorias, cuyo deterioro ha sido señalado por los representantes de los trabajadores”, dice el informe. Una reestructuración de la deuda parece ahora inevitable. Y con el tiempo aparece el riesgo de una suspensión de pagos.

Otro ejemplo destacado es el caso de Colisée, un grupo de centros de acogida para personas mayores dependientes (Ehpad). El sector resulta atractivo para algunos fondos que consideran el envejecimiento demográfico y la estabilidad de la financiación pública como fuentes de beneficios.

El fondo sueco EQT adquirió Colisée en 2020 en el marco de una LBO que valoraba al grupo en torno a los mil millones de euros de facturación. “Según la información facilitada a la comisión de investigación, la operación se basaba en una deuda inicial de 865 millones de euros”, indica el informe. “La estructura se basaba en una combinación de deuda y fondos propios con objetivos de crecimiento y mejora de la rentabilidad.”

Pero las hipótesis financieras iniciales se deterioraron rápidamente. “A partir de 2022, el sector de las residencias privadas sufrió un fuerte deterioro de sus márgenes debido al efecto combinado de la inflación, las dificultades de contratación, el aumento de los costes energéticos y las consecuencias de la crisis de Orpea en todo el sector.”

Finalmente, la deuda se disparó hasta alcanzar los 1.800 millones de euros. Y, ante la imposibilidad de que se les reembolsara, los acreedores tomaron el control del grupo en el marco de una reestructuración que puede ser dolorosa para los centros de Colisée, los empleados, los pacientes y los residentes. Un desastre en ciernes.

“Hay sectores en los que, en general, es muy delicado [llevar a cabo una operación de LBO] . Pienso, por ejemplo, en las residencias de ancianos. Cada vez que te enfrentas a una población vulnerable, es muy difícil”, admitió Mathias Burghardt, director general adjunto de Ardian, un fondo de inversión competidor de EQT.

Pero hasta ahora, esta financiarización desenfrenada de la economía francesa se ha producido con la benevolencia de los poderes públicos. “Se ha asumido el desarrollo de los fondos de inversión, en particular de capital riesgo, y ha constituido una prioridad de los sucesivos gobiernos desde hace varias décadas. Esa prioridad se ha reforzado desde 2017”, explica el informe.

La ponente Aurélie Trouvé cita como prueba la declaración de Bruno Le Maire, ministro de Economía y Finanzas de 2017 a 2024, quien afirmó durante su comparecencia que “el principal problema de Europa y de Francia es la falta de capital. Durante los siete años que pasé al frente del Ministerio de Economía y Finanzas, luché por atraer capitales a Francia”. Y da igual si eso causa importantes daños colaterales.

Este nuevo ecosistema de capital riesgo también se ha desarrollado bajo la tutela del banco público Bpifrance, dirigido por el alto funcionario Nicolas Dufourcq, ganado a la causa de los fondos privados.

La institución, que mueve decenas de miles de millones de euros, es calificada de “banco privado de inversiones” por la ponente Aurélie Trouvé. Una parte importante de su informe describe el papel central de Bpifrance (abordamos el tema en otro artículo), en la reciente financiarización de la economía francesa.

La benevolencia sistémica hacia el capital riesgo francés y extranjero, en nombre del atractivo del país para los capitales, sean cuales sean, llega hasta la organización de un sistema fiscal ultrafavorable a las LBO.

El informe menciona varios nichos fiscales específicos. En primer lugar, una medida que permite deducir los gastos financieros relacionados con la deuda de las operaciones de LBO del impuesto de sociedades (IS) de las empresas adquiridas. Lo que, además del coste exorbitante para las finanzas públicas, permite a los fondos de inversión esperar unos rendimientos increíbles.

El informe señala también que los fondos de LBO pueden beneficiarse de un régimen de exención de las plusvalías obtenidas en la venta de títulos de participación mantenidos durante al menos dos años.

Por otra parte, la parte variable de la remuneración de los directivos de los fondos de LBO, denominada carried interest, se considera un ingreso del capital y no del trabajo, y por lo tanto se grava como tal, con un impuesto único a tanto alzado del 31,4%.

Del mismo modo, los management packages, que designan el conjunto de bonificaciones establecidas para alinear a los directivos y altos cargos de las empresas gestionadas con los objetivos de rentabilidad de las LBO, también se benefician de un marco fiscal favorable.

Por último, el informe cita el atractivo marco regulatorio que se ha implementado en los últimos años. En particular, la ley del 23 de octubre de 2023 relativa a la industria verde, que impone “una parte de capital riesgo en los nuevos contratos de seguro de vida y los planes de ahorro para la jubilación”. Pero también la creación, en la ley Macron de 2015, de un nuevo vehículo financiero solicitado por los actores del capital riesgo que permite “evitar gravar a los inversores extranjeros en Francia teniendo como objetivo repatriar numerosos fondos domiciliados en Luxemburgo”.

No hace falta decir más: Francia se ha convertido en el paraíso europeo de las LBO. Para redimir estas nuevas finanzas, Aurélie Trouvé ha formulado 40 recomendaciones en su informe, entre ellas: “Revisar las ventajas fiscales” vinculadas a las LBO, “imponer a los fondos de inversión las mismos ratios prudenciales” que al sector bancario, “reforzar el derecho de alerta de los comités de empresa (CSE) para obligar al empleador a comunicar a los empleados toda la información necesaria para comprender la estructura de la LBO”.

O también “instaurar un régimen de autorización previa para las grandes operaciones de LBO en Francia, en particular las que se producen en sectores estratégicos (defensa o industria) o financiadas principalmente por la solidaridad nacional (sanidad, tercera edad, primera infancia, etc.)”.

El autor de este artículo fue interrogado en la Asamblea Nacional por la comisión de investigación “sobre la depredación de las capacidades productivas francesas por parte de los fondos especulativos”.

Traducción de Miguel López

“Tal y como están las cosas, no creo que vaya a tener jubilación” o “la idea es ir poco a poco hasta poder irme de viaje un par de meses a Australia”. Estas dos opiniones son de Daniela y de Javier, dos jóvenes de 22 años que, preocupados por su futuro, han empezado a invertir en bolsa o en carteras automatizadas.  

“Ya de comprar piso ni hablamos”, cuenta Antonio, un joven que vive con sus padres y trabaja en una fábrica en Madrid, porque para poder acceder a la compra se requieren, según ese informe, unos 14 años de sueldo íntegro. 

El informe de la plataforma digital de inversión eToro, Gestión de la riqueza, patrimonio e inversión 2025, confirma que los inversores de entre 18 y 24 años se han duplicado en los últimos dos años y se acercan al 20% del total, una cifra considerable si se tiene en cuenta que este grupo poblacional representa al 8,5% de los adultos en España.

Hay datos que hacen posible entender este momento inversor entre la Generación Z –aquellos nacidos entre 1996 y 2010–. De acuerdo con el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España, cerca del 85% de los menores de 30 años sigue viviendo con sus padres, mientras que el Informe España 2025 señala que alquilar una vivienda en solitario consume cerca del 92% del salario juvenil.

En este contexto, cada vez más jóvenes recurren a la inversión. Empujados por influencers de todo tipo (incluidos los llamados finfluencers) y por la descarga de adrenalina, han ido pasando del ‘day trading’ –compra-venta de acciones en tiempo real y en el día–, a la inversión a largo plazo. 

Según un informe de Fidelity International, la franja de 18-35 años espera unos retornos a corto plazo del 5,1% y a largo, del 6,7%. El estudio apunta además a que este grupo presenta una mayor tolerancia al riesgo, que tiende a reducirse con la edad.

Patricia García, directora del Máster en Finanzas de ESIC Business & Marketing School e Ignacio Zunzunegui, responsable de crecimiento para el sur de Europa y Latinoamérica de Revolut destacan para infoLibre otro factor clave y es que la tecnología ha transformado la inversión, “la Generación Z la lleva en el ADN”. 

García, que ve a cientos de jóvenes pasar por las aulas cada año, cree que tienen la sensación de que el ahorro de toda la vida no funciona, porque “han crecido escuchando dudas sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones y durante años han visto depósitos con rentabilidades muy bajas, a menudo por debajo de la inflación”, asegura.

Lo que están viendo expertos y entidades es que esta generación invierte para “intentar que sus ahorros no pierdan poder adquisitivo”. Zunzunegui, además, habla de la ‘democratización de la inversión’ porque ahora se puede invertir desde un euro, y “lo que para generaciones anteriores era un terreno opaco, exclusivo de grandes patrimonios o que generaba cierto temor, hoy es una herramienta cotidiana”.

Esa sensación también la tiene Lucía Álvarez, estudiante de Economía, que se inició en el mundo de las finanzas y la Bolsa gracias a su padre. Con 21 años, esta joven, representante de la Generación Z cuenta en el documental de Arte.tv ‘Generación Z y la Bolsa’ que “ahora mismo no entra en mi visión ni un coche ni una Vespa”, pese a que muchos influencers “prometen hacerte rico en dos días con el ‘day trading’”, eso no sucede. Buena cuenta de ello da Pablo que “hasta hace dos días no he podido comprarme una casa, pese a estar algunos años jugando con el corto”. 

Porque, como recuerdan desde ESIC, la exposición y acceso a información financiera, no garantiza un mayor conocimiento. Zunzunegui desde Revolut es claro: “Tener la información a un clic no siempre se traduce automáticamente en un conocimiento profundo”.

Sarah Pritchard, directora ejecutiva de mercados de la Autoridad de Conducta Financiera de Reino Unido, trata de alertar a los jóvenes inversores novatos a través de ‘sus lenguajes’ como Instagram y TikTok de los riesgos de las inversiones.

Pritchard contó en el programa de radio Business Daily de la BBC su preocupación porque "nuestras investigaciones muestran que las personas de entre 18 y 40 años tienen el doble de probabilidad de invertir en inversiones de alto riesgo, pero cuando indagas sobre su tolerancia para el riesgo es, de hecho, baja", señaló.

Pablo, que no quiere desvelar su trabajo actual, ya ha pasado la treintena pero empezó a trabajar a los 22. Hasta hace pocos meses vivía con sus padres y “todo el dinero que ganaba lo invertía en cuentas remuneradas”. 

Comenzó a trabajar como becario en una consultora de las llamadas ‘big four’ y terminó en un banco. Ahora, “aprovechando los productos del banco, los compañeros y la información que manejamos tengo más diversificados todos mis ahorros” y me puedo permitir “fondos indexados, roboadvisor o acciones”, pero “siempre a largo plazo, antes me encantaba el corto, lo sentía como un juego”. 

La Encuesta de Competencias Financieras que elabora el Banco de España cada cinco años muestra que sólo un 19% de los adultos responde correctamente a las tres preguntas financieras básicas que tienen que ver con la inflación, el interés compuesto y la diversificación del riesgo. Esto muestra que hay mucho margen de mejora”, asegura Patricia Stupariu, economista en la División de Educación Financiera del Banco de España.

Y Martins Sulte, CEO de Mintos, una plataforma de inversión con sede en Letonia, insiste en que “la educación financiera sigue siendo una asignatura pendiente” porque existe “una necesidad clara de formación en conceptos básicos como riesgo, rentabilidad, liquidez, diversificación o horizonte temporal”. 

Según las investigaciones del FCA, muchos jóvenes empiezan a realizar inversiones de riesgo como forma de competir con amigos o familiares, o motivados por lo que ven en redes sociales. 

Esto convierte la inversión en un juego y, por tanto, en un peligro cuando se confunde con entretenimiento porque, como recuerda García, “cuando el objetivo es la adrenalina, la probabilidad de tomar malas decisiones aumenta”

Este auge de inversiones ha puesto en alerta a expertos y autoridades que temen que este creciente interés, unido a la especulación financiera, pueda provocar una crisis, como la llamada "burbuja de las puntocom", cuando se derrumbó el índice bursátil Nasdaq, hace dos décadas.

Muchos de estos nuevos inversores tienden a ignorar las estrategias tradicionales, y apuestan por acciones de empresas tecnológicas y de internet, aupadas por los avances en inteligencia artificial o por gustos personales. 

Lesley-Ann Morgan dirigió un estudio global que analizó las tendencias de inversión en más de 20 países para la inversora Schroders Wealth Manahement.

En ese estudio se pregunta qué hay que hacer si los jóvenes, pese a vivir con sus padres, están dispuestos a soportar una caída del 20%, 30% o 40%, como es el caso de las criptomonedas.

Y García alerta del peligro porque desde ESIC y otras entidades financieras “vemos interés por la cripto, por su narrativa tecnológica y por su potencial, pero conviene recordarlo: sigue siendo un activo de alta volatilidad y debería ocupar, si acaso, un porcentaje pequeño dentro de una cartera diversificada”. 

Las cripto se han convertido en una de las inversiones más atractivas para los nacidos entre 1996 y 2010, por su alta volatilidad y por la adrenalina que les provoca “jugar” con un producto tan cortoplacista. Se necesita más conocimiento sobre este activo como recuerdan desde Revolut, que ofrecen cursos teóricos para temáticas concretas como cripto o fraude.

Y otra pregunta interesante, es de dónde sale el dinero: "Si es dinero que necesitas para pagar la renta, por ejemplo, y lo estás usando para lo que, en esencia, es una apuesta, eso es un problema", dice Morgan.

En el Foro Mundial de Davos ya se advirtió del auge de los jóvenes que comienzan a invertir incluso antes de incorporarse al mercado laboral. Según explicaban expertos internacionales, esto está impulsado por la democratización tecnológica, la creciente educación financiera y las redes sociales. Desde Suiza subrayan que el 36% de la generación Z inicia sus inversiones antes de trabajar, una cifra muy superior a la registrada por generaciones anteriores y que ilustra un cambio profundo en la relación de los jóvenes con el dinero y el riesgo.

Sulte plantea los problemas de la Generación Z: “Hablamos de gente joven que entiende cómo el ahorro tradicional pierde valor con la inflación, cómo la vivienda se ha alejado de su alcance y cómo depender solo de un salario ya no garantiza estabilidad financiera”.

Por lo que ahora, los jóvenes buscan opciones para reunir capital y afrontar grandes gastos, como la compra de una vivienda, un vehículo, estudios o viajes.

En la actualidad, esta generación –que es netamente tecnológica– tiene una relación mucho más natural con las plataformas digitales, los comparadores y la información financiera online, “accede con facilidad a productos que antes resultaban más complejos o menos accesibles”, recuerda Sulte.

Y es que hace una década el panorama era diferente porque como explican desde Revolut, “invertir o buscar rentabilidad para los ahorros requería pasar por la sucursal, firmar papeleo interminable y someterse a unas comisiones que, en muchos casos, penalizaban al cliente medio” y ahora desde la llegada de las fintech “cualquiera puede empezar a rentabilizar su dinero o comprar acciones con dos clics desde su propio teléfono móvil y de forma totalmente transparente”. 

García se atreve con una recomendación para los jóvenes “lo más razonable suele ser construir una base a largo plazo con fondos o ETF indexados de renta variable global (por ejemplo, índices amplios), mediante aportaciones periódicas y con comisiones bajas. Eso permite aprovechar el tiempo y el interés compuesto. A partir de ahí, si hay afición y formación, se puede destinar una parte minoritaria a estrategias más tácticas o temáticas”. 

Victoria (65 años) y sus dos nietos menores han tenido que dejar este miércoles la casa en la que residían, en el barrio madrileño de Villaverde, tras una orden de desalojo. Es otra historia cruda que ahonda en la herida social abierta por el problema de la vivienda y que también está marcada por la violencia machista. La madre de las pequeñas fue asesinada en 2023 a manos de su expareja. Era la víctima número 49 de ese año. En 2026 el sistema falla de nuevo, esta vez en forma de desahucio, al haberse ejecutado el lanzamiento de la casa que habitaba la abuela y sus dos nietos de 5 y 10 años. 

“Llamamos a Servicios Sociales, a Samur Social, a la policía, a atención a víctimas, hablamos con representantes políticos y acudimos a otras instituciones, pero todo era un laberinto”, explica Silvia González, de la asociación vecinal La Unidad de Villaverde. “Creo que lo primero que ha fallado es la información —porque esta gente ni siquiera sabe a qué recursos tiene derecho— y también la justicia gratuita, porque su abogada de oficio no se presentó en el desahucio y envió a un procurador”, concluye.

La mujer contaba con un informe de vulnerabilidad, que en este caso, sirvió de poco. “La cuestión de qué es ser vulnerable, de cuándo un juez considera si se debe aplicar o no esta categoría, es una categoría lo suficientemente arbitraria como para que al final los juzgados tengan demasiado margen de maniobra a la hora de ejecutar desahucios”, explica la abogada de CAES y experta en vivienda, Alejandra Jacinto. “Al final termina sucediendo esto, que hay casos en los que, aun contando con informes acreditados, se termina ejecutando el desahucio”, concluye.

El caso de Victoria empieza con un préstamo hipotecario de 168.429 euros que pidió en 2003. Años después, no pudo pagar, como le ocurrió a muchos ciudadanos con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria de 2007, de forma que terminó contrayendo una deuda con Caixabank. Los autos y resoluciones sobre la vivienda se acumulan desde, al menos, 2018, de acuerdo con la documentación judicial a la que ha tenido acceso infoLibre. 

La situación de vulnerabilidad ya era patente y en 2020 solicita la suspensión del lanzamiento por encontrarse en un supuesto de especial vulnerabilidad. El juzgado reconoce que “la documentación aportada acredita que el inmueble constituye la única vivienda y residencia habitual”, además de señalar que, en ese momento, Victoria tenía hijos menores a cargo. Recoge, además, que Victoria trabaja como empleada de hogar y que posee una renta de 400 euros mensuales. 

Con todo, el proceso de desahucio sigue adelante y posteriormente, su casa pasa a manos de Circleville S.L, una sociedad cuyo objeto social es la adquisición, enajenación, tenencia y explotación de bienes inmuebles. En 2020 se solicita una suspensión del lanzamiento y se le concede una moratoria hasta 2024. En medio de todo, en 2023, tiene lugar el asesinato de su hija y se hace cargo del cuidado de sus nietos.

Y aquí, de nuevo, el sistema falla, ya que desde el entorno de la familia explican que no recibían ninguna ayuda: “Por no tener, no tienen ni beca comedor los niños”. En casos de orfandad por violencia machista, los niños tienen derecho a una pensión que varía en función de la situación particular de cada caso, pero que está pensada para respaldar, en la medida de lo posible, la situación de desamparo en la que quedan los menores. “Ser hijo de una mujer asesinada es una situación de vulnerabilidad de libro”, explica Marisa Sotelo, directora de la Fundación Mujeres. Aunque también apunta que en el Fondo de Becas Fiscal Soledad Cazorla, destinado a dar apoyo económico a descendientes de mujeres asesinadas por violencia de género, ven muchas situaciones en las que las familias tienen dificultades para enfrentarse al trance burocrático de las solicitudes.

El capítulo más reciente de esta historia ha terminado con el desalojo de la familia, cumpliendo la orden emitida por el Juzgado de Primera Instancia número 100 de Madrid. La abuela apenas cuenta con unos ingresos actualmente de 600 euros, de acuerdo con la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), que las ha acompañado en este trance. Su idea, explican, era tratar de lograr un acuerdo para obtener un alquiler asequible, aunque no tuvieron ocasión. 

Más allá de los pormenores judiciales, cuesta imaginar una situación de mayor vulnerabilidad, y desde la FRAVM, se muestran sorprendidos: “No nos esperábamos que el juzgado no fuese a aplazar el desahucio, porque tenía un informe de vulnerabilidad respaldado por los Servicios Sociales de Madrid”. Cuentan que la familia no percibía ayudas y que “ellos mismos se han tenido que buscar una alternativa habitacional a través de unos familiares”. 

El sistema ha fallado de muchas maneras diferentes en esta historia, pero en lo que tiene que ver con la vivienda, siempre se dan resonancias parecidas. Lidiar con un proceso burocrático y judicial complejo en el que la otra parte, en este caso una entidad inmobiliaria, siempre tiene más medios económicos, o saber a qué prestaciones sociales acudir no siempre es fácil. “El desconocimiento, el lenguaje jurídico o la burocracia son un obstáculo para el acceso a la justicia y mucha gente termina siendo desahuciada porque en un primer momento recibe una notificación que no entiende”, señala Alejandra Jacinto.

Para los expertos en vivienda, la categoría de “vulnerable” no protege como debería a los inquilinos que entran dentro de este conjunto. “El Observatorio DESCA de vivienda sacó el año pasado un informe en el que decía que solo se estaban frenando el 27% de los desahucios y esto es porque al final estos informes de vulnerabilidad que realiza Servicios Sociales son difíciles de obtener y aun cuando se emiten, los jueces no los consideran suficientes”, explica Pablo Pérez, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid. “Nos ha pasado en el caso de compañeras con discapacidad reconocida y con el caso de Maricarmen”. Este último hace referencia a una mujer de 87 años cuyo desahucio se paró en Madrid por la presión social.

“A la hora de interpretar la vulnerabilidad, hay bastante margen de maniobra para los jueces. Algunos, si no aportas toda la documentación, no te la conceden; otros, si no se da una disminución sobrevenida de los ingresos, tampoco la aceptan (dejando fuera situaciones de precariedad crónica); y otros se acogen a lo que opine Servicios Sociales”, enumera Jacinto.

“Se han quedado sin casa, pero el problema no acaba ahí”, protesta González, que desde la asociación vecinal de Villaverde ha visto muchos casos similares. “Intentaremos apoyarles en este proceso y ponerles en contacto con otras personas que hayan pasado por lo mismo para que sepan los pasos a seguir”, concluye.

España pasará a formar parte del grupo de países que cuenta con fondos soberanos. La medida ha sido confirmada por el presidente Pedro Sánchez en su intervención en el Spain Investors Day, celebrado en Madrid, en la que ha anunciado la creación de 'España crece'. Con una dotación de 10.500 millones de euros y el objetivo de llegar a movilizar hasta 120.000 millones, este nuevo fondo será gestionado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y tratará de tomar el testigo de los 'Next Generation'.

A través de avales, préstamos e instrumentos de capital, 'España Crece' centrará su actividad financiera en varios sectores: vivienda, energía, digitalización, IA, reindustrialización, economía circular, infraestructura, agua y saneamiento o seguridad. De esta forma, España se unirá a países como Noruega, China o Arabia Saudí, cuyos fondos soberanos tienen inversiones en una amplia variedad de actividades.

Este tipo de fondos se constituyen con dinero de un Estado, lo que los convierte en parte de su propiedad y se destinan a distintas actividades económicas para conseguir una rentabilidad a largo plazo. Los fondos soberanos son habituales en países exportadores de materias primas cuya actividad financiera se desarrolla, sobre todo, más allá de sus fronteras.

El fondo soberano más grande actualmente es el de Noruega —llamado Fondo de Pensiones Global del Estado—, que utiliza los ingresos recaudados de la explotación del petróleo y gas para invertir en acciones, inmobiliario o infraestructuras renovables. Con la mirada puesta en las generaciones venideras, este fondo fue creado en los años 90 y ahora sus recursos están valorados en 2 billones de dólares.

Al igual que en el caso noruego, el fondo Abu Dhabi Investment Autority ha encontrado su fuente de ingresos en los combustibles fósiles del país, con un valor total de activos de 1,19 billones de dólares. Este fondo, propiedad del emirato que lleva su nombre, ha centrado su inversión en América del Norte, con el 45-60% de sus recursos, según explican en su página web.

Por su parte, China también cuenta con varios. Destaca el China Investment Corporation (CIC), con un 1,33 billones de dólares en activos. Otros fondos importantes de la región son el de Kuwait —Kuwait Investment Authority— y el de Arabia Saudí —Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita—, con un valor de 1 billón y de 925.000 millones de dólares, respectivamente.

Estos fondos han llegado a estar envueltos en luchas entre grandes compañías, como la batalla entre Paramount y Netflix de finales de 2025 por el control de Warner Bros, en la que la primera vio su oferta apoyada por el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita (PIF) y la Autoridad de Inversiones de Catar (QIA).

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves la creación de un fondo soberano que se llamará "España Crece", dotado con 10.500 millones de euros y con vocación de movilizar hasta 120.000 millones, para mantener el empuje de todo lo logrado con los fondos europeos Next Generation, informa EFE.

Sánchez ha hecho este anuncio en su intervención de clausura del Spain Investors Day, que durante dos jornadas ha analizado la situación de la economía española y las oportunidades existentes en ámbitos como la defensa, la seguridad, la sanidad o el sector digital.

El jefe del Ejecutivo ha afirmado que la transformación que está viviendo España no habría sido posible sin los fondos europeos Next Generation que se impulsaron en la Unión Europea a consecuencia de la pandemia de coronavirus y que cree que evidenciaron que "Europa es grande cuando se atreve, cuando no tiene miedo, cuando habla con claridad". Pero esos fondos acaban este año, y ante esa tesitura ha afirmado que el Gobierno ya ha empezado a hacer sus deberes porque quiere seguir manteniendo el impulso transformador.

Ha sido entonces cuando ha anunciado la creación del fondo soberano que presentará el próximo lunes junto al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y que pretende extender el impulso reformista del Plan de Recuperación y Resiliencia más allá de 2026.

Se trata, según ha dicho, de prolongar la transformación energética, la transición digital, la apuesta por el capital humano y la reindustrializacion en todos los territorios.

El nuevo fondo estará gestionado por el ICO y dotado con una base de 10.500 millones de euros de los fondos Next Generation, con el objetivo de movilizar unos 120.000 millones de euros a través de deuda privada e inversores nacionales e internacionales.

"España Crece" invertirá junto con el sector privado mediante préstamos, avales o instrumentos de capital, priorizando nueve sectores clave para mejorar la productividad de la economía: vivienda, energía, digitalización, IA, reindustrialización, economía circular, infraestructura, agua y saneamiento o seguridad.

“Si los fondos Next Generation fueron un ejercicio de soberanía europea, el Fondo España Crece será un ejercicio de soberanía nacional”, ha subrayado el jefe del Ejecutivo.

El presidente del Gobierno ha hecho en su intervención un repaso de la situación de España, que ha considerado como "un éxito de país" que le permite jugar en la "Champions" económica, y ha recalcado las buenas perspectivas que sigue teniendo pese a las tensiones geopolíticas actuales. A su juicio, se ha demostrado que el crecimiento económico y la creación de empleo son perfectamente compatibles con el respeto a los derechos de los trabajadores y la reducción de gases de efecto invernadero.

Pero ha reconocido que no hay que caer en la autocomplacencia y quedan aún muchas cosas por hacer, como seguir avanzando en la reducción de la pobreza y la desigualdad y facilitar el acceso a la vivienda, dos de los propósitos que ha asegurado que se ha marcado para este año. "Nuestro país se ha convertido en un valor seguro, en un valor refugio, donde no se van a encontrar tensiones comerciales ni riesgos geopolíticos ni inseguridad jurídica", ha afirmado para justificar el ritmo de inversión en España, donde ha asegurado que hay paz social y cohesión territorial.

Todo eso cree que ha sido posible tras convertir en fortalezas lo que antes eran debilidades en aspectos como los costes energéticos, la solvencia de las finanzas y la cualificación de los trabajadores.

Este jueves el Sindicato de Inquilinas de Madrid ha convocado una concentración frente a la convención inmobiliaria Rental Housing Forum, un encuentro que reúne en Madrid a fondos de inversión, gestoras y promotoras. Los participantes hablarán sobre “la situación actual y las perspectivas del mercado del alquiler”, de “vivienda asequible” o de “inversiones y modelos de negocio”, tal y como explican en su programa. Pero para las agrupaciones sindicales estos encuentros contribuyen a crear un relato que no aborda el problema real y de ahí que las convocatorias para “contestar” sean uno de los caballos de batalla de las agrupaciones. “Este tipo de foros están proliferando y, peor que eso, es que está calando cada vez más el discurso de la ‘libertad financiera’ para especular con la vivienda”, explica Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid.

En las ponencias del Rental Housing Forum aparecen representantes de CBRE, una compañía de inversión que actualmente estudia, junto con otras empresas del sector como Azora o Madison, recapitalizar Nestar, una plataforma que cuenta con más de 9.000 viviendas en alquiler. Otro nombre conocido es Patrizia, un fondo alemán que recientemente ha puesto a la venta una cartera de 540 pisos. En cuanto a los enfoques que se abordan, representantes del fondo Azora (cuyo socio mayoritario es CBRE) hablan de temas como “¿qué segmentos concentran hoy la demanda? ¿Dónde hay oportunidad?” o los “principales riesgos y palancas para dinamizar la oferta”.

Enric Aragonés, del Sindicat de Llogateres, explica que sus protestas se apoyan en el hecho de que este tipo de encuentros buscan “potenciar el negocio inmobiliario” y que estas dinámicas son “contrarias al derecho a la vivienda de la mayoría”. Por eso, conjugar la celebración de este tipo de encuentros con una política de vivienda que proteja a los inquilinos les resulta una contradicción. “Estos encuentros proliferan porque la rentabilidad de la vivienda no para de crecer. Los alquileres siguen llegando a máximos históricos y hasta el Banco de España habla de una rentabilidad del 10% en las inversiones inmobiliarias. Es una locura”, incide Valeria Racu.

Entre estos foros, el más conocido es The District, que se organiza en Barcelona y suele estar rodeado de cierta polémica, bien por las propuestas que se plantean, como la polémica venta de pisos por habitaciones. O bien, por las protestas que suscita. En su edición del año pasado, el Sindicat de Llogateres de Cataluña organizó una concentración en la que se lanzaban polvos de colores en la puerta del recinto a quienes participaban. En este encuentro, que se volvió a celebrar el pasado mes de septiembre, otras agrupaciones como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), pedían detener lo que denominaban un “festival especulativo” y frenar “las dinámicas que nos han llevado al escenario actual”. Y es que las “oportunidades” que brinda el mercado son cosas muy distintas en función de si es un ciudadano quien busca de piso o un inversor.

“Ellos están organizados, cambian las tendencias del mercado, las formas de entender el alquiler y están profesionalizados para exprimir la rentabilidad al máximo”, explica la portavoz de la plataforma madrileña; por eso, apunta, este tipo de encuentros van contra los intereses de los ciudadanos. “Estamos permitiendo que los fondos gestionen cientos de miles de viviendas, más de un millón de vidas, y eso es una locura”, concluye. Su planteamiento, que recibe poco respaldo institucional, es que esas viviendas se expropien para uso social.

Dentro del sector, este tipo de citas son habituales, aunque paradójicamente han crecido en relevancia por las protestas sociales que suscitan. “Esos encuentros sirven para que estas grandes empresas vean cómo pueden hacer frente a las pocas leyes que hay y que, de alguna manera, protegen a los inquilinos”, señala Aragonés.

Una de las grandes críticas que lanzan las agrupaciones sociales es hacia los actores públicos que muchas veces participan en estos foros, en los que, sin embargo, no tienen cabida las voces sindicales. “Lo más frustrante es que vemos incluso a instituciones públicas asistiendo a estos foros y sentándose a la mesa a dialogar entre los directores ejecutivos y los gestores de carteras”, explica Racu.

De hecho, en el foro de este jueves participa la Directora General de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid, María José Piccio-Marchetti, además de un miembro del consejo asesor de vivienda de la Comisión Europea. “No les importa el relato de la gente. Hace un par de semanas escuchábamos incluso cómo Isabel Díaz Ayuso (presidenta de la Comunidad de Madrid) directamente daba la bienvenida al fondo de inversión Blackrock”, concluye la representante sindical.

Es algo habitual que se enmarca dentro de lo que ha dado en llamarse estrategia público-privada, pero desde el ámbito social piden que se tracen líneas rojas más claras para frenar la especulación o los incumplimientos de la ley, que muchas veces se quedan sin consecuencias. En eventos como The District, entre los patrocinadores institucionales están el ministerio de Vivienda junto con la Comisión Europea y, de nuevo, aparecen tanto la Comunidad como el Ayuntamiento de Madrid.

La organización de esta cita y de otras similares, como el Salón Inmobiliario de Madrid (Sima), corre a cargo de la empresa Planner Exhibitions. Una empresa dedicada a la organización de congresos y vinculada a la asociación Círculo Inmobiliario, que integran representantes del sector, desde la construcción, el urbanismo o la promoción, hasta inmobiliarias o despachos de abogados. Un sector que vive un momento dorado, pero también un periodo de cambio y que tiene en frente a la sociedad: “Acudiremos al Rental Housing Forum para recibir a decenas de fondos que se reunirán para hablar de sus planes especulativos y les dejaremos claro que no son bienvenidos en Madrid”, concluyen desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid.

El edificio de la calle de las Hileras, en Madrid, cuyo derrumbe se ha cobrado la vida de cuatro personas, pertenece a RSR Singular Assets, una SOCIMI (grupo de inversión en activos inmobiliarios) que planeaba convertirlo en un hotel. Esta empresa se dedica a la compra de edificios céntricos en malas condiciones, su reforma y su explotación turística.

El inmueble fue adquirido en febrero de 2022 por 26 millones de euros, con la previsión de abrir a finales de 2026 como hotel de cuatro estrellas con 122 habitaciones. Este edificio se sumó a otras tres propiedades en Barcelona y a otra en Valencia, compradas entre 2014 y 2019. En 2023, la empresa añadió dos inmuebles más, uno en Madrid y otro en Bilbao, y el pasado enero adquirió otro en la madrileña calle Atocha por 24 millones. RSR también planea expandirse por el sur de España, con la mira puesta en Sevilla, Córdoba y Marbella, según recoge la propia empresa en su web.

El modelo de negocio consiste en adquirir edificios en zonas céntricas y alquilarlos a cadenas hoteleras que se encargan de su gestión. En Barcelona, por ejemplo, poseen un bloque con 17 apartamentos turísticos y 9 habitaciones en el Paseo de Gracia, comprado en 2015 por 11,5 millones. Los otros dos inmuebles en la ciudad condal son hoteles de la cadena Vincci, adquiridos por un total de 47,1 millones de euros.

A finales de 2024, el valor total de los inmuebles del grupo en España ascendía a 246,5 millones de euros, aunque la cifra no incluye la compra más reciente en la calle Atocha. En sus informes financieros, RSR define su estrategia como inversiones “a precio atractivo” en “activos con gran potencial de renovación”, que puedan aumentar su valor tras la rehabilitación. Un lenguaje que en la práctica se traduce en la adquisición de edificios antiguos en el centro de las ciudades para destinarlos al turismo de lujo. En el caso de la calle de las Hileras, la empresa había invertido 2,23 millones de euros en las obras durante 2024.

RSR Singular Assets Europe está controlada por RSR Estate Holding S.A., una sociedad luxemburguesa que actúa como cabecera del grupo. Detrás de ambas entidades está el capital del empresario saudí Rashid Saad Al-Rashid, presidente del conglomerado Al-Rashid Trading & Contracting Co., una de las mayores constructoras del país.

A través de esta arquitectura societaria, el grupo opera en España con ventajas fiscales y opacidad sobre la titularidad final del capital. Su actividad —invertir en edificios degradados para transformarlos en hoteles o apartamentos turísticos de alta gama— forma parte de una estrategia más amplia de diversificación del patrimonio familiar saudí en Europa.

La única española en el consejo de administración de RSR es Carmen Escrivá de Romaní, socia fundadora de la consultora inmobiliaria Caler Advisory, la encargada de gestionar la SOCIMI en España, con la que comparte la sede en Madrid e incluso el diseño de la página web. 

Escrivá de Romaní procede de una de las familias más antiguas de la nobleza valenciana —los Escrivá de Romaní, condes de Oliva— y es nieta de Julio Muñoz Ramonet, un magnate que amasó su fortuna durante el franquismo, primero mediante el estraperlo y después gracias a su imperio textil y bancario. El nombre de la nieta saltó a la crónica judicial en 2021, cuando fue imputada por apropiación indebida dentro del llamado caso Muñoz Ramonet, la causa que investiga la desaparición de centenares de obras de arte que su abuelo había dejado en herencia a la ciudad de Barcelona. 

Entre las piezas recuperadas durante la operación judicial figuran cuadros de Goya, El Greco o Fortuny, que permanecieron ocultos durante décadas en propiedades familiares tras la muerte de su dueño. El juez de instrucción ha concluido este año la investigación y ha dejado a las hijas y nietos del magnate a un paso del banquillo, acusados de haberse apropiado ilícitamente de más de 600 obras que debían haber pasado al patrimonio público.

Escrivá de Romaní combina su papel de directiva inmobiliaria con una trayectoria marcada por un apellido que simboliza la herencia económica del franquismo. En RSR, representa la intersección entre las viejas élites españolas y el nuevo capital extranjero que compra el patrimonio inmobiliario del país.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha publicado este lunes una lista con 21 entidades de inversión que operan sin autorización del regulador. Son lo que se suele denominar como chiringuitos financieros y el principal riesgo para los usuarios que se tropiezan con ellos suele estar en que, bajo la promesa de altas rentabilidades, pueden terminar perdiendo todo el dinero entregado.

La imagen de sus páginas web es casi siempre la misma: imágenes de fondo de grandes centros financieros, promesas de altísimos rendimientos y tres sencillos pasos para darse de alta. Y de hecho, uno de los consejos que da el regulador para tratar de evitar el fraude es “desconfiar de la imagen de sofisticación que dan algunas de estas webs”, señalan.

La lista la encabeza AI Chain Traider, una firma que dice operar con inteligencia artificial y ofrece “negociar criptodivisas sin problemas”. Con referencias a España en su dominio, aparece la web de la firma Ibérica Plus y Capital Group Spain y también se advierte de dos aplicaciones móviles que se promocionan en grupos a través de WhatsApp: BRNSA y Cip Invest. Además de sistemas de gestión fáciles, muchas de ellas hacen referencia a los activos digitales y a la inteligencia artificial como reclamo.

En la lista que elabora el regulador aparecen, en muchos casos, diferentes direcciones de internet para una misma entidad. Por ejemplo, Super AI INC, cuenta con cuatro dominios y Market Makers con dos.

Distinguir un chiringuito a primera vista no es fácil, pero la CNMV da algunos consejos en sus manuales. Primero, verificar con un regulador autorizado la entidad y desconfiar si recibe llamadas o correos inesperados, apremios para enviar más dinero, intentos de crear afinidad personal o si se requieren bonificaciones de entrada. Aunque parezca evidente, el cebo de una rentabilidad sin riesgo también suele ser un gran reclamo y muchas veces lleva a productos financieros que ni siquiera existen.

Otra de las advertencias de la CNMV tiene que ver con las redes sociales y las recomendaciones que hacen los influencers. En febrero el regulador anunció que estos podrían ser sancionados con hasta 500.000 euros de multa si sus recomendaciones, sus informaciones o sus fuentes son falsas. Además, señalaba que, aunque no sean entidades autorizadas, estos comentaristas debían revelar sus conflictos de interés y el beneficio propio que les reportan los consejos que lanzan. Una medida que no afecta, por el momento, a las criptomonedas, por estar fuera del mercado regulado.

La lista completa de la CNMV cuenta con más de tres centenares de páginas, aunque uno de los nombres de este repositorio que más repercusión ha tenido en España es Madeira Invest Club (MIC). El chiringuito financiero que publicitó el eurodiputado ultra Luis Alvise Pérez y que desvió alrededor de 1,7 millones de euros de sus billeteras antes de cerrar y abandonar a sus inversores, de acuerdo con un informe de la UCO.

Los 21 chiringuitos de los que advierte el regulador son los siguientes: Ai Chain Trader, Infurablock, Serenity Synergy, Infinity Bitwave, Deravest, Algosone, White Mint Financial Company S.R.O, Superai Superai, Trading Investment Co. Ltd, Super Ai Inc, Market Makers, Market Makers Management Ltd, Financial Open Advisors, Platinum Stock Trade, Ibericaplus, Igeniusfx, Trive-247, Gnexus4, Brnsa, Cip Invest y Monovex.

“Han picado la cubierta del edificio en época de lluvias, no lo cubrieron adecuadamente y provocaron goteras e inundaciones en algunos pisos”, cuenta un vecino del edificio de la calle Tribulete, en Madrid. Él es uno de los diez inquilinos que ha decidido querellarse contra la empresa Elix Rental Housing por presuntas prácticas de acoso inmobiliario. La acción es pionera en España, son el primer bloque de vecinos que denuncia de manera conjunta para frenar unas prácticas de coerción que consisten en molestar a golpe de obras. Lo que no es nuevo —y además se repite en muchos testimonios— son las formas que algunas empresas inmobiliarias tienen de vaciar los edificios en los que los vecinos, aunque pagando sus alquileres, ya no son bienvenidos.

Si la querella sale adelante, podría allanar el camino para muchas personas que están sufriendo esta situación. “Las formas típicas de acoso pasan, por ejemplo, por llamar a empresas de desokupación, pero en los últimos tiempos estamos viendo cómo lo hacen a través de las obras”, explica la abogada de CAES Alejandra Jacinto, que lleva la querella de Tribulete. Por eso van a dirigir la denuncia contra una persona jurídica, en este caso el entramado empresarial Elix, que cuenta con varias sociedades y muchas más propiedades inmobiliarias. Esto también abriría la posibilidad a otros afectados que podrían unirse: “Si fuese por los mismos hechos y contra los mismos autores podrían sumarse otras posibles víctimas”, apunta la abogada.

“Han hecho catas para determinar el estado de los materiales del edificio, luego esos agujeros no los han cubierto y proliferan los insectos por el bloque”, enumera el afectado de Tribulete. Cuenta una historia muy parecida a la que hace unas semanas relataba a infoLibre José Ferreira, un inquilino de la calle San Ildefonso de Madrid que convivía con la demolición de 15 viviendas en su edificio. La misma historia que narró Txema Escorsa, que ve cómo su bloque en el barrio de Gràcia de Barcelona se transforma en coliving a golpe de reformas ruidosas. “El acoso inmobiliario cada vez es más habitual dentro de las estrategias que tiene la especulación para desalojar edificios”, explica la abogada de CAES.

Quienes viven en el bloque madrileño tratan de resistir los intentos del fondo Elix para vaciarlo. “El delito de coacciones inmobiliarias que estamos denunciando y que entendemos que se está cometiendo de forma continuada, tiene que ver con la realización de unas obras que les hacen imposible seguir habitando sus viviendas o desarrollando actividades con normalidad”, explica Jacinto, que ha llevado otras causas individuales al respecto.

Lo novedoso de esta es que la querella se apoya en el artículo 173 del Código Penal —que tipifica el delito contra la integridad moral por privar a los inquilinos del legítimo uso de la vivienda— y va dirigida contra una persona jurídica. “Hemos dirigido la querella contra todo el entramado empresarial que tienen. Está Elix Servicios Inmobiliarios, Elix Rental Housing Socimi, Elix RHS Properties y luego Elix Advice”, enumera Jacinto.

El Sindicato de Inquilinas señala que los vecinos intentaron negociar con la propiedad las condiciones de la obra, pero no dio resultado. La abogada que lleva la causa explica que intentaron incluso propuestas menos invasivas sin que nadie les escuchara. “Aportamos incluso la pericial de un arquitecto de como se podrían realizar esas obras sin menoscabar la integridad física y moral de los vecinos”, concluye. Además de esto, irán al juzgado con actas policiales y de los bomberos que acreditan los desperfectos que han sufrido en sus casas.

Demostrar que se es víctima de acoso inmobiliario o mobbing —como se denomina en la jerga— no es fácil y requiere que el inquilino sea capaz de reunir evidencias contra el responsable. “En el caso de las empresas de desocupación, vemos que muchas veces coaccionan casi sin dejar pruebas o si lo hacen son muy difíciles de acreditar”, explica Jacinto. “Yo conozco muchos casos de gente que decide denunciar, va al juzgado, y si no están bien determinadas las personas responsables, directamente se archiva”. Esto es así porque suele ser difícil determinar quién cometió el delito, más si se trata de pintadas o de acciones que no implican interacción directa.

En el caso de las obras, “se hacen dentro de una estrategia encaminada a hacerles la vida imposible, para que los vecinos se vayan”, explica la letrada. Es una práctica bien conocida por los sindicatos y asociaciones de inquilinas, pero también es relativamente nueva y por eso no hay mucha jurisprudencia al respecto. “En la burbuja de las hipotecas, vimos que los bancos utilizaban otro tipo de estrategias, pero no esta forma de acoso”, señala Jacinto, que insiste también en que estas prácticas surgen de la “prisa por desalojar edificios cuando los inquilinos ya no resultan rentables”.

Hasta el momento solo han salido adelante querellas individuales, pero esta querella en bloque podría cambiar la forma de abordar estas situaciones. Por un lado, abriría la puerta, si se admitiese a trámite, a que otros inquilinos de este entramado empresarial que están pasando por lo mismo pudieran unirse; por otro, da visibilidad a una forma de acoso que sobrepasa incomodidades puntuales. “Creo es que, en todo caso, el hecho de, interponer una primera querella colectiva por acoso inmobiliario va a mandar un mensaje de aviso a navegantes”, concluye la abogada.

El nuevo orden geopolítico mundial ha convertido al sector de la seguridad europeo en la nueva pepita de oro. Y los inversores son conscientes de ello. Solo el año pasado, según datos de la compañía de análisis PitchBook, las firmas de capital riesgo invirtieron en compañías de defensa del Viejo Continente 576,6 millones de euros, el doble de lo que se registró en el ejercicio anterior. Un pastel del que también quieren comer los fondos españoles especializados, que han acabado por convertirse en una de las piezas clave del rearme planteado por el Gobierno de coalición. Unos vehículos de inversión para los que el Ejecutivo ya ha puesto sobre la mesa más de 367 millones de euros.

Estos instrumentos financieros son uno de los pilares sobre los que se apoya el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, aprobado a finales de abril en Consejo de Ministros y remitido a Bruselas para que la OTAN y la Unión Europea lo analicen. De ahí que el Gobierno contemple la inversión en "fondos de capital riesgo especializados en el ámbito de la defensa" dentro de la partida destinada a la mejora de condiciones laborales, preparación y equipamiento de las Fuerzas Armadas. Y dos son los nombres propios que destacan en este mundo y que aspiran a repartirse buena parte de la tarta: Hyperion Fund y Nazca Aeroespacial y Defensa I.

El ámbito geográfico de inversión de ambos se circunscribe a nuestro país, si bien también contemplan la posibilidad de hacerlo en compañías extranjeras, siempre que se vayan a integrar en otras españolas –así lo establece el segundo fondo– o estén afincadas en un país de la OTAN –como fija el primero–. Las normas de ambos vetan la inversión directa o indirecta en compañías cuyo negocio principal consista en la venta de armas, munición o equipamiento letal. Ahora bien, en el caso del segundo, el folleto incluye una cláusula que bordea la prohibición: "Esta restricción no se aplicará en la medida en que dichas actividades formen parte de políticas explícitas de la Unión Europea o las complementen".

Cuando lo registró ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la idea de Nazca Capital, cuyos tentáculos llegan a todo tipo de sectores –desde el agroindustrial al de la salud o el audiovisual–, era que su nuevo fondo orientado a la inversión en "tecnologías y soluciones de uso dual" del ámbito aeroespacial, de defensa y seguridad pudiera alcanzar un tamaño máximo de 500 millones de euros, el triple que el de Hyperion y uno de los mayores vehículos de inversión especializado en la materia del Viejo Continente. Una cifra que ha ampliado hasta los 600 millones después de haber recibido un fuerte espaldarazo institucional.

El Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, entidad pública empresarial dependiente del Ministerio de Ciencia, se ha convertido en inversor ancla del fondo –aquel que pone sobre la mesa importantes sumas de dinero, sirviendo de cebo para atraer a otros inversores–. A través de Innvierte, programa de apoyo a la inversión de capital riesgo en empresas de base tecnológica, el CDTI ha acordado una aportación de hasta 294 millones de euros al fondo de Nazca Capital. La entidad gestora, liderada por Santiago Carbó y Álvaro de Mariátegui, aún debe conformar el consejo asesor del fondo, que estará compuesto "por perfiles de alta relevancia" en el ámbito de la defensa o la seguridad.

Quien ya cuenta con ese equipo es Hyperion Fund. En su caso, presumen de contar con el asesoramiento de pesos pesados a nivel internacional: desde el ex secretario general de la OTAN Anders Fogh Rasmussen hasta la exministra francesa Michèle Alliot-Marie o la diplomática estadounidense Paula Dobriansky. A diferencia de su competidor, el fondo, que cuelga de la gestora Singular, cuenta con caras más reconocidas. Entre sus ejecutivos está el exlíder del PP Pablo Casado, que no supo medir en su día las consecuencias de una guerra con Isabel Díaz Ayuso pero sí fue capaz de anticiparse al bum militar. Y le acompañan un nieto del expresidente del Banco Santander –Ricardo Gómez-Acebo Botín– o un exasesor del exministro de Defensa Pedro Morenés –Joaquín Ortiz–.

También Hyperion cuenta ya con respaldo institucional. En diciembre, el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación se comprometió a invertir en el fondo 28,5 millones de euros. Un vehículo de inversión en el que también participa el Instituto de Crédito Oficial. A través de su Fondo Next-Tech, una iniciativa conjunta de esta entidad pública con la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, ha inyectado 45 millones de euros para un vehículo de inversión en el que también ha puesto los ojos Nortia, el holding inversor del empresario Manuel Lao, y grandes compañías como Indra –que ha buscado una participación del 15% en el fondo– o Prosegur.

Desde que consiguió los compromisos para echar a andar, el fondo de Pablo Casado no ha parado de moverse. En las últimas semanas, Hyperion se ha hecho con un 11,7% de la startup espacial Sateliot tras inyectar 10 millones. Además, ha participado, junto a Lauria Partners, en la operación de compra de la empresa de ingeniería y fabricación de mecánica de alta precisión en los sectores aeroespacial y de la defensa Gutmar, donde Hyperion entrará como socio minoritario. Y también en la compra del grupo de aviación privado Gestair. Además, ha liderado otra ronda de financiación alrededor de la startup de sistemas de propulsión Pangea.

Son manos privadas las que las manejan. Pasaba en 2020 y pasa ahora. Las residencias de mayores eran ya un negocio antes de la pandemia. Un pastel que se repartían, además, entre ocho grandes comensales que hoy, cinco años después, no han hecho más que aumentar su porción. Los 487 centros que controlaban cuando estalló la crisis sanitaria son hoy 524. Las 64.232 plazas, 71.340. El coronavirus no les afectó, al contrario.

Hubo que esperar un año hasta que el Gobierno pudo publicar datos concretos. Según el informe del Imserso Enfermedad por coronavirus en Centros Residenciales, al menos 29.408 usuarios de residencias de mayores murieron entre marzo y julio de 2020. Estos centros se convirtieron en la diana perfecta para un virus que tenía dos características fundamentales: la primera, que para alimentarse no necesitaba un contacto extremadamente estrecho, y la segunda, que golpeaba con mucha mayor crueldad a los más mayores. Por eso, tal y como demostraron después varios estudios científicos, las macrorresidencias y los modelos público-privados sufrieron todavía más las consecuencias del covid. En Barcelona, por ejemplo, la mortalidad fue el triple en las residencias más grandes. Y en Madrid se situó hasta 14 puntos por encima en aquellas de titularidad autonómica pero gestionadas por alguna empresa. Pero tampoco fue igual en todas.

Los datos de hasta 14 comunidades desvelados por infoLibre mostraron que el más letal fue el de los grandes grupos privados. En concreto, los ocho gigantes del sector que entonces controlaban el 18,07% de las camas en esas autonomías sufrieron el 24,45% de las muertes entre marzo y abril. Eran DomusVi (1.096 muertes), Orpea (597), Ballesol (323), Vitalia Home (269), Sanitas (432), Amavir (819), Colisée (100) y Clece (34). Entre todas esas empresas sumaban en 2020 487 centros y 64.232 plazas, según los datos extraídos del libro ¡Vergüenza! El escándalo de las residencias, escrito por Manuel Rico, ex director de investigación de infoLibre que destapó en este periódico el conocido como Protocolo de la Vergüenza de la Comunidad de Madrid. Hoy esos grupos tienen muchas más plazas. Al menos en la mayoría. Según los datos recopilados por este periódico a partir de la información ofrecida por las empresas y de la disponible en sus páginas webs, el poder de estos grandes grupos ha crecido en 37 centros (un 7,6% más) y en 7.108 camas (un 11% más).

Es la mayor empresa geriátrica de todo el país. Su cartera de 2020 estaba formada por 139 residencias y 18.428 camas que en cinco años ha ampliado hasta los 143 centros con más de 20.000 plazas, según los datos proporcionados por ellos mismos. Y su plan es seguir la misma senda, según los datos de Alimarket consultados por infoLibre. En concreto, sólo este 2025 y sólo en Madrid, la empresa planea abrir 130 camas nuevas.

Se trata de un grupo de origen francés que está controlado por tres fondos de inversión: Intermediate Capital Group (ICG), Mérieux Equity Partners y Sagesse Retraite Santé (SRS). Su empresa matriz en España se llama Geriavi y tiene su sede en Vigo. Josefina Fernández Miguélez fue su consejera delegada hasta el año 2021, cuando pasó a desempeñar las funciones de presidenta institucional hasta que abandonó el grupo en 2023. Junto a su hermano, fue una de las primeras en ser vacunada contra el covid en Galicia. Lo hizo en uno de sus centros, que fueron los que registraron la mayor mortalidad durante la pandemia.

Fue la segunda en mortalidad durante lo peor de la pandemia y era, también entonces, la segunda compañía en número de camas en cartera. Ha perdido el segundo título aunque, en cualquier caso, también ha aumentado su poder en estos cinco años. Los 49 centros que Orpea —hoy renombrado como Emeis— controlaba en 2020 son ahora 57, aunque las 7.943 camas se han incrementado hasta poco más de las 8.000 según los datos que también aporta la compañía a preguntas de este diario. En cualquier caso, y del mismo modo que ocurre con DomusVi, sus planes siguen pasando por una mayor expansión. Según Alimarket, sólo este año tiene proyectadas ya 1.114 camas nuevas.

En mayo de 2022, el consorcio periodístico Investigate Europe, donde participa infoLibre como único medio español, destapó una trama ilegal de negocios de la multinacional. En concreto, desveló que sociedades de la trama encubrieron el pago de 700.000 euros a un comisionista francés, presentaron cuentas en el Registro Mercantil con información fiscal falsa y burlaron las normas italianas del IVA. La Fiscalía de Nanterre –localidad al oeste de París– investiga por ello la comisión de hasta cinco presuntos delitos: fraude, apropiación indebida de activos empresariales, blanqueo de capitales, corrupción y abuso de confianza.

Ballesol no tiene ningún gran fondo internacional detrás. La compañía española empezó su historia con una primera residencia abierta en 1980 en la localidad madrileña de Majadahonda. Su empresa matriz es Intercentros Ballesol, S.A. cuyo principal accionista es la aseguradora Santa Lucía, dueña de más del 75% de las acciones. Hoy maneja una cartera de 51 centros y 7.838 camas, según los datos extraídos de su página web —ya que la compañía nunca respondió a las preguntas de infoLibre. Son, en comparación con 2020, cuatro centros y 523 plazas más. Según Alimarket, proyecta otras 115 en centros de Oviedo para este 2025.

Ninguna empresa ha crecido tanto en todo este tiempo. Los 49 geriátricos que tenía repartidos por España en 2020 son hoy, según los datos que ofrece la propia compañía, 71. Un 44,9% más. En plazas, las 7.180 que tenían hace cinco años suman ya más de 10.000. Un 39,2% más.

¿Pero por qué tantas? En marzo de 2017 la compañía pasó a estar controlada por el fondo británico CVC Capital Partners, que ya está ultimando la venta del grupo al estadounidense StepStone por 600 millones de euros, según informó El Confidencial. Además, la empresa ha firmado un acuerdo con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) para obtener un préstamo de 90 millones de euros para financiar nuevas residencias en siete comunidades autónomas españolas. El plan se extiende ya hasta 2027 y prevé construir 12 nuevos centros de atención residencial, 4 edificios de apartamentos asistidos para personas en situación de dependencia y 3 hospitales de rehabilitación neurológica.

Fue la quinta en mortalidad durante el covid. Y era entonces también la quinta en número de plazas. En concreto, Sanitas tenía en 2020 una cartera de 47 centos y 6.529 camas, un poder que ahora, según informa la propia empresa, ha disminuido. Pero no en gran medida. Los centros son hoy 44 y las plazas, por su parte, alrededor de 6.100, según el conteo de los geriátricos que aparecen publicados en su página web. Según Alimarket, su objetivo es abrir 500 nuevas camas en un total de cinco residencias más.

La entidad británica sin ánimo de lucro BUPA controla el 100% del capital. Se trata de una multinacional británica aseguradora, que no tiene accionistas y se supone que tampoco ánimo de lucro. Pero aun así, en el Reino Unido ha recibido críticas por poner el foco en exceso en multiplicar sus ganancias. En septiembre de 2020, pasado lo peor de la crisis sanitaria pero todavía con el covid muy presente, Iñaki Peralta asumió el papel de consejero delegado en sustitución de Iñaki Ereño.

Tiene ahora seis centros más que en 2020, por lo que prácticamente el crecimiento de Amavir en estos cinco años ha sido de una residencia de mayores por cada año. Según los propios datos de la empresa, los 41 centros de 2020 son hoy 47; las plazas, por su parte, han crecido de las 6.340 a las 7.094. Y como ocurre con el resto, el plan es seguir la misma senda. En concreto, y según el informe de Alimarket, los planes el año pasado y hasta 2027 pasaban por crecer en 1.420 plazas más divididas en una decena de geriátricos nuevos.

Amavir es una marca comercial lanzada en 2017, tras la fusión de dos grupos de residencias: Amma y Adavir. Fue una operación de la compañía francesa Maisons de Famille y actualmente el accionista principal de la compañía es la familia francesa Mulliez, quinta fortuna de Francia con un patrimonio de 32.000 millones de euros.

En 2020 tenía 49 geriátricos, lo que le situaba en más o menos los mismos números que al resto de empresas. Sin embargo, en estos cinco años ha alcanzado, según informen fuentes de la compañía, hasta los 60, convirtiéndose ya en el tercer grupo geriátrico más grande en número centros. ¿Y en cuanto a las plazas? Pues en este caso han pasado de 5.804 a 8.018. Colisée firmó a principios de 2024 su propia alianza con el nuevo fondo de Azora, con el objetivo de quedarse con la gestión de la futura residencia de Badalona, que Romano Senior también ha adquirido a Emeis (Orpea).

Es, también, una empresa de origen francés que fue adquirida por el fondo EQT, dueño también de Idealista. Se desconoce el importe de la operación, pero el fondo sueco se refirió en el informe trimestral que coincidía con la adquisión a inversiones por valor de 6.000 millones de euros. Antes estaba en manos de IK Investment Partners —cuya sede está en el paraíso fiscal de las Islas Jersey.

Es la única compañía que tiene bastantes centros menos que en 2020. Controla, según informa a infoLibre, 51 centros y 4.290 camas que hace cinco años eran, en cambio, 66 con 4.693 plazas. Preguntado por los motivos de esta variación, no obstante, el grupo no aclara qué ha ocurrido. Según Alimarket, sus previsiones de crecimiento son mucho más humildes, pues el informe recoge tres centros que suman 397 camas más a su cartera.

Clece es la división del grupo ACS —cuyo accionista principal es Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid— dedicada a la prestación de servicios, desde limpieza a mantenimiento. En el ámbito de los geriátricos, sin embargo, no opera bajo una marca única. En concreto, hay cinco compañías con actividad en este sector: la propia Clece SA y sus filiales Senior Servicios Integrales SA, Zaintzen SA, Clece Vitam SA y Enequip Serveis Integrals SL.

En cualquier caso, en estos cinco años también ha dado tiempo a que nuevos comensales se sienten a la mesa con el objetivo de buscar, también, poder en el sector. Y tres grupos han conseguido tener una presencia importante. Se trata de Caser, Emera y Seniors, de Clariane. Ninguno supera los 25 centros, pero su poder, como ha podido comprobar infoLibre, ha crecido exponencialmente desde el estallido de la crisis sanitaria.

La primera empresa tiene como accionista mayoritario a la aseguradora suiza Helvetia, que compró en 2020 el 70% de su capital, porcentaje que en cualquier caso ya ha crecido siete puntos más. Cuando empezó la crisis del covid tenía una cartera de 20 centros residenciales y 3.266 camas, un poder que ahora, según confirman sus propias fuentes, es ya de 27 centros y 3.800 camas.

Emera, por su parte, no ha respondido a las reiteradas peticiones de información de este periódico, aunque de lo publicado en su página web se puede extraer que tiene ya 16 centros (siete más que en 2020) con 2.155 plazas (822 más). Proyecta además otras 170 plazas para Castellón en 2026, según Alimarket. Seniors, por último, tiene también residencias de Grupo 5 y ya maneja, según los datos de su web, 23 centros y alrededor de 2.500 camas.

Porque además, que se sepa, la empresa constructora, que por otra parte ha adquirido al gobierno correspondiente unas 5.000 hectáreas circundantes, es americana. Dicen las malas lenguas que es propiedad de unos fondos de inversión radicados en las islas del Mar de Estados Unidos (lo que antes se llamaba Mar Caribe o Golfo de México). Se rumorea que dichos dineros son en realidad una miaja de los que tiene por ahí escondidos el hombre más rico del mundo, de cuyo nombre no me acuerdo. Por cierto, las inmobiliarias clásicas han entrado en pánico; se les ha excluido del negocio.

La citada empresa —se omite su filiación para que el Tribunal de la Haya no la persiga— publicitaba el primer chalet en el Aneto con el eslogan “nunca había soñado vivir tan cerca del cielo”. A lo que después añadió: “La casa-cielo al alcance de todos”. Y, en letras más pequeñas: Lo dice la IA casi ecológica, que por eso ha propuesto que las casas se pinten de blanco y se construyan a una altura donde la contaminación del aire es nula. Así los “chaletes” han crecido sin tino. Tal idea de refugiarse en las montañas, por eso del aumento de la temperatura media global, no escapa a quienes niegan el cambio climático. En su descargo dicen que así lo disminuyen, pues van a construir un AVE hasta la base del glaciar pirenaico, así no habrá atascos en sus accesos.

Volviendo a la realidad; lo anterior debió ser un sueño. Me ha despertado del letargo mental una manifestación de ecologistas y gentes amantes de dejar tranquila la montaña. ¿Por qué piensan que siempre tienen razón en su defensa de la naturaleza? No era muy numerosa, pero chillona. Expresaban, también con cencerros de vaca, su oposición a la construcción de 2.200 viviendas a pie de pistas esquiables, en un antiguo pueblecito situado a unos 13 km andando del Aneto. En un valle que al paso que vamos se convertirá en la capital de los Pirineos. Aunque solamente sea en la temporada del crecimiento económico incentivado por el esquí masivo.

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Carmelo Marcén Albero es socio de infoLibre.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha abierto juicio oral contra el expresidente del Banco Popular Ángel Ron, otros doce directivos, la firma auditora PwC y dos de sus socios por estafa en la ampliación de capital de 2016, y ha impuesto una fianza provisional de cerca de 2.277 millones de euros. En un auto fechado este viernes al que ha tenido acceso EFE, el magistrado impone esa responsabilidad civil millonaria a los acusados y a varias aseguradoras, y sitúa a PwC y al Banco Santander, que se hizo con el Popular al precio simbólico de un euro, como responsables civiles subsidiarios.

Para el juez, los inversores acudieron engañados a la ampliación de capital, ya que los estados financieros de ese año y de 2015 no reflejaban la imagen fiel del balance ni del patrimonio.

Además de Ron, se sentarán en el banquillo el ex consejero delegado de la entidad Francisco Gómez Martín; el exvicepresidente Roberto Higuera; el que fuera miembro del consejo de administración Jorge Oroviogoicoechea; los ex directores financieros del Banco Popular Javier Moreno y Francisco Sancha Bermejo; el exdirector de Riesgos José María Sagardoy Llonis; el exdirector del departamento de Auditoría Jesús Arellano Escobar y los exdirectios Antonio Pujol y José Ramón Alonso.

Por lo que respecta a PwC, el juez considera a la firma cooperador necesario, al igual que a los socios auditores Pedro Barrio y José María Sanz Olmeda,

En cuanto al Santander, aunque el magistrado descarta considerarlo partícipe a título lucrativo sí mantiene su responsabilidad civil subsidiaria, al ser el heredero "universal" del extinto Popular.

Calama rechaza la apertura de juicio oral contra el Santander, y destaca que el proceso resolutorio que afectó a Banco Popular -mediante acuerdo de la Junta Única de Resolución (JUR) de junio de 2017 "fue el cauce a través del cual se adquirió dicha entidad por el Banco Santander", aunque lo mantiene como responsable civil subsidiario.

En su auto, Calama recoge los escritos de calificación de las catorce acusaciones que tipifican los hechos como delitos de falsedad contable y delito continuado de estafa de inversores, entre ellos el de la Fiscalía Anticorrupción, que solicita seis años y medio de cárcel y una multa de cerca de 250.000 euros para Ron, Gómez e Higuera.

La Fiscalía señala a las aseguradoras Chubb; ACE; Zurich; XL; Liberty, y Lifeguard como responsables civiles directos de los daños y perjuicios derivados de los hechos cometidos por los administradores y directivos del Banco Popular y PwC acusados, hasta el límite de la cobertura de sus correspondientes seguros de responsabilidad civil.

Sobre la fianza, Calama aclara que los 2.277,6 millones son una cantidad "provisional", ya que algunas acusaciones no han concretado la solicitud de responsabilidad o han formulado peticiones "desorbitadas".

El juez indica que los hechos punibles consignados en los diferentes escritos de acusación, "en una valoración provisional", pudieran ser constitutivos de delitos continuados de falsedad contable y de estafa a inversores.

La agricultura española del siglo XXI dibuja un paisaje marcado por la paradoja: mientras el abandono de las explotaciones familiares despuebla las zonas rurales, cada vez más fondos de inversión se lanzan a comprar las tierras más rentables para extraerles el máximo beneficio en el menor tiempo. Pequeños y medianos agricultores luchando por sobrevivir, explotaciones industriales que copan la producción y el valor añadido, y grandes terratenientes regados con las millonarias ayudas europeas componen un sector primario de 914.871 explotaciones y 24 millones de hectáreas, responsables del 2,3% del PIB.

Además, ese contraste crece cada día. Según los datos de la Farm Accountancy Data Network (FADN Data) de la Unión Europea, la brecha de ingresos entre las explotaciones más pequeñas y las más grandes no ha dejado de aumentar en los últimos años. En Europa y en España. La base de datos mide los ingresos de una explotación como valor añadido neto por cada unidad de trabajo anual (UTA: el trabajo efectuado por una persona dedicada a tiempo completo durante un año a la actividad agraria), o bien por unidad de trabajo familiar (que sólo incluyen a las explotaciones sin mano de obra remunerada), y los desglosa según el tamaño económico de granjas y cultivos.

Así, en 2010, el valor añadido neto por UTA de las explotaciones más grandes era cinco veces –38.565 euros– el de las más pequeñas –8.162 euros–. En 2022, la distancia se había multiplicado por 22: 3.484 euros las de menor tamaño y 74.959 euros las de mayor. Es decir, la brecha se había más que cuatriplicado.

Pero si se consideran los ingresos por unidad de trabajo familiar, la grieta es aún más profunda. En 2010, las explotaciones de mayor tamaño económico ingresaban 13 veces más –94.707 euros– que las más pequeñas –7.297 euros–. Doce años después, ingresaban 60 veces más –182.219 euros–. La distancia, por tanto, se había quintuplicado. Aunque hubo años, como 2019, en que llegó a ser 95 veces más e incluso 101 veces más en 2020, el año de la pandemia, cuando los ingresos de las más grandes alcanzaron los 262.435 euros. Es decir, la brecha se convirtió casi en abismo, al multiplicarse por ocho.

No obstante, estas cifras sólo incluyen las explotaciones que la UE etiqueta como “comerciales”, aquellas con una producción por encima de los 2.000 euros, en teoría el umbral de ingresos suficientes para que los agricultores y ganaderos mantengan a sus familias. Por tanto, quedan fuera de la lupa de la FADN un total de 161.943 explotaciones españolas que producen por debajo de esos 2.000 euros y que son el grupo más numeroso del censo agrario de 2020. Las de mayor tamaño económico, con una producción anual superior a los 500.000 euros, sólo ascienden a 13.774. En conjunto, las microexplotaciones suman una producción estándar total (PET) de 164,43 millones de euros, mientras que las más grandes producen por valor de 17.635,77 millones de euros. En efecto, un abismo.

En la Europa de los Veintisiete, el panorama es similar: de 2015 a 2022, la brecha de ingresos netos por UTA entre grandes y pequeñas ha pasado de ser de 98 veces a 159 veces; casi se ha duplicado.

Una tendencia que parece imparable. El número de explotaciones agrarias en Europa se ha reducido en un 37% en los últimos 15 años, tras perderse 5,3 millones desde 2005. En su inmensa mayoría se trataba de pequeñas granjas y cultivos. En España, comparando los dos últimos censos agrarios, publicados en 2009 y 2020, han desaparecido 56.731 explotaciones.

En cualquier caso, España está lejos de países del Este como Bulgaria, Hungría o Polonia, donde más del 75% de las granjas y cultivos son explotaciones no comerciales o de subsistencia, siguiendo el criterio de la FADN. Otro tanto ocurre también en Portugal o Grecia. Si se elige como criterio de selección la superficie agraria útil (SAU), la media española es de 26,1 hectáreas, de acuerdo con las cifras de Eurostat recogidas por el Ministerio de Agricultura en su último Informe anual de indicadores. Por tanto, España está por encima de la media comunitaria –17,1 hectáreas–, pero muy por debajo de las 63,1 hectáreas de Alemania y las 69,6 de Francia. De ahí que, con una producción por explotación agraria de 49.569 euros, también quede a años luz de los 163.665 euros de Francia, los 472.527 euros de Países Bajos y por supuesto de los 1,37 millones de euros de Alemania.

Es en estos países, junto con Bélgica, Dinamarca y Eslovaquia, donde se concentran las grandes explotaciones agrarias. En 2009, había en España sólo 8.505 explotaciones que produjeran por encima de los 500.000 euros. Once años después, su número ha crecido un 62%. Por el contrario, en 2009, las granjas y cultivos españoles con una producción estándar total inferior a los 2.000 euros alcanzaban los 228.636, un 29% más de los que recogió el censo agrario en 2020.

Lo que no quiere decir que todas estas explotaciones fueran liquidadas. “La superficie no desaparece, desaparecen los titulares [de las explotaciones]”, resume José Manuel Delgado, del gabinete técnico de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA). Un informe de Cocampo, una empresa especializada en venta de suelo rústico, revela que los fondos de inversión y las grandes industrias agroalimentarias están comprando tierras a agricultores pequeños y medianos. Muchos de ellos, la mayoría, abandonan por falta de rentabilidad. “Antes, en Castilla y León, un agricultor podía vivir del cereal con 70 u 80 hectáreas; ahora es inviable tener menos de 100”, advierte Delgado. Pero también tiran la toalla por falta de relevo generacional. El 41% de los actuales dueños de explotaciones agrarias tienen más de 65 años. Y el despoblamiento es acuciante en zonas de montaña y de secano. “Es muy difícil que regresen los jóvenes que se han ido”, lamenta Delgado, “y no es sólo porque las explotaciones no sean rentables, sino porque en las áreas rurales faltan dotaciones y servicios, sanidad, transporte público… que deberían facilitarse si no a nivel municipal, sí al menos comarcal”.

Pero otras explotaciones, las menos, consiguen ganar tamaño. Con muchas dificultades. Tienen más problemas para acceder a los créditos, con los que aumentar inversiones o modernizarse, que las grandes granjas y cultivos, más beneficiados en la distribución de ayudas de la Política Agraria Común (PAC), que se reparten según el número de hectáreas. El 8% de los ingresos de las explotaciones españolas procede de esas subvenciones europeas, el mismo porcentaje que en Alemania e Italia. Los que más ayudas reciben son los agricultores de Estonia y Lituana, con un 15%.

“La cuestión fundamental estriba en quién es empresario: quien asume un riesgo y tiene capacidad para invertir. Ahí es hacia dónde debe ir la UE”, apunta José María Castilla, director en Bruselas de Asaja, la patronal de los grandes productores agrícolas. A su juicio, que las explotaciones ganen en tamaño “beneficia a la UE”: “La forma natural de crecer es ser más profesional, tener más hectáreas y ser más eficiente, lo que no es incompatible con el modelo familiar”.

Greenpeace no está tan de acuerdo. En un informe publicado el pasado octubre y titulado Go big or go bust (Crecer o quebrar), denuncia que el actual sistema agrario, “impulsado por las subvenciones públicas, la financiación privada y la presión política, obliga a los agricultores a aumentar de tamaño para sobrevivir”. Además, esa presión por crecer y crecer, y por maximizar la producción, tiene consecuencias no deseadas: aumenta el desempleo en los pueblos, agranda la brecha económica y social con las ciudades, se relaja el bienestar animal en las polémicas macrogranjas y se destruye la naturaleza, advierte la organización ecologista.

José María Delgado destaca la mayor vulnerabilidad de las pequeñas explotaciones al cambio climático o al aumento de los precios de los fertilizantes o los combustibles, que a veces no se cubren con los precios que les pagan la industria agroalimentaria y la distribución. Por eso, UPA pide una PAC “más social, que haga lo que no hace el mercado”. Delgado precisa que las ayudas públicas deberían diferenciar y priorizar por territorio, apoyando a las zonas despobladas, por edad del titular, para ayudar a los jóvenes o, si el titular de la explotación es una mujer, para frenar la masculinización del sector primario. Los requisitos medioambientales, añade, también deberían fijarse en función del tamaño y el modelo empresarial de la explotación. Por eso, UPA pide que se apruebe una Ley de la Agricultura Familiar, tal y como prometió el Gobierno.

Por el contrario, Asaja no quiere ni oír hablar de una PAC “redistributiva”. “Tiene el mismo problema la primera vaca que la 101, la primera hectárea que la hectárea 101”, explica José María Castilla, quien hace suyo un lema de sus colegas de la patronal agraria andaluza: “No puede existir una PAC verde en números rojos”, en referencia a los cada vez mayores requisitos medioambientales de las ayudas públicas europeas.

Mientras tanto, los rebaños de ovejas, el ovino extensivo, por ejemplo, está desapareciendo por la falta de consumo y de rentabilidad; los grandes empresarios agrícolas españoles han empezado a cultivar tomates, más baratos, en Marruecos y Turquía, y fondos de inversión nacionales y extranjeros han visto oportunidades de gran negocio en los cultivos leñosos, como los frutales, el olivar y los viñedos. Por citar sólo algunos: Beka Finance –que tiene como presidente de honor de su comité de inversión y asesor al exministro de Agricultura Miguel Arias Cañete– ha comprado 400 hectáreas de almendros en Talavera de la Reina, Atitlan tiene 3.200 hectáreas de pistacho a través de Agnbro Capital, Azora compró el 33% de Isfa, empresa propietaria de 10.000 hectáreas de almendros, Miura Partners gestiona 30.000 hectáreas de cítricos gracias a Citri&Co, Portobello Capital tiene sede en Luxemburgo y el 38% de Eurocebollas, que explota 700.000 hectáreas de cebolla y ajo…

La producción agrícola europea ha crecido un 6,7% desde 2010 hasta 2023, según cifras oficiales del pasado octubre, y ha dejado atrás los dos años anteriores de problemas y sequía. Es un buen negocio, con una productividad que no ha dejado de crecer desde hace 13 años, un 9,1%. Esa productividad creciente procede de las explotaciones más grandes, asegura la Comisión Europea, y del cada vez menor número de trabajadores agrícolas. En España, el sector primario empleaba en 2023 a 675.300 personas, un 3,5% menos que un año antes. Pero desde 2021 el trabajo asalariado en la agricultura española ha caído casi un 14%, más del doble que el no asalariado. Y es que en España el 55% del empleo en el sector primario aún es familiar. 

El Centro Europeo de Periodismo (ECJ) ha concedido este año uno de sus cinco premios de Periodismo Climático a la investigación que la red European Investigative Collaboration (EIC), a la que pertenece infoLibre, y Voxeurop llevaron a cabo sobre la estafa de los fondos supuestamente verdes que invierten en las empresas más contaminantes.

El proyecto, que ha sido elegido entre 197 candidaturas procedentes de 24 países europeos, ha sido galardonado en la categoría de lucha contra la desinformación climática. Y comparte honores con trabajos publicados por el alemán Süddeutsche Zeitung, la revista británica The Economist ,The Bureau of Investigative Journalism, The Financial Times y Disclose.

El premio fue entregado este jueves en la News Impact Summit: La Lucha contra la Desinformación Climática, que se celebró en Copenhague (Dinamarca).

El jurado ha destacado la investigación de EIC y Voxeurop como arma para “desenmascarar el greenwashing”, un engaño que practican grandes gestoras de activos como BlackRock y Vanguard, y bancos del tamaño de JPMorgan Chase y HSBC. Pero también las entidades financieras españolas: sólo las tres mayores, Santander, BBVA, La Caixa, invierten más de 1.000 millones de euros en las empresas más contaminantes del mundo. Según el jurado, la decena de investigaciones publicadas por los medio de EIC y el europeo Voxeurop “documentan las catastróficas deficiencias de la UE a la hora de garantizar que los fondos de inversión no acaban en proyectos que contribuyen a la destrucción del planeta”.

Entre los reportajes incluidos en la investigación se cuentan los 10.000 millones de euros que reciben Repsol e Inditex, dos de las firmas españolas que más CO2 emiten, de fondos de inversión supuestamente verdes. También los 21.000 millones que los franceses Crédit Agricole, BNP y Postal Bank invierten en empresas contaminantes.

En Noches de calor, el reportaje premiado de Süddeutsche Zeitung en la categoría de visualización de datos, hace un seguimiento de las temperaturas nocturnas en seis ciudades del mundo, y muestra cómo el calor afecta de forma desproporcionada a los barrios más pobres.

El ganador de la categoría de investigación ha sido una investigación de Voxeurop junto con la revista indonesia Tempo que destapa el blanqueamiento que Michelin y BNP Paribas han hecho en Europa de actividades contra el medio ambiente en Indonesia. La compañía francesa, asociada con la indonesia Barito Pacific, utilizó bonos verdes comercializados por BNP Paribas para financiar plantaciones de caucho en el país asiático. Una inversión supuestamente verde condujo, sin embargo, a la deforestación de amplias zonas.

The Economist y los estadounidenses .Coda son los ganadores en la categoría Historias y Soluciones con un reportaje sobre la lucha del Ártico sueco por el clima; en concreto sobre los esfuerzos de los sami por salvar su modo de vida frente a los intereses industriales modernos.

Finalmente, The Bureau of Investigative Journalism, en colaboración con The Financial Times y Disclose, han sido reconocidos con el premio a los Talentos Emergentes por desvelar que el Banco Santander contrató un bono petrolero de 1.000 millones de dólares para PetroPerú. Con él la compañía financió una refinería de petróleo vinculada al oleoducto Norperuano, que atraviesa un humedal amazónico protegido por el Convenio de Ramsar. El banco español no tuvo reparos en firmar la operación pese a que sus políticas de sostenibilidad le prohíben expresamente financiar proyectos que pongan en peligro los humedales protegidos por ese convenio internacional.

La fundación Centro Europeo de Periodismo (EJC por sus siglas en inglés) es una organización holandesa independiente sin ánimo de lucro con sede en Maastricht. Tanto los premios como la News Impact Summit han sido organizados en colaboración con la Google News Initiative.