Comisiones rogatorias internacionales cursadas a organismos equivocados o mediante conductos erróneos. O que se tradujeron tarde al inglés como paso previo a su envío. O en las que faltaban datos clave como el número de la cuenta sobre la que se requería información a un banco de Londres. E incluso otra que se había "extraviado" camino de Panamá y así lo terminó reconociendo el Ministerio de Justicia.  O una petición de ayuda judicial para que los peritos verificasen la autenticidad de una grabación y que la Guardia Civil tuvo dos años y medio en el cajón. Todo eso ocurrió en los más de siete años de instrucción sobre la oscura compra en 2012 de un ático de lujo en Estepona por el expresidente de Madrid, Ignacio González, cuya imputación sobreseyó este martes el juez que investigaba esta causa. Por qué en el caso del ático se enviaron rogatorias a organismos equivocados o con datos erróneos, por qué su traducción se demoró o por qué la Guardia Civil tardó dos años y medio en activar una petición de ayuda son aspectos para los que nadie ha ofrecido una explicación razonada. El sucesor de Esperanza Aguirre continúa investigado en otras dos macrocausas de corrupción: Lezo, donde se encuentra ya pendiente de juicio y en la que dos arrepentidos colombianos le han señalado como quien ordenó cómo repartir las mordidas para quedarse la mejor parte en una operación del gigante público Canal de Isabel II; y Púnica, donde figura entre los imputados de mayor relevancia por la supuesta financiación ilegal del PP madrileño. 

Provisional y por tanto reversible pero solo si surgieran nuevos hechos incriminatorios de relevancia, el sobreseimiento del caso del ático se produce bajo el siguiente argumento: "A pesar de la ardua instrucción llevada a cabo en el presente procedimiento durante más de siete años, no se ha conseguido acreditar la procedencia del dinero utilizado (...) para la adquisición de los bienes inmuebles". El juez concluye que nada demuestra la existencia de un delito de cohecho (soborno) ni de blanqueo.

No hay –sostiene el auto judicial– "indicios que permitan sostener que el origen del dinero utilizado" para la compra del piso provenga, como sospechaban las acusaciones, del empresario Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid. Primero el sindicato policial SUP y, luego, trabajadores de Telemadrid, los denunciantes observaban indicios de que el ático había sido un regalo en especie de Cerezo. ¿A cambio de qué? Pues en compensación por una operación urbanística que en el municipio madrileño Arganda aseguró un verdadero pelotazo a la constructora Martinsa. Y es aquí donde entra en escena el comisario José Manuel Villarejo, preso bajo la acusación de graves delitos desde noviembre de 2017. Fue Villarejo quien declaró en el juzgado de Estepona que, según un confidente del caso Gürtel, González había cobrado dos millones por una recalificación en Arganda. 

Junto con González y su esposa, Lourdes Cavero, Cerezo era el tercer protagonista de una investigación que ya en su fase inicial sufrió atascos con Alberto Ruiz Gallardón como ministro de Justicia. Los retrasos, con episodios como los enunciados en el primer párrafo, persistieron en la etapa de Rafael Catalá. Tras su cese como titular de Justicia a raíz de la moción de censura de 2018, Catalá fue fichado en noviembre de ese año como patrono de la Fundación del Atlético de Madrid.

Extraído del sobreseimiento dictado por Eloy Marfil –el tercer juez que se hizo cargo de la instrucción–, los entrecomillados sobre el origen del dinero se refieren al manejado en la compra del ático. En realidad hubo dos adquisiciones: primero, en mayo de 2008, se hizo con la propiedad una extraña empresa domiciliada en Delaware (EEUU) y dirigida por un tal Rudy Valner, testaferro profesional según su propia publicidad. La sociedad se llamaba Coast Investors Llc y las pesquisas policiales pronto señalaron que tras ella se encontraba una compañía panameña, Waldorf Overseas Investments, como su verdadera propietaria. Residente en EEUU, Valner había comprado el ático de Estepona tras una negociación telefónica. O sea, sin verlo. Quien sí lo había visto era la esposa de Ignacio González, Lourdes Cavero. Al menos, así lo declararon bajo juramento el anterior propietario del inmueble y una agente inmobiliaria. El fiscal ni siquiera asistió a la declaración de los dos testigos.

Cuatro años después y cuando el sindicato policial SUP ya había interpuesto una denuncia por sospechas de corrupción, González y su mujer compraron la vivienda. No era un aterrizaje sorpresivo. Nada más adquirir Coast Investors Llc. el ático y pese a que los involucrados señalaron que no conocían a Valner, residente en California, González y su esposa habían alquilado el ático. En diciembre de 2012, ambos dejaron así de ser inquilinos para convertirse oficialmente en propietarios. Situado a medio kilómetro de la playa, con una superficie de casi 500 metros cuadrados, piscina privada, jacuzzi, sauna y tres plazas de garaje, la pareja escrituró la compra por 770.000 euros. En 2008, Coast Investors había pagado oficialmente 750.000 euros, es decir, solo 20.000 euros menos. El entonces presidente de la Comunidad de Madrid y su esposa adujeron desde el primer momento que sufragaron aquella compra gracias a la estratosférica indemnización por despido –unos 700.000 euros– abonada a Cavero por la patronal eléctrica Unesa.

El auto judicial que sobresee el caso alude a ese finiquito en el siguiente párrafo: "En este caso, no sólo no constan en el procedimiento indicios sobre la existencia de un delito antecedente del cual procedería el dinero utilizado (...) para la adquisición de los bienes inmuebles sitos en Estepona, sino que tampoco existen indicios de que el dinero utilizado tuviera un origen ilícito. Así, ya en el oficio policial (...) de 30 de mayo de 2019 (...) se alude al origen no sospechoso de los fondos empleados, atendiendo, entre otros, a la escritura pública en la que se formaliza la compraventa (...) y al finiquito percibido por la señora Cavero Mestre en el año 2011 (...), de los que se infiere cómo se financió la compra, sin que pueda vislumbrarse que el dinero utilizado en la adquisición no sea lícito".

El misterio de la comisión rogatoria extraviada

Que los errores y los retrasos inexplicados han sido la tónica en estas diligencias judiciales quedó claro desde el inicio. Por ejemplo, en marzo de 2013, la primera jueza del caso ya libró una rogatoria dirigida al Lloyds Bank de Londres para que informasen sobre el beneficiario último de una cuenta corriente abierta a nombre de Coast Investors. Dos años más tarde y como publicó infoLibre en febrero de 2015, aquella rogatoria seguía atascada. La respuesta del Reino Unido ilustra lo que estaba pasando: "A menos que la información solicitada sea cumplimentada, la Oficina de Información de Impuestos del Reino Unido no podrá llevar a cabo la asistencia requerida".  ¿Y qué datos faltaban? Pues nada menos que el número de cuenta bancaria y la concreción del período sobre el que el banco británico Lloyd's TSB Bank debía suministrar la información vinculada a la compra del ático. El bloqueo de la entrega de datos bancarios solicitados por el Reino Unido a España terminó por dar al traste con la comisión rogatoria cursada a ese país, esencial para desentrañar la madeja societaria internacional que rodea al inmueble.

El verano de 2017 asestó otro golpe a la instrucción del caso. Dos años antes, en julio de 2015, trascendió que EEUU no había podido aportar la información pedida mediante otra rogatoria sobre las cuentas desde las que Coast Investors había pagado el ático en 2008. Y que no había podido porque España envió datos erróneos. La rogatoria se refería a dos pagos y dos cuentas. Y los números de las cuentas corrientes estaban intercambiados. 

Pero hubo todavía más golpes a la investigación. El 5 de mayo de 2016, había llegado al Ministerio de Justicia una rogatoria para que la cursara a Panamá. El departamento que entonces dirigía Rafael Catalá la envió, pero se confundió: la hizo llegar al Ministerio de Gobierno y no a la Procuraduría [Fiscalía] General del país. Casi un año después, el 15 de marzo de 2017, el ministerio de Catalá recibió un escrito de las autoridades panameñas que ponía de manifiesto el error. Justicia volvió a remitir el 22 de marzo la solicitud a la Procuraduría panameña. En enero de 2019, el juez Eloy Marfil preguntó a través de un escrito por qué el juzgado de Estepona no había recibido aún respuesta a la comisión cursada tres años antes.

Fue a partir de ahí cuando se supo que la rogatoria, aquella que por una confusión el ministerio de Rafael Catalá había remitido al organismo panameño equivocado, jamás llegó a su destino.  Lo expuso una funcionaria de Justicia en su respuesta al juez Marfil: "Teniendo en cuenta que las autoridades de Panamá comunican que no han recibido la comunicación original entendemos que se ha extraviado durante el envío".

Detrás quedaban otros episodios igualmente inexplicados. Por ejemplo, el que involucra a la Guardia Civil, que tardó dos años y medio en comenzar a atender la petición del juzgado de Estepona para que los peritos analizaran una de las más famosas grabaciones del caso: aquella fechada en noviembre de 2011 y donde, tras las primeras informaciones publicadas por El Mundo, el político madrileño expresaba al comisario Villarejo su temor a la difusión de los datos sobre el ático que ya entonces amenazaban con colocarle en el disparadero. El juzgado pidió la pericial el 15 de julio de 2015. Y la Benemérita no le contestó hasta el 4 de enero de 2018. Pero su respuesta no fue un informe sino un aviso de que o le confirmaba en un mes que el caso seguía abierto o  daría "de baja definitiva" la solicitud de pericial. Este periódico preguntó entonces al Instituto Armado el porqué de aquella demora de dos años y medio.  "Es la habitual en los análisis que realiza el departamento de ingeniería". Esa fue la respuesta.

El Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona (Málaga) ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo de la causa abierta contra el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, su mujer y el empresario y presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, investigados en relación con el ático del matrimonio en dicha localidad. El instructor considera que tras una "ardua" investigación de más de siete años no hay indicios de delito.

En esta causa se han investigado presuntos delitos de blanqueo y cohecho y las pesquisas estaban dirigidas a determinar cómo, cuándo y por qué llegó el inmueble a González y su mujer, quienes primero, en 2008, lo alquilaron a la sociedad Coast Investors –constituida en Delaware (EEUU)– por 2.000 euros mensuales; y ya en diciembre de 2012 lo adquirieron por 770.000 euros. La Fiscalía pidió en diciembre pasado el archivo del caso.

Ahora, el juez señala que la instrucción ya está "agotada", por lo que rechaza practicar más diligencias; y señala que no se ha acreditado lo que apuntarían las acusaciones populares de que el arrendamiento era un contrato simulado y lo que supuestamente subyacía era un regalo de Cerezo por favorecerle, bien en la adjudicación de canales de televisión digital o en la venta de derechos audiovisuales por parte del club a la Radio Televisión Madrid.

"Si bien de las diligencias se desprende tanto la compra de los inmuebles radicados en Estepona por parte Coast Investors en 2008, así como el posterior arrendamiento en favor de la mujer de González, lo cierto es que, a pesar de la ardua instrucción llevada a cabo en el presente procedimiento durante más de siete años, no se ha conseguido acreditar la procedencia del dinero utilizado", indica el auto respecto al delito de cohecho. 

Así, el juez apunta a "la inexistencia de indicio alguno en la comisión de dicho ilícito respecto de los tres investigados", ya que "ningún vínculo se infiere" entre, por un lado, el contrato de compraventa de 2008 entre Coast Investors y el anterior propietario y los contratos de arrendamiento de esa sociedad con la mujer de González, y, por otro lado, la actuación del expresidente madrileño en los contratos o adjudicaciones en los que interviniera directa o indirectamente Cerezo.

En este sentido, se añade que "no existen indicios que permitan sostener que el origen del dinero utilizado por la sociedad estadounidense reseñada provenga de Cerezo o de cualesquiera de las entidades de las que es –o era– titular, partícipe o presidente", por lo que se procede al sobreseimiento provisional de las actuaciones respecto de dicho delito de cohecho.

En cuanto al blanqueo de capitales, señala la resolución que "no sólo no constan en el procedimiento indicios sobre la existencia de un delito antecedente del cual procedería el dinero utilizado" por González y su mujer para la adquisición de los bienes inmuebles, "sino que tampoco existen indicios de que el dinero utilizado tuviera un origen ilícito".

El juez explica que en los informes policiales de mayo de 2019 "se alude al origen no sospechoso de los fondos empleados", atendiendo, entre otros documentos, a la escritura pública en la que se formaliza la compraventa y al finiquito percibido por la mujer de González en 2011, "de los que se infiere cómo se financió la compra, sin que pueda vislumbrarse que el dinero utilizado en la adquisición no sea lícito". Por esto también archiva respecto al delito de blanqueo.

A lo largo de esta instrucción se han aportado distintos informes policiales y de la Agencia Tributaria, además de enviarse numerosas peticiones de información internacional para conocer la situación patrimonial de las entidades que formaban la sociedad Coast Investors, así como las cuentas bancarias y activos. Asimismo, declararon los investigados y testigos, como el comisario jubilado José Manuel Villarejo.

Asimismo, respecto a la conexión con el caso 'Lezo', aunque el Juzgado de Estepona acordó en 2018 la inhibición del procedimiento al Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional, para que se uniera a dichas diligencias, tras solicitarlo la Fiscalía, la Audiencia de Málaga revocó esa decisión y estimó que el órgano judicial de Estepona continuara con el caso, admitiendo el recurso de los investigados.

El comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo contó a amigos y clientes que desde la dirección del Partido Popular se le encargó en 2015 parar la difusión del audio grabado en su conversación con el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González en relación a la compra de un ático en Estepona, aunque después, la encomienda fue que lo dejase correr para darle "el estocazo" porque ya le habían sustituido por Cristina Cifuentes.

"Me llaman de Génova y me dicen 'oye Pepe, que hay una grabación por ahí circulando a ver si lo puedes parar' y digo 'oye, es que os pasáis la vida pidiendo cosas y no dais nada'", cuenta el comisario en un audio que obra en el sumario del 'caso Villarejo' en la Audiencia Nacional y al que ha tenido acceso Europa Press .

"Eso fue un jueves --prosigue Villarejo--. El viernes nombran a Cifuentes y el sábado, por deferencia, llamé a Génova y dije, 'oye, que estoy intentando parar la grabación pero no sé si va a ser posible. Y me dicen: 'Ya, que siga. Mejor que salga, porque está muy cabreado. Se le pega el estocazo'".

En el sumario consta toda una batería de conversaciones en relación al proyecto 'Pit' por el que el naviero Ángel Pérez Maura encargó a Villarejo que frustrase una causa de corrupción abierta contra él en Guatemala que podía conllevar su extradición, contexto en el que el excomisario regala a sus clientes anécdotas diversas, como esta relativa a Ignacio González.

Fue el 27 de abril de 2017 y acababan de imputar en el caso Lezo al socio de Villarejo en 'Pit', Adrián de la Joya, por una comisión que presuntamente debía haber entregado a González a cambio de la licencia para la construcción del tren de Navalcarnero y de la que se apropió. Pérez Maura expresa su inquietud por esta situación y el comisario decide ponerle en antecedentes sobre el ya expresidente de la Comunidad de Madrid, a quien define como "prepotente" y "muy tonto".

"Te recuerdo que el que le busca la avería soy yo y además, se lo busco en 2011, cuando era intocable", dice Villarejo en relación a la mayoría absoluta que acababa de obtener el PP en aquel momento. Explica que se reunió con él en una cafetería de Madrid porque se lo encomendó el director de la Policía, a quien a su vez le había llegado por "el que entonces era director de seguridad" en la región, que González quería "colaborar y contar cosas" al comisario.

Cita en La Mallorquina

La cita, según publicó en su día el diario El Mundo, tuvo lugar el 29 de noviembre de 2011 en la cafetería La Mallorquina de Madrid y se prolongó durante tres cuartos de hora. Según declararía años después el propio Villarejo durante la instrucción judicial de la causa por la compra del ático a través de una sociedad radicada en un paraíso fiscal, el encuentro fue instado por González, conocedor de que se habían iniciado pesquisas por la sospecha de que el inmueble obedeciese a una comisión ilegal. Él, por su parte, siempre defendió su inocencia.

El comisario cuenta a sus clientes que cuando llegó a aquella cita, el número dos de Esperanza Aguirre "no quería contar nada, quería parar el tema" y en lugar de pedir ayuda, "iba muy prepotente", así que hizo su informe y se olvidó del asunto. Pero, siempre según su versión, "el propio Ignacio González crea un sumario para denunciar e imputar al comisario que le había investigado en Marbella, que era un currante", llama al ya director de la Policía, Ignacio Cosidó y "le abren un expediente para expulsarlo por haber investigado el ático".

Para Villarejo, este fue el origen de los problemas de González, ya que a ese comisario "lo tratan como un pelele" y "como no estaba contento", recurre a un juez de Instrucción de Madrid que abre diligencias y le imputa. Hubo un elemento más, había "despedido de mala manera" al abogado que le llevaba los temas, "el único", según el comisario, que sabía toda la historia y que en respuesta, habría filtrado la nota policial sobre la reunión en la Mallorquina que se publicaría en el diario El Mundo.

Una pelea "cainita"

"El Mundo no me menciona, pero el muy gilipollas (de González) da al día siguiente una rueda de prensa diciendo que aquí ha habido dos comisarios que le han chantajeado. Yo, que he estado callado desde 2011 le presenté una denuncia y a los dos días, alguien le dio a un periodista la grabación", dice Villarejo, que sitúa en este contexto la llamada que en teoría, recibió de Génova cuando supieron que ese audio estaba circulando.

Para el comisario, investigado por organización criminal, extorsión y cohecho entre otros delitos; en prisión provisional desde noviembre de 2017 y que durante años grabó todo tipo de conversaciones que clasificó y almacenó meticulosamente en discos duros y otros soportes de almacenamiento que le fueron intervenidos a su detención, al final la suerte de Ignacio González tuvo que ver con una "pelea cainita" y "de locos" entre la ex secretaria General del PP, María Dolores de Cospedal; y la exvicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, por sustituir a Mariano Rajoy cuando diera un paso atrás.

Sea como fuere, la causa por la compra del ático sigue bajo investigación en el Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona, que trató de inhibirse en favor de la Audiencia Nacional, donde Ignacio González está imputado en la causa Lezo, pero la pretensión fue rechazada por la Audiencia Provincial de Málaga. El plazo de instrucción terminó en octubre de 2018, aunque sigue pendiente del resultado de varias diligencias de investigación.

La Fiscalía de Málaga ha solicitado este viernes que la causa por el ático en la localidad malagueña de Estepona del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González se una al caso Lezo, en el que se investigan en la Audiencia Nacional presuntas irregularidades en la gestión del Canal de Isabel II.

Así lo han asegurado a Europa Press fuentes judiciales, quienes han apuntado que el fiscal ha remitido al Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona, que lleva el caso del ático, un escrito en el que considera que en este momento es procedente acordar la inhibición de esa causa a favor del Juzgado central número 6 de la Audiencia Nacional.

En el procedimiento de Estepona se investigan los presuntos delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y cohecho. Las pesquisas van dirigidas a determinar cómo, cuándo y por qué llegó el ático a González y su mujer —ambos investigados—, quienes primero, en 2008, lo alquilaron a la sociedad Coast Investors y, ya en diciembre de 2012, lo adquirieron por 770.000 euros.

La Fiscalía se opuso el pasado año a la inhibición, al entender que había que esperar a lo que resultara de la investigación de ambos casos, y en este momento considera que "temporalmente" el caso Lezo se conecta con el año 2008, fecha que coincide con la adquisición por parte de Coast Investors de los inmuebles que se investigan en Estepona y con el contrato de arrendamiento de temporada sobre el inmueble, concertado con González y su esposa.

A lo largo de la investigación se han remitido comisiones rogatorias para obtener información patrimonial tanto de dicha sociedad, constituida en el estado norteamericano de Delaware, como de las titulares de la misma y de sus cuentas bancarias; pero el ministerio público entiende que "poco o nada" han aportado, además de que el error en la identificación de la nacionalidad de la empresa titular de Coast Investors también ha ralentizado el caso.

El ático fue registrado en noviembre pasado por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, tras ordenarlo el juez del caso Lezo. Allí hallaron una cartera con tres billetes de 500 euros, un reloj Rolex de imitación, un disco duro de un ordenador, un pendrive y un teléfono móvil, que se hallaba en el cuarto de las hijas del exdirigente regional; además de que se llevaron el contrato entre Cavero y Coast Investors por el alquiler en 2008.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) señaló en un informe incorporado a la causa de Estepona que se aprecian "suficientes irregularidades y lagunas de información en todo el proceso que envuelve las sucesivas compraventas y arrendamientos" del ático, apuntando que aunque "no se puede determinar el origen de los fondos mediante los cuales se adquirió la propiedad en 2008 y por tanto su ilicitud", sí se aprecia "falta de información".

El expresidente de la Comunidad de Madrid, su mujer y el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, fueron a declarar como investigados a los juzgados de Estepona en abril de 2016, al solicitarlo la Fiscalía, tras las comprobaciones relacionadas con las grabaciones de unas conversaciones aportadas a la causa, por las que ya habían declarado como testigos los excomisarios de Policía Enrique García Castaño y José Manuel Villarejo.

Suman 39. Todos ellos, salvo dos, perfectamente identificables. Son los políticos, empresarios, periodistas y policías que desfilan por el manuscrito secreto incautado a Ignacio González durante los registros de la Operación Lezo y desvelado este jueves por infoLibre. A lo largo de tres folios, el hoy expresidente madrileño, entonces todavía vicepresidente de Esperanza Aguirre, plasmó en 2012 la información, las opiniones y los apoyos recabados en su movilización por detener el avance del llamado caso ático, donde se investiga el origen de su lujoso piso de Estepona y que le costó tanto su primera imputación penal como su derrumbe político. Pero, sin pretenderlo, González, que en 2017 acabaría seis meses en prisión por el caso Lezo, dibujó también la urdimbre de un sistema subterráneo de relaciones sin el que difícilmente se entiende su larga supervivencia frente a la sucesión de escándalos que jalonaron su carrera. No todos los que aparecen en el documento participaron de la estrategia del dirigente madrileño. De hecho, también figura alguno de sus grandes enemigos internos, como Francisco Granados. Pero su simple mención en el texto explica su presencia en este quién es quién en el manuscrito secreto de Ignacio González. Estos son los 39:

  los políticos

Doce del PP... 

1. María Dolores de Cospedal. Secretaria general del PP desde 2008 y actual ministra de Defensa, es el personaje político al que mayor atención y espacio dedica González. El expresidente madrileño le atribuye haber pactado "con Rubal" –Alfredo Pérez Rubalcaba– la permanencia de José Luis Olivera en la estratégica unidad policial UDEF, que investigó el caso Gürtel, "para hacer otras cosas (sic)". Su nombre aparece ya en el tercer párrafo del texto cuando González reproduce uno de los datos que, según su relato, le había suministrado el entonces poderoso comisario José Manuel Villarejo: "Me dice que es amigo del marido de Cospedal desde hace 30 años y que ayuda a María Dolores y que le conoce". Casi al final del documento y tras una serie de anotaciones en las que se muestra su extrañeza por verse finalmente investigado, González introduce la siguiente pregunta sobre Cospedal: "Qué sentido tiene eso, si fue ella quien me puso en la Ejecutiva Nacional?"

2. Francisco Granados. Número dos del PP madrileño entre 2004 y 2011, consejero de peso en todos los gobiernos de Aguirre, máximo enemigo interno de Ignacio González y principal imputado en la Operación Púnica, Granados aparece en el texto como uno de los personajes centrales. "Desde junio 2011 están con Marbella (o antes). Lo cuenta Granados", se lee en la segunda línea del texto y justo antes de arrancar con el resumen de la reunión que el propio González había mantenido con el policía Villarejo. González le acusa de estar moviendo hilos e influencias para perjudicarle: cita un almuerzo que "Bieito" [Rubido, director de ABC] le ha contado que tuvo Granados con el periodista Eduardo Inda. Añade que "estuvo en Ferraz viendo a Rubalcaba". Y apunta algo que, a tenor de lo que escribe González, le dijo el diputado socialista madrileño José Cepeda: "Pepe Cepeda (PSOE) ya me contó hace mucho tiempo que Granados enredaba con este tema de Marbella".

3. La "jefa" (Esperanza Aguirre). González, que en septiembre de 2012 sucedió a Esperanza Aguirre en la presidencia de la Comunidad de Madrid, solo la cita una vez. Y ni siquiera por su nombre. Pero el contexto indica que es ella la "jefa", aquella a quien el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, aseguró, según su relato y al igual que al entonces consejero Percival Manglano, que "no hay investigación policial". Fue la gran mentora de Ignacio González, cuya carrera impulsó desde su misma llegada al palacio de la Puerta del Sol a finales de 2003. Desoyó todas las alarmas –desde el campo de golf promovido por el Canal de Isabel II y del que se benefició la familia de su entonces vicepresidente a la lluvia de datos que desde 2012 empezaron a caer sobre el ático de Estepona–, le otorgó poder omnímodo en la empresa pública de agua y le eligió como sucesor tanto institucional como en el liderazgo del PP madrileño. Cuando en abril de 2017 González fue detenido por la Operación Lezo, Aguirre lloró ante las cámaras: "Si es culpable, para mí sería un palo", dijo. Desde entonces, las pesquisas de la Fiscalía y la UCO han afianzado las sospechas de que todas las campañas de Aguirre se financiaron con dinero negro y con facturas falsas de adjudicatarios de contratos públicos. No está imputada ni en Púnica ni en Lezo. 

4. Mariano Rajoy. El presidente del Gobierno y líder del PP es el político de mayor rango que aparece en el manuscrito, aunque González lo menciona solo una vez y en el contexto del plan que atribuye a la número dos del partido, María Dolores de Cospedal: "Según Mauricio [Casals, presidente de La Razón], el Gürtel lo controla Mª Dolores con estos polis y controla todo el partido y quieren acabar con todo lo anterior para heredar a Mariano Rajoy y puede ser ella la que use Gürtel contra todos".

5. Ignacio Cosidó. Diputado del PP durante tres años y medio tras las elecciones de 2008 y director general de la Policía desde la llegada de Rajoy a la Moncloa y hasta noviembre de 2016, Ignacio Cosidó tuvo un papel esencial en el intento de impedir que el caso ático llegase a los tribunales. En julio de 2012, destituyó al entonces comisario general de Policía, Enrique Rodríguez Ulla, días después de que este informase a su superior de que había interrogado al primer propietario del inmueble. Antes, y a tenor de la horquilla temporal que sitúa la confección del manuscrito entre el 20 de marzo y el 2 de julio de 2012, informó a dos personas ajenas a la Policía, la Fiscalía y la judicatura –la "jefa" y "Percival"– de que no había ninguna investigación oficial en marcha. 

6. Benjamín Martín Vasco. Diputado del PP en la Asamblea de Madrid hasta el estallido del caso Gürtel, está imputado en el tronco general de la causa por su actuación como consejero delegado de la empresa municipal de Fomento de Arganda del Rey. Ese municipio fue escenario del mayor pelotazo urbanístico investigado en Gürtel, la adjudicación a bajo precio de una parcela para casi 3.000 viviendas a la empresa Martinsa. En el manuscrito, González asegura que el comisario Villarejo le había informado de lo siguiente: "que hay un tal Benjamín Martín Vasco que ha declarado que yo estoy implicado en Gürtel con las parcelas de Arganda y F. Martín [Fernando Martín] y que la casa es de F. Martín en Delaware".

7. Percival Manglano. Fue consejero de Economía de Madrid justo hasta que González tomó el relevo de Aguirre como presidente y lo defenestró. Ahora ocupa un asiento como concejal en el grupo municipal del PP en Madrid. El manuscrito le presenta como destinatario de la confidencia atribuida a Ignacio Cosidó, quien supuestamente le confirmó que el ático no era objeto de investigación policial.

8. Alejandro Halffter. Ahora director de negocios de la actividad empresarial de la sociedad pública SEPI Desarrollo Empresarial SA, Halffter saltó a la fama cuando trascendió la ya célebre conversación grabada donde uno de los presuntos espías de Madrid –agentes a sueldo de la Comunidad que espiaron a Gallardón y otros cargos del PP contrarios a Aguirre– que habían tenido que declarar como imputados dijo lo siguiente: "A mí me dijo Halffter: 'Habéis declarado muy bien, hay que celebrarlo con un volquete de putas". En 2012, Halffter, que antes había ocupado la viceconsejería de Presidencia de Interior con Francisco Granados, poseía también ese rango, pero en el departamento de Vivienda. Según González, fue el primero que le habló del comisario Villarejo. "Villarejo ya me habló hace años de él Alejandro Halfter y el de seguridad de los juzgados y el Decano", se lee en el manuscrito. 

9. Álvaro de la Cruz. Fue jefe de gabinete de Francisco Álvarez Cascos en su etapa como secretario general del PP y más tarde, número dos de Rita Barberá en la Federación de Municipios (FEMP), donde adjudicó contratos a la trama Gürtel, aunque nunca llegó a estar imputado. Según González, De la Cruz participó en el espionaje a que fue sometido durante su viaje a Cartagena de Indias (Colombia) en 2008, aquel del que quedó un vídeo donde se ve al político entrar con bolsas blancas a una vivienda y salir sin ellas. "Me dicen –dice el manuscrito– que mi espionaje a Colombia lo hace Álvaro de la Cruz y la Empresa de Seguridad y que lo paga [Miguel] Blesa por Caja Madrid". 

10. Alberto Ruiz-Gallardón. Presidente de la Comunidad de Madrid, luego alcalde de la capital y finalmente ministro de Justicia, Gallardón aparece mencionado en el manuscrito secreto de González porque, según su version, es uno de los que le preguntan por el asunto del ático. Enemigo de González –como de su jefa, Esperanza Aguirre–, Gallardón se encuentra hoy paradójicamente unido a él por la Operación Lezo: Anticorrupción no ha decidido todavía si pedirá la imputación del exalcalde pero sigue reuniendo datos sobre su participación en la compra de la empresa colombiana Inassa en 2001, durante su mandato al frente de la Comunidad. Varios de sus principales colaboradores de aquella etapa ya han declarado ante el juez García Castellón.

11. Ana Botella. El documento ológrafo de González también incluye el nombre de la sucesora de Gallardón en la Alcaldía de Madrid. Pero solo porque fue otra de las personas que le preguntó por el ático.

12. Manuel Cobo. Vicealcalde con Gallardón, Cobo es el tercero que figura en la anotación que González hizo con este redactado: "Me preguntan: Gallardón, Ana Botella, Cobo".

... Y dos del PSOE

13. Alfredo Pérez Rubalcaba. Antecesor directo de Pedro Sánchez en la secretaría general del PSOE, paradigma del histórico aparato socialista y ministro del Interior en los cinco últimos años de gobierno de Zapatero, Rubalcaba está considerado uno de los mayores conocedores de los entresijos de la seguridad del Estado. En el relato que traza González en su manuscrito desempeña un papel relevante y casi de bisagra: porque lo presenta junto con Cospedal como artífice de un pacto que se describe de manera muy sucinta –el de la permanencia de Olivera– y porque sugiere que mantiene una buena relación con Granados. Es decir, con su peor enemigo. El jueves, Rubalcaba negó a infoLibre de manera taxativa haber abordado jamás con Cospedal el asunto del ático de González. ¿Se reunió con Granados en Ferraz? "No", respondió en el mensaje que cruzó por escrito con este diario.

14. José Cepeda. Histórico del PSOE madrileño y miembro de distintas familias políticas a lo largo de los años, José Cepeda ocupa un escaño en la Asamblea de Madrid desde hace 14 años. En su manuscrito secreto, y refiriéndose a él por el diminutivo "Pepe", Ignacio González asegura esto: "Pepe Cepeda (PSOE) ya me contó hace mucho tiempo que Granados enredaba con este tema de Marbella".

  los empresarios

15. Fernando Martín. Propietario de Martinsa-Fadesa, ahora en liquidación, está imputado en Gürtel en la rama donde la Audiencia Nacional investiga el pelotazo que a finales de 2004 puso en manos de la promotora suelo para 2.700 viviendas en el municipio de Arganda del Rey, a 30 kilómetros de Madrid a un precio irrisorio. Tan bajo que Martinsa pagó 77 millones por el total de la parcela y a los dos años vendió un tercio por 73 millones. El jefe de Gürtel, Francisco Correa, logró la mayor comisión ilegal –al menos 12 millones– con esa operación. Pero hay más: las acusaciones populares del caso ático sostienen que ese piso pudo ser un soborno de Fernando Martín a Ignacio González por dar vía libre desde la Comunidad al pelotazo de Arganda. Vinculándola a lo que le había contado el comisario Villarejo, el expresidente de Madrid hizo mención a esa sospecha en su manuscrito: "Que investiga mi casa de Marbella y que hay un tal Benjamín Martín Vasco que ha declarado que yo estoy implicado en Gürtel con las parcelas de Arganda y F. Martín y que la casa es de F. Martín en Delaware".

16. Enrique Sánchez. Dado el mapa de relaciones de Ignacio González, la anotación se refiere de manera inequívoca al propietario de Segurisa, junto al que en marzo de 2008 se desplazó a Sudáfrica en un viaje por cuyo billete de avión el político dijo haber pagado 8.000 euros en metálico "porque me venía bien". Cuando el diario El País informó de aquel viaje, González aseguró que jamás le había adjudicado ningún contrato público a Enrique Sánchez. Poco después, Público confirmó que el vicepresidente había mentido: en 2006, el Canal de Isabel II había adjudicado un contrato de 33,4 millones a Segurisa, con Sánchez como principal accionista. El manuscrito secreto lo incluye dentro del perímetro de quienes en 2012 estaban haciendo gestiones en favor de González para detener la difusión del caso del ático de Estepona. La entrada concerniente al empresario de seguridad dice así: "Enrique Sánchez: habla Mundo, Casimiro, Antonio, etc. Publicarán que la policía investigará de nuevo Colombia".

17. Pedro Pérez Fernández de la Puente. Persona muy próxima a Ignacio González, en el manuscrito secreto aparece solo con nombre y primer apellido. Pero el binomio Pedro Pérez-Ignacio González conduce inexorablemente a quien hasta julio de 2013 presidió la Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales: Pedro Pérez Fernández de la Puente. El empresario negó entonces que su cese voluntario guardase la menor relación con el hecho de que en los documentos remitidos por Suiza al juez de Gürtel apareciese directamente vinculado a la cuenta de una sociedad panameña de Francisco Correa, Itelsa. En esa cuenta también participaba el exalcalde de Boadilla, Arturo González Panero. El empresario siempre adujo que alguien debía de haber suplantado su personalidad. Pero lo cierto es que en la cuenta abierta por Itelsa en el HSBC no solo constaba el nombre y los apellidos encadenados de Pérez sino su DNI y su dirección. La anotación que González hace junto a su nombre es probablemente la única teñida de ironía. O de sarcasmo. "Me dicen hablan con Mercado y Pedro Pérez: horror!!". Mercado es el periodista Francisco Mercado. 

18. Ignacio López del Hierro. Ejecutivo de dilatadísima, polifacética y controvertida trayectoria y antiguo gobernador civil con UCD, López del Hierro saltó al primer plano cuando en 2009 se casó con María Dolores de Cospedal. En su recapitulación sobre el ático, González lo menciona dos veces, ninguna de ellas por su nombre sino como "marido" de la dirigente conservadora y ministra de Defensa. La primera vez lo hace para anotar que Villarejo le dijo que es "amigo" suyo "desde hace 30 años"; la segunda, para apuntar también en referencia a Cospedal que "El Mundo saca todo contra su marido". Una de las conversaciones intervenidas en Lezo constata que cuatro meses antes del estallido de la operación, el –presunto– testaferro y hombre de confianza de González para sus averiguaciones en materia policial, el ex delegado del Gobierno en Ceuta Luis Vicente Moro, le hizo el siguiente aviso al político madrileño: que quien mandaba en Mercasa, la empresa pública de abastecimiento de mercados, era López del Hierro. "Lo que te quiero decir, que Eduardo Ameijide [expresidente de Mercasa, ahora imputado], lo que diga Ignacio López del Hierro lo hace". Tanto Ameijide como López del Hierro lo negaron con rotundidad.

19. Eduardo Zaplana. Expresidente de la Generalitat valenciana y exministro de Trabajo, las conversaciones interceptadas en el caso Lezo presentan a Zaplana como uno de los más asiduos y firmes confidentes de Ignacio González. En el otro gran caso de corrupción que afecta al PP de Madrid, la Operación Púnica, la UCO emitió un informe donde sostiene que Zaplana, dueño de una consultora y consejero de Logista, debe adquirir la condición de investigado por tráfico de influencias. Pero, al menos de momento, no pesa ninguna imputación sobre él. En el manuscrito de González aparece una sola vez. Justo en el bloque donde el expresidente enumera las gestiones que él mismo o sus allegados están haciendo para evitar que la investigación sobre el ático siga adelante y se instale en la opinión pública. La anotación dice esto: "Zaplana: habla Inda y P.J.". Se refiere al periodista Eduardo Inda y, presumiblemente, a quien en ese momento era su jefe como director de El Mundo, Pedro J. Ramírez.

20. Pedro Antonio Martín Marín. El manuscrito de González solo menciona su nombre de pila. Pero el contexto y la cercanía que siempre ha mantenido el expresidente madrileño con el antiguo secretario de Estado de Comunicación de Aznar –lo nombró, por ejemplo, presidente del Consejo de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid– indican que se trata de él. En referencia a la investigación policial sobre el ático, González le atribuye una de las frases del texto que remiten a la pelea interna que en los últimos años han protagonizado altos mandos policiales: "Pedro Antonio: esta es una guerra en la UDEF que hay que parar!!"

21. Miguel Blesa. Fallecido el año pasado tras su condena por el caso de las tarjetas black, el hombre que llevó a la ruina a Caja Madrid se contaba entre los enemigos capitales de Ignacio González. En 2009, Esperanza Aguirre intentó destronar a Blesa como presidente de la entidad de ahorro y colocar en su lugar a González. La entonces jefa del Ejecutivo regional a punto estuvo de lograr el consenso de PSOE e IU y de los sindicatos. Finalmente, fracasó en su plan. En su manuscrito, González sostiene que Blesa pagó "por Caja Madrid" el espionaje del que había sido objeto en 2008 durante su viaje a Colombia.

22. Manuel Pizarro. Expresidente de Endesa y exdiputado del PP, a Pizarro le incluye González una sola vez en su manuscrito, también en el bloque donde hace acopio de información sobre el ático: "Manolo Pizarro a Carlos Domínguez: iba a salir algo gordo mío!!!"

  Los periodistas y directivos de medios

23. Mauricio Casals. Presidente de La Razón y adjunto al presidente de Atresmedia, Mauricio Casals es el directivo de comunicación a quien más espacio dedica González en su manuscrito secreto. En abril de 2017 el juez de Lezo le interrogó en calidad de investigado bajo la sospecha de que había presionado a la presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, para evitar que denunciase las ilegalidades detectadas por su equipo en el Canal de Isabel II. Pero el juez levantó la imputación de manera inmediata después de que Cifuentes asegurase por escrito que "en ningún caso" habría dejado de elevar esa denuncia, que afectaba a uno de los consejeros de la empresa editora de La Razón: Edmundo Rodríguez Sobrino, mano derecha de González en Latinoamérica y uno de los principales investigados en Lezo. Las conversaciones interceptadas dejaron al descubierto una en la que González relata a Zaplana lo siguiente: que una "magistrada amiga de la casa" le había contado a Casals que había una investigación abierta que le afectaba. El pasado lunes, el juez que investiga ese fleco de Lezo sometió a Casals y González a un careo. El primero negó haber dicho nunca nada de ninguna magistrada amiga. Y González se escudó en que, si bien creyó entender eso, no lo recordaba con precisión. En el manuscrito secreto, Casals aparece dos veces: "Casals: apoyo. con Partido, M. Castro y Galiano", dice la primera anotación. La segunda se refiere a Cospedal: "Según Mauricio el Gurtel lo controla Mª Dolores con estos polis y controla todo el partido y quiere acabar con todo lo anterior para heredar a Mariano Rajoy y puede ser ella la que use Gurtel contra todos".

24. Julio Ariza. El dueño de Intereconomía se colocó en la primera fila del escenario mediático en la primavera de 2017 en cuanto trascendió una de las conversaciones interceptadas a Ignacio González en la que este le contaba a su interlocutor –Eduardo Zaplana de nuevo– que Ariza había utilizado una grabación de un donante del PP para chantajear a Rajoy. La cinta, desde luego, existe: refleja una conversación entre Ildefonso de Miguel, que fue factótum de González en el Canal de Isabel II, y el empresario Rafael Palencia, presidente de Degremont en 2008. Ahora, su nombre aparece en el manuscrito secreto de González entre aquellos que le garantizan "apoyo" en el caso del ático: "Ariza: apoyo. Pero ojo!, al parecer quiere que Inda sustituya a Carlos Dávila".

25. Bieito Rubido. Director de Abc.  González lo cita solo por su nombre en la siguiente anotación: “Bieito: apoyo”.

26. Antonio Fernández Galiano. El consejero delegado de Unidad Editorial (El Mundo) figura en el texto de González dos veces: aquella donde el político da por seguro el apoyo de Mauricio Casals "con Partido, M. Castro y Galiano", y otra redactada del siguiente modo: "Antonio Fernández Galiano: habló con Inda, si no hay nada judicial ni oficial no habrá información (según Inda)". El Mundo siguió dando información sobre el ático de González.

27. Eduardo Inda. Las alusiones al hoy director de OKdiario y en 2012 periodista de El Mundo son una constante en el manuscrito del expresidente de Madrid. Todas las informaciones sobre el ático de Estepona llevaban su firma y la de Esteban Urreiztieta, que permanece en el diario de Unidad Editorial y a quien González no cita. "Inda me llama y publica la basura: informe policial, testigo, Colombia, Gibraltar, etc.", dice una de las anotaciones. El documento constata la preocupación que suscitaban en el entonces delfín de Aguirre los contactos de Inda con Francisco Granados. En esas fechas, buena parte de los actores políticos de la Comunidad de Madrid coincidían en una certeza nunca confirmada aún: la de que Granados atesoraba un auténtico arsenal de información contra González y viceversa.

28. Pedro J. Ramírez. González reservó una escuetísima referencia a quien en 2012 dirigía el diario El Mundo y hoy capitanea el digital El Español. La incorpora cuando aborda el reparto de tareas de su círculo: "Zaplana: habla Inda y P.J." Dos años después de haber escrito esos tres folios que la UCO extrajo de una libreta durante el registro a su domicilio en Madrid, González abroncó en la COPE a Ramírez por las informaciones sobre los testaferros que la sociedad de Delaware que formalizó la venta del inmueble a González y su mujer compartían con Francisco Correa en Panamá: "Esto que publica es otra basura a la que usted nos tiene acostumbrados, porque no presenta ni una sola prueba de nada, sólo insinuaciones. ¡Deje de hacer falsas insinuaciones que es a lo que se dedica usted en su periódico!". 

29. Casimiro García Abadillo. El ahora director del digital El Independiente desempeñaba el cargo de vicedirector de El Mundo cuando González elaboró su manuscrito. Aparece citado solo con su nombre en la anotación que encabeza Enrique Sánchez: "Habla Mundo, Casimiro, Antonio, etc. Publicarán que la policía investigará de nuevo Colombia".

30. Carlos Dávila. Hasta junio de 2012, Dávila fue director de La Gaceta, el diario ultraconservador de Intereconomía. A González le preocupaba que el dueño del grupo, Julio Ariza, se planteara sustituirlo por Eduardo Inda.

31. Manuel Cerdán. Periodista de investigación en sucesivos medios a lo largo de su carrera, el ahora director adjunto de OKdiario dirigía en 2012 en Telemadrid, la cadena autonómica madrileña, el programa Objetivo. Su inicial y su apellido emergen casi al comienzo de manuscrito, en una entrada en la que González parece referirse a la investigación inicial sobre el ático de Estepona: "Me cuentan esta hª por todos lados y M. Cerdán y Zaplana me confirman que es una investigación paralela, no oficial".

32. Francisco Mercado. Periodista de investigación que ha desarrollado la mayor parte de su carrera en El País, periódico a cuya plantilla ya no pertenece. González le dedica una mención en compañía del empresario Pedro Pérez y situada justo debajo de aquella que expone los compromisos que supuestamente ha adquirido Casals: "Me dice hablan con Mercado y Pedro Pérez: horror!!"

  los policías

33. José Manuel Villarejo. En prisión preventiva desde el 6 de noviembre, el comisario con mayor proyección pública en los últimos años, considerado por sus enemigos como el mascarón de proa de las llamadas "cloacas del Estado" y uno de los principales artífices de la llamada "policía patriótica", es uno de los protagonistas estelares en el relato trazado por Ignacio González. El entonces vicepresidente de Madrid se reunió con "Pepe Villarejo y el gordo" [el comisario Eugenio García Castaño] en una cafetería de la Puerta del Sol en noviembre de 2011. Allí, en medio de un bar y así lo resume el político madrileño, ambos le informaron sobre la investigación en torno al ático. Y le dijeron lo que González reflejó así: "que sería bueno que yo le diera un recibo de pago". Esa reunión quedó grabada. La grabación fue difundida por El Mundo en 2015. Pero ya en 2012 González temía el poder de Villarejo, que para esa fecha –o así lo aseguran algunos policías que han seguido de cerca su carrera– poseía ya los datos básicos y suficientes sobre el sospechoso origen del ático de Estepona. En su manuscrito, González le reservó varias anotaciones. Una de las más significativas se localiza casi al final del texto: "QUIÉN HACE ESTO: Villarejo y alguien más"

34. José Luis Olivera. El actual director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (Citco) ocupa un papel relevante en el manuscrito secreto de González: porque es su nombre el que consta vinculado al hipotético pacto alcanzado por Cospedal y Rubalcaba en ese primer semestre de 2012 para mantenerlo en la UDEF, la principal unidad policial de lucha contra la corrupción, aunque "para hacer otras cosas (sic)". Que González incorporase ese "sic" sugiere que estaba reproduciendo una frase previamente enunciada por un tercero, probablemente por quien le contó que había un pacto y que Olivera se mantendría en la unidad a cuyo frente se había situado en 2006, justo el año en que Rubalcaba desembarcó en Interior. Finalmente, el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, removió del cargo a Olivera el 2 de julio de 2012. Al día siguiente, y en una crónica precisamente firmada por Francisco Mercado, el diario El País informó de que las pesquisas sobre el ático de González latían bajo la destitución de Olivera, "una de las bestias negras del PP", así como la del comisario general de Policía Judicial, Enrique Rodríguez Ulla. En noviembre, el jefe del Citco compareció ante la comisión del Congreso que investiga la financiación del PP. Y allí dijo que no ve "indicios fuertes" de que el PP se haya financiado vulnerando la ley.

35. Enrique García Castaño. Es "el gordo" a quien González se refiere la primera vez que nombra a Villarejo. En 2012, el comisario Enrique García Castaño dirigía la UCAO, el departamento que se encarga de seguimientos, escuchas y grabaciones. Con su nombre asociado a la llamada "policía patriótica", en febrero de 2017 fue destituido, fundamentalmente por sus vínculos con Villarejo. Según el diario Público, el ya exjefe de la UCAO les reconoció a sus redactores que es "amigo" de Ignacio González. Y que fue él quien le recomendó entablar contacto con Villarejo. “La cita con Ignacio González la monto yo, para que te quede a ti claro. Ignacio González es amigo mío”. Según explicó: “Yo monto una reunión hace cuatro años con Ignacio González porque el hombre, entre otras cosas, estaba preocupado. Le dije 'habla con tu asesoría jurídica o yo, que conozco a un comisario que es experto en estas cosas, te lo traigo y hablas con él'. Y eso es lo que hice y a mí no me ha llamado chantajista”.

36. Juan Antonio González. Cerebro de la operación Gürtel y protagonista de hitos como la captura de Luis Roldán, el comisario Juan Antonio González cayó del cargo de jefe de la Comisaría General de Policía Judicial nada más aterrizar el PP de Rajoy en la Moncloa. El manuscrito de González le dedica una anotación breve: "POR ORDEN DE QUIÉN: Juan A. Glez". En el momento en que el político redactó el documento, González ya había sido destinado al Consejo Asesor de la Policía.

37. Agapito Hermes de Dios. "Inda: cesan al comisario de Marbella por mi culpa". Tras esa anotación se esconde el nombre de Agapito Hermes, que en abril de 2012 fue destituido y enviado a una comisaría de Madrid justamente por investigar el ático de González. Que ese fue el motivo lo declaró el propio Hermes de Dios en junio de 2016 durante su comparecencia como testigo ante la jueza que investiga la adquisición de ese inmueble por parte del político y su esposa, Lourdes Cavero. El comisario reiteró que fue el entonces Director Adjunto Operativo (DAO) y número dos de la Policía, Miguel Ángel Fernández Chico, quien de viva voz le ordenó investigar el ático porque un confidente policial no identificado había avisado de que el inmueble era un supuesto soborno.

  Dos incógnitas

38. M. Castro. A tenor del contexto, la persona que aparece mencionada de esa forma por Ignacio González podría ser Carmen Martínez de Castro, actual secretaria de Estado de Comunicación. Pero a diferencia de lo que ocurre con otros personajes del relato, aquí no cabe asegurar de forma inequívoca si se trata o no de ella. González incluye a "M. Castro" en esta nota: "Casals: apoyo. Con Partido, M. Castro y Galiano".

39. Carlos Domínguez. El nombre aparece en esta anotación: "Manolo Pizarro a Carlos Domínguez: iba a salir algo gordo mío!!!". Este diario no ha logrado identificar con total seguridad al "Carlos Domínguez" del manuscrito, aunque podría tratarse de Carlos Domínguez Luis, que fue el máximo responsable de los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid entre 2010 y enero de 2015. En alguna conversación grabada en Lezo, González habla sobre él.

La Guardia Civil ha tardado dos años y medio en responder a una petición de auxilio lanzada por la jueza de Estepona que investiga el ático de lujo de Ignacio González. El 15 de julio de 2015 [pincha aquí para leer su oficio] el juzgado de instrucción 5 de Estepona había instado al Instituto Armado a comprobar la "integridad y autenticidad" de una conversación grabada en la que el político madrileño expresaba al entonces comisario José Manuel Villarejo su temor a la difusión de los datos sobre el ático que ya entonces amenazaban con colocarle en el disparadero. Ahora, el 4 de enero, el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil ha contestado por fin a la juez Isabel Conejo. Y lo ha hecho para exhortarla a notificarle en 30 días el "estado actual del procedimiento" y si el informe continúa siendo necesario. De no recibir respuesta en ese plazo –avisa el escrito de la Guardia Civil– dará "de baja definitiva" la solicitud de informe.

No es la primera vez que obstáculos, demoras y errores se interponen en la investigación abierta en 2012 para dilucidar si el lujoso dúplex de Ignacio González, ahora en libertad bajo fianza tras haber permanecido seis meses en la cárcel por la Operación Lezo, es un inmueble adquirido con todas las de la ley o un soborno en especie. En julio de 2017, el bloqueo de la entrega de datos bancarios solicitados por el Reino Unido a España dio al traste con la comisión rogatoria cursada a ese país, esencial para desentrañar la madeja societaria internacional que rodea al inmueble. En marzo, Panamá había advertido al Ministerio de Justicia español de que 11 meses antes se había equivocado al enviar una rogatoria al Ministerio de Justicia del país centroamericano en lugar de a la Procuradoría [Fiscalía] General, lo que obligó a repetir el trámite.

"La demora habitual"

El jueves, infoLibre preguntó a la Guardia Civil por la tardanza en la respuesta del Servicio de Criminalística, de la que su propio escrito deja constancia: el encabezado del fax enviado al juzgado de instrucción 5 de Estepona el pasado día 4 especifica que la referencia de la petición de auxilio aparece datada el 15 de julio de 2015. 

El viernes, el Instituto Armado ofreció la siguiente respuesta a este periódico: "El escrito [pincha aquí para leerlo]  no es una contestación a un requerimiento puntual del juzgado de Estepona, sino que es un oficio que habitualmente se envía desde el Servicio de Criminalística a los juzgados siempre que una diligencia se demora en el tiempo para evitar esfuerzos en casos que hayan podido quedar sobreseídos o archivados".

En el caso que nos afecta –agregaron los portavoces del Instituto Armado– "esta demora es la habitual en los análisis que realiza el departamento de ingeniería". ¿Significa lo anterior, preguntó de nuevo este diario, que Criminalística suele tardar dos años y medio en atender los requerimientos oficiales para autentificar grabaciones aportadas a causas judiciales? Sí, eso significa, fue la respuesta. 

El Instituto Armado rehusó explicar a qué grabaciones se refería la petición de auxilio cursada por la jueza de Estepona el 15 de julio de 2015. Pero fuentes conocedoras del caso indicaron que se trata de la relativa a la conversación de Ignacio González con el ya excomisario José Manuel Villarejo. Los documentos incorporados al sumario así lo corroboran: el oficio dirigido a la Guardia Civil el 15 de julio de 2015 en solicitud de "auxilio técnico" es el que busca "verificar la integridad y autenticidad de unas grabaciones aportadas por la entidad editora del diario El Mundo". La contestación remitida ahora por la Guardia Civil al juzgado se refiere asimismo a una petición lanzada el 15 de julio de de 2015 para dictaminar "la integridad y autenticidad de unas grabaciones de voz".

Publicada por El Mundo y luego aportada al juzgado, la cinta fue grabada durante un encuentro mantenido en noviembre de 2011 por Ignacio González y los policías José Manuel Villarejo, ahora en prisión provisional imputado por graves delitos de corrupción, y Enrique García Castaño.

Celebrada en una cafetería muy próxima a la sede del Gobierno madrileño, donde González era en aquel momento vicepresidente y mano derecha de Esperanza Aguirre, en esa reunión Villarejo le contó a González lo siguiente: que un impllicado en Gürtel había revelado la existencia de dúplex de Estepona. Y que González disfrutaba del inmueble mediante un alquiler ficticio que pagaba a una empresa pantalla domiciliada en Delaware, estado de EEUU cuya fiscalidad y opacidad mercantil le asemejan a un paraíso fiscal. "El tema es que si sale... eso es lo que yo no quiero", les dijo González a los policías.

El bloqueo de la entrega de datos bancarios solicitados por el Reino Unido a España para desenredar la madeja que envuelve el ático de Ignacio González acaba de enterrar una de las comisiones rogatorias esenciales en la investigación. Lo sucedido con la rogatoria de Londres, que da por fallido el expediente de auxilio judicial, confirma que cinco años después del inicio del caso, los continuos "errores" y dilaciones en las peticiones internacionales de ayuda siguen torpedeando la investigación sobre el patrimonio del expresidente madrileño, encarcelado desde abril por la segunda causa en la que, tras la del ático, se ha visto imputado: la Operación Lezo.

Un documento recién incorporado al sumario del ático y al que ha tenido acceso infoLibre revela cómo la Agencia Tributaria británica (HMRC) notificó el pasado 7 de julio al Ministerio de Justicia el cierre del caso tras la solicitud de auxilio judicial cursada a Londres en noviembre de 2015 por el Juzgado de Instrucción 5 de Estepona. Relacionados con movimientos de dinero de Coast Investors Llc, la misteriosa sociedad pantalla de Delaware (EEUU) que en 2008 compró el piso de lujo para de inmediato alquilárselo al expresidente madrileño y su mujer y finalmente vendérselo en diciembre de 2012, los datos estaban en teoría en poder del Banco Popular.

Esa era la teoría, porque lo que el Popular le dijo en primavera a la Policía en una "conversación telefónica" –el entrecomillado procede del oficio con que la Udef informó en mayo a la jueza sobre los vericuetos de este episodio– es que no era "posible ampliar más la información requerida" por cuanto no había "información adicional" en sus "archivos informáticos". Este diario no ha logrado averiguar si la Fiscalía o la jueza Isabel Conejo, titular del juzgado 5 de Estepona, dieron algún paso que obligase al Popular a activar los mecanismos necesarios para facilitar lo que se le estaba pidiendo. Este viernes, infoLibre preguntó a los portavoces del Ministerio de Justicia por lo sucedido en relación a la rogatoria de Londres. No hubo respuesta.

Lo que perseguía el juzgado 5 de Estepona con esta solicitud de ayuda puede resumirse así: conocer los movimientos de la cuenta del banco británico Lloyds Bank desde la que Coast Investors transfería fondos para el pago de la comunidad de propietarios del ático del que Ignacio González y su esposa, Lourdes Cavero, disfrutan en la urbanización Alhambra del Golf de Estepona desde 2008. Desde que en 2012 el sindicato policial SUP puso en manos de la justicia sus sospechas de que el inmueble siempre perteneció en realidad al político madrileño y que escondía el pago de un soborno en especie, el rastreo de los movimientos financieros de Coast Investors ha constituido uno de los objetivos primordiales de la investigación.

Para cumplimentar la rogatoria, Londres pidió el pasado 22 de diciembre a las autoridades españolas que le aportasen el "número de cuenta bancaria, código de sucursal bancaria o número IBAN de de la entidad Lloyds TSB Bank de Londres". ¿Por qué? Porque como hizo constar luego la Udef en el oficio remitido en mayo a la jueza de Estepona, el Lloyds operaba en realidad como un "mero banco corresponsal entre la entidad US Bank de Portland (EEUU) (...) y el Banco Popular", receptor de los fondos. Todo apuntaba a que la llave informativa se localizaba por tanto en el banco destinatario, el Popular.

Transcurridos seis meses desde aquella solicitud, la Agencia Tributaria británica notificó el 7 de julio a la Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional que como no había recibido "respuesta a la carta" de diciembre, y lamentando no haber podido prestar la asistencia solicitada, había "cerrado" el caso [puedes consultar el documento aquí]

La fallida rogatoria a Londres aparece hoy como la última etapa conocida de la carrera de obstáculos y retrasos –incluidos los de las traducciones de respuestas oficiales– a que se enfrentan las rogatorias del caso ático. Por ejemplo, también en mayo trascendió que el Ministerio de Justicia había enviado a un destinatario erróneo la rogatoria cursada por la juez a Panamá para determinar si Coast Investors está vinculada al caso Gürtel: en lugar de hacérsela llegar a la Procuradoría (Fiscalía) General panameña, el departamento que dirige Rafael Catalá la mandó al Ministerio de Gobierno, que tardó 11 meses en avisar a España de la equivocación cometida.

Antes de eso, y ya en 2013, Justicia había cometido el primer error de la serie. Y justamente guardaba relación con la rogatoria a Londres: pese a que los protocolos de colaboración internacional estipulan que las rogatorias han de ir de Gobierno a Gobierno –por eso las envía Justicia y no la jueza de Estepona–, Justicia se la envió a Interpol, con lo que hubo que repetir luego el proceso.

Tampoco EEUU facilitó la tarea a los investigadores. El 21 de septiembre de 2015 sus autoridades anunciaron que el banco de este país al que se reclama la información básica para mantener la investigación a Ignacio González, el US Bank, rechazó aportar los datos bancarios porque "por el paso del tiempo, ya no se guardan los datos reclamados".

La jueza que instruye el caso del ático del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González en el Juzgado número 5 de Estepona, Isabel Conejo, rechaza inhibirse en favor de la Audiencia Nacional, donde se investiga el caso Lezo, la trama por la que el exmandatario del PP madrileño permanece en prisión desde el pasado 22 de abril. Así consta en una providencia fechada el 20 de junio de 2017, a la que ha tenido acceso infoLibre.

La acusación popular ejercida por los extrabajadores de Telemadrid, que había solicitado esta inhibición, también reclamó a la jueza que si se negaba a dejar el caso solicitara todas las grabaciones, SMS y comunicaciones en general de la operación Lezo en las que se aluda al dúplex de lujo, o en las que participe el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo. Sobre esta cuestión, la instructora accede a reclamar al Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional que cuando se levante el secreto de sumario le remita la información relacionada con los delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales y cohecho que ella investiga. 

La Fiscalía de Málaga también se había opuesto a unir ambas investigaciones argumentando que la Asociación de Afectados por la Gestión de la Televisión Pública Madrileña no había argumentado la razón que justificaría este hecho. Tanto Enrique Cerezo como Ignacio González y su mujer, Lourdes Cavero, todos ellos imputados en esta causa, también rechazaron que la Audiencia Nacional investigara la compra del ático. 

En la misma providencia, la jueza Conejo rechaza expulsar del caso ático a la Asociación Transparencia y Justicia, vinculada al comisario jubilado José Manuel Villarejo y que también ejerce la acusación popular, tal y como le habían reclamado los abogados de González y Cavero. La instructora señala que no ha lugar a dejar sin efecto la personación de ese colectivo "toda vez que la condición procesal del señor Villarejo en el presente procedimiento es la de testigo". En este sentido, el fiscal ya había dicho que no procedía apartar a la asociación de Villarejo con el argumento de que sí se le excluyó del caso Nicolás porque en esta última causa su posición procesal era la de imputado. 

Grabaciones  

Por otro lado, infoLibre también ha tenido acceso a un oficio, fechado el 25 de mayo de 2017, en el que la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional asegura que "no se tiene constancia registral" de la reunión que mantuvieron el 29 de noviembre de 2011 los comisarios José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño con el entonces vicepresidente madrileño Ignacio González sobre la propiedad del dúplex de lujo. El diario El Mundo aportó esa grabación a la causa, si bien su autenticidad no ha sido verificada. 

Según consta en la documentación policial aportada a la jueza, el comisario Villarejo aseguró haber efectuado la grabación de esa reunión y habérsela entregado "personalmente" al entonces Director Adjunto Operativo (DAO), Miguel Ángel Fernández Chico, fallecido el 27 de enero de 2012.

Sobre esta cuestión, el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago dejó por escrito el 25 de mayo de 2015 que "el uso y la costumbre" hacen pensar que "existe la posibilidad" de que dicha entrega se realizara en los términos descritos por Villarejo y que, en cualquier caso, "no se puede comprobar" que lo manifestado por el ahora comisario jubilado "no sea cierto". En consecuencia, Fuentes Gago determinó que no era preceptivo abrir un "procedimiento disciplinario" contra él. 

La Fiscalía de Málaga se ha opuesto a que la investigación que se sigue en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de la localidad malagueña de Estepona sobre el ático del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González Ignacio Gonzálezen dicho municipio se una al caso Lezo, por el que éste fue detenido y se encuentra en prisión provisional.

Así lo han asegurado a Europa Press fuentes judiciales, quienes han apuntado que fue la Asociación de Afectados por la Gestión de la Televisión Pública Madrileña, que está personada como acusación particular en la causa del ático, la que solicitó la inhibición a favor de esa otra causa que se instruye en la Audiencia Nacional.

Las fuentes han explicado que la Fiscalía malagueña se opone a esa inhibición a favor del Juzgado Central de Instrucción número 6, encargado de la instrucción del denominado del caso Lezo, porque en la petición formulada por dicho colectivo no se expresa la razón que la justificaría.

Al respecto, el ministerio público considera que en todo caso habrá que esperar a lo que pueda resultar de la investigación que se sigue en ambas diligencias judiciales. A esta petición, también se ha opuesto la defensa de Ignacio González y su mujer, según han precisado las fuentes.

Por otro lado, la Fiscalía señala que tampoco procede por el momento reclamar ciertos testimonios de esa otra causa que se sigue en la Audiencia Nacional, ya que se encuentra parcialmente bajo secreto.

En la causa del juzgado de Estepona se investigan los presuntos delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y cohecho. Las pesquisas van dirigidas a determinar cómo, cuándo y por qué llegó el ático a González y su mujer —ambos investigados—, quienes primero lo alquilaron en 2008 y, en diciembre de 2012, lo adquirieron por 770.000 euros.

Recientemente, la instructora ha acordado prorrogar la declaración de complejidad de la causa, lo que supone tener 18 meses más para seguir la investigación, ya que sigue pendiente llevar a cabo pruebas periciales y los resultados de comisiones rogatorias remitidas, por ejemplo, a Estados Unidos, entre otras diligencias.

El Ministerio de Justicia considera que el responsable del error en la comisión rogatoria a Panamá del caso del ático de Ignacio González es el Gobierno del país centroamericano, según la explicación ofrecida por el departamento que encabeza Rafael Catalá.

infoLibre publicó el pasado miércoles que el Ministerio de Catalá había cometido un error al equivocar el interlocutor de Panamá al que deben remitirse las peticiones de auxilio judicial. Esta equivocación ha provocado un retraso de más de un año, según la propia documentación facilitada por Justicia.

La rogatoria a Panamá es clave para determinar si el ático de lujo que desde 2008 ocupa Ignacio González es un pago vinculado a Francisco Correa por la participación del expresidente madrileño en el mayor pelotazo de la trama Gürtel, que supera los 25 millones de euros.

Sin embargo, Justicia rechaza haber cometido un error, habida cuenta de que la comisión rogatoria fue enviada "a la autoridad central que Panamá ha designado en el convenio bilateral sobre asistencia legal y cooperación judicial en materia penal, de 19 de octubre de 1998".

Según el artículo 13 del citado convenio, la autoridad a la que España debe reclamar el auxilio judicial es "el Ministerio de Gobierno y Justicia. Es pues al Ministerio de Gobierno y Justicia de Panamá al que se envían las comisiones rogatorias dirigidas a dicho país, por ser ésta la autoridad competente en Panamá para ejecutar comisiones rogatorias y el interlocutor habitual del Ministerio de Justicia de España en esta materia".

Ignacio González entra a declarar como investigado en los juzgados de Estepona.

"Sin embargo", continúa la nota enviada por Justicia a infoLibre, "en este caso el Ministerio de Gobierno de Panamá contestó que el órgano concreto designado por Panamá para el Convenio de las Naciones Unidas contra la Corrupción no es el Ministerio de Gobierno (como se señala en el convenio bilateral) sino la Procuraduría (Fiscalía) General de la Nación".

Ya hubo una rogatoria en 2014

En este sentido, el departamento ministerial encabezado por Catalá asegura que en el marco de la misma investigación "el Juzgado de Estepona ya envió una anterior comisión rogatoria en julio de 2014 al Ministerio de Gobierno panameño, y en aquella ocasión sí fue debidamente contestada". 

La práctica habitual cuando el órgano que recibe la solicitud de auxilio judicial no es la autoridad designada, completa el Ministerio, "es que el receptor la remita directamente al destinatario adecuado con el  fin de agilizar los trámites.  No ha ocurrido así en este caso, en que el Ministerio de Gobierno no dio trámite a la Procuraduría panameña, sino que se limitó a informar de que la tramitación de esa Comisión rogatoria no era de su competencia y a devolverla".

Por todo ello, Justicia sostiene que no ha habido por tanto "en este caso error alguno" por parte del Ministerio español, "puesto que la institución designada por Panamá para la recepción de comisiones rogatorias en el tratado bilateral es el Ministerio de Gobierno y no la Fiscalía General".

Pasados once meses

El departamento dirigido por Catalá recibió el 5 de mayo de 2016 una petición de la jueza de Estepona Isabel Conejo en la que solicitaba que se tramitara una comisión rogatoria a Panamá. Según informa Justicia, el Ministerio remitió la petición a Panamá 25 días después.

Y pasados once meses, el 15 de marzo de 2017, el Ministerio de Justicia recibió en Madrid un escrito de las autoridades panameñas recordando a España que la institución designada por el país centroamericano para recibir las comisiones rogatorias no era el Ministerio de Gobierno, sino la Procuraduría (Fiscalía) General de la Nación.

Enrique Cerezo, Ignacio González y la esposa de este, Lourdes Cavero, al llegar a los juzgados de Estepona para declarar como imputados en el caso del ático.

Tras este nuevo revés en el auxilio judicial reclamado a Panamá, el Ministerio de Justicia volvió a remitir el 22 de marzo la solicitud a la Procuraduría panameña, sin que por el momento España haya recibido contestación alguna.

Al margen de que la equivocación tenga su origen en Madrid o en Panamá, en el caso del ático de GonzálezGonzález los errores han sido continuos a lo largo de cuatro años. Hace dos semanas, la Policía confirmó a la jueza que investiga el caso que la Justicia española no va a poder entregar al Reino Unido la información que piden las autoridades británicas para investigar el pago de la comunidad de propietarios del inmueble.

El motivo es que el Banco Popular –la entidad que recibía estos pagos– asegura no disponer de los datos que requiere Reino Unido para reunir la información que la jueza solicitó a través de una comisión rogatoria en 2015. Los datos que les faltan a las autoridades británicas son el número de la cuenta bancaria que emitía las transferencias, el IBAN y el número de sucursal de la misma.

Gracias a las conversaciones grabadas en el seno del caso Lezo se conoce que el ministro Rafael Catalá envió el 3 de noviembre un mensaje al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González con el siguiente contenido: "Gracias Nacho. Un fuerte abrazo. Ojalá se cierren pronto los líos".

El 17 de marzo de 2015 el ministro Catalá, seguidor del Atlético de Madrid, fue fotografiado en el palco del Vicente Calderón junto al presidente del club madrileño, Enrique Cerezo, en un partido de la Champions League contra el Bayern Leverkusen. El ministro también viajó como invitado por el Atlético de Madrid a la final de la Champions League de Milán.

Un nuevo error en la comisión rogatoria reclamada por la jueza Isabel Conejo a Panamá ha provocado un retraso que ya supera el año y que impide conocer, pese a que los hechos se denunciaron hace cinco años, si el dúplex de lujo que desde 2008 ocupan en Estepona el expresidente madrileño Ignacio González y su familia forma parte de la comisión de dos millones de euros que el político madrileño, en la cárcel desde el pasado 19 de abril, habría recibido presuntamente por su participación en la adjudicación a Martinsa de varias fincas del Ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid), cuyo alcalde en el momento del concurso era el imputado en Gürtel Ginés López (PP).

Según el sumario de Gürtel, el presunto cabecilla, Francisco Correa, pudo haber recibido hasta 25 millones de euros en Suiza por su intermediación en el caso Arganda, considerado el mayor pelotazo de la trama. Las investigaciones policiales del comisario José Manuel Villarejo apuntan que uno de los imputados en el procedimiento acusó a González de recibir dos millones de euros.

Según ha informado a infoLibre un portavoz oficial del Ministerio de Rafael Catalá, la comisión rogatoria procedente del juzgado de Estepona y dirigida a las autoridades de Panamá, que trata de determinar si la empresa de EEUU con la que compró el testaferro mexicano Rudy Valner el ático de lujo, Coast Investors, está vinculada con el caso Gürtel, llegó del Juzgado al Ministerio de Justicia el 5 de mayo de 2016. Y el departamento dirigido por Catalá remitió la petición al Ministerio de Gobierno de Panamá 25 días después.

Once meses después

Y once meses después, el 15 de marzo de 2017, el Ministerio de Justicia recibió un escrito de las autoridades panameñas que ponía de manifiesto que la institución designada por el país centroamericano para recibir las comisiones rogatorias no es el Ministerio de Gobierno, sino la Procuraduría (Fiscalía) General de la Nación. Tras este nuevo revés en el auxilio judicial reclamado a Panamá, el Ministerio de Justicia volvió a remitir el 22 de marzo la solicitud a la Procuraduría panameña, sin que por el momento España haya recibido contestación alguna.

La pareja formada por el jefe del Goberno regional y su mujer mantuvo arrendado el lujoso piso entre junio de 2008 y diciembre de 2012, cuando lo adquirieron de Coast Investors Llc por 770.000 euros. Y el Sindicato Unificado de Policía (SUP) denunció los hechos en octubre de 2012. Y en la misma querella el sindicato policial reclamó a la jueza de Estepona que solicitara a las autoridades panameñas información sobre la empresa que adquirió el ático de lujo en 2008.

El ministro de Justicia Rafael Catalá en un partido de la Champions junto a Enrique Cerezo.

El Ministerio de Justicia español, con Alberto Ruiz-Gallardón a la cabeza, tramitó la reclamación. Sin embargo, Panamá se negó a colaborar con las autoridades españolas. Según la documentación a la que ha tenido acceso infoLibre, la secretaria general de la Procuradoría, Martha I. Gómez Solís, firmó su negativa a colaborar con España.

La Fiscalía panameña argumentó su negativa al considerar que en su legislación contra los delitos contra la Hacienda Pública "no se encuentran tipificados como delito, y por ende constituyen una conducta atípica dentro de la jurisdicción penal de la República de Panamá". Sin embargo, la jueza Isabel Conejo incluyó en su última petición de información a Panamá el delito de cohecho, por lo que las autoridades del país centroamericano ya no tenían ninguna razón para no colaborar con España.

El Banco Popular

Hace dos semanas la policía confirmó a la jueza que investiga el caso que la Justicia española no va a poder entregar al Reino Unido la información que piden las autoridades británicas para investigar el pago de la comunidad de propietarios del inmueble. El motivo es que el Banco Popular –la entidad que recibía estos pagos– asegura no disponer de los datos que requiere Reino Unido para reunir la información que la jueza solicitó a través de una comisión rogatoria en 2015. Los datos que les faltan a las autoridades británicas son el número de la cuenta bancaria que emitía las transferencias, el IBAN y el número de sucursal de la misma.

Pero estos dos errores no son los únicos detectados en el caso del ático. El primer problema se produjo en marzo de 2013, cuando la Justicia española reclamó por primera vez a las autoridades del Reino Unido su colaboración para determinar el destino del dinero del supuesto alquiler del dúplex.

La rogatoria a Londres se solicitó de forma claramente errónea, ya que se pidió vía Interpol, cuando estas reclamaciones siempre se hacen entre los Gobiernos de los países involucrados, y en concreto entre los Ministerios de Justicia. 

Gracias a las conversaciones grabadas en el seno del caso Lezo se conoce que el ministro Rafael Catalá envió el 3 de noviembre un mensaje al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González con el siguiente contenido: "Gracias Nacho. Un fuerte abrazo. Ojalá se cierren pronto los líos".

El presunto testaferro Rudy Valner (con gafas y los ojos cerrados) en la final de la Champions en presencia de Ignacio Aguado de Ciudadanos (en primer plano a la derecha).

Un día antes del mensaje, el 2 de noviembre de 2016, el letrado de Ignacio González y su mujer, Lourdes Cavero, presentaron un escrito en el Juzgado de Estepona en el que reclamaban a la jueza el sobreseimiento libre de la causa, "a falta del resultado de las comisiones rogatorias a Estados Unidos y Panamá".

En las conversaciones también aparecen los presuntos vínculos de Catalá con Enrique Cerezo. El presidente del Atlético de Madrid llega incluso a arrogarse la intención del PP de eliminar la acusación popular. Incluso en una conversación entre Cerezo y González ambos hablan de que los cambios perjudicarían a la independencia de la jueza y del fiscal jefe de Málaga, Juan Carlos López Caballero. 

El 17 de marzo de 2015 el ministro Catalá, seguidor del Atlético de Madrid, fue fotografiado en el palco del Vicente Calderón junto al presidente del club madrileño, Enrique Cerezo, en un partido de la Champions League contra el Bayern Leverkusen. Cerezo todavía no había sido imputado en el caso del ático, aunque las investigaciones ya apuntaban a que el comprador del dúplex de lujo, Rudy Valner, un testaferro profesional, era empleado de Cerezo en la sociedad Vídeo Mercury, con vínculos con Telemadrid.

Nuevo obstáculo en el camino de la investigación del caso del ático en Estepona del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Tal y como confirmó la policía la semana pasada a la jueza que investiga el caso, la Justicia española no va a poder entregar al Reino Unido la información que piden las autoridades británicas para investigar el pago de la comunidad de propietarios del inmueble, una propiedad que presuntamente recibió González como una comisión. El motivo es que el Banco Popular –la entidad que recibía estos pagos– asegura no disponer de los datos que requiere Reino Unido para reunir la información que la jueza solicitó a través de una comisión rogatoria en 2015. Los datos que les faltan a las autoridades británicas son el número de la cuenta bancaria que emitía las transferencias, el IBAN y el número de sucursal de la misma.

La petición de la jueza Isabel Conejo buscaba conocer los movimientos de la cuenta bancaria del banco británico Lloyds Bank, desde la que la empresa investigada Coast Investors transfería fondos para el pago de la comunidad de propietarios del ático de González, imputado junto a su mujer, Lourdes Cavero. Reino Unido solicitó los datos esenciales para identificar la cuenta bancaria, pero la Policía no ha podido conseguir la información sobre la cuenta que reclamaban las autoridades británicas, dado que el Banco Popular sostiene que carece de la misma. Así consta en un oficio enviado por la Policía a la magistrada del caso, con fecha de 11 de mayo al que ha tenido acceso infoLibre.

"La entidad [el Banco Popular] aporta varios duplicados de abono por liquidación de orden de pago recibida, así como el detalle de una orden de pago recibida de fecha 31/05/2011, donde no se especifica el número de cuenta bancaria, el código de sucursal ni el número IBAN" de la cuenta emisora, explica en su oficio la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). La unidad apunta que el Banco Popular explicó a la propia policía por teléfono que "no es posible ampliar más la información requerida, al haber aportado la misma con el máximo nivel de detalle y no disponer de información adicional de la misma en sus archivos informáticos".

El inicio de la tramitación de esta comisión rogatoria a Londres se remonta a noviembre de 2015, cuando la jueza que investiga el caso ático pidió información a las autoridades británicas sobre los movimientos del último titular de la cuenta bancaria del banco británico Lloyds Bank, desde la que la empresa investigada Coast Investors transfería fondos para el pago de la comunidad de propietarios del ático. La petición no fue traducida al inglés hasta el 3 de marzo de 2016 y no llegó al Ministerio de Justicia hasta un mes después, cuando fue remitida a Reino Unido. Las autoridades británicas respondieron el 22 de diciembre de ese año, pero su contestación no fue traducida y enviada al juzgado de Estepona hasta el 1 de marzo.

No obstante, esta respuesta informaba a las autoridades españolas de que en su comisión rogatoria faltaban datos básicos para que el Reino Unido pudiera investigar. En particular, la documentación no incluía el número de cuenta bancaria de la que se reclamaba la información a las autoridades británicas, y en la petición tampoco estaban presentes detalles como el número IBAN o el código de sucursal bancaria de la misma. Por ello, la jueza remitió la respuesta de Reino Unido a la policía el pasado 27 de marzo y le solicitó estos datos para poder continuar con la investigación. Y ésta ha sido la respuesta de la policía: como el Banco Popular no ofrece la información, el cuerpo no puede ofrecer ninguna aclaración.

Además, existe un segundo problema con esta comisión rogatoria, según se explica en el documento remitido por la policía a la jueza. Lloyds Bank, el banco que emitía el pago que después recibía el Popular, únicamente funcionaría como "entidad corresponsal" –es decir, como un mero intermediario– del US Bank de EEUU, que es la auténtica entidad desde la que Coast Investors pagaba la comunidad de propietarios del ático de González. Eso implica que la investigación a través de la comisión rogatoria se está dirigiendo a un mero intermediario, en lugar de centrarse en el verdadero banco de origen del dinero: el US Bank.

Más errores en las comisiones rogatorias

Se trata del enésimo problema con las comisiones rogatorias del caso ático. La senda se inició en marzo de 2013, cuando la Justicia española reclamó por primera vez a las autoridades del Reino Unido su colaboración para determinar el destino del dinero del supuesto alquiler que el exmandatario del PP madrileño y su mujer, Lourdes Cavero, abonaron desde 2008 y hasta diciembre de 2012 por el alquiler del dúplex de lujo en Estepona, que compraron formalmente ese mismo año.

Cuatro años después, la lentitud de las traducciones y los errores cometidos a la hora de poner en marcha las comisiones rogatorias impiden conocer el destinatario de este dinero que pagaban Cavero y González, y tampoco se conoce quién era realmente el dueño del ático en 2008, cuando el expresidente –ahora encarcelado– lo alquiló por un precio por debajo del de mercado. Los errores, de hecho, han estado presentes desde la primera comisión rogatoria que se envió, que inició su tramitación en 2013, cuando la Justicia española pidió a las autoridades de EEUU información sobre las operaciones de compraventa del ático para conocer quién era su dueño en 2008, cuando lo adquirió el testaferro profesional Rudy Valner.

EEUU afirmó que el banco implicado en la compraventa no encontraba las transferencias de Coast Investors –la empresa que utilizó Valner para comprar el ático–, y posteriormente se descubrió que la razón era que la jueza había comunicado de forma errónea el número de cuenta a investigar, tal y como detectó la acusación popular de los extrabajadores de Telemadrid, personada en el caso.

No han sido los únicos problemas a la hora de pedir información a EEUU. Los percances también afectaron a la comisión rogatoria que envió la jueza Isabel Conejo el 3 de mayo de 2016 a ese país, ya que esta petición tardó más de cuatro meses en ser traducida del castellano al inglés para ser enviada al Ministerio de Justicia, que la recibió el 26 de septiembre de 2016 para continuar con su tramitación. Por otra parte, el 4 de febrero de 2016 la jueza ya había constatado que no se había traducido al inglés otra comisión rogatoria con fecha de noviembre de 2015.

La Asociación Transparencia y Justicia, una de las dos que están personadas como acusación popular en el caso del ático de Ignacio González, ha solicitado a la jueza de Estepona Isabel Conejo que remita dos notas policiales del sumario a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil con el fin de que los agentes "contrasten, amplíen, complementen o al menos se instruyan del contenido de las presentes actuaciones por si pudieran dirimirse nuevas informaciones que apuntalaran, aún más si cabe, los indicios de la comisión de los delitos" que se investigan en el juzgado de Estepona, según el escrito al que ha tenido acceso infoLibre.

La asociación recuerda en el escrito que el comisario del Cuerpo Nacional de Policía José Manuel Villarejo, retirado del servicio hace unos meses, aportó dos notas informativas elaboradas en el año 2011, "y en las que ya apuntaba a que el ático objeto de investigación podría estar vinculado a una comisión procedente de la trama Gürtel". El contenido de estos informes, que fue adelantado por infoLibre, se refiere "a la existencia de indicios de vinculación con la visita de Ignacio González a Colombia", que actualmente se investiga en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional en el marco de la Operación Lezo.

La acusación popular de Transparencia y Justicia, vinculada al propio Villarejo, considera que la diligencia propuesta "es necesaria, útil y pertinente en tanto que la UCO probablemente posea información sólida sobre los movimientos bancarios del investigado Ignacio González y sobre todo porque posee información mucho más amplia que puede conectar las diferentes causas y por tanto coadyuvar con la instrucción aportando sólidos indicios que apuntalen aún más si cabe las presentes actuaciones", completa el escrito dirigido a la jueza Isabel Conejo.

Utilización del Canal de Isabel II

Las dos notas informativas de Villarejo, que fueron redactadas el 11 de julio de 2011, hace casi seis años, vinculan el ático de lujo adquirido por Ignacio González con un presunto soborno que se habría pagado a cambio del mayor pelotazo de la Gürtel. En concreto, el agenteafirmaba que se estaba utilizando el Canal de Isabel II para "realizar suculentos pagos" a medios de comunicación, detallaba prácticas corruptas en la agencia pública ICM descubiertas años después en el caso Púnica, e indicaba que Enrique Cerezo entregaba presuntamente "sobres con dinero en efectivo" a González.

El comisario aludía también a una investigación judicial en el municipio madrileño de Colmenar de Oreja que se sobreseyó "de manera muy irregular" y que también afectaba al número dos de Esperanza Aguirre. En la nota policial se especificaba la existencia de cinco tramas o casos de presunta corrupción vinculados a González, al PP de Madrid o al Gobierno que presidía Esperanza Aguirre. La mayoría no fueron investigados por la Policía, hasta que la Guardia Civil y el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco se hicieron con las riendas del caso Lezo, por el que Ignacio González está ahora en la cárcel.

El expresidente madrileño Ignacio González junto al presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo.

Villarejo, que explicaba en su escrito que la mordida de dos millones que habría recibido González coincidió con el viaje que el entonces vicepresidente madrileño hizo a Colombia, del 29 de agosto al 4 de septiembre de 2008, "acompañado entre otros de José Manuel Serra Peris, consejero de Martinsa. Sus movimientos fueron grabados con cámara oculta por detectives, dando lugar al llamado caso espionaje de Madrid, en su momento investigado por la Comisaría General de Policía Judicial", completa el documento, que la Asociación Transparencia y Justicia reclama que se aporte a la Guardia Civil, al margen de que la jueza acuerde enviar el procedimiento a la Audiencia Nacional.

A Colombia con Rodríguez Sobrino

El documento policial relata también que en el viaje de González a Colombia también participaron "Ildefonso de Miguel, mano derecha de Ignacio González, y por entonces gerente de la empresa pública Canal de Isabel II; Edmundo Rodríguez Sobrino, que era presidente en esa fecha de Canal Extensia, filial del Canal, abogado, experto en urbanismo y consejero de Extensia; y Enrique Sánchez, dueño de la empresa de seguridad Segurisa".

El comisario destaca que las informaciones obtenidas por los agentes policiales "señalan, sin duda, que tal viaje era para ultimar los detalles del soborno que Ignacio González recibiría por la operación de Arganda, y que parte era en efectivo y la cantidad más alta, mediante la entrega del ático".

El abogado Javier Carnerero, como representante legal primero del Sindicato Unificado de Policía (SUP), y después de la Asociación de Afectados por el ERE de Telemadrid, ha sido la persona que desde un principio ha mantenido la acusación popular sobre la compra irregular por parte de Ignacio González del ático de lujo de Estepona que desde 2009 habita el expresidente de la Comunidad de Madrid y su familia. En esta entrevista, este letrado sevillano lamenta la lentitud de las peticiones de información a EEUU, Panamá y Reino Unido: "Las comisiones rogatorias están paradas y no hay forma de saber el destino del dinero que pagó González".

Pregunta. ¿Por qué interpuso el Sindicato Unificado de Policía (SUP) una querella por el caso del ático de González?caso del ático

Respuesta. El entonces presidente del SUP, José Manuel Sánchez Fornet, tuvo conocimiento de que se había sancionado a a un comisario por las investigaciones oficiales que había desarrollado en Estepona. A dos agentes se les encargó la misión de investigar si el ático de lujo de Estepona que había comprado una empresa de Estados Unidos era en realidad de Ignacio González y de su mujer. Sin embargo, los policías fueron apartados de sus puestos e incluso sancionados. El SUP y su presidente, Sánchez Fornet, actuaron en defensa de los agentes que estaban siendo perseguidos por realizar su trabajo, y la mejor defensa de los funcionarios era demostrar que el motivo de su acoso no era otro sino investigar un caso de corrupción.

P. Han pasado cinco años desde la denuncia y el SUP se ha retirado, pero sin embargo usted se ha mantenido al frente de la la acusación de los extrabajadores de Telemadrid, que recogieron el testigo y continuaron con sus servicios.

  R. Nosotros desde un primer momento vimos indicios suficientes para mantener una acusación. Y mi postura como letrado ha sido, desde el minuto uno, intentar obtener respuestas. Y si hay base para acusar, acusaremos. No actuamos por venganza. Y una prueba de ello es que en un primer momento, cuando la jueza quiso imputar a Ignacio González, nos opusimos, porque pensábamos que no había base suficiente para hacerlo. Y la segunda vez, la imputación se produjo a instancias de la Fiscalía. Nosotros lo que queremos es que se clarifique el recorrido del dinero. Y si al final existen esos nexos seguiremos hacia adelante. Nuestra intención ha sido siempre  evitar daños innecesarios, pero los indicios están ahí, y con el paso del tiempo se ha alimentado, cada vez con más datos, la existencia de una situación totalmente anómala e irregular. Aunque estamos a la espera de unos datos más concretos del exterior, que tardan en llegar, pero que terminaran por acreditar la existencia, o no, del ilícito penal que perseguimos.

P. Las comisiones rogatorias no llegan al juzgado de Estepona. ¿Es normal que hayan pasado cuatro años y no se haya recibido la información requerida desde el primer día?

R. El retraso no es normal. La última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ha limitado los plazos de investigación, pero sin embargo lo que debería hacerse es exigir que las diligencias de investigación se realicen en un plazo determinado. Y si se retrasan habría que plantear una queja y depurar responsabilidades. Lo que no es normal es que se tarde cuatro meses en traducir diez folios al inglés, y que las peticiones se realicen con graves fallos. Por ejemplo las autoridades del Reino Unido se han quejado de que los números de las cuentas de las que se piden información están mal, y que incluso no se incluyen en las peticiones. Eso no es normal y si eso no ocurriese, el plazo de instrucción será el que deba de ser sin limitación alguna. Las limitaciones solo favorecen a quien pretenda eludir la ley. Todo retraso en las comisiones rotatorias sólo se traduce en dilaciones indebidas ya anunciadas por las defensas y en la posibilidad de que se manipulen o se pierdan  datos. Así nunca se hará justicia tanto si hay como si no hay ilícito penal. Hay que hacer una justicia más flexible y menos formal.

P. Ahora tras la detención de Ignacio González mucha gente que antes estaba callada ha alzado la voz asegurando que se veía venir...

R. La verdad es que en este caso hemos estado muy solos, aunque también nos ha acompañado en la acusación la Asociación Transparencia y Justicia. Pero nosotros no estamos en una cruzada contra Ignacio González, ni mucho menos. Eso serán historias de otros. Nosotros, lo único que queremos es acreditar los indicios por los que iniciamos este procedimiento, de que el ático pudo ser un regalo de Enrique Cerezo o cualquier otro empresario.

P. Pero no sólo las comisiones rogatorias a Panamá, EEU y el Reino Unido no han conseguido aportar ninguna información, sino que hasta hace unos meses la Policía no ha investigado nada sobre la titularidad del dúplex de lujo.

  R. Pese a que la denuncia se presentó hace cinco años, la Policía Nacional no ha logrado ningún avance. De hecho, la cúpula policial mantuvo reuniones con el presidente del SUP, Sánchez Fornet, en las que le llegaron a pedir que abandonara la acusación del caso del ático. Por eso no me extraña que hasta hace unos meses no se hayan obtenido los resultados esperados. Sin embargo, en el caso Lezo, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha actuado muy bien. Son cosas sin sentido desde la perspectiva de un ciudadano. Como letrado… perfectamente comprensibles. Este caso muestra, de forma clara, que las dificultades oficiales experimentadas en el asunto del ático justifican la labor de investigación de las acusaciones populares.

P. La investigación del SUP y de los extrabajadores de Telemadrid ha demostrado que el presunto testaferro que compró el ático, Rudy Valner, trabajaba para Enrique Cerezo en una de sus empresas.

  R. Esto es sin duda lo más llamativo del caso del ático. Que un testaferro profesional, como es Rudy Valner, compre un inmueble sin verlo es sin duda increíble. Y sobre todo que a la semana se lo alquile a un político, eleva todavía más las sospechas. Además, gracias a la instrucción hemos sabido que Valner tiene muy buenas relaciones con Enrique Cerezo. Al final, resulta que el que compra el piso sin verlo y se lo alquila a Lourdes Cavero e Ignacio González mantiene relaciones laborales con Cerezo, que es íntimo amigo del político.

Además, y también es muy relevante, el testaferro compra el ático días después de visitarlo la mujer del entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Lourdes Cavero. Está claro que el ático puede constituir una dádiva. Y por eso nosotros buscamos el origen y el destino del dinero. Cuando lleguemos al final podremos relacionar el dúplex con uno de los negocios en los que haya intervenido Ignacio González. Y si ese negocio es calificado de ilícito habremos cerrado el círculo.

O para ordenarlo cronológicamente, la señora de Ignacio Gonzalez, Lourdes Cavero, visita en varias ocasiones un ático en concreto que le gusta, que ese inmueble y no otro lo compra un testaferro profesional, amigo y colaborador de Enrique Cerezo, que se llama Rudy Valner. Este a su vez lo compra a través de una empresa offshore sin actividad llamada Coast Investors LLC, a la que alguien le inyecta el dinero para la compra, que se realiza por teléfono. El fiduciario compra el inmueble sin haberlo visto, y justo después se lo alquila a Lourdes Cavero, a quien no conoce. Y además, tras saltar el escándalo, Ignacio González y su esposa proceden a comprarlo con una significativa indemnización por despido que abonan a Lourdes Cavero, junto con un pequeño préstamo al expresidente madrileño.

P. ¿También les parece sospechoso que una vez conocido que el dueño del ático era la sociedad offshore Coast Investors, González comprara supuestamente en diciembre de 2012 el ático de lujo?offshore 

R. Creo que la compra del ático fue un intento de legalizar una situación que a todas luces era totalmente irregular. Y al mismo tiempo que compran el ático, casualmente la mujer de González es despedida de su trabajo y se le abona una importante indemnización. Fue despedida de la patronal de las eléctricas para acto seguido entrar a trabajar en la filial madrileña de la CEOE, que es la CEIM que presidía Arturo Fernández, amigo de Esperanza Aguirre. Nosotros lo que queremos saber ahora es a dónde se ha ido el dinero que pagó el matrimonio, para saber exactamente quién era el propietario del inmueble, ya que la empresa offshore será de quien ostente la titularidad de sus participaciones. Pero las comisiones rogatorias están paradas y no hay forma de saber el destino del dinero que pagó González.

P. Por eso también han pedido que la investigación se traslade a la Audiencia Nacional, ya que ahí las comisiones rogatorias irían más rápido...

R. Lo primero que pedimos era el origen y el destino del dinero, tanto de la primera compra, que hizo el testaferro, como de la segunda, que realizaron directamente González y Lourdes Cavero. Nosotros tenemos claro que si las comisiones rogatorias llegan limpias, pues se cierra todo y se acabó. Pero lo que no es normal es que hayan pasado cinco años sin saber nada. Todo son problemas. Y por eso esperamos ahora, con la investigación de la Guardia Civil en el caso Lezo, que se pueda acceder a la información bancaria y se relacione con los negocios ilícitos que puedan existir. Aunque también somos conscientes de que algunos empresarios han podido ejercer una labor de puente, para que no apareciera el nombre de González. No obstante, confiamos que la verdad salga a la luz.

P. ¿Y ahora qué?, ¿cree que el caso del ático debería seguir en Estepona o tras estallar el caso Lezo debería trasladarse a la Audiencia Nacional?caso del áticocaso Lezo

R. Todo esto debe analizarse de forma global. El dúplex de lujo de Ignacio González y de su mujer podría tener su origen en una comisión cobrada por uno de los múltiples negocios irregulares que se han conocido tras estallar la operación Lezo. Por eso queremos que el procedimiento acabe en la Audiencia Nacional, porque de esa forma tendremos una visión global de lo sucedido.

P. ¿Qué ha pensado al ver las informaciones de laSexta sobre los intentos de Ignacio González y de Enrique Cerezo de cambiar a la jueza y al fiscal?

R. Creo que están jugado con el sistema judicial, por la politización que existe de la Justicia y eso genera un descrédito para los ciudadanos. Eso debe traducirse en una verdadera y profunda reforma del sistema existente que sirva para conseguir la pretendida separación de poderes que garantice la existencia de nuestro Estado de Derecho. Para ello deben contar con quienes trabajan realmente la Justicia, que son quienes realmente conocen cuáles y dónde están los fallos del sistema judicial. Además, esa dependencia de los políticos es más corriente de lo que la gente piensa.

Que se haya tenido conocimiento de que políticos y empresarios puedan poner y quitar jueces y fiscales lleva a la conclusión de que es necesario potenciar a las acusaciones populares, que son una garantía de la Justicia. Por eso habría que eliminar todas las trabas que se ponen, como la exigencia de fianzas, así como su protección para poder ejercerlas libremente. Al igual que si un juez o un fiscal entra a formar parte de la política, se hace irremediablemente necesaria la prohibición de que vuelvan a ejercer como tales. Y aquel que haya favorecido o protegido con su actuación al poder político debe cesar de forma fulminante. Sólo con medidas como éstas la Justicia volverá a ser creíble para el ciudadano de a pie.

P. ¿Usted pudo ver la imagen de Rafael Catalá con Enrique Cerezo en el palco del Estadio Vicente Calderón, un día antes de que el ministro acudiera en visita de trabajo a la Audiencia de Málaga, que es la que ve los recursos de los imputados del caso del ático?caso del ático

R. La verdad es que no entiendo las relaciones que el ministro ha mantenido, según las grabaciones difundidas y las fotografías, con los imputados. Pero al margen de este caso concreto, está claro que en España habría que plantear una reforma seria de la instituciones. El poder político y el judicial no pueden ir de la mano.

P. ¿Y qué piensa usted, que ejerce la acusación popular del caso del ático, cuando el ministro de Justicia le envía un mensaje a González en el que le dice que ojalá se acaben los líos? ¿Cree que eso puede tener que ver con los problemas de las comisiones rogatorias del caso de Estepona?Estepona

R. Estas conversaciones desvelan las relaciones y el control político sobre el poder judicial, y en concreto sobre el ministerio público. Y por eso creo que esa es la gran reforma que hay que llevar a cabo. Los fiscales no deben ser utilizados para llenar carreras políticas. Si el ministro apoyó a González por su imputación en el caso del ático debería asumir responsabilidades y cesar en su cargo.

P. Hemos hablado de las comisiones rogatorias, pero el caso del ático también ha tenido una derivada policial, con comisarios sancionados y apartados, e incluso con el expresidente del SUP acosado por las querellas y las sanciones internas.

  R. Estas son las consecuencias de hacer investigaciones que no agradan a las cúpulas políticas. En el caso del ático varios comisarios han denunciado presiones e incluso sanciones. Está claro que no querían que se investigara el patrimonio de González.

P. Pero al final el último informe policial da la razón a la acusación popular y destaca las numerosas incógnitas en sus pesquisas sobre el ático de Estepona.

  R. Ya, pero estos cambios no son tan trascendentes. De nada sirve que la Policía advierta de las irregularidades si las comisiones rogatorias no se contestan desde hace cinco años.

P. El comisario Villarejo aportó al sumario del caso del ático un informe en el que alertaba de las actividades presuntamente ilegales de Ignacio González. ¿Cree que este informe podría ser el nexo de unión entre la investigación de Estepona y la que lleva a cabo la Audiencia Nacional?Estepona

R. El comisario alertaba de las múltiples irregularidades cometidas por Ignacio González, como por ejemplo lo relacionado con un sumario del municipio de Colmenar de Oreja. Al final alude a todo lo que se ha destapado con el caso Lezo. Y por ello el inmueble podría suponer la materialización de un blanqueo de un ilícito en el que ha podido intervenir Ignacio González. Es decir, podría ser el pago por cualquiera de los negocios que ha destapado el juez Eloy Velasco, como por ejemplo los relacionados con el Canal de Isabel II, la empresa de informática de la Comunidad de Madrid, los pagos de OHL por el tren a Navalcarnero, la operación de Colmenar de Oreja. Además, el informe de Villarejo también aludía al famoso viaje de Ignacio González a Cartagena de Indias, que da nombre a la operación Lezo.

P. La intervención del fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, en el caso Lezo ha sido muy criticada...caso Lezo ha sido muy criticada...

R. La acción de la Fiscalía debería basarse en la objetividad e imparcialidad, y según la informaciones que vienen saliendo no es así. Un fiscal no puede tener una dependencia hacia los políticos. El Estatuto fiscal debería ser objeto de estudio y de una reforma.

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, que está imputado en el caso del ático del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, ha presentado un escrito en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Estepona, en el que rechaza que este procedimiento lo asuma el juez Eloy Velasco, que instruye la denominada operación Lezo: "Nada tienen que ver estos hechos con los supuestos investigados" en la Audiencia Nacional, especifica el documento, al que ha tenido acceso infoLibre.

Asimismo, la intención del abogado de Cerezo coincide con la del escrito de González, cuyo letrado también ha rechazado que el caso del ático se incluya en el sumario que se instruye en el Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional, y por el que permanece en prisión el expresidente madrileño.

De esta forma, Cerezo se opone a la solicitud del abogado de la acusación popular de los extrabajadores de Telemadrid, Javier Carnerero, que reclamó a la jueza de Estepona Isabel Conejo que se inhibiera en favor del juez Velasco por las vinculaciones entre el caso del ático y Lezo: "Sorprende esta invocación ya que la causa tramitada por la Audiencia Nacional está declarada secreta y difícilmente la asociación que propugna tal remisión ha podido tener conocimiento del alcance de los hechos allí investigados", especifica el letrado del empresario madrileño.

En el escrito, Cerezo aprovecha para atacar a las acusaciones: "Al contrario, más nos parece que los objetos del presente procedimiento y los del proceso Lezo son antagónicos. Ya trataron de que estas diligencias se acumulasen al denominado caso Gürtel (también tramitado por la Audiencia Nacional) para intentar relacionar a González con operaciones inmobiliarias en Arganda del Rey. Su afán por acumular este proceso a otros es constante lo que evidencia -a nuestro juicio- la escasa confianza que tienen en este juzgado y en la fortaleza de sus infundadas tesis", se lamenta el letrado del presidente del Atlético de Madrid.

"Incoherente" e "incompatible"

Además, Cerezo considera que la petición del abogado Carnerero es "incoherente" e "incompatible" con la presunta vinculación del ático a la trama Gürtel, que fue defendida por el comisario José Manuel Villarejo, al mismo tiempo que la acusación de los extrabajadores de Telemadrid "ha esgrimido -de manera simultánea- que el origen de los supuestos fondos ilícitos por parte de González -el objeto de la investigación- guarda relación con operaciones mercantiles llevadas a cabo por la entidad Telemadrid".

La existencia de dos posibles orígenes al supuesto pago del ático confirma, según Cerezo, que no existe "seguridad" en la versiones aducidas por las acusaciones, ni "coherencia alguna, lo que se ha traducido en una errática búsqueda de supuestos indicios en Panamá, Estados Unidos, Reino Unido ... sin ser capaces de establecer a día de hoy un relato".

"Ahora pretenden", continúa el escrito de Cerezo, "que este proceso -pendiente de recibir el resultado de comisiones rogatorias cursadas hace meses- se acumule a otro en el que se investiga (según se indica por los medios de comunicación, única fuente conocida) unos hechos en los que el único nexo con el que nos ocupa es el subjetivo: la condición de investigado de González en ambas causas".

Según laSexta, Ignacio González mantuvo conversaciones con el presidente del Atlético de Madrid en las que hablan de cómo evitar la investigación de la jueza de Estepona Isabel Conejo. En concreto, Cerezo asegura: "Dicen que el juez es el juez y que no se puede hacer nada, yo ya les he dicho, ¿aquí qué queda?, ¿pegarle dos tiros a la juezajueza? ¿Qué alternativas tengo?¿no se puede hablar con el fiscal?", a lo que Cerezo contesta: "Volveremos a hablar con este a primeros de septiembre, porque si quieren guerra vamos a tener guerra".

Imputado por "una sospecha"

El letrado del presidente del Atlético de Madrid lamenta también que Cerezo está imputado por una "sospecha -que ni siquiera es indicio- servida por teorías -que no hechos- de las que no existe rastro alguno. Declaró a presencia judicial y dejó claro que nada tiene que ver en los hechos objeto de esta causa (la compra de un inmueble por González y su esposa). Ninguna persona de las que ha declarado le involucra. Ningún documento le vincula con aquella compra".

Sin embargo, en su declaración como investigado Cerezo tuvo que reconocer que Rudy Valner, el presunto testaferro que compró el ático de forma telefónica y después de que lo visitara la mujer de González, Lourdes Cavero, "es abogado suyo en EEUU desde hace mucho tiempo. Y que es asesor jurídico de su empresa Video Mercury a título personal". 

Y a preguntas del fiscal jefe de Málaga, Juan Carlos López Caballero, el presidente del Atlético de Madrid completó que conoce a Valner "por temas profesionales, concretamente porque tiene una empresa que compra producto americano, inglés y francés. Cuando compramos producto lo revisa Rudy Valner desde hace 20 años".

Sin embargo, en el escrito dirigido a la jueza de Estepona, el abogado de Cerezo asegura en el escrito estar convencido de que el desarrollo de las comisiones rogatorias corroborarán que Cerezo "es ajeno a estos hechos. Esperamos con paciencia procesal su resultado para que no exista atisbo de duda cuando se dicte el sobreseimiento -al menos- respecto a su persona".

El abogado de Ignacio González en el caso del ático de Estepona, Antonio Navas, ha enviado un escrito a la jueza que investiga el caso en Estepona, Isabel Conejo, en el que se opone a que el procedimiento se traslade a la Audiencia Nacional, donde el magistrado Eloy Velasco ha ordenado el ingreso en prisión del expresidente de la Comunidad de Madrid en el marco de laOperación Lezo.

El defensor de González basa su oposición a que se acumulen las causas en el Juzgado Central de Instrucción número 6 a que el caso Lezo está secreto: "Y por tanto, salvo que la representación de Asociación de Antiguos Trabajadores de Telemadrid tenga información privilegiada irregular, es imposible conocer que tengan conexidad", destaca el letrado.

"Hasta el momento, los hechos aquí investigados se ciñen a la compraventa de un ático, que en modo alguno tiene conexión con lo investigado en la denominada Operación Lezo, al menos según la información periodística de la que esta parte dispone", completa el defensor del ex número dos de Esperanza Aguirre en el PP madrileño y en la Comunidad de Madrid.

Por ello, Antonio Navas considera "injustificado, por apresurado", la petición del abogado de la acusación de los extrabajadores de Telemadrid, Javier Carnerero, que reclamó a la jueza Isabel Conesjo la inhibición a la Audiencia Nacional. "Sobre todo teniendo en cuenta el estado de la presente investigación, la cual está prácticamente culminada y sin que hasta este momento hayan aparecido otros investigados coincidentes en ambas causas, salvo mi patrocinado y esposa", asegura el letrado, en referencia a Ignacio González y Lourdes Cavero, que están imputados en ambos procedimientos.

El representante legal de González en el caso del ático también se opone al "intercambio de información entre ambos Juzgados", por lo menos hasta que se levante el secreto de las actuaciones "y pueda advertirse la conexidad".

La detención y posterior ingreso en prisión del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González son fruto de la investigación realizada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco. Pero hay ciudadanos más o menos anónimos que llevan una una década de lucha contra los abusos del político madrileño, a quien Esperanza Aguirre convirtió primero en vicepresidente de su Gobierno (2003-2012) y después eligió a dedo como sucesor (2012-2015).

Mercedes Arce y Carmen Ochoa, de la asociación Parque Sí en Chamberí; la exdiputada autonómica de IU Reyes Montiel; el policía y sindicalista José Manuel Manuel Sánchez Fornet o trabajadores despedidos de Telemadrid son una muestra significativa de los ciudadanos que plantaron cara ante los abusos de Ignacio González, ahora encarcelado como presunto jefe de una "organización criminal". infoLibre habla con ellos.

  Menos golf y más parque en Chamberí

El 14 de abril de 2003, los vecinos del distrito madrileño de Chamberí estaban exultantes. El presidente de la Comunidad, por aquel entonces Alberto Ruiz-Gallardón, y el alcalde de la capital, José María Álvarez del Manzano, habían puesto la primera piedra del futuro parque de Islas Filipinas, un ambicioso proyecto urbanístico que se asentaría sobre la cubierta del tercer depósito del Canal de Isabel II. Estaba llamado a erigirse como el nuevo Retiro en el distrito con menos zonas verdes por habitante de toda la ciudad. Un total de 118.547 metros cuadrados de jardines y zonas de recreo que los vecinos esperaban como agua de mayo. 

Por eso, la sorpresa fue mayúscula cuando, después de tres años de obras, los carteles que anunciaban la apertura cambiaron de la noche a la mañana. El Ejecutivo regional, desde noviembre de 2003 presidido por Esperanza Aguirre –tras el escándalo del tamayazo–, había cambiado de opinión. Los antiguos depósitos de agua del Canal, la principal empresa pública de Madrid, entonces presidida por Ignacio González, se destinarían a la construcción de unas instalaciones deportivas. La única zona verde que verían los vecinos del barrio sería un campo de golf de nueve hoyos. Y el Ejecutivo conservador estaba convencido de sacar adelante el nuevo proyecto.

Lo que no se esperaban era la enorme oposición ciudadana y la incansable lucha de la asociación de vecinos Parque Sí en Chamberí, que lleva más de una década para conseguir ese parque que les había sido arrebatado. "Empezamos a reunirnos en 2005", señala en conversación con infoLibre Mercedes Arce, una de las integrantes del colectivo. "Pero no nos constituimos como asociación hasta 2007", completa Carmen Ochoa, su compañera de lucha durante todos estos años. La primera se enteró de la movilización de algunos vecinos en el colegio de sus hijos. La segunda, por una pancarta colocada en un balcón que exigía el freno inmediato del nuevo proyecto urbanístico.

Sin embargo, ni las movilizaciones –medio millar de personas en diciembre de ese año– ni la detención de las obras por parte del Ayuntamiento de Madrid, que requería al Canal de Isabel II que solicitase una licencia para el nuevo proyecto urbanístico, frenaron al Ejecutivo regional. En diciembre de 2006, la empresa pública adjudicó la explotación del campo a un consorcio de tres empresas. Una de ellas, Tecnoconcret, que era una compañía sin apenas actividad, tenía como administrador único a José Antonio Clemente, socio de Pablo González y de José Juan Caballero, hermano y cuñado, respectivamente, del expresidente madrileño. Los dos familiares de González también fueron detenidos en el marco de la operación Lezo. 

Para tratar de esquivar el bloqueo del consistorio, el Ejecutivo de Aguirre optó a comienzos de 2007 por declarar el proyecto de "interés general", un movimiento que fue tumbado primero por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y después por el Tribunal Supremo. Pero el Gobierno autonómico no estaba dispuesto a dar su brazo a torcer ante el movimiento vecinal. Por eso la Comunidad, ya con Ignacio González al frente, buscó una nueva alternativa para esquivar el derribo de las instalaciones deportivas decretado por vía judicial. Para ello, aprobó en 2013 un nuevo plan especial para la zona, que también fue declarado "nulo de pleno derecho" el pasado mes de agosto por el TSJM. Parque Sí en Chamberí había vuelto a ganar.

  "Los momentos más difíciles eran entre las sentencias, porque tardaban mucho en salir y siempre las recurrían", recuerdan Carmen y Mercedes

Mercedes y Carmen reconocen que han sido "años duros", en los que han trabajado "sin descanso". "Los momentos más difíciles eran entre las sentencias, porque tardaban mucho en salir y siempre eran recurridas", recuerda Carmen. Sin embargo, se han sentido arropadas en todo momento en una lucha que definen como "la batalla entre David y Goliat". Por eso, agradecen "el apoyo económico" recibido para continuar en los tribunales y, sobre todo, la enorme ayuda que han recibido desinteresadamente por parte de abogados y arquitectos. "Ellos nos ayudaban a 'traducir' todos los complejos documentos de carácter urbanístico", explica Mercedes.

Diez años después, han visto, "contentas", cómo agentes de la Guardia Civil se llevaban detenido al expresidente madrileño. "Teníamos razón", señala Carmen mientras esboza una sonrisa. Tras la sentencia del pasado mes de agosto, el desmantelamiento del campo de golf del Canal, cuya adjudicación en 2006 permitió a la empresa controlada por la familia de González quedarse presuntamente con una comisión de 600.000 euros, es cuestión de tiempo. Y ellas siguen dando batalla: "Ahora hay gente que ha pedido hacer más campos de fútbol en el terreno. No, nos negamos. Todos los colegios de la zona tienen pistas y cerca hay también un pabellón. Nosotras exigimos el parque que se nos había prometido".

  Investigar con la Asamblea en contra

La exdiputada de IU en la Asamblea de Madrid Reyes Montiel.

En 2009, dos años después de que la revista Tiempo revelase las entrañas de la adjudicación para explotar el campo de golf de Chamberí y desvelase que el político del PP había comprado en 2006 un chalé de 447 metros cuadrados valorado en 1,8 millones de euros, el diario Público sacó a la luz otras actuaciones del expresidente: entre ellas la inyección de 1,3 millones de euros de dinero público en la empresa de su profesor de pádel o los datos del dossier sobre González que poseía el Partido Popular, con información sobre el patrimonio del expresidente y una serie de adjudicaciones públicas presuntamente irregulares atribuidas al entonces vicepresidente madrileño.

Dos diputadas de IU en la Asamblea de Madrid, Inés Sabanés y Reyes Montiel, fueron especialmente activas en el empeño de arrojar luz sobre las sombras del número dos de Aguirre. "La trama de González yo creo que era la trama oficial del Gobierno, aunque luego conviviese con otras. Además, creo que desde el tamayazoestaba diseñada para que funcionara", afirma Montiel en una céntrica cafetería madrileña. Ejemplo de ello, añade, es que "nunca quisieron discutir" que el Canal de Isabel II, con "controles más laxos a la hora de hacer negocios", no estuviera "bajo el paraguas de González".

La exdiputada en el Parlamento autonómico describe aquellos años como "muy duros". "Tenías que hacer un poco de detective", explica Montiel, que asegura que "una de las cosas que más le ayudó" a ir atando cabos fue cuando se hizo pública la primera parte del sumario de la Gürtel. "No te niegan la información pero te la dan en un momento en el que no sabes sacar conclusiones. Tablas y tablas de contratos. Yo no lograba ver en los expedientes lo que estaba mal. La primera parte del sumario de la Gürtel me dio un guión", relata.

Montiel cuenta que "ni el Gobierno" ni tampoco "la Mesa de la Asamblea de Madrid" facilitaron la investigación. "La mayoría de las cosas que pedíamos se quedaban ahí, en la Mesa", apostilla. Además, añade, "no había ganas de investigar" por parte de "ninguno de los grupos políticos". Ni del PP, ni del PSOE, ni tampoco de IU-CM, su propio partido: "Había una parte que estaba en clara connivencia con el Ejecutivo de Aguirre. No sé si por estar en la misma trama o porque el Gobierno madrileño sabía cosas de ellos. Estoy hablando de Ángel Pérez, Miguel Reneses o Antero Ruíz", dice. Esta misma semana se ha conocido que González colocó en TVE a la exdiputada de IU Libertad Martínez para defender "su imagen e intereses".

  "Un tipo que ha sido tan desagradable, tan chulo, tan mafioso, tan capo, está donde tiene que estar. Te reconcilia con el sistema", destaca Reyes Montiel

Montiel describe cómo "planteaba cosas" en IU-CM y la respuesta que recibía era "que eso distraía a los trabajadores de sus verdaderos problemas, como la crisis o el paro". Relata que "cuando se hacían los órdenes del día de los plenos de las comisiones", evitaban ponerla. Y lamenta la decisión de no acudir "como grupo" ante la Fiscalía: "Tuve que ir yo a título individual. Y nadie de los compañeros, a excepción de Sabanés y Fausto Fernández, que estaban conmigo en eso, me preguntó sobre el tema". Con la investigación completamente bloqueada, y con la práctica totalidad de su grupo en contra, en octubre de 2010 decidió abandonar su escaño y dejar IU.

Su marcha fue calificada por el entonces portavoz de IU-CM en la Asamblea, Gregorio Gordo, como un intento de "fraccionar" la formación. "También me llegó a acusar de intentar eclipsar el funeral de Marcelino Camacho", recuerda. Sin embargo, ella tiene claro que lo que ha roto el partido "han sido personajes como él, que han entrado en toda la rueda de la trama González". Sin embargo, el tiempo ha terminado por poner a cada uno en su lugar. "Cuando vi la detención de González me sentí un poco incrédula, porque llega un momento en el que te consiguen contagiar esa idea de que hagan lo que hagan no les va a costar nada. Pero por fin, un tipo que ha sido tan desagradable, tan chulo, tan mafioso, tan capo, está donde tiene que estar. Es una satisfacción y da como para reconciliarte con el sistema", explica.

  El SUP entra en acción: el ático de González

El ex secretario general del SUP José Manuel Sánchez Fornet.

Casi dos años después de la salida de Montiel de la Asamblea de Madrid y de IU-CM, el diario El Mundo publicó que la policía estaba investigando, por su posible relación con la trama Gürtel, el ático –un dúplex de 500 metros cuadrados en la exclusiva urbanización Alhambra del Golf, en Estepona– en el que González veraneaba desde hacía años. Unos días después de saltar la noticia a la palestra, el comisario jefe de Marbella, Agapito Hermes de Dios, es expedientado y trasladado a Madrid. Al mismo tiempo, el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se encargó de calificar la investigación de la Policía como "ilegal" y el propio expresidente madrileño de acusar al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.

La defenestración de Hermes dejaba también en la cuerda floja al inspector jefe de grupo y a los policías que habían investigado el lujoso ático, propiedad de la sociedad radicada en Delaware Coast Investors LLC y que el matrimonio González-Cavero alquilaba supuestamente por 2.000 euros al mes, aunque los investigadores sospechaban que se lo habían regalado a González como pago por alguna adjudicación pública. Fue en ese momento, alertado por las amenazas de expediente que se cernían sobre las cabezas de sus afiliados, cuando entra en acción el Sindicato Unificado de Policía (SUP), que entonces lideraba José Manuel Sánchez Fornet. "Yo, como sindicalista, defendía a los policías que habían recibido una orden y se dedicaron a cumplirla", señala en conversación con infoLibre.

En abril de 2012, se citó con el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, para comer. Un encuentro en el que, según contó Fornet a este diario casi tres años después, el máximo responsable policial intentó convencerle para que el sindicato pusiera freno a las denuncias sobre González. "Me dijo que no era bueno que el sindicalismo se mezclara con la política", cuenta el exlíder del SUP. Una cita de la que quedó constancia en una nota policial interna, que llevaba por título "Análisis sobre corrupción", y que recogía, entre otros aspectos, la modificación sustancial de un informe sobre las actuaciones alrededor del ático de González que había sido encargado a Hermes.

La nota, a la que tuvo acceso este diario, especificaba los cambios. Así, este dossier policial decía en su primera versión: "Por ahora no se habían encontrado pruebas sobre el verdadero propietario que se escondía detrás de Coast Investors, siendo por tanto necesario que se judicializara la investigación para solicitar. entre otras acciones, comisiones rogatorias". Pero la versión retocada del informe descartó la idea de solicitar apoyo judicial: "No se había encontrado nada que señale responsabilidad penal alguna entre los investigados".

Tras recabar algunos datos, y "obnubilado tras la comida al ver que un ministro y un director general dicen que los policías no pueden hacer una investigación por sí mismos", Sánchez Fornet y su equipo decidieron remitir un escrito a la Fiscalía Anticorrupción, que les respondió diciendo que "hay indicios pero que son insuficientes para que investigue la Fiscalía", cuenta. Tras esta respuesta, escriben a otros organismos: "Al fiscal general del Estado; a los grupos del Congreso y el Parlamento andaluz; a la Agencia Tributaria; a la UDEF; y al comisario general de Policía Judicial, José Enrique Rodríguez Ulla". Sólo el último respondió, poniendo en marcha una investigación. Al igual que Hermes, fue cesado fulminantemente.

  "A nadie le vale la pena enfrentarse a políticos tan poderosos con la cobertura del Estado. Acaba destrozando a cualquiera", dice Sánchez Fornet

A la vista de los cortapisas a la hora de indagar, el sindicato decidió en octubre de 2012 interponer una querella ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Estepona, el que actualmente lleva el caso. Una acusación que se mantuvo hasta la salida de Sánchez Fornet del SUP. Luego, la comisión ejecutiva del sindicato renunció a seguir siendo parte de la acusación popular "en pro" de sus "afiliados", un movimiento que el exlíder del sindicato policial define como "una traición". 

Fornet, ahora portavoz del Observatorio contra la Corrupción, está convencido de que hizo lo correcto, a pesar del acoso al que fue sometido por negarse a olvidar el asunto del ático de González. "Me han abierto expedientes, se han querellado contra mí varios mandos policiales...", detalla. Sin embargo, asegura que, "en la misma situación y sabiendo lo mismo", volvería a actuar de igual manera. "Pero a nadie le vale la pena enfrentarse a políticos tan poderosos con la cobertura del Estado. Acaba destrozando a cualquiera, es una tortura psicológica y una presión brutal. Y, encima, los que denuncian se quedan solos. En España no se quiere combatir la corrupción", sentencia.

  Los despedidos de Telemadrid no se rinden

Extrabajadores de Telemadrid frente a la sede del Gobierno regional.

Al mismo tiempo que Sánchez Fornet luchaba para que el caso del ático no fuese enterrado, un importante grupo de trabajadores de Telemadrid, que esperaban el inminente ERE anunciado por el Ejecutivo regional, hacían sus propias pesquisas sobre la gestión del ente público. Nacía así la Asociación de Afectados por la Gestión de la Televisión Pública Madrileña (AGTPM). El trabajo no fue sencillo: "La opacidad sobre lo que ocurría en Telemadrid era absoluta", cuenta Alberto Sánchez, uno de sus miembros. Pero las horas de búsqueda de documentos oficiales en Internet, principalmente en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), les permitió construir "un relato de hechos con una serie de indicios".

Con ayuda de Attac y, especialmente, de la abogada Liliana Pinedo, optaron por dar la batalla. "Ellos nos ayudaban a interpretar jurídicamente el relato y nos decían si había indicios suficientes", continúa José Ignacio González, también miembro de la asociación. En julio de 2013, pocos meses después del brutal ERE que dejó en la calle a 861 personas –de 1.169 que integraban la plantilla–, varios miembros del colectivo se entrevistaron con el fiscal Anticorrupción de Málaga y le entregaron un extenso informe y documentación donde, entre otras cuestiones, se detallaban adjudicaciones y contratos realizados por Telemadrid y el Canal de Isabel II a empresas vinculadas con el empresario Enrique Cerezo. Algunos de ellos, ruinosos para el ente público.

  "Lo que te da ánimos es ver que poco a poco todo va encajando como un puzzle y que nuestro esfuerzo no ha sido en vano", afirma José Ignacio

"La relación entre Rudy Valner –el famoso testaferro, empleado a su vez del presidente del Atlético de Madrid, que adquirió a través de la sociedad Coast Investors el ático que posteriormente alquilaría a González–, Cerezo y la Comunidad de Madrid era tan evidente, tan obvia, que daba hasta vergüenza no haberlo visto antes. No podía haber tantas casualidades juntas", explica José Ignacio. En el extenso documento, los trabajadores de Telemadrid hacían una serie de relaciones temporales entre adjudicaciones públicas a empresas de Cerezo y el ático que en 2012 adquiriría finalmente el expresidente por 770.00 euros.

Finalmente, en marzo de 2015, los extrabajadores de Telemadrid se personan en la causa como acusación popular. Tres meses después, el SUP se retiró. A pesar de la noticia, ellos decidieron continuar de la mano del que hasta ese momento había sido el abogado del sindicato, Javier Carnerero. "Si nos hubiésemos retirado nosotros, no sabemos lo que hubiera pasado... Habría quedado como acusación principal otra asociación dirigida por el comisario Villarejo...", reflexiona Alberto. Sin embargo, su continuidad permitió que en marzo de 2016 la jueza imputara finalmente tanto a González como a su mujer, Lourdes Cavero, y a Enrique Cerezo. "Si nos hubiéramos retirado, no sé si seguiría el caso ático abiertocaso ático", completa José Ignacio.

Han sido cinco años complicados, conceden. El peor día, dicen, es cuando les despidieron de la televisión pública, un ERE que el Tribunal Supremo calificó como no ajustado al derecho. Una decisión que truncó la vida laboral de 861 trabajadores y que ellos califican de "política", no económica. "Éramos molestos", señala Alberto. Pero ellos, en lugar de buscar trabajo, decidieron "buscar justicia y buscar la verdad". "Al final, lo que te da ánimos es ver que poco a poco todo va encajando como un puzzle y que nuestro esfuerzo no ha sido en vano", asevera José Ignacio.

Sin embargo, no quieren poner punto y final a la conversación con infoLibre sin antes decir que ellos sólo han sido "una pequeña pieza de un engranaje bien engrasado" y que, a día de hoy, todavía sigue funcionando a la perfección. No se olvidan de las incansables manifestaciones de los trabajadores despedidos. Ni tampoco del apoyo de la plataforma Salvemos Telemadrid, que ha mantenido, a pesar del paso del tiempo, "vivo el tema". Ni del "trabajo inmenso" del comité de empresa, que ha logrado situarlo en el epicentro político de la Asamblea de Madrid. "Al final hacen falta todas estas piezas para tener fuerza", sentencia Alberto.

El 18 de marzo de 2013, la jueza Isabel Conejo, que investiga en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Estepona el caso del ático del expresidente madrileño Ignacio González, reclamó por primera vez a las autoridades del Reino Unido su colaboración para determinar el destino del dinero del supuesto alquiler que el exmandatario del PP madrileño y su mujer, Lourdes Cavero, abonaron desde 2008 y hasta diciembre de 2012 por el alquiler del dúplex de lujo de la localidad malagueña.

Cuatro años después, la extrema lentitud de las traducciones y los continuos errores en las comisiones rogatorias, de cuya tramitación se encarga la Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia, cuyo titular es Rafael Catalá, han impedido a los investigadores determinar la identidad de las personas que recibían el dinero del matrimonio González-Cavero, ambos imputados en el caso como presuntos autores de los delitos de cohecho y blanqueo de capitales. Pero tampoco se sabe quién era el auténtico dueño del ático en 2008, cuando el expresidente madrileño alquiló el inmueble a un precio muy por debajo del mercado.

Con cuatro años de parálisis, el Ministerio de Justicia confirmó esta semana que el ministro Rafael Catalá envió el pasado 3 de noviembre un mensaje al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González con el siguiente contenido, adelantado por laSexta y el diario digital El Español: "Gracias Nacho. Un fuerte abrazo. Ojalá se cierren pronto los líosNacho". Justicia desvincula sin embargo esta última frase de cualquier asunto judicial que pudiera estar relacionado con el exmandatario madrileño.

Un día antes del mensaje, el 2 de noviembre de 2016, el letrado de Ignacio González y su mujer, Lourdes Cavero, presentaron un escrito en el Juzgado de Estepona en el que reclamaban a la jueza el sobreseimiento libre de la causa, "a falta del resultado de las comisiones rogatorias a Estados Unidos y Panamá".

Además, en las conversaciones grabadas por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la Operación Lezo a los integrantes de la trama, González se refiere al mensaje que recibió del ministro en una conversación posterior con el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, quien le dijo a González: "Hablé el otro día con Rafa, que lo estaban mirando, NachoNacho", en relación al caso del ático del expresidente madrileño en Estepona. Fuentes del caso asegura que las grabaciones muestran un interés continuo de González sobre el caso del dúplex, especialmente sobre el papel de la jueza y el fiscal.

El presunto testaferro Rudy Valner (con gafas y los ojos cerrados) en la final de la Champions en presencia de Ignacio Aguado de Ciudadanos (en primer plano a la derecha).

El 17 de marzo de 2015, el ministro Catalá, un conocido seguidor colchonero, fue fotografiado en el palco del Vicente Calderón junto al presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, en un partido de la Champions League contra el Bayern Leverkusen. Cerezo todavía no había sido imputado en el caso del ático, aunque las investigaciones ya apuntaban a que el comprador del dúplex de lujo, un testaferro profesional, era empleado de Cerezo en una sociedad con vínculos con Telemadrid. Al día siguiente, el 18 de marzo de 2015, el titular de Justicia asistió en visita de trabajo a la Audiencia Provincial de Málaga, al mismo tiempo que acudió al Colegio de Abogados de esta provincia andaluza. Catalá también fue invitado por el Atlético de Madrid a la final de la Champions de Milán.

Un nuevo error el 27 de marzo

De forma paralela, las comisiones apenas han avanzado en cuatro años. Y una prueba de estos errores se constata de forma reciente, en concreto el 27 de marzo, al leer una providencia en la que la jueza remite un documento a a la Policía Judicial para que los agentes completen la información que reclaman desde Londres. Y según las autoridades del Gobierno británico, tal y como consta en el escrito al que ha tenido acceso infoLibre, de nuevo tampoco podían colaborar con la instructora, porque la documentación remitida desde el Juzgado de Estepona adolecía de los datos básicos, pues no incluían el número de cuenta bancaria de la que se reclamaba la información al Reino Unido, propiedad de la empresa Coast Investors, que compró el ático en 2008.

Tal y como ha podido constatar este diario, este último error tiene su origen en el auto de 6 de noviembre de 2015, en el que la jueza pedía más documentos a las autoridades de Londres. La petición no fue traducida al inglés hasta el 3 de marzo de 2016, y no llegó al Ministerio de Justicia hasta el 8 de abril de 2016.

El 11 de abril, seis meses después del auto de la jueza, la documentación fue remitida al Reino Unido, cuya contestación se recibió el 22 de diciembre de 2016, pero que no llegó traducido al castellano al juzgado de Estepona hasta el 1 de marzo, aunque nuevamente contenía un error, que se comunicó a las partes el 27 de marzo de 2017, año y medio después de la petición, y sin haber conseguido ningún dato de interés.

Números erróneos de una cuenta

Pero esta no es la primera vez que se remiten datos erróneos en las comisiones rogatorias, ya que el 19 de febrero de 2015, las autoridades de Washington, que habían recibido la primera petición de auxilio judicial en septiembre de 2013, explicaban que el banco de este país aseguraba que en virtud de los datos aportados por España no encontraba las transferencias. Sin embargo, la acusación popular de los extrabajadores de Telemadrid detectó que la jueza había comunicado de forma errónea los números de la cuenta que se quería investigar.

Todos estos errores de la justicia y de la Policía estuvieron a punto de acabar con el caso. De hecho, en 2015 el Reino Unido llegó a advertir su intención de cerrar el expediente si no recibía los datos necesarios. Así, Londres dio un ultimátum: "Las autoridades británicas comunican que si no reciben la información antes del próximo 31 de octubre de 2015, procederán al cierre del expediente", indicó el Ministerio de Justicia, que en un escrito se dirigía a la jueza: "Por ello, le ruego nos facilite dicha información, debidamente traducida, al objeto de remitirla a las autoridades de Reino Unido para que, a la mayor brevedad, puedan continuar con la ejecución de su solicitud".

Ignacio González y Rafael Catalá.

Por su parte, Estados Unidos comunicó a España que el banco desde el que se realizaron las transferencias del dinero ya no disponía de los extractos bancarios de las operaciones de compraventa del ático, que había realizado en 2008 un testaferro profesional, el ciudadano mexicano Rudy Valner, que acordó la compra del dúplex de lujo en 2008 de forma telefónica, según aseguró la vendedora, que reconoció que la mujer de Ignacio González, Lourdes Cavero, había visitado previamente el inmueble, por el que el matrimonio acabó pagando en diciembre de 2012 un total de 770.000 euros.

Madrigal quiso acelerar el caso

La lentitud de los auxilios judiciales internacionales en el caso del ático se han mantenido en todo momento, pese a que la anterior fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, afirmó en marzo de 2015 que había pedido al embajador de Estados Unidos en España, James CostosEstados Unidos, que agilizara la comisión rogatoria en Delaware de la que dependía especialmente el avance de la investigación. Dos años después, las rogatorias siguen colapsadas, y Madrigal ha cedido su puesto a José Manuel Maza, fiscal general del Estado desde que fue propuesto en noviembre de 2016 por el Consejo de Ministros.

Los errores en la tramitación de las peticiones a EEUU, Reino Unido y Panamá estuvieron presentes casi desde el primer día. Así, la rogatoria a Londres se reclamó de forma claramente errónea, ya que se solicitó vía Interpol, cuando estas reclamaciones siempre se hacen entre los Gobiernos de los países involucrados, y en concreto entre los ministerios de Justicia.

El ministro de Justicia, a Ignacio González, en 2016: "Ojalá se cierren pronto los líos".

Esta grave equivocación, que ni el Tribunal Superior de Justicia, ni el Ministerio de Justicia, ni la Consejería de Justicia de Andalucía asumieron, provocó un vacío en la investigación, que tuvo que reactivar la jueza el 16 de junio de 2014, un año y tres meses después del primer auxilio judicial enviado a las autoridades británicas.

Además, la colaboración con Londres y Washington también también ha sufrido otros importantes problemas. La petición de información realizada por la jueza Isabel Conejo el 3 de mayo de 2016 a Estados Unidos no fue enviada traducida a la Subdirección General del de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia hasta el 26 de septiembre de 2016. El 4 de febrero de 2016, la jueza constató que no se había traducido al inglés otra rogatoria reclamada por la jueza el 6 de noviembre de 2015.

La traducción de los documentos judiciales, que lleva a cabo la empresa Seprotec, depende de las Comunidades Autónomas, y en este caso del Gobierno de Andalucía. El Ministerio de Justicia sostiene que no tiene ni competencias ni medios para hacer frente a la traducción de los expedientes judiciales.

La acusación popular ejercida por los extrabajadores de Telemadrid tiene previsto registrar esta mañana un escrito en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Estepona, en el que solicitan a la jueza Isabel Conejo, que instruye el caso del ático del expresidente madrileño Ignacio González, que se inhiba en favor del magistrado Eloy Velasco, que investiga la Operación Lezo por la que el exmandatario del PP madrileño permanece en prisión desde la noche del viernes.

Además, y en el caso de que la jueza se niegue a dejar el caso, la acusación popular ejercida por el abogado Javier Carnerero en nombre de los extrabajadores de Telemadrid reclama a la instructora que solicite todas las grabaciones, SMS y comunicaciones en general de la Operación Lezo en las que se aluda al dúplex de lujo, o en las que participe el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo.

Viaje de trabajo a Madrid

En cuanto la jueza Conejo reciba el escrito, tendrá que informar a la Fiscalía, que deberá tomar una decisión sobre si el caso se debe enviar a la Audiencia Nacional. En este sentido, un portavoz oficial ha asegurado a infoLibre que el fiscal jefe de Málaga, Juan Carlos López Caballero, que se ha encargado de la investigación del caso del ático, va a viajar a Madrid este miércoles. Según fuentes fiscales, en la capital tiene intención de mantener una reunión con el fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix. Las mismas fuentes del Ministerio Público han precisado que podría tratarse de una visita de cortesía.

Precisamente, hace dos semanas, la Fiscalía Anticorrupción en Málaga solicitó a la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Estepona (Málaga) que prorrogara la declaración de complejidad de la causa en la que se investiga el ático que el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y su mujer tenían arrendado en la ciudad malagueña y que, posteriormente, pasó a ser suyo.

Esto supone tener 18 meses más para seguir la investigación. Así lo han asegurado fuentes fiscales, quienes han señalado a Europa Press que los motivos argumentados por Anticorrupción para pedir esta prórroga son que en la actualidad se mantiene prácticamente la misma situación que cuando se declaró compleja la causa, en marzo del pasado año.

Las grabaciones de las conversaciones realizadas por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a los integrantes de la trama muestran las conexiones que el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, presunto cabecilla de la trama disuelta con la Operación Lezo, ha mantenido con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y con el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, que también está imputado en el caso del ático de Estepona.

Catalá, de cuyo departamento dependen las comisiones rogatorias reclamadas por la jueza de Estepona que investiga el caso del ático, Isabel Conejo, contestó el 3 de noviembre de 2016, según han adelantado laSexta y El Español, a un SMS de felicitación que le había remitido previamente González en el que le daba la enhorabuena por su nombramiento como ministro de Justicia: "Gracias Nacho, un fuerte abrazo. Ojalá se cierren pronto los líos".

Precisamente, las comisiones rogatorias de este caso han sufrido una extrema lentitud, que ya ha tenido importantes consecuencias en la investigación, según se especifica en una providencia de la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número, Isabel Conejo. Esta resolución, de 6 de noviembre de 2015, explica que el US Bank, la entidad financiera de Estados Unidos desde la que se realizaron en marzo de 2008 las dos transferencias de 100.000 y 650.000 euros con los que la empresa offshore pagó el ático de Estepona, ya no disponía de la documentación relativa al origen del dinero, según una nota enviada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos a las autoridades españolas.

Cuando el ministro Catalá envió el SMS, González, su mujer, Lourdes Cavero, y el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, llevaban ya nueve meses imputados por la jueza de Estepona, al mismo tiempo que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco investigaba en secreto la denominada trama Lezo.

Un portavoz del Ministerio de Justicia ha asegurado a laSexta que cuando el ministro se refiere en el mensaje a los "líos" está hablando de los problemas políticos de cara a la gobernabilidad. Sin embargo, tan sólo un día después del SMS, el 4 de noviembre, Catalá tomaba posesión de su cargo de ministro.

En el palco con Cerezo

El 17 de marzo de 2015, el ministro Catalá fue fotografiado en el palco del Vicente Calderón junto al presidente del Atlético de Madrid, Enrique CerezoCatalá , que todavía no estaba imputado en el caso del ático, aunque las investigaciones ya apuntaban a que el comprador del dúplex de lujo, un testaferro profesional, era empleado de Cerezo en una sociedad con vínculos con Telemadrid. Al día siguiente, el 18 de marzo, el titular de Justicia asistió en visita de trabajo a la Audiencia Provincial de Málaga, al mismo tiempo que acudió al Colegio de Abogados de esta provincia andaluza.

Asimismo, Rafael Catalá viajó invitado por el Atlético de Madrid a la final de la Champions League celebrada en Milán, en la que el conjunto de Cerezo, que ya estaba imputado en Estepona, se enfrentó al Real Madrid. En el viaje también participaron otros políticos madrileños como Begoña Villacís (Ciudadanos). A la final también acudió el testaferro profesional y empleado de Cerezo que compró el ático desde EEUU, Rudy Valner, y tras visitarlo la mujer de González, Lourdes Cavero.

El presunto testaferro Rudy Valner (con gafas y los ojos cerrados) en la final de la Champions en presencia de Ignacio Aguado de Ciudadanos (en primer plano a la derecha).

Pero los mensajes interceptados por la UCO de la Guardia Civil apuntan a otras maniobras de González en relación con la justicia. En una conversación intervenida por orden del juez Velasco,el expresidente de la Comunidad de Madrid explica al exministro y expresidente valenciano Eduardo Zaplana su intención de cambiar a un juez: "Vamos a ver Eduardo, tenemos el Gobierno, el Ministerio de Justicia, y escucha: tenemos a un juez que está provisional. Tú lo asciendes. Yo le digo: a ver, venga usted pa' acá. ¿Cuál es la plaza que le toca?¿Onteniente? A tomar por culo a Onteniente y aquí que venga el titular, que ya me las apañaré con el titular".

Precisamente, en el caso del ático la jueza sustituta, Mariana Peregrina, se encargó de la instrucción durante los meses de baja maternal de la titular Isabel Conejo. Esta jueza ordenó en un primer momento imputar a la mujer de González, Lourdes Cavero, al mismo tiempo que solicitó que el caso se enviara a la Audiencia Nacional. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Málaga revocó esa decisión, por lo que dejó el caso en el Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona. Su titular, Isabel Conejo, de vuelta a su puesto, fue más allá y acordó la imputación del matrimonio con el respaldo del fiscal delegado de Anticorrupción de Málaga, Juan Carlos López Caballero.

Sin embargo, el diario El Español asegura que González hace referencia a que la plaza en propiedad que ocupa Velasco, la del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, es de otro juez, Manuel García-Castellón, que está de juez de enlace en Roma.

En otra de las conversaciones que González mantiene con Zaplana, el primero alude a sus deseos sobre quién debe ser fiscal jefe de Anticorrupción: "A ver si podemos colocar el tema del fiscal Anticorrupción, Yo creo que va a salir él, si sale es cojonudo. Se llama Moix, es un tío bueno y serioMoix. Yo no soy quién, pero no me corto a decirle a Rafa: "Oye Rafa, ¿sabes? El aparato del Estado y los medios de comunicación van aparte. O los tienes controlados o estás muerto", indica el expresidente madrileño a Zaplana.

Moix rechazó investigar el campo de golf

Precisamente, según adelantó infoLibre, Moix rechazó el registro de la sede del Canal para reclamar información de la etapa de la presidencia de la Comunidad de Alberto Ruiz-Gallardón al considerar que esta investigación debería desgajarse del caso Lezo, por lo que deberían encargarse del mismo otro instructor y otros fiscales diferentes a los de la trama de Ignacio González. Este fue el motivo por el que los fiscales de Anticorrupción invocaron el artículo 27 de su Estatuto para oponerse a la decisión del fiscal jefe de Anticorrupción.

Además, tal y como ha adelantado este diario, el propio Moix ya había cerrado en 2009 la investigación por la adjudicación de un campo de golf en el centro de Madrid a una empresa de un hermano y un cuñado del expresidente madrileño.

En este sentido, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, defendió este martes al fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Manuel Moix, tras conocerse la semana pasada las discrepancias manifestadas en el seno de la Fiscalía Anticorrupción sobre los registros de la operación Lezo. "Me parece intolerable que diga que el fiscal Anticorrupción paraliza, bloquea o no quiere llevar a cabo investigaciones", enfatizó.

El relevo de Velasco

Pero en sus conversaciones grabadas, González también se refiere al relevo del juez Velasco, que además del caso Lezo instruye la Púnica, en la que aparece el nombre de Zaplana vinculado a la trama liderada por Francisco Granados: "Este poli me ha dicho que al Velasco le van a mandar al Supremo, pero yo creo que hay una jugada, me ha contestado este, si hay un juez de apoyo, para sacarlo de ahí y dejar al de apoyo".

Tal y como adelantó infoLibre, el juez Velasco reclamó un puesto en la nueva sala de apelaciones de la Audiencia Nacional. Velasco tomó esta decisión después de que el Consejo General del Poder Judicial no prorrogara la presencia del juez Alejandro Abascal como refuerzo de Velasco, que se incorporó al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional en marzo de 2016.

González también mantuvo conversaciones con el expresidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, en las que también hablan de cómo evitar la investigación de la jueza de Estepona Isabel Conejo. en la conversación, siempre según La Sexta, Cerezo asegura: "Dicen que el juez es el juez y que no se puede hacer nada, yo ya les he dicho, aquí qué queda, ¿pegarle dos tiros a la jueza? ¿Qué alternativas tengo?¿no se puede hablar con el fiscal?", a lo que Cerezo contesta: "Volveremos a hablar con este a primeros de septiembre, porque si quieren guerra vamos a tener guerra".

Con el ministro del Interior

Asimismo, el expresidente de la Comunidad de Madrid propuso al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, tomarse un café en una llamada de teléfono en la que le felicitó por su nombramiento como ministro del Interior, según han explicado a Europa Press fuentes conocedoras de la conversación, que precisan que dicho encuentro no llegó a celebrarse.

Zoido concluyó su intervención en el Senado señalando que él y otros miembros del Ministerio del Interior recibieron "centenares" de felicitaciones a su llegada al Departamento, incluyendo la que expresó en persona Pablo González, directivo de Mercasa y hermano del expresidente madrileño Ignacio González, en su cita con el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto.

Según Zoido, esa reunión fue solicitada días después de Reyes y se celebró el 8 de marzo para tratar cuestiones relativas a la seguridad de nuevos centros de Mercasa, la empresa pública que abastece a los mercados de diferentes ciudades españolas.

"Se ha reunido con luz y taquígrafos en su despacho", dijo sobre el secretario de Estado, añadiendo que éste "no tiene necesidad de reunirse en gasolineras, ni en ningún reservado, ni dar ningún chivatazo para que algún servicio se tenga que desmontar", aludiendo de esta forma de forma indirecta a diferentes polémicas de la etapa del PSOE en el Gobierno.