La reforma laboral ha conseguido reducir el empleo temporal en un 30% en las empresas privadas durante los dos años que lleva en vigor. Pero en las administraciones públicas el ritmo está muy lejos de ser ejemplar. En 2022 y 2023 sólo han recortado en un 6,68% los puestos eventuales, cinco veces menos, por tanto, que el sector privado. Y en las empresas de propiedad estatal el resultado es aún más decepcionante: el empleo temporal incluso ha crecido un 3,5% en los dos últimos años, al menos según se desprende de los microdatos de la última Encuesta de Población Activa, correspondientes al tercer trimestre de 2023.

Es más, en 2022, el primer año en que la reforma laboral desplegó sus efectos, las empresas públicas españolas redujeron en un 27,2% sus trabajadores temporales, por lo que ahora tienen 10.411 menos que el año precedente. Pero en 2023 los aumentaron en un 18,12%, y eso sin contar el cuarto trimestre, cuyos datos no se conocerán hasta el próximo 26 de enero. De forma que, si en el primer trimestre de 2022 el número de empleados temporales en las empresas estatales era de 38.194, en el tercer trimestre de 2023 se elevaron a 39.540. Como también han crecido los indefinidos, un 12,8% en estos dos años, en el sector público empresarial la tasa de temporalidad se ha quedado en el 21,4%, sólo un punto y medio menos que en el inicio de 2022. Aun así, se mantiene siete puntos por encima de la tasa del sector privado, que se sitúa en el 14,2%.

En el conjunto de las administraciones públicas, la tasa de temporalidad alcanza el 29,75%, por lo que ha descendido 2,7 puntos desde el primer trimestre de 2022. Es decir, en las empresas estatales se ha reducido casi la mitad que en el resto del sector público.

Con estos números no sólo se está incumpliendo la reforma laboral, sino que es poco menos que imposible que se aplique la Ley 20/2021 de 28 de diciembre, que fija en un 8% la tasa de empleos temporales a la que deben llegar las administraciones públicas el 31 de diciembre de 2024.

El sector público empresarial lo conforman desde Adif y Renfe o Enaire y el ICO –21.480 trabajadores– hasta las 14 empresas donde la SEPI tiene una participación mayoritaria –76.350 empleados–: Correos, Navantia, Tragsa, Paradores, RTVE… La estabilidad en el empleo en cada una de ellas es muy dispar. En Renfe, sólo el 4,2% de sus 14.490 trabajadores tenía un contrato temporal en 2021, el último año cuyas cuentas publica en su página web. La que mayor temporalidad sufre es Tragsa, con un 67,9% de empleados eventuales en septiembre de 2023. En Navantia, el 93,75% de la plantilla –4.547 personas– es indefinida, según declara en su web.

De hecho, nada más entrar en vigor la reforma laboral, la dirección de Tragsa se presentó ante sus trabajadores como la avanzadilla del “cambio cultural” que el Gobierno quería imprimir en el sector público empresarial. La compañía es uno de los denominados “medios propios instrumentales” de la Administración, como también Ineco o Isdefe, por lo que sólo trabaja con los encargos que les hacen las instituciones públicas. El presidente de Tragsa, Jesús Casas Grande, anunció entonces que las empresas públicas iban a ser el “referente” en materia laboral para el sector privado, abocado al mismo cambio de cultura: “Tenemos que ser ejemplares”, proclamó Casas Grande en un vídeo distribuido entre la plantilla. “Esto es una política de Estado”, dijo, así que es necesario “vencer inercias e incomodidades”.

Dos años después, sin embargo, la temporalidad en Tragsa, lejos de reducirse, ha crecido 5,7 puntos porcentuales. En la filial, Tragsatec, alcanza el 71,3%, según los datos de la empresa a septiembre de 2023. El grupo ha multiplicado su actividad los últimos años, con una producción que en septiembre se elevaba a 1.240,8 millones de euros, un 32,5% por encima de la cifra acumulada hasta ese mismo mes de 2022. Su cartera de pedidos supera en un 14,3% la firmada el año precedente para los tres primeros trimestres.

Así que también ha explotado la contratación de personal con el que hacer frente a tantos encargos. La plantilla ha crecido nada menos que un 46,2% desde que entró en vigor la reforma laboral. La componen 24.539 trabajadores, de los cuales 12.154 pertenecen a la filial, donde el aumento de personal ha sido del 50,8%. De los 7.755 nuevos empleados del grupo, 6.222 son temporales. Estos han crecido un 59,6% en los dos últimos años, mientras que los fijos sólo lo han hecho un 24,2% –un 14,2% en 2023–.

Mientras, las plazas que salen a concurso para hacer realidad ese “cambio cultural” en Tragsa son 2.213 correspondientes a la tasa adicional de estabilización y 1.581 correspondientes a la tasa de reposición específica. En Tragsatec son 2.383 –200 de ellos fijos discontinuos– y 673, respectivamente. En total, 6.850 plazas en cuatro fases, de las que ya se han finalizado dos –2.830–, asegura el propio grupo a infoLibre. Pero esa cifra es insuficiente para hacer indefinidos a los dos tercios temporales de la plantilla, lamentan las fuentes sindicales consultadas.

Una parte de estos eventuales, no obstante, se encuentran cubiertos por la excepción que permite hacer la reforma laboral con los contratos temporales que sean necesarios para gestionar los fondos de recuperación de la UE. La última estadística del SEPE muestra que en 2022 se formalizaron en toda España 22.402 contratos eventuales acogidos a esta excepción, mientras que en 2023 se han quedado en 17.766.

Según explican las fuentes sindicales, la empresa está utilizando contratos de sustitución como “transición” hacia la fijeza, cubriendo el periodo de tiempo necesario hasta que sale a concurso la plaza de que se trate. O bien, al acabarse el contrato, los temporales pasan unos meses “en la nevera” y se les vuelve a contratar después, aseguran.

A preguntas de infoLibre, Tragsa reconoce que el aumento del número de encargos que le hacen las administraciones públicas, sobre todo los financiados con los fondos Next Generation, ha hecho crecer el empleo temporal en la empresa. Y que un "volumen importante" de los nuevos contratos se acogen a la excepción permitida por la reforma laboral para los fondos europeos. En concreto, cifra en 3.727 los contratos de este tipo firmados por Tragsa en los dos últimos años. Es decir, el 60% de los temporales. Los contratos de sustitución, con los que “se cubren temporalmente los puestos de trabajo hasta que acaba el proceso de selección par su cobertura definitiva”, ascienden a 2.426.

Pese a estas dificultades, el objetivo del grupo es haber creado 13.700 empleados fijos “a finales de 2024 y principios de 2025, en la senda de las previsiones del Plan Estratégico 2024-2038” , apunta.

En cualquier caso, en 2023 se ralentizó tanto en el sector público como en el privado la rebaja de la temporalidad que con tanto ritmo reflejaron las estadísticas en 2022. En las administraciones públicas el número de trabajadores eventuales se recortó en 49.800 personas durante los tres primeros trimestres del año pasado, mientras que en el mismo periodo de 2022 la reducción alcanzó los 51.900 empleados. En todo 2022, la rebaja de temporales fue superior, 62.700 personas.

En el sector privado, 2023 fue aún peor. Mientras que en los tres primeros trimestres de 2022 los trabajadores eventuales disminuyeron en 534.300 –y nada menos que en 921.300 en todo el año–, en el mismo periodo de 2023 la tendencia se ha revertido: los temporales aumentaron en 179.000 personas. Como entre enero y octubre también crecieron los fijos, la tasa de temporalidad del sector privado ha quedado en el 14,2%, apenas por debajo del 14,8% con que terminó 2022, pero aun así medio punto por encima del 13,7% con que se inició 2023, y que ha sido el mínimo histórico hasta la fecha. Durante 2022, la tasa se redujo nada menos que 7,3 puntos porcentuales.

“En el sector público la tasa de temporalidad está enquistada”, explica Trinidad Molina, responsable de Empleo de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO. Para que bajara, deberían salir a concurso plazas suficientes que transformen los eventuales en indefinidos. Como no se aprueban, el número de interinos no se reduce, o al menos no en la cantidad necesaria para cumplir ni de lejos con ese 8% que exige la ley. Así, muchos de ellos continúan acumulando años en puestos sin plaza. Las culpas se reparten entre las propias empresas, que deben pedir las plazas, y el Ministerio de Hacienda, que debe aprobar las convocatorias, añade Trinidad Molina. Según destaca, la temporalidad es aún más acusada en las empresas públicas municipales.

La Encuesta de Población Activa también revela cuál es la duración de los contratos temporales que se siguen firmando en el sector público. Apenas los hay de un día y los de menos de un mes no superan los 11.000, un 43,8% menos que antes de la reforma laboral. También se suscriben menos contratos de duración inferior a los dos años –una caída del 17,5% en los de uno a dos años, los más habituales, que sumaron 146.600 en el tercer trimestre de 2023–. Pero, por el contrario, crecen los de dos años, un 4,6%, y se han disparado los de más de tres años, un 46,6%.

El compromiso del Gobierno con la UE para todas las administraciones públicas es convertir en fijos a 300.000 empleados temporales. En Correos se puso en marcha el año pasado un “proceso de estabilización”, una convocatoria de empleo de 7.757 plazas. Los sindicatos piden otras 4.000 más para 2024. Paradores ha obtenido autorización para cubrir 1.127 puestos mediante contratos indefinidos, un plan que debe quedar ejecutado antes del 31 de diciembre de este año. La empresa cuenta con una plantilla de 3.892 trabajadores, de los cuales el 31,1% son temporales, según los datos que el Gobierno facilitó al senador de Compromís Carles Mulet en una respuesta escrita. RTVE pretende hacer fijos a 1.082 trabajadores, además de haber convocado 767 plazas fijas de acceso libre.

La Seguridad Social abrió un total de 680.707 expedientes del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en 2022, pero sólo fue capaz de resolver 364.349. El pasado diciembre, los ciudadanos detrás de los restantes 316.358 estaban aún a la espera de saber si se les concedía o no la ayuda de los 484 euros. Es decir, casi la mitad de los expedientes –el 46,74%– se encontraban en el limbo burocrático. Las cifras proceden del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que hace y publica un seguimiento mensual de indicadores y objetivos para cada una de las prestaciones que concede. En el correspondiente al IMV figuraba como meta para el ejercicio pasado “conseguir un coeficiente de cobertura (resueltos/iniciados)” del 100%, que obviamente no se ha cumplido. Y por mucho.

Para medir el volumen de trabajo pendiente, se puede comparar esa cifra con la de los 595.511 hogares beneficiados con el IMV desde que comenzó a pagarse, en junio de 2020, de acuerdo con los últimos datos publicados por el Ministerio de la Seguridad Social.

Entre esos indicadores y objetivos no se incluye en el caso del IMV ninguno relativo a tiempos medios de tramitación, a diferencia de otras prestaciones. Para las de incapacidad permanente se fija un objetivo de 60 días en 2022, pero la espera media se situaba en diciembre en 89 días, casi tres meses. Para tramitar una pensión de jubilación, se pretendía llegar a sólo 12 días, pero se quedó en 21. El derecho a las de viudedad y orfandad debería haber sido reconocido en 10 días, pero no baja de 23. Aunque el INSS no haya fijado ningún objetivo de tiempo de resolución para los expedientes del IMV, en la solicitud en PDF para solicitar la ayuda sí que destaca en su primera línea que “el plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento iniciado es de seis meses”. El doble que el actual para reconocer una incapacidad permanente, por tanto.

El problema es que la tramitación supera ampliamente ese plazo. “Pueden ser 10 meses o incluso más”, lamenta Ana Herrero, que trabaja con estos expedientes en el INSS de Soria y es delegada del sindicato CGT. Las causas de semejante demora son múltiples. “Es una prestación más complicada que las demás, ha habido muchas modificaciones en la ley desde que se creó, utilizamos programas informáticos que no están preparados y no hay personal suficiente”, resume.

En los indicadores y objetivos del IMV, el INSS hace constar que la plantilla dedicada a tramitar estos expedientes debería haber sido el año pasado de 1.275 funcionarios, para los que se había presupuestado un gasto de personal de 49,8 millones de euros. En enero de 2022, los empleados públicos al cargo del IMV eran 1.131, un número que creció hasta llegar a 1.239 en septiembre, pero que se quedó en 1.219 al acabar el año, 56 funcionarios por debajo del objetivo presupuestado inicialmente.

“Tocamos a 400 expedientes por funcionario”, explica Ana Herrero, “y tramitamos unos 10 o 15 al día”. El volumen nunca baja, añade, porque cada nuevo día entran otros tantos como los resueltos la víspera.

La falta de personal en la Seguridad Social, así como su envejecimiento, han sido una denuncia constante de los sindicatos de la función pública desde hace una década. El propio ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, cifra en un 20% la reducción de las plantillas desde 2012, que achaca a la falta de cobertura de las vacantes. Llamadas y citas previas desatendidas, colas en las oficinas, interrupciones en el pago de prestaciones, demoras en el reconocimiento del derecho, el cierre de las oficinas de atención desde la pandemia, el paso de la atención presencial a la telemática para trámites muy complejos… son sólo algunas de las quejas sindicales y ciudadanas que han llegado al Defensor del Pueblo.

En su último informe, hecho público el pasado día 13, Ángel Gabilondo destaca las “cuantiosas” quejas recibidas por “la dificultad que encuentran los ciudadanos para conseguir cita en la Seguridad Social”. Además, es el IMV la prestación social sobre la que el Defensor recibe más denuncias desde que se creó la ayuda en mayo de 2020, “por encima incluso de la pensión de jubilación”. En el Congreso, José Luis Escrivá minimizó estos datos señalando que eran sólo “3.500 quejas de los 17 millones de interacciones” que la Seguridad Social tiene cada año con los ciudadanos. Según el informe del Defensor del Pueblo, Seguridad Social y Empleo es el área de la que recibe más quejas, un 13,2%. De los 31.452 expedientes abiertos por la institución, 4.151 proceden de esos dos territorios. Por lo que a la Seguridad Social se refiere, el Defensor del Pueblo constata el “lastre” que para la asistencia al ciudadano supone la “carencia de personal” en la red de oficinas del INSS, la dificultad para dotarlas de más funcionarios y la brecha digital, toda vez que se fomenta la asistencia no presencial.

Nada más aprobarse el IMV, el Ministerio de Seguridad Social firmó una encomienda de gestión con Tragsatec, filial de la empresa pública Tragsa, para que le apoyara en la gestión de los expedientes. Fueron dos encargos: uno para tramitar las solicitudes y otro para proporcionar atención telefónica a los solicitantes de la ayuda. Las encomiendas, de cuatro meses de duración, se prorrogaron hasta diciembre. Pero no se renovaron en 2021. Para ayudar en la gestión de los expedientes, Tragsatec aportó 500 empleados en régimen de teletrabajo –España se encontraba todavía en plena pandemia–. En total, la Seguridad Social se gastó 9,31 millones de euros para lanzar el IMV.

Además, el ministerio puso a 3.380 interinos a trabajar con los expedientes, según la cifra facilitada a infoLibre por el departamento. Ana Herrero recuerda que el contrato de esos interinos terminará en septiembre. Preguntada por la falta de personal y las demoras en la tramitación de los expedientes, la Seguridad Social responde que la mayoría de los 316.358 no resueltos “requieren documentación adicional, que deben expedir otras administraciones, como el certificado de servicios sociales, y muchos se encuentran a la espera de recibirla”. Pero no explica a qué se debe el retraso, si la causa es la falta de personal, cuánto tiempo se tarda en resolver una solicitud o por qué no se renovaron las encomiendas con Tragsatec.

En efecto, la tramitación del IMV resulta especialmente compleja debido a que es necesario “incorporar de forma automatizada mucha información procedente de otras administraciones públicas”, reconoce el Defensor del Pueblo en su informe. Los funcionarios deben cruzar datos de la Agencia Tributaria, del padrón –que elabora el Instituto Nacional de Estadística–, de los ayuntamientos –que emiten los certificados sociales— y a veces del Ministerio del Interior si es necesario un certificado de residencia legal en España al tratarse de un ciudadano extranjero.

En definitiva, el IMV ha supuesto un aumento de la carga de trabajo para una administración “ya tensionada por la disminución y adelgazamiento de su plantilla”, subraya el Defensor del Pueblo. Pero, además, los funcionarios se encuentran con problemas adicionales. Según denuncia Sergio Álvarez, delegado de CGT en el INSS, la gestión del IMV está “deslocalizada”, por lo que una solicitud puede tramitarse en la delegación de una provincia distinta a la de residencia del futuro perceptor. “Y los programas informáticos son tan malos que, por ejemplo, no te permiten incluir el acuerdo derivado de una sentencia de divorcio o, como no es obligatorio incorporar el DNI de los menores, la Intervención te para el expediente porque ellos sí los exigen. Entonces tienes que cancelar el expediente y enviarlo a lo que llamamos la ‘rueda’, donde se le vuelve a asignar a una delegación provincial del INSS y empieza de nuevo la tramitación… con el consiguiente retraso”, describe Ana Herrero.

Así, de acuerdo con la información a la que ha tenido acceso infoLibre, el pasado septiembre en Barcelona se estaban tramitando aún las solicitudes de febrero. Y en Madrid, de las 61.113 solicitudes recibidas en 2021, 4.118 fueron canceladas y 10.746 inadmitidas, una calificación que sólo existe para el IMV, pero para ninguna otra prestación. Las primeras son aquellas que aparecen duplicadas o a las que se pide documentación y no se entrega. Las segundas no llegan a pasar el primer filtro, el de la renta y el patrimonio. En total, casi una cuarta parte de las solicitudes del IMV en Madrid fueron rechazadas sin llegar a ser tramitadas o se hallaban en “la rueda” tras ser canceladas y a la espera de reanudar su tramitación. Muchas más, 21.174, el 34,6%, fueron denegadas y sólo 13.910, el 22,7%, fueron aprobadas. Otras 2.831 fueron reconversiones de prestaciones familiares y las restantes 8.334 estaban a la espera de ser resueltas.

Otra disfunción del sistema, tal y como revela Ana Herrero, es que desde que la Seguridad Social concede también el complemento de ayuda para la infancia –100 euros para los menores de tres años, 70 euros para quienes tienen hasta seis años y 50 euros hasta los 18– no se hace distinción entre éste y el IMV. El ingreso mínimo no tiene prioridad en la tramitación respecto al complemento, pese a que la ayuda a la infancia la pueden cobrar familias con mayores ingresos y patrimonio que los fijados para el IMV. Se tramitan ambos al mismo tiempo.

¿Qué ocurre cuando la solicitud del IMV pasa más de seis meses en tramitación? El ciudadano puede preguntar al INSS. Pero se encontrará con “importantes dificultades para obtener cita previa en la mayoría de las provincias, por no estar disponibles, o por significativas demoras en su concesión”, advierte el informe del Defensor del Pueblo, “lo que conduce a reiterados intentos, en sucesivos días y horas, a acudir a una provincia menos saturada que no corresponde a su domicilio o a recurrir a gestorías privadas, con el consiguiente abono del servicio”.

De nuevo según al informe sobre indicadores y objetivos del INSS, la atención a los usuarios se ha reducido un 38% entre 2019 y 2022. En 2019 la Seguridad Social pretendía atender a ocho millones de personas, pero en 2022 los atendidos de forma presencial y por teléfono sólo fueron 4,95 millones de ciudadanos. El resto contactó con el INSS a través de internet, o no contactó en absoluto. La asistencia telemática es desde 2021 el canal que prioriza el ministerio. Según las cifras facilitadas a este periódico, las “atenciones” a través de la web superaron los seis millones en 2022.

Pero, si la consulta es sobre el IMV, puede que el interesado no obtenga una respuesta satisfactoria. Para empezar, el teléfono de asistencia para esta prestación atiende sólo por las mañanas, de nueve a dos y media de la tarde, mientras que para el resto de las prestaciones el horario de atención se prolonga hasta las ocho. infoLibre ha preguntado al ministerio por el motivo de esta diferencia, pero no ha obtenido ninguna respuesta. Además, desde que dejaron de ayudar los 150 empleados de Tragsatec, en diciembre de 2020, sólo se han añadido cinco funcionarios a este servicio, por lo que ahora únicamente 20 personas atienden a los solicitantes del IMV de toda España por teléfono, lamenta Sergio Álvarez. Además, en algunas provincias el funcionario al otro lado de la línea no puede abrir una incidencia; no se permiten, asegura. O, a diferencia de lo que ocurre con otras prestaciones, no puede comprobar en su ordenador los datos de la solicitud para informar al ciudadano de cuál es el problema con su expediente. “No existe una aplicación informática propia para el IMV”, resume.

Así que no es de extrañar que las llamadas al teléfono de atención al IMV se desplomaran de las 813.055 de 2020 a sólo 136.609 en 2021, último año del que el INSS publica datos en su memoria.

En su lugar, el ministerio potencia el trámite electrónico. Que no está exento de dificultades. El PDF que ofrece el INSS para solicitar la prestación tiene nada menos que 19 páginas y requiere adjuntar múltiple documentación. Un buen ejemplo de la brecha digital que se abre para muchos posibles perceptores del IMV. El ministerio asegura a infoLibre que intenta hacer “más ágiles” los trámites y permitir “fórmulas de autenticación sencillas”. Por ejemplo, ahora los ciudadanos pueden solicitar el IMV haciéndose un selfie donde aparezca con su DNI. “Pero hay veces”, cuenta resignada Ana Herrero, “que en la foto el número del carné aparece tan borroso que no podemos leerlo y hay que pedirle al solicitante que lo vuelva a mandar…”. La Seguridad Social asegura que el 25% de las personas que se han acercado al autobús informativo que recorre España desde el pasado mes de octubre preguntaban por el IMV que tenían en tramitación.

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** Una vez publicada esta información, el Ministerio de Seguridad Social confirma que "los datos de solicitudes resueltas que figuran en el artículo se han extraído del informe de seguimiento de indicadores y objetivos" que publica el propio departamento,  pero precisa que no son "coincidentes con los datos de gestión internos que permiten valorar la gestión real, puesto que no incluyen los expedientes "inadmitidos", los que se rechazan tras cruzarlos con los datos de renta de la Agencia Tributaria. Según el ministerio, las cifras reales de gestión son más elevadas: 512.910 expedientes fueron resueltos en 2022, lo que supone más de un 75% de los expedientes iniciados.

Además, asegura que el final del año 2022 fue "especialmente intenso", con 130.000 solicitudes en noviembre y diciembre, por lo que muchas de ellas, "al requerir cierta documentación", no quedaron resueltas al terminar el ejercicio. En enero de 2023, por el contrario, se resolvió un volumen mayor, "probablemente muchas de la solicitudes que se presentaron en noviembre y diciembre de 2022".

Alfredo Sánchez tiene 50 años y lleva desde 2003 trabajando como bombero forestal en la Comunidad de Madrid. Primero como trabajador temporal y, desde 2009, como fijo discontinuo. El pasado mes de abril tuvo que pasar el reconocimiento físico preceptivo antes de iniciar la campaña de verano. Lo hizo y Quirónprevención, la empresa contratada al efecto, le comunicó que era apto para el servicio. Sin embargo, un mes más tarde le llegó una notificación de Tragsa, la empresa pública que desde principios de año gestiona la prevención y extinción de incendios forestales por encargo de la Comunidad de Madrid, donde se le comunica que ha sido declarado “no apto” y debe someterse por tanto a un nuevo reconocimiento médico, esta vez de carácter “específico”, si quiere reincorporarse al servicio. El examen que le hicieron por segunda vez, sin embargo, no tuvo nada de específico, repetía las mismas pruebas que el primero. Pero su resultado fue negativo. “Me dijeron allí mismo [en Quirón], verbalmente, que no lo había superado porque tengo la tensión muy alta”, explica a infoLibre.

Poco después, Tragsa le comunicó que tenía dos opciones: suspender su contrato de mutuo acuerdo con la empresa y volver a presentarse de nuevo al reconocimiento médico dentro de un año, o bien ser despedido por “ineptitud sobrevenida”. Alfredo escogió la segunda y demandó a Tragsa. El juicio se celebrará el 20 de febrero de 2023.

No ha sido el único caso. Según reconoce a este periódico la propia empresa, ha despedido a un total de 12 bomberos forestales: ocho por no superar el reconocimiento médico y cuatro por no aprobar la prueba física que deben hacer después. A todos ellos se les ofreció la posibilidad de elegir entre la suspensión del contrato y la extinción con 20 días por año de trabajo de indemnización, tal y como marca la ley. Tres de ellos han demandado a Tragsa, indica la propia empresa.

Por el contrario, Luis Miguel Viana, delegado de Prevención de Riesgos Laborales de CCOO en la empresa pública, explica que unos 40 bomberos forestales fueron declarados “no aptos” para el servicio por Quirón en un primer momento. “Pero, de un día para otro, se les dijo que sí eran aptos y que tenían que pasar ya la prueba física”, recuerda, “con el consiguiente desconcierto”. La prueba física consiste en correr 3,2 kilómetros con 12 kilos a la espalda en menos de 30 minutos. En una pista de atletismo en Leganés. Tuvieron que hacerla sin preparación alguna, se queja. La empresa achacó el problema a un error en los baremos: les habían aplicado unos más exigentes –los correspondientes a las unidades helitransportadas– de los que les correspondían. infoLibre ha preguntado a Quirón sobre estas discrepancias en los reconocimientos médicos realizados a los bomberos forestales, pero no ha obtenido ninguna respuesta.

La única explicación que Tragsa le dio a Alfredo Sánchez sobre la discrepancia entre su primer examen médico y el segundo es que se habían “revisado las patologías”. Tampoco le dejaron aportar otros informes médicos, del Hospital de La Paz, a diferencia, dice, de lo que sí pudieron hacer otros compañeros suyos que habían pasado por la misma situación.

En su demanda, el bombero forestal cree que la tensión alta no es más que la excusa que ha utilizado Tragsa para despedirle por ser miembro de la sección sindical de CGT. Y por haber denunciado a la empresa ante la Inspección de Trabajo.

Tragsa se ha hecho cargo del servicio de prevención y extinción de incendios forestales por una encomienda de la Comunidad de Madrid para los próximos cuatro años que asciende a 107,06 millones de euros y que en parte será sufragado a cargo al Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (Feader). Se ha subrogado de 448 trabajadores, que llevaban más de 20 años empleados por dos empresas privadas, subcontratistas hasta ahora del servicio: Matinsa, una filial de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), para el este de Madrid, e Infosa para el oeste. Las protestas de los bomberos forestales por las condiciones de trabajo y la mala calidad del servicio que ofrecían ambas han sido constantes durante los años. infoLibre ha preguntado a la Comunidad de Madrid el porqué del cambio. La Consejería de Interior, de la que depende el servicio de extinción de incendios, se ha limitado a responder que la encomienda a Tragsa responde a un “mandato” de la Asamblea de Madrid, así como a “razones presupuestarias y operativas”. Una proposición no de ley que había presentado Unidas Podemos en mayo de 2016 en la Asamblea de Madrid y que fue aprobada con los votos de PSOE y Ciudadanos y el rechazo del PP, reclamaba un servicio de extinción de incendios 100% público.

José Manuel Alonso, bombero forestal del sindicato de bomberos forestales Firet, va más allá y recuerda que la Ley de Contratos Públicos limita el número de años que una empresa puede ser adjudicataria del mismo contrato público, que Matinsa e Infosa llevaban desde 1997 repartiéndose el servicio madrileño, un periodo inusualmente largo, y que en España sólo estas dos firmas y una tercera en Murcia, Orthem, cuentan con el código necesario para hacer este tipo de trabajos. “Algo raro había”, resume. La Asociación de Empresas Forestales (Asemfo) presentó en su día un recurso ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Madrid contra la encomienda a Tragsa, que fue desestimado. También interpuso una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que en principio rechazó aplicar medidas cautelares y que aún debe dictar sentencia. Asemfo alega que Tragsa, como empresa pública, tiene una posición de ventaja que interfiere en el mercado y vulnera la libre competencia. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, por su parte, defiende que en Madrid Tragsa presta el mismo servicio que para el Ministerio de Transición Ecológica –las BRIF– o para otras comunidades autónomas.

Pedro Lapuente, presidente del comité de empresa de los bomberos forestales madrileños, repite una y otra vez el “abandono” en que ambas empresas privadas tenían el servicio. Pero tampoco está contento con Tragsa. Para empezar, les ha aplicado la jornada laboral de 37 horas y media de la empresa pública, cuando la suya es de 35 horas según estipula su propio convenio. También les está aplicando los requisitos médicos y físicos, más exigentes, de Tragsa, convirtiendo, además, en excluyentes las pruebas físicas. Antes no lo eran. José Manuel Alonso, que dice que Matinsa e Infosa tenían “secuestrado” lo que es un “servicio de emergencias sufragado con dinero público” y concede que las empresas privadas se saltaban a la torera muchas de las normas, “tanto a la hora de contratar como a la de despedir”, resalta.

Pero Luis Miguel Viana acusa a Tragsa de aplicar su propio convenio para lo que le conviene y recurrir al del servicio de bomberos de la Comunidad de Madrid cuando les resulta más favorable. “Nos prometieron darnos preparación física, pero no lo han hecho, por ejemplo”. Sí que les han subido el salario con el alza pactada para el personal de las administraciones y empresas públicas, un 2,5%, un avance si se tiene en cuenta que el convenio madrileño del sector lleva bloqueado desde 2008, protesta. Los bomberos forestales de Madrid, que siguen clasificados como peones forestales, cobran un salario base de 1.127,98 euros, de acuerdo con las últimas tablas salariales aprobadas para 2021.

Pero la cuestión capital que no solucionaba el convenio sectorial y ahora tampoco el de Tragsa es la que deben afrontar los bomberos forestales que no superan el reconocimiento médico y la prueba física. “No se nos reconoce la segunda actividad”, lamentan todos los representantes sindicales con los que ha hablado este periódico. Suspender el reconocimiento médico, como en el caso de Alfredo Sánchez, sólo por tener la tensión alta, equivale a perder el trabajo. No se les reubica en otro puesto donde la exigencia física sea menor. “Nos tratan como a juguetes rotos”, acusa Jorge Farled, delegado sindical de CGT en las BRIF de Daroca (Zaragoza), una de las 16 Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales que posee Tragsa en toda España.

El convenio de la empresa pública sí incluye la segunda ocupación de los trabajadores de las BRIF que no pasen el reconocimiento médico o la prueba física. Pero los puestos reservados para ellos son muy escasas. Insuficientes, recalca Farled: cinco para los 50 trabajadores que integran cada brigada. Pero en Madrid, o por ejemplo en Aragón, carecen siquiera de esa posibilidad. Y como resalta Pedro Lapuente, el 60% de la plantilla de bomberos forestales de Madrid tiene más de 55 años.

El listado de patologías que abocan a ser declarado no apto y que aplicaron Tragsa y Quirón están basados en las recomendaciones de la Comisión Técnica de Normalización del Comité de Lucha contra Incendios Forestales. Incluyen 50 enfermedades que obviamente impiden realizar un trabajo con una exigencia física tan considerable como la de quienes extinguen incendios en el monte durante horas y en condiciones extremas. Desde cardiopatías hasta asma pasando vértigos, cirrosis, úlcera sangrante, epilepsia, falta de un riñón, alcoholismo, drogodependencia… Pero también menciona una tensión arterial de 150/90 o colesterol superior a 350.

Jorge Farled explica que la hipertensión ha sido utilizada repetidas veces por Tragsa para suspender o despedir a bomberos forestales. Hasta el punto de que quienes se sometían al reconocimiento acudían antes a su médico de cabecera para tomarse la tensión y evitar que el “síndrome de la bata blanca” les jugara una mala pasada ante los médicos de Quirón y tener con qué argumentar si les declaraban “no aptos”. Pedro Lapuente critica también que los requisitos físicos no diferencien por edades y sexo, por ejemplo. Sólo el 10% de los bomberos forestales son mujeres.

Alfredo Sánchez fue a su médico de cabecera también. Le colocaron un holter, un monitor que durante 24 horas registra cómo responde el corazón a la actividad normal, y su tensión estaba dentro de los límites. Tragsa asegura que da dos oportunidades a los bomberos, tanto en el reconocimiento médico como en la prueba física. Sánchez dice que en el convenio del sector no se menciona la tensión alta como motivo excluyente. Y así es, según puede leerse en el texto, que sí cita en cambio las lesiones de corazón, trastornos psicológicos, ceguera y sordera o la epilepsia. A preguntas de infoLibre, Tragsa reconoce que el convenio de aplicación al servicio madrileño es el del sector de prevención y extinción de incendios forestales firmado en 2008 y cuyas tablas salariales se actualizaron en 2021.

El pasado 22 de noviembre, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley del Estatuto Básico de los bomberos forestales, una larga reivindicación de estos trabajadores. Tras años de protestas espectaculares en todo el país, un texto ponía negro sobre blanco una de las promesas del acuerdo de gobierno firmado por PSOE y Unidas Podemos. Pero el elefante parió un ratón. Todos los sindicatos de los bomberos forestales rechazan el anteproyecto. “Es una vergüenza”, resume Jorge Farled la decepción de los trabajadores. Ni reconoce la categoría profesional –los bomberos son considerados peones forestales–, ni las enfermedades profesionales ni la formación que reclaman, enumera. En 22 años han muerto trabajando 127 bomberos. “Y antes de llegar al incendio ya asumimos 18 factores de riesgo”, clama Jorge Farled.

Sin embargo, siguen sin tener reconocidos coeficientes reductores como los que se les otorgan a otras profesiones como policías o mineros, e incluso toreros y artistas, y que les permiten adelantar la edad de jubilación. El anteproyecto supedita su adopción a un futuro estudio. Los bomberos replican que las condiciones de penosidad, peligrosidad y toxicidad están ya convenientemente acreditadas y no hace falta “examinar nada más, sólo dar continuidad al trabajo y a los numerosos informes que desde años se han aportado al ministerio”. Además, la segunda actividad para quienes no superen las pruebas físicas dependerá, tal y como está redactado el estatuto básico, de “las necesidades del servicio”, por lo que UGT, CCOO y CSIF temen que quedará abierta a la “arbitrariedad” de la Administración y la oferta de plazas pueda terminar paralizada, como ya ha ocurrido antes, advierten.

La reforma laboral aprobada en diciembre tiene como objetivo declarado el combate contra la contratación temporal abusiva. Pero al mismo tiempo dejó abierto un resquicio que permite a las administraciones firmar este tipo de contratos, pese a que la tasa de temporalidad en las entidades públicas se sitúa en el 32,4%, 10 puntos por encima de la que sufren las empresas privadas. En algunos sectores de la administración pública los empleos temporales llegan a suponer incluso hasta el 50% de la plantilla. También en diciembre se aprobó una ley de medidas urgentes en las que el Gobierno se comprometía a rebajar al 8% la tasa de empleos temporales en las administraciones antes del fin de 2024.

Sin embargo, la disposición adicional quinta de la reforma laboral permite a las administraciones y empresas públicas suscribir contratos temporales siempre que estén “asociados a la estricta ejecución de Plan de Recuperación”, y “solo por el tiempo necesario para la ejecución” de esos proyectos. Esa excepción se ha traducido, hasta el momento, en 4.701 contratos temporales en el sector público en sólo cinco meses.

Los 140.000 millones de los fondos europeos concedidos a España para salir de la pandemia suponen un enorme desafío de gestión para unas administraciones menguadas en recursos humanos tras años sin tasa de reposición ni concursos para rejuvenecer –sólo el 8,5% de los empleados públicos tiene menos de 30 años– y aumentar plantillas. Miles de proyectos, licitaciones y expedientes deben ser tramitados y resueltos por un número insuficiente de funcionarios. La Administración General del Estado ha perdido el 13,5% de sus empleados desde 2010, de acuerdo con los datos del Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas que elabora el Ministerio de Política Territorial.

De forma que, desde mayo y hasta agosto, las administraciones públicas han aprovechado el hueco que les ofrece la reforma laboral firmando 4.701 contratos temporales, según aparece en las estadísticas de contratos del Servicio Público de Empleo (SEPE), que ha creado un epígrafe específico para ellos. Además, el grupo más numeroso lo forman los que duran menos de siete días, 1.214, que equivalen al 25,8% de estos contratos temporales. Y los que duran menos de un mes representan el 28,8%, casi un tercio. La reforma laboral castiga los contratos de duración inferior a 30 días con un recargo en las cotizaciones que la empresa paga a la Seguridad Social, precisamente en un intento por desincentivar este empleo ultrabreve e hiperprecario al menos en el sector privado.

Otros 1.073 contratos son de seis meses a un año, el 22,8%. Sólo el 14,9%, 702 contratos hasta el momento, se han firmado para más de un año. Es más, las administraciones ya han suscrito 34 prórrogas de estos contratos temporales, 21 de ellas son hasta tres meses. La mayoría de los nuevos contratos, 30, se han suscrito en Andalucía. Eso sí, el 85,6% de los empleos son a tiempo completo.

Entre el detalle sobre los contratos temporales vinculados a los fondos europeos llama la atención que se han hecho 44 contratos a directores ejecutivos, financieros, de recursos humanos o comerciales. El grueso de estos 4.701 nuevos contratos corresponde a titulados superiores, licenciados e ingenieros, 1.026. También han sido contratados 52 abogados y 237 especialistas en contabilidad y finanzas. Otros 214 son administrativos. En total, más de la mitad, el 53,4%, son titulados superiores o doctores.

Pero también destaca que un bueno número de estos contratos temporales se han firmado para empleos de peones agrarios y forestales o de la construcción, que suman 506. También se han colado gracias a esta excepción legal 239 contratos temporales para vigilantes de seguridad y 123 para empleados de limpieza, así como dos camareros, cuatro dependientes, nueve auxiliares de enfermería y 44 albañiles.

Estos contratos se explican porque la misma disposición adicional excluye del veto a los contratos temporales aquellos que sean necesarios para ejecutar “programas de carácter temporal cuya financiación provenga de fondos de la UE”, aunque no tengan vínculo alguno con los de recuperación.

Para ayudar a las infradotadas plantillas públicas, el Gobierno ha tenido que recurrir, como en otras muchas ocasiones, a los conocidos como “medios propios”: empresas públicas a las que hace “encargos” o “encomiendas”, no contratos. Igual que ha ocurrido antes con la tramitación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), por ejemplo, los diferentes ministerios se están rascando los bolsillos para que Tragsa, Ineco o Isdefe se encarguen de la avalancha de expedientes, proyectos y contratos necesarios para convertir los fondos europeos en actividad económica real. “La disposición adicional quinta [de la reforma laboral] se ha hecho pensando en nosotros”, repetía el director de Recursos Humanos de Tragsa en un webinar, al que tuvo acceso infoLibre, donde explicaba cómo se está adaptando la empresa a la prohibición de contratar temporales. Tragsa, que presta servicios medioambientales y de desarrollo rural, también desarrolla habitualmente un buen número de programas y planes ligados a fondos europeos.

Por sexos, el 51,2% de los contratos temporales financiados con fondos europeos fueron firmados por hombres. Y con jóvenes: el 37,3% de los trabajadores así contratados tienen entre 25 y 34 años. Por comunidades autónomas, es Andalucía donde más se han creado estos empleos, 1.084, seguida de Galicia, con 766 y Madrid, con 597. Cataluña se ha llevado 566 y Extremadura, 472. 

De los 70.000 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que la Unión Europea concede a España hasta 2026 para reactivar la economía sacudida por la pandemia, un millón tenía como destino sufragar las estancias en el extranjero de escritores españoles. Es una convocatoria del Ministerio de Cultura por la que se han otorgado ayudas a la “movilidad internacional” de autores literarios, también traductores e ilustradores. La condición es que hayan publicado al menos una obra. Se les subvenciona para que investiguen y preparen la próxima en instituciones de otros países durante dos meses como máximo. Entre los proyectos aprobados se encuentran los presentados por autores consagrados como Espido Freire y Felipe Benítez Reyes, jóvenes talentos como David Aliaga y Laura Casielles, la poeta gallega Yolanda Castaño, o el cántabro Juan Gómez Bárcena, premio Ojo Crítico en 2014.

La selección se llevó a cabo el año pasado. De los 261 solicitudes presentadas, fueron 140 las escogidas. Así quedó establecido en la propuesta de resolución definitiva que la Dirección General del Libro publicó en internet el 22 de diciembre de 2021. Las ayudas deberían haber empezado a pagarse en enero de 2022. Sin embargo, a fecha de 12 de abril, la resolución definitiva del ministerio no se ha producido ni, por tanto, se han pagado las ayudas. Las estancias deben realizarse antes del 31 de diciembre de este año. Y ya se han consumido cuatro meses. La convocatoria deja claro que no se pagarán hasta que Cultura notifique al beneficiario la concesión.

infoLibre ha hablado con una decena de los 140 seleccionados en la propuesta de resolución definitiva. Ninguno ha recibido la notificación. De modo que algunos han tenido que aplazar su salida al extranjero porque no podían sufragarse el viaje y la estancia. Otros se han marchado pagando los gastos de su propio bolsillo para no perder reservas de avión y hotel. Y los hay que están pensando en anular el viaje si no reciben enseguida noticias del ministerio y no pueden posponer la estancia a 2023. La subvención, según explica el ministerio en su página web, “se hará efectiva mediante pago anticipado, una vez dictada cada resolución de concesión”. Tras haber sido gastada, el beneficiario debe justificar la ayuda, con facturas y otros comprobantes de pago, como mucho tres meses después de haber acabado la estancia en el extranjero.

Cuando se anunciaron las milmillonarias ayudas europeas, una de las advertencias de expertos e instituciones se refería a la incapacidad de la Administración pública española para digerir un volumen tan enorme de dinero y hacerlo correctamente, en tiempo y forma. Por un lado, por la falta de personal técnico especializado, y por otro, por el freno que la burocracia podía imponer a un mecanismo que necesitaba ser ágil para ser efectivo. La queja de que las ayudas no están llegando o llegan con demasiada lentitud es constante. El caso de las subvenciones de Cultura puede servir de ejemplo de las dificultades que sufre el sistema.

Los autores llevan desde enero reclamando la resolución definitiva del proceso. Según explican a este periódico, la respuesta del ministerio siempre es que se publicará “inmediatamente”. “Primero decían que a mediados de enero; después, a mediados de febrero… ahora dicen que estemos atentos a la web”, explica uno de los afectados. Felipe Benítez Reyes, premio Nacional de Poesía en 1996 por Vidas improbables y premio Nadal en 2007 por su novela Mercado de espejismos, no ha esperado a que llegara la ayuda y ya se encuentra en Lisboa, donde prepara su investigación sobre Fernando Pessoa. Se lo podía permitir, explica, y no quería perder las reservas hechas.

A Alejandro Luque, en cambio, no le ha quedado más remedio que aplazar sus dos meses en Nueva York, programados para principios de año, y posponerlos hasta el próximo otoño. Periodista y escritor, autor de La defensa siciliana, quiere trabajar en la Universidad de Nueva York sobre el escritor cubano exiliado Edmundo Desnoes y confía en que la institución no le ponga problemas para hacerlo entrado el año.

En el caso de Adriana Schlittler, poeta y fotógrafa sevillana nacida en Brasil, el golpe ha sido mayor. Tenía programada una estancia en las islas Galápagos en febrero para preparar un proyecto sobre ornitología, que supone un gran desembolso económico y ha debido suspender al no haber cobrado aún la ayuda. Es profesora de latín y griego en un instituto de Sevilla, por lo que, además, debía pedir un mes de permiso sin sueldo para irse. “Afortunadamente, no lo hice, porque, si me lo dan, no puedo decir que no o quedarme un mes en casa”, lamenta. A ella le aseguraron a principios de año, cuando llamó al ministerio, que la resolución definitiva estaría lista “en lo queda de enero”. No se fio y no sacó los billetes de avión ni pidió el permiso no retribuido a la Junta de Andalucía. Ahora sólo puede retomar el proyecto en octubre, el único mes en que es posible hacer la investigación ornitológica que precisa.

En el caso de otro escritor que prefiere no dar su nombre, el viaje debería haber sido en enero, pero por motivos de salud tuvo que aplazarlo. “Ahora me han dicho que resolverán antes del verano”, asegura. Otro tenía prevista su estancia en el extranjero para mayo y, en vista del retraso en el pago, iba a atrasarla hasta septiembre, pero por “incompatibilidad laboral” va a terminar renunciando a la subvención. También hay quienes tienen programada la salida para el verano y temen que el retraso se prolongue y les impida el viaje. Alejandro Luque se pregunta si será posible dejar un proyecto para 2023, aunque la convocatoria deja claro que la estancia en el extranjero debe realizarse este año, del que ya se han consumido cuatro meses.

Desde 1.400 hasta 9.800 euros

El Ministerio de Cultura no ha concedido el millón de euros de la convocatoria, sino 746.932,56 euros. Las ayudas van desde 1.400 hasta 9.800 euros como máximo. InfoLibre ha preguntado al departamento que dirige Miguel Iceta por estas ayudas y niega que exista ningún retraso. “Es el tiempo que se necesita para tramitar la resolución definitiva”, explica un portavoz. “El procedimiento se ha realizado siguiendo los trámites ordinarios habituales para garantizar la transparencia y control”, indica. Pero también precisa que hay que tener en cuenta que éste “ha coincidido en los tiempos con el cierre de un ejercicio presupuestario y la apertura del nuevo ejercicio”. Cultura niega también que algún recurso esté demorando la resolución definitiva o exista algún problema con el dinero. Pero algunos de los escritores consultados por este periódico dicen que, en sus múltiples llamadas al ministerio estos meses, les han mencionado que el problema no estaba en Cultura, sino en otros departamentos. “Yo creo que es sencillamente un problema de liquidez”, precisa uno de ellos.

La tramitación de los miles de expedientes para conceder las ayudas constituye un auténtico órdago para la capacidad de gestión de las administraciones públicas. La falta de personal técnico cualificado ha obligado al Gobierno a recurrir, como en otras muchas ocasiones, a los conocidos como “medios propios”: empresas públicas a las que hace “encargos” o “encomiendas”, para suplir la carencia de plantilla. Así, sólo en tareas de apoyo y asistencia técnica para gestionar las ayudas para la recuperación, el Gobierno se va a gastar al menos 133,12 millones de euros. De ese monto, corresponden al Ministerio de Cultura 6,5 millones, que servirán para que Tragsatec, la filial de la pública Tragsa, les ayude a tramitar los proyectos financiados por la UE. 

“Vamos a darle la vuelta a la tortilla”. El director de Recursos Humanos de Tragsa, Álvaro Aznar, resume con esa frase el “cambio cultural” que va a emprender la empresa pública en los próximos meses para cumplir la reforma laboral. La tortilla es el 62% de trabajadores temporales que emplea la sociedad mercantil, un porcentaje escandaloso para cualquier empresa, pero más aún para una de titularidad estatal. La reforma laboral recién aprobada está obligando a todo el sector público empresarial agrupado en la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) a cambiar en pocos meses lo que ha sido una constante de décadas. No todas las empresas públicas tienen un porcentaje tan elevado de empleados temporales, pero en cualquier caso superan con mucho el 26% que es la tasa media nacional. El objetivo de Tragsa ahora es que ese récord del 62% –67% en la filial, Tragsatec– de su plantilla, integrada por 16.408 personas, sea fija. Y para ello tienen unos plazos: la tortilla debe estar perfecta y en el plato el 31 de diciembre de 2024.

Así, en esos dos años, Tragsa tiene previsto hacer fijos a 3.182 trabajadores en su filial, Tragsatec, y a 2.804 en la matriz del grupo, según han confirmado a infoLibre fuentes sindicales. Un total de 5.986 trabajadores, el 36,5% de la plantilla, van a consolidar sus contratos. Todos tendrán que presentarse a un concurso-oposición –ya han empezado a hacerlo– porque, para acceder a un puesto público, deben respetarse los principios de igualdad, mérito y capacidad. En este caso, se concede un 40% de la puntuación final a la antigüedad y el 60% restante es el resultado de una prueba psicotécnica, un test competencial y una entrevista personal. Antes del 1 de junio deberán haberse publicado todas las ofertas de puestos de trabajo y antes del 31 de diciembre, todas las convocatorias para las pruebas de selección. El compromiso del Gobierno con la UE para todas las administraciones públicas es convertir en fijos a 300.000 empleados temporales.

En un webinar difundido el pasado 8 de febrero, Álvaro Aznar explicó en detalle el procedimiento que la empresa va a seguir para culminar lo que bautiza como “la Gran Estabilización”. Un proceso que debería ser similar en el resto de las empresas de la SEPI. La presentación corre a cargo del presidente de Tragsa, Jesús Casas Grande, quien asegura que el Ministerio de Hacienda y Función Pública les ha confiado el reto de ser los pioneros dentro de la SEPI: “Queremos que seáis los primeros”, dice que le ha instado el Gobierno. Las empresas públicas van a ser el “referente” en materia laboral para el sector privado, abocado al mismo cambio de cultura: “Tenemos que ser ejemplares”, proclama Casas Grande. Por lo que no puede haber “atajos” en el cumplimiento del nuevo “paradigma”, subraya, no sin antes reconocer que hasta ahora se han llevado a cabo “prácticas poco aceptables” en materia de contratación. “Esto es una política de Estado”, así que es necesario “vencer inercias e incomodidades”.

España es la campeona europea del empleo temporal. Sólo Polonia tiene un porcentaje mayor de trabajadores eventuales. El de los españoles dobla la media de la UE. Desde los años 80 y al menos hasta la aprobación de la reforma laboral, el 90% de los contratos que se registran cada mes en el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) son temporales. Hasta ahora, todos los intentos por cambiar la adicción de las empresas por los contratos eventuales habían sido un fracaso. Los cambios en el Estatuto de los Trabajadores pactados por los sindicatos, la patronal y el Gobierno el pasado diciembre se proponen de nuevo cambiar esa dinámica testaruda del mercado laboral español, obligando a las empresas a utilizar el contrato indefinido como modelo ordinario para emplear a un trabajador y restringiendo el uso del temporal a las sustituciones de otros empleados y a la cobertura de picos de producción. Por tanto, desaparece el contrato por obra y servicio, hasta ahora uno de los reyes del empleo eventual. En 2021 se firmaron casi siete millones de un total de 19,38 millones de contratos, el 36%.

Según el Análisis del personal de sector público estatal no administrativo, que publica el Ministerio de Hacienda y cuya última edición corresponde a 2019, las 139 sociedades mercantiles estatales emplean a 88.199 trabajadores, de los cuales el 37,47% son temporales. Es decir, 11 puntos porcentuales por encima de la media nacional. Si se cuenta todo el sector público empresarial, la plantilla asciende a 152.131 personas, de las que casi el 24% son temporales. Donde más cuota de eventuales hay es en las 35 fundaciones públicas –Fundación del Teatro Real, Fundación ICO, Fundación Biodiversidad–, el 43,32% de sus 1.856 trabajadores.

En la SEPI, que agrupa a 15 empresas participadas de forma mayoritaria –desde Navantia y Tragsa hasta la Agencia Efe y el Hipódromo de la Zarzuela– y a nueve con participaciones minoritarias –Red Eléctrica, Hispasat, Enagás–, trabajan 79.118 personas, de las cuales 55.059 pertenecen a Correos. De estos últimos, el 29% son temporales.

Finalmente, en los llamados medios propios instrumentales de la Administración, como Tragsa, Ineco o Isdefe, que sólo trabajan con los encargos que les hacen las administraciones públicas, las cifras son dispares: en Ineco no superan el 50% y en Isdefe son mucho menores, un 20,6%. Entre 2019 y 2021, la plantilla de Tragsa ha crecido un 19,75%, pero sus temporales han aumentado mucho más, casi un 34%. En Tragsatec el alza ha sido de un 42,25% en dos años.

Además de la reforma laboral, las empresas públicas deben adaptarse a la Ley 20/2021 de 28 de diciembre, que establece en un 8% la tasa de empleos temporales a la que debe reducirse la actual, el 32%, cuando llegue el 31 de diciembre de 2024. Ese porcentaje es, para los responsables de Recursos Humanos de Tragsa, “impensable”. Su objetivo, según explica Álvaro Aznar en el webinar, se quedará en un 25%-30% para la matriz Tragsa y en un 30-35% para la filial Tragsatec.

En todo caso, el cambio en los hábitos de contratación necesita de un giro previo en la gestión, que a partir de ahora deberá ser “más horizontal y transversal, más de funciones o áreas y menos de encargos”, plantea.

Si es así, quizá se evite uno de los peligros que los sindicatos ven acechando en el futuro. Los empleados públicos concursan y obtienen su plaza fija, lo que no quiere decir que sean funcionarios: pueden ser despedidos como cualquier trabajador del sector privado. Cuando se acabe el encargo para el que han sido contratados, se quedarán en la calle con una indemnización de 20 días, en lugar de los 12 que corresponden a los temporales. La reforma laboral recién aprobada deroga la disposición de la anterior de 2012 que permitía los despidos colectivos en las administraciones públicas. Pero los sindicatos consultados no las tienen todas consigo y temen que, cuando vuelva una crisis y las finanzas del Estado necesiten recortes, la falta de encargos a los medios propios instrumentales se solucione de nuevo recurriendo a los ERE.

En 2013, Tragsa presentó a los sindicatos el que por entonces fue el mayor despido colectivo en una empresa pública, pensando en principio para 1.639 trabajadores. Tuvo un recorrido muy accidentado, que incluyó su anulación por la Audiencia Nacional y la posterior rehabilitación por el Tribunal Supremo. Para cuando finalmente se ejecutó, en diciembre de 2015, la cifra de despedidos quedó reducida a 555. Pero al mismo tiempo, la plantilla de temporales se disparaba: la empresa llegó incluso a ofrecer contratos temporales a los mismos trabajadores que había despedido.

Hoy, en cambio, Tragsa presume de llevar cuatro años seguidos con beneficios. En 2021 alcanzó su cifra récord: ganó 24,9 millones de euros tras facturar 1.808 millones y abona dividendos a las administraciones que forman parte su junta general de accionistas: además de la SEPI y el Estado, todas las comunidades autónomas, 37 diputaciones, los cabildos canarios y los consells baleares.

Esa tendencia hacia la contratación temporal va a ser una inercia difícil de vencer en Tragsa y en otros medios propios. Al igual que Ineco e Isdefe, suman un buen número de encargos para gestionar los fondos de recuperación de la UE. En total, al menos 133 millones de euros cobrarán entre las tres empresas para ayudar a las administraciones a tramitar ayudas. La cifra para ejecutar proyectos financiados por esos fondos es muy superior. Y la reforma laboral les permite emplear a trabajadores temporales para llevar a cabo todos esos contratos. “La disposición adicional quinta [de la reforma laboral] se ha hecho pensando en nosotros”, repite en un par de ocasiones en el webinar el director de Recursos Humanos de Tragsa. infoLibre ha preguntado a Tragsa, a Ineco, a la SEPI y al Ministerio de Hacienda qué volumen de empleo temporal van a suponer esos nuevos contratos, sin obtener una respuesta. Pero no será pequeño. En 2021 Tragsa recibió 92 encomiendas para ejecutar proyectos del Plan de Recuperación. De momento, Ineco ha firmado 18 encargos sólo para tramitar expedientes y desarrollar labores de apoyo y asistencia técnica, mientras que Isdefe tiene otros 11.

Como contrapartida del vuelco laboral que van a dar las empresas públicas, cabe destacar un ahorro: en cotizaciones sociales. Las que pagan tanto las empresas como los trabajadores por desempleo son mayores para los contratos temporales que para los indefinidos. Por los primeros se paga un 8,3% del salario bruto y por los segundos, un 7,05%.

La llegada de los millonarios fondos europeos para la recuperación era una buena noticia que escondía un gran temor. La tramitación de expedientes y ayudas constituye un auténtico órdago para la capacidad de gestión de las administraciones públicas. El volumen de dinero que debe repartirse triplica el presupuesto de los fondos estructurales. A España le corresponden 140.000 millones de euros, entre transferencias y créditos, casi tres veces más de lo que recibió como fondos estructurales del Presupuesto de la Unión entre 2014 y 2020. Además, tiene que gastarlos a toda prisa: los compromisos deben estar fijados antes de que termine 2023 y ejecutados antes de 2026. Es más, el 70% de las subvenciones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) –141.128 millones de euros para España– deben comprometerse antes de que acabe este año. El resto, antes de diciembre de 2024.

Uno de las principales dificultades para digerir la lluvia de millones es la falta de recursos humanos en las administraciones, infradotadas de personal técnico cualificado. De forma que el Gobierno ha tenido que recurrir, como en otras muchas ocasiones, a los conocidos como “medios propios”: empresas públicas a las que hace “encargos” o “encomiendas”, no contratos, para suplir la carencia de plantilla. Igual que ha ocurrido con la tramitación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), por ejemplo, los diferentes ministerios se están rascando los bolsillos para que Tragsa, Ineco o Isdefe se encarguen de la avalancha de expedientes, proyectos y contratos necesarios para convertir los fondos europeos en actividad económica real.

Sumando los encargos que aparecen publicados en la Plataforma de Contratación del Estado, sólo en tareas de apoyo y asistencia técnica el Gobierno se va a gastar al menos 133,12 millones de euros, de momento, en pagar a las tres empresas citadas. Aunque el monto total del dinero que recibirán de los fondos de recuperación será muy superior. Sólo Tragsa recibió en 2021 un total de 160 millones de euros gracias a 92 encomiendas de la Administración, el 7% de las que firmó ese año. La mayoría de las que corresponden a su filial Tragsatec –11 encargos por un importe de 16,9 millones de euros– son para apoyar la gestión burocrática de las ayudas europeas, de acuerdo con el registro que aparece en su propia página web, pero la matriz Tragsa recibirá 8,48 millones por ejecutar proyectos financiados con los fondos, desde la restauración del ecosistema en las Tablas de Daimiel y de la flora en Los Yébenes (Toledo) o el Monte Pinar de Valsaín hasta actuaciones en el Parque Nacional de Cabañeros.

Pero los que mayor número de encargos han recibido son Ineco, en principio una firma especializada en ingeniería y consultoría del transporte, e Isdefe, dedicada a la ingeniería de sistemas para la defensa. La primera ha firmado al menos 18 encomiendas por importe de 57,33 millones de euros, mientras que la segunda se ha hecho con otras 11 por valor de 50,4 millones. Todas para apoyar la gestión de las ayudas europeas.

Todos los ministerios han recurrido a medios externos para dar salida al volumen extra de trabajo que están suponiendo los fondos de la UE. Transportes y Movilidad el que más, con 27,2 millones, pero también Trabajo y Seguridad Social o Cultura repiten encargos. Además, Adif suma 30,32 millones en encomiendas a Ineco para que le apoye en la gestión. IDEA, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, se ha gastado 4,6 millones en solicitar la ayuda de Isdefe. Y Cultura empleará 6,5 millones de su presupuesto en cuatro encargos para Tragsatec. El Museo del Prado ha destinado 2,64 millones de euros para pagar a Isdefe por su “apoyo en la “transformación digital” de la pinacoteca. También el Instituto Geológico y Minero y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) han tenido que recurrir a Tragsatec e Ineco, respetivamente, para que les den “soporte técnico” y les ayuden en la redacción de proyectos.

¿Los encargos más caros? Los 15,54 millones de euros que Adif pagará a Ineco por su asistencia técnica para gestionar proyectos de obras de conservación y mantenimiento. O los 11,96 millones en que está tasada la encomienda de la Dirección General de Digitalización e Inteligencia Artificial con Isdefe para que le apoye en la puesta en marcha de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones destina 10,06 millones para la asistencia que le proporciona también Isdefe en el Plan de Conectividad, el de Desarrollo del 5G y el Spain Audiovisual Hub. Al Ministerio de Transportes le costará 9,65 millones de euros que Ineco le ayude en la gestión de la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030 y de la Ley de Movilidad Sostenible. El ministerio justifica el encargo de los servicios de apoyo a Ineco “por el volumen de recursos humanos y materiales necesarios” para acometer la tarea.

Todos estas encomiendas supondrán la contratación de un buen número de empleados temporales por parte de las tres empresas públicas mencionadas, que ya de por sí tienen un enorme volumen de trabajadores eventuales. La reforma laboral recién aprobada permite a la Administración suscribir contratos temporales a fin de emplear al personal que sea necesario para ejecutar los programas que se financien con fondos europeos. Es una de las excepciones a la consideración del contrato indefinido como ordinario que ha consagrado ahora el Estatuto de los Trabajadores. infoLibre ha preguntado a Tragsa, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y el Ministerio de Hacienda y Función Pública, del que dependen las dos primeras, por el número de empleos temporales que implicarán las múltiples encomiendas para tramitar las ayudas europeas, pero no ha recibido contestación.

En estos momentos, las empresas de la SEPI se encuentran en plena fase de adaptación de sus plantillas a la reforma laboral. Para hacerlo, tienen un plazo de tres meses, que comenzó a correr el 1 de enero. Y no será una labor pequeña. El 61,37% de la plantilla del grupo Tragsa –16.408 trabajadores— es temporal; en la filial Tragsatec es incluso mayor, el 67,15%. Entre 2019 y 221, la plantilla del grupo ha crecido un 19,75%, pero sus temporales han aumentado mucho más, casi un 34%. En Tragsatec el alza ha sido de un 42,25% en dos años. La tasa temporalidad media en España es muy inferior, un 26%. Y la Ley de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público, aprobada también el pasado diciembre, obliga a las administraciones y a las empresas estatales a rebajar su tasa de trabajadores eventuales hasta el 8%. Además, en el Plan de Recuperación el Gobierno se compromete a “estabilizar al menos 300.000 puestos de trabajo” antes del 31 de diciembre de 2024. En Ineco la tasa de temporalidad roza el 50%, según fuentes sindicales, pero en Isdefe es menor: un 20,6% según consta en su informe de información no financiera.

Las empresas públicas, tanto los medios propios como el resto de las sociedades mercantiles integradas en la SEPI, calculan estos días sus necesidades de plantilla para hacer frente al volumen ordinario de trabajo. Esas cifras deberán estar listas y ser aprobadas por el Ministerio de Hacienda para ofrecer un plan de estabilización antes del 1 de junio.

El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social asegura que ha aprobado sólo 3.966 solicitudes de Ingreso Mínimo Vital (IMV) a fecha de 7 de agosto, de un total aproximado de 600.000 que ha recibido desde el 15 de junio. Es un número mínimo. Pese a que, para tramitar los expedientes, el departamento dirigido por José Luis Escrivá contrató por 6,13 millones de euros a Tragsatec. Desde mediados de julio, 500 personas empleadas por la filial de la empresa pública Tragsa ayudan a los funcionarios de la Seguridad Social, afectada por una falta crónica de personal que les impide cubrir una sobrecarga de trabajo tan brutal. Otro tanto ha ocurrido en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) con las solicitudes de prestaciones de los ERTE y del subsidio para empleadas domésticas. En ambos casos el Ministerio de Trabajo también ha parcheado con Tragsatec para gestionar los expedientes ante el déficit de plantilla.

Mientras tanto, casi 3.500 opositores a administrativos y auxiliares administrativos, ya aprobados, esperan para incorporarse a sus puestos. Pertenecen a los grupos C1 y C2, la categoría profesional que precisamente debería encargarse de tramitar esos expedientes tan urgentes para la vida de decenas de miles de personas. Sin embargo, no podrán empezar a trabajar hasta finales de año, según prevé el Ministerio de Función Pública, en el mejor de los casos. “Puede que incluso no se incorporen hasta 2021”, advierte Antonio González, coordinador de Acción Sindical de UGT en la Administración General del Estado (AGE).

A su juicio, semejante retraso es una “auténtica aberración”, teniendo en cuenta las necesidades de personal en muchos departamentos y organismos colapsados por la carga de trabajo. Los motivos de la demora son varios. Para empezar, el estado de alarma y el confinamiento, que implicó la interrupción de los plazos administrativos. Pero que también impidió a los funcionarios que teletrabajaban el acceso al registro central de personal y a la Comisión Superior de Personal reunirse durante las primeras semanas a falta de un sistema que la Administración considerara seguro, explica Javier Martínez, secretario de Empleo de la AGE en CCOO. Por desgracia, destaca, se trata, a excepción de los problemas derivados del confinamiento, del retraso “habitual” que llevan siempre los procesos de selección de trabajadores en la Administración. Con la agravante de que para los administrativos y auxiliares administrativos se acumularon las plazas de la Oferta de Empleo Público de 2018 y 2019, precisamente para acelerar los plazos. “Aun así, la primera lleva dos años retraso”, resume Javier Martínez.

La convocatoria se publicó el 17 de junio de 2019 en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Un total de 8.102 plazas, un 71,5% más que el año anterior, para cubrir vacantes, tanto por el turno libre como por promoción interna, en los cuerpos de Gestión de la AGE, General Administrativo y General de Auxiliares, así como en los de Gestión de los Sistemas de Informática y de Técnicos Auxiliares de Informática. De éstos, 3.729 plazas son para administrativos –2.029 de ingreso libre, el resto de promoción interna– y 2.444 para auxiliares administrativos –1.444 de ingreso libre y 1.000 de promoción interna–.

A los exámenes, que empezaron el pasado mes de octubre y terminaron en febrero de este año, antes de la pandemia, se presentaron casi 120.000 aspirantes. Las listas de aprobados se publicaron el pasado 17 de julio en el BOE. Pero aún quedan “múltiples trámites” hasta que los 3.473 administrativos y auxiliares del turno libre puedan sentarse en sus mesas, según reconoce el propio Ministerio de Función Pública en una nota informativa a la que ha tenido acceso infoLibre. Y para llevar adelante esas gestiones a una velocidad adecuada, “los responsables de Recursos Humanos de Función Pública dicen que no tienen personal suficiente”, lamenta Antonio González. Ellos también sufren del mismo déficit “crónico y estructural” que lastra a las administraciones públicas. De acuerdo con los últimos cálculos de CCOO, hacen falta 32.000 empleados públicos, entre funcionarios y personal laboral, en toda la Administración General del Estado. Amenazada además por el envejecimiento de la plantilla: la edad media supera los 52 años, en 10 años se jubilarán la mitad de los funcionarios.

Decisiones, actuaciones, negociaciones...

Pues bien, ¿qué trámites deben completarse aún para que los 3.500 administrativos se pongan a trabajar? Primero, Función Pública deberá comprobar que los aprobados cumplen los requisitos para adquirir la condición de funcionarios. También tendrá que abrir un plazo para que éstos presenten la documentación que el ministerio no ha podido verificar accediendo a las bases de datos de que dispone. Después, se elaborará un listado con la oferta de destinos, firmada por el secretario de Estado de Política Territorial, pero que antes deberán haber negociado los distintos departamentos y organismos de la Administración.

Esta tramitación, explica el ministerio en su nota informativa, “conlleva la toma de decisiones y numerosas actuaciones por parte de diferentes órganos administrativos”. Como, además, la actual situación pospandemia, “sin precedente alguno”, impide a la Administración “basarse en la experiencia de convocatorias anteriores ya resueltas para fijar un calendario aproximado de resolución de los procesos pendientes”, el ministerio sólo se atreve a considerar “previsible” que el final del proceso para los opositores del turno libre se produzca “en el último trimestre de 2020”.

La encomienda a Tragsatec para tramitar el IMV tiene una duración de sólo cuatro meses, en principio. Es decir, acaba en octubre. La de Trabajo para gestionar las prestaciones de los ERTE es más breve aún, dos meses. La que se encarga del subsidio para empleadas de hogar, seis meses. Es decir, cuando lleguen a su fin, los administrativos pueden no haber aún ocupado sus puestos. El ministro ya ha reconocido que la mitad de las solicitudes, que se han presentado en un volumen mucho mayor del previsto, van a ser denegadas por incumplir los requisitos. Pero habrá que tramitarlas y verificarlas antes igualmente. Tras tachar de “desastre” la gestión del Ingreso Mínimo Vital, el presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (ADYGSS), José Manuel Ramírez, ha pedido que se simplifiquen los trámites de tal forma que baste con una gestión telemática que puedan hacer “las máquinas”, en lugar de los funcionarios, informa Europa Press.

A diferencia de los ERTE y el subsidio, el IMV no es una ayuda temporal, tiene vocación de permanencia. Por lo que los sindicatos piden, en lugar de “parches”, una solución definitiva y “más garantista”: incorporar interinos. “Con el mismo carácter urgente que alegó el ministerio para contratar a Tragsatec, se puede hacer una oferta pública extraordinaria para emplear a interinos en esas vacantes”, detalla Javier Martínez. Según aclara, el proceso se puede llevar a cabo con la misma rapidez con que se hizo la encomienda a la filial de Tragsa, que también tuvo que realizar sus propios procesos de selección de personal. Y lo mismo, añade, pudo haberse hecho para el SEPE, contratando interinos por acumulación de tareas, un sistema que permite emplearlos durante seis meses en el plazo de un año.

Tragsa, más cara

Además, las encomiendas a Tragsa salen mucho más caras. En el caso del IMV, los 500 trabajadores contratados por esta empresa cuestan 3.800 euros brutos al mes cada uno, mientras que un administrativo cobra unos 2.200 euros brutos. “Por el dinero que se pagó a Tragsatec se podían haber contratado 750 personas”, concluye Javier Martínez. Unos cálculos parecidos hizo el Tribunal de Cuentas en 2015 cuando fiscalizó la encomienda que el Ministerio de Empleo había firmado dos años antes con la misma filial para agilizar los expedientes que se acumulaban en el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) por culpa de la crisis. Entonces la factura fue de 3,26 millones de euros. Según el Tribunal, el coste por expediente cobrado entonces por Tragsatec, 21,78 euros, era “desproporcionado”, con un desfase del 1.077% 1.077% sobre el importe medio que le suponía al Fogasa tramitar un expediente con sus propios funcionarios, sólo 1,85 euros.

El tribunal compara el coste de esta empresa con el del Plan Especial de Actuación que el propio Fogasa comenzó a aplicar en febrero de 2013 con sus propios funcionarios. Consistía en pagar una gratificación a quienes voluntariamente accedieran a trabajar fuera de su jornada habitual. El máximo cobrado por funcionario no superó los 1.000 euros al mes. Si el plan se hubiera extendido el tiempo necesario para dar salida a los 150.000 expedientes atascados, el gasto total habría ascendido a 274.281 euros, 12 veces menos que el contrato con Tragsatec.

Creada en 1977 a partir de lo que entonces era el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA), Tragsa tiene como principal accionista a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), con un 51% del capital, seguida del Fondo Especial de Garantía Agraria (FEGA), con un 38,9%; la Dirección General de Patrimonio con un 9,9%, y el resto del capital repartido entre las comunidades autónomas, que poseen una participación simbólica de un euro. Es un “medio instrumental” de las administraciones públicas, que son sus únicos clientes. Trabaja con ellas mediante encomiendas de gestión, un instrumento polémico porque no media licitación pública alguna. Tragsa cobra siempre según unas tarifas prefijadas y no puede rechazar ninguno de los encargos que se le hagan.

Hacen falta 800 trabajadores más en el SEPE

CCOO también ha echado cuentas para saber cuántos empleados son necesarios para sacar adelante el trabajo extra que les ha caído encima a la Seguridad Social y al SEPE con las nuevas prestaciones. En el caso del IMV, no sólo hacen falta los 650 trabajadores de los que habló en sus comparecencias públicas el ministro Escrivá –Tragsatec ha empleado a 500–, sino que debería reforzarse la plantilla de técnicos medios y superiores –los grupos A1 y A2–, los únicos que pueden aprobar o denegar las solicitudes. Los contratados por Tragsatec o los administrativos sólo están capacitados para preparar los expedientes, recogiendo la documentación, digitalizándola y comprobando los requisitos. Ésa es la única fase de la gestión donde se ha aumentado el personal, pero no en la segunda fase. “El resultado es que no se están dictando resoluciones al mismo ritmo que se elaboran los expedientes”, lamenta Javier Martínez.

En el SEPE, el sindicato cifra en 800 los empleados públicos necesarios para tramitar las prestaciones de los ERTE y el subsidio para empleadas domésticas despedidas por el covid. Los contratos con Tragsatec suponen la incorporación de sólo 57 personas. Aunque aquí sí se han añadido 1.000 interinos a las labores.

No obstante, aún no se sabe cuántos de esos casi 3.500 administrativos y auxiliares van a trabajar en la Seguridad Social y el SEPE. El reparto se hará en los próximos meses, en la negociación entre departamentos previa a la resolución del secretario de Estado de Política Territorial. El representante de CCOO critica que esa distribución no se haga antes y no sea transparente. Más aún ahora, cuando hay necesidades tan urgentes como las que están perjudicando a los trabajadores sometidos a ERTE y a las personas con menos recursos. “Si se hubieran dado prisa y hubiera habido voluntad política”, reprocha Antonio González, “para el verano ya podrían haber estado trabajando los nuevos administrativos”.

El Ministerio se Inclusión y Seguridad Social pagará a Tragsatec, filial de la empresa pública Tragsa, un total de 7,6 millones de euros por los cuatro meses en los que, en principio, va a ayudarle a tramitar las decenas de miles de solicitudes del Ingreso Mínimo Vital (IMV) que está recibiendo. Es el volumen de las dos encomiendas firmadas el pasado mes de junio para gestionar la nueva ayuda, destinada a hogares sin ingresos. El primero, por importe de 6,13 millones de euros, según consta en la web de Tragsa, ha supuesto la contratación de 500 personas que, en régimen de teletrabajo, “ayudan” en la tramitación de los expedientes, según explican fuentes del ministerio: “Capturan la solicitud, comprueban la documentación y reclaman la que pudiera faltar”. La segunda, 1,47 millones de euros más, proporciona la asistencia telefónica necesaria para los solicitantes del IMV.

El recurso a Tragsa en ocasiones anteriores, como ocurrió en 2013 cuando el ministerio encabezado entonces por Fátima Báñez le encargó reforzar al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), ha sido puesto en cuestión por el Tribunal de Cuentas, que consideró el contrato “contrario a los principios de legalidad y economía”. También advirtió de que las resoluciones basadas en expedientes tramitados por Tragsatec podían ser nulas de pleno derecho al haberse extralimitado sus trabajadores en las funciones que les habían encomendado. El Ministerio de Inclusión precisa ahora que “el acto de tramitar el expediente, aprobando o denegando la solicitud tras el análisis de los requisitos y realizando los trámites administrativos pertinentes, está siempre en manos de los funcionarios del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)”, no en la de los empleados de la filial de Tragsa.

El pasado 27 de julio, el departamento que dirige José Luis Escrivá dio los últimos datos sobre el Ingreso Mínimo Vital, asegurando que había recibido “en poco más de un mes” cerca de 600.000 solicitudes y que, a finales de junio, ya había abonado el primer pago a 74.119 hogares, pero se trata de quienes ya percibían la prestación por hijo a cargo y que habían sido reconocidos de oficio como beneficiarios del IMV. El 3 de agosto el ministerio ha abonado la segunda mensualidad a estos beneficiarios, pero de momento no ofrece datos de cuántos más han visto reconocida la prestación a esa fecha.

Problemas crónicos de falta de personal

La gestión del IMV está resultando de una gran complejidad burocrática, según reconoce el propio ministerio –errores, multiplicidad de solicitudes registradas por un mismo ciudadano, falta de documentación–, lo que ha obligado a firmar protocolos de colaboración con las comunidades autónomas y los ayuntamientos para reducir trámites y agilizar los expedientes.

Pero también pone de relieve la crónica falta de personal en la Seguridad Social. Según CCOO, debería haber 33.906 trabajadores, entre funcionarios y personal laboral, pero sólo están ocupados 26.840 puestos. Además se trata de una de las plantillas más envejecidas de toda la Administración: el 58% de sus trabajadores se jubilará en los próximos 10 años. El ministerio ha ofrecido una compensación económica a los funcionarios que quieran ayudar fuera de su jornada laboral en la tramitación del IMV, pero el departamento no ha facilitado a infoLibre, datos sobre el número de éstos que se han presentado voluntarios y colaboran en las gestiones.

Tampoco ha contestado a la pregunta de este periódico sobre una posible contratación de interinos –como ha llevado a cabo el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para agilizar la tramitación de los ERTE– o si hay planes para una Oferta Pública de Empleo que aumente la plantilla, tal y como le piden los sindicatos. Éstos critican el parcheo de medidas para solventar la falta de personal, más aún cuando el IMV es una prestación “que nace con vocación de permanencia en el tiempo”. El ministerio indica que los contratos con Tragsatec, en principio de sólo cuatro meses de duración, pueden prorrogarse más allá de ese plazo.

Subsidio para empleadas domésticas

Los mismos problemas padece el SEPE con sus prestaciones y subsidios. Y ha recurrido a soluciones idénticas, firmando dos encomiendas con Tragsagtec. Esta empresa está ayudando a tramitar las solicitudes del subsidio extraordinario para las empleadas domésticas despedidas durante el confinamiento y las de prestaciones contributivas de los trabajadores sometidos a ERTE. La primera, con una duración de seis meses, costará 771.320 euros. Son 40 empleados extra en régimen de teletrabajo. El Ministerio de Trabajo asegura que ha aprobado sólo 9.400 de las más de 30.000 solicitudes que ha recibido, apenas un tercio. Según UGT, a 1 de agosto, aún no había cobrado la ayuda –por un importe del 70% de la base reguladora– ninguna empleada del hogar. 

La segunda, fue adjudicada el 26 de marzo y tenía una duración de sólo dos meses, para que 17 personas, también teletrabajando, agilizaran la tramitación de las prestaciones contributivas de los ERTE a cambio de 139.982 euros. Aun así, las denuncias sobre el retraso en el cobro han sido constantes en estos meses, añadidas a las de los funcionarios del SEPE por los problemas informáticos y de falta de personal, agudizados por el cierre de las oficinas. De momento, las prestaciones y bonificaciones de cuotas de los ERTE se mantienen hasta el 30 de septiembre, pero sindicatos, patronal y Gobierno se sentarán antes a negociar para prorrogarlas por lo menos hasta finales de año.

El covid-19 ha puesto patas arriba también el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Ambos organismos se han visto obligados a tramitar una avalancha de solicitudes de prestaciones en unas pocas semanas. “Hemos gestionado en mes y medio el mismo volumen de trabajo que tenemos en todo un año”, resume Pilar Seoane Vázquez, quien además de ser secretaria general de CCOO en el Ministerio de Trabajo dirige la oficina del SEPE en Boiro (A Coruña). Según las cifras oficiales del organismo, sólo en las tres semanas que van del 15 de marzo al 7 de abril el SEPE reconoció 659.791 prestaciones tras acordar casi un millón de citas previas y recibir más de 10,4 millones de entradas en la sede electrónica. Y todo ello con una plantilla que se ha recortado en un 25% en los últimos 10 años y cuenta ahora con menos de 7.900 trabajadores. El 17% de ellos, temporales.

En el INSS, la situación no es mucho mejor. Desde 2012 ha perdido un 16% de su plantilla. Actualmente cuenta con 9.761 funcionarios, más 598 laborales. De media, en el INSS se jubilan 272 personas al año porque su plantilla es de las más envejecidas de la Administración. Según los datos del último Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, el 84,7% de los trabajadores del INSS tienen más de 50 años. Sólo 61 de ellos no llegan a los 30. En el SEPE hay únicamente 32 jóvenes. Aquí el 64,4% del personal supera la cincuentena.

De modo que ante el desbordamiento de la carga de trabajo y la urgencia de atender las situaciones de necesidad de quienes pasan a depender de una prestación pública, tanto el Ministerio de Trabajo como el de Inclusión y Seguridad Social optaron por la misma solución: contratar a Tragsatec, filial del grupo público Tragsa para que sus trabajadores ayuden a tramitar la avalancha de expedientes. Así, el departamento que dirige Yolanda Díaz ha firmado tres encomiendas –encargos– con esta empresa para gestionar las solicitudes del subsidio extraordinario para empleadas domésticasy de las prestaciones de los ERTE, por un importe provisional que roza el millón de euros. Una cantidad que más que se duplica si se le añade el encargo de mayor volumen, el del departamento de José Luis Escrivá para gestionar las solicitudes del Ingreso Mínimo Vital.las solicitudes del Ingreso Mínimo Vital Es decir, para sacar adelante el paquete completo de ayudas del Gobierno destinado a paliar la situación de emergencia de millones de personas por culpa de la pandemia y la paralización económica.

La primera encomienda fue adjudicada el 26 de marzo a Tragsatec para que ayudara durante dos meses en la gestión de las prestaciones que deben cobrar los 3,8 millones de trabajadores incluidos en ERTE. Las 17 personas que ha contratado la empresa pública por un importe de 139.982 euros ya han empezado sus tareas desde casa, teletrabajando.

El 18 de mayo Trabajo firmó un segundo encargo con Tragsatec para que tramite durante los próximos seis meses los subsidios a las empleadas domésticas que se han quedado sin trabajo por culpa del coronavirus. A cambio de 771.320 euros, 40 personas han empezado ya a dar vía a estos expedientes, también teletrabajando. Hasta el momento el SEPE ha recibido 27.815 solicitudes, explica el Ministerio de Trabajo a infoLibre. Pese al refuerzo, sin embargo, aún no ha cobrado ninguna empleada del hogar de las que han pedido la ayuda, aprobada el pasado 31 de marzo. “Lo harán este mes”, subraya un portavoz.

Pero la mayor encomienda es la que ha hecho el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social para reforzar la tramitación de las solicitudes del Ingreso Mínimo Vital, aprobado el pasado viernes y que debería beneficiar a 850.000 hogares. Según ha asegurado el ministro José Luis Escrivá, sólo en las primeras 24 horas en que ha estado en marcha el simulador de la web del ministerio, este mismo miércoles, ha recibido ya cerca de un millón de consultas. Serán 700 trabajadores los que proporcionará Tragsatec para gestionar las ayudas. El ministerio no ha querido revelar a infoLibre el importe del contrato, porque “aún no está firmado”. Sin embargo, Tragsa asegura que la selección de personal concluyó la semana pasada, tras haber recibido unos 7.000 currículos, y prevé que los escogidos empiecen a incorporarse la semana próxima y a lo largo del mes. De ellos, 125 serán personas con discapacidad.

Cobros indebidos, Garantía Juvenil, prestaciones internacionales

En cualquier caso, no son éstos los únicos encargos que ambos ministerios han hecho a Tragsatec en los últimos meses. Aunque no relacionados con la pandemia, sí que van dirigidos a poner un parche a la ya histórica falta de personal de algunos de sus principales departamentos. Así, Trabajo le encomendó en marzo la gestión de las prestaciones de desempleo indebidamente cobradas, un contrato de 383.110 euros por el que la empresa pública reforzará al SEPE durante 14 meses, prorrogables otros seis. Para empezar, son unos 24.759 expedientes. A diferencia de las encomiendas anteriores, el trabajo se llevará a cabo de forma presencial en las instalaciones de la Dirección Provincial de Madrid del SEPE. En el documento de la licitación, accesible a través de la Plataforma de Contratación del Estado, el director del SEPE, Gerardo Gutiérrez Ardoy, reconoce que “la falta de personal” en el organismo impide disminuir los plazos del procedimiento para recuperar las prestaciones de paro cobradas de forma indebida, un fallo que pone en peligro el reintegro de esas cantidades y del que ha sido advertido el SEPE tanto por el Tribunal de Cuentas como por la Intervención General del Estado.

Desde 2015, además, el SEPE ha encargado a la filial de Tragsa parte de los procesos necesarios para tramitar las solicitudes del Sistema Nacional de Garantía Juvenil –ofertas de empleo y ayuda para menores de 30 años–. Un contrato que superaba el millón de euros y se ha ido renovando al menos hasta 2018 con importes más pequeños.

El INSS, por su parte, lleva desde 2018 contratando con Tragsatec la gestión de las prestaciones económicas concedidas “al amparo de normas internacionales”. Este año la encomienda firmada en marzo asciende a 857.180 euros y, como la anterior, tiene una duración de 24 meses. El organismo se ha visto obligado a pedir refuerzos para tramitar las cada vez más numerosas prestaciones sanitarias y pensiones a los ciudadanos españoles en el extranjero y a los turistas foráneos. Un aumento de movilidad internacional, admite el INSS en el propio contrato, para el que el organismo necesita “unos recursos materiales y humanos de los que a corto plazo no puede disponer”.

En total, y sin contar con la encomienda de mayor volumen, para gestionar las solicitudes del Ingreso Mínimo Vital, la factura desde marzo asciende a 2,15 millones de euros, sin contar con el encargo que todos los años la filial de Tragsa recibe del Instituto Social de la Marina, dependiente del Ministerio de Inclusión, para organizar sus cursos de formación, un trabajo de cuatro meses de duración por importe de 782.861 euros.

El precedente del Fogasa

Las encomiendas a Tragsatec para gestionar expedientes ya levantaron polémica en 2013 cuando el Gobierno de Mariano Rajoy le encargó tramitar los que se amontonaban en el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) en lo peor de la anterior crisis. El Fogasa abona los salarios impagados de las empresas que se declaran insolventes o en concurso de acreedores. También las indemnizaciones por despido en estas empresas con problemas. Por lo que durante la crisis se formó una bolsa de expedientes sin resolver que el propio Fogasa cifraba en 153.698 a 30 de abril de 2013. A su vez, el atasco provocaba dilaciones en la tramitación que alcanzaban los dos años en algunos casos. Legalmente, el organismo debe responder en un plazo inferior a tres meses. El 75% de los expedientes, sin embargo, superaban ese límite. Así que el ministerio que entonces encabezaba Fátima Báñez recurrió a Tragsatec a cambio de 3,26 millones de euros.

Dos años después, el Tribunal de Cuentas dictaminó que ese contrato era “contrario a los principios de legalidad y de economía”, además de resultar “perjudicial para los fondos públicos gestionados por el Fogasa”. Y ello es así porque el tribunal advierte de que podían ser nulas de pleno derecho las casi 150.000 resoluciones del Fogasa que se basaron en expedientes tramitados por Tragsatec. Cada una de ellas dio lugar a una prestación económica, lo que supuso un desembolso de 1,32 millones de euros, a razón de una media de 8.899 euros por trabajador.

El motivo de que esas resoluciones pudieran ser nulas era, según el Tribunal de Cuentas, que los empleados de Tragsatec se “extralimitaron” en las funciones teóricamente encomendadas por el Fogasa, ya que no sólo realizaron “tareas de apoyo, instrumentales y carácter accesorio” –como recoge la letra del contrato–, sino que, en realidad, también “instruyeron” los expedientes, una función que únicamente es competencia de los funcionarios públicos.

Además, el informe critica que el personal de Tragsatec tuviera acceso a las vidas laborales de los trabajadores que figuran en el sistema informático de la Tesorería de la Seguridad Social, algo que está “permitido única y exclusivamente a los funcionarios públicos del Fogasa” y que considera una vulneración de la Ley de Protección de Datos.

Finalmente, el Tribunal de Cuentas denuncia que el coste por expediente cobrado por Tragsatec, 21,78 euros, era “desproporcionado”, con un desfase del 1.077% sobre el coste medio que le supone al Fogasa tramitar un expediente con sus propios funcionarios, sólo 1,85 euros.

Tanto Trabajo como Seguridad Social coinciden ahora en precisar que se ha recurrido a Tragsatec para “tareas muy puntuales en las que se espera un importante volumen de solicitudes”. “Se trata de un aumento puntual y excepcional por la puesta en marcha de una nueva prestación, en absoluto un recurso para soluciones estructurales”, explica un portavoz de José Luis Escrivá sobre los 700 nuevos trabajadores para gestionar el Ingreso Mínimo Vital. Sobre los problemas desvelados por el Tribunal de Cuentas en los contratos del anterior Gobierno con el Fogasa, Trabajo asegura que los encargos más recientes se han hecho “con sumo cuidado”: “El de Tragsatec es personal de apoyo, no realiza las funciones de los empleados públicos, sólo tareas mecánicas y administrativas, en ningún caso validarán ni aprobarán expedientes”.

Condiciones “discriminatorias” para las empleadas domésticas

En el documento donde el SEPE encarga a Tragsatec la tramitación de los subsidios para las empleadas del hogar que se han quedado sin trabajo por culpa del covid-19, el director general reconoce de nuevo que el organismo “carece de medios humanos y materiales suficientes para poner en marcha y gestionar” la nueva ayuda. Sin embargo, Pilar Seoane cree que el problema no es exactamente de carga de trabajo, sino de su mala distribución. “El SEPE tiene una estructura provincializada, del siglo XIX”, critica, “por ejemplo, los funcionarios sólo pueden trabajar con usuarios de su propia oficina”. De forma que conviven oficinas con una enorme carga de trabajo, como las de Madrid y Barcelona, con otras que no sufren tanto, explica. Seoane menciona provincias como A Coruña y Pontevedra, donde se las han tenido que ver con cerca de 90.000 ERTE cada una, frente a otras como Lugo y Ourense, que se han quedado en 20.000.

Pilar Seoane cuenta también que los funcionarios del SEPE han estado trabajando hasta 12 y 14 horas diarias, incluidos sábados, tanto en las oficinas como en sus propias casas y al principio utilizando sus propios ordenadores y móviles. “En algunos casos gratis, además, porque no a todo el mundo le han pagado”, denuncia. Trabajo, por el contrario, se remite a un acuerdo de compensación, de 21 euros la hora, que se firmó hace semanas. Además, tanto el SEPE como el Fogasa han sido una suerte de patitos feos de la Administración durante años. El desgaste del trabajo de cara al público o los límites que se les imponían a los funcionarios de ambos organismos a la hora de presentarse a los concursos de traslados son un fuerte desincentivo laboral. “Hay muchos que en cuanto pueden se van, incluso perdiendo dinero”, reconoce Seoane Vázquez.

En su oficina de Boiro les han tocado dos de los 1.000 interinos que Trabajo está incoporando en el SEPE para acelerar la tramitación de las prestaciones de los ERTE. En toda España ya están en sus puestos unos 800, según el ministerio. En Boiro trabajan ahora 10 personas, para una oficina que en algunos meses puede llegar a atender a más de 3.000 trabajadoras fijas discontinuas de las muchas conserveras asentadas en la ría de Arousa. “Sabemos que no trabajamos con licencias de pesca, sino con personas, y ahora muchas de ellas se encuentran en una situación desesperada”, apunta. Por eso escribió el pasado abril una carta al secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, denunciando las condiciones establecidas para que las empleadas domésticas pidan el subsidio, que ella tacha de “discriminatorias”. Sólo pueden presentar la solicitud en los registros administrativos, previa obtención del certificado o clave digitales, un proceso no apto para quien no tiene destrezas informáticas, critica. Además, se les exige que presenten declaraciones juradas de todos sus empleadores, tanto de los que han dejado de contar con ellas por el coronavirus como de los que siguen pagándoles. Si uno de ellos no quiere firmar ese documento, se le deniega el subsidio. Finalmente, se ha centralizado toda la tramitación de estas solicitudes en Madrid.

“Es lo más eficiente”, replica por su parte el Ministerio de Trabajo, ya que se trata de una prestación nueva “para la que no existía un sistema o una aplicación previa que pudiera reutilizarse”. Sobre la presentación en los registros, el departamento esgrime que, al estar las oficinas del SEPE cerradas, es la opción “más fácil” y que también se puede solicitar el subsidio en papel a través de Correos. “Pero se exige que sea por correo certificado, lo que es un coste añadido para la trabajadora”, aclara Pilar Seoane. “Se pide la declaración jurada de todos los empleadores porque se trata de una ayuda topada, no puede superar el Salario Mínimo Interprofesional, pero los pagos también se pueden acreditar con otros documentos”, matiza un portavoz. Seoane Vázquez indica que no hacen falta las declaraciones juradas porque toda la información sobre horas, salario y base de cotización de las empleadas domésticas se halla en las Vidas Laborales de la Seguridad Social. “Unos datos a los que tenemos acceso los funcionarios del SEPE, no sé si lo tendrán los trabajadores de Tragsatec”, concluye.

La carga de trabajo no ha sido el único problema con el que han tenido que lidiar los funcionarios del SEPE. También han tenido que solucionar los errores múltiples que les está dando el nuevo programa informático instalado para tramitar las prestaciones de los ERTE. Se llama Hope, y es “demasiado simple para una tarea de la complejidad que tienen las prestaciones, así que ahora tenemos que corregir los errores a mano”. Los detectados por el propio programa y los que sólo se descubren a posteriori, cuando el beneficiario se da cuenta de que está cobrando menos de lo que debería: “Sólo en A Coruña, estamos corrigiendo ahora unos 1.000 errores detectados por la aplicación”.

El Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid ha abierto diligencias por la adjudicación irregular que hizo Tragsa entre 2012 y 2016 de cuatro contratos a la consultora Reinforce para que elaborara los informes técnicos de causas organizativas y productivas para el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que la empresa pública ejecutó en 2015. También ha citado a declarar en calidad de investigados –antes imputados– a varios directivos de Tragsa.

Según ha confirmado la compañía estatal a infoLibre, Tragsa se ha dirigido a la Abogacía del Estado para que se persone en el procedimiento en defensa de sus intereses. Fue la propia empresa pública la que abrió una investigación sobre los contratos y remitió un informe a la Fiscalía y al Tribunal de Cuentas el pasado mes de junio tras detectar irregularidades en esas adjudicaciones.

Reinforce es la consultora que contrató a quien fue secretario general de Tragsa entre febrero de 2012 y septiembre de 2018, José Manuel Díez Quintanilla, cuando éste abandonó la empresa pública con el cambio de gobierno. Era el número dos de Tragsa durante la presidencia de Miguel Giménez de Córdoba y quien llevaba la gestión efectiva de la compañía. Este periódico ha intentado ponerse en contacto, sin éxito, con Díez Quintanilla para recabar sus comentarios sobre el caso.

Tragsa, un ente instrumental, sólo puede trabajar para la Administración. Para ella ejecuta obras y servicios, a través de la matriz, así como proyectos e ingeniería a través de su filial, Tragsatec. No puede rechazar las encomiendas de gestión que le haga el Estado, que cobra según unas tarifas prefijadas. Fue creada en 1977 a partir de lo que entonces era el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA), y su principal accionista es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), con un 52%, seguido del Ministerio de Agricultura, con un 38%; el Ministerio de Hacienda, con un 12%, y el resto repartido entre las comunidades autónomas.

Tras los números de un largo y conflictivo ERE

En octubre de 2013 presentó el mayor ERE de una empresa pública, que iba a suponer el despido de 1.639 trabajadores. Sin embargo, la oposición de la plantilla, que se trasladó a la Audiencia Nacional en forma de demanda judicial, terminó con la anulación del ERE en abril de 2014. Mientras la empresa negociaba con los comités de la matriz y la filial las condiciones de los despidos, Tragsa contrataba a personas vinculadas con el PP para cargos directivos: un exalcalde de El Escorial (Madrid) que fue condenado por las tarjetas black blackde Caja Madrid, Javier de Miguel Sánchez; a Joaquín Miguel Gonzalo Sánchez-Arjona, yerno del histórico diputado del PP Gabino Puche, y a Luz Reverón González, exdirectora insular de la Administración General del Estado en La Gomera y exconcejal de Urbanismo en Santa Cruz de Tenerife. También estuvo a punto de contratar como gerente en Galicia a Ángel Currás, exalcalde popular de Santiago de Compostela y entonces imputado en dos causas por corrupción. La publicación de su inminente nombramiento terminó por frustrarlo.

Fuera del organigrama pero dentro de la asesoría jurídica figuraban, además, otras dos personas relacionadas con el Partido Popular. En noviembre de 2012, fue empleada en ese departamento de Tragsa Carmen Morenés Allendesalazar, hija de un exsocio de bufete de Miguel Arias Cañete. Y en junio de 2013 entró en la asesoría Adolfo Díaz-Ambrona Medrano, primo del secretario general técnico del Ministerio de Agricultura, Adolfo Díaz-Ambrona Medrano, a su vez nieto del ministro franquista de Agricultura de igual nombre.

Los sindicatos también denunciaron entonces que al mismo tiempo que Tragsa negociaba más de un millar de despidos, no dejaba de contratar trabajadores temporales.

Finalmente, en octubre de 2015, y tras el recurso de la empresa, el Tribunal Supremo consideró ajustado a derecho el ERE. Los despidos se acometieron en enero de 2016, dos años después de haberse presentado la medida, pero afectaron sólo a 555 trabajadores, una tercera parte de los inicialmente anunciados. De hecho, para entonces Tragsa ya había vuelto a beneficios, una senda que no ha abandonado hasta ahora.

Durante toda la negociación del ERE, Tragsa se basó precisamente en el informe técnico de causas organizativas y productivas redactado por Reinforce Consulting para sostener sus cifras de despidos, según recogen tanto la sentencia de la Audiencia Nacional como la del Tribunal Supremo sobre el ERE.

Aprueba un nuevo Código Ético

En febrero de 2019, el consejo de administración de Tragsa la presidencia del consejo de administración encargó un informe a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la empresa tras plantearse dudas sobre “la legalidad de los contratos suscritos en su día con empresas colaboradoras” en relación con el ERE. El responsable de Cumplimiento Normativo y la Dirección de Auditoría realizaron una investigación que culminó en el informe finalmente enviado a la Fiscalía, según explica Tragsa a preguntas de este periódico. Entonces se descubrió un posible fraccionamiento de contratos a Reinforce: un ilícito penal que se produce al realizar varios contratos para un mismo objeto y con el mismo adjudicatario, a fin de eludir los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación.

Tragsa acaba de anunciar la aprobación de un nuevo Código Ético –el anterior era de 2015–, un reglamento interno de la Comisión de Gobierno de Responsabilidad Corporativa y Prevención de Riesgos Penales, así como una normativa regulador de la figura del responsable de Cumplimiento Normativo. En noviembre también aprobó un protocolo de actuación y decisión ante posibles ilícitos. Además, ha unificado todos los buzones de reclamaciones en un único canal de denuncias para que cualquier trabajador o tercera persona pueda alertar de vulneraciones del Código Ético o ilícitos penales.

La empresa pública Tragsa ha recontratado a 101 de los 555 trabajadores que despidió en el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) ejecutado en enero de 2016. Pero lo ha hecho con contratos temporales: eventuales por circunstancias de la producción, interinidad, obra o servicio y relevo. Algunos de ellos, incluso, a tiempo parcial. Es decir, un centenar de trabajadores –45 de Tragsa y 56 de su filial, Tragsatec–, muchos de los cuales acumulaban más de una decena de años de antigüedad, volvieron a su empresa con fórmulas de empleo precarias. Según la respuesta obtenida por infoLibre a través del Portal de Transparencia, Tragsa explica que todas las contrataciones “han sido realizadas de conformidad con lo establecido en la normativa presupuestaria para las sociedades mercantiles del sector público”.

El grupo público, que trabaja exclusivamente para las administraciones públicas, sobre todo –aunque no sólo– en tareas medioambientales, de desarrollo rural y gestión de recursos naturales, es una de las empresas de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) con mayor plantilla, 14.417 trabajadores a 31 de octubre de 2019, y la tercera, tras Correos y Navantia, que más aporta a su cifra de negocio.

La crisis también le pasó factura y en 2013 presentó el que estaba llamado a ser el mayor despido colectivo de una empresa pública: 1.636 trabajadores. Sin embargo, el ERE tuvo una vida accidentada: fue rechazado por los sindicatos, denunciado ante los tribunales y anulado por la Audiencia Nacional. Hasta dos años después, el 20 de octubre de 2015, no le dio el visto bueno definitivo el Tribunal Supremo. Finalmente, entre el 31 de diciembre de ese año y los primeros días de enero del siguiente fueron despedidas 555 personas.

Al menos un centenar de ellas presentaron demandas judiciales individuales en los juzgados de lo Social, de las cuales más de un tercio dieron la razón a los trabajadores y otras tantas fueron resueltas en la conciliación previa al juicio: Tragsa ofreció entonces a quienes despidió volver a la empresa, pero con contrato temporal y sin la antigüedad acumulada.

De hecho, Tragsa comenzó a sustituir a los trabajadores fijos despedidos por temporales casi al día siguiente de echarlos. Los sindicatos denunciaron que había inundado de anuncios el portal Infojobs: 175 ofertas en los cuatro meses posteriores al ERE sólo en la filial del grupo, Tragsatec.

El mismo mes de enero de 2016 ya buscaba el grupo 46 veterinarios para las delegaciones de su filial en Asturias y Extremadura. Veinticinco para el Principado y 21 para la comunidad extremeña. Ofrecía contratos temporales para cinco y siete meses. Con sueldos de 23.500 a 25.500 euros anuales brutos dependiendo de la experiencia del candidato. En el ERE Tragsatec había despedido a 18 veterinarios en Asturias y 35 más en Extremadura.

Explosión de empleo temporal en una empresa pública

Desde entonces, además, la plantilla de Tragsa no ha dejado de crecer. Al mismo tiempo que volvía a los beneficios, aumentaba las contrataciones. Desde 2016 hasta ahora, según cifras del propio grupo, el número de sus trabajadores ha crecido un 23,7%. Pero lo ha hecho sólo gracias a que ha disparado las contrataciones temporales: 3.112 nuevos empleados, un 72%. Porque los indefinidos son en estos momentos 498 menos que en 2016, un recorte del 7,4%. El grueso de esa reducción se ha producido en Tragsa, que ha perdido 326 trabajadores fijos. Pero el mayor crecimiento de la plantilla lo disfruta Tragsatec, un 29,3%, con un 76,6% más de temporales.

Desde 2016 también ha elevado sus gastos de personal: de 171,26 millones de euros a 204,61 millones en 2018, un 19,4%; es decir, por debajo de lo que ha crecido la plantilla. Lo mismo ha ocurrido con su cifra de negocio, de 251,78 millones de euros a 274,2 millones, un 8,9%. Tras años de pérdidas, superando los 10 millones hasta 2015, en 2016 reemprendió la senda de los beneficios, igualmente por encima de los 10 millones de euros –nueve en 2018–.

Condena de la Audiencia Nacional

infoLibre preguntó a Tragsa por las condiciones en que se recontrató a los despedidos en el ERE, pero la empresa pública se ha limitado a responder que éstas “respetan” los convenios colectivos de aplicación. Aunque no aclare qué salarios perciben quienes regresaron, sí es público que han perdido, por lo menos, la antigüedad. Ellos, si fueron contratados más de un mes después de su despido, y todos los trabajadores temporales entre cuyos contratos mediaba una interrupción igual o superior a siete meses.

En abril de 2016 la empresa dejó de computarles la antigüedad acumulada antes de la reanudación de sus contratos, “sin mediar ningún tipo de información, ni negociación”, según consta en la demanda de conflicto colectivo que CCOO interpuso contra la filial, Tragsatec, en la Audiencia Nacional. La Sala de lo Social dio la razón al sindicato en una sentencia dictada el 14 de noviembre. En ella el tribunal reproduce otra sentencia suya anterior, de mayo de 2011, en la que ya había reconocido el derecho de los trabajadores temporales al cómputo de su antigüedad independientemente de lo que duren las interrupciones de sus contratos. Fue ratificada por el Tribunal Supremo en 2012.

Ahora la Audiencia Nacional insiste en que el Estatuto de los Trabajadores impide computar de forma diferente la permanencia en la empresa de los empleados temporales y de los fijos, a los que no se puede dar “un trato más favorable”. Pese a que el Supremo destacaba en su sentencia de 2012 que existe una “consolidada doctrina jurisprudencial” sobre este asunto, Tragsatec ha decidido recurrir el fallo de la Audiencia Nacional, explican a este periódico fuentes de CCOO.

No reconociendo la antigüedad de los despedidos en el ERE que fueron recontratados como temporales, Tragsatec ha dejado de pagar unos 300 euros al mes por trabajador, suponiendo un sueldo de 1.200 euros, calculan las mismas fuentes. “Muchos de ellos tenían hasta 15 años de antigüedad”, resaltan. En la filial se abona un 5% por los cinco primeros trienios y un 10% los tres siguientes.

Las principales empresas públicas están en pleno periodo de renovación. En las últimas semanas, el Gobierno ha nombrado nuevos presidentes en sociedades de la entidad de Correos, Navantia, Tragsa o la Agencia EFE, así como en sociedades que no controla pero de las que es el principal accionista individual, como Red Eléctrica. No obstante, a diferencia de lo que ocurre en esa última compañía –que presidirá el exministro Jordi Sevilla a cambio de más de 500.000 euros anuales–, los sueldos de las principales empresas controladas al menos en un 51% por el Estado están limitados, y sus presidentes cobran cantidades que como máximo rondan los 210.000 euros anuales.

La norma que limita las remuneraciones es el Real Decreto 451/2012, que establece la clasificación de las principales empresas públicas en tres grupos en función del nivel de financiación pública de la sociedad, su volumen de actividad o su número de trabajadores. Según establece dicha norma y la orden que la desarrolla, la retribución básica de los presidentes de estas compañías no podrá exceder los 105.000 euros en el caso de las empresas más grandes (Navantia o Correos), los 80.000 en las que pertenezcan al grupo 2 (la Agencia EFE o Hunosa) o los 55.000 euros en las del grupo 3 (como Mayasa o Saeca). A esa remuneración se le pueden sumar dos pluses que, como máximo, permiten que el sueldo base del alto cargo en cuestión se duplique, por lo que el salario máximo de un presidente de una empresa con participación mayoritaria del Estado puede ascender a 210.000 euros anuales.

15 de las empresas que el Estado controla mayoritariamente o en su totalidad están agrupadas en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), entre ellas grupos como Correos y Navantia. Además, otras empresas públicas potentes como AENA, Renfe, Paradores o Loterias y Apuestas del Estado también están participadas al 100% por el Estado. Y precisamente esta última es la que tiene un sueldo más generoso para su presidente: Jesús Huerta, ex director general de Presupuestos de la Junta de Andalucía, fue nombrado el pasado 25 de julio como máximo dirigente de la sociedad y se embolsará 214.221 euros anuales.

De entre las principales empresas públicas consultadas, solo hay otra cuyo presidente supere los 200.000 euros de sueldo: Enusa, la compañía encargada de la fabricación y el abastecimiento de combustible a las centrales nucleares. Para este puesto fue nombrado hace apenas unos días José Vicente Berlanga, que hasta ahora desempeñaba funciones de director general de la Fundación Deportiva Municipal de Valencia y es una persona próxima al ministro de Fomento, José Luis Ábalos. El salario de Berlanga será de 210.000 euros anuales, 105.000 como sueldo base y la misma cantidad en complementos.

Por su parte, las dos principales compañías de la SEPI, Correos y Navantia, también han sufrido un relevo en sus cúpulas en los últimos días. La primera será presidida por el ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez, Juan Manuel Serrano, mientras la segunda tendrá como nueva máxima dirigente a Susana Sarriá, ex alto cargo de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Serrano percibirá un sueldo que, entre base y complementos, ascenderá a 191.052 euros anuales. Por su parte, es más complicado conocer la cantidad exacta que se embolsará Sarrià al frente de Navantia porque la empresa cambió de presidente a mediados de 2017 y no detalla a cuánto asciende el sueldo de un año completo para su máximo dirigente, pero la cuantía ronda los 190.000 euros.

Paradores, Renfe, AENA y Adif

Paradores es otra de las joyas de la corona del sector público que ha cambiado de presidente. En este caso, quien estará al frente de la compañía será el senador y ex número tres del PSOE, Óscar López, que –si no decide reducirse el sueldo y cobra lo mismo que su predecesora, Ángeles Alarcó, exesposa de Rodrigo Rato– percibirá un salario de 180.405 euros anuales. Se trata de una cantidad algo mayor de la que cobrará Isabel Pardo de Vera, nueva presidenta de Adif, que se embolsará anualmente 161.945 euros si su sueldo no cambia.

La empresa operadora de los aeropueros españoles, AENA, también tiene nuevo presidente: el exportavoz del PSC en el Parlament de Cataluña Maurici Lucena, que fue nombrado para el puesto hace unas semanas. Su salario, tomando como referencia el que cobró en 2017 el anterior presidente, Jaime García-Legaz, será de 162.903,87 euros anuales, prácticamente el mismo que el que percibirá el nuevo presidente de Renfe, Isaías Táboas, ex secretario de Estado de Transportes con José Blanco, que percibirá 161.998 euros cada año que esté al frente de la compañía de ferrocarriles.

Cetarsa y Hunosa –las empresas públicas que se dedican, respectivamente, a la producción de tabaco en rama y a la gestión de las minas asturianas– son otras de las compañías estatales que han sufrido una renovación en su cúpula. Sus nuevos presidentes son Juan Andrés Tovar (hasta ahora senador del PSOE por Cáceres) y Gregorio Rabanal (que ha pasado por diferentes puestos en los 24 años que lleva trabajando en Hunosa), y ambos percibirán sueldos muy similares: 162.039 euros anuales Tovar y 161.907 euros Rabanal.

Tragsa y EFE también cambian de presidente

Pedro Sánchez también ha colocado personas de su confianza en Tragsa –una de las principales empresas públicas, encargada de la ejecución de obras y servicios– y Saeca –que, con un tamaño mucho menor, se dedica a prestar dinero para proyectos relacionados con el sector primario–. El nuevo presidente de Tragsa es Jesús Sánchez, ex director general de Desarrollo Rural del Gobierno asturiano, y su homóloga en Saeca será María Luisa Faneca, hasta ahora responsable de Pesca del PSOE. En este caso, los sueldos son algo menores: Sánchez cobrará algo más de 140.000 euros anuales, mientras Faneca llegará a los 111.447, debido al menor tamaño de su empresa.

La última gran empresa pública que ha experimentado un cambio de presidente en las últimas semanas es la Agencia EFE, que a partir de ahora dirigirá el periodista Fernando Garea tras recibir el beneplácito de todos los grupos parlamentarios del Congreso. En su nuevo puesto, Garea cobrará un total de 157.884 euros: 114.251 serán su sueldo base, y el resto (algo más de 43.600 euros) procederán de los complementos que le corresponden.

El resto de las principales empresas estatales no ha visto modificada su cúpula directiva en las últimas semanas, por lo que, al menos por ahora, seguirán operando con sus anteriores presidentes. De este grupo, es el máximo dirigente de Mercasa –la compañía que gestiona mercados mayoristas como Mercamadrid o Mercasevilla–, David Martínez, el que cobra un sueldo mayor: 163.133 euros anuales (el dato es de 2016, ya que la compañía no facilita ninguno más reciente). Cerca de esa cantidad está Eduardo González-Mesones, presidente de Ensa, una sociedad que fabrica componentes para centrales nucleares, con un salario de 160.000 euros al año. Por su parte, la presidenta de Sepides, Rosa María Mosulén, se embolsa 156.239 euros. Y su homólogo de Minas de Almadén y Arrayanes, Isidro Javier Zapata, cobra 142.484 euros al año.

Las dos compañías restantes de las que el Estado es accionista mayoritario y forman parte de la SEPI tienen presidentes con salarios inferiores. Cofivacasa, que se dedica a liquidar las sociedades públicas de las que el Gobierno quiere deshacerse, está presidida por Francisco Javier Loriente, que cobra 109.973 euros anuales. Y Faina Zurita, que dirige el Hipódromo de la Zarzuela, también de titularidad pública, se embolsa 108.581 euros al año.

La presidenta de la empresa pública Tragsa, Elvira Rodríguez, anunció la semana pasada en la Universidad Menéndez Pelayo que la compañía va a abandonar Brasil y Paraguay, donde mantiene sendas filiales. Rodríguez dio por terminada la “aventura” de Tragsa en ambos países latinoamericanos. Lo que no dijo es que el cierre de las dos sociedades le ha costado a la compañía pública 10 millones de euros, que han convertido los cinco millones de beneficios brutos registrados en 2017 en unas pérdidas netas de 4,9 millones de euros. El ejercicio anterior, el grupo consolidado había conseguido unas ganancias de 814.000 euros, el primer resultado positivo tras encadenar tres años de números rojos.

Rodríguez justificó el fin del negocio en Brasil y Paraguay en el hecho de que el recorrido de ambos proyectos está “agotado”. Sin embargo, fuentes internas consultadas por infoLibre no han dudado en asegurar que la “aventura” americana de Tragsa, en concreto la brasileña, ha sido un “fracaso” desde el principio. Tragsa Brasil se creó en 2013 como filial en un 80% de Tragsa y en el 20% restante de Tragsatec, la sociedad del grupo dedicada a proyectos de ingeniería y consultoría. Fue un proyecto impulsado por el anterior presidente del grupo, Miguel Giménez de Córdoba. Su personal fijo está constituido únicamente por tres personas desplazadas desde España, entre ellos el delegado, y un número de trabajadores eventuales, contratados en el país, que llegó a los 424 en 2014 y se redujo hasta 56 dos años después. Ahora no quedan más que una cuarentena de personas liquidando la empresa.

El caso de la filial paraguaya, Colonización y Transformación Agraria (Cytasa) es distinto. Se creó en 1978 para dar respaldo jurídico a la finca con que el Estado de Paraguay pagó una deuda que mantenía con el español. Con una extensión de casi 7.000 hectáreas, Los Lapachos se dedica a la producción de soja.

Según las últimas cuentas de Tragsa colgadas en su página web, la filial brasileña terminó 2016 con unas pérdidas de 1,96 millones de euros. Tragsa Brasil reconoce que ha cerrado el ejercicio con patrimonio neto negativo pero también dice que está a la espera de “recibir fondos de su controladora en 2017 para revertir esa posición”. Además, hace constar que ese año “pasará a operar con flujos de caja positivos” gracias a una “mejora continua de sus proyectos y obras, así como a la firma de nuevos contratos que equilibrarán los gastos administrativos y los costes”. Sin embargo, la llegada de Elvira Rodríguez a la presidencia de Tragsa, en febrero de 2017, se tradujo en un cambio de estrategia. Fuentes de la empresa aseguran a este periódico que Tragsa va a dejar de acudir a licitaciones públicas en el extranjero y se concentrará en ser únicamente el “brazo ejecutor” de la política de cooperación al desarrollo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid).

En ese ámbito, Tragsa ejecuta proyectos, unos 80 según su última memoria de sostenibilidad, repartidos entre 28 países de África –Argelia y Malí–, América –desde Honduras hasta Perú– y Europa –Portugal y Turquía–. En total, facturó por esta actividad 33 millones de euros en 2016, la mayor parte en América.

Gran coste, mínimas ganancias

En sus escasos cuatro años de existencia, Tragsa Brasil sólo ha sumado 92.836 euros de beneficios: poco más de 38.000 euros en 2013 y 2014, y únicamente 16.000 euros en 2015. Para alcanzar esas exiguas cifras, Tragsa invirtió en su filial 1,66 millones de euros en dos años y tuvo que pedir dos préstamos, de 5,7 millones de euros cada uno, así como un tercero de 690.000 euros. Además, para cubrir el riesgo del tipo de cambio, Tragsa contrató derivados, que añadieron un gasto de 2,1 millones de euros, según consta en sus cuentas de 2016. En total, el coste financiero ascendió a 15,4 millones de euros.

Con ese dinero, Tragsa Brasil se dedicó a construir redes de saneamiento y abastecimiento de agua, así como a contratar y entrenar a brigadas forestales y a edificar vivienda de protección social.

Ahora, para sanear el negocio, Tragsa ha capitalizado los préstamos que hizo a su filial por importe casi nueve millones de euros, mientras que Tragsatec ha hecho una dotación adicional de 800.000 euros, según la información a la que ha tenido acceso infoLibre. En cualquier caso, las fuentes precisan que ese saneamiento se ha realizado con cargo a reservas, “sin sobrecoste alguno para el erario público”, aunque sí ha reducido el patrimonio del grupo.

Por lo que a Cytasa se refiere, Tragsa la puso a la venta ya en 2014, pero sin éxito. No obstante, sus números son mucho mejores que los de la filial brasileña. En 2014 llegó a ganar 1,1 millones de euros, aunque las cifras de 2015 disminuyen hasta 456.000 euros de beneficios en 2015 y 363.000 euros en 2016. Esos dos años, las inversiones de la empresa pública en la filial paraguaya sumaron 2,88 millones de euros.

La tercera de la SEPI

Tragsa no es la empresa pública más conocida, pero sí una de las de mayor plantilla, con unos 11.000 trabajadores, y la tercera que más aportó a la cifra de negocio de la Sociedad de Participaciones Industriales (SEPI), 701 millones de euros en 2016, casi un 20% de lo que factura. El grupo, que trabaja exclusivamente para las administraciones públicas en tareas medioambientales, de desarrollo rural y gestión de recursos naturales, presentó en 2013 el mayor despido colectivo de una empresa pública: 1.636 trabajadores.

Sin embargo, el ERE tuvo una vida accidentada: fue rechazado por los sindicatos, denunciado ante los tribunales y anulado por la Audiencia Nacional. Hasta dos años después, el 20 de octubre de 2015, no le dio el visto bueno definitivo el Tribunal Supremo. Entre el 31 de diciembre de ese año y los primeros días de enero del siguiente fueron despedidas 555 personas.

Entre 2013 y 2015 acumuló 72,65 millones de euros en pérdidas72,65 millones de euros en pérdidas, pero ha ido recuperando los niveles de producción al tiempo que las administraciones públicas también han ido retornando a la actividad. Así, en 2017 la facturación alcanzó los 706 millones de euros –aún lejos de los 946,6 millones de 2011– y su beneficio de explotación creció un 89% respecto al año anterior.

Creada en 1977 a partir de lo que entonces era el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (Iryda), Tragsa tiene como principal accionista a la SEPI, con un 51% del capital, seguida del Fondo Especial de Garantía Agraria (FEGA), con un 38,9%; la Dirección General de Patrimonio con un 9,9%, y el resto del capital repartido entre las comunidades autónomas, que poseen una participación simbólica de un euro. Es un “medio instrumental” de las administraciones públicas, que son sus únicos clientes. Trabaja con ellas mediante encomiendas de gestión, un instrumento polémico porque no media licitación pública alguna. Tragsa cobra según unas tarifas prefijadas y no puede rechazar ninguno de los encargos que las administraciones le hagan.

La Seguridad Social ha perdido 4.249 empleados desde 2009. La plantilla de la Tesorería General (TGSS) se ha reducido en un 17,2% desde 2011. La del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), en un 16%. Bien por jubilaciones bien por traslados. De hecho, se trata de una de las plantillas más envejecidas de toda la Administración. Sólo 10 de los 11.090 trabajadores de la TGSS tienen menos de 29 años. El 83% de ellos supera los 50. En el INSS el panorama es similar: según las previsiones del propio organismo, el número de sus funcionarios se recortará en un 31,6% hasta 2020, cuando sólo tendrá 8.329 empleados públicos de carrera. De media, en el INSS se jubilan 272 personas al año. En la Tesorería, 426.

De forma que, como denuncian insistentemente los sindicatos, hay decenas de oficinas gestionadas por sólo uno, dos o tres trabajadores. Y se han cerrado un buen número de ellas en Madrid, Huelva, Valladolid, Valencia…, clausuras “enmascaradas como reorganizaciones”, sostiene UGT. CCOO denuncia que el 16% de los puestos de trabajo se encuentran sin cubrir. Según CSI-F, desde 2012 la Seguridad Social pierde un empleado público cada cuatro días.

Pero el problema no se limita a la atención al público. Alcanza a la tramitación de los expedientes de Incapacidad Temporal, Incapacidad Permanente y pensiones de jubilación, viudedad y orfandad en la Dirección Provincial de Madrid. Según las fuentes consultadas por infoLibre, unos 4.000 expedientes de Incapacidad Permanente se encuentran atascados allí. La primera medida para intentar aliviar el bloqueo fue incentivar a los funcionarios de otras provincias –Valladolid, Zaragoza– con el abono de seis euros por expediente tramitado. El sindicato CGT, que ha denunciado los pagos, asegura que incluso se ha “presionado” al personal para que aceptara ese trabajo extra.

Como no ha sido suficiente, este mismo mes la Dirección Provincial de Madrid ha activado un plan de apoyo, junto con la Subdirección General de Prestaciones, para “distribuir el trámite de los expedientes de Incapacidad Permanente de Madrid con dictamen de propuesta EVI [Equipo de Valoración de Incapacidades] entre todas las direcciones provinciales”. En un correo electrónico del subdirector general, César Luis Gómez Garcillán, al que ha tenido acceso este periódico, el funcionario admite “la pendencia acumulada en el trámite y resolución de los expedientes de Incapacidad Permanente”, que atribuye a “un notable incremento” de estos procedimientos en Madrid en los últimos cuatro años y a la “pronunciada disminución de la plantilla efectiva”.

A partir del 2 de enero, explica el subdirector general, los expedientes se asignarán de manera “automática”, uno por cada tramitador, para que “la carga de trabajo” se distribuya “de forma gradual”, sin “colapsar ninguna provincia”. En toda España, repartidos por las diferentes direcciones provinciales, trabajan más de 400 tramitadores, detalla el correo.

El precedente del Fogasa

Además, el INSS ha firmado una encomienda de gestión con la empresa pública Tragsatec para que preste “atención telefónica y apoyo” en el seguimiento de los partes de Incapacidad Temporal y tramite las incidencias que surgen en las prestaciones ligadas a esas bajas laborales. La Tesorería General también ha suscrito otra para que le dé apoyo en la gestión del Sistema de Liquidación Directa de Cuotas. Son encargos para los dos próximos años: el primero por importe de 800.496 euros y el segundo, de 3.18 millones de euros.

Tragsatec es la filial de la empresa pública Tragsa. Ambas son entes instrumentales, “medios propios” de los que se sirve la Administración para realizar trabajos por lo general urgentes. Empleo ya recurrió a Tragsatec en septiembre de 2013 para desatascar los expedientes del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), un departamento especialmente lastrado por la falta de personal y cuya carga de trabajo se multiplicó en plena crisis por el aumento de las insolvencias empresariales. Entonces la encomienda a Tragsatec fue motivo de polémica por el acceso que los trabajadores contratados por la empresa pública tuvieron a datos confidenciales, pero también por los posibles problemas de seguridad: los expedientes fueron trasladados en furgonetas de Correos desde las delegaciones provinciales hasta la sede de Tragsatec en Madrid. Además, para el trabajo con el Fogasa, la empresa contrató de forma temporal a 80 personas mientras negociaba un Expediente de Regulación de Trabajo (ERE) para 1.636 empleados.

Las denuncias por el atasco en el Fogasa llegaron a los juzgados y al Defensor de Pueblo. Y finalmente un informe del Tribunal de Cuentas dictaminó en 2015 que el personal de Tragsatec no sólo realizó “tareas de apoyo, instrumentales y de carácter accesorio” –como recogía la letra del contrato con Empleo–, sino que también “instruyó” los expedientes, una función que únicamente es competencia de los funcionarios públicos. El tribunal advirtió incluso de que podían ser nulas de pleno derecho las casi 150.000 resoluciones del Fogasa que se basaron en expedientes tramitados por Tragsatec. Las consecuencias podrían haber sido gravosas: cada resolución da lugar a una prestación económica, puesto que el Fondo de Garantía Salarial abona los salarios impagados de las empresas que se declaran insolventes o en concurso de acreedores. También las indemnizaciones por despido en estas empresas con problemas.

Además, el Tribunal de Cuentas reprochaba a Empleo que el contrato había supuesto un perjuicio para los fondos públicos: su coste multiplicó por 12 el del mismo trabajo realizado por los funcionarios del Fogasa. Según el informe, Tragsatec cobró por cada expediente 21,78 euros, mientras que al Fogasa tramitarlo con sus propios funcionarios sólo le suponía 1,85 euros.

El órgano fiscalizador también echaba en cara al ministerio la “evidente insuficiencia de personal del Fogasa” y que, en lugar de haber provisto a este organismo público de más funcionarios, hubiera encomendado “la ejecución de funciones reguladas por el derecho administrativo” a una empresa externa.

Gestionar incidencias y verificar datos

Pues bien, pese a todos estos reparos, Empleo ha vuelto a recurrir a Tragsatec para suplir la falta de personal. Aunque en este caso sólo contratará a ocho personas hasta 2019, que prestarán sus servicios en las dependencias de la Seguridad Social, a diferencia de lo ocurrido con el Fogasa.

Su tarea consistirá en “identificar” a 150 grupos empresariales, las mayores empresas españolas, y comunicarse con ellas para “gestionar las incidencias” que se produzcan en el reconocimiento de las prestaciones por baja laboral en sus plantillas y que puedan afectar al nuevo Sistema de Liquidación Directa de Cotizaciones implantado desde 2015.

También deberán prestar atención telefónica a las reclamaciones por esas mismas bajas ante los servicios públicos de salud y las mutuas, para detectar de forma “temprana cualquier incidencia”. Según consta en la encomienda con Tragsatec, publicada en el Portal de Transparencia del Gobierno, los empleados de esta empresa deberán atender 450 llamadas mensuales sobre incidencias relacionadas con el Sistema de Liquidación Directa.

Finalmente, tendrán que dar “apoyo a las labores de verificación” de los datos comunicados por las empresas, los servicios públicos de salud y las mutuas que “dificulten” la presentación de la liquidación de cuotas a la Seguridad Social. Así, deberán acreditar los procesos de Incapacidad Temporal –es decir, que hay datos médicos que avalen la baja laboral–, identificar los periodos de pago, comprobar las recaídas –la acumulación de bajas– o, por ejemplo, si una Incapacidad Temporal se convierte en Incapacidad Permanente. En resumen, deben subsanar errores para que la liquidación de cuotas sea correcta. La encomienda prevé que Tragsatec gestione telemáticamente unas 550 incidencias de este tipo al mes.

Hasta ahora, estas incidencias en las Incapacidades Temporales las resolvían los funcionarios del INSS tras recibirlas en el Buzón Acredita y el Buzón Subsidios –dos buzones de correo electrónico–. Los empleados públicos contrastan los datos cuando se produce una una recaída, se pide una prórroga o hay un dato erróneo en la base reguladora...–. Tienen de plazo 48 horas para resolverlas, aunque se suelen contestar en un día, según las fuentes internas consultadas por infoLibre.

“No hay atasco, sólo un decalaje al comunicar datos”

Un portavoz del Ministerio de Empleo niega que exista un atasco de expedientes en Madrid, y sitúa el problema en el hecho de que en la capital se concentren las grandes empresas españolas. “Siempre existe un decalaje en la comunicación de los datos de los trabajadores que hacen estas empresas”, explica. Tragsatec añade, hará un trabajo de “apoyo en la gestión de esos datos”, pero “no tramitará expedientes”. “El objetivo es que se reduzca el número de incidencias y se mejore el sistema de liquidación directa”, resume el ministerio. Según destaca, se trata de un mero procedimiento administrativo, no de evaluación, y Tragsatec no tendrá acceso a datos confidenciales.

En efecto, la encomienda deja claro que la labor de la empresa no implicará “la manipulación de bases de datos corporativas o la toma de decisiones finales que afecten al reconocimiento, mantenimiento o extinción de derechos de prestaciones económicas a corto plazo”. Lo que no significa que los empleados de Tragsatec no tengan acceso a datos personales. La misma encomienda obliga a la empresa pública a cumplir con la Ley Orgánica de Protección de Datos en los casos en que “resulte necesario” para prestar el servicio trabajar  con ficheros del INSS. Así, por ejemplo, se la obliga a “adoptar, implantar y cumplir” medidas de seguridad técnicas y organizativas “de nivel medio” para garantizar la seguridad e integridad de esos datos. Además, Tragsatec está autorizada a subcontratar con otras empresas hasta el 50% de los trabajos que le ha encargado Empleo, por lo que deberá obligar a su vez a éstas a cumplir con esos estándares de seguridad al acceder a datos personales de trabajadores.

Además las fuentes internas consultadas por este periódico confirman que para resolver las incidencias en las bajas laborales el tramitador trabaja con  una pantalla en la que aparecen los datos personales del trabajador, desde su dirección, número de teléfono o fecha de nacimiento hasta el diagnóstico médico.

Once contratos por 9,16 millones de euros

Este año la Tesorería General de la Seguridad Social también ha repetido con Tragsatec la encomienda que firmó en 2015 para que le prestara “asistencia técnica de apoyo” a la implantación del Sistema de Liquidación Directa de cuotas. Entonces le pagó 3,71 millones de euros por el trabajo de 11 personas durante dos años. En la encomienda la TGSS reconoce que acude a Tragsatec porque necesita contar “con unos recursos materiales y humanos especializados de los que actualmente no dispone” el departamento. A partir de ahora seguirá dos años más cumpliendo la misma tarea por 3,18 millones.

Además, Empleo ha recurrido a Tragsatec para que le ayude a gestionar las inscripciones en el Sistema de Garantía Juvenil –317.275 euros– durante los próximos cuatro meses, después de haber hecho lo mismo en 2015 por importe de 1,03 millones de euros. Tanto en el Portal de Transparencia del Gobierno como en la web de Tragsa sólo aparecen publicadas las encomiendas firmadas este año 2017. El pasado mes de enero también suscribió otro encargo con Empleo, por importe de casi un millón de euros, para realizar el seguimiento del Programa de Empleo Juvenil hasta 2019. En total, esas cuatro encomiendas suman 5,29 millones de euros. Si se les añaden los siete encargos para que personal de Tragsatec inspeccione este año los cursos de formación de la plantilla del Instituto Social de la Marina (ISM), la cifra se eleva hasta los 9,16 millones de euros.

La falta de convocatorias de empleo público en los años de recorte del gasto se ha dado por terminada con la oferta publicada el pasado mes de julio. De las 20.280 plazas anunciadas para este año y 2018, 564 corresponderán a la Seguridad Social, a las que hay que sumar otras 470 de promoción interna. No obstante, según los cálculos de CCOO, sin cubrir hay en la Seguridad Social 4.751 puestos de trabajo.

CCOO ha denunciado en el juzgado a Tragsatec, la filial de la empresa pública Tragsa, por haber realizado “un ERE encubierto” en su delegación de Valencia. Tragsatec despidió entre los pasados meses de abril y mayo a 14 de sus 135 trabajadores en lo que el sindicato califica de “despido colectivo por goteo”. La empresa justificó la medida en el fin de una encomienda de gestión que mantenía con la Generalitat de Valencia para desarrollar servicios informáticos en la Conselleria de Agricultura pero que, tras los despidos, se ha prorrogado seis meses y finalmente, ha salido a concurso públicoha salido a concurso público.

De los 14 trabajadores afectados, cuatro fueron despedidos alegando causas objetivas y a los 10 restantes se les rescindieron sus contratos de obra y servicio. Como ese número de despidos supera el 10% de la plantilla y se ha acometido en un plazo de 30 días, el Estatuto de los Trabajadores lo considera un despido colectivo –antes conocido como Expediente de Regulación de Empleo (ERE)–, argumenta CCOO en su demanda. Y todo ERE debe ser negociado por la empresa con los representantes de los trabajadores, un trámite obligatorio por ley cuya vulneración convierte en nulos los despidos.

Además, el sindicato intenta desmontar como causa de los despidos la alegada por la empresa: que la encomienda –un encargo que las administraciones públicas hacen a los llamados “medios propios”, como es el caso de Tragsa– de la Generalitat llegaba a su fin el 3 de febrero de este año. Sin embargo, explica la demanda, los trabajadores de Tragsatec siguieron prestando sus servicios hasta que fueron despedidos tres meses después. De hecho, antes de esa fecha, el 31 de enero, la empresa pública había comunicado a la plantilla y al comité que el 100% del personal continuaría en sus puestos hasta el mes de julio y, después, hasta noviembre, lo haría el 70%.

Como publicó en su día infoLibre, la Generalitat valenciana había enviado a Tragsatec los días 19 y 20 de enero pasados –dos semanas antes de que prescribiera la encomienda– dos escritos solicitando la prórroga de los servicios durante nueve meses. Dado que éstos se consideran “de carácter esencial” y “no pueden ser aplazados”, la Conselleria de Hacienda pedía que continuaran prestándose “hasta la asunción del servicio por el contratista correspondiente”. Y según reconoce la propia Tragsa, continuó en efecto ejecutando los trabajos para la Generalitat valenciana “por inercia legal”, pese a que no se hallaban “amparados en título jurídico alguno”.

En la actualidad, la encomienda ha sido prorrogada por seis meses, mientras los servicios que prestaba Tragsatec han salido a concurso público en dos licitaciones. La primera ya ha sido adjudicada a Tecnocom, filial de la semipública Indra, en un contrato por dos años por importe de 1,96 millones de euros para hacerse cargo de los sistemas informáticos del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020. La segunda, aún sin decidir, se refiere a la gestión de los fondos del FEAGA (Fondo Español de Garantía Agraria) igualmente durante dos años y por importe de 2,38 millones de euros más.

Contratos por obra en fraude de ley

CCOO también ha denunciado en el juzgado que uno de los despedidos en Valencia era representante sindical. Tenía un contrato por obra y servicio que fue prorrogado tres veces. Es decir, llevaba desde 2009 trabajando con un contrato temporal. Según el Estatuto de los Trabajadores y el convenio colectivo de ingenierías, todo contrato por obra que supere los cuatro años está en fraude de ley y debe convertirse en indefinido. Fue lo que demandó ante los tribunales este trabajador, junto con otros seis en su misma situación, en 2014. El litigio se encuentra pendiente de sentencia en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Pero, según aduce en su nueva demanda judicial, el despido se produce en represalia por aquella demanda. Se trata de una vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, asegura CCOO.

En marzo de 2016, la Audiencia Nacional ya condenó a Tragsa y le ordenó que convirtiera en indefinidos no fijos a 155 trabajadores con contratos temporales de obra y servicio que mantiene en fraude de ley desde 2010.

El pasado 4 de febrero concluyó la encomienda de gestión por la que Tragsatec, filial de la empresa pública Tragsa, prestaba en  la Comunidad Valenciana desde hace 10 años los servicios informáticos necesarios para el pago de las ayudas a los agricultores de la PAC, la Política Agraria Común. La Generalitat decidió prescindir de la empresa pública y sacar a concurso el contrato, que ganó Tecnocom, ahora absorbida por Indra, cuyo 20% es propiedad del Estado.

Según las fechas establecidas en el contrato, Tecnocom no comenzará a prestar el servicio hasta el próximo mes de mayo. Así que durante los últimos tres meses Tragsatec ha seguido realizando el trabajo. Hasta el pasado martes, en que despidió a 14 de las 32 personas adscritas a la unidad que se encargaba de la gestión informática de estas ayudas: 83 millones de euros al año que reciben unos 75.000 agricultores, según cifras de la propia Tragsa.

Fuentes de la empresa pública explican que durante estos últimos tres meses Tragsatec ha continuado trabajando para la Generalitat valenciana “por inercia legal” y pese a que ese trabajo no se hallaba “amparado en título jurídico alguno”. Ni tenía encomienda de gestión, que había finalizado el 4 de febrero, ni ha existido prórroga, aseguran. De ahí que no le haya quedado más remedio a Tragsa que “cerrar la ventanilla” y resolver los contratos de 14 trabajadores temporales. Los 18 restantes de la unidad afectada, todos fijos, han sido “recolocados”, puesto que ahora realizan trabajos “remotos”, desde la misma ubicación, para otras unidades de Tragsa en otras comunidades autónomas.

Sin embargo, según la documentación a la que ha tenido acceso infoLibre, la Generalitat valenciana envió a Tragsatec los días 19 y 20 de enero pasados –dos semanas antes de que prescribiera la encomienda– dos escritos solicitando la prórroga de los servicios durante nueve meses. Dado que éstos se consideran “de carácter esencial” y “no pueden ser aplazados”, la Consejería de Hacienda pedía que continuaran prestándose “hasta la asunción del servicio por el contratista correspondiente”. La “continuidad” se dividía en dos fases, cada una con diferente carga de trabajo: la primera al 100% hasta julio y la segunda al 70% hasta noviembre. El importe total de la prórroga que la Generalitat calculaba pagar a Tragsatec ascendía a 1,038 millones de euros.

Un portavoz de la Consejería valenciana de Hacienda indica que existía un “compromiso de continuidad” por parte de Tragsatec y que se sigue negociando con la empresa los términos de la transición y la “transferencia de conocimiento” al nuevo personal. De hecho, añade, la responsable de Desarrollo Económico, María José Mira, también representante de la Generalitat valenciana en el consejo de administración de Tragsa, se reunió este miércoles con la presidenta del grupo, Elvira Rodríguez, para tratar, entre otros temas, la gestión de las ayudas de la PAC.

Según destaca Hacienda, la Generalitat no ha privatizado el servicio que daba la filial de Tragsatec sino que, por el contrario, va a “rescatarlo”, como ha hecho ya con la sanidad, por ejemplo, y pasará a prestarlo personal de la Administración autonómica. “Ya hay funcionarios de la Dirección General de Tecnologías de la Información y la Comunicación asignados a esa tarea”, asegura. La labor de Tecnocom, por tanto, será de “refuerzo”, ejecutará parcelas que no puede atender el personal de esa Dirección General. El contrato fue licitado por un importe de 3,06 millones de euros y adjudicado a Tecnocom por 1,44 millones para los dos próximos años.

Desde 2013 el Gobierno valenciano ha pagado a la filial de Tragsa un total de 6,4 millones de euros por la encomienda ahora concluida, según la documentación en poder de este periódico.

Contratos en fraude de ley

En un comunicado, CCOO asegura que la prórroga ofrecida por la Generalitat valenciana “fue aceptada por Tragsatec” e incluso se comunicó a la plantilla de la delegación valenciana. El sindicato atribuye a la nueva presidenta de Tragsa la decisión de dar por finalizado el servicio y despedir a los trabajadores. Fuentes de la empresa pública lo niegan. Y argumentan que la Ley de Presupuestos le impide aumentar plantilla convirtiendo en fijos a los temporales. CCOO, por su parte, denuncia que cuatro de los 14 despedidos son una trabajadora embarazada, otra con reducción de jornada por cuidad de un menor, un trabajador con permiso de lactancia y un delegado sindical.

El resto tenía contratos por obra y servicio. Algunos de ellos interpusieron en su día una demanda contra la empresa porque llevaban una década trabajando con esos contratos temporales, lo que constituye un fraude de ley: el Estatuto de los Trabajadores establece que, pasados tres años, esos contratos devienen indefinidos. En estos momentos, las demandas se encuentran pendientes de recurso en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Mientras estos trabajadores han recibido indemnizaciones de 12 días por año trabajado, tal y como corresponde a la finalización de un contrato temporal, los cuatro primeros han sufrido un despido de los llamados objetivos, por causas organizativas, por lo que han sido indemnizados con 20 días por año, la cantidad estipulada por ley para la rescisión de los contratos indefinidos. Sin embargo, fuentes de la empresa aclaran que se trata de trabajadores “en situación especial”, por lo que la ley exige que sean despedidos de esa manera. “No supone que les reconozcamos su condición de indefinidos”, apuntan.

CCOO también reprocha a Tragsatec que despida a 14 trabajadores cuando ha terminado 2016 con 10,4 millones de euros de beneficios. Y que el futuro de los 120 empleados que han quedado en la delegación valenciana no esté garantizado con un plan de viabilidad. La filial de Tragsa cuenta con una plantilla, repartida por toda España, de 4.673 empleados, de los cuales 2.012 son temporales, según cifras de la propia empresa. El año pasado redujo su personal fijo un 9,5% respecto a 2015, al tiempo que disparaba un 24,6% la contratación de eventuales. De esta forma, el gasto de personal cayó un 2,7%, pese a que la plantilla creció casi en la misma medida, un 2,6%.

El grupo Tragsa presentó en 2013 el que iba a ser el mayor Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de una empresa pública, 1.639 despidos. Tras una batalla legal que llegó al Tribunal Supremo dos años después, la empresadespidió en enero de 2016 a un total de 555 trabajadores. E inmediatamente empezó a contratar para esos mismos puestos a empleados temporales. Así ha conseguido el grupo recortar un 10,2% sus gastos de personal el último año, más del doble de lo que ha reducido la plantilla, un 4,6%.

Directivas europeas contra las encomiendas de gestión

La Generalitat justificó en su día el fin de la encomienda de gestión con la pública Tragsa y el recurso a una empresa privada por las directivas de la Unión Europea que recomiendan no utilizar esta herramienta. También el Tribunal de Cuentas y la Intervención General del Estado aconsejan restringir al máximo el número de encomiendas, o al menos ser mucho más estrictos en su uso. Y las empresas privadas de ingeniería han protestado en reiteradas veces por lo que consideran competencia desleal no sólo de Tragsa, sino también de otras empresas públicas como Mercasa –que gestiona la red de mercados mayoristas– o Isdefe –Defensa–.

Las encomiendas son contratos que las administraciones públicas suscriben con los llamados “medios propios”, las compañías antes citadas. Las adjudicaciones se hacen sin concurso público y las empresas cobran según unas tarifas prefijadas por el Gobierno. Estos medios propios no pueden competir con empresas privadas en concursos públicos ni pueden rechazar los encargos que les hacen las administraciones.

Las dudas sobre las encomiendas de gestión se refieren a su uso abusivo e injustificado, también a la falta de publicidad. Por ejemplo, pese a que la Ley de Transparencia obliga a la publicación de las encomiendas, Tragsa recurrió ante el juez una resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, dependiente de Hacienda, que le instaba a publicar en su portal de transparencia las encomiendas que firma con las comunidades autónomas.

Además, dicen sus críticos, las encomiendas se utilizan a veces para encargar a estas empresas estatales tareas que exceden de su objeto social, por lo que luego deben subcontratar una gran parte del trabajo a firmas privadas.

Por el contrario, el Ministerio de Agricultura alegó en su momento ante la Intervención General del Estado que, si bien la encomienda de gestión “no es un contrato, tampoco es un vergonzante pseudocontrato, sólo un instrumento jurídico distinto”. Y pidió a la Administración que abriera un debate técnico-jurídico sobre la regulación de este instrumento para “normalizar” su uso.

El caso es que, de restringirse al máximo o eliminarse las encomiendas de gestión, el futuro de Tragsa, que vive exclusivamente de ellas y no puede competir en el mercado con empresas privadas, se vería seriamente amenazado. Según cifras del propio Ministerio de Agricultura, el departamento mantiene un total de 347 encomiendas de gestión, por importe de 406,8 millones de euros.

La exministra de Medio Ambiente y expresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Elvira Rodríguez, cuyo mandato concluyó en octubre del año pasado, se convertirá en presidenta de la sociedad estatal Tragsa, indicaron a Europa Press fuentes conocedoras del nombramiento.

El consejo de administración de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), propietaria de Tragsa, celebra este viernes su reunión mensual ordinaria, en la que previsiblemente se dará curso al nombramiento.

Tragsa está especializada en el desarrollo rural y en la conservación medioambiental, ámbito en el que Rodríguez dispone de una alta cualificación, ya que fue ministra de Medio Ambiente entre 2003 y 2004, en la última etapa de gobierno de José María Aznar.

Según El País y Cinco Días, que adelantan el nombramiento, Rodríguez será designada en un primer momento consejera de Tragsa y, posteriormente, presidenta de esta empresa durante una junta de accionistas que se celebrará en breve.

Tras su salida de la CNMV, se barajaron distintos destinos para Rodríguez, entre ellos la presidencia de la SEPI, pero el ente público dispone de paquetes accionariales de compañías privadas como Indra, IAG, REE o Enagás, lo que complicaba su elección.

En octubre del año pasado, el consejo de CNMV designó a Rodríguez y a la exvicepresidenta Lourdes Centeno como asesoras en materias relacionadas con el mercado de valores. Esta colaboración no es retribuida.

Tanto la expresidenta como la exvicepresidenta de la CNMV tienen derecho a percibir tras sus ceses indemnizaciones del 80% de su salario durante un máximo de 2 años, el plazo que fija la ley para sus incompatibilidades.

Rodríguez asumió el cargo de presidenta de la CNMV el 6 de octubre de 2012, en sustitución de Julio Segura. Su mandato, de cuatro años de duración, venció el pasado 5 de octubre.

Durante los cuatro años en los que Rodríguez y Centeno han pilotado la CNMV, el supervisor ha tenido que abordar problemas de solvencia de compañías como Pescanova y Abengoa, y gestionar nuevas medidas para evitar escándalos sonados como el de las participaciones preferentes, entre otras medidas.

La ausencia de acuerdo entre los partidos políticos impidió que la cúpula de la CNMV permaneciera al menos de forma transitoria hasta la formación de un nuevo Ejecutivo con plenas funciones.

La expresidenta de la CNMV sustituirá en el cargo a Miguel Giménez de Córdoba Fernández-Pintado. El consejo de administración de Tragsa está en la actualidad integrado por catorce consejeros, entre ellos Isabel Aguilar Pastor, Ángel Álvarez Quintana, Manuel Alves Torres y Héctor Villa González.

También se sientan en el órgano rector Ignacio Gutiérrez Gilsanz, Asunción López Rodríguez, José Marcos Lillo Pérez, Francisco Javier Ramiro Curiel, Cesar Mantecón Granell, Julio Martín Cádiz, Ángel Muñoz Cubillo, Francisco Muñoz García, Ana Julia de Miguel Cabrera y Juan Carlos Barrero Mancha.

Tragsa es una de las empresas públicas con mayor plantilla, con 10.800 trabajadores, y la segunda que más aporta a la cifra de negocio de la Sociedad de Participaciones Industriales (SEPI), 891 millones de euros en 2015, casi el 20% de lo que factura. El grupo, que trabaja exclusivamente para las administraciones públicas en tareas medioambientales, de desarrollo rural y gestión de recursos naturales, presentó en 2013 el mayor despido colectivo de una empresa pública: 1.636 trabajadores. 

El ERE fue rechazado por los sindicatos, denunciado ante los tribunales y anulado por la Audiencia Nacional. El Supremo le dio el visto bueno en octubre de 2015: el mismo tribunal que en noviembre del pasado año sentenció que el convenio colectivo de Tragsa debe mantenerse en vigor hasta su sustitución por uno nuevo. La intención de la empresa pública era la de de anular su vigencia acogiéndose a los criterios de la reforma laboral de 2012.

La Generalitat valenciana se convirtió el pasado 31 de octubre en accionista de la empresa pública Tragsa. Hasta ese momento la valenciana era la única comunidad autónoma –junto con Castilla y León– que no participaba en el capital de compañía, perteneciente a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y tutelada por el Ministerio de Agricultura –al Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) pertenecen el 39% de sus acciones–. Ese día, el conseller de Hacienda, Vicent Soler, firmó ante notario y fotógrafos la compra de una acción de Tragsa, por valor de 8.171 euros y alabó la “amplia experiencia” de la empresa pública, así como “la alta cualificación de sus recursos humanos, su compromiso con el I+D+i y su respeto al medio ambiente”. “Con la compra de esta acción”, destacó Soler, “fomentamos la participación del Consell en la red de empresas públicas estatales”.

Pero, al mismo tiempo, la Generalitat sacaba a concurso un servicio que la filial de Tragsa, Tragsatec, lleva prestando más de 10 años: el mantenimiento y desarrollo de las aplicaciones informáticas necesarias para gestionar las ayudas de la Unión Europea a los agricultores y otros programas de desarrollo rural. La encomienda de gestión de Tragsatec termina en febrero de 2017. A partir de ese momento, el servicio lo ejecutarán empresas privadas. El expediente de contratación fue aprobado por la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria el pasado 10 de octubre, 20 días antes de que el Gobierno valenciano entrara en el capital de Tragsa. El acuerdo del Consell que autorizó la operación tiene fecha anterior, el 30 de septiembre.

La pérdida de esa encomienda significará el despido de casi toda la plantilla de Tragsatec en la Comunidad valenciana, advierten fuentes sindicales. Son unas 160 personas, de las que sólo se salvarán los 35 que trabajan para la Confederación Hidrográfica del Júcar. Los despidos se producen cuando aún no se ha cumplido un año de la ejecución del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) por el que perdieron su trabajo 555 empleados del grupo público. La delegación valenciana fue la tercera más afectada por los despidos, sólo por detrás de Extremadura y Asturias.

El caso es empresas tecnológicas como Indra u Odec están interesadas en hacerse con el contrato, que tiene un valor estimado de 3,058 millones de euros, repartidos en dos años y una prórroga de 20 meses. De hecho, Odec ya ha contactado a través de Linkedin con algunos de los trabajadores de Tragsatec que prestan el servicio para la Generalitat, como puede verse en el correo adjunto. “Tragsatec no puede licitar este concurso y, por tanto, sus técnicos tendrán que pasar a formar parte de otras empresas que estén interesadas en él”, explica un jefe de Odec a un empleado del grupo público, “si estás interesado en que podamos licitar en este concurso con tu CV dentro del equipo de técnicos del nuevo proyecto, por favor ponte en contacto conmigo”.

Entre Hacienda y Agricultura

Un portavoz de la Conselleria de Hacienda explica a infoLibre que la UE aconseja no utilizar encomiendas de gestión, por lo que, en febrero, cuando acaba la que firmó la Dirección General de Tecnologías de la Información y la Comunicación, “habrá que decidir si se internaliza el servicio o se saca a concurso público”. Cuando se le apunta que Agricultura ya ha publicado la licitación –apareció en el Diario Oficial el 18 de noviembre–, el portavoz remite a Agricultura para cualquier aclaración adicional. Lo cierto es que Hacienda delegó en la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria la capacidad para contratar servicios de tecnologías de la información el pasado 16 de junio.

Por su parte, el secretario autonómico de Agricultura, Francisco Rodríguez Mulero, dice desconocer lo que va a ocurrir con la encomienda de Tragsatec, que “firmó la Dirección General de Tecnologías de la Información [dependiente de Hacienda]” y no su departamento. En lo que sí coincidieron ambas consellerias es en justificar el cambio en las recomendaciones de la Unión Europea contra el uso de la encomienda de gestión como herramienta para contratar. Hacienda niega problemas de coordinación entre ambos departamentos.

Los pliegos de cláusulas administrativas del contrato argumentan la “ineludible necesidad” del concurso en la “insuficiencia de medios” de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria para realizar esas tareas informáticas.

Según el comité de empresa de Tragsatec en Valencia, sólo en ayudas del Feader (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural) se reparten en la comunidad autónoma unos 130 millones de euros acerca de 100.000 agricultores. En otras ayudas cofinanciadas por la Unión Europea la cifra alcanza los 45 millones de euros, distribuidos entre 16.000 agricultores. Desde los años 80, Tragsatec ha sido la empresa encargada de ejecutar todos los desarrollos informáticos necesarios para gestionar la Política Agraria Común (PAC) y la Política Pesquera Común desde los años 80.

Las tareas que han salido a concurso se refieren a la gestión informática de las ayudas del Feader, pero también del cese anticipado de la actividad agraria –jubilación anticipada–, del Portal de Captura de Solicitudes, los recursos y alegaciones a expedientes o el Sistema de Información Gráfica de Parcelas Agrícolas. Es decir, todo el trabajo desarrollado hasta ahora por Tragsatec en la Comunidad Valenciana, resaltan las fuentes sindicales.

Controvertidas encomiendas de gestión

La encomienda de gestión es un instrumento que lleva tiempo en el punto de mira, tanto de la Unión Europea como del Tribunal de Cuentas español e incluso de la Intervención General del Estado. Se trata de contratos que las administraciones públicas suscriben con los llamados “medios propios”, tal es caso de Tragsa –Agricultura–, Mercasa –que gestiona la red de mercados mayoristas– o Isdefe –Defensa–. Las adjudicaciones se hacen sin concurso público y las empresas cobran según unas tarifas prefijadas por el Gobierno. Estos medios propios no pueden competir con empresas privadas en concursos públicos ni pueden rechazar los encargos que les hacen las administraciones.

Tanto Bruselas como la Intervención del Estado reclaman que se restrinja su uso –el Tribunal de Cuentas quiere una mayor regulación–. También han pedido su limitación, por ejemplo, las empresas de ingeniería, que protestan contra lo que consideran competencia desleal de estas compañías públicas.

Las dudas sobre las encomiendas de gestión se refieren sobre todo a su uso abusivo e injustificado. También a su falta de publicidad y transparencia. Pese a que la Ley de Transparencia obliga a la publicación de las encomiendas, Tragsa recurrió ante el juez una resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, dependiente de Hacienda, que le instaba a publicar en su portal de transparencia las encomiendas que firma con las comunidades autónomas.

Además, dicen sus críticos, a veces las encomiendas se utilizan para encargar a estas empresas estatales tareas que exceden de su objeto social, por lo que luego deben subcontratar una gran parte del trabajo a firmas privadas.

Por el contrario, el Ministerio de Agricultura alegó en su momento ante la Intervención General del Estado que, si bien la encomienda de gestión “no es un contrato, tampoco es un vergonzante pseudocontrato, sólo un instrumento jurídico distinto”. Y pide a la Administración que abra un debate técnico-jurídico sobre la regulación de este instrumento para “normalizar” su uso.

El caso es que, de restringirse al máximo o eliminarse las encomiendas de gestión, el futuro de Tragsa, que vive exclusivamente de ellas y no puede competir en el mercado con empresas privadas, se vería seriamente amenazado. Según cifras del propio Ministerio de Agricultura, el departamento mantiene un total de 347 encomiendas de gestión, por importe de 406,8 millones de euros. En 2015 Tragsa perdió 21,7 millones de euros.