“Es un gran orador y tiene un discurso muy político. Te da seguridad”. Así resume un diputado a la salida del Pleno del Congreso sus sensaciones sobre Patxi López. El veterano dirigente socialista ha cimentado al grupo parlamentario en un momento clave de la legislatura, en el que se necesitan ganar las votaciones y mantener activo al ‘ejército’ de los 120 diputados de cara al espídico ciclo electoral en el que se adentra la política española.

López volvió a la primera fila este verano, cuando Pedro Sánchez revolucionó la cúpula del partido tras la salida de Adriana Lastra. Los cambios orgánicos del congreso de Valencia de octubre de 2021 no salieron como esperaba el presidente. Al partido le faltaba pulso, discurso, cohesión. En definitiva, la fuerza suficiente para superar las encuestas tras una legislatura endiablada, marcada por la pandemia, y llevar el discurso a todo el territorio.

Y Sánchez decidió apostar por el experimentado López para llevar las riendas en el Congreso, relevando al canario Héctor Gómez. Ha sido, según varios cargos y parlamentarios socialistas consultados, una apuesta ganadora. De la que mejor le ha salido al líder del PSOE en los últimos tiempos. Todo se ha afinado y el grupo está más unido.

“La cosa está mucho mejor”, sostiene un diputado del PSOE. Son tiempos duros y se necesitaba una persona con “autoridad” para dirigir al grupo parlamentario. Y muchos parlamentarios han encontrado el "referente moral" al que seguir durante estos difíciles meses. Muchos de ellos, como confiesan en privado, apuntan sus frases de los debates y hacen suyos sus argumentos para luego explicarlo en sus provincias durante los fines de semana.

Patxi López “hace pedagogía” tanto en la Cámara Baja de cara a los ciudadanos como de manera interna, como explican fuentes cercanas. Una de sus obsesiones es que la gente entienda lo que hace el Gobierno y el grupo parlamentario. Que se conozca en la calle que las medidas que se están tomando, por ejemplo, están sirviendo para rebajar la inflación y controlar los precios. Que hay mucho trabajo y una apuesta política detrás.

Además, la mayoría de diputados subraya una cosa del exlehendakari: su discurso sobre los nacionalismos y el mapa territorial español es claro, entendible, defendible y coherente. Ponen de ejemplo principalmente cómo habla de los pactos con EH Bildu y ERC. Una explicación didáctica sobre mayorías y constitucionalismo. Con otro elemento que siempre deja claro: si hay que pactar con estos grupos, se debe principalmente a que el PP se niega a llegar a acuerdos con los socialistas en muchas materias. 

Pero el grupo también está más afinado en estos momentos. Dentro del PSOE se pone también el foco en el tándem que ha hecho con Isaura Leal, que ejerce de su ‘número dos’ en la Cámara Baja en el puesto de secretaria general del grupo parlamentario. “Es muy buena en la fontanería”, señalan también los suyos. Entre los dos suman muchos años de experiencia, en diferentes administraciones y conociendo todos los rincones del partido y del parlamentarismo. “Venían ya enseñados”, como dice gráficamente otro parlamentario. Además, de tener ambos hilo directo con el presidente del Gobierno.

Pero no solo hay que mirarlos a los dos, como apunta otra diputada socialista. “El tridente lo completa Rafael Simancas, siempre presente, siempre atento, controlando todo”, indica esta fuente, en relación al secretario de Estado de Relaciones con las Cortes. Entre los tres se encargan de negociar y de sacar adelante los principales proyectos que llegan de la coalición o del grupo al Congreso. 

Esto cristalizó de forma muy evidente en la aprobación de los presupuestos generales para 2023, donde sacaron adelante las cuentas públicas con una media de 187 votos a favor después de más de 800 votaciones.

También en el grupo comentan que ahora tienen una prueba de fuego durante estas últimas semanas del año. La orden que se ha dado desde La Moncloa es intentar cerrar las grandes leyes polémicas o varadas lo más rápido posible para despejar el camino de cara a la vital cita de las elecciones autonómicas y municipales del próximo 28 de mayo. El PSOE debe resolver las discrepancias con Unidas Podemos en la ley trans (se ha pasado ya la fase de la ponencia pero sin acuerdo sobre el proceso de autodeterminación de género entre los menores), la ley mordaza o la ley de bienestar animal (muy sensible en ciertos territorios socialistas donde peligran gobiernos y ayuntamientos por pocos votos, según las encuestas). Se la juegan en estas normas, reconocen, además de que también puede poner algún freno o discrepar con su socio de UP sin alterar demasiado la relación, como cuando dijo que no le gustaron las palabras de Irene Montero sobre la cultura de la violación.

Lo que ha recuperado López entre los diputados, aseguran ellos, es el “orgullo” de partido. Muchos también lo pasaron mal durante el tiempo anterior por la pandemia y necesitaban que alguien les insuflara espíritu en el día a día. Algunas medidas no son fáciles de explicar luego en territorios y la voz autorizada del vasco les ayuda. Como, por ejemplo, con la sedición. Cargos del PSOE eran señalados en redes por el propio Partido Popular y ahora se ven reforzados en sus argumentos para defender la proposición de ley impulsada por su propio partido.

Otra de las ideas que más preocupan a López y dentro del partido es la sensación de los ciudadanos de que el país va mal económicamente, mientras que el porcentaje se invierte cuando se les pregunta por su situación personal. Por eso, quiere trasladar y que se comprendan las medidas frente a la “toxicidad” que lanza el PP a la sociedad.

Asimismo, el portavoz socialista completa su agenda parlamentaria con numerosas visitas y actos al final del día o los fines de semana en agrupaciones a lo largo y ancho del país. Una de las órdenes a sus diputados es que hay que “llegar a la gente, calle a calle, en el día a día”, explican fuentes parlamentarias. Su máxima: “Motivos, argumentos y acciones”.

Otro de los fuertes que señalan dentro del socialismo sobre López es su capacidad comunicativa tanto en la tribuna como ante los medios. El exlehendakari no rehuye ninguna pregunta, no se esconde, domina los temas y tiene una clara visión ideológica. Estando, además, en sintonía con la calle Ferraz. Muchas veces es él el que responde también como representante de la maquinaria del partido desde los pasillos del Congreso.

De esa manera, López está viviendo una nueva edad dorada dentro del PSOE. Desde que se convirtió en lehendakari se ganó al partido, siendo una de las piezas clave en el fin de ETA, junto al exministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba. Llegó a soñar con ser el líder del PSOE en las primarias en las que no se abrió esa tercera vía, como buscaba, entre Pedro Sánchez y Susana Díaz. Pero ahora el presidente lo ha rescatado con una misión que se ajusta como un guante, en una etapa en la que parte de sus colaboradores más cercanos están de nuevo en puestos de poder en la administración socialista, como Óscar López al frente del gabinete de la Presidencia.

El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha decidido confiar en la diputada cordobesa Rafaela Crespín Rubio la secretaría general del Grupo Parlamentario Socialista, en sustitución de Rafael Simancas, ahora secretario de Estado de Relaciones con las Cortes. Por otra parte, mantendrá al jienense Felipe Sicilia como portavoz adjunto, informa Europa Press.

De este modo, Crespín y Sicilia serán los dos escuderos del nuevo portavoz socialista en la Cámara Baja, el canario Héctor Gómez, que relevará a Adriana Lastra, vicesecretaria general del PSOE. Las asturiana dejará la portavocía para centrarse en su labor como 'número dos' del partido, ahora que el PSOE afronta dentro de un mes y medio su 40 Congreso Federal y, después, los regionales y diferentes citas electorales en los dos próximos años.

Todos estos cambios se aprobarán en la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE del lunes, si bien el secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha querido avanzar este jueves en Twitter la decisión de Sánchez de incorporar a Crespín al Grupo Socialista, y de mantener a Sicilia, lo que supone que habrá dos andaluces en la dirección parlamentaria.

"Harán un gran trabajo en la defensa de los servicios públicos, la recuperación económica, los derechos sociales y las políticas de progreso que lleva a cabo el Gobierno de España con Sánchez como presidente", ha afirmado el alcalde de Sevilla, un día después de trascender que Héctor Gómez será el sustituto de Lastra.

La futura 'número dos' del Grupo Socialista en el Congreso, Rafaela Crespín (1976), es diputada por Córdoba desde hace dos años y portavoz adjunta de la Comisión Constitucional. En el PSOE ejerce de secretaria de Organización del partido en Córdoba. Allí fue delegada de la Junta de Andalucía en Córdoba cuando gobernaba la exsecretaria general del PSOE-A Susana Díaz. Crespín, que es maestra de Educación Especial, también fue alcaldesa del municipio cordobés de La Carlota entre 2007 y 2015.

CCOO y UGT no van a cejar en su exigencia al Gobierno que salga de las elecciones del 28A de que revierta las reformas laborales y de las pensiones. “No vamos a aceptar que la negociación de un nuevo Estatuto de los Trabajadores, que también hace falta, sirva para tapar la prioridad: la derogación de la reforma laboral de 2012 que ya negociamos con el anterior Gobierno”, ha advertido el secretario general de CCOO, Unai Sordo, en su discurso al término de la manifestación del Primero de Mayo en Madrid, “ahora ya hay una mayoría parlamentaria para aprobarla”. En el Programa de Estabilidad 2019-2022 que el Ejecutivo acaba de enviar a Bruselas, no se menciona la reforma laboral. El Gobierno sólo promete elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores, tras negociar con patronal y sindicatos. 

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, lo había avanzado sólo minutos antes desde la misma tribuna, en la Puerta del Sol. “No queremos parches”, subrayó, mientras se escuchaban los primeros gritos de “Con Rivera, no” que interrumpieron los discursos de ambos líderes sindicales. Sordo explicó que ni UGT ni CCOO iban a decir a los partidos lo que tienen que hacer, pero sí van a “reivindicar” el papel que desempeñan y a hacer una aportación desde su legitimidad como sindicatos. Así que dejaron clara su preferencia por un “Gobierno de izquierdas”, dijo Álvarez, y por un “acuerdo de legislatura” sostenido por una mayoría parlamentaria de progreso, que conjure los peligros de la “geometría variable”, “la política a salto de mata” y la “improvisación”, precisó Sordo. “Sin imponer cordones sanitarios a nadie”, apuntó, mientras volvían a escucharse las negativas a Albert Rivera.

No ha sido muy multitudinaria la manifestación del Primero de Mayo en Madrid, en la línea de lo que viene a ser ya una constante en los últimos años. Los sindicatos cifran en 30.000 los asistentes, pero la participación fue inferior a la de 2018. Sí acudieron a la convocatoria sindical el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos; el exministro Ángel Gabilondo, el diputado Rafael Simancas, el candidato socialista a la Alcaldía de Madrid Pepu Hernández, y la diputada madrileña Carla Antonelli. De Unidas Podemos, asistieron Pablo Iglesias y Alberto Garzón, así como el candidato de Más Madrid a la Comunidad Íñigo Errejón.

Agenda política

Los dos grandes sindicatos no sólo instan al futuro Gobierno a derogar las reformas laboral y de pensiones, sino también a introducir en la agenda política “la distribución de la riqueza, la cualificación de la democracia y la lucha contra la precariedad”, en lugar de los “toros y la Semana Santa”, reclamó Unai Sordo en referencia a algunos de los programas electorales presentados por los partidos de la derecha. “Un nuevo contrato social”, insistió, “que corrija las reformas que se hicieron para devaluar salarios y para poner en duda el sistema público de pensiones y para reducir peligrosamente los impuestos”.

Cabecera de la manifestación del Primero de Mayo en Madrid. EFE

Los discursos habían comenzado con el secretario general de UGT Madrid, Luis Miguel López Reíllo, avisando al PSOE de que los resultados del 28A no son “un cheque en blanco” y denunciando que los trabajadores cobran ahora los mismos sueldos que hace nueve años. Su homólogo de CCOO, Jaime Cedrún, recalcaba que la movilización no ha parado con la victoria de la izquierda en las elecciones generales y que hace falta “una nueva política económica y social”. “No nos vamos a olvidar de exigir que el Salario Mínimo Interprofesional debe subir a 1.000 euros en 2020”, alertó Pepe Álvarez al Gobierno, mientras que a la CEOE le recriminó que se resista a incluir los 1.000 euros de salario mínimo en los convenios sin aumentar la jornada, una medida pactada en el acuerdo de negociación salarial firmado el pasado mes de junio.

Que continúe la movilización el 26M

“Queda casi todo por hacer”, aseguró el máximo responsable de UGT, antes de citar la próxima cita en las urnas para las elecciones municipales, autonómicas y europeas del 26 de mayo. Lo mismo hizo Unai Sordo. “El 28 de abril no ha terminado nada”, advirtió, “porque las elecciones europeas son determinantes, las leyes que nos afectan vienen configuradas por las directivas comunitarias y también debería haber una mayoría progresista en Europa por la cuenta que nos trae”. El dirigente de CCOO se refirió después al “huevo de la serpiente” que anida en las candidaturas de Marine Le Pen, Matteo Salvini, Viktor Orban, Alternativa para Alemania y Vox, y que “quiere destruir Europa desde dentro”. Sordo remedó el comienzo del Manifiesto Comunista de Marx alertando sobre la “oleada reaccionaria que recorre como un fantasma el mundo”, para felicitarse después por el freno a la ultraderecha en España. “Unos discursos ridículos y patéticos han dado mucho miedo por primera vez en años”, explicó, pero que no han calado en la clase trabajadora a diferencia de lo ocurrido en otras naciones como Francia. “Este país aún tiene memoria”, concluyó.

Unas 5.000 personas participan en la manifestación del Primero de Mayo en Barcelona. EFE

Pero también avisó de que “la desigualdad es el mayor disolvente de la democracia” y de que los discursos de “tres iluminados” podían haberse convertido en “cantos de sirena” en un país “fragmentado por la precariedad vital y la pérdida de confianza en las instituciones”. Lo que sí han conseguido, destacó, es “contaminar” al resto de los partidos de la derecha. Además, rebatió con ahínco las propuestas fiscales de PP, Ciudadanos y Vox. “Sin complejos ni cuñadismos”, dijo, “esto no se trata del dinero en el bolsillo de los ciudadanos, sino de quién paga y cuánto”. “Quien gana 900 euros al mes necesita dinero y servicios públicos, educación, sanidad y dependencia, y para proporcionárselo hace falta una política fiscal; a quien ingresa 9.000 euros al mes, tener 200 o 300 euros más en el bolsillo no le supone una diferencia considerable ni necesita servicios públicos”, resumió.

"Cospedal debe abandonar su escaño y, si no lo hace por voluntad propia, el PP y el señor Casado tienen capacidad suficiente como para expulsarla al Grupo Mixto", ha resumido el secretario general del Grupo Socialista, Rafael Simancas.

A su juicio, en esas grabaciones difundidas por Moncloa.com Cospedal "ha demostrado al menos la intención, la firme voluntad de contratar a la cloacas para obstruir a la justicia y fabricar dossieres contra sus adversarios políticos internos y externos, incluida la familia de un ministro del interior", en referencia al socialista Alfredo Pérez Rubalcaba.

En declaraciones en el Congreso, Simancas sostiene que hay "constancia sonora" de que Cospedal tuvo "un comportamiento impropio" para un cargo público y considera que, si el PP ya ha asumido que Cospedal "no tiene suficiente altura moral y compromiso ético" para formar parte de la dirección de su partido, cargo que sí ha abandonado, "tampoco tiene altura moral para seguir representando a los españoles en el Congreso".

La cuestión juvenil (Biblioteca Nueva, 2017) es la lectura con la que el secretario general del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, Rafael Simancas, considera que la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, debería comenzar este verano para que, tras repasar el estado de los jóvenes españoles, "acceda a derogar la reforma laboral".

Para Simancas, la situación del colectivo que se incorpora al mundo laboral es "el primer problema de España", ya que nos encontramos ante "una generación perdida en el paro, en los contratos basura y en la emigración forzada", que harían necesaria la derogación de la reforma laboral aprobada por el PP en 2012. 

Así, el socialista recomienda a la ministra de Empleo el libro de Verónica Díaz y José Félix Tezanos, que ofrece una exhaustiva investigación realizada por el Grupo de Estudio sobre Tendencias Sociales (GETS) sobre la juventud en nuestro país, acompañada de las conclusiones que varias encuestas sociológicas elaboradas entre 2009 y 2015 ofrecen. En La cuestión juvenil. ¿Una generación sin futuro?, los autores ofrecen, a partir de un análisis económico y sociológico, una radiografía de la situación de los jóvenes en España, que consideran alarmante dada la elevada tasa de paro, la tardía edad de emancipación y su posición social. 

Por ello, en este ensayo reclaman prevenir disfunciones futuras mediante la reinserción de la juventud en la sociedad, si queremos evitar el surgimiento de un nuevo grupo social excluido, con pocas aspiraciones y aún menos posibilidades.

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  La cuestión juvenil. Verónica Díaz y José Félix Tezanos. Biblioteca Nueva, Madrid, 2017. 264 páginas. 19,90 euros.

Uno de los principios básicos que diferencian a los regímenes democráticos de aquellos que no lo son es el principio de la separación de poderes. En cumplimiento de tal principio, nuestra Constitución otorga el poder de aprobar las leyes al Parlamento, mientras que reserva su ejecución al Poder Ejecutivo y la garantía de su cumplimiento al Poder Judicial.

Todos los gobiernos procuran obtener apoyos suficientes en el Parlamento para sacar adelante sus iniciativas legislativas. Y esta tarea resulta especialmente compleja cuando el partido que respalda al Gobierno no cuenta con mayoría absoluta en la Cámara de diputados. Corresponde entonces al Gobierno hacer uso de su capacidad de diálogo y negociación, para ganar unas veces y para perder otras.

Hasta aquí el comportamiento de unos y otros se ajusta a la lógica de los principios democráticos. Pero tales principios se quiebran cuando el Gobierno hace uso espurio de los mecanismos de veto y de bloqueo para impedir de facto que el Congreso de los Diputados ejerza la prerrogativa constitucional de elaborar las leyes. Y esto es lo que el Gobierno del PP está haciendo precisamente desde el inicio de la presente Legislatura.

El Gobierno de Mariano Rajoy ha vetado en este tiempo una treintena proposiciones de ley presentadas legítima y legalmente por los grupos de la oposición y los Parlamentos autonómicos. Han sido cinco leyes del PSOE, cinco de Unidos Podemos, dos de Ciudadanos, tres de Esquerra Republicana de Catalunya, dos del Partido Nacionalista Vasco, siete del Grupo Mixto y diez de diferentes Parlamentos de Comunidades Autónomas.

Las leyes vetadas al Partido Socialista, por ejemplo, versan sobre la garantía de suficiencia de la revalorización de las pensiones hasta la universalización de la asistencia sanitaria pública, pasando por la supresión de tasas judiciales, la rebaja del IVA cultural o el fomento de autoconsumo eléctrico.

El Gobierno se acoge a lo establecido en el artículo 134 de la Constitución y en el artículo 126 del Reglamento del Congreso de los Diputados, por cuanto “toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación”.

Tal precepto constitucional y su desarrollo reglamentario están puestos en razón, porque corresponde al Ejecutivo velar por la aplicación de las leyes presupuestarias a lo largo de cada ejercicio. Es razonable y, además, no es nuevo.

Sin embargo, durante el presente mandato el Gobierno del PP ha introducido algunas novedades en absoluto razonables. Primero el número de proposiciones de ley vetadas es desmesurado. Segundo, el criterio que se utiliza para vetar las iniciativas de la oposición va más allá de las consideraciones sobre aumento de gasto o disminución de ingreso respecto al presupuesto del ejercicio corriente. El Gobierno está vetando iniciativas considerando sus implicaciones de gastos o de ingresos en presupuestos de ejercicios posteriores, que aún no se han presentado, ni debatido, ni aprobado.

Tercero, por vez primera el Gobierno no se aviene a aceptar el criterio de la Mesa del Congreso cuando muestra su disconformidad con la decisión del poder ejecutivo, cosa que solo ha ocurrido en dos ocasiones. De hecho, el Gobierno ha recurrido esta decisión al Tribunal Constitucional. Y cuarto, los grupos del Partido Popular y Ciudadanos, que forman mayoría en la Mesa del Congreso, han renunciado a rechazar los vetos abusivos y, por tanto, han renunciado a defender la prerrogativa constitucional del poder legislativo.

Por otra parte, cuando el veto no resulta un mecanismo factible o conveniente para el Gobierno, sus apoyos en la Mesa del Congreso acuden a otra herramienta igualmente irregular y fraudulenta: el bloqueo de las leyes de la oposición por la vía de la ampliación permanente de los plazos establecidos para la elaboración de enmiendas.

El artículo 110 del Reglamento del Congreso de los Diputados faculta a su Mesa para establecer sucesivos plazos de una o dos semanas para que los grupos parlamentarios presenten sus enmiendas a las iniciativas legislativas registradas. A menudo, los grupos requieren de varias prórrogas para reunir documentación, requerir opiniones y adoptar decisiones.

El criterio mantenido en otras legislaturas facilitaba las dos primeras ampliaciones de plazo con la solicitud de un solo grupo, pero limitaba las siguientes ampliaciones con la solicitud de los grupos que representaran la mayoría del Congreso.

Tal criterio se ha roto en esta Legislatura, de tal modo que los dos grupos que tienen mayoría en la Mesa pero no en la Cámara, PP y Ciudadanos, se alían sistemáticamente para ampliar los plazos de enmiendas de la leyes que el Gobierno considera inconvenientes. Un ejemplo grave es el de la Iniciativa Legislativa Popular presentada por los sindicatos para establecer una prestación de ingresos mínimos.

La Mesa del Congreso ha ampliado hasta 15 veces el plazo para enmiendas, en las últimas ocasiones solo con los votos de PP y Ciudadanos, contra el criterio de los demás grupos y de los propios autores de la iniciativa. Los sindicatos han amenazado incluso con acudir al Tribunal Constitucional en amparo.

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una propuesta de reforma del Reglamento del Congreso precisamente para evitar estos abusos. Se plantea una limitación de dos prórrogas de plazo para la presentación de las enmiendas cuando lo solicite algún Grupo. Y establece que para acordar prórrogas posteriores sea necesario el acuerdo de los Grupos que representen a la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara.

No estamos tratando cuestiones meramente reglamentarias. En democracia las formas son determinantes. Los abusos del Gobierno con sus vetos y sus bloqueos están limitando gravemente la capacidad legislativa que la Constitución otorga a los representantes del pueblo español en las Cortes Generales. Esta actitud quiebra de facto el principio democrático de la separación de poderes.

El Gobierno debe rectificar, renunciando al obstruccionismo espurio que ha practicado en estos primeros meses de legislatura. Y los diputados que hemos elegido para dirigir las tareas del Congreso desde su Mesa han de actuar conforme a la ley y al interés general, y no al dictado de los intereses políticos del Gobierno. _________________________

Rafael Simancas es diputado del PSOE y secretario general del Grupo Parlamentario Socialista

Unai Sordo apeló este sábado a la cohesión interna en dos ocasiones, al principio y al final de su primer discurso como secretario general de CCOO. Cuando alabó la “auctoritas” con que su antecesor en el cargo, Ignacio Fernández Toxo, ha “cosido” y “mantenido cohesionada la organización” y, antes de animar a sus compañeros del sindicato a “mirar fuera”, a salir del congreso “con las pilas puestas y a la ofensiva”, cuando les pidió que sometan las “dinámicas internas a las exigencias de la sociedad”, colaborando y “trabajando en común”. “Somos lo que hacemos y lo que decimos”, concluyó.

Sordo fue elegido secretario general de CCOO poco después de la medianoche anterior, con un 88,8% de los votos. Pero la ejecutiva que le acompaña tuvo menos respaldo: cosechó 210 votos en blanco y 80 nulos de un total de 742. La inclusión del secretario general en Andalucía, Francisco Carbonero, quien había sido imputado el pasado jueves en una pieza separada del caso de los ERE, abrió la espita de la discordia en un congreso de sucesión que se adivinaba tranquilo. Pese a las voces internas que pedían a Carbonero que se apartase, el apoyo explícito de Fernández Toxo lo ha mantenido en la ejecutiva. Ese casi 30% de votos en blanco –40% si se suman los 80 votos nulos– ha hecho un primer borrón en la hoja en blanco que aún es el liderazgo de Unai Sordo al frente de CCOO. “No se puede empezar así con un imputado”, advierten quienes se opusieron a la presencia de líder andaluz en la ejecutiva.

Sin embargo, tras el discurso, las declaraciones de los dirigentes del sindicato, tanto de las nuevas caras como de los que han acompañado a Fernández Toxo en sus ocho años al frente de CCOO, eran de satisfacción y apoyo a la “regeneración” que promete Sordo, con 44 años el segundo líder más joven que ha tenido la organización después de Antonio Gutiérrez –1987-2000–.

Porque fue en la exigencia de adaptación continua de la actividad sindical a un “mundo dinámico” en el que “la empresa ha cambiado radicalmente” y la realidad del mundo laboral ya no es la que “forjó al sindicato o la que existía al inicio de la crisis”, donde Unai Sordo centró su propuesta de trabajo para los próximos cuatro años. Advirtió frente a la tentación de que el proceso para “repensar” el sindicato se quede “embalsamado”, también alertó del riesgo de permanecer “anclado en los viejos esquemas”. “Los cambios”, alentó, “no son un tsunami que te pasa por encima, sino que se gobiernan si hay una visión progresista”.

Y esos cambios tienen múltiples frentes. Ante la ministra de Empleo, Fátima Báñez, que le escuchaba en primera fila, Sordo no sólo exigió la derogación de las dos últimas reformas laboralesreformas laborales –la del PSOE de 2010 y la del PP de 2012–, sino que también reclamó “un nuevo marco de relaciones laborales”, que acabe con el abuso de la temporalidad y la precarización del empleo. “Porque la segregación laboral que producen no sólo es injusta sino además ineficiente económicamente”, apuntó.

“La clase trabajadora sigue existiendo”“”

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, también presente en el auditorio del hotel madrileño donde se celebró el congreso, ha propuesto que las empresas paguen impuestos por sus robots, Sordo mostró sus dudas al respecto. Pero sí puso el foco en la importancia de los cambios tecnológicos “insoslayables” que pueden excluir y dejar en situación de “vulnerabilidad a mucha gente”. La digitalización, la nueva economía, las empresas en red, las subcontratas, enumeró, constituyen “nuevas realidades productivas sin relaciones laborales” al uso que generan “precariedad y exclusión”. Lo que no significa que haya desaparecido la clase trabajadora: “Sigue existiendo, pero es distinta”. Y ahí es donde Unai Sordo quiere al sindicato. “Lo que la empresa ha desintegrado, intégrelo el sindicato, representemos a la clase trabajadora, especialmente a los más precarizados”, alentó.

Por eso cree que hay que “fortalecer la sindicalización”, frente a la “repolitización difusa” que, a su juicio, ha experimentado la sociedad española en los últimos tiempos. El flamante secretario general se refirió a los jóvenes que han visto frustradas sus expectativas vitales al incorporarse al mundo del trabajo y “se han integrado en otra cosa”, no en un sindicato. “No se puede ser ajeno a esa realidad, que debemos interpretar correctamente”, dijo, antes de convertir de nuevo al sindicato en “referencia ineludible para los trabajadores”.

Sordo hizo un repaso de las reivindicaciones maestras de CCOO. Apremió a la patronal para que firme el pacto salarial que no acaba de concretarse pese a las declaraciones de la CEOE sobre la inminencia del acuerdo. Reclamó una reforma del impuesto de sociedades que permita gravar adecuadamente los cada vez mejores resultados de las empresas. “Una dieta fiscal equilibrada”, resumió, “que haga más corresponsables a las compañías de las necesidades de la sociedad”. Defendió la renta mínima garantizada, “que sólo desincentiva los salarios de miseria”, así como el sistema público de pensiones. Y llamó la atención sobre la “patología” del paro de larga duración –quienes llevan más de un año sin encontrar un puesto de trabajo–.

Gritos a Báñez, las cuentas del sindicato

Antes, la ministra de Empleo había subido al escenario para dar las gracias a Fernández Toxo por hacer “su trabajo con responsabilidad”, felicitar a Unai Sordo por su elección y ofrecer el compromiso del Gobierno para seguir potenciando el Diálogo Social. Fue recibida con gritos de “huelga no es delito” por buena parte de los asistentes, en referencia a los sindicalistas que han sido juzgados y condenados en los últimos años por participar en paros y protestas. También hubo algún signo de desaprobación y conatos de abucheo que fueron silenciados por el resto.

En la nueva ejecutiva, de 15 miembros, nueve son mujeres y ocho hombres, como se ocupó Sordo de destacar. Nueve son nuevas incorporaciones. Permanecen Fernando Lezcano, Carlos Bravo, María Cardeñosa, Cristina Faciaben, Pedro Linares y Empar Pablo.

Además de votar al nuevo secretario general, el congreso aprobó como propuesta de resolución que los miembros de los órganos de dirección del sindicato hagan públicas sus retribuciones. También se elaborará un plan anual de afiliación y otro de gestión de cuotas. Además, el informe general del congreso ha publicado las cuentas y balance de situación de CCOO.

Según esos datos, el sindicato cuenta con 909.711 afiliados, por lo que ha perdido 229.880 desde 2011, un 20%. Los ingresos por las cuotas que pagan esos afiliados sumaron en 2016 un total de 12,53 millones de euros, un 16,7% menos respecto a 2012. Pero la partida de financiación que se ha desplomado para el sindicato en estos años es la de “programas subvencionados”, que ha pasado de 10,89 millones en 2012 a sólo 165.700 euros el año pasado. Es decir, en 2012 los ingresos por cuotas representaban el 37,6% de los ingresos de CCOO y las subvenciones, el 27,1%. Ahora, éstas no equivalen más que el 0,7%, mientras que los pagos de los afiliados ascienden al 53,4% de los ingresos.

A pesar de ello, CCOO terminó 2016 con beneficios, 1,75 millones de euros, un 66,5% por encima de los conseguidos cuatro años antes. 2013 fue el único año en que incurrió en pérdidas, 488.219 euros de números rojosnúmeros rojos. Mientras, ha recortado sus gastos de personal en un 18,7%. Su plantilla la integran ahora 3.259 personas. El informe no incluye datos sobre la evolución de la plantilla en estos años, pese a que los problemas de financiación de estos años se tradujeron en recortes de personal, con despidos colectivos.

Entre los invitados al congreso se encontraban la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena; el portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo; el diputado socialista Rafael Simancas; el secretario de Análisis Estratégico de Podemos, Íñigo Errejón; el diputado asturiano de IU Gaspar Llamazares; los diputados de ICV Joan Coscubiela y Joan Herrera. Les acompañaban también Cándido Méndez y Pepe Álvarez, de UGT, así como el ex número dos del sindicato Toni Ferrer, ahora secretario de Empleo del PSOE, y dos históricos del PCE y de CCOO: Nicolás Sartorius y Julián Ariza.

Almudena Grandes y Luis García Montero, que habían glosado la figura de Fernández Toxo desde sus tiempos en la lucha sindical de Bazán, fueron los encargados de pasarle el testigo simbólicamente a su sucesor: “Unai, ahora es tu turno”.

El equipo del candidato socialista Patxi López ha presentado este lunes la campaña del exlehendakari a las primarias del próximo 21 de mayo, que se centrará en el debate de ideas en el seno del PSOE frente a la "emocionalidad" de los otros dos aspirantes, pedro Sánchez y Susana Díaz.

"Es tan importante hablar como escuchar", ha asegurado el diputado Rafael Simancas, quien ha añadido que en esta campaña "está sobrando emoción y faltando razón". "Están sobrando tripas y faltando algo de cabeza", ha remachado.

Tal y como ha informado Europa Press, Simancas ha reivindicado una candidatura "a favor del PSOE" y "no en contra de nadie" y centrada en el diálogo con los militantes. Ha hablado también de una "ruta de conversaciones socialistas" que llevará a López "a recorrer más de 70.000 kilómetros en más de 300 actos".

"Otros habrán reunido más firmas en avales, Patxi gana en conversaciones, diálogo y razonamientos", ha señalado Simancas en clara referencia a Díaz y Sánchez que han recabado un número muy superior de firmas en la carrera por la secretaría del partido.

Contra la parálisis negociadora de la patronal y el Gobierno, movilizaciones; contra la pobreza y la precariedad en el trabajo, derogación de las reformas laborales de 2010 y 2013; contra el “insoportable tufo” de la corrupción, “cambios en profundidad” y “desalojo de los políticos” implicados de sus lugares de gobierno. CCOO y UGT presumieron este Primero de Mayo de haber sacado a la calle a medio millón de personas en toda España para exigir los derechos laborales perdidos durante la crisis, pero también para reclamar que se depuren responsabilidades por la corrupción. “Mientras nos estaban robando”, acusó el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, “nos pedían que nos apretáramos el cinturón e implantaban políticas de austeridad”.

“Hemos dejado atrás la recesión, pero los ciudadanos no hemos salido de la crisis”, advirtió desde el escenario instalado en la Puerta del Sol el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo. Y lo recalcó Pepe Álvarez cuando proclamó que el “compromiso con los salarios” de ambos sindicatos se mantiene “intacto”. “La CEOE debe ser consciente de que si no se consigue un acuerdo que mejore la capacidad adquisitiva de los sueldos y reparta los beneficios de las empresas, el conflicto estará servido”. Antes de comenzar la manifestación, en el Paseo del Prado de Madrid, y ante los periodistas, el líder de UGT había avisado a la patronal del “calvario” que pueden sufrir las empresas si no suben los salarios: “Luego que no se quejen de que aumenta la conflictividad”.

En su último discurso en el Día del Trabajo, Fernández Toxo, que no repetirá en la dirección de CCOO tras el congreso de junio, apuntó en la misma dirección cuando alertó a los empresarios de que si la mesa de negociación “no da resultados”, serán la “movilización, la manifestación y la huelga” las que impulsarán “el cambio que necesita este país”. Los sindicatos reclaman una subida salarial entre el 1,8% y el 3% para este año, mientras que la CEOE no ofrece más que un 2% con un 0,5% adicional pero variable.

También fueron tajantes ambos responsables sindicales a la hora de exigir la desaparición de la reforma laboral, no sólo la de 2012, elaborada por el Gobierno del PP, sino también la de 2010, que firmó el último Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. “No hay que negociarlas, hay que derogarlas”, sentenció Pepe Álvarez, porque “matan trabajadores, desregulan las relaciones laborales e impiden las subidas salariales en los convenios”.

Gritos a favor de la moción de censura

“No sé si tienen razón o no quienes piden una moción de censura [contra el Gobierno], pero sí sé que hay que acabar con estas políticas”moción de censura, apuntó Fernández Toxo, quien fue interrumpido por gritos de “sí, sí” y “moción de censura”. Ya antes Pepe Álvarez había tachado de “insoportable” la corrupción. “Ni un día más esta pornografía de mensajes entre unos y otros”, zanjó. A su juicio, España debería reflexionar sobre “por qué es un Estado tan corrupto”. Y ante la proliferación de casos, recetó “cambios en profundidad”.

Después el dirigente de CCOO relacionó la corrupción y las políticas del Gobierno con la “desafección” de la ciudadanía hacia los políticos y las instituciones. “¿Cómo puede conformarse [el Ejecutivo] con un unos Presupuestos no expansivos si el paro es del 18%?”, se preguntó. “Se ha resignado a los mandatos de la troika y de una Unión Europea insensible al dolor de los ciudadanos”, contestó inmediatamente. “Luego se escandalizarán con el aumento de los partidos fascistas, que aprovechan el caldo de cultivo de la gestión neoliberal de la crisis para amenazar la democracia”, razonó Fernández Toxo, “ése es el riesgo asociado al paro, la pobreza y la desigualdad generadas por las políticas de los gobiernos”.

Aunque el respaldo a la moción de censura no fue expreso, Álvarez y Toxo sí que tiraron de las orejas a los partidos de izquierda. El segundo recordó la existencia de una mayoría en el Parlamento que apoya políticas de ese signo. El primero alabó el “acuerdo de las fuerzas de izquierda” en Portugal, del que dijo sentir una “envidia sana”. Un acuerdo así, dijo, haría falta en España para “acabar la Transición mal acabada”.

Podemos, tras la pancarta de Coca-Cola

A la manifestación del Primero de Mayo acudió la primera plana de Podemos, con Pablo Iglesias e Íñigo Errejón a la cabeza, acompañados de Irene Montero, Rafael Mayoral, el diputado canario Alberto Rodríguez, Juan Carlos Monedero y Ramón Espinar. Todos ellos se situaron tras la pancarta de los trabajadores de la fábrica de Coca Cola en Fuenlabrada. Con su propia pancarta desfiló Izquierda Unida, encabezada por Alberto Garzón y Mauricio Valiente. Por el PSOE acudieron el exministro de Educación Ángel Gabilondo, el diputado Rafael Simancas y el concejal del Ayuntamiento de Madrid Antonio Miguel Carmona. También hicieron el recorrido hasta la Puerta del Sol el ex secretario general de UGT Cándido Méndez y quien fue su número dos, Toni Ferrer.

Según los sindicatos, la convocatoria reunió a 50.000 personas. Entre ellas se encontraban no sólo los trabajadores de Coca Cola, sino también los de las empresas multiserviciosempresas multiservicios, que pedían “la aplicación del convenio”. Estas empresas se han convertido en uno de los frentes de lucha de los sindicatos durante los últimos años, también en los tribunales. Ofrecen sus plantillas a otras empresas –desde seguridad hasta jardinería o servicios de camareros de piso en los hoteles, por ejemplo– pero a precio inferior al marcado por el convenio del sector, al que no pertenecen. También los trabajadores despedidos de Telemadrid o los de la empresa municipal de limpieza de Getafe marcharon hasta Sol.

 La criminalización de los piquetes

CCOO y UGT dieron protagonismo a dos de sus referentes: los sindicalistas amenazados con penas de cárcel por hacer piquetes y el presidente del comité de empresa de Coca Cola en Fuenlabrada. Rubén Ranz, para quien el fiscal pide siete años de prisión por atentar contra la autoridad y contra los derechos de los trabajadores el 29 de marzo de 2012, clamó contra quienes “han podrido las instituciones” y ahora van a permitir que la fiscalía les meta en la cárcel. “No somos como ellos, no somos delincuentes, no pueden ponernos al mismo nivel que Ignacio González”, reclamó el sindicalista de UGT, que fue detenido por un piquete ante un bar en Madrid durante la primera huelga general contra el Gobierno del PP.

Juan Carlos Asenjo, representante de CCOO en Coca Cola, aseguró que los trabajadores habían “vencido a la mayor multinacional del mundo” gracias a la movilización. Y lamentó que se estén “perdiendo los derechos conquistados” por falta de ella. Aunque la plantilla de Fuenlabrada no renuncia a la acción legal y recurrirá al Tribunal Constitucional y al Tribunal de Estraburgo para continuar su batalla –quieren que las instalaciones vuelvan a ser productivas y no un mero almacén logístico–, Asenjo prometió “hacer lo que haga falta” para “tumbar” a Coca Cola.

Como recalcó luego Pepe Álvarez en una nueva llamada a la movilización: “El movimiento obrero no ha hecho ninguna conquista sin mojarse”.

¿Cuál debe ser el papel de la socialdemocracia en Europa? ¿Qué es el populismo? ¿Qué significan y cómo afectan al PSOE los nuevos proyectos políticos surgidos en los últimos tiempos en España? Son algunas de las preguntas para las que la gestora del PSOE busca respuestas. La dirección interina de Ferraz considera que el próximo Congreso Federal –aún sin fecha– tiene que servir para reflexionar en profundidad sobre el proyecto socialista y redefinir las líneas maestras del partido, y ha encargado a un grupo de diez personas que elaboren un documento que sirva de guía o "mecha" para la ponencia política del cónclave.

Los elegidos son Mario Jiménez, portavoz de la gestora; Rosa Conde, que fue portavoz del Gobierno con Felipe González; Matilde Fernández, que fue ministra también con González; Ramón Jáuregui, a quien la gestora entregó la portavocía en el Parlamento Europeo en octubre; el diputado vasco Eduardo Madina; la exdiputada y profesora de Derecho del Trabajo Luz Rodríguez; Rafael Simancas, con escaño en el Congreso por Madrid; el que fuera jefe de gabinete del presidente Zapatero, José Andrés Torres Mora; el sociólogo y también diputado Ignacio Urquizu, y Amelia Valcárcel, filósofa y miembro del Consejo de Estado.

La cúpula transitoria de Ferraz no les ha pedido un informe demasiado extenso, más bien al contrario: las fuentes consultadas por infoLibre señalan que el objetivo es redactar un texto de no más de 10 o 12 folios que trace una "reflexión general" sobre la situación actual. Por eso, prosiguen estas fuentes, las personas elegidas no son en su mayoría de tipo técnico, sino que tienen un perfil más multidisciplinar, lo que explica que haya mayoría de sociólogos y politólogos.

Las reuniones se celebran en la sede del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid. Los trabajos comenzaron en noviembre, como adelantó El Confidencial, y quien actúa como coordinador del grupo es Jiménez, hombre fuerte de Susana Díaz en la dirección interina que este domingo cumple tres meses al frente del partido. Sobre Urquizu recae, por su parte, la tarea de "ensamblar" las distintas partes que se van redactando durante las sesiones de debate. Por ahora tienen ya listo un primer borrador que se "afinará" en próximas reuniones antes de entregárselo a la gestora. No hay una fecha límite, pero los plazos no se dilatarán demasiado.

Con la coordinación de este grupo, Mario Jiménez suma una tarea más a un listado cada vez más extenso. Portavoz parlamentario del PSOE en el Parlamento de Andalucía, es además portavoz de la comisión gestora y responsable de Organización de la dirección interina, aunque en esta última tarea tiene como mano derecha a la gallega Laura Seara. Con Javier Fernández –presidente de la comisión– dividido entre Asturias y Ferraz, sobre Jiménez recaen buena parte de asuntos del día a día del partido. Los críticos le han acusado en varias ocasiones de actuar de forma unilateral e imponer su criterio al resto, también en la gestora.

Urquizu y Madina, valores en alza

Ignacio Urquizu y Eduardo Madina, por su parte, son dos de las figuras que quiere impulsar el partido en la nueva etapa. Ambos son relativamente jóvenes –el primero de ellos tiene 38 años y entró por primera vez en el Congreso tras las elecciones del 20D, mientras que Madina, con mayor trayectoria orgánica, cumplirá 41 a principios de enero– y tienen algo en común: estuvieron distanciados de Susana Díaz en algún momento, y ahora o están claramente en su órbita –caso de Madina– o, al menos, la gestora considera que puede integrarlos en el sector mayoritario del partido –como sucede con Urquizu–.

El diputado aragonés, de hecho, llegó a sonar como posible candidato de una tercera vía para liderar el PSOE a principios del verano, cuando cuadros intermedios que consideraban que ni Pedro Sánchez ni Susana Díaz eran la mejor alternativa hicieron sonar su nombre y mantuvieron algunos contactos en fase "incipiente". A su favor tenía el componente de renovación generacional. Su surgimiento, de hecho, habría evocado de alguna forma al de Nueva Vía el grupo de jóvenes que impulsó a Zapatero en 2000. En el PSOE valoran además su formación: es doctor en Sociología y colaboró con la Fundación Alternativas.

En el caso de Madina la historia es más conocida. Después de que el vasco pactara con Rubalcaba el formato de "un militante, un voto" para las primarias de 2014 y no cediera el paso a Susana Díaz, la líder andaluza se volcó con Sánchez y también lo hicieron los territorios que habían pedido que diera el paso adelante a la presidenta de la Junta. Sánchez ganó de forma clara aquella batalla, y lo hizo fundamentalmente gracias al apoyo masivo del socialismo andaluz. Después Madina y Díaz se reconciliaron precisamente porque compartían la necesidad de poner fin a la etapa de Sánchez. Y ahora Madina está en la órbita de la dirigente andaluza.

Experiencia de etapas anteriores

También ha recuperado peso tras la llegada de la gestora Ramón Jáuregui (San Sebastián, 1948), un hombre muy vinculado a Alfredo Pérez Rubalcaba y que ocupó distintos cargos en el Gobierno Vasco en la etapa de José Antonio Ardanza (PNV), cuando fue además secretario general de los socialistas vascos (1988-1997). Después fue diputado en el Congreso y, durante una breve etapa (2010-2011), fue ministro del Gobierno con Zapatero. En las elecciones europeas de 2014 fue el número dos, por detrás de la candidata, Elena Valenciano. Con la llegada de la gestora a Ferraz, se convirtió en el portavoz del PSOE en la eurocámara.

Torres Mora, en cambio, está muy vinculado a Zapatero, de quien fue jefe de su gabinete. Diputado por Málaga desde 2004, doctor en sociología y profesor en la Universidad Complutense, fue además uno de los ideólogos del expresidente, cuya figura ha reivindicado repetidamente, incluso cuando la dirección del partido decidió dejarlo en segundo plano bajo la dirección de Sánchez.

Precisamente de Sánchez acabaron distanciados dos de los otros integrantes del equipo al que la gestora ha encargado el documento de reflexión de cara al congreso: Rafael Simancas y Luz Rodríguez. El primero de ellos, diputado por Madrid, fue quien recibió el encargo de Ferraz de pilotar una gestora en la federación madrileña cuando Sánchez fulminó a Tomás Gómez, pero acabó distanciado del entonces secretario general. Rodríguez, por su parte, fue una de las más estrechas colaboradoras de Sánchez, pero acabó alejada de él cuando fue excluida de la lista por Madrid para el 20D, una plancha electoral para la que Sánchez fichó a la exdiputada de UPyD Irene Lozano.

El grupo lo completan Rosa Conde, Matilde Fernández y Amelia Valcárcel. Las dos primeras proceden de la etapa de Felipe González. Conde, representante de la vieja guardia del partido, fue ministra portavoz del Gobierno entre 1988 y 1993. Durante ese mismo periodo, Fernández –destacada guerrista y que compitió por la Secretaría General en el Congreso que aupó a Zapatero a la Secretaría General– ocupó el cargo de ministra de Asuntos Sociales. Valcárcel, reputada catedrática de Filosofía, feminista y consejera de Estado, es finalmente la menos política de los diez integrantes del grupo de trabajo, aunque también ha estado largamente vinculada al PSOE, partido con el que fue consejera de Educación del Principado de Asturias entre 1993 y 1995.

Este miércoles el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, rubricaron un acuerdo para la formación de un futuro Gobierno "de progreso" y "reformista", un pacto que permitirá a Sánchez recibir el voto favorable de los diputados de la formación naranja en el pleno de investidura que se celebrará el próximo 1 de marzo. El documento, de 66 páginas, recoge, entre otras medidas, la propuesta de que el próximo Gobierno apruebe en 2016 una subida del salario mínimo interprofesional "de al menos un 1% con el fin de ir recuperando su pérdida de poder adquisitivo". Con el nivel actual, el aumento equivaldría a 6,5 euros.

Sin embargo, el pasado 29 de diciembre el Consejo de Ministros dio luz verde a una medida similar: un aumento del 1% que elevaría el SMI de 648,6 a 655,2 euros mensuales. Una decisión que encontró una crítica contundente de Podemos, IU y el PSOE. Así, la secretaria de Empleo de la formación socialista, Luz Rodríguez, aseguró que era "claramente insuficiente" y subrayó que el objetivo de su partido era "subirlo hasta los 1.000 euros". Y así quedó plasmado en el programa electoral del PSOE: "Subir el salario mínimo interprofesional para que alcance, en el término de dos legislaturas, el 60% del salario medio neto".

Además, Rodríguez también denunció que la política salarial que había desarrollado el Gobierno de Mariano Rajoy en los últimos cuatro años había consistido en "devaluación salarial", añadiendo que eso es algo a lo que "siempre se han opuesto frontalmente los socialistas". "Creemos que la recuperación de la economía pasa porque los salarios suban, haya mayor renta en los hogares y, por tanto, mayor consumo, mayor producción y más empleo", continuó, concluyendo que la subida del salario mínimo interprofesional "es un motor para la creación de empleo".

"Rácanos y miserables"

Ese mismo día también se pronunció el secretario de Organización del partido, César Luena, que calificó de "rácanos y miserables" los aumentos del Partido Popular en materia de SMI y pensiones. "Este país necesita cohesión social e igualdad, y Rajoy representa justamente lo contrario", añadió el dirigente socialista en este sentido, que concluyó la rueda de prensa en Ferraz asegurando que "el nuevo tiempo en España está para grandes acuerdos y grandes transformaciones" con el objetivo de "trabajar por el empleo digno y con derechos". El diputado Rafael Simancas, por su parte, lo tildó de "ridículo".

La firma del acuerdo este miércoles da carpetazo a las promesas del propio Sánchez y a las diferentes medidas que en este sentido registró el partido en el Congreso de los Diputados. El pasado 14 de enero el PSOE presentó en la Cámara baja un total de 17 iniciativas, dos de ellas en material laboral: una proposición de ley en la que se instaba al Gobierno a derogar la reforma laboral –una medida no incluida en el pacto con C's, aunque desde las filas socialistas aseguran que se cumplirá– y otra en la que reclamaba elevar el salario mínimo "al menos en un 5%" en 2016. 

En su comparecencia presupuestaria, el secretario de Estado de Empleo ha tenido que reconocer que con 5.149.000 parados y 3.700.000 sin protección pública alguna (EPA 2º trimestre 2015), el proyecto del Gobierno para 2016 prevé un recorte del 23% en prestaciones a desempleados respecto al año en curso.

El argumento falaz que utiliza el Gobierno para hacer compatible esta realidad con el discurso complaciente sobre la “prioridad social del presupuesto” consiste en defender que el gasto para parados se reduce porque se reduce el problema del paro.

La realidad, sin embargo, es que hoy tenemos 305.000 parados más que en 2011 y 635.000 parados más sin protección pública que hace cuatro años (EPA 2º trimestre 2015/2011). ¿Dónde está la justificación para una caída de 15.100 millones de euros, un 38%, en los presupuestos estatales para el empleo entre 2011 y 2016?

Los recortes del Gobierno afectan tanto a las políticas activas de empleo como a las prestaciones públicas para los desempleados. En relación a estas últimas, la reducción proyectada para 2016 es de 5.500 millones de euros respecto al presupuesto de 2015, y de 12.700 millones respecto al presupuesto de 2011, antes de la llegada del PP al poder.

¿Hay ahora menos parados? ¿Hay menos parados sin ayuda pública? ¿Hay menos necesidades entre los desempleados de nuestro país? Todo lo contrario. La cobertura a los parados registrados en los servicios públicos de empleo ha pasado del 80% en 2010 al 54% del pasado mes de junio de 2015. Y la tasa de protección a los parados que refleja la más real Encuesta de Población Activa ha caído por debajo del 29%.

Otro dato revelador es el relativo a la evolución de los euros destinados a cada parado por el Gobierno. Entre 2011 y el presupuesto de 2016 el recorte ha sido de 3.646 euros por año a cada parado, y entre 2015 y 2016 el recorte ha vuelto a ser de 648 euros anuales. Un 50,4% de reducción en cuatro años, y una reducción del 15% para el ejercicio próximo respecto a este en curso.

Por tanto, hoy tenemos más paro que hace cuatro años, más parados sin ayuda pública que hace cuatro años, y más pobreza entre los desempleados que hace cuatro años. Pero la respuesta del Gobierno es un hachazo más al esfuerzo público para atender las necesidades básicas de los más vulnerables de la sociedad.

El mecanismo que el Gobierno aplica para estos recortes es, además, perverso. En el año 2014 presupuestaron 30.000 millones para prestaciones a parados. Sin embargo, lograron “ahorrar” 5.000 millones de esos 30.000. ¿Cómo? ¿Reduciendo el paro o reduciendo las necesidades de los parados? No, endureciendo los requisitos de acceso a las prestaciones. Para 2015 decidieron presupuestar lo que realmente habían gastado en 2014, solo 25.000 millones. Con una estrategia similar, en este ejercicio 2015 prevén gastar menos de 20.000 de los 25.000 millones presupuestados, por lo que para 2016 destinarán 19.000 millones…

¿Hasta dónde pretenden llegar? A pesar de nuestras preguntas en sede parlamentaria, el Gobierno se niega a informar de sus previsiones en cobertura a parados. Si ya estamos por debajo del 29% de parados con ayudas, ¿intentan llegar al 20%? ¿Al 15%? ¿Al 10%? ¿Quieren dejar a 8 o a 9 parados de cada 10 sin ningún tipo de ayuda? Claro que así ahorran dinero. Ahorrarían más incluso, como le hemos dicho al Secretario de Estado de Empleo, si en lugar de pagar las prestaciones a esos pocos parados, se las cobraran.

Un buen ejemplo de esta dinámica de recortes y de insensibilidad social lo tenemos en el Programa de Activación para el Empleo (PAE), que el Gobierno puso en marcha tras un acto público celebrado con alharacas en La Moncloa el pasado mes de diciembre, tras un acuerdo con los interlocutores sociales. Rajoy habló en ese acto de 450.000 beneficiarios para los 430 euros del PAE. Báñez precisó incluso un “stock de inicio” de 300.000 beneficiarios.

Pues bien, transcurrido ya más de la mitad del periodo de ejecución del PAE, no tenemos ni 450.000, ni 300.000, ni 200.000, ni 100.000 beneficiarios, sino menos de 60.000. ¿Por qué? ¿Porque no se necesitan estas ayudas o porque no se solicitan? No, porque las condiciones son tan deliberadamente y tan injustamente duras que la gran mayoría de los parados que necesitan las ayudas prometidas no pueden obtenerlas. Pero el Gobierno se niega también a modificar estas condiciones y a mejorar las previsiones en cuanto al número de beneficiarios del PAE.

La evolución de los presupuestos en materia de políticas activas de empleo ha sido similar en este tiempo. Hablamos de los recursos destinados a mejorar la empleabilidad y a facilitar el acceso al empleo para nuestros parados: orientación, formación, intermediación… El recorte en este capítulo entre 2011 y los presupuestos de 2016 es de 2.378 millones de euros, un 31%. El pequeño incremento de recursos para el ejercicio próximo respecto a 2015 no compensa ni le lejos los tijeretazos de estos cuatro años.

Las consecuencias prácticas de este recorte sobre el número de orientadores en las oficinas de los servicios públicos de empleo son evidentes. Si las autoridades de la Unión Europea recomiendan la presencia de un orientador público por cada 600 desempleados, las cuentas del Gobierno obligarían en la España del 2016 a contar con un orientador por cada 1.312 parados. Se trata, obviamente, de una proporción imposible para realizar una labor eficaz destinada a recuperar empleo en nuestro país.

En este sentido llama la atención ese conejo que el Gobierno se ha sacado de la chistera para despistar a los menos informados. Anuncia el Gobierno un nuevo programa de ayuda a parados de larga duración de entre 30 y 55 años; eso sí, “a partir de junio de 2016”, cuando el PP ya no tenga responsabilidad alguna que administrar. ¿Más ayudas con menos presupuesto y con menos personal para ayudar? Novedad sin credibilidad.

El Gobierno recorta los recursos destinados a las políticas de empleo precisamente cuando más necesarios son estos recursos, por la persistencia de los altos niveles de paro y por la precarización creciente de nuestro mercado laboral.

Dos datos más corroboran este análisis. Las horas habituales trabajadas por asalariados cada semana han caído de 561 millones a 522 millones entre 2011 y 2015. Y la recaudación acumulada hasta junio por cotizaciones a la Seguridad Social se ha reducido en el mismo periodo en cerca de un 4,5%. No hay más trabajo en España, sino que se está repartiendo menos trabajo en clave de precariedad.

La medida de la sensibilidad social del Gobierno en materia de empleo se establece con claridad en sus esfuerzos presupuestarios. Los recortes presupuestarios del servicio público de empleo (SEPE) en el periodo 2012-2016 alcanzan los 41.346 millones de euros: 27.529 millones menos en prestaciones, y 13.817 millones menos en políticas activas. Y la aportación del Estado a estos recursos, cotizaciones sociales aparte, se ha recortado nada menos que un 77%.

No. Este no es un Gobierno con sensibilidad social hacia el problema del paro y de la pobreza asociada al desempleo. __________________________

Rafael Simancas

es diputado del PSOE en el Congreso

Vuelo corto el de Antonio Miguel Carmona como candidato socialista al Ayuntamiento de Madrid y más aún como portavoz. El caramelo le ha durado menos de un año. Fue en octubre de 2014 cuando consiguió la banda de la nominación en unas primarias sin avales, bien pertrechado por el respaldo de la dirección regional, entonces en manos de Tomás Gómez, y de la cúpula federal, entonces y ahora en poder de Pedro Sánchez. Centenares de actos, segundos y segundos consumidos en tertulias de televisión y una intensa campaña no le sirvieron para devolver al PSOE a la Alcaldía, 26 años después. Se hundió él y se hundió el partido. Y ahora, a los 71 días de las elecciones del 24-M, pierde la portavocía del grupo en favor de su compañera Puri Causapié, miembro de la ejecutiva de Alfredo Pérez Rubalcaba. Aunque no se va, le echan como portavoz, sigue como edil y rechaza ser senador. Fuego a poquísimos meses de las generales. 

El PSOE devora y devora candidatos sin que llegue a saber tocar la tecla. Y sin esperar a descubrirlo. Porque Carmona es el quinto aspirante sucesivo que pierde en las urnas y no repite, tras Fernando Morán (1999), Trinidad Jiménez (2003), Miguel Sebastián (2007) y Jaime Lissavetzky (2011). Pero su cese también saca a flor de piel las tensiones internas dentro de un territorio siempre agreste y complicado para Ferraz: la Federación Socialista Madrileña, luego Partido Socialista de Madrid (PSM) y, desde el pasado viernes, cuando asumió las riendas la nueva secretaria general, Sara Hernández, PSOE de la Comunidad de Madrid (PSOE-M). 

Pedro Sánchez ya agitó las aguas del convulso socialismo madrileño el pasado 11 de febrero. Convocó a su Comisión Permanente, a su núcleo duro, y procedió a la destitución de Tomás Gómez como jefe de filas del PSM y como candidato a la Presidencia de la Comunidad. Aquello se interpretó como lo que fue: un golpe de autoridad del secretario general, justo tras unas semanas en las que se habían notado muescas en su liderazgo, para intentar cambiar la suerte electoral del partido situando como cabeza de cartel a un no militante, al exministro Ángel Gabilondo. Gómez intentó rebelarse. En un primer momento, y rodeado de buena parte de sus fieles (y también Carmona), buscó frenar la imposición de Ferraz.

No pudo. Sánchez le ganó el pulso: la gestora, presidida por Rafael Simancas, hizo el trabajo de apaciguamiento y consiguió sacar adelante la propuesta de Gabilondo. Sin primarias. El partido se reacopló y se realineó rápidamente con Ferraz (también Carmona). Pesaba la cercanía de los comicios y la expectativa de obtener un buen resultado electoral, bloqueando el paso a una nueva mayoría absoluta del PP. El PSM calló, pero todos sabían que se pasaría factura a Ferraz si el 24-M iba mal. 

Resultados agridulces

Y el 24-M se dio regular. Gabilondo sí logró mejorar los resultados de Gómez de 2011, subiendo un escaño en la Asamblea, hasta 37. Pero el pequeño crecimiento no sirvió para arrebatar el Gobierno a los conservadores que, apoyándose en Ciudadanos, pudieron mantenerse en el poder. Esta vez, con Cristina Cifuentes al frente. Sí se recuperaron alcaldías de peso, del tradicional cinturón rojo y del corredor del Henares, como Móstoles, Getafe, Leganés, Coslada y Alcalá, y se aumentó notablemente la cuota de poder. Pero en el Ayuntamiento de Madrid ocurrió la debacle. El PSM cayó de segunda a tercera fuerza, por debajo del PP y de Ahora Madrid. De 15 a 9 concejales. 249.152 votos, el 15,28%, por los 416.078 sufragios (el 25,70%) que recogió Gabilondo en la capital. La diferencia era abultada entre Carmona y el exministro: 166.926 papeletas y diez puntos más a favor de la apuesta personal de Sánchez. 

El apoyo de Ferraz a Carmona fue menguando con el paso de los meses. De considerarlo "el mejor candidato" y pensar que tiraba del cartel electoral (más que Gómez) a ver cómo caía en los sondeos y verlo casi como un lastre. En la campaña hubo roces. Sánchez se volcó con Gabilondo y recelaba del estilo del aspirante al Ayuntamiento. De hecho, trascendió un choque por el ansia de protagonismo del candidato y el trato dispensado por el federal en la Convención Municipal, celebrada en abril. Este mismo lunes, el hasta ahora portavoz se quejaba de la falta de medios y de aliento que sufrió durante su campaña. Y aunque Carmona intentaba nadar y guardar la ropa –o sea, reivindicar su amistad con Gómez y su lealtad al federal–, Ferraz nunca acabó de fiarse de él. 

La caja de los truenos de la federación madrileña volvió a destaparse con crudeza en la última semana. La regidora de Getafe, Sara Hernández, la aspirante impulsada por Ferraz, la favorita que contaba con el respaldo de los alcaldes de las ciudades más potentes, se impuso al diputado regional Juan Segovia, con marcadas ligazones con el tomasismo. Ganó con el 57,51% de los votos de los militantes en unas primarias internas de escasísima participación (42,59%). Y aunque se tiró toda la campaña reivindicándose como la candidata de la "unidad", la foto final destruyó esa imagen. El viernes pasado, en un congreso extraordinario convulso, logró sacar adelante su ejecutiva por sólo un 55,44%, un porcentaje menor que el recabado por la última dirección de Tomás Gómez, en marzo de 2012 (75%). No integró a Juan Segovia ni a los suyos: se negaron a entrar al no aceptar Hernández ninguna de sus propuestas programáticas. El lema del cónclave, Sumando fuerzas, se volvió contra la nueva líder como un bumerán. No había sumado apoyos. Los había perdido incluso. 

Carmona, en este proceso precongresual, había intentado quedar al margen, sin apoyar a Hernández a las claras pero sin ponerse del lado del perdedor, Juan Segovia. Jugó a la equidistancia. Táctica de supervivencia de Carmona.

Carmona se revuelve

Las brasas del PSM –rebautizado como PSOE-M– ya estaban encendidas. Y la decisión de destituir a Carmona no hizo sino avivar el fuego. En realidad, con la maniobra Ferraz pretendía cerrar el círculo que abrió en febrero. Era la segunda parte de la operación de ajusticiamiento, manu militari, de Gómezmanu militari. La mujer que esta vez encarna el relevo, Puri Causapié, es una dirigente que cuenta con la plena confianza de Hernández y Sánchez, menos dada al protagonismo mediático. La nueva líder del PSOE-M la incluyó en su ejecutiva regional como secretaria de Coordinación de Madrid ciudad. Su ascenso estaba cantado. 

El excandidato al Ayuntamiento lo atribuyó este lunes a una vendetta "interna",vendetta a la voluntad del federal y del regional de ajustar cuentas con él por su amistad declarada, "con la cabeza alta", con Gómez y Segovia, y la intención de Ferraz de "tomar el control" por la fuerza de una federación siempre rebelde. En definitiva, que el 55% que ganó el cónclave quería "prescindir" de la oposición del 44%. 

Enrique Rico, nuevo secretario de Organización del PSOE-M, este 3 de agosto tras anunciar la destitución de Antonio Miguel Carmona | EFE

Su pataleta no tuvo efectos prácticos: la ejecutiva le desbancó y el grupo municipal lo respaldó. Dividido, eso sí. Según fuentes del grupo consultadas por infoLibre, cinco ediles votaron a favor del acuerdo de la cúpula –Mercedes González, Ramón Silva, Nacho Benito, Carlota Merchán y la sustituta, Puri Causapié– y tres en contra –el propio Carmona, Mar Espinar (su jefa de campaña y secretaria de Organización en la agrupación en la que él milita, Chamberí) y Chema Dávila (líder socialista de Centro y apoyo de Segovia)–, ya que el último concejal, Ransés Pérez Boga, inspector de Hacienda fichado por el candidato, no pudo votar al no ser militante, aunque apoyó a su hasta ahora jefe. Carmona seguirá con su acta en el Ayuntamiento. Rehusó convertirse en senador. Se lo había ofrecido Hernández. Él lo rechazó porque no tiene "precio".

La ejecutiva del PSOE-M, en boca de su secretario de Organización, Enrique Rico, defendió que la decisión era política, y no "personal", achacable a los malos resultados electorales en la capital el 24-M. La dirección federal comparte el criterio. Ya desde los comicios, reconoció que tenía un problema en las grandes ciudades, fundamentales para cimentar la victoria socialista, y que había que meter mano lo antes posible. La primera de la lista era Madrid, la capital cuyo control ha escapado del PSOE desde 1989. 

El estupor cundía en el partido y entre los concejales que incluso apoyaron a Hernández en el proceso precongresual. "Siempre que cambia la dirección, se revisa la dirección de los grupos institucionales. Lo hizo Pedro el año pasado en el Congreso, en el Senado y en el Parlamento Europeo, por ejemplo. Pero, dicho esto, hay maneras y maneras. Antonio es un dirigente muy querido, y ha trabajado mucho. Habría que haber hablado con él de otra manera, no que se enterase de la noticia por la Ser, y haberle ofrecido un espacio. No un escaño de senador", asegura una edil socialista. Se niega sin embargo a pensar que se haya actuado por "venganza", porque "él sabía que estaba muy desgastado". La gestora de Simancas ya discutió su relevo, pero no dio el paso porque tenía que hacerlo, en su caso, una dirección elegida en un congreso.

La decisión sorprendió por la rapidez, apenas tres días después del congreso, en pleno mes de agosto, y también porque aún no se habían cerrado las heridas del congreso extraordinario. Un movimiento arriesgado, cuando menos, a pocos meses de las generales. 

Baile de candidatos

El control del PSM se le tuerce a Sánchez. Ahora queda más claro aún que todo dependerá del resultado de las legislativas. Si es malo, la batalla se recrudecerá. De hecho, los de Segovia (y los tomasistas) ya afirmaban el viernes que ya había comenzado la lucha por el liderazgo de los socialistas madrileños en el congreso ordinario, previsto para después de las elecciones. 

Las luchas intestinas han sido el acompañante clásico de un partido ayuno de poder institucional –especialmente, de la plataforma de la Comunidad de Madrid– desde hace dos décadas. De la época de la mesa camilla, donde el reparto de poder se guisaba entre las diferentes familias, pasó al trauma del tamayazo y al polémico liderazgo de Gómez. Elegido primero por José Luis Rodríguez Zapatero, pero luego enfrentado a él en cuanto le puso enfrente como rival a Trinidad Jiménez en las primarias de 2010. Gómez se revolvió igualmente contra Alfredo Pérez Rubalcaba, cómodo en su traje de barón díscolo. En 2014, en coordinación los otros secretarios territoriales y siguiendo la flecha de Susana Díaz, apoyó a su otrora enemigo Pedro Sánchez y frente a Eduardo Madina, y se integró incluso en su ejecutiva como vocal. Los tiempos felices acabaron muy pronto, en cuanto el secretario general comenzó a maniobrar en su contra hasta tumbarlo. Claro que el PSM era de las federaciones que orbitaban en torno a Andalucía y dudaba del liderazgo de Sánchez. 

La consecuencia directa de la expeditiva primera medida de Hernández es la visualización (más aún) de la división en el PSOE-M. Y el recado que se envía al electorado de que Carmona, definitivamente, no repetirá como candidato en las próximas municipales, un fin que era previsible vistos sus datos del 24-M. Los socialistas no logran consolidar a ninguna de sus apuestas desde hace dos décadas. Después de Juan Barranco, el último regidor socialista y candidato entre 1987 y 1995, todos sus aspirantes caen antes de que puedan optar a un segundo asalto. Pasó con Fernando Morán (1999) o con Trinidad Jiménez (2003), reclamada por Zapatero como secretaria de Estado. Miguel Sebastián ni siquiera llegó a recoger su acta de concejal. Jaime Lissavetzky (2011) tuvo que retirarse en la campaña interna de 2014 ante la falta de apoyos, vencido por Carmona.

La clave del equipo municipal

En la inesperada decisión del PSOE-M hay que pensar en otra clave: la estabilidad del Gobierno municipal. Ferraz apoyó votar a favor de la investidura de Manuela Carmena (Ahora Madrid) como alcaldesa, pero vetó que el partido pudiese entrar en el Ejecutivo local. Al menos, por ahora. Carmona sí tenía una predisposición mayor a incorporarse al equipo de la alcaldesa, y así lo reiteró este lunes. Acató no obstante la directriz federal.

Hernández ha venido criticando en los últimos días la "descoordinación" del Gobierno de Ahora Madrid, como defendió en su campaña que no era partidaria de que los socialistas se integrasen en él. Carmona ha subrayado, por el contrario, su "coincidencia al 90%" con Carmena. Enrique Rico, el nuevo número dos del PSOE-M, comenzó su comparecencia "garantizando" la pervivencia de un Gobierno "de izquierdas" en la capital. Es decir, que no habrá moción a la alcaldesa y que el paso al PP de Esperanza Aguirre seguirá vedado. 

Es pronto para saber qué más derivadas tendrá la reavivada pugna dentro del PSOE-M. Pero con toda seguridad la bola de nieve no se parará de forma inmediata. Carmona ya lo ha dicho: no le van a callar. Y sabe que ahora puede sacar petróleo de su tirón mediático frente a una Puri Causapié más desconocida para la opinión pública. En la práctica, aspira a ser el portavoz socialista en los platós. 

Fue la favorita desde el principio. Y lo ha sido hasta el final. Hasta que se han abierto las urnas y han dado la razón a todos los pronósticos. Sara Hernández Barroso, 38 años, alcaldesa de Getafe, se ha convertido en la nueva secretaria general del Partido Socialista de Madrid (PSM), en la sucesora de Tomás Gómez al frente de una de las federaciones más convulsas. Se cumplen así los planes diseñados por la dirección federal de Pedro Sánchez. 

Los 15.450 militantes del PSM, distribuidos en 127 agrupaciones locales de toda la Comunidad, tuvieron por primera vez en su historia la potestad de elegir con su voto a su nuevo líder, para cerrar así casi seis meses de interinidad orgánica y jubilar la gestora presidida por Rafael Simancas. Y prefirieron a Hernández (Madrid, 1976) frente al diputado regional y secretario general de la formación en el distrito de Fuencarral-El Pardo de la capital, Juan Segovia Noriega (Madrid, 1982). La regidora logró 3.693 sufragios (el 57,58%), por 2.721 (42,42%) de su rival, con el 99,86% escrutado. Además, se registraron 168 papeletas nulas y blancas. En total, fueron 6.582 los votos emitidos. Los datos los anunció, a las 21.30, el propio Simancas en la sede autonómica de Callao.

No se ofrecieron números desagregados por agrupaciones. Pero, según distintas fuentes del PSM, el duelo entre los dos contendientes estuvo bastante equilibrado en varias de ellas, pero las que decantaron la balanza, como se esperaba, fueron las grandes asambleas del sur, que cuentan con alcalde socialista, caso de Móstoles, Fuenlabrada (166-63 a favor de la regidora), Leganés (149-53), y Getafe (242-63). Regidores con hilo directo con Ferraz, igual que el de Alcalá (185-122). En la capital, Hernández se impuso con rotundidad en agrupaciones como Tetuán (104-16), Latina (131-77) o Villaverde (87,6%-11,5%); en otras ganó, pero muy justa (como en Chamberí, 76-70). Segovia venció en su agrupación, Fuencarral, y también en otras como Centro (105-38 a su favor), Puente de Vallecas o Arganzuela.

La participación, eso sí, fue muy baja, del 42,59%, aún inferior a la que se dio en la primera fase, la de los avales, que alcanzó el 48,72%, en la que la alcaldesa también venció a su oponente (4.483 firmas frente a 2.775). La votación se desarrolló "con normalidad", desde las diez de la mañana a las ocho de la tarde. Las fechas de la histórica jornada, a últimos de julio, junto con la baja tensión del proceso, explican la escasa movilización. También fueron elegidos los 565 delegados al congreso del próximo viernes. 

Simancas felicitó a Hernández, que recibe un "liderazgo legitimado democráticamente", y está llamada a "abrir una nueva etapa" en un PSM "más abierto, más fuerte y más participativo", que debe tener como objetivo "servir a los principios socialistas y atender a las necesidades e intereses de los madrileños". El presidente de la gestora también congratuló a Segovia, que obtuvo un "resultado muy apreciado". Del 42,33%. Nada menor, desde luego.

El diputado regional se quedó a 15,16 puntos de la ganadora. Obtuvo 972 votos menos. Mucho más ajustada fue la contienda en 2010, en primarias entre militantes, entre Tomás Gómez y Trinidad Jiménez, la aspirante de José Luis Rodríguez Zapatero. Los dos pugnaban por la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Ganó el entonces secretario general a la entonces ministra, y le ayudó a consolidar su liderazgo (51,71%-47,99%).

Juntos en Callao

Los dos contrincantes comparecieron cerca de las 22.30 de la noche en la sede regional. Ambos bajaron juntos la escalera que conducía al salón de actos, atestado de militantes, se abrazaron y se aplaudieron mutuamente. Segovia se felicitó del buen desarrollo de la jornada y agradeció el voto del 42% de la militancia. "Ahora, el 100% del partido está con Sara Hernández", proclamó, entre los vítores de las decenas de asistentes, que no se cansaban de aplaudir y gritar a los dos candidatos.

La vencedora, se dijo "honrada", "orgullosa" y "emocionada" por haber sido la primera secretaria general elegida con el voto directo de las bases. Felicitó a Segovia por su campaña y le reiteró su voluntad de que forme parte "del equipo de compañeros" que le acompañe en la nueva ejecutiva. "¡Oé, oé, oé!", "¡integración!", respondía la parroquia socialista congregada en Callao. "Hoy empezamos un tiempo nuevo, con ilusiones renovadas y en el que vamos a construir juntos un futuro compartido. Me comprometo a trabajar desde la unidad. La unidad que nos hace más fuertes para impulsar nuestro proyecto político de progreso", y así "recuperar la confianza de la ciudadanía madrileña y volver a gobernar". "La unidad nos hace un instrumento útil al servicio de la ciudadanía", aseguró. 

Sara Hernández es felicitada por su rival, Juan Segovia, tras conocerse su victoria como nueva líder del PSM, este 26 de julio en Callao | EFE

La nueva secretaria general insistió en que cree "en el trabajo en equipo" y prometió construir una ejecutiva de integración, con personas "capaces" y "competentes". "Os necesito a todos –reiteró–. Cuento con todos" para hacer un "PSM fuerte, renovado, unido" y "ganador". 

Hernández se marcó como obligación devolver a los madrileños la "dignidad" de la política, la "ética" y la "transparencia" frente al "saqueo" del PP. Percha que le sirvió para avisar de que el PSM "no parará" hasta que se depuren responsabilidades por el nuevo escándalo en las filas conservadoras, la Púnica. 

La primera actividad en la agenda de Hernández será reunirse este lunes, a las 10 de la mañana en Ferraz, con Pedro Sánchez. Y después ir pactando su ejecutiva con los barones locales. Ahí se comprobará si la integración con Segovia y su equipo es posible. Como comentaba uno de los alcaldes del sur a este diario, la intención es procurar la unidad y evitar la "fractura" de pasados procesos. Todo apunta a que en la nueva dirección se integrarán los regidores de Móstoles y Alcalá, David Lucas y Javier Rodríguez, y que la presidirá Manuel Robles. Asimismo, el líder socialista en Villaverde, Enrique Rico, está llamado a ocupar un papel de mucho peso.

Se acaba así definitivamente con ocho años de tomasismotomasismo, que no ha logrado doblar el brazo a Sánchez. Aunque el resultado de este domingo, no obstante, podría ser transitorio si en las generales el líder del PSOE no llega a gobernar. 

El espíritu de la campaña

Con el nombramiento de Hernández, que deberá ser ratificada en el congreso extraordinario del próximo viernes –en el que serán elegidos los nuevos órganos regionales de dirección y los miembros madrileños del Comité Federal–, Sánchez se garantiza la tranquilidad, como poco, hasta las generales. Está así al frente del PSM, su propia federación, una persona de su confianza y que gobernará la formación ayudada por los alcaldes de las grandes ciudades que también están de su lado, como Manuel Robles (Fuenlabrada), David Lucas (Móstoles) o Javier Rodríguez (Alcalá de Henares). Porque si en algo insistió la candidata durante su campaña es en que quería ser la líder de la "unidad", pues sólo con ella el partido podría ambicionar la victoria. Como también dijo que el PSM debía tener "autonomía", sí, pero sin convertirse en un problema, porque el PSOE no puede ser "una federación de partidos". 

Este mismo domingo, 26 de julio, nada más votar en su agrupación de Getafe, Hernández ya incidía en su mensaje: "Esta candidatura es la candidatura de la unidad. Quiero ser la secretaria general del partido para unir al partido. Si fuéramos un partido fuerte, Ángel Gabilondo sería el presidente de la Comunidad de Madrid", señaló, remarcando que la unidad hace "ganadores" a los socialistas y la falta de la misma les "ha alejado de los Gobiernos". Y es que el PSM no toca el Gobierno regional desde hace 20 años. Este 24-M se quedó cerca, a un solo escaño. Suficiente para que un pacto del PP con Ciudadanos le arrebatase toda posibilidad de regresar al poder. 

Un año después de la victoria de Sánchez

Este 26-J gana Sánchez –justo un año después, por cierto, de su coronación en el congreso del PSOE– y gana el que era, tal vez, el discurso menos ambicioso. Segovia había apostado por la "renovación" y "revolución" del PSM, su "modernización" como vía para volver a conquistar la voluntad de los madrileños. Y para ello prometía trabajar para quitar los avales, que las listas electorales fueran elegidas por primarias, que a las primarias para elegir candidatos institucionales pudieran presentarse no militantes o que las decisiones "estratégicas" fueran tomadas por las bases. Hernández aseguraba que el diputado regional estaba alimentando "falsas expectativas" porque esos cambios no dependían de este cónclave, sino del congreso federal ordinario del PSOE, previsto para después de las generales. 

Pedro Sánchez, votando al filo de las tres de la tarde en las primarias del PSM, en su agrupación de Pozuelo, este 26 de julio | BORJA PUIG

De cualquier modo, Hernández ha intentado por todos los medios desembarazarse de la etiqueta de candidata oficial o del aparatooficial aparato, que Segovia también le intentaba pegar a su espalda. No ha presumido de apoyos ni se ha dejado ver con miembros de la ejecutiva federal. Ferraz, en un gesto nada casual, ni siquiera convocó a los medios para que grabasen el momento de la votación de Sánchez en su agrupación, la de Pozuelo, aunque las cámaras estuvieron esperando su llegada desde la apertura de las urnas, a las diez de la mañana, hasta que apareció, cerca de las 15 horas. 

Segovia, a su vez, ha tenido que luchar con su propio fantasma: la acusación de que él era el candidato de Tomás Gómez, destituido fulminantemente en febrero por Sánchez para dar paso a Ángel Gabilondo. El diputado ha negado que su candidatura fuera una continuación del tomasismo, pese a que algunos de sus fieles sí le han respaldado, junto con otros históricos enemigos suyos. Además, recibió el apoyo de los expresidentes Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero (este no le pudo avalar, porque milita en León); de los exministros Cristina Narbona, Valeriano Gómez o Matilde Fernández, del exalcalde de la capital Juan Barranco o de la regidora de Aranjuez, Cristina Moreno. Incluso la propia Susana Díaz, según fuentes del Gobierno andaluz, había mostrado sus simpatías hacia el parlamentario. 

Aparte de las cuitas sobre los avales o el modelo de partido, la campaña estuvo dominada por la cuestión de las compatibilidades. Segovia sostenía que no era posible ser alcalde –y más de una localidad como Getafe (173.000 habitantes) y en minoría– y secretario general, ya que ambas tareas requerían máxima dedicación. Hernández, por el contrario, defendía que sí era óptimo compaginar ambos cargos, y que lo que sí era "confuso" era compartir escaño en la Asamblea con el portavoz socialista, Ángel Gabilondo, figura teóricamente intocable para los dos candidatos. El exministro, por cierto, no estaba este domingo en la sede del PSM. No es militante. La de hoy no era su batalla. 

Unos 15.000 militantes del PSM están llamados a elegir este domingo a su nuevo secretario general, puesto al que optan la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, y el diputado regional de la formación Juan Segovia.

Las mesas electorales estarán ubicadas en cada agrupación local y los militantes podrán ejercer su derecho al voto de 10 a 20 horas. Una vez cerrado el periodo de votación, comenzará a realizarse el recuento que se irá contabilizando en la sede regional del partido en Callao.

La elección del número uno del PSM se realiza bajo la fórmula de un militante, un voto y el partido recuperará así la normalidad organica, dado que una gestora presidida por Rafael Simancas ha estado dirigiendo el partido durante más de seis meses.

La dirección federal del partido creó una gestora después de proceder a la destitución del hasta entonces secretario general de la formación, Tomás Gómezdestitución . Luego, se habilitó una consulta entre las asambleas que dio como resultado la designación del exministro Ángel Gabilondo, que también sustituyó a Gómez como candidato.

"Unidad" frente a "revolución"

La votación servirá para determinar el conjunto de delegados que acudirán al congreso extraordinario del viernes 31 de julio, donde se ratificará al nuevo secretario general y se elegirá a la nueva ejecutiva regional.

Entre los candidatos, Sara Hernández es la que ha obtenido mayor número de avalesSara Hernández es la que ha obtenido mayor número de avales, 4.483 (casi un tercio de los afiliados del PSM) mientras que Segovia se quedó en 2.775.

Hernández ha defendido durante su campaña que su candidatura representa la "unidad" y que quiere acabar con la "división" en el partido para hacer del PSM un partido que gane elecciones. También asegura que fomentará consultas a la militancia sobre los aspectos relevantes del partido.

Cuenta con el apoyo de diversos alcaldes del partido como es el caso del primer edil de Fuenlabrada, Manuel Robles, y de Móstoles, David Lucas, y ha sido calificada por su rival como la candidata "oficialista", algo que ella ha negado.

Por su parte, Juan Segovia quiere "revolucionar y reiniciar" el partido y para ello propone una serie de medidas como acabar con el sistema de avales para las candidaturas a la Secretaría General, realizar consultas a los afiliados y abrir a la militancia el diseño de las listas electorales.

Entre sus apoyos destaca el respaldo de la alcaldesa de Aranjuez, Cristina Moreno, y ha recibido también el respaldo de los expresidentes del Gobierno Felipe González (que le dio su aval) y José Luis Rodríguez Zapatero (que no podía avalarle pero le transmitió su apoyo).

Ambos han enfatizado respectivamente que en caso de alzarse con la victoria colaborarán con Ángel Gabilondo, al que ven como un referente de la formación. Además, dentro de unos meses convocarán el congreso ordinario de la formación.

El presidente de la comisión gestora que dirige el Partido Socialista de Madrid (PSM), Rafael Simancas, ha reconocido que el Gobierno de Manuela Carmena, a la que apoyaron para que pudiera ser investida alcaldesa de la capital, no le "acaba de gustar" porque "no está cumpliendo con las expectativas de cambio".

"No nos acaba de gustar, entendemos que no está cumpliendo de manera satisfactoria con las expectativas de cambio y de gobierno eficaz en la atención de los intereses de los madrileños que hubiéramos esperado, pero ahí estamos, con nuestra oposición exigente y nuestras propuestas en el día a día", ha señalado en una entrevista con Europa Press.

El también diputado en el Congreso ha explicado que el PSOE, con Antonio Miguel Carmona a la cabeza, "hizo lo que tenía que hacer" cuando apoyó a Carmena en el pleno de investidura "porque la alternativa era o que seguía gobernando el PP con Esperanza Aguirre al frente en esta ocasión o se daba paso a una opción de cambio".

"Entendemos que la mayoría de los madrileños habían votado cambio y la mayoría de los electores del PSOE, que no fueron todos los que habríamos querido, preferían que su grupo municipal apoyaran cambio antes que la continuidad del PP", ha señalado Simancas, que ha insistido en que hicieron lo que tocaba: "Propiciar el Gobierno de Carmena sin participar en él" porque no es su proyecto.

Preguntado por si el PSOE se siente cómodo con Carmena en el Ayuntamiento, Simancas ha señalado que los "primeros pasos" de la alcaldesa "no han sido muy satisfactorios, más bien al contrario". "Llevaron un programa y después nos hemos enterado de que ese programa no era para cumplir, que eran simples sugerencias", ha criticado.

También ha recordado que "se habían comprometido que iban a abrir los comedores escolares durante el verano" y, sin embargo, ahora "dicen que no tienen tiempo", lo cual es "bastante sorprendente" en su opinión porque "en Fuenlabrada y otros municipios gobernados por la izquierda sí ha habido tiempo". "Sí que lo hay...", entiende Simancas.

Asimismo, ha indicado que ha habido "errores políticos graves" en relación a las declaraciones de "unos y otros" concejales, en referencia a las polémicas de los tuits del concejal Guillermo Zapata o el asalto a la capilla de la Universidad Complutense por parte de la portavoz municipal, Rita Maestre, "y a la resistencia de asumir responsabilidades".

A juicio del socialista, "no se puede poner el listón ético y la exigencia moral muy alto para los de enfrente y muy bajo para los propios". "Cuando uno está imputado, está imputado y tiene que irse", ha subrayado parafraseando al exdirigente de Podemos, Juan Carlos Monedero: "En política la responsabilidad y el perdón se conjuga dimitiendo". "Y esto no lo han cumplido ahora que están en el Gobierno municipal", entiende Simancas.

Por todo ello, ha indicado que "satisfechos" no pueden estar "desde luego con lo que están haciendo". No obstante, ha indicado que les "toca hacer oposición", una oposición que va a ser "muy cercana y muy exigente con el Gobierno municipal de Manuela Carmena, que no está dando resultados en modo alguno satisfactorios", al menos para ellos, "durante los primeros días".

Sobre si cree que el apoyo a Ahora Madrid puede pasar factura al PSOE, Simancas ha indicado que los madrileños, "y muy especialmente los votantes del PSOE", sabían cuál era el "dilema" porque el PSOE no se presentaba "ni bajo las siglas del PP ni con las de Podemos o Ahora Madrid".

"Nosotros somos el PSOE. Ahora, con nueve concejales teníamos que optar si dejábamos que siguiera gobernando el PP o diéramos una opción al cambio. No podíamos permitir que gobernara Esperanza Aguirre. Ni uno solo de nuestros votantes hubiera entendido que con nuestra acción u omisión gobernara Esperanza Aguirre", ha insistido.

Sobrino de Carmena

Simancas también se ha referido a la polémica suscitada por el hecho de que el jefe de Gabinete de Carmena sea su sobrino político y ha apuntado que no le parece "ético" establecer "grandes exigencias para los demás y relativizarlas cuando le tocan a uno mismo".

"Estoy convencido de que si un alcalde socialista, un consejero socialista colocara a un sobrino político suyo como ha hecho Manuela Carmena o a su compañero, como ha hecho Colau, se le acusaría inmediatamente de nepotismo, y desde Pablo Iglesias hasta el último círculo de Podemos estarían exigiéndole inmediatamente su marcha", ha indicado.

Lo que le extraña "muchísimo" y le parece una "incoherencia manifiesta es que lo hagan ellos". "¿Si lo hace la señora Carmena está bien y si lo hace otro está mal? No me parece razonable", ha añadido Simancas en este sentido.

Por eso, cree que "por ética y estética" Manuela Carmena "debería haber buscado otro jefe de gabinete, que no fuera de su familia". "A lo mejor se lo merece, insisto, pero es que los responsables del ayuntamiento, los responsables de las instituciones en general son públicos", ha incidido.

En este punto, ha explicado que los responsables públicos están manejando "recursos de los ciudadanos", y al no ser "una empresa propia", uno no puede colocar "a un sobrino, un primo o un cuñado". "Se trata de una administración pública, donde además de exigencias jurídicas, debemos responder a exigencias de naturaleza ética y estética. No está bien colocar un sobrino aunque lo haga razonablemente bien", ha sentenciado.

Los que quieran lanzarse a la carrera de la sucesión de Tomás Gómez no tendrán mucho tiempo para pensárselo. En sólo diez días tendrán que recoger los 1.500 avales necesarios para pasar a la siguiente fase, la campaña por el voto de los militantes. No habrá más plazo. 

El sábado pasado, la gestora del Partido Socialista de Madrid (PSM) cogió por sorpresa a muchos militantes y cuadros al anunciar que convocaba el congreso regional extraordinario para el 31 de julio. Esto es, antes de las elecciones generales, cuando se esperaba que la cita sería después. Con este gesto, Pedro Sánchez se asegura el control de una federación importante (la tercera en número de afiliados, tras Andalucía y Valencia) y siempre convulsa antes de su examen en las urnas. Y lo hará, previsiblemente, a través de Sara Hernández, la recién investida alcaldesa de Getafe, que cuenta con todas las bendiciones de Ferraz y de los poderes del partido en Madrid. Ella logró recuperar para el PSM el bastón de mando de una de las ciudades del cinturón rojo (173.000 habitantes), que pasó a manos del PP en 2011. No es diputada autonómica. 

Este lunes, el presidente de la gestora, el diputado nacional Rafael Simancas, explicó la mecánica del congreso regional y las razones que llevan a esta convocatoria antes de las vacaciones de verano en una breve rueda de prensa en la sede del PSM, en la plaza del Callao de la capital. 

Desde mañana martes, 30 de junio, hasta el 10 de julio los candidatos a la Secretaría General tendrán de plazo para recoger los avales del 10% del censo de militantes. Esto es, en torno a 1.500 de un listado de 15.000. Para el 14, se habrán resuelto los recursos y se procederá a la proclamación de los aspirantes. Entonces comenzará oficialmente la campaña. El 26, todos los afiliados podrán votar de forma secreta y en urna a su líder en las agrupaciones socialistas –será la primera vez en que podrán hacerlo de forma directa– y elegirán a sus delegados para el cónclave,y el 31 se celebrará el congreso regional extraordinario, que procederá a elegir a la nueva dirección del PSM y los demás órganos colegiados (la Comisión de Garantías, los miembros del Comité Regional y la delegación del PSM al Comité Federal del PSOE). No obstante, cuando pasen las generales y tenga lugar el congreso federal del PSOE, se sucederán en cascada todos los cónclaves ordinarios de los territorios. También en el PSM. 

Oficialmente, la gestora no se pronuncia sobre los posibles aspirantes. Ni sobre cuál es el perfil idóneo. Simancas, no obstante, reconoció que parece "razonable" que si hay algún miembro de la gestora que pretenda concurrir, abandone su puesto en el órgano provisional. Es el caso de Sara Hernández, a quien la ejecutiva de Sánchez incorporó a la gestora tras la destitución fulminante de Tomás Gómez como secretario general, el pasado 11 de febrero. Hernández fue la telonera en el mitin de apertura de la campaña del 24-M en Madrid, en el que participaron Ángel Gabilondo, Antonio Miguel Carmona y el propio Pedro Sánchez. 

No hay "adelanto", según el PSM

Simancas negó que se hubiera producido un "adelanto" de la convocatoria del congreso. Recordó que Ferraz dio un mandato de seis meses a la gestora para llevar a cabo, básicamente, cuatro cometidos –confeccionar una candidatura "idónea" para la Comunidad de Madrid, que encabezó el exministro Ángel Gabilondo, dirigir una campaña "eficaz", pilotar la constitución de los grupos socialistas en la Asamblea y en los ayuntamientos y convocar nuevo congreso–, y ese mandato vencía el 11 de agosto. Aunque se podría haber prorrogado. Sí subrayó que la decisión se ha tomado de forma "coordinada" con la ejecutiva federal. Ahora la gestora se erige en comité organizador del cónclave, su función es que este se desarrolle "en las mejores condiciones" y quedará disuelta en cuanto la nueva dirección regional asuma las riendas del PSM, el 31 de julio. 

Simancas justificó la convocatoria exprés porque la ciudadanía madrileña necesita "cuanto antes" un PSM "renovado, más grande, fuerte, abierto, participativo y útil en su defensa de los derechos y libertades". El diputado presumió de los resultados conseguidos por el partido el 24-M, ya que consiguió incluso un escaño más que en 2011 (de 36 a 37 parlamentarios) y fue la "única federación" que, de hecho, creció en las pasadas elecciones. 

Entre los que no serán con toda seguridad candidatos está el portavoz en la Asamblea, Ángel Gabilondo, porque no es militante del partido. Quien se está planteando competir contra Hernández es Juan Segovia, diputado regional, secretario general del PSM en el distrito de Fuencarral-El Pardo de la capital y uno de los dirigentes más jóvenes. 

Tres fundaciones de Comisiones Obreras (CCOO), sindicato cuyo apoyo a Miguel Blesa fue clave para que el presidente de Caja Madrid se mantuviera al frente de la entidad financiera durante trece años (1996-2009), recibió entre 1998 y 2011 más de 2,5 millones de euros en subvenciones procedentes de la Fundación Caja Madrid, presidida por el propio Blesa, y cuyo director era Rafael Spottorno, que fue la mano derecho del rey Juan Carlos I en la Casa del Rey.

infoLibre ha tenido acceso, gracias al BuzónX de filtraciones del grupo activista Xnet, a los convenios firmados entre Spottorno y los dirigentes de tres de las fundaciones ligadas a CCOO: la Fundación Ateneo Cultural 1º de Mayo (por un importe total de 1,32 millones de euros), la Fundación Sindical de Estudios (por más de 410.000 euros) y la Fundación 1º de Mayo (por 825.000 euros).

Éste último patronato, la Fundación 1º de Mayo, está adscrito a CCOO federal, mientras que las otras dos, que se han fusionado para crear la Fundación Sindical Ateneo 1º de Mayo, depende de la federación de Madrid.

CCOO muestra las memorias

Desde el pasado martes infoLibre ha publicado los contratos firmados entre 1997 y 2011 por la Fundación Caja Madrid con 13 patronatos ligados al PP, PSOE, Izquierda Unida y CCOO. Estas fundaciones ingresaron en este periodo más de 14 millones de euros. Y especialmente tres de las que más dinero ingresaron apenas han tenido actividad pública alguna. Se trata de Fundescam, del PP, que obtuvo 1,3 millones; la Fundación para el Análisis de los Problemas de las Ciudades (PSM-PSOE), que ingresó 3,4 millones; y Fundeste (IU), con 1,7 millones. 

Este diario solicitó la documentación que acredite la realización efectiva de las actividades subvencionadas por Caja Madrid, sin que ninguna de las tres aportara dato ni documento alguno.

No es el caso de los patronatos de CCOO, que en todo momento se han ofrecido a facilitar la información requerida: "Concurríamos a las subvenciones en igualdad de condiciones que el resto de fundaciones, y los fondos recibidos se han asignado de forma íntegra a desarrollar las actividades", explica Manuel Fernández Albano, secretario de Comunicación de CCOO Madrid, que ahonda en la legalidad de la utilización de las ayudas: "Todos los gastos están perfectamente auditados y justificados, y nosotros tenemos copias de todo ello y lo ponemos a disposición de infoLibre".

Fernández Albano rechaza que las ayudas se hayan destinado a financiar el sindicato. "Si alguien entra en la página web de las fundacionesde CCOO se puede ver qué catedráticos han elaborado estudios, que están a disposición de todo el mundo. Ademas de otras muchas actividades".

"Y el Ateneo Cultural organizaba actividades como por ejemplo, certámenes de cine o literarios", completa este dirigente del sindicato, que destaca que se creó un banda de música. "Y todas estas actividades incluían el logotipo de Caja Madrid".

Fernández Albano destaca que muchas de las actividades eran cofinanciadas por el propio sindicato, y rechaza que las ayudas se efectuaran por el apoyo del sindicato a Blesa. "Yo desconozco la relación de Comfia-CCOO con Blesa, pero lo que puedo decir es que las fundaciones del sindicato concurrían a las subvenciones y las actividades se realizaron de forma efectiva".

Los firmantes de los convenios

La dirigente del sindicato que más acuerdos firmó con la Fundación Caja Madrid fue Dolores Carrascal Prieto, presidenta del Ateneo Cultural 1º de Mayo. Otros dirigentes sindicales que firmaron acuerdos fueron tres presidentes de la Fundación Sindical de Estudios –Pedro Reyes, Elvira Sánchez Yopis y Francisco Javier López Martín–, así como los que fueran dirigentes de la Fundación 1º de Mayo, Rodolfo Benito Valenciano y Julián Ariza Rico.

Rodolfo Benito, que fue secretario de Organización del sindicato, está imputado en la Audiencia Nacional de forma indiciaria por los presuntos delitos de administración desleal y apropiación indebida por gastar 138.766 euros con su tarjeta blacktarjeta black. El 3 de octubre de 2014 Rodolfo Benito, que rechaza haber cometido delito alguno, presentó su dimisión como responsable de la secretaría de Estudios de Comisiones Obreras.

Los convenios incluían unas exigencias, al igual que ocurre con el resto de fundaciones ligadas a los partidos políticos, muy genéricas. De hecho, los acuerdos firmados por CCOO incluían las mismas estipulaciones que las del PP y del PSOE: "La Fundación Caja Madrid conviene con la Fundación Sindical de Estudios el establecimiento de una obra social en colaboración, conforme a la legislación vigente".

Las fundaciones que recibían el dinero tenían un año para justificar sus inversiones mediante la entrega de un ejemplar de la memoria de actividades.

Correos de Blesa

Tal y como adelantó este periódico, la Fundación Caja Madrid entregaba las subvenciones a las entidades designadas por los partidos y por CCOOCCOO, según consta en un correo electrónico corporativo del propio Blesa de 15 de julio de 2004.

El mensaje se circunscribe a las subvenciones de 2003, que para CCOO eran de 168.521 euros. El email califica a las subvenciones con destino al sindicato como ayudas a la "sensibilidad CCOO"sensibilidad CCOO, relata el propio Spottorno, que especifica: "Repartidos entre dos fundaciones designadas por ellos".

En 2004 CCOO se hizo con 203.000 euros (un 20,45% más), "repartidos también entre dos fundaciones... pero sin que se hayan puesto de acuerdo en el seno de la propia CCOO sobre una de ellas, por lo que al final ha habido que recurrir al voto en el Patronato para desbloquear la propuesta de ayudas", indica el correo electrónico de Spottorno.

Pacto del sindicato con Blesa

La connivencia entre los responsables de CCOO en Caja Madrid y Blesa resulta patente en los correos secretos de este último, que relatan la existencia de un pacto para mantener el statu quo en la entidad financiera, que tras su fusión con Bancaja tuvo que ser rescatada con más de 22.400 millones de euros de dinero público.

En la relación entre CCOO y Blesa destaca la actuación del también imputado en la pieza separada de las tarjetas black Francisco Baqueroblack , marido de la histórica dirigente de Comfia-CCOO María Jesús Paredes, que gastó en siete años 266.400 euros con la Visa de Caja Madrid.

El 2 de abril de 2008 el directivo de Caja Madrid Ildefonso Sánchez Barcoj envió otro mensaje a Blesa, cuyo asunto era "Paredes", en el que explica la estrategia de CCOO ante la posibilidad de que Blesa continuara al frente de la caja: "Me ha dicho que ella está retirada pero que entiende que el pacto se mantiene, y por eso ellos e IU han votado con el PP. [...] He quedado a comer con ella el día 24 porque ahora se va a México 'a sus cosillas", finaliza el email del expresidente de Caja Madrid.

más dietas por comprar la torre

Pero los correos de Blesa apuntan otras supuestas irregularidades en la actuación al frente de Caja Madrid de la propia Paredes y su pareja, Francisco Baquero. El expresidente de Caja Madrid ordenó al secretario general de la entidad, Enrique de la Torre, transferir 3.797 euros a Francisco Baquero.

Una cifra que suponía la diferencia entre los 9.231 euros que le correspondían a su compañero de sindicato Pedro Bedia, por acudir al consejo de administración de Mapfre, y los 2.203 euros que Baquero cobraba en dietas por representar a la Caja en el consejo del fondo de inversión rumano GED.

Y lo hizo después de que la mujer de Baquero, María Jesús Paredes, que había sido la máxima responsable del sector de banca del sindicato entre 1987 y noviembre de 2007, amenazara con que su marido no acudiría al Consejo de Administración en el que se iba a votar la compra de una de las torres construidas en la antigua ciudad deportiva del Real Madrid, tal y como consta en un correo secreto corporativo del 8 de noviembre de 2007.

Deberíamos celebrar el cambio de actitud de la Delegación del Gobierno, que ha decidido no correr a palos a estos ciudadanos a pesar de que agredían a periodistas que cumplían con su trabajo, y de que la concentración no estaba autorizada. Digo deberíamos porque esta vez no se ha tratado al personal como si fuera ganado, los ojos de los que allí se encontraban permanecen todavía en sus órbitas a falta de impactos de las consabidas pelotas de goma que habitualmente se usan en este tipo de eventos, y ninguno de los asistentes ha tenido que ser ingresado en un hospital tras pasar por los métodos correctivos de las fuerzas represivas.

Uso el condicional cuando afirmo que deberíamos celebrar este trato a la ciudadanía porque soy muy mal pensado y me temo que esto no es un cambio de tendencia. En las siguientes acciones de protesta, es posible que vuelvan a llover los palos y que se solicite de nuevo la documentación a los agredidos para que tengan que pasar, como dios manda, por las correspondientes dependencias judiciales a explicar delante del magistrado su insistente resistencia a la autoridad.

Y uno que observa lo surrealista de la situación en la que se ve inmerso un contribuyente que tiene que ir a defenderse a la sala de un tribunal por haber sido apaleado, piensa que eso de la resistencia a la autoridad debe referirse a la oposición que presenta el tejido óseo a ser atravesado por las porras de los policías por tener una densidad mayor. La concentración de los osteocitos es un fenómeno ajeno a la voluntad del que discrepa y de difícil solución. No debe cargar el apaleado con la pena de la resistencia, pues es responsabilidad del Altísimo tomar la decisión de hacer nuestro cuerpo poco flexible y nada receptor a los impactos con objetos contundentes.

Ahora, los que somos utópicos y demagógicos sólo aspiramos a que doña Concepción Dancausa dé el mismo trato a los que no son de los suyos, y todos tan contentos. Fue emotivo leer su mensaje en las redes sociales condenando las agresiones que sufrieron los periodistas durante esa concentración, en presencia de la policía, como si fuera una ciudadana más y no tuviera la menor responsabilidad en el desarrollo de los acontecimientos.

Me habría gustado que, ya que se ponía a condenar, condenara también que los señores uniformados se limitaran a pedir la documentación al periodista al que rompieron la cámara que, atónito, creía estar viviendo el mundo al revés. Menos mal que, al menos, no siguieron las indicaciones de los que allí protestaban a favor de la democracia y contra el totalitarismo que traerá Carmena cuando gritaban a los periodistas: “Os tenían que meter un tiro”.

En fin, el caso es que la señora condesa consorte del receptor de las subvenciones que tanto detesta, acostumbrada ella a ocupar el poder después de maniobras turbias como la que dio en llamarse Tamayazo, en honor a uno de los dos diputados que con su ausencia impidieron la llegada a la Presidencia de la Comunidad de Madrid de Rafael Simancas, vuelve a las andadas convocando a todas fuerzas políticas “democráticas” a una macedonia contranatura para evitar que los soviets tomen el Ayuntamiento.

La patética rueda de prensa en la que la altruista condesa se ofrecía para regenerar la democracia parecía más bien un atril de una casa de subastas en la que la señora ofrecía una oportunidad a los buenos entendedores para que se apuntaran a la carroza de los ganadores, que es donde se reparte el turrón. Recordemos que afirmaba con vehemencia no conocer de nada, ni tener ganas, al señor Tamayo, hasta que este se plantó en la Puerta del Sol montando el pollo y exigiendo que le recibiera la presidenta. Por supuesto la señora condesa dijo que no le iba a recibir por tratarse de un ser corrupto y felón, para acto seguido hacerle entrar porque el sospechoso diputado que la llevó a la Presidencia se despachó allí mismo con declaraciones acerca de exigencias extrañas sobre supuestas deudas impagadas.

Amenazaba con irse de la mui si no se cumplía lo pactado. El caso es que al final el señor Tamayo entró y no sé qué pasaría en el despacho que no se ha vuelto a saber de él. O sea, que quedó contento el hombre con lo que acordó con la señora condesa a la que no conocía de nada, pero que reclamaba como garante de la deuda pendiente el tradicional “cómo va lo mío”. La cosa se solucionó con plena satisfacción de la parte demandante. Hay que ver lo convincente que es esta señora, debería dejar su puesto de cazatalentos y aprovechar su historial para entregarse de pleno al de amansadora de malhechores, tal vez un día llegaran a hacer una película con su vida: La mujer que susurraba a los corruptos.

“Si al final no pasa nada”, debe pensar doña Esperanza ante la reticencia de los demás a formar parte del frente anti Carmena, sabedora de que el pueblo traga con lo que le echen, y de que los suyos apoyan cualquier superchería porque esto de aceptar las reglas del juego no es lo suyo, son portadores de valores eternos y el fin supremo que dirige sus destinos está por encima de estas tonterías de la democracia y su servidumbre.

“Estos son idiotas”, se dirá cuando echa las cuentas de los millones que hay en juego en los superpelotazos urbanísticos pendientes en Chamartín, Plaza de España, Operación Manzanares, y demás… Para colmo, mientras escribo este artículo, se hace pública la sentencia del Tribunal Constitucional que da vía libre a la privatización del Canal de Isabel II que gestionara ella misma y que como las operaciones anteriores son vitales para el progreso, el desarrollo de la ciudad y también de las iniciativas privadas que ven euros donde los demás quieren ver zonas verdes, centros culturales y espacios para la expansión del populacho.

Al enterarse de la sentencia le debe haber dado un repente como los de la niña de El exorcista. Me la imagino con la cabeza dando vueltas, echando espumarajos por la boca y pegando botes en el colchón al pensar en la canalización de euros que podría derivarse a la talega de los colegas en un Plan Eurológico Nacional y que se pierde en la mar océana de lo púbico.

La imbécil de Carmena no se entera del beneficio que hay detrás de estas operaciones, como dijo Jeff Bush con respecto a la guerra de Irak ante la reticencia del pueblo español a entrar en el conflicto. Carmena no es ni joven ni emprendedora, no es la niña de Rajoy y dificulta el normal desarrollo de la economía productiva, liberal y nacional católica, en favor de los deseos del populacho, que sólo piensa en su bienestar y el de sus hijos porque no tiene visión de la Historia, apenas es capaz de contemplar el pequeño círculo de terreno que abarca el campo visual cuando inclina su testuz para pastar en las fértiles praderas del amo. “Hay todo un universo ahí afuera que sólo los grandes visionarios saben interpretar”.

Estos bolivarianos son un freno para la economía y no saben con quién se la juegan. Todavía apelan a la democracia para llevar adelante sus demagógicos e inviables programas. Si no saben aprovechar una Alcaldía, que no se metan y dejen espacio a los demás.

Aún queda una última oferta que la señora Aguirre puede hacerle a Carmena: “Quédate en casita, te hago socia de las empresas adjudicatarias y te llevas una pasta todos los meses. Es legal, te lo juro”.

Y lo es, por eso debemos aprovechar la satisfacción que produce ver patalear a esta caterva de amorales. Subamos a la superficie, llenemos los pulmones de aire y dejémonos rozar por este sol radiante, que hay que volver a la inmersión.

Así es la triste vida de los cazadores de perlas.

Seis fundaciones ligadas al PSOE recibieron entre 1998 y 2011 más de 4,52 millones de euros de Caja Madrid, según el centenar de convenios a los que ha tenido acceso infoLibre, gracias a la colaboración del BuzónX de filtraciones del grupo activista Xnet.

Pero de esos 4,52 millones destacan los 3,46 millones de euros cuyo destino fue una entidad ligada al Partido Socialista de Madrid (PSM-PSOE) sin apenas actividad pública. Se trata de la Fundación para el Estudio de los Problemas de las Ciudades, que obtuvo el 77% de todo el dinero que recibieron los socialistas de la Fundación Caja Madrid, presidida por Miguel Blesa hasta su salida de la entidad financiera en enero de 2010. El sucesor de Blesa al frente de la entidad cultural de la caja madrileña fue Rodrigo Rato, que el 22 de marzo asumió la presidencia del Patronato.

Los dirigentes del PSM que firmaron los convenios fueron, por orden cronológico: Jaime Lissavetzky (1998-2000), Rafael Simancas (2001-2006), María Virtudes Cediel (2008) y Rosa Alcalá (2008-2011). Por parte de la Fundación Caja Madrid quien rubricó la mayor parte de los acuerdos fue el entonces director de la entidad cultural, Rafael Spottorno, también exjefe de la Casa Real.

Además de la Fundación para el Estudio de los Problemas de las Ciudades, los otros patronatos ligados al PSOE que recibieron las subvenciones de Caja Madrid fueron la Fundación Sistema (casi 500.000 euros); la Fundación Pablo Iglesias (casi 190.000 euros); la Fundación Jaime Vera (casi 190.000 euros); Solidaridad Internacional (112.000 euros), y Trece Rosas (59.377). Todas ellas tienen una actividad pública conocida y, en muchos casos, amplia.

Pero la Fundación Caja Madrid no solo financió al PSOE, sino que también aportó dinero a PP, IU y CCOO. Como desveló este martes infoLibre, los tres partidos y el sindicato ingresaron en 13 fundaciones más de 14 millones de euros en forma de subvenciones.

Contenido de los convenios

En los convenios a los que ha tenido acceso este periódico, la Fundación para el Estudio de los Problemas de las Ciudades se comprometía a invertir el dinero que le daba Caja Madrid en la realización de proyectos de investigación y sistemas documentales sobre la ciudad y su marco estratégico.

infoLibre se puso en contacto con el PSM para saber si guardaban copia de dichos proyectos de investigación y sistemas documentales. Una portavoz de los socialistas madrileños justificó la negativa a suministrar los documentos por estar en medio de las negociaciones para la constitución de los Gobiernos municipales y autonómico.

Preguntado por este diario, el presidente de la gestora del PSOE, Rafael Simancas, defendió la legalidad de la actuación de la fundación "Todo se justificó ante el protectorado de la fundación y ante el Tribunal de Cuentas y no hemos recibido ningún reproche de tipo legal. La financiación del PSM es intachable".

No obstante, Simancas reconoció que las actividades de la fundación del PSM tampoco eran ajenas al partido: "Por ejemplo organizábamos unas jornadas sobre la sanidad pública, y las organizaba la fundación Ciudades, o se le encargaba un informe sobre algún tema que tiene que ver con la educación, seminarios, jornadas, encuentros. También aprovechábamos el dinero de la fundación para organizar este tipo de cosas, y eso se ponía en folletos, en dípticos...".

Un correo de Blesa, de 15 de julio de 2004, explica el funcionamiento real de las ayudas concedidas a las fundaciones de los partidos, cuyos dirigentes eran los encargados de indicar a Caja Madrid el reparto entre las diversas entidades de las ayudas que aprobaba todos los años la entidad financiera.

Las donaciones las concedía el Patronato de la Fundación Caja Madrid y lo hacía en función de lo que Spottorno denomina en el mencionado email "sensibilidades". La sensibilidad PSOE "distribuye un total de 460.000 euros (igual que en 2003) no entre dos, sino entre seis fundaciones, porque así lo deciden ellos mismos. A lo largo de los años han cambiado varias veces de fundaciones beneficiarias (hace cuatro años, por ejemplo, decidieron excluir de la lista, en la que estaba hasta entonces, a la Fundación Largo Caballero, ligada precisamente a UGT), sin que nadie haya objetado nunca el reparto interno", relata Spottorno en el correo electrónico adelantado por infoLibre.

Entre los convenios a los que ha tenido acceso este diario se incluyen tres de la Fundación Largo Caballero (UGT) de los años 1997, 1998 y 2001 por una cuantía total de 46.577 euros.

Simancas defiende las ayudas

Interpelado por este periódico por el motivo por el que el Tribunal de Cuentas ha asegurado que los convenios de la Fundación Caja Madrid eran en realidad donaciones y no existía una efectiva prestaciones de servicios, el presidente de la gestora del PSM-PSOE, Rafael Simancas, defendió la legalidad de la actuación de la fundación: "Nosotros hacíamos un convenio. Y nos ofrecían el dinero a cambio de organizar unas actividades. Y cada año hacíamos seminarios, informes y estudios sobre temas como por ejemplo el transporte de la Comunidad de Madrid y el Canal de Isabel II. Y todo lo justificábamos, y en función de eso se pagaban unas nóminas a la gente que se estaba encargando de esas cosas. También asignábamos el dinero para otras cosas como trabajos de imprenta y alquileres de salas".

Pese a que el Tribunal de Cuentas ha asegurado en sus últimos informe que los pagos de Caja Madrid eran donaciones, Simancas no está de acuerdo: “No es una donación. Y el Tribunal de Cuentas nunca nos ha condenado. Jamás nos ha abierto una causa, y jamás nos ha dicho que este dinero se ha cobrado de forma indebida. El informe del Tribunal de Cuentas manifiesta un criterio, pero nunca hemos sido ni encausados ni condenados por cobrar ni por gastar de forma indebida ni un solo euro de nadie”, completa Simancas.

"Imagínate que el PSOE tiene que elaborar su programa electoral para el año próximo sobre la sanidad pública, y queremos saber cómo funciona la sanidad pública en Dinamarca, y le encarga eso a su fundación, eso sí es una contraprestación de servicios. ¿A quién se lo va a encargar? ¿A Fedea o a PriceWaterhouse? Lo hace a su fundación, ¿por qué no hacerlo?", sostiene Simancas.

El propio Simancas fue el encargado de firmar los contratos por parte de la Fundación para el Estudio de los Problemas de la Ciudades (1,57 millones) entre 2001 y 2006. La exdiputada en la Asamblea de Madrid Rosa Alcalá, que firmó por un valor de 538.000 euros, fue la promotora de la desaparición de la fundación, con fecha 21 de septiembre de 2012. Este periódico intentó, sin éxito, conocer su versión.

Otros de los responsables del PSOE madrileño que firmaron los convenios por parte de la Fundación para el Estudio de los Problemas de las Ciudades fueron Jaime Lissavetzky (385.007 euros) y María Virtudes Cediel Martínez (418.754 euros). Este periódico no pudo identificar al firmante del convenio de 2007, cuyo importe también fue de 418.754 euros.

Lissavetzky, en una breve conversación con este periódico, también defendió la legalidad de la actuación de la fundación del PSOE madrileño, "asegurando que las actividades pactadas en los convenios sí se llevaron a cabo".

Ninguno de ellos aportó prueba alguna que demostrase que las actividades de la fundación socialista se correspondían con el motivo esgrimido en los contratos para recibir los 3,3 millones de euros.

Otras fundaciones socialistas

La segunda organización de la esfera socialista que más dinero recibió de Caja Madrid fue la Fundación Sistema, dirigida por el sociólogo y polítólogo José Félix TezanosJosé Félix Tezanos. Los acuerdos, según los convenios a los que ha tenido acceso infoLibre, no especifican los trabajos concretos que se iban a subvencionar. No obstante, uno de los acuerdos sí resalta que los fondos se iban a destinar a la edición del libro titulado "España, una sociedad en cambio".

El 27 de enero de 2011 tuvo lugar la presentación en el Instituto Cervantes de Madrid del libro. En el mismo participaron sus autores: Jose Félix Tezanos, catedrático de Sociología de la UNED y el entonces director de la Fundación Sistema, Salustiano del Campo, sociólogo, doctor honoris causa por la UNED.

En este caso, por tanto, está clara la contraprestación realizada por la Fundación Sistema a cambio del dinero percibido.

Las otras personas que firmaron los convenios por parte de las fundaciones de orientación socialistas fueron Alfonso Guerra (Fundación Pablo Iglesias); Ludolfo Paramio (Jaime Vera); el diputado José Cepeda (Trece Rosas), y Ángeles Yáñez-Barnuevo y Juana Bengoa (Solidaridad Internacional).

Al igual que ocurrió con el PP, los convenios entre dos fundaciones socialistas y Caja Madrid firmados el 20 de febrero de 2008, días antes de las elecciones generales, supusieron un récord de ingresos: 523.442 euros, de los que 418.754 euros se recibieron en la Fundación para el Estudio de los Problemas de las Ciudades y 104.688 euros en la Fundación Sistema.

Críticas del Tribunal de Cuentas

El Tribunal de Cuentas, en su informe de fiscalización de las cuentas de los partidos políticos entre 2009 y 2011, se queja de que los socialistas no "han facilitado la relación pormenorizada de las donaciones recibidas" por la Fundación para el Estudio de los Problemas de las Ciudadades. "No obstante, se observa la existencia de un convenio de colaboración con una persona jurídica para la realización de proyectos de investigación y sistemas documentales sobre la ciudad por un importe total de 673.443 euros para el periodo 2009-2011". El Tribunal considera que en realidad es una donación de la Fundación Caja Madrid: "Dado el ánimo de liberalidad que preside la colaboración ante la falta de equivalencia entre las contraprestaciones pactadas en el citado convenio".

"Solo en 2009 el importe recibido (418.754 euros) [todo ello de la Fundación Caja Madrid] ha sobrepasado el límite que se contempla para las donaciones procedentes de una misma persona jurídica que puedan percibir las fundaciones, lo que incumple los establecido" en la ley, resalta el documento. Esta fundación también tuvo un ingreso de 16.000 euros procedentes del PSM-PSOE como consecuencia de un convenio de colaboración, que el Tribunal de Cuentas también considera una donación.