Ya no son sólo las grandes tecnológicas las que se disponen a desprenderse de cientos de sus trabajadores y ni siquiera la ola de despidos se ciñe a Estados Unidos. El estrés de un año de inflación desbocada y precios energéticos que no se recordaban desde los años 80 está alcanzando a compañías industriales, bancos, medios de comunicación o inmobiliarias, también en Europa. De forma que el año 2023 se estrena con anuncios de despidos que sólo para las tecnológicas suman, a fecha de 27 de enero, 67.268 trabajadores, según el recuento que lleva a cabo el portal Layoffs.fyi, para un total de 210 empresas. No son pocos si se tiene en cuenta que, en todo 2021, el total de despidos en el sector alcanzó los 159.684, en 1.040 empresas. Es decir, en menos de un mes ya se ha anunciado el 42% de los que se ejecutaron en todo el año precedente.

Pero si a los despidos tecnológicos se añaden los anunciados en grandes compañías de otros sectores, los trabajadores afectados superan ya los 82.400 en un recuento que no es exhaustivo. En ese número se incluyen los despidos en algunas empresas de criptomonedas –Coibanse, Crypto.com, Genesis, Blockchain– que gotean desde que estalló el escándalo de FTX

Buena parte de estas empresas culpa a la “incertidumbre” de la economía, golpeada por la inflación y el coste de la energía y las materias primas, otras afrontan problemas comunes a su sector –como la caída de los suscriptores digitales de los medios de comunicación– y algunas más sufren crisis particulares por decisiones de gestión equivocadas. Pero tampoco es ajena al fenómeno la subida de los tipos de interés, en la que fue pionera la Reserva Federal y cuyo efecto, aunque retardado, es siempre el enfriamiento económico.

Los despidos de Facebook y Twitter con los que terminó 2022 se han quedado pequeños comparados con los que se avecinan este año. Pese a que los países occidentales parecen haber esquivado, de momento, el fantasma de la recesión y los precios se han contenido de forma más rápida de la esperada, la subida de los tipos de interés sigue amenazando el crecimiento y la guerra de Ucrania va a perturbar la geopolítica y la economía durante todo el año. Así que las empresas no lo han dudado y han optado por el método más expeditivo.

IBM acaba de hacer público que va a despedir a 3.900 trabajadores, mientras en Google la cifra se eleva hasta los 12.000. Microsoft se deshará de 10.000 empleados, aunque al mismo tiempo va a gastarse 10.000 millones de dólares en OpenaAI, la empresa que ha creado el chatbot de inteligencia artificial ChatGPT. Fuera de EEUU, la empresa alemana de software SAP despedirá a 3.000 personas. En su caso, atribuye la caída de los beneficios en 2022, nada menos que un 56%, al cierre de su negocio en Rusia y Bielorrusia por la guerra en Ucrania, lo que se ha traducido en un impacto de 410 millones de euros. En Suecia, Spotify, el servicio de música digital, ha puesto en el punto de mira a 600 de sus empleados para reestructurar la empresa en un entorno económico que tacha de “difícil”. Y la holandesa Philips ha añadido 6.000 trabajadores al recorte de 4.000 anunciado en octubre y que se prolongará hasta 2025. Perdió 1.608 millones de euros en 2022.

Amazon, que ya comenzó a recortar plantilla en noviembre de 2022, cabalga la ola con el mayor volumen de despidos: 18.000 trabajadores. Pese a que su cifra de negocio creció un 15% el año pasado, desde julio ha perdido casi la mitad de su valor en bolsa.

También la química 3M, que emplea a 100.000 personas, se ha apuntado al recorte de plantillas con el anuncio de 2.500 despidos. El descenso de las ventas, argumenta la compañía estadounidense, hace necesario un ajuste de producción y, por tanto, de trabajadores. Otra química estadounidense, Dow, echará a la calle a 2.000 empleados para hacer frente, dice, “a la ralentización del crecimiento económico mundial, los desafíos del mercado energético y la reducción de existencias”. La automovilística Ford planea despedir a 3.000 trabajadores en Europa, según ha publicado la revista Fortune. Equivalen al 65% de su plantilla en el continente y se sumarán a los 3.000 de los que prescindió el año pasado en EEUU.

Y un gigante más: la juguetera Hasbro despedirá al 15% de su plantilla en todo el mundo, unos 1.000 trabajadores. Se encuentra embarcada en plena transición digital: menos Monopoly y más gaming es el objetivo.

En el caso de la textil sueca H&M, los despidos ya se anunciaron en noviembre del año pasado, unos 1.500 en todo el mundo. Este mismo viernes ha publicado una caída de sus beneficios del 67% en 2022, debido a la subida de precios de las materias primas y los fletes, la fortaleza del dólar y los costes energéticos. El aumento de las ventas en un 12% no le ha servido para engordar el resultado.

También empezaron el año pasado los mayores bancos del mundo a reducir personal: Credit Suisse anunció en octubre el despido de 9.000 empleados, tras admitir unas pérdidas de 4.000 millones de euros en el tercer trimestre. Este año, en el que también prevé pérdidas, el recorte lo sufrirá el negocio de banca de inversión europea, cuya plantilla mermará en un 10% según adelanta Financial Times. La semana pasada fue Goldman Sachs la que se deshizo de 3.200 empleados, el 6,5% de su personal. En los primeros nueve meses de 2022, sus ingresos cayeron un 20%, por lo que ha decidido también revisar los bonus que paga a sus empleados e incluso la compra de dos jets privados. La entidad financiera también pretende ajustar una plantilla que ha engordado en 10.000 personas desde diciembre de 2019.

Citigroup aún no ha precisado a cuántos trabajadores les afectará la tijera, aunque en noviembre ya se deshizo de 50 personas. El año pasado sus beneficios cayeron casi un 33% respecto al ejercicio anterior. Barclays echó también ese mismo mes a otros 200 trabajadores. Bank of New York Mellon prevé poner en la calle a otros 1.500.

Incluso el mayor fondo de inversión del mundo, Blackrock, propietario del 4% del Íbex 35, ha recortado plantilla este enero: 500 empleos, el 3% de su plantilla.

Mención aparte merecen los despidos en los grandes medios de comunicación estadounidenses. En diciembre abrió la veda la cadena de televisión CNN, con cientos de trabajadores, pero este año ha sido The Washington Post el que se ha sumado con 20 extinciones de contrato y no 30 vacantes que ha dejado sin cubrir, después de haber suprimido su suplemento dominical en noviembre –otros 10 despidos–. Los motivos aducidos son dobles, según informó el propio periódico: la caída de las suscripciones digitales y el sobredimensionamiento de la plantilla, que desde que Jeff Bezos, el dueño de Amazon, compró la cabecera, en 2013, casi se ha duplicado, hasta el millar de trabajadores.

La cadena de televisión NBC –75 empleados– y la mayor compañía de periódicos de EEUU, Gannet –propietaria de USA Today–, con otros 200 despidos y después de desprenderse de 400 trabajadores en 2022, se añaden a la lista. Que completan Buzzfeed –el 12% del personal– y Vox Media, dueña de New York Magazine, con un plan para despedir a 133 personas después de deshacerse de 39 el pasado julio.

La oleada de despidos se produce cuando parecía que el ánimo de empresas y analistas se entonaba en un año que terminó con la inflación y los precios de la energía contenidos, además de con el PIB aún en cifras positivas. A ambos lados del Atlántico. No obstante, ¿se contagiará el recurso al recorte de plantillas a Europa, y a España?

Raymond Torres, director de Coyuntura Económica de Funcas, cree que su traslado al continente europeo sería, en todo caso, sólo “parcial”. “Aquí no hay burbujas como la que afecta a las tecnológicas estadounidenses, con plantillas sobredimensionadas, o como la que sufrió España con la burbuja financiera e inmobiliaria”, razona. Algo parecido les ocurre a los fondos de inversión, que “prosperaron al calor de los tipos de interés negativos” y ahora se encuentran con un contexto que ya no existe.

Y es precisamente en la política monetaria donde Torres ve el riesgo. “Hemos sido impactados por un triple shock”, explica, “el energético y el geopolítico se han ido moderando, pero es el monetario el que ahora está afectando a la economía”. La subida de los tipos de interés tiene un efecto retardado que, además, no es lineal, aclara el analista. Al principio, parece que no tiene impacto, pero puede ocurrir como en 2008, cuando una vuelta más de tuerca llevó a la economía europea a la recesión. Encarecer el precio del dinero tiene como fin enfriar la economía y, en consecuencia, frenar la inflación. Como en EEUU los tipos de interés empezaron a subir antes, el comportamiento de la economía allí puede considerarse un indicador adelantado de lo que puede suceder en Europa. Así que también en España se notará la contracción de la subida de tipos, aun cuando el PIB haya aguantado y el IPC sea de los más bajos del continente, advierte Raymond Torres.

“De hecho, se está notando ya en el crédito”, añade, “incluso ya han caído los nuevos créditos”. La oferta se ha endurecido, tanto para los préstamos inmobiliarios como para los que piden las empresas. Y ese acceso más difícil al dinero reducirá la inversión, lo que puede terminar afectando al empleo. “Quizá pecamos de un pesimismo excesivo en otoño, cuando parecía que estábamos en la antesala de la recesión, y ahora que la hemos esquivado nuestro optimismo es también excesivo y no hemos tenido suficientemente en cuenta la política monetaria”, concluye el analista de Funcas. El peligro, continúa, es que persista la inflación mientras se desacelera la actividad en un contexto de tipos de interés altos.

Según una encuesta de la empresa de recursos humanos Adecco, casi el 54% de los directivos españoles prevé aumentar la contratación en sus empresas este año. Sólo el 25% de los ejecutivos preguntados descartaba aumentar plantilla este ejercicio y el próximo. El ánimo es por tanto mucho más optimista que el captado en la encuesta realizada en 2021, cuando el 47% de los directivos decía que no iba a hacer nuevos contratos en sus empresas.

Es más, el 72% de las tecnológicas españolas piensan en aumentar su plantilla en este primer trimestre, pese a que sus perspectivas para mejorar la facturación han caído 15 puntos, de acuerdo con el barómetro que elaboran la empresa Vass y el Centro de Predicción Económica (Ceprede), informa Europa Press.

A la espera de saber cuántos trabajadores españoles de H&M, Microsoft y Ford pueden resultar afectados por los despidos de ambas multinacionales, ya hay algunos ERE en marcha. Los sindicatos empezaron el pasado día 10 a negociar con Siemens Gamesa el despido de 352 trabajadores. También se negocia en el grupo cerámico de Castellón Victoria, que ha planteado 198 despidos en Keraben y Saloni. Wallbox, que fabrica cargadores para vehículos eléctricos en Barcelona y cotiza en la Bolsa de Nueva York, va a desprenderse del 15% de su plantilla, que integran 1.400 trabajadores.

Además, Indra ha recortado 56 empleos en su centro de Sant Joan Despí (Barcelona). Y en la factoría de Stellantis –Citroën– en Vigo los sindicatos han pactado con la empresa un ERE para 100 empleados, además de la prórroga del ERTE que ya se aplicó a la plantilla el año pasado. El último despido colectivo en la factoría viguesa se remontaba a 2016.

La primera subida de tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE) en 11 años, el pasado mes de julio, puso en boca de los analistas la palabra recesión. En septiembre, Estados Unidos la estrenó al encadenar dos trimestres consecutivos con cifras negativas de PIB: su economía se había contraído cinco décimas los primeros seis meses del año. Las bolsas mundiales se teñían de rojo. El encarecimiento de la energía, la inflación rampante y el precio del dinero en máximos desconocidos desde 2008 hacían presagiar tiempos oscuros para la economía mundial.

Así que, cuando en octubre BBVA Research predijo que España acabaría 2022 en recesión y en esa misma tónica empezaría 2023, parecía lógica la confirmación de que la profecía alcanzaba también a la economía española. Entonces el centro de estudios del segundo banco español preveía que el PIB español iba a caer un 0,3% en el cuarto trimestre y otro tanto en el primero del año que recién comienza. Lo que los economistas llaman “recesión técnica”. Eso sí, subrayaba que sería la más corta de los últimos 30 o 40 años. En cualquier caso, pronosticaba un crecimiento del PIB para todo el ejercicio que subía hasta el 4,4%, tres décimas más que en su anterior previsión, pero bajaba el de 2023 al 1%.

Poco después le acompañó en sus anuncios de “posible decrecimiento del PIB” Funcas, el centro de estudios de las cajas de ahorro. En concreto, auguraba una caída de la economía del 0,4% en el cuarto trimestre de 2022 y otro tanto en el primero de 2023. Unos días más tarde fue la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), a través de su presidenta, Cristina Herrero, la que no descartaba la recesión técnica, puesto que vaticinaba un retroceso del PIB del 0,2% o el 0,3% tanto en el cuarto trimestre de 2022 como en los tres primeros meses del nuevo año. Y como el deterioro del resto de los países europeos estaba siendo muy intenso, la AIReF no excluía una nueva revisión al alza de esas caídas de actividad. A las predicciones negativas se terminó sumando el banco británico Barclays, que avanzó una caída del PIB mucho mayor, del 1%, en el fin del año e incluso del 2,3% en el primer trimestre de 2023 y de un 1,3% en el segundo. De forma que España sólo remontaría a partir del verano y gracias al turismo.

Fue en noviembre también cuando la Comisión Europea calculó que toda la UE entraría en recesión técnica con una caída del PIB de cinco décimas antes de acabar 2022 y de otra décima más en el inicio de este año. Lo mismo predecía para la zona euro. Aunque dejaba fuera de la recesión a España, con una contracción del PIB del 0,3% de octubre a diciembre, pero con un primer trimestre de 2023 al 0%. En la misma línea se había pronunciado el BCE ya en octubre, cuando su jefe de Riesgos, Fernando Monar, advirtió del carácter “inevitable” de la recesión técnica en toda la eurozona, aunque “temporal” y no muy profunda. “No es descartable que la eurozona entre en recesión técnica en los próximos trimestres”, corroboró su vicepresidente, Luis de Guindos, “pero esta situación no supondría una recesión excesivamente intensa”.

Por su parte, el Banco de España nadaba y guarda la ropa: excluía la recesión “en su escenario central”, pero advertía de que habían aumentado las probabilidades de que la hubiera. Y revisaba sus previsiones de crecimiento económico para 2023, del 2,8% al 1,4%, por culpa de una inflación “más alta y persistente de lo esperado”.

El ánimo de las empresas reflejaba el mismo pesimismo. Al menos a tenor de las encuestas realizadas por KPMG y PwC esos mismos meses a altos ejecutivos, que veían en el horizonte una recesión, aunque “suave y breve” e incluso temían un comienzo de 2023 peor que el final de 2022.

Por entonces, la realidad de los números había devuelto el crecimiento a la economía de Estados Unidos, con un alza del PIB del 0,6%, pero las de Reino Unido y Países Bajos perdían un 0,2% y la de Bélgica un 0,1%. En el tercer trimestre también cayeron los PIB de Letonia, Eslovenia, Hungría, Chequia y Finlandia. Alemania creció tres décimas, Francia dos e Italia cinco. La economía de la Unión Europea mejoró sólo un 0,2%, la peor cifra desde el primer trimestre de 2021.

Entre julio y septiembre España apenas creció una décima, tras un segundo trimestre con una subida del 2%, pero revisó el comportamiento del PIB en tasa interanual y aumentándolo hasta el 4,4%, seis décimas. La bajada del precio del gas y el petróleo, un mercado de trabajo que resiste, a diferencia de crisis anteriores, y una inflación que va conteniéndose gracias a las caídas de los carburantes y la electricidad han impedido el desastre que se auguraba. “Se acabará el año mejor de lo que pensábamos porque la economía europea y la española han demostrado que son más resilientes de lo que esperábamos”, reconoció el pasado 20 de diciembre en una entrevista en Radio Euskadi el responsable de Análisis Económico de BBVA Research, Rafael Domenech.

Para entonces, el centro de estudios del banco ya había revisado su pronóstico: el PIB quedará estancado en el cuatro trimestre o igualará el crecimiento del tercero. Además, subió el de todo el año al 4,6%. También el de 2023, hasta el 1,2%. Aun así, insiste el BBVA en que no puede descartarse por completo que la economía caiga en tasas negativas en 2023, arrastrada por la recesión en la zona euro y el agotamiento de la recuperación del turismo, mientras la subida de precios impacta en el consumo, se sigue desacelerando la creación de empleo y aumentan los tipos de interés. Pero de nuevo con matices. “A eso no le llamaríamos recesión”, apuntaba Domenech en esa entrevista, “porque el escenario base es de crecimiento económico, ligera creación de empleo y mantenimiento de la tasa de paro”. El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, repitió la predicción al comparecer en la Comisión de Presupuestos del Senado: el PIB en el cuarto trimestre puede experimentar un “leve crecimiento”, similar al del tercero. En consecuencia, el organismo supervisor aumenta su previsión de mejora del PIB para este año hasta el 4,6% “debido a un avance más intenso de lo esperado en la segunda mitad del año”, pero aun así recorta las de 2023 hasta el 1,3%, por el “empeoramiento del contexto exterior”.

En esas cifras se sitúan ahora la mayoría de las instituciones y analistas: un 4,5% de crecimiento para 2022 y un 1,1% para 2023.

No obstante, hubo muchos que fueron más optimistas. El Banco Sabadell rechazaba que España fuera a caer en recesión “ni este año [2022] ni en 2023”, según rebatió su consejero delegado, César González-Bueno. O Caixabank, que, si bien previó una “ligera” contracción en el cuarto trimestre de 2022, auguraba un primer trimestre de 2023 plano. Estancamiento sí, recesión no. También Mapfre Economics, Goldman Sachs, Deutsche Bank y S&P Global salvaban a España de la recesión que sí adivinan para el resto de la eurozona, con cifras negativas de PIB para este año. La confianza de los consumidores en España no ha caído tanto como en el resto de la UE, los fondos europeos deben sostener el repunte de 2023 y la economía nacional está menos expuesta a la crisis de la energía que Alemania o Italia, recuerdan. Todos ellos se situaron en octubre en sintonía con las previsiones del FMI, que citaba España como uno de los países que esquivarán la recesión en 2023 gracias a un crecimiento “fuerte”. Casi el doble que Francia y lejos de la recesión que vaticina para las economías alemana e italiana. El BCE, ya en diciembre, elevó su previsión para la zona euro hasta el 3,4% en 2022, al tiempo que la redujo a sólo el 0,5% para este año. “Los niveles de incertidumbre siguen en niveles muy elevados”, resumió su director general de Economía, Óscar Arce. 

Los préstamos garantizados por el Estado han sido el mecanismo estrella de los gobiernos europeos para combatir los problemas de liquidez de las empresas en el año de la pandemia. En la zona euro se han desplegado avales públicos por casi dos billones de euros, un importe que equivale al 16% de su PIB. El volumen es sólo dos puntos inferior al alcanzado durante la crisis financiera que siguió a 2008, cuando los gobiernos concedieron garantías por valor del 18% del PIB, según las cifras del BCE. Entonces los receptores de esos avales fueron las entidades bancarias, a las que urgía dotarlas de financiación y devolverles la confianza perdida. Ahora los beneficiarios son el resto de las empresas, sobre todo las pertenecientes a los sectores más perjudicados por las restricciones impuestas por el covid.

En España estos préstamos garantizados cuentan con el aval del Instituto de Crédito Oficial (ICO), a través de dos líneas aprobadas por el Gobierno: una de 100.000 millones de euros y otra de 40.000 millonesotra de 40.000 millones. Hasta el momento, se han concedido 1,003 millones de avales, por un importe de 91.770 millones de euros, que se traducen en 120.799 millones de euros en préstamos otorgados. La garantía del Estado cubre el 80% de los préstamos que pidan autónomos y pymes, y el 70% de los que soliciten las empresas de mayor tamaño si es un nuevo crédito, el 60% si se trata de la renovación de uno anterior. En otros países europeos, como Italia, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos o Suiza, el aval público cubre en algunos casos hasta el 100% del préstamo, dependiendo del tamaño de la empresa o la cuantía de la operación.

Tanto en 2008 como ahora, el aval del Estado está sosteniendo una buena parte del negocio bancario. Al menos el de los préstamos a empresas y, sobre todo, en España y Francia. Así lo asegura el BCE, tras constatar el aumento de la concesión de préstamos en la zona euro con la pandemia. Sólo entre abril y julio del año pasado los flujos de préstamos garantizados superaban a los flujos netos globales en todos los mayores países del euro. En otras palabras, el BCE advierte un desplazamiento en la concesión de préstamos ordinarios a préstamos con aval estatal. Es más, en España y Francia, donde más éxito han tenido estos programas, el 65% y el 70% de los nuevos préstamos otorgados, respectivamente, entre abril y julio consistían en préstamos garantizados por el Estado. En Alemania e Italia, en cambio, sólo un 20%. Excepto en Alemania, en las otras tres grandes economías del euro el volumen bruto de préstamos en esos meses superó al registrado en el mismo periodo de 2019.

Para hacerse una idea del brío que ha adquirido este segmento del negocio bancario, basta con señalar que, según la encuesta sobre préstamos bancarios del BCE, en el segundo trimestre del año pasado se produjo la mayor concesión de créditos a empresas desde 2003. Tras preguntar a 143 bancos europeos, un 62% informó de un aumento de la demanda de préstamos por parte de las empresas, una cifra que se elevaba al 80% de los bancos españoles, al 90% de los italianos y al 97% de los franceses. El Banco de España también lo confirma: entre marzo y mayo, en pleno confinamiento, el nuevo crédito bancario a empresas y autónomos se expandió “a ritmos históricamente altos”. Al término de 2020, el crecimiento ha sido del 8,2%, una tasa que no se veía desde 2008, cuando aumentó un 6,8%. Desde entonces la tasa había sido siempre negativa. En mayo llegó a su máximo, con un alza del 8,7% respecto al año anterior.

Además, los avales del ICO han servido a las entidades financieras para aumentar su cuota de mercado en este segmento del negocio. El instituto público repartió cada tramo de avales entre los bancos de acuerdo con la cuota que tiene cada uno de ellos en el sector de crédito a empresas. No obstante, algunos han conseguido finalmente operaciones por encima de su cuota –establecida según los cálculos del Banco de España para 2019–, gracias a la reasignación de los avales sobrantes de un tramo anterior. Es lo que ocurrió con el Santander, que otorgó 25.510 millones de euros en garantías –tiene una cuota del 20%– y al BBVA 19.000 millones –un 15,8%, superior al 11,1% de su cuota–. Bankia prestó 11.000 millones, Caixabank 12.640 millones, Sabadell 8.039 millones y Bankinter 8.600 millones.

Con la ayuda del BCE

Las empresas, sobre todo las más pequeñas y los autónomos, acudieron enseguida a los bancos en busca de un colchón que les permitiera sobrevivir a lo que por entonces se preveía un duro pero corto paréntesis de actividad. Y las entidades financieras aprovecharon al máximo el blindaje del Estado. Como el riesgo soberano español es cero, según las normas que rigen el cálculo de los requisitos de capital, los préstamos acogidos al programa del ICO consumen menos recursos propios. Además, en caso de impago, la pérdida que debe anotarse el banco se reduce si la operación ha contado con una garantía pública. En consecuencia, explica el Banco de España, el programa de avales del Estado facilitó la expansión de los balances de los bancos estimulando la oferta de crédito. E incluso ha contribuido a contener la ratio de créditos dudosos,ratio al aumentar la liquidez de las empresas y el volumen de préstamos.

Además, esos préstamos se han beneficiado de unas mejores condiciones: el tipo medio de interés de la línea ICO es del 2,1% para pymes y del 2,3% para empresas mayores, inferiores al 2,6% y al 3% que obtenían antes de la pandemia o se les ofrecía en caso de operaciones sin el aval público. El plazo medio de los préstamos ICO también es tres años mayor al ofrecido al resto, lo mismo que su importe medio: por encima de los 200.000 euros para pymes para los créditos con aval del Estado, frente a los 70.000 euros de los que no entraban en el programa.

Aun con esos tipos más bajos, los bancos españoles han ganado hasta el momento casi 2.600 millones de euros gracias a los cerca de 120.800 millones prestados a las empresas. A esa cifra hay que sumar las cantidades que obtienen de los tipos negativos con que les financia el BCE. Pueden ganar hasta un 1% pidiendo dinero prestado al supervisor europeo. Esos beneficios constituyen ahora “una parte significativa de los ingresos de las entidades”, admite el profesor de la Universitat Pompeu Fabra José García Montalvo. En la subasta de liquidez del mes de junio, la cuarta de las 10 programadas en principio, los bancos pidieron al BCE una cifra histórica: 1,3 billones de euros. Y aún quedan otros 554.055 millones para repartir en las cuatro subastas que quedan.

Aunque los tipos negativos hunden la rentabilidad del negocio bancario, las entidades financieras reconocen en la encuesta del BCE que la facilidad de depósito negativa –fijada en el 0,5%– está contribuyendo a aumentar los volúmenes de crédito en todos sus tipos. Lo mismo dicen de los programas de compra de activos y del plan de compra de emergencia pandémica –1,35 billones de euros– del BCE, que han tenido un “impacto positivo” en la liquidez –dan más créditos– y en las condiciones de financiación –más favorables para las empresas–. Lídia Brun, investigadora de la Universidad Libre de Bruselas cree también que a los bancos “les ha ido bastante bien” con la política monetaria del supervisor europeo, gracias a la recompra masiva de bonos públicos y a los tipos de depósito negativos. Y que las entidades financieras se han beneficiado de la expansión del crédito corporativo “subvencionado por el Estado” que han supuesto los préstamos del ICO, pero pide “prudencia” hasta que se revele cuántas empresas terminan en la insolvencia.

 Traslado del riesgo al Estado

Pero no son éstas las únicas ventajas que los bancos han obtenido de los avales públicos. Otro beneficio, y fundamental, es que trasladan buena parte del riesgo al Estado. El BCE calcula que casi un tercio de los préstamos que las empresas no van a poder devolver serán asumidos por los Estados una vez activadas las garantías que han concedido. Hay que recordar que el aval del ICO cubre entre el 60% y el 80% de cada préstamo. El resto de la pérdida la tendrán que asumir los bancos. En Reino Unido, la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria calculó en julio que un 40% de las empresas que han pedido préstamos de hasta 50.000 libras con un 100% de garantía estatal pueden terminar en morosos, así como el 10% de las medianas –100% de garantía– y grandes –80%– que han solicitado créditos avalados. La pérdida para el Tesoro británico ascendería a 16.900 millones de libras –19.678 millones de euros–. En octubre, la Oficina Nacional de Auditoría, que depende del Parlamento británico, aumentaba las cifras de posibles morosos hasta una horquilla del 35% al 60% y hasta 26.000 millones de libras las pérdidas que debería asumir el Estado. Y el contribuyente.

En España, el índice de morosidad de los préstamos a empresas es del 4,9%. El de las operaciones del ICO es el 4,1%, según explicó el pasado noviembre en el Congreso la directora general de Negocios del organismo, Rosario Casero. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), por su parte, ha hecho un cálculo del impacto que tendría en la deuda pública la ejecución de entre el 15% y el 30% de los avales hasta 2025: entre uno y dos puntos del PIB, de 12.000 a 24.000 millones de euros.

Calculando en unos 30.200 millones de euros el coste del porcentaje de garantía que deben asumir los bancos en España por la parte que no garantiza el Estado –a partir de la financiación aprobada hasta febrero–, si finalmente el 20% de las empresas beneficiarias no pueden devolver los préstamos, las entidades se comerían unos 6.000 millones de euros. Hasta el momento, los seis mayores bancos del país han hecho provisiones por un importe superior a los 8.000 millones de euros, por lo que el agujero que podría dejar el impago de los créditos del ICO estaría cubierto. El Estado, por su parte, tendría que digerir unos 18.100 millones. En todo caso, un informe de Barclays considera que los bancos españoles, gracias a los saneamientos realizados tras la crisis financiera, están mejor preparados que en 2008 y podrán soportar una tasa de morosidad de hasta el 30% en los sectores más afectados por el coronavirus. Aun alcanzando ese porcentaje, las entidades financieras mantendrían un colchón que sería mayor para el Sabadell y el Santander pero menor para el BBVA, precisa el banco.

La línea covid del ICO habrá supuesto un revulsivo para los bancos “si todo acaba bien”, matiza García Montalvo, en referencia al alargamiento de la crisis. Los créditos también tienen un coste y es seguro que una parte significativa va a convertirse en fallidos, añade. El 2% de interés que las entidades están cobrando por prestar a las pymes es, en realidad, un interés “muy subvencionado”, prácticamente el que se pide por una hipoteca, que tiene mucho menos riesgo que una pyme. “En un préstamo ordinario, a las pequeñas empresas se les cobra por encima del 4%”, subraya.

Las pérdidas no suprimen el dividendo

Como parte de su último paquete de medidas contra la crisis del covid, el Gobierno ha aprobado un plan para reestructurar los préstamos con aval público que las empresas no puedan devolver. Tiene una partida de 3.000 millones de euros, que incluye las quitas de deuda sólo como último recurso. En la dura negociación que el Ejecutivo mantuvo con la banca para ponerlo en marcha, las entidades financieras se negaron en redondo a que las quitas fueran generalizadas y obligatorias. Para saber cómo se van a realizar, habrá que esperar a que se publique el Código de Buenas Prácticas que ha de elaborar el Gobierno y que será, en cualquier caso, voluntario para las entidades financieras.

Pese al aumento de las provisiones y la subsiguiente repercusión en los resultados –los seis grandes perdieron 5.536 millones de euros en 2020–, los bancos van a pagar dividendos. Aunque en marzo el BCE prohibió el reparto de beneficios entre los accionistas, relajó la medida antes de acabar el año: podrán distribuir un máximo del 15% de la ganancia acumulada de 2019 y 2020. Aun así, sigue recomendando máxima prudencia y pidiendo que no se paguen dividendos hasta septiembre de este año. Cinco de los seis grandes –el Sabadell no lo hará– ya han anunciado que repartirán beneficios. Todos por encima del 1%.

La Comisión Europea ha impuesto este jueves multas que ascienden a 1.070 millones de euros a los bancos Barclays, Royal Bank of Scotland (RBS), Citigroup, JPMorgan y el japonés Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) por participar en dos carteles en el mercado de once divisas, entre ellas el euro, los dólares estadounidenses y la libra esterlina, informa Europa Press.

La entidad financiera UBS también participó en los dos pactos, pero ha evitado una sanción de 285 millones por revelar a las autoridades europeas la existencia de los dos carteles, según ha informado el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

En concreto, Bruselas ha impuesto una multa conjunta de 811,2 millones de euros a Barclays, RBS, Citigroup y JPMorgan por participar en un cartel que denominaron 'Trío de Banana Split' ('Three Way Banana Split'). Además, ha multado con 257,7 millones a Barclays, RBS y MUFG por participar en un segundo cartel llamado 'Essex Express'. "Estas decisiones mandan la señal clara de que la Comisión no tolerará comportamientos colusivos en ningún sector de los mercados financieros. El comportamiento de estos bancos dañó la integridad del sector a expensas de la economía europea y los consumidores", ha subrayado la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager.

Así, la investigación de las autoridades europeas reveló que algunos de los operadores financieros en nombre de estos bancos en los mercados del euro, la libra, el yen, los francos suizos, los dólares estadounidenses, canadienses, australianos y neozelandeses y las coronas danesas, suecas y noruegas intercambiaron información "sensible". También coordinaron sus estrategias comerciales a través de grupos de chat profesionales en las terminales de Bloomberg.

En particular, los traders intercambiaron informacióntraders sobre las órdenes de sus clientes (el precio al que estaban dispuestos a comprar o vender determinadas divisas), el diferencial aplicable a determinadas transacciones, sus posiciones de riesgo y otros detalles sobre las actividades de negociación. Estos intercambios, permitieron a los operadores tomar decisiones informadas de mercados cuando vendían o compraban las divisas que tenían en sus carteras. También pudieron identificar oportunidades para su coordinación.

La Comisión Europea ha destacado además que la mayoría de los traders que participaban en los chats se conocían de forma personaltraders. Por ejemplo, uno de los grupos se llamaba 'Essex Express y Jimmy' porque todos los operadores salvo otro llamado James vivían en Essex y se conocieron en un tren hacia Londres. Este cartel estuvo compuesto por dos grupos de chat que se llamaron 'Essex Express y Jimmy' y 'Señores mayores semienfadados' ('Semi Grumpy Old men') y en ellos participaron operadores de UBS, Barclays, RBS y MUFG entre diciembre de 2009 y julio de 2012.

A su vez, el segundo cartel incluyó conversaciones en tres grupos de chat consecutivos que llamaron 'Trío de Banana-Split', 'Dos hombres y medio' (Two and a half men'), y 'Sólo Marge' (Only Marge). En ellos intercambiaron información 'traders' de UBS, Barclays, RBS, Citigroup y JPMorgan entre diciembre de 2007 y enero de 2013. 

Todos los bancos involucrados se beneficiaron de reducciones en el montante de las multas por cooperar con los servicios del Ejecutivo comunitario. Aun así, la multa de Citigroup, la más elevada de todas, asciende a 310,8 millones de euros. Después se sitúa RBS (249,2 millones), JPMorgan (228,8 millones), Barclays (210,3 millones) y MUFG (69,7 millones).

Caixabank hizo pagos a Hacienda por importe de 922,63 millones de euros desde 2014 hasta 2017, aunque resulta imposible conocer su contribución neta al no ser público el dato de cuánto dinero pidió que se le devolviese en la declaración anual. En todos esos ejercicios tuvo beneficios. Lo contrario de lo que ocurrió en 2012 y 2013, cuando registró unas pérdidas brutas de 62,41 y 979,75 millones de euros, respectivamente. Pero, gracias a los créditos fiscales tanto en un año como en otro su resultado después de impuestos fue positivo: 228,75 millones de beneficios en 2012 y 308,65 millones en 2013.

Los “pagos de caja” del impuesto de sociedades no coinciden con el gasto que las entidades hacen constar por este concepto en sus cuentas anuales. Tampoco equivalen exactamente al resultado de la declaración anual del impuesto, puesto que pueden incluir las liquidaciones que hayan efectuado como resultado de un acta de inspección fiscal, por ejemplo. Pero es la cifra que más puede aproximarse a la cantidad que realmente abonan los bancos en cada ejercicio.

En cualquier caso, las cuentas de Caixabank reflejan una historia fiscal parecida a la de sus pagos de caja. Al menos desde 2014, fecha a partir de la cual la entidad financiera catalana empezó a publicar en su informe anual los pagos por impuestos de cada ejercicio. Cada año Caixabank también elabora un informe de su contribución fiscal que revela la cifra total de impuestos que abona, pero sin detallar cuánto desembolsa por el de sociedades. Sólo distingue entre impuestos directos, indirectos y cotizaciones a la Seguridad Social.

En el informe anual figura la referencia contable del gasto por el impuesto de sociedades, que en 2017 ascendió a 377,62 millones de euros sobre unos beneficios de 2.097 millones. En 2016 se elevó a 482,18 millones de euros, sobre unos resultados positivos de 1.538 millones. Pero en 2015 lo que figura no es un gasto, sino un ingreso de 180,75 millones, que aumentó sus beneficios hasta los 816,52 millones de euros. Otro tanto ocurrió en 2014, cuando el ingreso fue mayor: 417,75 millones que elevaron su resultado hasta los 619,92 millones de euros.

En 2013 Caixabank terminó el ejercicio con unas pérdidas antes de impuestos de 979,75 millones de euros, pero gracias a los créditos fiscales sus números pasaron del rojo al negro: contabilizó un ingreso de 1.288,35 millones de euros por el impuesto de sociedades que dejó el resultado neto del ejercicio en 308,6 millones de euros de beneficios. En 2012 el ingreso fiscal ascendió a 291,16 millones, lo que transformó unas pérdidas de 62,41 millones de euros en unas ganancias de 228,75 millones. En resumen, las ventajas fiscales han arreglado las cuentas a Caixabank desde 2012 hasta 2015.

10.254,84 millones de colchón fiscal

Según el informe de 2017, la entidad presidida por Jordi Gual acumula activos fiscales –o ventajas fiscales, que permiten a las empresas rebajar la factura a Hacienda– por importe de 11.054,98 millones de euros, de los cuales son activos fiscales diferidos (DTA) 10.254,84 millones. Los DTA se originan a partir de las provisiones que los bancos realizan –para cubrir el riesgo de los créditos e inmuebles tóxicos, por ejemplo–, de las aportaciones a los planes de pensiones de sus plantillas y de las pérdidas de ejercicios anteriores. Estas cantidades no son deducibles en el impuesto de sociedades, pero Hacienda permite a los bancos acumularlas en forma de DTA y utilizarlos en los siguientes ejercicios para reducir sus pagos fiscales. Con la crisis financiera, las entidades españolas acumularon una gran cantidad de estos activos, que les están sirviendo para rebajar su factura con Hacienda.

Es lo que ha hecho Caixabank. Lo recoge expresamente en sus cuentas de 2014, donde reconoce un ingreso neto de 309,22 millones de euros por cancelación de activos fiscales. Además, la entidad heredó los activos fiscales acumulados por los bancos que adquirió durante la crisis: Banco de Valencia y Banca Cívica en 2012 y Barclays en 2015. Así, los activos fiscales diferidos de Caixabank pasaron de 2.262,39 millones en 2011 a los actuales 10.254,84, multiplicándose por tanto casi por cinco en seis años. Banco de Valencia le traspasó 1.780 millones de euros en DTA, Banca Cívica otros 3.988 millones y Barclays, 877,44 millones. En total, 6.645,44 millones de euros. En 2017 ha adquirido el portugués BPI, del que posee el 92,9% de las acciones. A estas ventajas fiscales también contribuyen las pérdidas del banco. En 2017, Caixabank acumulaba bases imponibles negativas de ejercicios anteriores por importe de 1.063 millones, así como 1.591 millones de euros más por deducciones pendientes de aplicación. Parte de su reserva fiscal para desgravarse en futuros ejercicios.

Además, la Ley del Impuesto de Sociedades permite a cualquier empresa, no sólo a los bancos, convertir los DTA en “créditos exigibles frente a la Administración tributaria” si registra pérdidas o si es liquidada o declarada insolvente por un juez. Es decir, el Estado los garantiza. De esos DTA monetizables, Caixabank tiene en sus balances 5.891 millones de euros.

Las tasas efectivas del Sabadell

El Banco Sabadell no publica un documento con su contribución fiscal total. Pero, según sus informes anuales, ha pagado 488,88 millones de euros a Hacienda en el impuesto de sociedades desde 2014. Al igual que ocurre con la Caixa, no es público el dato sobre la liquidación anual y por tanto se desconoce el saldo neto (si pago algo en impuestos o no). 

En 2017 reconoce en sus cuentas –no hace públicos los pagos de caja– un gasto por este concepto de 43,07 millones de euros, lo que equivale a una tasa efectiva de sólo el 5% de sus beneficios, 848,25 millones de euros. El tipo legal del impuesto para los bancos es del 30%. Y ése es el que dice haber satisfecho el Sabadell un año antes, cuando reconoce un gasto de 303,07 millones de euros para unas ganancias que ascendieron a 1.019,42 millones de euros. Sin embargo, en 2015 la factura se recorta considerablemente, hasta los 32,51 millones, sólo un 4% de los 744,76 millones de euros de beneficio contable. En 2014 había sido muy superior, 109,74 millones sobre unos resultados de 486,39 millones, una tasa efectiva, dice el banco, del 23%.

El año pasado, el Banco Sabadell contaba con unos activos fiscales de 6.861,4 millones de euros, de los cuales son DTA 6.531,84 millones. Y de éstos, los garantizados por el Estado y convertibles en efectivo suman 5.336,97 millones. En 2015, Bruselas abrió una investigación para determinar si esa garantía sobre algunos DTA constituía una ayuda de Estado ilegal. Así que el Gobierno impuso a los bancos una prestación patrimonial anual en favor del Estado del 1,5%, que fue aceptada por Bruselas para cerrar la investigación. En sus cuentas, el banco de Josep Oliu también revela cuánto ha pagado al Estado a cambio de esos DTA garantizados: 54,66 millones de euros el año pasado y 57 millones en 2016.

Como Sabadell también ha salido a la compra de otras entidades durante los últimos años, ha heredado igualmente sus activos fiscales diferidos. En 2012 adquirió el escocés TSB, que ese año tenía en sus cuentas DTA por importe de 148,91 millones de euros, una cantidad muy inferior a la acumulada por las entidades españolas.

  Caixabank y Sabadell no hacen públicas sus declaraciones

infoLibre preguntó a Caixabank y Banco Sabadell por  la cifra de beneficios declarados a Hacienda, tanto en 2015 como en 2016, en el impuesto de sociedades. También por el resultado de la declaración de ese impuesto en esos dos años. Este periódico le especificó que ya tenía acceso a los datos que publican en sus cuentas anuales, tanto de beneficios como del gasto del impuesto; lo que pedía eran los datos declarados a Hacienda y el resultado de esa declaración, que nunca coinciden con los datos contables. Además, se le requirió la base imponible de la declaración en ambos ejercicios, así como por las bases imponibles y las deducciones pendientes de aplicar, y la cifra de activos y pasivos fiscales.

Finalmente, se les preguntó:

–¿Cómo consigue un banco con un volumen de beneficios tan elevado no pagar por el impuesto de sociedades; es más, cómo consigue que la declaración a Hacienda le salga a devolver?

Ambas entidades alegaron que esa información “no es pública”. Caixabank remitió a este periódico a sus informes de contribución fiscal, donde figura el gasto total en impuestos, sin desglosar por tipo de impuesto y sin indicación de los pagos de caja. Estos últimos constan (sólo desde 2014) en los informes anuales. También proporcionó una indicación genérica de por qué los datos contables no coinciden con los datos de las declaraciones fiscales: no todos los ingresos contables de la cuenta de pérdidas y ganancias son objeto de tributación. Banco Sabadell, que no publica un informe de contribución fiscal, ni siquiera respondió.

__________________

Este reportaje es el quinto de una serie de infoLibre sobre los beneficios fiscales de la banca. Puedes consultar aquí los anteriores:

1. Lo que realmente pagan los bancos a Hacienda por el impuesto de sociedades

2. Banco Santander pidió a Hacienda 2.440 millones de euros en devoluciones por el impuesto de sociedades en cuatro años

3. Hacienda pagó 38 millones a Bankia por los activos fiscales diferidos de BMN

4. El BBVA lleva cuatro años declarando pérdidas por su negocio en España

Las entidades financieras españolas han cerrado el 37,3% de sus sucursales desde 2008. Es decir, según los datos del Banco de España, hay 17.019 oficinas bancarias menos ahora que hace ocho años. Esa reducción ha sido simultánea al recorte de plantilla que han sufrido los bancos y cajas como resultado de la crisis financiera y la consiguiente restructuración que le siguió. Desde 2008 el número de empleados del sector ha disminuido en 82.285 personas, un 30,6%.

Las cifras las ha facilitado el Gobierno al diputado por Valencia Ricardo Sixto, diputado de IU integrado en el grupo de Unidos Podemos, que presentó una pregunta parlamentaria sobre el cierre de sucursales y el empleo destruido desde 2008 en España. El Ejecutivo sólo ha respondido a una parte de las cuestiones suscitadas por el diputado y, remitiéndose a la información en poder del Banco Central Europeo (BCE) y Eurostat (la Oficina Estadística de la UE), asegura que España es desde 2015 el país europeo con mayor número de sucursales bancarias por cada 1.000 habitantes, 0,67. Le siguen Chipre, con 0,66, y Francia con 0,56. Alemania cuenta con 0,41 y Reino Unido, con 016.

En cualquier caso, España llegó a poseer un máximo de 45.660 oficinas en 2008, que desde entonces no ha dejado de disminuir. El año que más sucursales se cerraron fue 2013, el siguiente al rescate bancario, en que desaparecieron 4.384. Antes, en 2011, se eliminaron otras 3.091. Tras reducirse el ritmo de clausuras en 2014 y 2015, el año pasado volvió a repuntar: los bancos han suprimido 2.279 oficinas más, lo que multiplica casi por tres los cierres del ejercicio anterior.

Una evolución similar han tenido las plantillas de bancos y cajas de ahorro. En 2008 alcanzaron un máximo de 268.959 empleados. El año en que más puestos de trabajo se destruyeron fue 2013, cuando se perdieron 18.206. En 2011, el segundo año con mayor recorte de empleos, 15.033 trabajadores se quedaron en la calle. Y en 2016, después de dos años con menos pérdidas, la extinción de puestos de trabajo alcanzó a 9.565 personas, casi el doble que en 2015.

El Gobierno no contesta

Ricardo Sixto destaca que la reestructuración del sector ha supuesto el cierre de seis oficinas y la destrucción de 28 puestos de trabajo al día durante ocho años. Ese enorme recorte de plantilla se ha llevado a cabo mediante grandes Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), con despidos pero también con planes de bajas voluntarias y prejubilaciones. El ERE de Bankia en 2013 supuso el despido de 4.500 trabajadores. El del Banco Popular, hace sólo unos meses, se saldó con 2.592 empleos menos. Los ERE en Caixabank –700 trabajadores– y Barclays –975– fueron voluntarios. En el último año, el BBVA ha reducido su plantilla en 2.366 personas. Una vez absorbido Banesto, en 2013, el Santander encogió su nómina en 4.364 empleados. Novagalicia prescindió de 1.850 trabajadores ese  mismo ejercicio.

El grupo parlamentario de Ricardo Sixto lamenta que el Gobierno no haya contestado cuántas localidades se han quedado sin ninguna sucursal bancaria y cuántos ciudadanos se ven afectados por esa carencia. Tampoco aporta datos el Ejecutivo sobre cuántas oficinas móviles y ofibuses ofibusesestán utilizando ahora las entidades financieras para prestar servicios a clientes que ya no cuentan con una sucursal en su localidad. Ni informa sobre el número de oficinas que se abren sólo cuando un trabajador se desplaza desde otra una o dos veces por semana. Si en 2015 España contaba con 0,67 oficinas por cada 1.000 habitantes, en 2005 casi se duplicaba esa ratio: 0,95 sucursales.

También el servicio de estudios del BBVA es uno de los mayores defensores de lo que llama “modernización del sistema de despido”. Su última propuesta defiende abaratarlo creando un contrato único con una indemnización que crecería según la antigüedad del trabajador, de forma que sólo llegaría a los 33 días por año quien acumulara un mínimo de ocho años en la empresa. Por su parte, el servicio de estudios de Caixabank rechaza en sus informes las “rigideces” del mercado laboral, como los elevados costes de despido, y considera “insuficiente” la “flexibilidad” de la legislación española sobre el trabajo.

Aunque la institución que con más entusiasmo ha reclamado una reforma laboral que, entre otras novedades, abaratara los despidos es el Banco de España. Tanto con su anterior gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, como con el actual, Luis Linde. En 2009, el primero llegó a pedir la desaparición del despido indemnizado, y el año pasado el segundo se mostró a favor de “acercar” la cuantía de la compensación por despido de los contratos indefinidos a los temporales; es decir, de 33 a 12 días por año trabajado.

Sin embargo, cuando ha tenido que recortar sus plantillas, y lo ha hecho con profusión durante toda la crisis, la banca española se ha olvidado de sus reparos teóricos sobre el coste de despido. Desde el comienzo de la crisis financiera, en 2008, los bancos han despedido a 67.464 trabajadores, el 25% de su personal. Pero nunca ha aplicado los mínimos legales que le permite la reforma laboral, que tanto reclamó y cuya rebaja, ahora, incluso considera “insuficiente”.

Hasta 50 días en Banesto y Santander

Por el contrario, las indemnizaciones concedidas a los empleados de banca durante todos estos años han más que duplicado los 20 días por año trabajado del despido objetivo. El Banco Santander acaba de anunciar un recorte de 1.660 trabajadores, tanto en las sucursales como en los servicios centrales. En principio, ha puesto sobre la mesa indemnizaciones de 40 días por año trabajado. Pero los sindicatos han replicado que quieren los 50 días con que la entidad despidió a 3.000 trabajadores de Banesto cuando lo fusionó en 2013. Y, según fuentes sindicales, parece que está dispuesta a pagarlos. También ofreció prejubilaciones para mayores de 55 y 58 años con hasta el 80% del salario. Ahora  –aún no ha comenzado la negociación– propone el 70% para los mayores de 58 años.

Caixabank llegó a los 45 días por año trabajado y entre 36 y 42 mensualidades  –el tope legal para el despido improcedente es de 24 mensualidades– para los 867 trabajadores que se acogieron el año pasado a un plan voluntario de bajas. Fueron los mismos días que dio en 2013 a 2.600 empleados, pero multiplicados por 42 mensualidades.

En el caso de Barclays, que fue adquirido por la entidad catalana el año pasado, un total de 975 trabajadores se llevaron 38 días, pero sumados con una prima de entre 10.000 y 30.000 euros según la antigüedad y otros 1.000 euros más por año trabajado, supuso que la cuantía final de la indemnización podía alcanzar un máximo de 250.000 euros. 300.000 euros si se trataba de una prejubilación, con el 90% del salario.

Ambos ejemplos muestran el patrón por el que se han regido los despidos colectivos en la banca durante estos años: altas indemnizaciones y predilección por las bajas voluntarias y las prejubilaciones.

Salarios que doblan la media nacional

La generosidad de la banca, en cualquier caso, tiene que ver con diferentes factores. Primero, las plantillas cuentan de partida con salarios por encima de la media. Según la última Encuesta Anual del Coste Laboral, correspondiente a 2014 y elaborada por el INE, el salario bruto medio en el sector financiero es de 48.760,4 euros al año, más del doble que la media nacional, de sólo 22.605,8 euros. Las indemnizaciones de la banca alcanzan los 1.866,5 euros, el 2,8% del coste salarial total, casi seis veces más que la media nacional.

Además, los directivos de las entidades financieras cuentan con algunas de las remuneraciones más elevadas. Ana Patricia Botín se llevó el año pasado 9,8 millones de euros, un 10% más que en 2014. El ex consejero delegado del BBVA Ángel Cano se jubiló en 2015 con sólo 54 años y una pensión de 45 millones de euros. La cobrará de forma vitalicia a razón de 1,79 millones de euros anuales. Muy lejos, de todos modos, de los 108 millones de pensión que cobró en 2002 el ex consejero delegado del Santander, Ángel Corcóstegui.

También hay que tener en cuenta que los beneficios del sector, pese a la crisis financiera, no han dejado de crecer desde 2012. En 2015, la banca española ganó 10.389 millones de euros, un 5,6% más que el ejercicio anterior. Suma así tres años consecutivos de beneficios.

Los ERE de Santander o de Caixabank, por ejemplo, se debieron a razones organizativas, o fusiones, también para afrontar la necesaria transformación digital. Hace una semana, el consejero delegado del BBVA, Carlos Torres, preparó el terreno para futuros recortes de plantilla al anunciar la eventualidad del cierre de 2.800 de sus 3.800 sucursales por la adaptación digital y la aparición de nuevos competidores ajenos al sector.

Alta afiliación sindical, huida de la conflictividad

Todo lo anterior, añadido a que el sector cuenta con unos buenos convenios colectivos y una larga y consolidada tradición sindical, se traduce en unas negociaciones que suelen terminar en acuerdo y con cifras consideradas de lujo. De ahí el elevado número de adhesiones voluntarias a los planes de recorte. “Hasta el 60% de las plantillas de la banca en España están afiliados a un sindicato”, destaca el responsable del sector financiero de CCOO, Juan José Giner.

Además, la edad media de las plantillas le ha permitido jugar la baza de las prejubilaciones. Al menos hasta ahora, cuando ya no alcanza los 45 años. Giner precisa, no obstante, que esta manera de rejuvenecer el personal tiene cada vez menos recorrido después de los sucesivos ERE que han ejecutado muchas entidades.

A su juicio, los bancos prefieren evitar la conflictividad cuando se trata de recortar plantilla. Sobre todo en un sector, explica, en el que los empleados “no son fácilmente remplazables”, porque “la profesionalidad, la formación y la estabilidad” son un activo primordial. Por eso alerta ante la pérdida constante de empleo que está sufriendo el sector. “España se encuentra entre los tres últimos países de la zona euro por número de empleados bancarios cada 10.000 habitantes”, lamenta. Una cosa son las oficinas, zanja, y otra los profesionales.

Las nacionalizadas, menos de 30 días

Pero dentro de la banca también hay clases. Y las entidades que sucumbieron a la crisis y la mala gestión, y fueron nacionalizadas o recibieron cuantiosas ayudas públicas, no han sido tan espléndidas con sus trabajadores. El ERE de Bankia fijó el límite que no debía sobrepasarse en estos casos. El banco presidido por José Ignacio Goirigolzarri recibió 22.000 millones de euros del Estado y se deshizo de 4.500 trabajadores en el mayor ERE de la historia del sector. Los despedidos recibieron indemnizaciones de 30 días por año trabajado con un tope de 20 mensualidades y las prejubilaciones se firmaron con el 60% del salario bruto. En cualquier caso, 10 días por encima del mínimo legal.

También se ofreció 30 días, aunque con un tope de 30 mensualidades, a los 1.557 excedentes de Catalunya Caixa, que fue adquirida por BBVA el año pasado. Las prejubilaciones ascendían al 70% del sueldo. Catalunya Caixa había percibido 12.052 millones en ayudas públicas. Los 1.850 trabajadores incluidos en el ERE de Novacaixagalicia se llevaron indemnizaciones de 25 días, con un tope de 16 meses y una prima de 2.000 euros por cada trienio, 30 días con un límite de 22 mensualidades y una prima por trienio de 22.000 euros en el caso de las bajas voluntarias. Las prejubilaciones alcanzaban el 80% del salario. La entidad gallega ingresó 8.981 millones de euros de las arcas públicas. Aún no se sabe qué cantidad va a ofrecer Banco Ceiss  –fruto de la fusión de Caja España y Caja Duero–, a los 1.120 trabajadores que tiene pensado despedir, pero la entidad también recibió dinero del Estado: 1.129 millones.

Pese a su volumen, las indemnizaciones de los bancos no son las más elevadas que constan en los registros. En plena crisis, empresas como General Electric o Yahoo pagaron 60 días por año a sus trabajadores. Levi's lo hizo en los tiempos de euforia económica, en 2004. El año pasado Coca-Cola despidió a 60 directivos con indemnizaciones de al menos 100 días por año trabajado, según informó en su día El Economista. Mientras, pleiteaba en los tribunales con los sindicatos por el ERE con el que se deshizo de 1.156 empleados a razón de 33 días  –aumentados a 45 por la Audiencia Nacional–. La embotelladora española del refresco de cola tuvo unos beneficios de 311 millones ese año, un 47% más que en 2014.

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Estepona, Isabel Conejo, que instruye el caso del ático, ha ordenado que se investigue el patrimonio del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y de su mujer, Lourdes Cavero, según consta en una providencia de este martes 8 de marzo, en la que la jueza cita a declarar para el 18 de abril como imputados (investigados) al matrimonio y al presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo.

Y para conocer el patrimonio del que fuera número dos de Esperanza Aguirre hasta hace menos de dos meses, cuando dimitió de forma secreta como secretario general del PP de Madrid, la magistrada pide a Caixabank, Barclays, Bankia, Santander y Banco Popular que aporten los contratos y extractos de sus cuentas bancarias, así como el montante de otros productos de los que sean titulares o apoderados correspondiente al periodo que va de abril de 2008 a diciembre de 2013.

Para reclamar esta información bancaria, la jueza se apoya en un escrito de 27 páginas de 20 de noviembre de 2014 del abogado Javier Carnerero, que ejerce la acusación popular en representación de los extrabajadores despedidos en el ERE de Telemadrid, en el que se solicitaban los datos de las cuentas de González y Cavero.

Cuenta de Caixabank

En la providencia de este martes, la jueza Isabel Conejo pide la información "en los términos del escrito del letrado Carnerero de 25 de noviembre de 2014". Y es ahí donde el abogado reclama "la documentación acreditativa del contrato y extracto bancario" de una cuenta concreta de Caixabank, de la que son titulares Ignacio González y de su mujer. 

Desde esta cuenta el matrimonio realizó el pago en diciembre de 2012 de los 770.000 euros que abonó para hacerse con la titularidad del inmueble de lujo, que desde 2008 pertenecía a la firma de Estados Unidos Coast Investors, propiedad a su vez, según el testaferro Rudy Valner, del ciudadano argentino Luis Osvaldo Repetto. infoLibre mantuvo en julio de 2015 una conversación telefónica en la que este empresario reconoció haber sido "conocido" y socio de Enrique Cerezo.

Barclays Bank

El segundo banco que identifica el escrito del abogado de los extrabajadores de Telemadrid es el Barclays Bank. Además de todos los extractos bancarios, la jueza reclama los soportes documentales de todas las operaciones realizadas con las empresas Coast Investors LLC y con la matriz de esta, la panameña Walford Overseas Investmest Inc. Pero también las vinculadas con el fiduciario Rudy Valner.

En este sentido, el diario Público adelantó en su edición de 29 de enero de 2009 que González era titular de una cuenta en el banco británico en la que tenía "una caja de caudales donde parece ser que tiene dinero líquido".

A Bankia y a Santander, entidades financiera que también fueron utilizadas por el matrimonio para realizar operaciones económicas relacionadas con el inmueble, la jueza también le pide que identifique las cuentas de González y Cavero para conocer las vinculaciones con la empresa Coast Investors LLC, investigada como persona jurídca en el caso del ático.

Banco Popular

El quinto banco mencionado por la jueza es el Banco Popular, cuya participación fue de vital importancia. De hecho, en octubre de 2013 la imputada Coast Investors LLC presentó un escrito en el Juzgado de Estepona en el que se oponía a que se conocieran las cuentas de la empresa en esa entidad bancaria.

El Banco Popular actuó como corresponsal en los pagos de Coast Investors LLC en España. La entidad financiera de origen de las transferencias fue una oficina de la ciudad de Portland, en el Estado de Oregón, del US Bank.

En concreto, el presunto testaferro Rudy Valner abonó desde la mencionada cuenta del US Bank de Portland 650.000 euros de los 750.000 euros que pagó Coast Investors LLC por el ático al primer propietario, el empresario vasco Pedro Javier Villate.

Con todas estas diligencias, la jueza Isabel Conejo trata de determinar si el dúplex de lujo, por el que el matrimonio abonó 770.000 euros en diciembre de 2012, pudo haber sido el pago en especie de una mordida que habría sido en total de 2 millones de euros, según aseguró un confidente policial del caso Gürtel.

El supuesto pago se habría producido, explicó el comisario José Manuel Villarejo en su comparecencia como testigo el pasado 1 de febrero, en relación a la adjudicación y posterior recalificación de unas fincas municipales por parte del Ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid) a la promotora Martinsa, cuyo propietario, Fernando Martín, está imputado en el caso Gürtel.

La instrucción del juez Pablo Ruz en la Audiencia Nacional atribuye a Fernando Martín la autoría de dos pagos por un total de 25 millones de euros al presunto cerebro de la Gürtel, Francisco Correa, a cambio de intermediar en la mencionada operación de Arganda del Rey, considerada el mayor pelotazo de Gürtel.

Según el arquitecto Gilbert Barbany, testigo en la Audiencia Nacional, las decisiones del Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Esperanza Aguirre, permitieron que Martinsa elevara sus beneficios previstos en Arganda del Rey en 199 millones, pasando a superar los 500 millones.

Petición a Panamá

Pero la jueza Isabel Conejo también reclama la reactivación de la comisión rogatoria que se envió a Panamá y que el país centroamericano se negó a cumplimentar ya que el delito por el que se investigaba la operación, contra la Hacienda Pública, no se encuentran tipificado allí como delito y "por ende constituye una conducta atípica dentro de la jurisdicción penal de la República de Panamá", según consta en la contestación realizada el 13 de agosto de 2014 por las autoridades de este país centroamericano.

Y para justificar esta revitalización de la rogatoria panameña, la jueza Isabel Conejo reclama en la providencia de este martes que se aclare a las autoridades de este país que el delito objeto de investigación "se ha visto ampliado, a resultas de la investigación efectuada, abarcando la presunta existencia de un delito de cohecho".

Waldorf Overseas Investments

En concreto, la magistrada quiere recabar de Panamá información sobre los beneficiarios de la empresa panameña Waldorf Overseas Investments INC, "sus representantes y administradores y de las cuentas bancarias a su nombre". Waldorf Overseas Investments INC sería la matriz de la empresa que compró el ático, aunque el testaferro Rudy Valner asegura que esta empresa se denomina en realidad Walfort (con 't' final) Overseas Investments LTD. 

También pide al registro público de este país que certifique la identidad de los representantes legales de las empresas Dulcan INC y Winsley INC, "con el objeto de definir las personas físicas propietarias de estas empresas". Las firmas Dulcan y Winsley actuaron como suscriptoras de Waldorf Overseas Investments INC, pero también de otra sociedad, Golden Chain Properties, propiedad del cerebro de Gürtel, Francisco Correa.

Golden Chain Properties recibió una parte (13 millones) de los 25 millones que según el sumario de Gürtel abonó el empresario Fernando Martín a Correa por su intermediación en el pelotazo de Arganda del Rey.

Bankia rectificó sólo en el 0,9% de los casos en que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) dio la razón a los inversores que presentaron una reclamación contra el banco. Es decir, únicamente aceptó que había actuado de forma incorrecta en nueve de las 965 reclamaciones sobre las que la CNMV emitió un informe final motivado favorable a un inversor. Más aún, Bankia sólo contestó a 27 de esos informes –un escaso 2,8%–. Y ello a pesar de que la entidad nacionalizada es la que más denuncias recibió en 2014: acaparó el 41% de las presentadas ante la CNMV ese año.

La mayoría se refirieron a la falta de información previa sobre los riesgos de las preferentes y la deuda subordinada, pero también la oferta pública de suscripción de acciones de Bankia, en junio de 2011, acumuló un buen número de reclamaciones, que la CNMV no precisa. Según su Memoria de Reclamaciones y Consultas de los Inversores correspondiente a 2014, el supervisor recibió un total de 2.393 denuncias, un 67,3% menos que el ejercicio anterior. Después de dos años en que el escándalo de las preferentes copó el Servicio de Reclamaciones de la CNMV con hasta 10.900 quejas en 2012, se ha aligerado su volumen de trabajo.

De las reclamaciones tramitadas, el supervisor dio la razón al inversor en el 72% de los casos. Lo que no significa necesariamente que éste consiguiera una reparación: en el 69% de los informes favorables al reclamante, las entidades financieras ni siquiera contestaronlas entidades financieras ni siquiera contestaron a la CNMV. Y sólo en el 7,3% aceptó la corrección hecha por el supervisor e incluso rectificó.

Bankia es la tercera entidad que menos caso hizo a la CNMV, pese a tratarse de la que más reclamaciones recibió –la siguiente, a considerable distancia, es Unicaja, con sólo 480 denuncias–. Barclays ni contestó a los informes del supervisor ni rectificó en ningún caso, aunque recibió 80 reclamaciones. Tampoco aceptó corregir sus prácticas en ni uno solo de las 168 casos tramitados por la CNMV otra de las entidades nacionalizadas, Catalunya Banc. Eso sí, contestó a 149 de ellos, el 88,7%. Unicaja apenas rectificó en cinco ocasiones de las 360 quejas que el supervisor aceptó. Banco Santander fue igualmente cicatero: asumió correcciones en sólo 13 de las 324 denuncias tramitadas.

Por el contrario, la entidad que más veces rectificó en 2014 fue Banco Sabadell, que aceptó el 78,5% de las 107 reclamaciones informadas a favor del cliente. Liberbank contestó a la CNMV en el 92% de los casos, pero sólo rectificó en seis ocasiones.

Falta de información previa sobre riesgos

Pese al tiempo transcurrido desde que estalló el escándalo, las preferentes y la deuda subordinada siguen acaparando la mayoría de las reclamaciones, el 68% de las resueltas con informe final motivado de la CNMV. En el 72,6% de los casos, el supervisor dio la razón al reclamante. Los inversores denuncian que no se les informó adecuadamente de los riesgos del producto financiero antes de contratarlo. Pero no sólo de las preferentes, también en el caso de productos convertibles, permutas financieras e instituciones de inversión colectiva (IIC) como fondos de inversión, sicav (Sociedades de Inversión Colectiva de Capital Variable) o socimi (Sociedades Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario).

También se quejan los clientes de la forma en que las entidades financieras evalúan si un producto financiero se adecua a su perfil. En muchos casos, las entidades sencillamente no acreditan haber obtenido información al respecto o, si lo han hecho, utilizan “cuestionarios que no están firmados por el cliente o que contienen preguntas cuyas respuestas no permitían concluir sobre la idoneidad del producto al perfil” del inversor, explica la CNMV. Ocurre igualmente que la entidad sólo pide información al inversor o le advierte sobre los riesgos del producto después de haberlo contratado.

Siguen vendiendo productos complejos a minoristas

Las múltiples denuncias por la mala praxis de los bancos con productos financieros complejos como las preferentes no parece haber modificado ciertas políticas. Así, las reclamaciones tramitadas sobre contratos financieros atípicos y compraventa de opciones se han multiplicado por cinco en un año. Aun tratándose de productos complejos, “fueron contratados por inversores minoristas sin que la entidad evaluara adecuadamente la adaptación de dicho producto a su perfil inversor”, apunta la CNMV. En otros casos, se comercializaron o contrataron como si fueran depósitos.

Además, las reclamaciones por el cobro de comisiones crecieron un 52,6% cobro de comisionesen 2014. De ellas, el 69% fueron resueltas a favor de los reclamantes. Según el órgano supervisor, aunque las comisiones son legales, no pueden tener “un carácter penalizador o disuasorio para el cliente”, sólo deben remunerar de forma proporcionada el servicio prestado.

Finalmente, la CNMV recibió en 2014 un total de 10 reclamaciones por el cambio de gestor en el fondo de inversión Bestinver Gestión SGIICBestinver Gestión SGIIC. En septiembre de ese año abandonó la citada entidad Francisco García Paramés. Un buen número de sus clientes pidió entonces el reembolso de sus participaciones o su traspaso a otra entidad. Bestinver les cobró una comisión. Cuatro meses después de la marcha de su gestor estrella, la firma había perdido hasta un 30% de sus activos. El pasado mes de agosto un real decreto estableció que el cambio de gestor “relevante” de una institución de inversión colectiva debe ser considerado “un cambio sustancial de la política” de la entidad, deberá ser publicado como hecho relevante y dará al cliente derecho a irse sin cobro de comisión u otro gasto.

CaixaBank ha planteado este lunes a los sindicatos un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para 750 personas para hacer lo que denomina "ajuste territorial" de la plantilla. La entidad que preside Isidro Fainé ha duplicado su beneficio en el primer trimestre, hasta 375 millones de euros.

La entidad financiera no ha concretado su propuesta de medidas para solventar este excedente de personal más allá de que son necesarias acciones de movilidad geográfica y modificaciones de las condiciones de trabajo –recortes de salario o aumentos de jornada–, pero se ha constituido una mesa de negociación con un periodo de consultas previas que finalizará el próximo día 28, mientras que el día 29 se abrirá la mesa para negociar el ERE, han informado a Europa Press fuentes sindicales.

La entidad financiera tiene detectados excedentes de personal en Andalucía, Canarias, Navarra y Burgos, territorios de origen de la absorbida Banca Cívica, mientras presenta déficit de plantilla en Cataluña y Baleares.

Fuentes de CaixaBank señalaron a Europa Press la semana pasada –cuando se convocó el encuentro de este lunes con los sindicatos– que harían propuestas "que permitan adaptar la plantilla a las necesidades del negocio en cada territorio y solventar los desequilibrios de personal que se han producido en algunas zonas geográficas".

ERE en Barclays para casi un millar de empleados

La intención del banco, que emitió la convocatoria de reunión el jueves, el mismo día en que formalizó la absorción de Barclays Bank SAUabsorción de Barclays Bank SAU, es mantener su política de buscar un acuerdo que evite despidos de trabajadores. El ERE que acaba de ejecutar en Barclays afectó a 975 empleados.

CaixaBank cuenta con casi 33.600 empleados, y actualmente tiene en marcha un plan de prejubilaciones a partir de 58 años y nuevas contrataciones para crear 700 puestos de trabajo en 2015, acordado con los sindicatos en julio de 2014.

CCOO reclama que se dé continuidad en los próximos años a las prejubilaciones y nuevos contratos, que la movilidad sea voluntaria y no exceda los 25 kilómetros de distancia, que cualquier ERE sea mediante salidas voluntarias y sirva para acelerar el retorno de personas trasladadas a otros territorios. También asegura no aceptará medidas de recorte salarial.

Caixabank ha despedido a 112 trabajadores de Barclays, la entidad que adquirió el pasado septiembre, como parte del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) pactado con los sindicatos el pasado febrero. De los 975 trabajadores afectados, se acogieron a las bajas voluntarias 922. Los despidos han sido notificados hoy mismo.

UGT asegura que el banco vetó la salida de 64 de ellos. De esta forma, los 53 despidos forzosos iniciales se han duplicado. Fuentes de Barclays sostienen, en cambio, que el banco sólo vetó la salida de 26 empleados, mientras que otros 38 se apuntaron inicialmente a las bajas pero luego se echaron atrás. UGT contabiliza a esos 38 empleados entre los vetados –hasta llegar a 64– porque considera que fueron “inducidos” por la empresa a quedarse. 

El británico Barclays ha ejecutado en su filial española tres ERE en los últimos cuatro años, que resultaron en el despido de un total de 2.680 personas.

Además, esos 112 despedidos cobrarán indemnizaciones muy inferiores a las de sus compañeros: 30 días por año trabajado. Quienes se acogieron a las bajas voluntarias se han llevado 38 días por año y dos primas, una de entre 10.000 y 30.000 según la antigüedad y otro adicional de 1.000 euros por año. Quienes tuvieran entre 49 y 51 años perciben, además, una tercera de 60.000 euros si llevaban más de seis años en el banco.

El secretario general de UGT en Barclays, Miguel Ángel Ramos, asegura que el banco se ha negado a lo largo del último mes a anular esos despidos. “Ha sido inflexible”, recalca, y no ha aceptado convertirlos en traslados. Y ello pese a que Caixabank acogerá en su red de oficinas a 265 trabajadores de Barclays, 250 de ellos en Cataluña. Y otros 312 empleados han pasado a empresas del grupo Caixabank o vinculados con él, como InverCaixa, CaixaRenting, CaixaCard, VidaCaixa, SegurCaixa o Servihabitat. Un centenar más han sido contratados por Right Management y 18 por Accenture Outsourcing.

En los próximos días, los sindicatos UGT y CCOO tendrán que sentarse a negociar con la entidad catalana un acuerdo laboral de integración de este grupo de empleados procedentes de Barclays: el convenio de cajas de ahorro, por el que se rige Caixabank, incluye condiciones superiores a las del convenio de banca, que aplica Barclays.

UGT ya ha convocado movilizaciones en protesta por los despidos, que se producen “en la misma semana en la que Caixabank anuncia que ha duplicado sus beneficios después de la incorporación de Barclays”. Sólo en el primer semestre del año ha ganado 375 millones de euros. Además, según consta en el informe de gobierno corporativo que Barclays remitió a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), su consejo de administración aumentó su retribución un 68% en 2014aumentó su retribución un 68% en 2014, hasta los 933.000 euros, mientras que la alta dirección vio crecer su sueldo un 16,5%, hasta los 2,3 millones de euros. Ese ejercicio lo cerró con unas pérdidas de 28 millones.

CaixaBank ha obtenido un beneficio de 375 millones de euros el primer trimestre, un 99,1% más que en el mismo periodo de 2014, tras incorporar el negocio minorista, de gestión de patrimonios y banca corporativa de Barclays en España, cuya adquisición ha supuesto unos costes y saneamientos extraordinarios por 303 millones, mientras que las sinergias previstas para 2015 alcanzan los 93 millones, ha informado la entidad este jueves.

Barclays Bank SAU aporta 550.000 nuevos clientes, 15.609 millones de euros de recursos y 17.782 millones de crédito bruto, de forma que CaixaBank ha impulsado el crecimiento del margen de intereses en un 14,6% (hasta 1.138 millones), los ingresos por comisiones en un 12,9% (hasta 513 millones), los créditos sobre clientes en un 7,6% (hasta 212.077 millones) y los recursos de clientes en un 7,8% (hasta 293.025 millones).

La evolución de los ingresos y los gastos permite que el margen bruto alcance los 1.953 millones (+7%), mientras que el margen de explotación cae un 22,9% hasta 679 millones -el recurrente crece un 4,3%--; la morosidad se mantiene en el 9,7%, la solvencia en el 12,1% (-84 puntos básicos por Barclays) y la liquidez en 50.015 millones (-6.650 millones en el primer trimestre) "impactada por la evolución del 'gap' comercial, la incorporación de Barclays Bank SAU y la menor financiación institucional".

El consejo de administración de la filial española de Barclays aumentó su retribución un 68% en 2014, hasta los 933.000 euros, mientras que la alta dirección vio crecer su sueldo un 16,5%, hasta los 2,3 millones de euros, según consta en el informe de gobierno corporativo que la entidad ha remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La empresa ha despedido a 2.700 trabajadores en tres ERE realizados en los últimos cuatro años, y además declaró pérdidas en 2014 por valor de 28 millones de euros.

A lo largo del pasado ejercicio, el consejo de la filial española de Barclays ha sufrido cambios importantes, ya que el que fuera consejero delegado, Jaime Echegoyen, abandonó la entidad para formar parte de la Sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria (Sareb). También salió el histórico Pedro Fernández de Santaella. De este modo, el consejo de administración de la entidad está compuesto en la actualidad por Carlos Martínez de Campos, Pedro Solbes, Marcelino Oreja, Antonio Hernández-Gil, James Andrew Scott, Manuel Castro e Ignacio Gasset Muñoz-Vargas.

Mientras, Caixabank ha aprobado en su condición de socio único de Barclays Bank SAU reelegir a PwC auditor externo de las cuentas individuales de la sociedad y de su grupo consolidado correspondientes a este ejercicio. El pasado mes de septiembre, CaixaBank acordó con Barclays Bank PLC la compra de Barclays Bank SAU, que gestiona el negocio de banca minorista, gestión de patrimonios y banca corporativa de la entidad británica en España, por 800 millones de euros.

Barclays ha pactado con los sindicatos las condiciones del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que reducirá su plantilla en 975 trabajadores tras su compra por CaixabankCaixabank. No se irán con los magníficos emolumentos con los que ha dejado el Santander su ex consejero delegado, Javier Marín, pero con su misma edad podrán optar a generosas indemnizaciones. Serán superiores a las del último ERE del banco británico, en 2013, por lo que incluso han conseguido apaciguar a la plantilla de los servicios centrales de Madrid, que sufrirán el grueso del recorte e intentaron revocar al comité de empresa por su “falta de contundencia”. Fuentes de estos trabajadores han confirmado a infoLibre que desisten en su intención de llevar el acuerdo a los tribunales. “Estamos contentos, las condiciones no son malas”, explican, “si se han conseguido es por la presión que hemos metido a los sindicatos”.

De hecho, el acuerdo obliga a Barclays a aceptar todas las solicitudes de baja voluntaria que formulen sus empleados de Madrid, aun cuando ésta supere el número de excedentes fijado. Del ERE han quedado excluidos los gestores de grandes clientes y los asesores de inversiones, un centenar de trabajadores muy especializados que constituyen uno de los mayores atractivos del banco británico para Caixabank.

UGT y CCOO también se muestran satisfechos por el acuerdo. Han conseguido rebajar en 145 los 1.120 despidos iniciales y, según destacan, con las bajas voluntarias, prejubilaciones y recolocaciones pactadas, se superan los 975 excedentes que la empresa considera irrenunciables. Éste es el cuarto ERE que ha sufrido la plantilla de Barclays desde 2011.

Prejubilaciones desde los 52 años

Así, Barclays cuenta con unos 300 trabajadores con 52 años o más que podrían acogerse a las prejubilaciones. Recibirán una indemnización de entre el 75% y el 90% de su sueldo, con un tope de entre 250.000 y 350.000 euros brutos, dependiendo de su edad. Además, el banco les pagará el convenio especial con la Seguridad Social para seguir cotizando hasta que alcancen la edad ordinaria de jubilación, 63 años.

Además, a partir de los 49 años y hasta los 51 –cumplidos antes del 31 de diciembre de este año– los trabajadores podrán dejar Barclays con una indemnización de 38 días por año, una prima de entre 10.000 y 30.000 euros según la antigüedad, y una prima adicional de 1.000 euros por año. La suma no podrá superar los 250.000 euros. Aparte, cobrarán una prima única de 60.000 euros más. Es decir, podrán llevarse un máximo de 310.000 euros brutos. Deberán acreditar una antigüedad en la empresa de al menos seis años.

No obstante, y para evitar que Barclays tenga que abonar al Tesoro la denominada claúsula Telefónicaclaúsula Telefónica –penalización por despedir a mayores de 50 años–, el acuerdo del ERE incluye a los trabajadores de 50 y 51 años en los colectivos a los que el banco no podrá despedir si las bajas voluntarias no alcanzan la cifra de 975 excedentes.

Mejor que en el ERE de 2013

En el ERE de 2013 las bajas indemnizadas se quedaron en 35 días por año, con un tope de 24 meses, una prima de 2.000 euros por trienio y otra de 20.000 euros. Además, hubo prejubilaciones, pero a partir de los 53 años y con entre el 80% y el 90% del sueldo. Las cifras de este acuerdo son superiores, igualmente, a las compensaciones recibidas por la plantilla del Banco de Valencia, adquirida por Caixabank al FROB en 2012, que se fueron con 30 días por año de servicio.

También ingresarán 38 días por año y las mismas primas los empleados que no cumplan los anteriores requisitos de edad y antigüedad, excepto la prima única de 60.000 euros.

Según calculan los sindicatos, la media de antigüedad en Barclays, tras sufrir tres ERE en los últimos cuatro años, se sitúa en 13 años. La de edad, en 41 años.

Recolocaciones en Caixabank y 14 filiales

La parte más novedosa del acuerdo se refiere a las recolocaciones. Caixabank empleará en su red de oficinas a 265 trabajadores de Barclays, 250 de ellos en Cataluña. Se les pagará una compensación por el traslado de entre 15.000 y 30.000 euros, según la distancia, y conservarán su sueldo de Barclays.

De forma inmediata, el próximo mes de mayo, UGT y CCOO tendrán que sentarse de nuevo a negociar, en este caso con Caixabank directamente un acuerdo laboral de integración de este grupo de empleados procedentes de Barclays. Lo mismo tuvieron que hacer en el caso de Banco de Valencia. El convenio de cajas de ahorro, por el que se rige Caixabank, incluye condiciones superiores a las del convenio de banca, que aplica Barclays.

También serán recolocados, pero en otras empresas del grupo Caixabank o vinculados con él un total de 312 trabajadores. Se trata de InverCaixa, CaixaRenting, CaixaCard, VidaCaixa, SegurCaixa o Servihabitat, hasta 14 filiales. Además de Accenture Outsourcing (18) y Right Management (100). A éstos se les pagarán 22 o 26 días por año de indemnización según la distancia de la vacante a la que se les traslade.

El acuerdo incluye, finalmente, no uno sino dos planes de recolocación. El primero es el que está obligado a contratar cualquier empresa que ejecute un ERE para más de 50 trabajadores, según la reforma laboral. El segundo, un plan de recolocación garantizada que ha firmado Barclays con Randstad. Esta firma de recursos humanos se compromete a encontrar un trabajo de al menos cuatro meses a 150 empleados de Barclays, que además serán indemnizados con 30 días por año hasta un tope de 18 meses por la pérdida de su puesto en el banco.

Barclays terminó 2014 en España con unas pérdidas de 28 millones de euros. Es la cifra provisional que el banco ha dado a UGT y CCOO en la mesa de negociación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) con el que pretende despedir a 1.120 trabajadores, la mitad de su plantilla. Las cuentas definitivas no se aprobarán hasta el próximo 26 de febrero, cuando el banco reúna a su consejo de administración y al día siguiente de que haya concluido el mes que la ley establece para negociar el despido colectivo.

“No es cierto que pierdan ese dinero, es ingeniería financiera”, replican fuentes de la plantilla que, por el contrario, cifran en 70 millones de euros los beneficios que la filial española presentó en Londres al cierre de 2014. En septiembre, Barclays informó a la Asociación Española de Banca (AEB), la patronal del sector, de unos beneficios de 25,03 millones de euros. Unos números que mejoran considerablemente los del cierre de 2013, cuando perdió 264,87 millones de euros. Desde 2011 acumulaba unos números rojos de 680 millones.

“El ERE se hace por motivos organizativos y de producción, no por causas económicas”, concede también Juan José Giner, responsable del sector financiero de CCOO. En la misma dirección apunta Miguel Ángel Ramos, secretario de la sección sindical de UGT, quien expresa su “sorpresa” por las pérdidas comunicadas por el banco. “[La dirección] aseguraba que el plan bienal 2014-2015 que había puesto en marcha ha dado buenos resultados, con un aumento de ingresos y una reducción considerable de las pérdidas”, explica. Ni los trabajadores ni los sindicatos creen tampoco que el anuncio de puesta a la venta de Barclays, la pasada primavera, haya supuesto una fuga de clientes y depósitos que pueda afectar a los resultados.

Las mismas fuentes de la plantilla revelan que el auditor de Barclays, Pricewaterhouse Coopers, está recibiendo “todo tipo de presiones” para que firme unas cuentas que no ha visto en orden. Un portavoz del banco lo niega. “Aún no le hemos mandado las cuentas, tenemos de plazo hasta el 30 de marzo”, replica.

Continúa el conflicto entre los trabajadores y el comité

Caixabank ha comprado el negocio minorista, de gestión de patrimonios y de banca corporativa del británico Barclays por 800 millones de euros. Su primera medida ha sido presentar un ERE, alegando la duplicidad de la plantilla. La mayor parte del recorte lo van a sufrir los servicios centrales de Barclays, donde la entidad que preside Isidro Fainé planea despedir a 640 personas, el 89% de quienes trabajan en la sede de la calle Mateo Inurria de Madrid. De modo que éstos han protagonizado un episodio infrecuente en el panorama laboral español: intentaron revocar al comité de empresa, decepcionados por la “falta de contundencia” de sus representantes sindicales.

Según explican, su intención era sentar como “asesor externo” en la mesa que negocia el ERE a un abogado del despacho de Jiménez de Parga para que negociara con los letrados del despacho Sagardoy contratados por Barclays. Los sindicatos se negaron, por lo que los trabajadores de Mateo Inurria convocaron una asamblea, “como medida de presión”, para revocar al comité. Esa asamblea se celebró el pasado lunes. Según la ley, habrían hecho falta la mitad más uno de los votos para que prosperara la iniciativa. Un total de 346 trabajadores votaron a favor de la revocación, 15 menos de los necesarios, y sólo 23 en contra. Pero denuncian que la mesa de la asamblea, constituida por los representantes sindicales, no les entregó el censo de trabajadores  –les dijeron que eran 714– del centro de Mateo Inurria. También que hicieron falta dos recuentos, que se les negó un tercero y que la votación duró tres horas…

Así que han presentado alegaciones por lo que consideran irregularidades y, si la mesa no contesta, abrirán “un procedimiento arbitral” que terminará en un laudo, indican fuentes del despacho de Jiménez de Parga. Ese laudo, en caso de ser desfavorable, puede ser impugnado en los juzgados de lo Social. En los tribunales puede terminar, por tanto, el conflicto laboral en Barclays, y por doble vía. No sólo por lo que respecta a la revocación del comité, sino también porque, en el caso de que el banco y los sindicatos pacten el ERE con unas condiciones “inconvenientes”, los trabajadores de los servicios centrales lo denunciarán ante la Audiencia Nacional.

“Barclays nos está ofreciendo unas condiciones de miseria, peores que las de los tres ERE anteriores”, se lamentan fuentes de la plantilla de Mateo Inurria. Además, las contraponen a los 620 millones de euros que Caixabank ganó el último año. “Ante la falta de transparencia de los sindicatos”, sospechan, “nos tememos que está todo pactado y que la supuesta distancia entre ambas partes sólo es parte del juego de la negociación”.

UGT y CCOO dicen comprender el nerviosismo de los trabajadores de la sede central de Barclays, de donde van a salir casi la mitad de los 1.120 despidos. Pero recalcan que con la oferta puesta sobre la mesa por el banco no hay acuerdo posible. “No aceptamos el número de despidos, que es desproporcionado, y exigimos más fórmulas para que todas las salidas de trabajadores sean voluntarias, además de que éstas incluyan mejores condiciones”, detalla Juan José Giner. “Si no hay acuerdo, habrá conflicto, incluso una huelga”, concluye. Los trabajadores de Mateo Inurria creen que no tiene sentido convocar una huelga una vez terminadas las negociaciones.

Una cartera de clientes premier a cambio de despidos de bajo coste

Hoy vuelven a reunirse la dirección del banco y los sindicatos. El pasado martes, Barclays ofreció recolocar a 150 trabajadores en oficinas de Caixabank y a 100 más en otras empresas del grupo. También promete prejubilar a partir de los 53 años a 200 empleados más, pero las condiciones no satisfacen ni a UGT ni a CCOO. Los sindicatos quieren, además, que el banco permita excedencias de tres a cinco años con un salario nunca inferior al 30%, pero Barclays lo rechaza, al menos de momento. Para los despidos, la entidad ofrece indemnizaciones de 30 días por año trabajado con un tope de 24 mensualidades.

En el ERE de 2013, Barclays pagó 35 días por año y los prejubilados se fueron con entre el 80% y el 90% del sueldo. En el ERE de 2011, la cifra alcanzó los 45 días con un máximo de 43 mensualidades y primas de entre 10.000 y 30.000 euros según la antigüedad. También abonó 45 días por año, con un tope de 42 meses, el propio Caixabank en el ERE que ejecutó en marzo de 2013 con su propia plantilla. Es decir, condiciones muy superiores a las que el banco ha puesto ahora sobre la mesa. Pero las mismas que ofreció para despedir a 795 trabajadores del Banco de Valenciadespedir a 795 trabajadores del Banco de Valencia tras comprárselo al FROB en 2012 por un euro.

“Caixabank se va a quedar con una cartera de clientes premier de un banco que ha comprado porque ha querido y por menos dinero de lo que le costó a Barclays comprar el Banco Zaragozano hace 12 años”, protestan fuentes de los trabajadores. De ahí que se muestren cuando menos “desalentados” por el “ERE bestial” con que les anunció su llegada Isidro Fainé el pasado verano.