La vía abierta para cuestionar desde cualquier juzgado o tribunal ordinario las resoluciones del Tribunal Constitucional que ha inaugurado la sección primera de la Audiencia de Sevilla con el caso de los ERE nació en el interior del propio tribunal de garantías. Fueron tres magistrados propuestos por el PP, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y César Tolosa, los que introdujeron la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que invoca ahora tanto ese partido como el tribunal provincial sevillano para intentar saltarse, por primera vez en 45 años, las resoluciones del máximo intérprete de la Constitución del que forman parte. La resolución europea que consideran aplicable al caso, permite desobedecer decisiones del Constitucional si su independencia del Gobierno y el Parlamento no está garantizada, algo que el PP da por hecho pese a haber nombrado a cinco de sus actuales miembros.

Tanto el presidente del tribunal de garantías, Cándido Conde-Pumpido, como parte de sus miembros -los del sector progresista- consideran que la cuestión prejudicial ante el TJUE anunciada por la Audiencia de Sevilla supone una sacudida a la estructura institucional del Estado, porque permite a cualquier tribunal ordinario -desde un juzgado de primera instancia e instrucción de pueblo hasta el Tribunal Supremo- cuestionar resoluciones del Constitucional o suspender su aplicación mientras Luxemburgo resuelve. El nuevo mecanismo alentado por los magistrados conservadores puede afectar también a todo el sistema de recursos dentro de la propia justicia ordinaria permitiendo la insubordinación frente a tribunales superiores, tal y como avisan desde el órgano de garantías.

Los tres autores intelectuales de la crisis generada (que el Constitucional abordará en su próximo pleno la semana que viene sin que, previsiblemente, se llegue a ningún acuerdo) introdujeron la sentencia de Luxemburgo en el caso Euro Box Promotion -referida a un Estado como Rumanía, sometido a permanente monitorización de sus sistema judicial y de lucha contra la corrupción por la UE desde su incorporación al club comunitario en 2007- en varios votos particulares sobre las sentencias que redujeron las condenas a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como a otros cargos políticos de la Junta.

En toda la trayectoria del caso ERE, desde el inicio de la instrucción de la juez de Sevilla Mercedes Alaya hasta el Constitucional, solo los votos particulares de estos tres magistrados han hecho referencia a hipotéticas vulneraciones derecho de la Unión Europea que permitirían la intervención del TJUE algo que no aparecía en la sentencia del Supremo ni en la previa de la Audiencia de Sevilla. Los magistrados de este tribunal provincial, sin embargo, han apreciado esas infracciones justo ahora, inspirados por el PP y los tres jueces conservadores del Constitucional, cuando tienen que dictar nuevas sentencias contra los cargos políticos tras la anulación de las previas por el órgano de garantías.

En varios de sus votos particulares, Arnaldo señala que el derecho de la UE no es directamente aplicable al caso de los ERE "al no tener los fondos públicos malversados origen comunitario", pero considera que las sentencias del Constitucional sacadas adelante con el voto de la mayoría de magistrados podrían vulnerar "los principios del derecho de la Unión Europea sobre el control del gasto público". "No me parece aventurado afirmar que esa gestión, en el conocido como 'caso de los ERE de Andalucía' (...) ha sido contraria no solo al derecho interno, sino también al derecho de la Unión Europea", sostiene en su voto opuesto a la sentencia de Griñán entre otras. Después, se refiere a la sentencia Euro Box Promotion como la que sistematiza "la actividad presupuestaria y la lucha contra el fraude y la corrupción en el ámbito de los fondos europeos", fondos que, como el propio magistrado conservador reconoce, no aparecen en el caso andaluz.

Espejel, por su parte cita esa misma resolución del TJUE al considerar que la doctrina sacada adelante por la mayoría del Constitucional en los ERE "incumple las exigencias internacionales de lucha contra la corrupción política y cuando tenga proyección en la protección de los intereses financieros de la Unión Europea producirá un incumplimiento de las obligaciones de España" que, según la magistrada, sería incompatible con los tratados comunitarios.

Su compañero César Tolosa cita la sentencia de Luxemburgo en la misma línea al asegurar que "de tratarse de fondos procedentes de la UE" (los supuestamente malversados no lo son), la decisión del Constitucional sobre los ERE "generaría un riesgo sistémico de impunidad respecto a las infracciones de fraude grave". La unidad de esos los tres magistrados a propuesta del PP contrasta con la posición de su compañero de sensibilidad Ricardo Enríquez, que, pese a oponerse al criterio mayoritario, no se refiere a la polémica sentencia sobre Rumanía en ninguno de sus votos particulares discrepantes.

Ninguno de esos votos particulares lo recoge expresamente, pero la sentencia del TJUE que invocan, además de referirse a la corrupción o el fraude que afecte a los intereses de la Unión, implica un juicio sobre la falta de autoridad y de legitimidad del propio Constitucional. Porque el apartado tercero de su fallo establece que "las resoluciones del tribunal constitucional nacional vinculan a los órganos jurisdiccionales ordinarios", pero siempre que "el derecho nacional garantice la independencia de dicho tribunal constitucional, en particular respecto de los poderes legislativo y ejecutivo".

Ese fue, precisamente, el argumento que, el pasado 10 de febrero contenía el escrito del PP que, como acusación popular en el caso ERE, reclamó a la Audiencia de Sevilla que cuestionara ante el TJUE la sentencia del Constitucional sobre los ERE. "El derecho nacional", es decir, el español, "no garantiza la independencia del Tribunal Constitucional, en particular respecto de los poderes Legislativo y Ejecutivo", sostenía el documento del partido de Feijóo. Un ataque directo y al centro del máximo intérprete de la Constitución, garante de los derechos fundamentales y uno de los pilares de nuestra estructura institucional, inspirado, desde dentro, por varios de sus miembros.

El Pleno del Tribunal Constitucionalidad ha rechazado este martes por una holgada mayoría la recusación del PP contra la magistrada progresista Laura Díez por la ley de amnistía. Fuentes jurídicas recogidas por EFE informan de que la corte de garantías ha desestimado el incidente de recusación por ocho votos a uno, el de la magistrada conservadora Concepción Espejel, quien ha votado en contra por estar en desacuerdo con la composición del tribunal, aunque sí respalda que no concurre causa de recusación.

De hecho, se ha repetido el guion que se desarrolló en el pleno anterior cuando el tribunal rechazó la recusación del PP contra su presidente Cándido Conde-Pumpido. Espejel votó en contra por los mismos motivos y el magistrado conservador Enrique Arnaldo presentó un voto concurrente criticando la composición del pleno.

El PP pedía su recusación por su vinculación política en el PSC y en el PSOE, un artículo de prensa y la dependencia del presidente del Gobierno y del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes cuando fue alto cargo de Moncloa, así como por una posible intervención en los indultos parciales concedidos a los condenados por el procés.

Pero el Pleno considera que "ninguno de los argumentos examinados alcanza a constituir siquiera un principio de prueba de la falta de apariencia de imparcialidad que se alega, sin que sea admisible esgrimir diversas causas de recusación sin argumentar mínimamente las razones por las que se estiman concurrentes".

Dicen los magistrados que "se trata de un discurso que se asienta en circunstancias hipotéticas, sobre actuaciones desconectadas del objeto del recurso" y "que no puede acreditar ninguno de los motivos de pérdida de la imparcialidad" ya que "la magistrada Laura Díez no intervino en el asunto al que se refiere el proceso, ni pudo haberse formado criterio previo sobre el mismo, ni ponen de manifiesto que tenga interés directo o indirecto en la causa".

El Pleno también subraya que, conforme a la doctrina del Constitucional, una eventual afinidad ideológica no es en ningún caso factor que mengüe la imparcialidad para juzgar los asuntos que este tribunal debe decidir y no constituye por sí sola causa de recusación.

A la espera de lo que suceda con este último, el actual equilibrio de fuerzas está 6 a 5 a favor de los progresistas tras la abstención del magistrado y exministro de Justicia Juan Carlos Campo. En el debate no ha participado ni ella por ser objeto de la recusación ni el magistrado conservador José María Macías por estar afectado por otra, pero sí Conde-Pumpido, una vez que la suya fue rechazada en el Pleno anterior.

Conde-Pumpido también será protagonista aunque menos que la vez anterior porque el Pleno estudia ya los incidentes de recusación presentados por la Xunta de Galicia, la Comunidad de Madrid, la Junta de Castilla y León, la Junta de Extremadura, la Generalitat Valenciana y los Gobiernos de Cantabria, Baleares y Andalucía. Según las fuentes, serán asuntos de trámite toda vez que el tribunal aplicará la doctrina del pleno anterior para que el presidente pueda mantenerse en el debate de la ley de amnistía.

Despejado el panorama con Conde-Pumpido y también con Díez, toda la atención se centrará en próximas fechas en Macías, cuya recusación es la que más debate genera porque cuando fue vocal del Consejo General del Poder Judicial respaldó dos informes contrarios a la norma.

A la espera de lo que suceda con este último, el actual equilibrio de fuerzas está 6 a 5 a favor de los progresistas tras la abstención del magistrado y exministro de Justicia Juan Carlos Campo.

El Tribunal Constitucional (TC) tiene nueva composición desde hace un mes, tras la entrada de cuatro magistrados, y en su primer Pleno ya ha dejado claras sus intenciones: ningún miembro del órgano será en principio apartado del debate de ningún asunto por haber puesto de manifiesto su opinión sobre el tema en cuestión, ya sea en artículos de opinión o en trabajos jurídicos más elaborados. El tribunal parece adelantarse así a cualquier incidente de recusación que se pueda presentar contra, por ejemplo, Enrique Arnaldo, uno de los magistrados más cuestionados, incluso antes de empezar su mandato, por sus vínculos con el PP, su relación con casos de corrupción y por sus artículos de opinión en los que comentaba cualquier tema de actualidad, ya fuese la aprobación de la ley de plazos del aborto en 2010, el proceso independentista catalán, la eutanasia o la ley de memoria histórica.

Lo ha dicho el Pleno en una decisión adoptada por unanimidad de los once magistrados presentes –Alfredo Montoya sigue de baja por enfermedad– tras debatir los 33 incidentes de recusación que habían presentado algunos de los implicados en el procés, como el presidente de ERC Oriol Junqueras y el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, tanto contra Arnaldo como contra la otra nueva magistrada propuesta por el PP, Concepción Espejel. También querían que se apartara el propio presidente, Pedro González-Trevijano, por su amistad con Arnaldo.

En un comunicado enviado por el TC –el texto íntegro del auto se conocerá en los próximos días–, el tribunal descarta "que pueda fundarse una duda legítima de imparcialidad sea por la exteriorización jurisdiccional de un criterio jurídico al resolver un proceso o al discrepar de lo resuelto a través de la formulación de un voto particular, sea por las manifestaciones vertidas en publicaciones académicas o en artículos de opinión antes de haber adquirido la condición de magistrado". 

Este planteamiento parece hecho a medida de Arnaldo, pero también de Espejel, sobre la que se vertieron dudas también sobre su imparcialidad en debates como el de la ley del aborto del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, pendiente de sentencia desde hace once años y medio, al haberse ya pronunciado en contra en un voto particular que emitió cuando ejercía como vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) –también designada a propuesta del PP–.

"No sólo el Tribunal Constitucional, sino también el resto de tribunales jurisdiccionales deben ser integrados por jueces que no tengan la mente vacía sobre los asuntos jurídicos sometidos a su consideración", explica el Constitucional.

Arnaldo se había pronunciado sobre multitud de asuntos en 331 artículos que publicó en el diario digital El Imparcial –que preside Luis María Ansón–, algunas de ellas cuestiones contra las que el PP o Vox han impugnado o han anunciado su intención de impugnar ante el máximo intérprete de la Constitución. Así, por ejemplo, dedicó uno de esos artículos a la ley de plazos del aborto, recurrida por el partido conservador, y la llegó a calificar de "ocurrencia".

"Hace unos días, cuando la ministra de o para la Igualdad, Bibiana Aído, presentó su propuesta de ley de plazos del aborto, adelantó que las mayores de 16 años podrían decidir por sí mismas, sin autorización de los padres o tutores: si pueden casarse o tener hijos, pueden también abortar. Por la misma regla de tres podrían constituir hipotecas, comprar o vender inmuebles, bonos Madoff, letras del Tesoro, trabajar en turno de noche, hacer horas extraordinarias, ser plenamente responsables en el orden penal (y no con los privilegios de la legislación penal de menores), incorporarse a cualesquiera de los Ejércitos o a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. ¡Ah! y por supuesto, votar en las elecciones, consultas populares y referéndum varios. ¿Por qué no?", escribió con ironía el magistrado.

Sobre el procés, Arnaldo también escribió en El Imparcial, tal y como publicó este periódico. En Una medida necesaria, cuyo núcleo central era la defensa del artículo 155 y cuya aplicación dejó en suspenso la autonomía catalana, el jurista se expresó así: "El único artículo de la Constitución pensado para no ser aplicado jamás acaba de ser activado tras haberse constatado la sostenida, constante, manifiesta, negligente y contumaz actuación de la comunidad autónoma de Cataluña de incumplimiento de sus obligaciones constitucionales". El texto se publicó el 21 de octubre, el día en que entró en vigor el 155 y el ahora fugado Carles Puigdemont cesó como presidente de la Generalitat por decisión del Gobierno de Mariano Rajoy.

"La intervención en Cataluña propuesta por el Gobierno –aparece bajo el titular– es necesaria y proporcional. No se sustituye la autonomía, sino a los desleales responsables del desorden constitucional", afirmó. Las medidas aprobadas, concluyó, eran "coercitivas, pues se basan en la intervención en una comunidad autónoma que se ha saltado a las bravas, arbitrariamente, la legalidad". La conclusión final quedó expuesta con lo que viene a continuación: "No se suspende la autonomía, sino que se sustituye a los autores del desorden y de la deslealtad para hacer real y efectiva la vuelta a la Constitución".

Pero el Pleno del tribunal de garantías que ahora preside el conservador González-Trevijano ha defendido la "legitimidad de origen" de los magistrados Arnaldo y Espejel, igual que la del resto, porque todos los miembros del órgano son "elegidos por los tres poderes del Estado, lo que se proyecta en la pluralidad de perspectivas jurídicas que confluyen en las deliberaciones y decisiones, expresión de la idea de pluralismo político".

De todas formas, no es algo del todo novedoso el hecho de no apartar a magistrados del Constitucional, pues las recusaciones en la historia de este tribunal han sido bastante escasas, toda vez que no pueden ser sustituidos y, además, "es necesario que el Tribunal Constitucional sea un reflejo del pluralismo de la sociedad", en palabras del profesor de Derecho Constitucional y exletrado del TC Joaquín Urías.

Sin embargo, el pronunciamiento de este miércoles difiere por completo de la tendencia que se había visto en los anteriores incidentes de recusación presentados, también en relación con la causa del procés catalán. Y es que los magistrados Antonio Narváez y Cándido Conde-Pumpido se apartaron voluntariamente cuando fueron recusados por algunos de los condenados por el mismo caso ante su posible falta de imparcialidad por sendas conferencias que ambos pronunciaron hace unos años: el primero calificó el procés como "golpe de Estado encubierto" y el segundo manifestó su preocupación por "la pretensión de subvertir el Estado social y democrático de Derecho utilizando fraudulentamente la propia bandera de la democracia”.

Los dos magistrados se inhibieron, tras un intenso debate que dividió al tribunal, para que se mantuviera la confianza en los pronunciamientos del órgano con respecto a esa causa, sobre todo cuando los condenados ya han anunciado su intención de acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo.

Pero no ha ocurrido lo mismo con Arnaldo y Espejel. Ninguno de los dos se ha abstenido y por eso el asunto ha sido llevado a Pleno, cuyas conclusiones han visibilizado la nueva política con la que el sector mayoritario conservador que encabeza González-Trevijano y la minoría progresista al frente de la cual está el vicepresidente Juan Antonio Xiol quieren alcanzar amplios acuerdos en los asuntos más delicados y evitar así en lo posible que se repita la imagen de honda división vista en las sentencias relativas a la gestión de la pandemia de coronavirus.

¿Por qué si Conde-Pumpido y Narváez se apartaron, el TC ha decidido mantener a Arnaldo y Espejel? Para empezar, la abstención de los primeros fue voluntaria, es decir, fueron ellos mismos los que prefirieron inhibirse. Y, en segundo lugar, si los segundos hubiesen sido recusados, el Pleno quedaría sin el quórum de ocho magistrados exigido para poder resolver los recursos del procés, tal y como recuerda el propio tribunal.

Más de 300 artículos de opinión comentando lo divino y lo humano. Más de un centenar de colaboraciones en cursos de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (Faes) que le vinculan directamente con el PP. La vida del nuevo magistrado del Tribunal Constitucional (TC) Enrique Arnaldo anterior al nombramiento y su posicionamiento sobre ciertos asuntos hacen que se cierna sobre él la sospecha de la exclusión del debate de algunos de los temas que deba tratar junto al resto de miembros en los años que durará su mandato. No ha tardado mucho en llegar la primera sombra de duda: nada más tomar posesión, en el reparto de tareas a los nuevos magistrados, a Arnaldo le fue asignada la ponencia sobre la ley del aborto, sobre la que se pronunció claramente en contra y la calificó de "ocurrencia", como adelantó infoLibre.

Pero no todo es blanco o negro en este tribunal y cada caso en el que pueda haber dudas sobre su imparcialidad podrá ser abordado de forma individual. Y además, los precedentes en el tribunal demuestran que no es una práctica habitual en esta institución, un órgano político como pocos y que en muy escasas ocasiones ha apartado a uno de sus magistrados para debatir determinados asuntos.

Hay que tener en cuenta que el Constitucional no es un tribunal de justicia; no forma parte del Poder Judicial. Es el máximo intérprete de la Constitución española de 1978 y su tarea es decidir si los tratados internacionales, las leyes y el resto de normas que se van aprobando en todos los niveles del Estado se atienen a la Ley Fundamental o si invaden competencias que le corresponden a otros. Además, cualquier persona puede solicitar un recurso de amparo cuando considere que se han vulnerado sus derechos reconocidos en la Carta Magna. Por eso, no se trata de un tribunal que deba examinar pruebas en un juicio, de ahí que las recusaciones hayan sido muy escasas hasta la fecha. Se puede decir que su trabajo no es aplicar la ley, sino revisarla.

La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), a diferencia de otros ordenamientos como el alemán, no prevé causas de recusación de los magistrados, tal y como recoge el profesor de Derecho Luis E. Delgado del Rincón en su artículo La recusación de los magistrados del Tribunal Constitucional. Lo que hace esta norma es remitirse a lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que en su artículo 219 establece dieciséis supuestos para que un juez de jurisdicción ordinaria sea apartado de un procedimiento. El propio tribunal de garantías también ha elaborado una amplia jurisprudencia bastante restrictiva en cuanto a la apreciación de las causas de recusación y abstención debido, precisamente, a esa naturaleza singular del órgano y a su composición específica, ya que sus magistrados no son susceptibles de sustitución. Y ha dejado claro, entre otras cosas, que "fuera del ámbito" de las causas legales establecidas en ese artículo 219, "las aprensiones o los recelos que las partes puedan manifestar son jurídicamente irrelevantes".

"Para que en garantía de la imparcialidad un magistrado pueda ser apartado del conocimiento de un asunto concreto, es preciso que existan dudas objetivamente justificadas, es decir, exteriorizadas y apoyadas en datos objetivos que hagan posible afirmar fundadamente que el magistrado no es ajeno a la causa o permitan temer que, por cualquier relación con el caso concreto, no va a utilizar como criterio de juicio el previsto en la ley, sino otras consideraciones ajenas al ordenamiento jurídico", explica el tribunal en una de sus más recientes resoluciones.

De ahí que se puedan contar casi con los dedos de una mano los casos en los que algún magistrado del TC ha sido apartado o se ha abstenido por sí mismo del estudio de algún recurso. Y ha habido casos evidentes en los que un miembro del tribunal ya había expresado su opinión, jurídica o no, acerca de un determinado asunto y aun así ha participado en los debates y ha votado en el Pleno del órgano. Uno de los ejemplos más claros es el del magistrado Andrés Ollero, que acaba de agotar su mandato. Este exdiputado del PP próximo al Opus Dei se había opuesto en reiteradas ocasiones al aborto, llegando a decir que permitir a una mujer que interrumpa su embarazo supone "autorizar un acto de guerra contra su hijo" o que España se convertía en un "paraíso del turismo abortista" tras la aprobación de la ley de plazos del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El recurso de inconstitucionalidad del partido conservador sobre esta norma cayó en sus manos por reparto y ni sus pronunciamientos ni el hecho de haber sido diputado por la misma formación política impidió que fuera apartado. Él tampoco se abstuvo.

El caso de Ollero, con un posicionamiento tan claro sobre la ley que tenía que estudiar, puede llevar ya a pensar que con Arnaldo ocurrirá lo mismo, es decir, que no se apartará por sí mismo ni por sus compañeros. Eso sí, para sacar su ponencia adelante, sean cuales sean sus conclusiones, deberá contar con la mayoría del Pleno.

Dos precedentes: el procés y el Estatutprocés

Recientemente sí ha habido dos magistrados que se han apartado de un caso muy concreto, la deliberación de los recursos de amparo presentados por los condenados en la causa del proceso independentista catalán. El conservador Antonio Narváez y el progresista Cándido Conde-Pumpido. Las defensas les habían recusado alegando una posible falta de imparcialidad por sendas conferencias que ambos pronunciaron hace unos años: el primero calificó el procés como "golpe de Estado encubierto" y el segundo manifestó su preocupación por "la pretensión de subvertir el Estado social y democrático de Derecho utilizando fraudulentamente la propia bandera de la democracia”. Los dos magistrados se inhibieron, tras un intenso debate que dividió al tribunal, para que se mantuviera la confianza en los pronunciamientos del órgano con respecto a esa causa, sobre todo cuando los condenados ya han anunciado su intención de acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo.

Unos años atrás, con motivo del recurso de inconstitucionalidad contra el Estatut catalán, se presentaron varios incidentes de recusación y Pablo Pérez Tremps acabó fuera de la deliberación al haber elaborado tiempo antes un informe sobre las Relaciones exteriores de Cataluña, encargado en noviembre de 2003 por la Generalitat. Primero se le intentó apartar en virtud del apartado 16 del artículo 219 de la LOPJ ("haber ocupado el juez o magistrado cargo público o administrativo con ocasión del cual haya podido tener conocimiento del objeto del litigio y formar criterio en detrimento de la debida imparcialidad") y finalmente se le recusó por aplicación del apartado 13 ("haber ocupado cargo público, desempeñado empleo o ejercido profesión con ocasión de los cuales haya participado directa o indirectamente en el asunto objeto del pleito o causa o en otro relacionado con el mismo").

Estos son algunos de los precedentes que pueden jugar a favor o en contra de Enrique Arnaldo en su andadura en el TC. Lo que podría suponerle un obstáculo son los 331 artículos que publicó en el diario digital El Imparcial –que preside Luis María Ansón–, opiniones que distan mucho de ser análisis jurídicos sobre cuestiones como el aborto, la memoria histórica o la eutanasia. Todas ellas cuestiones contra las que el PP o Vox han impugnado o han anunciado su intención de impugnar ante el máximo intérprete de la Constitución.

El profesor de Derecho Constitucional y exletrado del TC Joaquín Urías explica a este periódico que hay que diferenciar entre un comentario meramente opinativo, es decir, un "prejuicio", y un examen jurídico. En su opinión, todo lo que pueda encuadrarse en el segundo supuesto no debería ser causa de recusación, pues lo que el magistrado hizo antes de ser designado para el tribunal es estudiar desde una perspectiva jurídica un asunto concreto. No es el caso de muchos de los 331 artículos de Arnaldo, que calificó de "ocurrencia" la ley de plazos del aborto y se opuso a desenterrar cadáveres de las fosas del franquismo. Sin embargo, Urías cree que hay que estudiar cada caso concreto, pues el hecho de haber expresado una opinión no se puede considerar causa automática de recusación.

El posicionamiento de la otra magistrada propuesta por el PP para el Constitucional, Concepción Espejel, sobre la ley de plazos del aborto no sería motivo, según este experto, para que se abstuviera de la deliberación del recurso a esta norma, pendiente de resolver desde hace más de once años. Como publicó infoLibre, Espejel dejó claro su rechazo al oponerse en julio de 2009 a un dictamen del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que respaldaba la constitucionalidad de la ley, entonces en fase de tramitación. Ella era entonces vocal del órgano de gobierno de los jueces y emitió un voto particular que, aunque es su opinión, no va más allá de un estudio puramente jurídico.

Reflejo del pluralismo de la sociedad

La evidente cercanía de Arnaldo al PP es otro motivo que podría llevar a que se plantee un incidente de recusación en los casos en los que este partido es el sujeto activo en un recurso de inconstitucionalidad o un recurso de amparo. Pero el profesor Urías no tiene claro que fuese a prosperar un intento por apartarle de un caso por este motivo, pues como explicó en un reciente artículo en el diario Público, "que se conozca la ideología de los jueces constitucionales y se tome en cuenta a la hora de su elección es algo natural y hasta necesario". Los magistrados del TC, añade, "cumplen una función que ha de expresarse mediante el razonamiento jurídico pero que responde con frecuencia a su propia ideología", y es que "es necesario que el Tribunal Constitucional sea un reflejo del pluralismo de la sociedad".

"No tiene lógica constitucional alguna criticar a ningún aspirante porque sea muy de derechas o muy de izquierdas. Lo único que se les debe exigir en este terreno es que sean independientes: que obedezcan exclusivamente a su interpretación lo más objetiva posible de la Constitución y nunca a las órdenes o sugerencias que les hagan llegar los partidos que los eligieron", abunda el profesor en su artículo.

Ceremonias de toma de posesión en el Tribunal Constitucional (TC) ha habido muchas desde la Constitución de 1978, pero pocas habían tenido tanta expectación como la que ha tenido lugar este jueves. La polémica que ha rodeado a la designación de Enrique Arnaldo tiene la culpa, pues ha terminado por poner definitivamente en el mapa a un tribunal que se encarga de revisar las leyes y que en los últimos meses se ha revelado como lo que es, un órgano con mucho poder que con sus resoluciones puede tener una gran influencia en el devenir de la política. Valgan las sentencias sobre la gestión de la crisis del coronavirus como ejemplo claro. Y tras la ceremonia, el tema de fondo que desde hace tres años sobrevuela corrillos políticos y judiciales: la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que sigue estando en boca de todos por el más que largo bloqueo al que se ve sometido este órgano. 

En años anteriores, la ceremonia en la que los nuevos miembros del Constitucional ocupan su nueva plaza no dejaba de ser un mero trámite, un acto más en el que políticos y magistrados se encontraban para cumplir con la solemnidad que suele acompañar a este tipo de eventos. Quizá sólo la toma de posesión de Enrique López, hace ocho años, pueda compararse con esta en cuanto a atención mediática, también por lo polémico del nombramiento al haber estado desde siempre muy vinculado al PP. El Enrique de 2021 se apellida Arnaldo, también ha sido designado por el partido conservador y ha superado con creces la controversia de su antecesor por la contradicción entre sus negocios privados y la legislación sobre las actividades prohibidas a funcionarios, su intrincado mapa de relaciones con involucrados en dos grandes casos de corrupción –Ignacio González y Jaume Matas– y los datos que ha ocultado al Congreso, del que era letrado.

Conocedor de todo lo que se ha publicado sobre él, Arnaldo ha conseguido pasar todo lo desapercibido que ha podido en una ceremonia que de por sí no permite a casi nadie destacar por nada. Como el resto de los nuevos magistrados, no ha leído ningún discurso, no ha tenido que jurar o prometer ningún cargo –ya lo había hecho antes en el Palacio de la Zarzuela ante el rey y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez– y después, ya como un miembro más del tribunal, ha estado arropado por su familia y el resto de invitados al acto. Nada se ha salido del guión y habrá que esperar a su primera sentencia como ponente o al sentido de sus votos en los plenos para informar de la andadura de este catedrático de Derecho en el órgano de garantías.

La ceremonia ha empezado puntual a mediodía, con los ministros Félix Bolaños, Pilar Llop y Margarita Robles casi recién sentados, pues han apurado su llegada y apenas les ha dado tiempo a intercambiar unas palabras con algunos de los asistentes, incluido el presidente del Tribunal Supremo y el CGPJ, Carlos Lesmes. A las doce, el silencio se ha hecho en el salón y han entrado los todavía futuros magistrados, ataviados con la toga. A continuación, un trabajador del órgano de garantías ha anunciado la llegada del tribunal y todo el salón se ha puesto en pie para recibir a los diez magistrados –uno dimitió hace un año y otro se encuentra de baja por enfermedad– que hasta esa hora formaban el tribunal.

"Dar ejemplo" y hacer una labor "honesta y discreta"

El que sí ha leído un discurso ha sido el ya expresidente del Constitucional Juan José González Rivas, quien cesaba en el cargo al haber agotado, y excedido en un año por esta renovación tardía, su mandato. Imposible no pensar en el polémico nombramiento de Arnaldo cuando ha recordado que los magistrados han de “dar ejemplo” y llevar a cabo una labor “honesta y discreta” y que "los tribunales constitucionales han de estar a la altura de unos estándares muy exigentes, ya que se les ha confiado la protección e interpretación de la Constitución". González Rivas ha preferido no ir más allá y aunque en el discurso que tenía preparado tenía escrito que los miembros del TC deben “ser ejemplo de virtud y decencia”, finalmente ha optado por omitir estos dos sustantivos y los ha sustituido por “dar ejemplo”.

Arnaldo ha sido el segundo en subir al escenario del salón de actos del Tribunal Constitucional para el presidente saliente le impusiera la medalla de magistrado. Previamente había subido Juan Ramón Sáez Valcárcel, propuesto por el PSOE. Uno por uno han ido ocupando sus asientos junto a sus ya compañeros de tribunal: Arnaldo, junto a la progresista María Luisa Balaguer, que le ha tocado el brazo en un gesto de bienvenida; Sáez Valcárcel, junto al ex fiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido. La tercera en recibir su medalla ha sido para Concepción Espejel, el "otro" nombramiento polémico que, aunque en un principio centró la atención por haber sido apartada de los tribunales del caso Gürtel por posible vinculación con el PP, ha quedado eclipsada casi desde el principio por los escándalos de Arnaldo. Se ha sentado junto a Sáez Valcárcel, al que conoce bien de la Audiencia Nacional, donde ambos han compartido mesa de tribunal en más de una ocasión. Junto a Arnaldo, ha tomado asiendo la otra magistrada propuesta por los socialistas, Inmaculada Montalbán.

La solemnidad de una ceremonia que está muy tasada y que se lleva desarrollando así desde hace cuarenta años no da para muchas anécdotas. Quizá sí ha habido un momento diferente cuando dos magistrados han dejado a un lado el protocolo: Sáez Valcárcel y Balaguer, ya como compañeros de tribunal, han abandonado el salón de actos juntos y conversando animadamente, mientras el resto de miembros del Pleno lo hacían callados y en fila india. 

El nuevo presidente

Después de la ceremonia era momento para relajarse y se han sucedido numerosas conversaciones entre asistentes y los nuevos magistrados, después de que estos se hicieran la pertinente foto oficial. Montalbán, Sáez Valcárcel y Espejel no podían evitar mostrar su alegría por el nombramiento. Seguro que Arnaldo también estaba contento, pero su expresión no dejaba de reflejar cierta tensión. Eso sí, de los cuatro nuevos, es el que más fotos se ha hecho con su gente de confianza. 

El foco tras la toma de posesión también ha estado sobre Pedro González-Trevijano, previsiblemente el nuevo presidente del Constitucional, a la espera de que el Pleno le vote en una reunión que se ha convocado para este mismo viernes. Mientras, la presidencia estará en manos del magistrado Santiago Martínez-Vares en el cargo quizá más efímero que se recuerda.

Y el CGPJ, ¿para cuándo? Ha sido la pregunta que tocaba ahora que se ha materializado la renovación de un órgano que también llevaba tiempo bloqueado. Unas fuentes hablaban de apenas días, tal vez unas dos semanas, para que se anuncie el acuerdo entre el Gobierno y el PP. Otras fuentes, sin embargo, rebajaban bastante ese optimismo y no querían aventurar ninguna fecha para un pacto que se lleva haciendo desear desde hace tres años y que en varias ocasiones ha estado a punto de caramelo, pero siempre ha acabado en chasco.

Superada la renovación de los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC) correspondiente al Congreso, que llevaba bloqueada justo un año, la pregunta que cabe hacerse ahora es: ¿qué va a pasar en junio de 2022, cuando les toque el turno al Gobierno y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)? El primero debe designar entonces a dos nuevos miembros del tribunal de garantías; el segundo, a otros dos. Aún quedan siete meses para eso, pero de momento el órgano de gobierno de los jueces sigue bloqueado y en funciones, por lo que no puede hacer nombramientos discrecionales en virtud de la reforma legislativa impulsada por PSOE y Unidas Podemos a principios de este año. Y ante esta situación, el Ejecutivo de coalición ya estudia la posibilidad de sacar adelante su renovación sin el CGPJ.

El Constitucional está conformado por doce miembros y la ley orgánica que regula su funcionamiento prevé su renovación por tercios, es decir, por grupos de cuatro magistrados en cada proceso. Fuentes de las dos formaciones que integran el Gobierno consultadas por infoLibre reconocen que hay debate jurídico sobre si el Ejecutivo puede renovar sin el CGPJ porque hasta la fecha nunca se había planteado esta posibilidad que ahora sí está sobre la mesa en caso de que el PP siga bloqueando la sustitución de los veinte vocales del órgano de gobierno de los jueces, que están a punto de cumplir tres años en situación de interinidad.

La Constitución establece, en su disposición transitoria novena, que las propuestas de Gobierno y CGPJ "se entenderán agrupadas", lo que, según algunas interpretaciones, obligaría a que una y otra institución tengan que renovar a la vez. Pero otros juristas consultados creen que esta disposición sólo hacía referencia a la primera composición del tribunal de garantías y, por tanto, se podría interpretar que, salvo en ese caso, la designación que haga el Ejecutivo no está vinculada necesariamente a la del órgano de gobierno de los jueces.

Fuentes jurídicas recuerdan el caso de Antonio Narváez, nombrado por el Gobierno de Mariano Rajoy en sustitución de Enrique López cuando éste dimitió tras ser sorprendido conduciendo su moto en estado de embriaguez y sin casco. López había sido designado en el turno del Ejecutivo y, cuando renunció un año más tarde, el Consejo de Ministros nombró a un sustituto, es decir, no dejó la plaza vacante al no ir ésta acompañada del CGPJ.

En el Gobierno de coalición defienden la segunda interpretación, por lo que, según su parecer, no habría impedimento legal que no permitiera al Ejecutivo cumplir con su función de nombrar a dos miembros del órgano de garantías. Es decir, consideran que el Consejo de Ministros tiene autonomía legal para renovar las dos plazas del TC que le corresponden. Lo contrario supondría una anomalía, insisten, que otorgaría al PP el poder de bloquear también las designaciones que le corresponden única y exclusivamente al Gobierno.

Siete meses más de mayoría conservadora

En todo caso, el asunto se sigue estudiando en el seno del Ejecutivo de coalición, aunque las fuentes consultadas insisten en que confían en que el CGPJ esté renovado para el próximo mes de junio y los cuatro nuevos magistrados que deben ocupar asiento en el Constitucional lo hagan a la vez en tiempo y forma. Hasta entonces, las sensibilidades en el tribunal continuarán como hasta ahora, es decir, los conservadores retendrán la mayoría, pues en la última renovación el Gobierno nombró a dos jueces progresistas, Inmaculada Montalbán y Ramón Sáez Valcárcel, y el PP, a dos conservadores, Enrique Arnaldo y Concepción Espejel. Los cuatro toman posesión de sus cargos este jueves. Y además, Pedro González-Trevijano ocupará la presidencia del órgano por ser el magistrado que reúne más apoyos en la mayoría conservadora y forma parte del turno con más antigüedad.

Pero esta situación cambiará previsiblemente a mediados del año que viene: se da por seguro que el Gobierno elegirá a los dos magistrados progresistas, mientras que el órgano de gobierno de los jueces suele designar a uno de cada tendencia. Y González-Trevijano cesará al haber agotado su mandato y se designará un nuevo presidente que saldrá del turno de magistrados más veteranos, entre los que está Cándido Conde-Pumpido, ex fiscal general del Estado, quien llegó al órgano de garantías en marzo de 2017 a propuesta del PSOE en el Senado.

De momento, no hay avances en las conversaciones Gobierno-PP para renovar el CGPJ. Después de que anunciaran hace unas semanas el desbloqueo para renovar a los cuatro magistrados del Constitucional correspondientes al turno del Congreso, todo parecía indicar que podría haber un acercamiento en las malogradas negociaciones sobre el órgano de gobierno de los jueces. Sin embargo, ya hace casi un mes que se conocieron los nombres para el tribunal de garantías y el diálogo sigue enquistado, según apuntan fuentes conocedoras de las negociaciones.

Hace sólo unos días que el líder del partido conservador, Pablo Casado, insistió en quesigue exigiendo una reforma de la ley vigente, cambiar la fórmula de elección de los vocales del CGPJ, para poner fin a la obstrucción a la que está sometiendo una renovación que debía haberse producido hace ya casi tres años. La misma condición que lleva poniendo desde el pasado mes de febrero, cuando el acuerdo parecía más cerca que nunca desde finales de 2018.

El próximo 16 de noviembre está previsto que comience otro macrojuicio del caso Gürtelcaso Gürtel. Pero no será un juicio cualquiera, pues lo que se examina es la llamada Época II, la segunda etapa de actividades de la red corrupta en la Comunidad de Madrid, esta vez en el municipio de Boadilla del Monte, y el PP vuelve a sentarse en el banquillo como posible beneficiario a título lucrativo. Es decir, por lucrarse supuestamente con los negocios de la trama. Y en el tribunal que deberá dictar sentencia está el magistrado José Ricardo de Prada, a quien el partido conservador viene señalando como el artífice de su primera condena y de las frases más contundentes de la sentencia que sacó a Mariano Rajoy de la Moncloa y al que intentan apartar de todas las piezas de esta macrocausa y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Sin embargo, sus compañeros en la Audiencia Nacional descartan cualquier sesgo ideológico que le impida juzgar con imparcialidad este caso de corrupción. 

En el tribunal que juzgará la Época II hay tres magistrados de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. De ellos, dos ya han juzgado previamente piezas del caso Gürtel: el presidente, José Antonio Mora Alarcón, y José Ricardo de Prada. El paso de éste último por el tribunal que juzgó la Época I hizo que varios de los acusados, incluido el que fuera número dos de la trama corrupta, Pablo Crespo, y el PP, trataran de apartarle de la vista oral que comienza este martes. Sin éxito. Quince magistrados de la Sala de lo Penal lo rechazaron, avalando la postura de la Fiscalía Anticorrupción, que tampoco estaba de acuerdo en recusarle.

Es decir, sus compañeros de la Audiencia Nacional no ven causa para apartarle por las causas esgrimidas por los acusados. El PP citó como motivos su supuesta cercanía al PSOE o las "afirmaciones" de la sentencia de la Época I "de las que puede inferirse ánimo acusatorio" contra el partido. Ninguno de estos argumentos fue compartido por el Pleno de la Sala. Todo ello, a pesar de que De Prada sí fue apartado para juzgar la causa de la caja b del PP, pues en la sentencia que derivó en la moción de censura ya tuvo que examinar pruebas sobre esa contabilidad opaca, la cual se dio por acreditada casi tres años antes de que ésta fuera objeto de su propia vista oral.

Fuentes próximas al magistrado consultadas por infoLibre insisten en que De Prada está y siempre ha estado "absolutamente al margen de la política" y que su único propósito es "impartir justicia" en los casos que se le asignan para enjuiciar, ya que, según recuerdan, ningún juez elige los juicios que le tocan.

Procedimientos diferentes

En el caso del juicio de la Época II, el auto del Pleno de la Sala que confirmó a De Prada como miembro del tribunal, de octubre de 2019 y consultado por este periódico, esgrime que es un procedimiento penal "diferente" al de la Época I que se han tramitado en piezas separadas: aunque en las dos este magistrado "entró en contacto" con las pruebas contra el Grupo Correa, la "actuación desplegada" en cada una de las piezas fue en municipios diferentes. En la primera, en Majadahonda y Pozuelo, mientras que en la segunda fue en Boadilla se depura la actividad de personas, sólo en parte coincidentes, en este último municipio.

"Aunque ambas causas dilucidan la relevancia penal de comportamientos desarrollados en entornos próximos y puede existir alguna premisa fáctica concreta común, no es cierto que en el anterior proceso se analizara y diera por probado hechos que son también objeto de la presente pieza, ni el magistrado pudo formar opinión o prejuzgar los acontecimientos que serán ahora examinados", concluye.

Ser propuesto por el PSOE "no proyecta duda en la sociedad"

En cuanto al otro argumento defendido por el PP en su incidente de recusación, posible cercanía al PSOE, pues fue el partido que le propuso para la renovación fallida del CGPJ en 2018, el auto remarca que "ni los términos de las manifestaciones del magistrado tienen entidad o incidencia para afectar a la apariencia de imparcialidad, ni la designación para cargos en que se valora la experiencia o que son fruto del consenso entre partidos políticos comporta necesariamente pérdida de imparcialidad o interés personal en la causa".

Los magistrados del Pleno creen que estas circunstancias "no arrojan dudas sobre la independencia de criterio" de De Prada. "La posible afinidad ideológica no justifica la existencia de interés directo o indirecto en un magistrado ni su pérdida de imparcialidad", añaden.

¿Por qué entonces esta diferencia con el tratamiento a Concepción Espejel, Enrique López y Juan Pablo González, quienes fueron recusados de todos los juicios del caso Gürtel por haber sido vocales del CGPJ a propuesta del PP? Para la Sala, no puede haber "paralelismo" entre estos tres magistrados y De Prada, pues en esta macrocausa se juzgan hechos contra el "partido político proponente" de Espejel, López y González, mientras que en el caso de De Prada, éste "fue propuesto como vocal a impulso de un partido político en oposición al que es parte en la causa, situación que no compromete la apariencia de imparcialidad ni proyecta duda en la sociedad sobre la independencia de criterio del magistrado".

La primera sentencia "no denota malquerencia"

Sobre el "ánimo acusatorio" que ve el PP en De Prada tras la sentencia de la Época I, el Pleno de la Sala recuerda que "los razonamientos judiciales de la susodicha sentencia expresan el criterio de la mayoría del tribunal, no de un concreto magistrado, que ni siquiera figura como ponente". Cabe recordar que el PP fue condenado como partícipe a título lucrativo en el primer juicio de Gürtel por mayoría de dos magistrados, José Ricardo de Prada y Julio de Diego, y que el presidente del tribunal, Ángel Hurtado, emitió un voto particular discrepando de esa conclusión.

En este sentido, la Sala reprocha al partido que no llegue a precisar "qué interés pueden demostrar en el recusado, directo o indirecto, que comporte un prejuicio en el nuevo enjuiciamiento" sobre la Época II. "El tenor de la sentencia esgrimida no denota malquerencia, ni desdibuja la imagen de imparcialidad; las frases relatadas corresponden al enjuiciamiento de unos hechos complejos y relacionados entre sí, coadyuvan a la condena de los estimados en aquella causa responsables en las vertientes penal y civil, y constituyen disgresiones explicativas sobre la fuente del convencimiento judicial, que corroboran la decisión principal", apunta.

Además, hay que recordar que esa sentencia fue confirmada casi íntegramente –a excepción de varios ajustes en las penas de prisión y multas– por el Tribunal Supremo, que no cambió ni una coma de las conclusiones alcanzadas por De Prada y De Diego, incluidas las referidas a la confirmación de que el PP mantuvo una contabilidad en negro durante al menos veinte años.

Querían que dejara de poner sentencias

La recusación a la que se enfrentó De Prada por el juicio que comienza este miércoles no era la primera. Siempre, en el marco del caso Gürtel. Primero le intentaron apartar del enjuiciamiento de la Época I; después, en el de la caja b del PP, cosa que al final ocurrió porque ya se había pronunciado sobre esa financiación ilegal en el primer juicio. Esto no ha impedido que otros magistrados hayan condenado al partido conservador como responsable civil subsidiario de los delitos cometidos por el extesorero Luis Bárcenas. Y como el horizonte judicial en la Audiencia Nacional era muy negro para el PP, en el otoño de 2018 el partido de Pablo Casado optó por aceptar a De Prada como vocal del CGPJ con el objetivo de que saliese del tribunal. 

"Es bueno para la justicia española que deje de hacer lo que estaba haciendo, que deje de poner sentencias", dijo al magistrado el diputado del PP Carlos Rojas durante su comparecencia ante la Comisión Consultiva de Nombramientos del Congreso, durante el procedimiento, que luego resultó fallido, para renovar a los vocales del órgano de gobierno de los jueces. Pero ahora, tres años después de esta comparecencia y con el CGPJ aún sin renovar, el PP vuelve a preferir que se quede en la Audiencia Nacional.

El nombre de De Prada surge cada cierto tiempo como uno de los supuestos escollos para nombrar a los nuevos veinte vocales. En todos los procesos de negociación entre el Gobierno y el PP que ha habido desde 2018, el magistrado aparece como la persona que veta el partido conservador y en la que siguen insistiendo PSOE y Unidas Podemos. El diario El Mundo, sin embargo, publicó recientemente que la Moncloa había aceptado el veto de los de Pablo Casado con respecto a De Prada, pero de momento no se presentan avances para un futuro acuerdo.

Autos, sentencias, conferencias, artículos... Son muy variopintos los motivos por los que un juez es apartado o se abstiene por sí mismo de algún asunto que ya conoce o sobre el que ya se ha pronunciado públicamente con anterioridad. También les ocurre a algunos magistrados que se incorporan al Tribunal Constitucional (TC), pues son personas con una amplia carrera en la judicatura o catedráticos y juristas que se han pronunciado de una u otra manera sobre temas que están de actualidad en algún momento pero sobre los que más adelante se tienen que posicionar para dictar sentencia. 

Es lo que le puede ocurrir a la que será nueva magistrada Concepción Espejel. Como otros, la actual presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha pasado por distintos órganos judiciales en los que ha visto causas de muy distinta índole. También fue vocal en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a propuesta del PP, entre los años 2008 y 2013. Más allá de su afinidad con el partido que la aupó a este organismo y que podrían afectar a su implicación en casos que tenga que estudiar el Constitucional de ahora en adelante, en su paso por el órgano de gobierno de los jueces se posicionó explícitamente en contra de la ley de plazos del aborto, la que impulsó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2009 y la misma que lleva más de once años esperando una sentencia en el tribunal de garantías.

No es que Espejel se pronunciara en contra del aborto, sino que lo hizo contra esa ley en concreto, de la que criticaba su "defectuosa técnica jurídica" y la "retórica ideológica, con abuso de términos vagos e imprecisos, en detrimento del alcance prescriptivo que corresponde a toda norma y con flagrante violación de los principios constitucionales de legalidad y de seguridad jurídica". A su juicio, la voluntad individual de la mujer no está por encima de "un bien jurídico merecedor de protección constitucional como es la vida humana" del concebido.

El precedente del procésprocés

Así se refleja en el voto particular que firmó Espejel en julio de 2009 junto con otro vocal cuando el CGPJ tuvo que elaborar su informe preceptivo como órgano consultivo del Gobierno. Este posicionamiento público debería bastar para que la magistrada se apartara del procedimiento visto el criterio restrictivo que se ha impuesto en el Constitucional en los últimos meses. Criterio según el cual se aceptó la renuncia de dos magistrados, Antonio Narváez y Cándido Conde-Pumpido, para tratar todos los recursos relacionados con el procés debido a dos conferencias dadas hace años en las que habían dado su opinión sobre este asunto.

En el caso del procés, se trata de recursos de amparo, es decir, presentados por los propios condenados, mientras que en el caso de la ley del aborto, se trata de un recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP. Pero cuando el tribunal aceptó la abstención de Conde-Pumpido justificó esta decisión en la consecución de un refuerzo de la imagen de imparcialidad de este órgano.

En su voto particular en el órgano de gobierno de los jueces, Espejel afirmaba que "la eventual ampliación o la pretendida mayor aceptación social del ámbito de libertad y autonomía personal que se trata de proyectar sobre la libertad sexual y la libre decisión, así como sobre la procreación y la maternidad, además de ser fruto de la responsabilidad personal, no pueden afirmarse con carácter absoluto, cuando existe una cuestión previa que limita la voluntad individual, en tanto que esa decisión afecta a un bien jurídico con valor intrínseco, merecedor de protección constitucional, como es la vida humana del nasciturus".

Espejel discrepaba "del juicio de constitucionalidad" contenido en el informe de la mayoría, el cual consideraba "ajustado a nuestra Ley de Leyes el supuesto de interrupción voluntaria del embarazo sometido a plazo". La magistrada reprochaba que esta interpretación "opta por la libertad exclusiva de la mujer para decidir acerca de la vida y la muerte del concebido", lo que se aparta, en su opinión, "del referido canon constitucional, que sólo da cobertura a un sistema de indicaciones que pondere efectivamente el valor personal y la garantía de la vida del nasciturus".

"No cabe reconocer una libertad individual, o un supuesto derecho subjetivo al aborto, enmascarado en el informe como igualdad en el derecho de acceso a la prestación sanitaria, a partir de una conducta o acto que supone la negación o la destrucción de un bien jurídico como el de la vida humana; sin que quepa admitir, en Derecho, conflicto entre ese bien jurídico y la dignidad personal de la mujer embarazada. Pretensión esta cuyo único y débil fundamento se encuentra en el recurso interesado a la ideología o enfoque de género, marcado por la indeterminación y la ambigüedad conceptual. Ello conduce a reconocer el énfasis sesgado que marca la pauta de todo el anteproyecto, ya desde su art. 1º, al declarar como objeto de la ley garantizar, en un entorno libre de coerción, discriminación y violencia, los derechos fundamentales en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, regular las condiciones de la interrupción voluntaria del embarazo y establecer las correspondientes obligaciones de los poderes públicos”, señalaba Espejel.

El papel de los poderes públicos, según Espejel

Para la magistrada, la ley de plazos no garantiza que la intervención de los poderes públicos tenga "virtualidad suficiente para disuadir a la mujer de la realización de la interrupción voluntaria del embarazo", de modo que, "de no corregirse esa carencia, no cabe decir que el Estado haya dispuesto de las garantías necesarias para proteger la vida del nasciturus, como concluyó el Tribunal Constitucional" en su sentencia de 1985 sobre la despenalización parcial del aborto. Por eso, advertía de que "de la actuación del Estado cabe esperar, en esta materia, no una actuación neutral, sino guiada activamente por una finalidad protectora de la vida del concebido, que exige de los poderes públicos una actitud decididamente disuasoria de la realización de la interrupción voluntaria del embarazo".

Espejel también abogaba en su voto por que "la prestación del consentimiento en materia de interrupción voluntaria del embarazo siga sujeta al régimen de la mayoría de edad, de tal modo que los menores de edad, salvo emancipación o situación legalmente asimilada, no puedan prestar consentimiento, por su sola voluntad". Este precepto de la ley de plazos que permitía el aborto para menores de 16 y 17 años fue el que luego eliminó el Gobierno de Mariano Rajoy.

Con la entrada de Espejel y otros tres nuevos magistrados en el Constitucional en las próximas semanas, la ponencia de la sentencia sobre la ley de plazos del aborto se repartirá de nuevo, ya que el encargado hasta ahora, Andrés Ollero, saldrá del tribunal al haberse agotado su mandato. Ollero, próximo al Opus Dei y exdiputado del PP, no había encontrado respaldo de la mayoría del tribunal para sacar adelante su propuesta en contra de la norma, por lo que el asunto nunca se ha llevado a Pleno. Además, parte del TC considera que ya ha perdido objeto al haber renunciado el Ejecutivo de Rajoy a cambiar la ley cuando tuvo oportunidad con su mayoría absoluta.

Ahora, el futuro presidente del tribunal de garantías –pues el actual, Juan José González Rivas, también cesará próximamente– procederá a reasignar los asuntos de todos los magistrados salientes. El magistrado que se haga cargo deberá estudiar el asunto para hacer su propia propuesta y llevarla a un Pleno.

La vida anterior de Espejel también le puede pesar a la hora de analizar asuntos que puedan afectar al PP por haber sido recusada para enjuiciar todas las piezas derivadas del caso Gürtel. La decisión de la Audiencia Nacional se basó en que su imparcialidad quedaba cuestionada por sus vínculos con el partido y esta argumentación podría pasar factura a la magistrada en su nueva andadura en el Constitucional, adonde llegará cuando pase el examen del Congreso.

El PSOE y el PP ya han cerrado un acuerdo para renovar cuatro plazas del Tribunal Constitucional (TC) que llevaban dos años caducadas y de todos los nombres propuestos por uno y otro partido destaca uno por encima de todos: Concepción Espejel, actual presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y magistrada predilecta para el partido conservador. Su imagen tan cercana a esta formación política llevó a sus compañeros a recusarla, junto a Enrique López, de todos los tribunales que se iban a encargar de juzgar las distintas piezas del caso Gürtel.

Espejel accedió a la carrera judicial en 1983 y pasó por juzgados de Vinaroz, Reus y Valls antes de entrar en la Audiencia Provincial de Tarragona. Más tarde, en 1999, presidió la Audiencia de Guadalajara en 1999 y casi una década después entró como vocal en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), también a propuesta del PP en el Senado. Una votación en la que participó el extesorero del PP Luis Bárcenas, encausado y después condenado por el caso Gürtel e imputado en la causa por la presunta financiación ilegal de su partido, más conocida como caja b o los papeles de Bárcenas.

En 2014, el Gobierno de Mariano Rajoy le impuso la Cruz de San Raimundo de Peñafort, en un acto en el que la entonces secretaria general del partido conservador, María Dolores de Cospedal, se dirigió a ella como "querida Concha", dejando clara su afinidad. El paso de la magistrada por el CGPJ y las palabras de Cospedal llevaron a acusaciones de la macrocausa Gürtel a recursarla para juzgar la pieza sobre la primera época de actividades de la trama corrupta, lo que se repitió con el resto de piezas. Sus compañeros de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional aceptaron apartarla, algo que también hicieron con el que hoy es el responsable de Justicia del PP y consejero en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, Enrique López. 

Incluso el fiscal de la causa de la caja b, Antonio Romeral, estuvo de acuerdo en apartar a estos dos magistrados, al admitir que no puede afirmarse que las "dudas" sobre la falta de imparcialidad de los magistrados sean "de todo punto irracionales", ya que ambos "han desempeñado un cargo en cuya designación ha intervenido el PP".

Esto ocurrió en 2015, pero dos años después, gracias a la mayoría conservadora del CGPJ, el mismo que sigue vigente hoy en día debido al bloqueo que mantiene el PP para su renovación, Espejel fue ascendida a presidenta de la Sala de lo Penal, desde donde ha seguido participando en juicios correspondientes a la Sección Primera.

Otros casos: Altsasu y Trapero

Por ejemplo, presidió la vista oral por el caso de la agresión a dos guardias civiles en Altsasu que acabó en condenas para todos los acusados, aunque el tribunal descartó por unanimidad la acusación de delitos terroristas que había invocado la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Más recientemente, otro destacado juicio, el del jefe de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, también estuvo presidido por Espejel. En este caso, el tribunal se partió en dos: mientras que dos magistrados impusieron su mayoría para absolver al mayor, la presidenta de la Sala de lo Penal emitió un extenso voto particular, más largo incluso que la sentencia, oponiéndose y dejando claro que compartía la tesis del Ministerio Público de condenar por sedición.

En los últimos años, Espejel ha intentado ascender al Tribunal Supremo, pero finalmente los vocales se decantaron por otros perfiles, aunque sí auparon a la Sala de lo Penal de este órgano a Ángel Hurtado, magistrado que sí estuvo en el primer juicio de Gürtel y que fue el único que se pronunció en contra de condenar al PP como partícipe a título lucrativo de la trama de corrupción.

Ahora, el PP ha premiado a Espejel con un puesto tan reconocido como el de magistrada del Tribunal Constitucional. Su propuesta ha llegado con el aval del PSOE. Nada más conocerse los nombres, fuentes del PP han destacado que todos los perfiles propuestos para el tribunal de garantías y para otros órganos como el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos cumplen el requisito de ser "perfiles profesionales y técnicos de reconocido prestigio". Por su parte, desde el PSOE han manifestado, sin personalizar en nadie en concreto, que todos los propuestos "tienen un prestigio reconocido y una dilatada trayectoria profesional" y que "son nombres de consenso".

Enrique Arnaldo: otro perfil muy vinculado al PP

El otro nombre que ha propuesto el partido de Pablo Casado para el TC es el de Enrique Arnaldo. No es la primera vez que su nombre aparece en las quinielas, siempre vinculado al PP. Formó parte del CGPJ entre 1996 y 2001, donde coincidió con Enrique López. Es letrado de las Cortes y desde 2002 compagina esa labor con la de abogado especializado en derecho público, constitucional y administrativo en el despacho Estudios Jurídicos y Procesales.

Pero su nombre también salió a relucir hace años, concretamente en el sumario del caso Lezo, otra gran causa de corrupción que afecta a la formación conservadora y cuyo principal imputado es el que fuera mano derecha de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, Ignacio González. De las conversaciones intervenidas se deriva que Arnaldo medió para intentar apartar a jueces y fiscales incómodos para el PP. En una de las charlas, por ejemplo, aseguraba a González que estaba realizando gestiones para situar al frente de la Fiscalía General del Estado a "uno bueno" que sustituyera a Consuelo Madrigal.

Otro juez de la Audiencia Nacional y una defensora de la perspectiva de género 

De los nombres propuestos por el PSOE para el tribunal de garantías, uno de ellos es el de Juan Ramón Sáez Valcárcel, compañero de tribunal de Espejel en el juicio contra Josep Lluís Trapero. Este juez de sensibilidad progresista fue el ponente de la sentencia de absolución del mayor de los Mossos, en la que se mostró muy duro con la actuación del Gobierno de Rajoy durante el procés, al que afeó la inacción que en el otoño de 2017 se puso de manifiesto cuando se convocó el referéndum independentista del 1 de octubre, tras su celebración y sabiendo de una futura declaración unilateral de independencia que el president Carles Puigdemont ya se había encargado de anunciar con semanas de antelación.

Valcárcel también estuvo en el tribunal que absolvió a los acusados por el asalto al Parlament, resolución que después el Supremo revocó e impuso condenas que el Constitucional confirmó. Asimismo, participó en la condena por la estafa piramidal de Fórum Filatélico, la condena al exconsejero madrileño Francisco Granados por el chivatazo de la trama Púnica o la absolución de los 40 acusados de pertenecer a Segi.

Inmaculada Montalbán es la cuarta persona propuesta para el Constitucional por parte de los socialistas. Actualmente es magistrada en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y también fue vocal del CGPJ entre 2008 y 2013. Está considerada una experta en igualdad de género, violencia de género y derecho antidiscriminatorio, por lo que fue elegida para presidir el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género en el órgano de gobierno de los jueces. 

El acuerdo entre PSOE y PP llega justo ocho días después de que en el Pleno del Congreso el líder del PP, Pablo Casado, ofreciera al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, renovar estos órganos constitucionales dejando al margen el Consejo General del Poder Judicial, que fue la causa de que se truncaran las negociaciones el pasado mes de febrero. Estos son los nombres:

Tribunal Constitucional:

Tribunal de Cuentas:

Defensor del Pueblo:

Agencia Española de Protección de Datos:

El magistrado Juan Pablo González, presidente de la Audiencia Provincial de Madrid, forma parte del tribunal que ha confirmado el archivo de una denuncia que presentó Podemos contra José María Aznar en la que le acusaba de mentir en su comparecencia de 2018 en el Congreso sobre varios asuntos, incluida la presunta financiación ilegal del PP. Todo ello pese al historial de González de afinidad al partido conservador: en 2001, con Aznar en La Moncloa, el PP le propuso como vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), puesto para el que resultó elegido por el Senado y en el que permaneció hasta 2008; además, participó en varios cursos organizados por la Fundación para el Análisis y Estudios Sociales (FAES), que dirige el expresidente del Gobierno.

Todas estas conexiones con el PP llevaron hace tres años a la Audiencia Nacional, cuando formaba parte de este órgano judicial, a apartarle del tribunal que debe juzgar cuatro piezas del caso Gürtelcaso Gürtel, incluida la relativa a la presunta financiación ilegal del partido –sobre el pago de las obras de la sede de Génova con dinero negro– y cuya vista oral, en la que Aznar será citado como testigo, comienza precisamente la próxima semana. Unos meses después de la recusación, en noviembre de 2018, González fue designado por el CGPJ –con el voto favorable de 11 de los 21 vocales– para presidir la Audiencia Provincial de Madrid. 

Este puesto en el órgano judicial autonómico no le deja exento de participar en deliberaciones de recursos o en celebrar juicios. González forma parte de la Sección 29 de la Audiencia Provincial, en la que el pasado otoño recayó el recurso que había presentado Podemos ante el archivo de su denuncia contra Aznar en los juzgados de instrucción. En la deliberación han participado tres magistrados y González ha sido el presidente de la sala, aunque no el ponente de la resolución.

Juan Pablo González fue el tercer juez de la Audiencia Nacional en ser recusado de los juicios de Gürtel por sus vínculos con el PP. Antes que él fueron Concepción Espejel, actual presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional,y Enrique López, actual consejero de Interior y Justicia del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso así como responsable de Justicia y Administraciones Públicas del partido conservador. Entre sus funciones dentro del PP está la interlocución con el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, para la renovación del CGPJ, pendiente desde hace más de dos años.

Pese a la afinidad manifiesta con el PP, sobre todo en los tiempos de Aznar, González ha estudiado la denuncia que Podemos había presentado contra el expresidente después de que éste compareciera en la comisión de investigación del Congreso, precisamente la que versaba sobre la presunta financiación irregular del PP, una de las investigaciones desgajadas de la macrocausa de corrupción Gürtel y la revelación de los conocidos como papeles de Bárcenas, la contabilidad opaca que el extesorero fue apuntando a lo largo de veinte años.

La formación morada denunció a Aznar por un delito del artículo 502 del Código Penal, que castiga con una pena de prisión de seis meses a un año o con una multa de 12 a 24 meses al que "convocado ante una comisión parlamentaria de investigación faltare a la verdad en su testimonio". En concreto, le acusó de mentir por decir que la sentencia de la primera época de actividades de la trama Gürtel afecta sólo a dos municipios madrileños; negar que conociera al líder de la trama, Francisco Correa, a pesar de que fue uno de los invitados a la boda de su hija; poner en duda la existencia de una caja B en el PP; negar la participación de soldados españoles en la guerra de Irak; y negar asimismo que tuviera relación con el empresario José Ramón Blanco Balín, pese a que ambos colaboraron en una revista de estudios financieros en los años ochenta.

"Reservas, inexactitudes o reticencias"

El pasado 30 de octubre, el Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid archivó la denuncia por considerar que se limita a cuestionar las palabras de Aznar "cuando en realidad debería haber presentado prueba documental o testifical que afirme lo contrario". De este modo, Podemos recurrió en apelación ante la Audiencia Provincial, que el pasado 10 de diciembre –el auto ha sido notificado ahora– confirma el archivo afirmando que el artítulo 502 del Código Penal debe interpretarse de forma restrictiva, de modo que no se incurra en dicho delito por meras "reservas, inexactitudes o reticencias". "Debe alterarse sustancialmente la verdad", en el sentido de que las declaraciones del compareciente sean "relevantes a los efectos de la investigación", explica el tribunal.

Y los magistrados van más allá al recalcar que "si cualquier falta de rigor en una declaración prestada en un procedimiento judicial o en una comparecencia de una comisión de investigación parlamentaria fuera considerada relevante penalmente, prácticamente la totalidad de dicha clase de deposiciones darían lugar a la incoación de una causa penal".

Para el tribunal, las palabras de Aznar a las que alude Podemos en su denuncia "carecen de relevancia a los efectos de la comisión de investigación", pues "o bien son opiniones o son interpretaciones del compareciente sobre una resolución judicial o sobre un acontecimiento". Más concretamente, sobre lo que dijo de la sentencia de Gürtel, recuerda que "el derecho a la libertad de expresión avala la crítica a las resoluciones judiciales". 

"En resumen, el recurso no va a prosperar, pues los hechos relatados en la denuncia no presentan caracteres de delito", ha sostenido la Audiencia Provincial. Contra esta resolución ya no caben más recursos, de manera que deviene firme.

La sentencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que ha absuelto al mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluis Trapero y a los mandos políticos de la policía catalana, ha contado con el voto particular discrepante de la presidenta del tribunal Concepción Espejel que considera que tanto Trapero como el que fuera director de la policía autonómica Pere Soler debieron ser condenados como coautores de un delito de sedición.

En un extenso voto particular de 461 páginas –que contrastan con las 96 de la sentencia– La magistrada estima que ha quedado probado que Trapero, en su condición de mayor del Cuerpo de Mossos d'Esquadra, sumó sus esfuerzos al propósito de que se celebrara a toda costa el referéndum del 1-O que había sido suspendido por el Tribunal Constitucional.

"Han quedado acreditados actos que propiciaron la pasividad de los mossos con el propósito de coadyuvar a la celebración del referéndum. Por otro lado, estimo, que también se ha acreditado el acuerdo con los líderes independentistas, el cual pudo ser expreso o tácito, inicial o adhesivo", indica la magistrada.

Espejel incide en que con el fin de hacer posible la consulta, a medida que iban siendo dictadas las instrucciones del Fiscal Superior de Cataluña, primero, y la resolución de la magistrada del TSJC, después, de común acuerdo con el conseller Joaquim Forn y el director de la Policía, Trapero fue poniendo diversas trabas a su cumplimiento; oponiéndose de forma "contumaz" a la coordinación con el coronel Pérez de los Cobos, coordinador del dispositivo policial para el referéndum independentista del 1 de octubre de 2017.

"Se opuso a la coordinación por parte del Coronel Pérez de los Cobos; minimizando la gravedad de los sucesos producidos el día 20 de septiembre –en la Conselleria de Economía–; insistiendo reiteradamente en el carácter pacífico de las movilizaciones, pese a conocer por los sucesivos Informes de Inteligencia la alta previsibilidad de reacciones violentas y enfrentamientos", apunta en su escrito.

"Envió copia de diligencias a responsables políticos" 

En este sentido, Espejel asegura que Trapero permitió la supervisión y control por parte de los dirigentes políticos de las actuaciones que iban a desarrollarse y "facilitó que la información recibida por los promotores del 1-0 fuera utilizada para favorecer los planes soberanistas". También, habría "enviado copia a los responsables políticos de numerosas diligencias llevadas a cabo por los mossos en su condición de miembros de la policía judicial".

Al hilo, señala que las decisiones de Trapero y Soler en los días previos al 1-0 pautaron "la pasividad de los mossos" que permitió "la ocupación de colegios y fue esencial para el logro de la celebración del referéndum".

A este respecto, apostilla que los mossos mantuvieron en general "una actitud pasiva e intencionadamente tolerante" en los días anteriores al 1-0 y ese día también, y "incluso en ocasiones se produjeron enfrentamientos con los agentes del cuerpo nacional de Policía y de la Guardia Civil para impedir o dificultar que estos cumpliesen con lo ordenado por la autoridad judicial".

Además, la magistrada apunta que Trapero, "que conocía la hoja de ruta del Govern para la Declaración Unilateral de Independencia" de Cataluña, presentó un plan para el teórico cumplimiento de la Instrucción de la fiscalía que era deliberadamente "ineficaz" para el cumplimiento de lo ordenado y evitar el referéndum.

"El referido plan de actuación (...) resultaba ineficaz para evitar el referéndum por cuanto adolecía de falta de concreción, establecía formas de comunicación que ralentizaban su cumplimiento y omitía informaciones muy relevantes de las que el mayor tenía conocimiento a través de numerosos informes de valoración del riesgo emitidos por la Comisaría General de Información", recalca.

Asimismo, incide en que el mayor de los mossos no introdujo modificaciones al diseño del plan –un binomio policial para cada colegio, al margen de la conflictividad previsible en los diversos centro–, pese a que se le advirtió que tanto el Fiscal Superior de Cataluña como el Fiscal General del Estado no consideraban que el plan fuera idóneo, por ser propio de unas elecciones legales.

Una actuación de mínimos

Espejel suma a esto que seguidamente el mayor, aprovechando que las órdenes contenidas en la resolución de la magistrada del TSJC eran menos concretas que las dadas en las instrucciones del Fiscal Superior y la referencia contenida en el auto dictado por la misma a la necesidad de preservar la convivencia, pautó una actuación de mínimos por parte de los Mossos.

Incide en que esa actuación se programó tanto para los días previos como para el propio día 1 de octubre, y que se fijaron unas pautas de actuación para el teórico cumplimiento de la resolución del TSJC, sabiendo que las mismas eran claramente ineficaces para impedir el referéndum, máxime cuando el propio mayor anticipó su contenido a los responsables políticos y las mismas se publicitaron incluso por redes sociales.

La magistrada señala así que esto posibilitó que los que instigaban la iniciativa Escoles Obertes conocieran de antemano cual iba a ser la actuación del Cuerpo de Mossos d'Esquadra, y que bastaría la concentración de familias, personas mayores y colectivos vulnerables para que los binomios no pusieran obstáculo alguno a la ocupación previa de los colegios ni a la celebración del referéndum ilegal.

Además, indica que para asegurar que la actuación de la generalidad de los mossos no supusiera obstáculo real a la ocupación previa de los colegios y a la celebración del referéndum, Trapero estableció un rígido sistema de petición de apoyos por las patrullas y de transmisión de órdenes por parte de los mandos que evitara cualquier iniciativa o actuación directa de los agentes; de modo que, cuando pudiera adoptarse alguna medida, ésta resultara ineficaz.

"De modo que, cuando las mismas llegaban a los agentes que se encontraban sobre el terreno, si es que llegaban, la intervención resultaba ineficaz. Ello dificultó la acción inmediata para la ocupación de los instrumentos y efectos destinados a la votación", ahonda.

Soler y las órdenes del gobierno frente a las judiciales 

Respecto al exdirector de la Policía Pere Soler, el voto particular explica que no solo no dio las instrucciones a las que venía obligado, en el ejercicio de su cargo, para el cumplimiento de la Ley y de las órdenes judiciales, sino que, contraviniendo las mismas, sostuvo el derecho a votar de los ciudadanos, que los Mossos debían garantizarlo, que organizar un referéndum no era delito y que debían prevalecer las órdenes gubernativas sobre las que pudieran dar los jueces y fiscales.

Y añade que favoreció conscientemente que, bajo la apariencia de formal acatamiento de las órdenes judiciales recibidas, la actuación de mossos no comportara obstáculo alguno para la celebración del referéndum.

El séptimo cambio en la composición del tribunal que debe juzgar los papeles de Bárcenas acaba de situar como nueva ponente de la futura sentencia a una jueza conservadora, María Fernanda García, previo desplazamiento de Fernando Andreu. Considerado progresista, Andreu era quien tenía encomendada redactar la resolución. Ahora, el magistrado queda fuera de la sala tras haber superado dos recusaciones fallidas que, bajo el argumento de que es amigo de Baltasar Garzón, primer instructor del caso, plantearon sendos acusados en otra pieza de Gürtel: la de los contratos que AENA adjudicó a la trama corrupta durante la etapa de Cascos como ministro de Fomento. 

Lo que se juzgará en la pieza de los papeles de Bárcenas, para cuya vista no hay todavía fecha, son los hechos que se relacionan con la creación, mantenimiento y funcionamiento de la caja B del PP, que ya aparece como "plenamente acreditada" en la sentencia de la pieza troncal del caso. Luis Bárcenas y otros cuatro acusados compartirán banquillo. El quinto, el mentor de Bárcenas y antiguo tesorero Álvaro Lapuerta, ya fallecido, fue exonerado en 2015 por "demencia sobrevenida". Otra parte de la pieza de los papeles o de la caja B –la de las presuntas donaciones de empresarios a cambio de contratos públicos– permanece reabierta en fase de instrucción.

Fernando Andreu sale del tribunal que ha de enjuiciar la pieza de mayor calado político de todas las pendientes en el caso Gürtel como consecuencia de un movimiento de fichas a varias bandas. La secuencia, confirmada en sus hitos principales por este periódico en fuentes de la Audiencia Nacional, ha sido esta: María Fernanda García Pérez, que en 2014 se había incorporado a la Sala de Gobierno del TSJ andaluz elegida en la lista de la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y ahora se encontraba destinada en la Audiencia de Madrid, desembarca en la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en febrero. Lo hace después de que la permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobara "por mayoría" el día 14 de ese mes nombrarla en comisión de servicios para la Audiencia Nacional.

De Carlos Lesmes a Concepción Espejel

Una vez catapultada a su nuevo puesto por el núcleo duro del Poder Judicial, de mayoría conservadora y que adopta sus acuerdos bajo la batuta del presidente del órgano de gobierno de los jueces, Carlos Lesmes, la presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia, Concepción Espejel, decidió situar a García Pérez en la sección segunda. Esa sección de la Sala Penal de la Audiencia Nacional es la que tiene a su cargo los juicios de Gürtel.

Una vez en la sección segunda, la jueza María Fernanda García recibió todos los casos cuya ponencia había correspondido por turno de reparto al magistrado Juan Pablo González hasta que en noviembre de 2018 fue designado presidente de la Audiencia de Madrid gracias a los votos de la mayoría conservadora del Poder Judicial. Que la elección de García Pérez como nuevo miembro de la sección segunda fue decisión personal de Espejel consta en la providencia enviada el día 27 a las defensas y acusaciones personadas en el caso de los papeles de Bárcenas. La sección segunda está presidida por la también conservadora María José Rodríguez Duplá, que a su vez presidirá el juicio de los papeles de Bárcenas. Como tercera integrante de la sala que ha de dirigir esa vista aparece la magistrada María Riera.

Antes de su ascenso a la presidencia de la Audiencia de Madrid, Juan Pablo González había sido excluido de las causas derivadas de Gürtel por su cercanía al PP. Era el tercero que abandonaba el tribunal por ese motivo. La primera había sido la propia Concepción Espejel, cuya recusación por las acusaciones populares y posterior apartamiento introdujo en octubre de 2015 el primer cambio en el tribunal encargado de juzgar la mayor parte de las causas derivadas de Gürtel: la llamada pieza troncal o Época 1, que es aquella cuya sentencia certificó en mayo de 2018 la existencia de la caja B, cuestionó la veracidad del testimonio prestado por Mariano Rajoy y describió de manera descarnada el "sistema de corrupción institucional" tejido entre ese partido y la trama de Francisco Correa.

Junto con Espejel, y también con la adhesión de la Fiscalía Anticorrupción a los postulados de las acusaciones populares, fue apartado al mismo tiempo y por idénticos motivos otro juez: Enrique López.

El siguiente cambio en la composición del tribunal llegó cuando, en abril de 2018, el progresista José Ricardo de Prada solicitó pasar a servicios especiales para trasladarse de manera transitoria al tribunal penal internacional de La Haya. Bestia negra del PP, los conservadores consideran a De Prada una figura clave en la sentencia de mayo de 2018, la que precipitó la moción de censura contra Rajoy. Tras el verano, el magistrado pidió su reincorporación a la Audiencia Nacional. La permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se lo denegó.

Tras la marcha de De Prada a Holanda, quien sí se incorporó en julio a los tribunales que debían juzgar las otras piezas de Gürtel fue Ángel Hurtado. Es decir, el juez que había presidido la primera vista y a quien De Prada y el tercer juez de la sala, Julio de Diego, dejaron en minoría en dos momentos cumbre del juicio: cuando se planteó si Rajoy debía o no testificar –al final tuvo que hacerlo– y cuando en la sentencia se abordó si el PP debía ser condenado como beneficiario económico de la trama, que es lo que finalmente ocurrió por mayoría de dos a uno. Pero la permanencia de Hurtado en la sala fue efímera: ese mismo mes, y como adelantó infoLibre, pidió su traslado a otra sección.

Fue en noviembre cuando se incorporó Fernando Andreu, durante años juez instructor en la misma Audiencia Nacional y ya para entonces miembro de la Sala Penal. A Andreu le tocaron los casos pendientes de Gürtel como sustituto, por reparto, de aquellas causas originalmente asignadas a Juan Pablo González y de las que había sido apartado en abril previa recusación por su proximidad al PP. Al nombrar el Poder Judicial a otra magistrada, María Fernanda García Pérez, para cubrir la plaza que la marcha de González a la Audiencia Provincial había dejado libre, Andreu ha quedado fuera de escena. 

La configuración del tribunal que debe juzgar la caja B del PP vivió otro momento convulso cuando en diciembre de 2017 la sala de gobierno de la Audiencia Nacional cambió sobre la marcha y con carácter retroactivo la identidad de sus miembros. Las acusaciones populares intentaron anular esa decisión pero fracasaron en el empeño.

Además de en el de la caja B, María Fernanda García participará en el tribunal de todas las causas cuyo número acabe en 5 o 6. Y justo con esos números figuran la pieza de Época 1, donde intervendrá en las decisiones relativas a la situación personal de los condenados –es decir, fianzas y peticiones de libertad–, la de los contratos del Ayuntamiento de Jerez con la red de Correa y la de relativa a la visita del Papa a València en 2006. En principio, y una vez haya sentencia sobre la pieza de AENA, García también se sumará al tribunal a la hora de decidir sobre responsabilidades civiles y situación de los condenados si es que los hay.

La sentencia de la rama principal del caso Gürtel, la llamada Época 1, que certifica la caja B del PP, pone en duda la credibilidad del presidente y describe un "sistema de corrupción institucional", se ha convertido en una suerte de prueba de cargo de por qué la judicatura ha vivido desde 2015 una guerra abierta en torno a la presencia de jueces afines a la formación conservadora en los tribunales designados para enjuiciar las distintas piezas en que se divide la causa.

Desde 2015, seis jueces de la Sección Segunda de la Audiencia Nacional han ido siendo designados para formar parte de la terna que debía enjuiciar distintas piezas de Gürtel. De ellos, tres –los tres del sector conservador y mayoritario de la judicatura– acabaron sucesivamente excluidos por su cercanía al PP: Concepción Espejel, ahora presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia; Enrique López, instalado hoy en la poderosa Sala de Apelaciones; y Juan Pablo González.

Ahora, la decisión del Poder Judicial (CGPJ) de excluir por razones oficialmente administrativas al progresista José Ricardo de Prada de la sala que este miércoles debe desvelar si envía o no a prisión a la mujer de Luis Bárcenas y a otros siete condenados ha situado en el tribunal a otra magistrada conservadora: María José Rodríguez Duplá, presidenta de la Sección Segunda y una de las firmantes del voto particular con que cinco jueces se opusieron el pasado 8 de mayo al apartamiento de Juan Pablo González. 

Ese tribunal es el cuarto de la serie si se atiende a los sucesivos cambios en su composición, si bien solo el segundo –el que enjuició la pieza de Época 1– y este último han intervenido de algún modo en el proceso. Y todos los observadores consultados creen que será ese cuarto tribunal el que aplique un criterio benévolo que dé al traste con la solicitud de prisión incondicional formulada el lunes por la Fiscalía para Rosalía Iglesias y los otros siete condenados.

A la primera sala pertenecían Concepción Espejel, Enrique López y Julio de Diego. En el segundo, Espejel y López fueron sustituidos por el conservador Ángel Hurtado, presidente y ponente, y por De Prada, cuya coincidencia de criterio con De Diego terminó siendo crucial para forzar la declaración testifical de Rajoy y, sobre todo, en la redacción de la sentencia. En el tercer tribunal, designado para enjuiciar los papeles de Bárcenas y otras tres piezas del caso –la visita del Papa a Valencia, los contratos de Aena y los del Ayuntamiento de Jerez–, se incorporó Juan Pablo González, finalmente recusado, como sustituto de Julio De Diego.

Y en el cuarto, tras el apartamiento de De Prada bajo el argumento de que su situación de servicios especiales no le permite participar en el tribunal responsable de dictar las medidas cautelares, permanece De Diego porque en teoría se trata de la misma sala que juzgó la pieza de Época 1. En el puesto de De Prada, se ha integrado Rodríguez Duplá toda vez que Juan Pablo González está inhabilitado para rozar cualquier asunto vinculado a Gürtel.

Tras el paréntesis del segundo tribunal, que por la confluencia de De Prada y De Diego dio un vuelco a la mayoría –conservadora– que hace apenas tres años todas las fuentes jurídicas daban por segura, la correlación de fuerzas regresa al punto de origen: Gürtel vuelve a estar en manos del sector conservador.Gürtel  ¿Será esa misma tripleta –Duplá, Hurtado y De Diego– la que juzgue las piezas para las que inicialmente había sido nominado Juan Pablo González? Todavía no hay respuesta oficial a esa pregunta. Pero esa se perfila como una hipótesis probable, dado que en la Sección Segunda no hay más magistrados entre los que elegir.

Fuentes de la Audiencia aseguran que Rodríguez Duplá decidió ocupar la vacante de De Prada porque la normativa se lo permite dada su condición de presidenta de la Sección Segunda. Otras fuentes que conocen de primera mano el funcionamiento del tribunal aducen que Duplá dio ese paso porque quien, según las normas de reparto, había de sustituir a De Prada era precisamente Juan Pablo González. Y que dado que su recusación para todos los juicios de Gürtel hacía presumir que también aquí sería recusado, Duplá optó por incorporarse ella misma a la sala.

La recusación de González y el "criterio de Youtube"

Igualmente suscrito por Ángel Hurtado, también miembro del tribunal encargado de resolver sobre las medidas cautelares, el voto particular de Rodríguez Duplá y otros cuatro jueces en el asunto de Juan Pablo González ridiculiza el acuerdo por el que la mayoría de la Sala de lo Penal de la Audiencia aceptó su recusación. Aplicando la pauta seguida ya en 2015 respecto de Concepción Espejel y Enrique López, la Sala de lo Penal apartó a González recalcando que no se cuestiona su imparcialidad sino su apariencia de imparcialidad.

Pero el voto particular que firman Duplá y Hurtado sostiene que esa afirmación no se justifica ni explica mínimamente. "No sabemos si obedece a un criterio de Youtube; de Facebook, de Twitter o es producido por un medio de comunicación", escriben sus autores. El entrecomillado ilustra de manera gráfica su posición, antagónica a la auspiciada no solo por las acusaciones populares sino por la propia Fiscalía Anticorrupción, cuya investigación sobre la trama ha terminado derivando en la sentencia que desde el jueves pasado mantiene en jaque al presidente del Gobierno.

Es en esta guerra abierta en el seno de la judicatura donde se inscribe el apartamiento de De Prada. Acordado gracias al voto de calidad del presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, –el asunto generó un empate de cuatro a cuatro en la comisión permanente del CGPJ–, el interrogante radica en si su exclusión forma parte de lo que, en privado e incluso en ciertos documentos públicos, las acusaciones populares llevan meses definiendo como una maniobra sostenida para lograr un tribunal a la medida del PP. 

"Un artificio" para apartar al progresista De Prada

Los portavoces oficiales del Poder Judicial aseguran que jamás ningún magistrado en situación de servicios especiales había solicitado que se le habilitase de nuevo para participar no ya en la redacción de sentencia de un juicio en el que hubiera tomado parte sino para resolver sobre las medidas cautelares y las eventuales solicitudes de aclaración que puedan formular las partes. Pero el hecho de que entre los cuatro vocales de la comisión permanente del CGPJ que apoyaron la continuidad de De Prada figure Fernando Grande-Marlaska, expresidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia y adscrito a la mayoría conservadora, añade incertidumbre al porqué real de la exclusión dictada en última instancia por Lesmes.

Por la tarde, la asociación progresista Jueces para la Democracia emitió un comunicado en el que califica de "artificio" los argumentos de Lesmes. Es un artificio, dice la asociación, distinguir la firma de la sentencia de la decisión sobre las medidas cautelares respecto a los condenados y de resolución de los recursos de aclaración, rectificación y subsanación. "La decisión del CGPJ es cuestionable constitucionalmente y erosiona aún más la imagen de independencia e imparcialidad de los tribunales ante la sociedad en los casos de corrupción pública", dice el comunicado. Las otras asociaciones judiciales no han emitido pronunciamientos oficiales.

El autodenominado sindicato Manos Limpias, cuyo líder se encuentra a un paso del banquillo por presunta extorsión a Cristina de Borbón y distintas entidades financieras, acaba de reaparecer de manera inesperada en el caso de los papeles de Bárcenas. Y lo ha hecho enviando a la Audiencia Nacional un escrito donde alaba a dos de los tres jueces que, por su cercanía al PP, ya han sido apartados de esa causa: Concepción Espejel, presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia, y Juan Pablo González. El texto combina la defensa de los dos magistrados con el ataque a las acusaciones populares que recusaron a esos dos magistrados. Es decir, todas menos la que formalmente ejerce Manos Limpias: Adade, IU, el PSOE y Observatori Desc.

En esta pieza de Gürtel, la más política de todas por cuanto afecta a la caja B del PP, Manos Limpias luce el marchamo de acusación popular. Pero su actividad ha sido prácticamente nula desde la operación policial que en abril de 2016 condujo a prisión a su jefe de filas, Miguel Bernad, y al máximo responsable de Ausbanc, Luis Pineda. Hoy, el proceso contra Bernad, Pineda y otros 12 inculpados a los que el juez Santiago Pedraz acusa de extorsionar a personas y entidades financieras se encuentra en espera de que la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia resuelva el recurso de sus defensas, según informaron fuentes jurídicas a infoLibre.

En ese contexto, Manos Limpias ha optado por emerger con un escrito que dedica duros reproches a las otras acusaciones populares por impugnar la decisión de la presidenta de la Sala de lo Penal de cambiar con efecto retroactivo el tribunal que debe dirigir el juicio sobre la caja B del PP. Son las mismas acusaciones que luego recusaron a González. Todos ellos –escribe el abogado del "sindicato de funcionarios"– fueron "temerarios" y actuaron "con fines espurios". ¿Cuáles? "Alargar innecesariamente el proceso" y, así, "alargar la pena de telediario".  En cambio –sostiene el escrito–, "Manos Limpias interpone querellas y ejerce la acusación popular para que se imparta justicia y no para que los procedimientos se alarguen de forma malintencionada".

"Reputados magistrados"

Sin citar de forma expresa a González, el escrito traza una encendida aunque implícita loa del juez, que desembarcó en el tribunal del caso después de que, bajo el impulso de Espejel, la Sala de Gobierno de la Audiencia cambiase de forma retroactiva su composición. "Manos Limpias –dice el texto– confía en la independencia e idoneidad de los magistrados que componen la Sala y entiende que no se puede sembrar duda respecto a los mismos ya que se trata de reputados magistrados".

Finalmente, González no estará en ese segundo tribunal: el pasado 27 de abril, a solicitud de las otras acusaciones populares y con la adhesión expresa de la Fiscalía Anticorrupción, el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia acordó excluir al magistrado de cualquiera de las ternas que dirigirán vistas derivadas del tronco común de Gürtel. Espejel no participó en esa sesión precisamente porque ya en 2015 ella misma fue apartada del caso. El escrito de Manos Limpias lleva fecha de 4 de mayo, una semana después de que González fuese relevado de todos los tribunales de Gürtel.

Según Manos Limpias, ninguna razón impedía a Espejel participar en la votación interna que en noviembre acabó con el sorpresivo cambio en la composición de tribunal de los papeles. Y esa es la votación recurrida por las otras acusaciones populares no solo por su carácter retroactivo sino justamente también porque en ella participó Espejel.

La organización olvida incluso que Espejel también fue apartada por la Audiencia –en enero de 2016– de la pieza de los papeles. De ese olvido queda constancia en el siguiente párrafo: "Es constante el argumento de que la magistrada fue recusada en el conocido como caso Gürtel y que por tanto no debe participar siquiera en la votación y composición de la Sala en el presente caso pero debemos señalar que no es causa de recusación o abstención el haber sido recusada en otro procedimiento distinto del presente. No existe una recusación permanente para todo proceso".

El escrito tiene por objeto oponerse a los recursos de súplica de las otras acusaciones populares contra el cambio de tribunal decidido en noviembre por la sala de gobierno. Pese a que González ya no formará parte de ese tribunal –será necesario ahora configurar nada menos que una tercera sala–, las acusaciones han mantenido vivos sus recursos para que la Audiencia tenga que pronunciarse sobre la cuestión básica: el cambio de sus integrantes iniciales y su sustitución por otros con carácter retroactivo.

La decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de apartar a Juan Pablo González del tribunal que debe enjuiciar la pieza de Gürtel conocida como la de la caja B o de los papeles de Bárcenas ha elevado a tres el número de jueces excluidos de todos los procesos vinculados a esta macrocausa de corrupción por su afinidad al PP. González había sido recusado por todas las acusaciones populares con la adhesión explícita de la Fiscalía Anticorrupción, como adelantó infoLibre. Su apartamiento se ha producido este viernes por nueve votos a favor y ocho en contra.

El magistrado, que no podrá participar en la vista de la caja B ni en otras tres derivadas del tronco común de Gürtel -la visita del Papa a Valencia, los contratos otorgados por AENA a la trama y los adjudicados por el Ayuntamiento de Jerez- sigue así la senda de Concepción Espejel y Enrique López, que ya fueron recusados y apartados en 2015. Dos años más tarde, Espejel se convirtió en mayo de 2017 en presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. 

Desde ese puesto, la magistrada pilotó el pasado otoño una maniobra que alteró a última hora la composición del tribunal que ya había sido designado para enjuiciar los papeles de Bárcenas. De la nueva sala, conformada también por miembros de la Sección 2ª de la Sala de lo Penal, desapareció el magistrado Julio de Diego, aquel cuyo voto deshizo el empate en la sala del primer proceso de Gürtel celebrado en la Audiencia, el de la llamada Primera Época, lo que forzó la comparecencia de Mariano Rajoy como testigo. El lugar de De Diego pasó a ocuparlo Juan Pablo González, cuya carrera profesional ha crecido bajo el impulso del PP. Aquella maniobra de cambio de tribunal sobre la marcha ha acabado teniendo un efecto bumerán.

En su escrito de recusación la acusación popular que encabeza IU sostuvo como "obvio" que aquellas resoluciones "que el magistrado pudiera tomar y que no fuesen del agrado del partido presidido por el señor Rajoy Brey pudieran frustrar cualquier promoción de su carrera judicial".

Íntima amistad con Mayor Oreja

González llegó en 2001 al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta del PP en el Senado, participó en cursos de FAES, y fue nombrado magistrado de enlace en París ya con Rajoy como presidente. "Además –señalaba el texto–, la prensa ha venido reflejando la íntima amistad del magistrado González con el ex ministro del PP Jaime Mayor Oreja, cuyo hermano José Mayor Oreja aparece en la contabilidad B del PP". En la votación del Senado que aupó a González al CGPJ participaron otros dos dirigentes del PP cuyos nombres aparecen en los papeles de Bárcenas: Pío García Escudero, que ya ha declarado como testigo en la instrucción, y Jesús Sepúlveda, coordinador electoral del PP durante buena parte de la etapa que reflejan los manuscritos del extesorero Luis Bárcenas.

La recusación de González fue el último intento de las acusaciones por impedir el desembarco de Juan Pablo González en los tribunales de Gürtel. Previamente, impugnaron el acuerdo de la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional que había avalado el cambio de tribunal: ese paso, vino a ser el argumento central, alimentaba la sospecha de que se había preparado un tribunal a la carta para el PP. Aunque los recursos contra esa decisión fueron desestimados, los argumentos manejados pusieron "en alerta" a miembros de la judicatura que sin pertenecer al llamado sector progresista -minoritario- vieron con temor que la sombra del desprestigio acechaba de nuevo. 

Una de las acusaciones, la ejercida por los socialistas, invocó por ejemplo una sentencia de 2015 del Tribunal Constitucional que advierte del riesgo de modificar la composición del tribunal asignado a un caso. La garantía de independencia e imparcialidad –dice esa sentencia– "quedaría burlada si bastase con mantener el órgano [en este caso, la Sección 2ª de la Sala Penal de la Audiencia] y pudiera alterarse arbitrariamente sus componentes, que son quienes, en definitiva, van a ejercitar sus facultades intelectuales y volitivas en las decisiones que hayan de adoptarse". Según el PSOE, el cambio, con efectos retroactivos, en las normas de reparto de las causas que corresponden a la sección segunda de la Sala Penal "encaja perfectamente en el concepto de designación ex post facto, es decir una vez conocidas las causas y su relevancia para el Partido Popular en el gobierno". Y eso "podría dar lugar a la nulidad de la causa".

María Dolores de Cospedal otorgó dos convenios al Instituto de Derecho Público (IDP) de la Universidad Rey Juan Carlos, es decir, al organismo autónomo de la Universidad Rey Juan Carlos que organizó el máster que mantiene a Cristina Cifuentes al borde del precipicio.

La ministra de Defensa y número dos del PP suscribió personalmente el primero de esos dos acuerdos en 2002 cuando era subsecretaria de Administraciones Públicas en el Gobierno de Aznar.

En abril de 2006, dos meses antes de abandonar su puesto como consejera de Transportes en el Ejecutivo de Esperanza Aguirre para lanzarse a disputar la Presidencia de Castilla-La Mancha al PSOE, Cospedal dio vía libre al segundo convenio, que garantizaba al IDP 40.000 euros. ¿A cambio de qué? De una serie de tareas genéricas de asesoramiento jurídico y por la elaboración, en tres meses, de una "ley de movilidad de la Comunidad de Madrid". Fuentes que en esa época conocían de primera mano los engranajes del departamento de Transportes aseguran que jamás tuvieron noticia de un solo papel que pudiera considerarse como borrador o estudio preliminar de una futura ley de movilidad, aunque no descartan que llegase a existir algún tipo de documento de esas características.

Portavoces de la ministra aseguraron este viernes que, dados los años transcurridos, Cospedal no recuerda "los términos económicos" del primero de esos dos acuerdos, es decir, el rubricado por ella misma como subsecretaria de Administraciones Públicas bajo el mandato ministerial de Jesús Posada. Sorprendentemente, el "convenio marco"  no detalla cuánto recibiría la Rey Juan Carlos y su entonces incipiente IDP. Como tampoco especifica las tareas concretas asignadas al instituto que ya entonces dirigía el catedrático Enrique Álvarez Conde.

Cospedal, dijo su entorno, tampoco conoce los resultados del segundo convenio, el correspondiente a su época como consejera de Aguirre, dado que el seguimiento de su contenido le correspondió "al equipo posterior". En junio de 2006, Cospedal, que acababa de ser madre, dejó la política madrileña. La sucedió en la Consejería de Transportes Elvira Rodríguez, hoy presidenta de la empresa pública estatal Tragsa.

A la pregunta de por qué la ahora ministra creyó oportuno suscribir ambos convenios, las fuentes consultadas por infoLibre se limitaron a responder, en el primer caso, que "el Instituto también firmó acuerdos con otros Ministerios e instituciones", como se refleja en la memoria del curso 2002-2003, de la que este diario envió a su equipo una copia obtenida de la web oficial del IDP. En lo que concierne al segundo convenio, el fraguado en su etapa como consejera de Transportes de Madrid, la respuesta fue esta: "Era un instituto acreditado en Derecho Público, tal como lo demuestra el número de convenios firmados con la administración a lo largo de años". 

Convenio de 60.000 euros con Trabajo

El equipo de Cospedal no lo menciona de forma expresa. Pero su alusión a que ya en el bienio 2002-2003 el IDP se benefició de otros acuerdos va dirigida al convenio suscrito en ese mismo periodo con el Ministerio de Trabajo y que reportó al instituto nada menos que 60.000 euros, no se sabe exactamente a cambio de qué: han sido inútiles todos los intentos de recabar, directamente o a través de la Rey Juan Carlos, la versión del controvertido instituto universitario a lo largo de esta semana. Por razones que la memoria del IDP no detalla, el convenio con el Ministerio de Trabajo no lleva fecha. Pero necesariamente tuvo que firmarse ya en la etapa de Eduardo Zaplana -nombrado titular de Trabajo en julio de 2002- dado que lo firma quien a partir de su toma de posesión ocupó el puesto de subsecretario, José María Olano.

El segundo de los acuerdos vinculados a Cospedal se canalizó en abril de 2006 a través del ya extinto Mintra -el ente público que gestionaba las infraestructuras de transporte de Madrid. Su articulado garantizaba al IDP 40.000 euros a cambio de, entre otras tareas más difusas, elaborar una Ley de Movilidad. Fuentes que conocían de primera mano en esa época el funcionamiento interno de Mintra niegan haber tenido jamás la menor noticia de ningún texto que pudiera conceptuarse como borrador o proyecto de Ley de Movilidad.

Gran defensora de la presidenta de Madrid desde que salieron a la luz los primeros indicios de que Cifuentes había logrado el máster en Derecho Público del Estado Autonómico sin cumplir los requisitos obligados -"defendamos lo nuestro y a los nuestros", exhortó al PP en la convención de hace una semana- , Cospedal firmó el primer convenio con el IDP el 23 de abril de 2002.

En aquel momento, el IDP funcionaba de facto como un tentáculo de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) pero faltaban aún tres años para que el Ejecutivo de Esperanza Aguirre aprobase su creación formal y lo dotase de personalidad jurídica propia. A partir de abril de 2005. No obstante y además de por Enrique Otero, a quien el hoy magistrado del Tribunal Constitucional Pedro González-Trevijano sucedió como rector de la Rey Juan Carlos ese mismo año, el convenio fue suscrito por el catedrático Enrique Álvarez Conde, cuya suspensión como director del IDP anunció la universidad madrileña este mismo viernes.

Las defensas de los ocho acusados por la agresión en Alsasua (Navarra) a dos guardias civiles y sus parejas presentaron un escrito ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en el que piden la abstención, y subsidiariamente instan a la recusación, de la presidenta del tribunal que les va a juzgar, la magistrada Concepción Espejel, al considerar que no va a ser imparcial por los "lazos" que la unen a la Guardia Civil, informa Europa Press.

El motivo por el que las defensas presentaron el escrito es "la existencia de un interés directo o indirecto de la magistrada en el proceso judicial, en atención a sus estrechos vínculos" con el Instituto Armado.

"Está casada con un coronel de la Guardia Civil, matrimonio del que resulta evidente derivan lazos psicológicos o conexión afectiva intensa con el Cuerpo al que pertenece su marido", explican los letrados, quienes además recuerdan que Espejel fue "condecorada por el Ministro del Interior con la Orden del Mérito de la Guardia Civil".

"Penas extraordinariamente elevadas"

Para las defensas, "estas circunstancias resultan especialmente relevantes en el presente proceso, en el que, como es sabido, se enjuicia a ocho personas acusadas de gravísimos delitos de carácter terrorista y por los que se interesan penas extraordinariamente elevadas".

El fiscal encargado del caso, José Perals, atribuye a siete de los imputados cuatro delitos de lesiones terroristasterroristas, con una condena de doce años y medio por lesión. Además, imputa a uno de ellos el delito de amenazas terroristas por el que pide igualmente doce años y medio de cárcel.

Los abogados de las defensas insisten en reprochar que la Fiscalía impute a los acusados un supuesto "sentimiento de odio hacia la Guardia Civil" y les vincule con el movimiento Alde Hemendik ("Fuera de aquí"), que reivindica el rechazo a la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas en Navarra y el País Vasco.

"No se trata, por tanto, del enjuiciamiento de unas lesiones causadas a dos guardias civiles, aisladamente consideradas, sino el de una supuesta campaña de acoso al Cuerpo desde 1978, aunque los acusados ni siquiera hubiesen nacido, que ponía en tela de juicio la legitimidad de su presencia en el País Vasco y la Comunidad Foral Navarra, todo ello basado en informes de la propia Guardia Civil concernida", apuntan.

"Ningún ciudadano estaría tranquilo"

Por todo ello, las defensas consideran "evidente que los lazos familiares" de Espejel con un coronel de la Guardia Civil y la condecoración recibida "ponen gravemente en entredicho su imparcialidad y serenidad de ánimo para decidir en la presente causa, y los acusados no pueden sentirse imparcialmente juzgados cuando forma parte del tribunal, como presidenta, una magistrada en quien concurren las citadas circunstancias".

"Ningún ciudadano estaría tranquilo, creemos, si cualquier decisión que le afecte dependiera de un juez que haya recibido una condecoración de la entidad o empresa a la que, supuestamente, el referido ciudadano hubiera pretendido violentar y que sea, además, familiar directo de uno de sus accionistas o directivos", explican.

Así pues, y "con el fin de garantizar el derecho de los acusados a un juicio justo y con todas las garantías", solicitan que Espejel se aparte del tribunal que juzgará el caso y, en caso de no hacerlo, presentarán un incidente de recusación. El juicio está previsto para entre el 16 y el 27 de abril.

Recusación rechazada por extemporánea 

La Sección Primera de Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazó por extemporánea la recusación. Los magistrados explican en un auto que la Ley exige plantear la recusación tan pronto como se tenga conocimiento de la causa en que se funda y, en el caso concreto, el tribunal recuerda que esta magistrada intervino en múltiples resoluciones sobre la causa, desde que tomo posesión como presidenta, en el mes de junio de 2017.

Los acusados plantearon formalmente apartarle del tribunal el pasado 1 de marzo a partir de una providencia de la Sala del 13 de febrero en la que se ponía en conocimiento de las partes la composición de dicho tribunal. Al respecto la Sala matiza que el único hecho nuevo que recoge esa providencia es la incorporación del nuevo magistrado Jesús Eduardo Gutiérrez que cubre la plaza del fallecido Javier Martínez Lázaro.

El auto explica que el resto de miembros –Concepción Espejel y Manuela Fernández de Prado– se mantiene "inalterable"; de hecho no ha habido más variaciones que las relativas al cambio en la presidencia tras la salida de Fernando Grande-Marlaska, y posteriormente el fallecimiento de uno de los miembros.

La Sala recuerda además que Espejel intervino en múltiples resoluciones en esta causa desde que tomó posesión como presidenta, rechazando el argumento de las defensas de que desconocieran esa situación hasta el pasado 13 de febrero. "Las defensas que plantean el incidente pretenden que hasta la diligencia de 13 de febrero de 2018 no conocían la intervención de Concepción Espejel en el tribunal, pero ello no puede estimarse así", explica.

Los magistrados recalcan además que, si como reconocen los acusados en su escrito, las causas de la recusación eran previamente conocidas por su publicidad, el plazo, que es de diez días, empezó a contar desde junio de 2017, de ahí que esté fuera de tiempo.

Las cuatro acusaciones populares personadas en Gürtel han recusado al unísono al magistrado conservador Juan Pablo González como nuevo miembro del tribunal designado para juzgar las distintas piezas del caso en la Audiencia Nacional. Si IU, la primera en presentar su escrito, incidió el miércoles en el argumento de que González no puede enjuiciar la pieza de la caja B porque depende del PP para seguir ascendiendo en su carrera y le atribuyó una "amistad manifiesta" con ese partido, la asociación de abogados Adade aportó este jueves un motivo inédito para su recusación: que Juan Pablo González, destinado de manera interina en junio de 2015 a la Audiencia Nacional, ha sobrepasado ya los dos años que la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) prevé como periodo máximo e improrrogable para las comisiones de servicio. 

En el tribunal que, salvo que prospere la recusación, dirigirá la vista sobre la caja B del PP o la de los llamados papeles de Bárcenas, González sustituye a uno de los miembros originalmente designados para esa tarea: el juez Julio de Diego, cuyo voto forzó la comparecencia de Mariano Rajoy como testigo en el primer juicio de la serie Gürtel. El pasado 20 de noviembre, la sala de gobierno de la Audiencia modificó con efectos retroactivos la composición del tribunal que desde marzo tenía encomendado ese proceso. Todas las acusaciones populares coinciden en que esa decisión alimenta la sospecha de que se ha configurado un tribunal a la carta para el PP.

Según Adade, la incorporación de González, incumpliendo lo preceptuado en la LOPJ, al tribunal que debe juzgar una causa directamente ligada al partido que le propuso como vocal del Poder Judicial (CGPJ), le invitó a impartir cursos en la fundación FAES y le nombró luego magistrado de enlace en París incrementa la "apariencia de falta de imparcialidad". En la votación del Senado que en 2001 aupó en la práctica al magistrado al CGPJ participaron varios parlamentarios del PP relacionados con el caso Gürtel, bien como imputados o como testigos. Entre ellos figuran Jesús Sepúlveda, ahora en espera de sentencia tras el  juicio de la llamada Época I, testigos como Pío García Escudero y Esperanza Aguirre.

El nombramiento de González para la sala de los papeles de Bárcenas se materializó con una providencia fechada el 4 de diciembre, cuatro días antes de que –sostiene Adade– expirasen los dos años de comisión de servicio sin contar los seis meses previos en que ocupó de manera interina el juzgado central 3. Pese a ello, la Audiencia Nacional introduce a Juan Pablo González en el tribunal que dirigirá una vista para la que todavía no hay fecha pero que, sea cual sea, "quedará ya muy lejos" del límite marcado por la LOPJ, aseguró este jueves a preguntas de infoLibre el autor del escrito de Adade, el letrado Francisco Montiel.

Todas las acusaciones abundan en dos factores para ilustrar sus tesis de que González no puede bajo ningún concepto sumarse a ningún tribunal de Gürtel. El primer factor es que su trayectoria demuestra que mantiene no una mera afinidad ideológica con el PP sino un vínculo que se encuadra en una de las causas habituales de recusación: la amistad con alguna de las partes en el proceso. El segundo nexo común a los escritos de las cuatro acusaciones estriba en que su nombramiento para el tribunal está contaminado desde su origen porque en él participó la presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia, Concepción Espejel, quien en 2015 ya fue apartada de Gürtel precisamente por su relación con el PP.

La tabla de ascensos

Sobre los vínculos del magistrado con el PP, los socialistas ofrecen por ejemplo una tabla de hitos profesionales del magistrado en el escrito relativo a la pieza de la visita del Papa a Valencia, otra de las derivadas de Gürtel en cuyo tribunal González se incorpora como nuevo integrante. Esa tabla documenta cómo sus sucesivos ascensos que estaban supeditados a una decisión política se produjeron siempre durante los mandatos del PP.

En 2001, con Aznar como presidente, González se convirtió en vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta del grupo del PP en el Senado. Tras un párentesis iniciado en 2008 como magistrado de la Audiencia de Vizcaya y que se cerró en 2011 con su entrada en la sección 15 de la Audiencia de Madrid, el Gobierno le nombró en marzo de 2012 magistrado de enlace en París. Tras su cese, en mayo de 2015, "y sin solución de continuidad" –remarca el PSOE– pasa a la situación de comisión de servicios en la Audiencia Nacional: primero en el juzgado de instrucción 3 y luego en la Sala de lo Penal. De manera fallida, González optó a la presidencia de la Audiencia en tres ocasiones: en 2012, 2014 y 2017. Esta sucesión de datos, sostienen los socialistas,  "altera la imagen de imparcialidad cuando se trata de enjuiciar al partido político bajo cuyos gobiernos ha sido promocionado y ha presentado sus candidaturas más ambiciosas, sin que concurrieran los méritos necesarios, a juzgar por el resultado de las mismas".

El escrito de Observatorio Desc concede gran relevancia para la recusación al hecho de que la presidenta de la Sala de lo Penal, Concepción Espejel, participase en la alteración del tribunal que juzgará la caja B del PP. Ese hecho, sostiene esta acusación, "resulta ciertamente anómalo". Y expone así el porqué de su afirmación: "El problema percibido, de cara a demostrar la exigida apariencia de imparcialidad, es que la propia magistrada que fue recusada ha seguido interviniendo en la composición de la sala de enjuiciamiento de la presente causa, de forma que la alteración de la sala ha tenido efectos retroactivos". Espejel, concluye Desc, "debió abstenerse de dicha participación en cuanto que fue apartada para el conocimiento de este procedimiento (...) por su estrecha proximidad al PP". 

La acusación popular que encabeza IU, una de las cuatro personadas en el llamado caso de los papeles de Bárcenas o de la caja B del PP, ha recusado este miércoles al magistrado Juan Pablo González como miembro del nuevo tribunal designado por la Audiencia Nacional para juzgar esa causa. Las otras tres acusaciones populares –la asociación de abogados Adade, el PSOE y el Observatorio Desc– apurarán el plazo y presentarán así sus respectivas recusaciones contra González este jueves por la mañana.

En su escrito de recusación, al que ha tenido acceso infoLibre, argumenta que el hipotético "descrédito" que pudiera sufrir el partido del Gobierno como consecuencia de ese juicio "reduciría las expectativas que el magistrado puede tener de que el PP siga instando y promocionando su carrera judicial". "Para cualquier mente con un discernimiento racional y objetivo", apostilla el texto en ese punto, resulta "obvio" que aquellas resoluciones "que el magistrado pudiera tomar y que no fuesen del agrado del partido presidido por el señor Rajoy Brey pudieran frustrar cualquier promoción de su carrera judicial".

IU aduce que González mantiene una "amistad manifiesta" con el PP, que en esa pieza ocupa la posición de responsable civil subsidiario o garante del eventual pago de sanciones. E ilustra esa afirmación con varios datos: llegó al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta del PP en el Senado, participó en cursos de FAES, fue nombrado magistrado de enlace en París ya con Rajoy como presidente. "Además –señala el texto–, la prensa ha venido reflejando la íntima amistad del magistrado González con el ex ministro del PP Jaime Mayor Oreja, cuyo hermano José Mayor Oreja aparece en la contabilidad B del Partido Popular, objeto de esta causa, como la persona que entregó 165.000 euros en dinero negro al Partido Popular, a través de Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, en el año 2008.

Para IU alcanza también gran relevancia en este asunto el hecho de que González esté llamado a decidir si Rajoy vuelve o no a comparecer como testigo. "No debemos olvidar –dice el escrito– que es precisamente el ilustrísimo magistrado Juan Pablo González González quien en el ejercicio de su actividad –si no se admitiera esta recusación- y por razón del presente procedimiento, debe resolver en materia de prueba la testifical propuesta por esta parte en la persona del señor Rajoyy que desde luego se aparta de los parámetros de transparencia, confianza e igualdad el que decida sobre dicho extremo cuando ha quedado acreditada la relación de afinidad que mantiene con el citado partido y quienes gobiernan el mismo".  González, resume en un momento dato IU, "carece de la apariencia de imparcialidad, crea la sospecha de interés y parcialidad de la justicia, y debe de apartarse de esta causa".

El magistrado, de talante conservador, fue aupado al nuevo tribunal de la caja B tras un controvertido acuerdo de la sala de gobierno de la Audiencia Nacional que augura una dura batalla jurídica por cuanto modifica de manera retroactiva la composición de la sala. Recurrido por las acusaciones populares, ese acuerdo implica el relevo del magistrado Julio de Diego en favor de Juan Pablo González. Es decir, sale del tribunal el juez cuyo voto resultó decisivo en el primer juicio de Gürtel para que Rajoy se viese forzado a comparecer como testigo. La sala de gobierno adoptó esa decisión el 20 de noviembre con la participación directa de la presidenta de la Sala de lo Penal, Concepción Espejel, que ya había sido apartada entre 2015 y 2016 de todos los juicios derivados del tronco común de Gürtel precisamente porque su proximidad al PP ponía en riesgo la imagen de imparcialidad.

El hecho de que Espejel interviniese en la designación de Juan Pablo González para el nuevo tribunal de la caja B consta asimismo entre los argumentos esgrimidos por IU para la recusación. "No podemos ignorar –expone aquí IU– tanto el hecho de que el magistrado ahora recusado votó contra la decisión mayoritaria de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de apartar a los magistrados [Enrique] López y [Concepción] Espejel del enjuiciamiento de la presente causa por existir dudas sobre su apariencia de imparcialidad, como el hecho de que la magistrada recusada Espejel ha participado en el acuerdo de la Sala de Gobierno que ha modificado la composición del tribunal e introducido al magistrado ahora recusado". IU abrocha así ese apartado: "Y todo ello teniendo como nexo común que los tres magistrados fueron designados por el Partido Popular como vocales del CGPJ y que los tres magistrados fueron promocionados o condecorados por el Gobierno de Mariano Rajoy (acuerdos de Consejo de Ministros de nombramiento para el Tribunal Constitucional, Gran Cruz San Raimundo Peñafort y juez de enlace en Paris), a la sazón también presidente del PP".

La recusación formulada por IU recuerda que el juez González fue aupado en 2001 al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta del PP y con el voto en el Senado de varias personas directamente relacionadas, procesal o políticamente, con el caso de los papeles de Bárcenas. En esa votación participaron, y sus nombres aparecen expresamente mencionados en la recusación, senadores como "Esperanza Aguirre, Pío García Escudero, Jesús Sepúlveda, y Luis Fraga, todos ellos vinculados a la causa Gurtell o relacionados en la denominada contabilidad B del Partido Popular investigada en esta causa".  El texto abunda en esa cuestión: "No aparece como imparcial –alega IU– que quien fue nombrado para la alta responsabilidad de vocal del CGPJ con el voto favorable de los senadores Esperanza Aguirre, Pio García Escudero, Jesús Sepúlveda, o Luis Fraga forme parte del tribunal que debe enjuiciar los presuntos hechos y conductas criminales en los que los anteriores han estado implicados, e incluso sea ahora el magistrado ponente de la sentencia que deberá dictarse en su día"

Las cuatro acusaciones populares personadas en Gürtel han impugnado a contrarreloj la decisión de la sala de gobierno de la Audiencia Nacional de cambiar sobre la marcha la composición del tribunal que debe juzgar los papeles de Bárcenas y otras cinco piezas del caso que igualmente sitúan bajo el foco al PP. La asociación de abogados Adade, el Observatorio Desc, el PSOE y la acusación que de manera conjunta ejercen IU y otros colectivos alertan en sus respectivos recursos de que el cambio de tribunal puede vulnerar el derecho constitucional a un juez predeterminado por ley. Y que, por tanto, alimenta la sospecha de que se prepara un tribunal a la carta para el PP. 

Los cuatro recursos se dirigen formalmente no contra la decisión adoptada el 20 de noviembre por la sala de gobierno de la Audiencia sino contra la providencia por la que, el pasado día 4, se materializaron esos acuerdos. Y constituyen solo el primer paso en una batalla jurídica que se prevé dura. El próximo será la recusación, también por sus vínculos con el PP, del magistrado Juan Pablo González, que sustituye en la pieza de los papeles de Bárcenas o de la caja B del PP a Julio de Diego. Es decir, al juez cuyo voto forzó la comparecencia de Mariano Rajoy como testigo en el primero de los juicios encomendados a la Audiencia: el de la llamada Época I, ahora en espera de sentencia y en cuyo arranque Francisco Correa declaró que los empresarios interesados en obtener contratos públicos de administraciones gobernadas por el PP pagaban una comisión del 3%. Además de la recusación, nadie descarta actuaciones legales de mayor impacto y envergadura.

En su recurso, los socialistas invocan una sentencia de 2015 del Tribunal Constitucional que advierte del riesgo de modificar la composición del tribunal asignado a un caso. La garantía de independencia e imparcialidad –dice la sentencia– "quedaría burlada si bastase con mantener el órgano [en este caso, la Sección 2ª de la Sala Penal de la Audiencia] y pudiera alterarse arbitrariamente sus componentes, que son quienes, en definitiva, van a ejercitar sus facultades intelectuales y volitivas en las decisiones que hayan de adoptarse". Según el PSOE, el cambio, con efectos retroactivos, en las normas de reparto de las causas que corresponden a la sección segunda de la Sala Penal "encaja perfectamente en el concepto de designación ex post facto, es decir una vez conocidas las causas y su relevancia para el Partido Popular en el gobierno". Y eso "podría dar lugar a la nulidad de la causa".

El papel capital de Concepción Espejel

Las cuatro acusaciones otorgan máxima relevancia al hecho de que en la adopción de ese sorpresivo acuerdo del 20 de noviembre tuviese un papel motriz Concepción Espejel, ahora presidenta de la Sala de lo Penal y apartada hace dos años del futuro juicio de los papeles de Bárcenas así como de las restantes piezas de Gürtel precisamente por su cercanía al PP. La participación de Espejel –llega a afirmar IU– implica "una evidente apariencia de irracionalidad y de carencia de imparcialidad".

La "apariencia de pérdida de la imparcialidad" que derivó en que Espejel fuese apartada de todas las causas de Gürtel la obligaba –razona Adade– "a no estar presente en la votación ni realizar la propuesta respecto a los distintos asuntos que se planteen también ante la sala de gobierno en el conjunto del caso Gürtel".  El PSOE expone el argumento del siguiente modo: "Ha resultado acreditado en el ámbito jurisdiccional la existencia de un interés en los citados asuntos que obliga a la Presidenta de la Sala de lo Penal a no estar presente en la votación ni realizar la propuesta respecto a los distintos asuntos que se planteen también ante la Sala de Gobierno en el conjunto del caso

Gürtel, como se desprende del artículo 154 de la Ley Orgánica del Poder Judicial".

"La apariencia de incumplimiento del derecho fundamental al juez natural es tan evidente –aduce la cuarta acusación, Observatorio Desc– que ha merecido reacciones públicas desde todos los sectores de la sociedad española". "Entendemos –prosigue el texto– que no sólo la falta de motivación sino las extrañas vicisitudes  en la composición de esta Sala, merecería la revocación de la resolución recurrida, a fin de transmitir confianza en la Administración de Justicia y que el juicio al que nos enfrentamos no contenga ni una sola sospecha de falta de imparcialidad de los miembros de esta Sala".

IU llega más lejos en esa misma dirección. "No resulta baladí –sostiene su recurso– hacer mención al estupor que ha supuesto en la sociedad española el repentino cambio de magistrados y las sospechas que este hecho ha suscitado en la sociedad española, más aun teniendo en consideración los antecedentes del caso".