Caixabank hizo pagos a Hacienda por importe de 922,63 millones de euros desde 2014 hasta 2017, aunque resulta imposible conocer su contribución neta al no ser público el dato de cuánto dinero pidió que se le devolviese en la declaración anual. En todos esos ejercicios tuvo beneficios. Lo contrario de lo que ocurrió en 2012 y 2013, cuando registró unas pérdidas brutas de 62,41 y 979,75 millones de euros, respectivamente. Pero, gracias a los créditos fiscales tanto en un año como en otro su resultado después de impuestos fue positivo: 228,75 millones de beneficios en 2012 y 308,65 millones en 2013.

Los “pagos de caja” del impuesto de sociedades no coinciden con el gasto que las entidades hacen constar por este concepto en sus cuentas anuales. Tampoco equivalen exactamente al resultado de la declaración anual del impuesto, puesto que pueden incluir las liquidaciones que hayan efectuado como resultado de un acta de inspección fiscal, por ejemplo. Pero es la cifra que más puede aproximarse a la cantidad que realmente abonan los bancos en cada ejercicio.

En cualquier caso, las cuentas de Caixabank reflejan una historia fiscal parecida a la de sus pagos de caja. Al menos desde 2014, fecha a partir de la cual la entidad financiera catalana empezó a publicar en su informe anual los pagos por impuestos de cada ejercicio. Cada año Caixabank también elabora un informe de su contribución fiscal que revela la cifra total de impuestos que abona, pero sin detallar cuánto desembolsa por el de sociedades. Sólo distingue entre impuestos directos, indirectos y cotizaciones a la Seguridad Social.

En el informe anual figura la referencia contable del gasto por el impuesto de sociedades, que en 2017 ascendió a 377,62 millones de euros sobre unos beneficios de 2.097 millones. En 2016 se elevó a 482,18 millones de euros, sobre unos resultados positivos de 1.538 millones. Pero en 2015 lo que figura no es un gasto, sino un ingreso de 180,75 millones, que aumentó sus beneficios hasta los 816,52 millones de euros. Otro tanto ocurrió en 2014, cuando el ingreso fue mayor: 417,75 millones que elevaron su resultado hasta los 619,92 millones de euros.

En 2013 Caixabank terminó el ejercicio con unas pérdidas antes de impuestos de 979,75 millones de euros, pero gracias a los créditos fiscales sus números pasaron del rojo al negro: contabilizó un ingreso de 1.288,35 millones de euros por el impuesto de sociedades que dejó el resultado neto del ejercicio en 308,6 millones de euros de beneficios. En 2012 el ingreso fiscal ascendió a 291,16 millones, lo que transformó unas pérdidas de 62,41 millones de euros en unas ganancias de 228,75 millones. En resumen, las ventajas fiscales han arreglado las cuentas a Caixabank desde 2012 hasta 2015.

10.254,84 millones de colchón fiscal

Según el informe de 2017, la entidad presidida por Jordi Gual acumula activos fiscales –o ventajas fiscales, que permiten a las empresas rebajar la factura a Hacienda– por importe de 11.054,98 millones de euros, de los cuales son activos fiscales diferidos (DTA) 10.254,84 millones. Los DTA se originan a partir de las provisiones que los bancos realizan –para cubrir el riesgo de los créditos e inmuebles tóxicos, por ejemplo–, de las aportaciones a los planes de pensiones de sus plantillas y de las pérdidas de ejercicios anteriores. Estas cantidades no son deducibles en el impuesto de sociedades, pero Hacienda permite a los bancos acumularlas en forma de DTA y utilizarlos en los siguientes ejercicios para reducir sus pagos fiscales. Con la crisis financiera, las entidades españolas acumularon una gran cantidad de estos activos, que les están sirviendo para rebajar su factura con Hacienda.

Es lo que ha hecho Caixabank. Lo recoge expresamente en sus cuentas de 2014, donde reconoce un ingreso neto de 309,22 millones de euros por cancelación de activos fiscales. Además, la entidad heredó los activos fiscales acumulados por los bancos que adquirió durante la crisis: Banco de Valencia y Banca Cívica en 2012 y Barclays en 2015. Así, los activos fiscales diferidos de Caixabank pasaron de 2.262,39 millones en 2011 a los actuales 10.254,84, multiplicándose por tanto casi por cinco en seis años. Banco de Valencia le traspasó 1.780 millones de euros en DTA, Banca Cívica otros 3.988 millones y Barclays, 877,44 millones. En total, 6.645,44 millones de euros. En 2017 ha adquirido el portugués BPI, del que posee el 92,9% de las acciones. A estas ventajas fiscales también contribuyen las pérdidas del banco. En 2017, Caixabank acumulaba bases imponibles negativas de ejercicios anteriores por importe de 1.063 millones, así como 1.591 millones de euros más por deducciones pendientes de aplicación. Parte de su reserva fiscal para desgravarse en futuros ejercicios.

Además, la Ley del Impuesto de Sociedades permite a cualquier empresa, no sólo a los bancos, convertir los DTA en “créditos exigibles frente a la Administración tributaria” si registra pérdidas o si es liquidada o declarada insolvente por un juez. Es decir, el Estado los garantiza. De esos DTA monetizables, Caixabank tiene en sus balances 5.891 millones de euros.

Las tasas efectivas del Sabadell

El Banco Sabadell no publica un documento con su contribución fiscal total. Pero, según sus informes anuales, ha pagado 488,88 millones de euros a Hacienda en el impuesto de sociedades desde 2014. Al igual que ocurre con la Caixa, no es público el dato sobre la liquidación anual y por tanto se desconoce el saldo neto (si pago algo en impuestos o no). 

En 2017 reconoce en sus cuentas –no hace públicos los pagos de caja– un gasto por este concepto de 43,07 millones de euros, lo que equivale a una tasa efectiva de sólo el 5% de sus beneficios, 848,25 millones de euros. El tipo legal del impuesto para los bancos es del 30%. Y ése es el que dice haber satisfecho el Sabadell un año antes, cuando reconoce un gasto de 303,07 millones de euros para unas ganancias que ascendieron a 1.019,42 millones de euros. Sin embargo, en 2015 la factura se recorta considerablemente, hasta los 32,51 millones, sólo un 4% de los 744,76 millones de euros de beneficio contable. En 2014 había sido muy superior, 109,74 millones sobre unos resultados de 486,39 millones, una tasa efectiva, dice el banco, del 23%.

El año pasado, el Banco Sabadell contaba con unos activos fiscales de 6.861,4 millones de euros, de los cuales son DTA 6.531,84 millones. Y de éstos, los garantizados por el Estado y convertibles en efectivo suman 5.336,97 millones. En 2015, Bruselas abrió una investigación para determinar si esa garantía sobre algunos DTA constituía una ayuda de Estado ilegal. Así que el Gobierno impuso a los bancos una prestación patrimonial anual en favor del Estado del 1,5%, que fue aceptada por Bruselas para cerrar la investigación. En sus cuentas, el banco de Josep Oliu también revela cuánto ha pagado al Estado a cambio de esos DTA garantizados: 54,66 millones de euros el año pasado y 57 millones en 2016.

Como Sabadell también ha salido a la compra de otras entidades durante los últimos años, ha heredado igualmente sus activos fiscales diferidos. En 2012 adquirió el escocés TSB, que ese año tenía en sus cuentas DTA por importe de 148,91 millones de euros, una cantidad muy inferior a la acumulada por las entidades españolas.

  Caixabank y Sabadell no hacen públicas sus declaraciones

infoLibre preguntó a Caixabank y Banco Sabadell por  la cifra de beneficios declarados a Hacienda, tanto en 2015 como en 2016, en el impuesto de sociedades. También por el resultado de la declaración de ese impuesto en esos dos años. Este periódico le especificó que ya tenía acceso a los datos que publican en sus cuentas anuales, tanto de beneficios como del gasto del impuesto; lo que pedía eran los datos declarados a Hacienda y el resultado de esa declaración, que nunca coinciden con los datos contables. Además, se le requirió la base imponible de la declaración en ambos ejercicios, así como por las bases imponibles y las deducciones pendientes de aplicar, y la cifra de activos y pasivos fiscales.

Finalmente, se les preguntó:

–¿Cómo consigue un banco con un volumen de beneficios tan elevado no pagar por el impuesto de sociedades; es más, cómo consigue que la declaración a Hacienda le salga a devolver?

Ambas entidades alegaron que esa información “no es pública”. Caixabank remitió a este periódico a sus informes de contribución fiscal, donde figura el gasto total en impuestos, sin desglosar por tipo de impuesto y sin indicación de los pagos de caja. Estos últimos constan (sólo desde 2014) en los informes anuales. También proporcionó una indicación genérica de por qué los datos contables no coinciden con los datos de las declaraciones fiscales: no todos los ingresos contables de la cuenta de pérdidas y ganancias son objeto de tributación. Banco Sabadell, que no publica un informe de contribución fiscal, ni siquiera respondió.

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Este reportaje es el quinto de una serie de infoLibre sobre los beneficios fiscales de la banca. Puedes consultar aquí los anteriores:

1. Lo que realmente pagan los bancos a Hacienda por el impuesto de sociedades

2. Banco Santander pidió a Hacienda 2.440 millones de euros en devoluciones por el impuesto de sociedades en cuatro años

3. Hacienda pagó 38 millones a Bankia por los activos fiscales diferidos de BMN

4. El BBVA lleva cuatro años declarando pérdidas por su negocio en España

La banca intervenida por el Estado, integrada por las cajas de ahorros nacionalizadas y las que han recibido ayudas públicas, ha repartido un total de 959 millones de euros en dividendos entre sus accionistas desde 2011 hasta el día de hoy. Algunas de las entidades ya han devuelto las ayudas que el Fondo Ordenado de Reestructuración Bancaria (FROB) les dio para apoyar su saneamiento y algunas han salido a Bolsa. Otras, en cambio, ni una cosa ni la otra.

Bankia, propiedad del Estado en un 64,2%, distribuyó su primer dividendo el año pasado. Fueron 202 millones de euros con cargo a los beneficios de 2014, que sumaron 747 millones. Este año sus accionistas recibirán aún más, 302,3 millones de euros, sobre unas ganancias de 1.040 millones. La entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri recibió ayudas públicas por importe de 22.424 millones de euros, aunque según el informe elaborado por los peritos del Banco de España en el caso de la salida a Bolsa de Bankia, pueden ascender a 46.000 millones si se añaden los bonos emitidos por la Sareb (el banco malo) a cambio de los activos tóxicos que le transfirió. En cualquier caso, el banco sólo ha devuelto hasta el momento 1.626 millones, el 7,2% de lo que recibió.

El Gobierno siempre ha defendido que estas entidades repartan dividendos porque considera que es una forma de que el Estado, principal accionista de algunas de ellas, recupere el dinero invertido en ellas. “Es un indicio de la vuelta a la normalidad”, aseguraba el Ejecutivo cuando respondió a una pregunta de UPyD en el Congreso sobre Bankia. “También se da una clara señal al mercado de que la entidad es rentable y solvente”, remarcaba.

Así, del total de 504,3 millones de euros que el banco ha repartido estos dos últimos años, el Estado, como su principal accionista, ha ingresado 322 millones. Los restantes 1.304 millones de euros recuperados por las arcas públicas proceden del 7,5% del capital que Bankia vendió en Bolsa en 2014.

Cuando Mariano Rajoy firmó el rescate europeo de las cajas españolas en 2012, el FROB prohibió a los bancos, si querían recibir las ayudas, repartir dividendos por encima del 30% del beneficio, y a las cajas, hacer dotaciones a la obra social que superaran ese porcentaje. Si las ayudas excedían el 2% de los activos, la supresión de los dividendos o de las aportaciones a la obra social era total. Hay que recordar que, además de Bankia, fueron nacionalizadas CatalunyaCaixa y Novagalicia.

315 millones de Abanca

Bankia se estrenó en el parqué en julio de 2011. Liberbank –resultado de la fusión de Cajastur-Banco CCM, Caja Cantabria y Caja Extremadura– lo hizo en mayo de 2013. Y en diciembre de 2014 amortizó la emisión de obligaciones convertibles contingentes (llamados cocos) que el FROB suscribió para recapitalizar la entidad. Es decir, ya ha devuelto ayudas por importe de 124 millones. De forma que ya no tenía obstáculos para repartir un dividendo de 40,39 millones a cuenta del ejercicio de 2015, que cerró con unos beneficios de 54,69 millones de euros. El año pasado los había doblado –117 millones–, pero no llegó a distribuirlos entre sus accionistas.

El consejo de administración de Abanca, la antigua Novagalicia, adquirida por el banquero venezolano Juan Carlos Escotet, ha aprobado pagar un dividendo de 315 millones de euros con cargo a los beneficios de 2015 –330 millones–. La decisión final deberá tomarla la junta general de accionistas, que el año pasado rechazó retribuirlos con los 150 millones que en principio había autorizado el consejo.

Novagalicia recibió 8.982 millones en ayudas públicas, de las que el Estado sólo recuperará 1.003 millones, el precio que se comprometió a pagar Escotet por la entidad en diciembre de 2013. De esa cifra aún debe al FROB 600 millones de euros, que Escotet promete reducir a la mitad con cargo al dividendo –el dueño de Banesco posee el 88% del capital de Abanca–.

Banca Cívica fue la primera

En 2014 la malagueña Unicaja culminó la compra de Banco CEISS. La entidad que integraban Caja España y Caja Duero recibió 604 millones de euros en forma de obligaciones convertibles, al igual que Liberbank. Antes, el FROB le había inyectado otros 525 millones en forma de preferentes. Y, tras la compra por Unicaja, el organismo público le concedió una garantía de 241 millones de euros más para cubrir el coste de los litigios que los inversores pudieran plantear tras rechazar la oferta que hizo la malagueña por CEISS. Ésta debía ser aceptada por el 75% de los accionistas de la castellano-leonesa, pero no llegó a cubrirse ese porcentaje. En total, pues, 1.370 millones de euros en dinero público.

Unicaja aún no ha salido a Bolsa. “No está decidida ni la fecha ni el importe de la operación”, explica un portavoz de la entidad. El caso es que debe salir al parqué antes de que acabe este año, por imposición de Bruselas. Y los 604 millones en obligaciones, que fueron convertidas en capital, deben ser devueltos antes de abril de 2017. Pero sí ha repartido dividendos desde que integró CEISS. En 2015 retribuyó a sus accionistas con 25 millones de euros con cargo a unos beneficios de 238,7 millones en el ejercicio anterior, y este año acaba de aprobar la distribución de 19 millones más a cuenta de las ganancias de 2015, 230,06 millones.

También Banca Cívica –Cajasol, Caja Canarias, Caja Navarra y Caja Burgos– repartió beneficios entre sus accionistas. De hecho, fue la primera que lo hizo, en 2011, tras haber recibido ayudas públicas. En febrero de 2011 el FROB suscribió una emisión de preferentes por valor de 977 millones de euros para apoyar la integración de Cajasol en Banca Cívica. En julio de ese mismo año salió a Bolsa. Y antes de que acabara el ejercicio acordó pagar un dividendo de 55,04 millones de euros, con cargo a los beneficios de 190 millones obtenidos en 2011.

Sólo unos meses después, en marzo de 2012, Caixabank anunciaba la compra de Banca Cívica por 979 millones de euros. La entidad que encabeza Isidro Fainé devolvió los 977 millones de ayudas públicas –amortizando las preferentes adquridas por el FROB– en abril de 2013, un año después. Con la operación, Caixabank preveía conseguir sinergias por valor de 540 millones de euros a los tres años de absorber Banca Cívica.

Sin repartir dividendos

Por el contrario, Catalunya Banc, Banco Mare Nostrum e Ibercaja no han repartido dividendos. La primera fue nacionalizada en septiembre de 2011 y desde entonces ha recibido 12.624 millones de euros en ayudas públicas. Cerró 2015 con pérdidas de 78,1 millones de euros, aunque sí ganó dinero en 2013 y 2014 –468,8 y 123 millones, respectivamente–. Fue subastada y adjudicada en julio de 2014 al BBVA por 1.187 millones, aunque descontados créditos fiscales y garantías no le costó más de 600 millones de euros. La compra supuso también la pérdida para el FROB del total de las ayudas concedidas a Catalunya Banc. “No tenemos nada que devolver”, asegura un portavoz de la entidad a infoLibre. La integración en el BBVA será completa el próximo mes de septiembre: Catalunya Banc ya no presenta resultados, los consolida con los del grupo presidido por Francisco González. Su aportación al resultado de la entidad alcanzará los 300 millones de euros en 2018, según los cálculos del propio banco.

Banco Mare Nostrum (BMN) –Cajamurcia, Sa Nostra, Caja Granada y Caixa Penedès– ha sumado beneficios desde 2013, un total de 189 millones. Pero los ha destinado íntegramente a reservas, precisa un portavoz de la entidad. También está a la espera de salir a Bolsa, “cuando mejore la situación de los mercados”, apunta. Entonces confía en devolver los 1.645 millones de euros en ayudas públicas recibidas. El 65% de su capital pertenece al Estado. Así que planea sobre BMN una posible fusión con Bankia, la otra entidad aún con una participación pública mayoritaria, que Bruselas no ve con malos ojos y el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha dejado ya en manos del próximo gobierno.

Finalmente, Ibercaja compró en 2013 Banco Caja3, a su vez resultado de la fusión de Caja Inmaculada, Cajacírculo y Caja de Badajoz. El FROB había suscrito cocos en Caja3 por valor de 407 millones de euros, que Ibercaja ha comenzado a reintegrar este año: 20 millones. En marzo de 2017 prevé amortizar 163 millones más y en diciembre, el resto.

Lleva ya dos ejercicios cerrando con beneficios –151 millones en 2014 y 84,1 millones en 2015– tras otros dos con pérdidas –485 millones en 2012 y 29 millones en 2013, el año en que adquirió Caja3–. Pero de momento ha dedicado sus ganancias a la obra social, señala un portavoz de la entidad. Ibercaja tampoco ha salido aún a Bolsa, una vez más a la espera de que las condiciones del mercado sean más favorables. “Tenemos hasta 2020 para salir al parqué”, indica la misma fuente, “o bien que un inversor interesado nos compre la parte que tenemos que desinvertir”.

Bankia tuvo unos beneficios de 1.040 millones de euros en 2015, un 39,2% más que el año anterior. Esa cifra le permitirá repartir entre los accionistas un dividendo de 302 millones. De ellos, 194 irán a parar a las arcas públicas, puesto que el 64,2% del capital de Bankia es propiedad del Estado, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Así, hasta el momento, Bankia ha devuelto 1.626 millones de euros, sólo el 7,2% del dinero público que recibió en 2012 para sanear sus cuentas.

“Nos vamos a seguir dejando la piel [para devolver las ayudas públicas]”, prometió este lunes el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, tras presentar los resultados de la entidad. Hasta ahora, el Estado ha recuperado 1.304 millones de euros gracias a la venta, en febrero de 2014, del 7,5% del capital de Bankia. También recibió otros 128 millones correspondientes al dividendo de 2014. Y ahora se le pagarán los 194 millones de euros del dividendo de 2015. Como queda dicho, la suma es tan sólo una pequeña parte de los 22.424 millones de euros que el Estado le dio para salvarla de la quiebra.

El FROB puso a la venta el 7,5% del capital de Bankia en febrero de 2014, a un precio de 1,5 euros la acción. El objetivo es terminar vendiendo toda su participación. Pero, hasta el momento, no se ha repetido la operación, en vista del bajo precio de las acciones de Bankia en Bolsa. Este lunes cerró a sólo 0,93 euros, aupada por la presentación de beneficios, aunque llegó a caer hasta 0,87 euros en el último año. En principio, la fecha límite para privatizar Bankia es el 31 de diciembre de 201731 de diciembre de 2017. “Es decisión del propietario [el FROB] decir cuándo, a qué precio y cómo se privatiza, pero ahora no es el mejor momento para hablar con las autoridades”, apuntó Goirigolzarri este lunes sobre la ausencia de Gobierno.

El Estado aumenta su participación en Bankia

Curiosamente, la participación del Estado en Bankia no hace más que aumentar. Las numerosas sentencias judiciales que condenan a la entidad por el engaño de las preferentes o la salida a Bolsa –el Supremo acaba de anular la compra de acciones de Bankia por las “graves inexactitudes” del folleto de la oferta pública–, obligan al banco a devolver la inversión y a recomprar las acciones fruto del canje obligatorio. A finales de 2014 el FROB poseía el 62% del capital y ahora ya es el propietario del 64,2%. Bankia ha tenido que asumir unos 253 millones de acciones.

Al tiempo, dos de los fondos con mayor participación en el capital, Europacific Growth Fund (Eupac) y Capital Research and Management Company, han reducido su participación desde 2014 por debajo del 3% –superaban el 5% cada uno–. El capital privado de Bankia se lo reparten inversores institucionales españoles –un 4,94% a 30 de noviembre de 2015–, minoristas –que han pasado de casi el 22% en 2013 a menos del 13% a finales del año pasado por las sentencias judiciales– e inversores institucionales extranjeros como los dos fondos antes citados. Éstos rebajaron su participación en 2015 en casi un punto porcentual, tras haberla nada menos que quintuplicado el año anterior.

Hasta el momento, un total de 49 inversores institucionales han presentado demandas contra Bankia. Para hacer frente a los litigios que le esperan por la salida a Bolsa, la entidad ha provisionado 1.840 millones de euros.

El mismo exiguo porcentaje de devolución en el resto 

Ese 7,2% reingresado por Bankia es casi el mismo exiguo porcentaje con que el Estado ha recuperado el dinero del rescate a todo el sistema bancario español. De los 53.553 millones de euros53.553 millones de euros aportados desde 2009, el Estado ha recobrado sólo 2.666 millones, a los que habría que sumar los 1.304 de la venta de acciones de Bankia antes citada. Es decir, 3.970 millones, un 7,4%, según los datos de la última nota del Banco de España sobre las ayudas a la restructuración bancaria, fechada el pasado mes de mayo.

De esos 2.666 millones, 977 millones los devolvió Caixabank en abril de 2013 y corresponden a ayudas recibidas por Banca Cívica –resultado de la fusión de Caja Navarra, Cajasol, Caja Canarias y Caja de Burgos y luego absorbida por la entidad catalana–; otros 782 millones proceden de la venta de la participación del Estado en Catalunya Banc,783 millones más de la venta de Novacaixagalicia, y 124 millones amortizados por Liberbank de una emisión de obligaciones convertibles en acciones.

Cascada de millones para el rescate

En cualquier caso, son unas cifras muy alejadas de las cantidades aportadas por el Estado: 12.052 millones a Catalunya Banc y 8.982 millones a Novacaixagalicia, hoy Abanca tras haber sido vendida al venezolano Banesco. Catalunya Banc ha terminado en manos del BBVA. A Banco Mare Nostrum –resultado de la fusión de Caja Murcia, Caixa Penedès, Caja Granada y Sa Nostra– le otorgó el FROB 1.645 millones de euros y a CEISS –la antigua Caja España –Duero, hoy absorbida por Unicaja–, 1.129 millones. Caja 3 –Caja Inmaculada, Caja Círculo y Caja de Badajoz– se llevó 407 millones y Liberbank –Cajastur, Caja Cantabria y Caja de Extremadura–, 124.

Además, el Estado concedió a las entidades avales por un importe de 110.895 millones que han sido devueltos en un 95%, y garantías en forma de Esquemas de Protección de Activos (EPA) de los que el FROB calcula una pérdida de 1.039 millones de euros. La suma se amplía con las garantías adicionales que el FROB concede para la cobertura de contingencias como posibles reclamaciones por las preferentes: 1.553 millones. Y con las líneas extraordinarias de crédito que habilitó el Estado por un máximo de 16.300 millones, que ya han sido canceladas. La cuenta termina con 2.192 millones de euros aportados a la Sareb, el banco malo, y 45.028 millones concedidos en forma de avales públicos a la deuda emitida por éste.

Hay que recordar que España solicitó en junio de 2012 el rescate financiero, integrado por una línea de crédito de hasta 100.000 millones de euros. De estos fondos se pidieron finalmente 40.000 millones, y de ellos se han devuelto ya al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) más de 5.600 millones, un 15%, según el informe de evaluación elaborado por la Comisión Europea y publicado el pasado 29 de enero.

Tanto los responsables del Banco de España y el ministro de Economía, Luis de Guindos, en sus declaraciones públicas, como el propio FROB en sus cuentas han dado por perdidos los miles de millones entregados por el Estado a las entidades financieras rescatadas. Ya lo advirtió el propio Goirigolzarri en fechas tan tempranas como mayo de 2012. “El Estado va a inyectar capital en Bankia y la obligación de una compañía cuando recibe capital, sea de quien sea, no es devolver dicho capital, sino ser capaz de generar valor y ofrecer rentabilidad a esa aportación”.

El día de 15 de julio de 2007 acudió al puerto de Sanxenxo un puñado de viejos amigos, habituales del verano más exclusivo de Galicia. El Correo Gallego dio cuenta de la cita: “Rajoy cumple la tradición de reunirse con sus amigos, pero no pudo navegar” –por el mal tiempo, otro habitual de los veranos pontevedreses–. La escena se repite cada año y salta a las páginas de la prensa local con la misma soltura –pero más recato– que los chapuzones de Ana Obregón en el couché nacional. Alrededor del presidente se dejan ver hasta una quincena de rostros bien conocidos de la política y la empresa gallegas. Algunos con un pie en la escena nacional. Entre ellos hay compañeros del colegio de los jesuitas de León donde Rajoy pasó de los cinco a los 15 años, también amigos de su primera juventud en Pontevedra, perfiles de confianza en el partido y arrimados políticos al calor de la estrella del líder popular.

En esta foto de 2007 faltan nombres como Rafael Louzán, expresidente de la Diputación de Pontevedra, y José Benito Suárez, presidente de la Autoridad Portuaria de Marín, que se unieron más tarde al grupo según relata la cronista del periódico compostelano. De izquierda a derecha, ésta es la pandilla de verano del hoy presidente del Gobierno en funciones:

JUAN PÉREZ MIRAMONTES

Juan Pérez Miramontes fue el presidente del sindicato Xóvenes Agricultores (XXAA), la marca gallega de Asaja, desde su fundación en 1982 hasta el año pasado, cuando desapareció sumido en una grave crisis económica. El recorte de las generosas subvenciones que recibía de la Xunta abocó al sindicato, conocido por su afinidad política con el PP, al concurso de acreedores. Tiene deudas pendientes con Hacienda, la Seguridad Social y numerosos proveedores. Las sedes de Lugo y Carballo (A Coruña) le han sido embargadas por los bancos porque no pudo pagar las hipotecas. A sus trabajadores les adeuda las nóminas de más de un año. Despidió a 80 de ellos, algunos de los cuales han ganado sus demandas por cese improcedente en los tribunales. El pasado mes de diciembre, la plantilla anunció una querella contra Pérez Miramontes y el secretario general de XXAA, Francisco Bello, por estafa y fraude en subvenciones.

Mientras el amigo de Rajoy intentaba mantener a flote el sindicato, transmutándolo en Asaja Galicia –que también ha presentado suspensión de pagos–, se sucedían las denuncias de sus trabajadores sobre el tren de vida y los negocios de Pérez Miramontes. Suyo es el yate A Peregrina, de 15 metros de esloraA Peregrina y tres cubiertas, amarrado en el puerto de Sanxenxo (Pontevedra), que utilizaban en sus travesías veraniegas tanto Mariano Rajoy y su esposa como Ana Pastor y su marido o el expresidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, también del PP, y el exconselleiro de Xustiza Xesús Palmou.

Ya en 2012 la revista Interviú publicó que Xóvenes Agricultores contrataba servicios y compraba material a empresas de un cuñado y de una de las hijastras de su presidente. Pérez Miramontes está casado con Lourdes Luchi MaceiraLuchi , viuda de José Eduardo Manzano, uno de los propietarios de Recreativos Manzano, la empresa que dio lugar a Egasa, a su vez dueña del 50% del Casino de La Toja. Lourdes Maceira aportó al matrimonio tres hijas. Fátima Manzano Maceira es la socia única de ComuniK2 Comunicación, una de las empresas que facturaba al sindicato presidido por su padre por “actuaciones subvencionables” en los cursos de formación a agricultores en paro que pagaba la Xunta. Otra de ellas, Lourdes Manzano Maceira, asegura la revista, trabaja en la Diputación de Pontevedra desde 2006 –presidida entonces por Rafael Louzán, otro de los habituales de Sanxenxo y del yate de Pérez Miramontes–.

ANA PASTOR Y JOSÉ BENITO SUÁREZ

Ana Pastor no es gallega, sino zamorana, de Cubillos del Pan, aunque su padre, Victoriano Pastor, nació en Viveiro (Lugo). Conoció a su marido, José Benito Suárez, en Galicia, donde Ana Pastor encontró plaza al terminar la carrera de Medicina en Salamanca. Su primer destino fue Crecente (Pontevedra). Tanto ella como su esposo forman parte del círculo de amigos de juventud de Mariano Rajoy. Su primer cargo político de relevancia fue directora provincial del Servicio Galego de Saúde (Sergas) en Pontevedra, con Manuel Fraga al frente de la Xunta. En 1999 dio el salto a la política nacional cuando Rajoy la nombró subsecretaria del Ministerio de Educación. Después repitió el cargo en los de Presidencia y de Interior: allí donde iba Mariano Rajoy, Pastor tenía un puesto.

José María Aznar la designó ministra de Sanidad en 2002. Con su esposo, se enteró del naufragio y la marea negra del Prestige, en noviembre de ese año, mientras pasaba el fin de semana con otros dos ministros, Jaume Matas (Medio Ambiente) y Ángel Acebes (Interior) en el parque de Doñana. Ahora que Rajoy la ha colocado al frente de Fomento, sigue siendo diputada por Pontevedra.

El esposo de Ana Pastor, José Benito Suárez, es capitán de la Marina Mercante, pero lleva en la política desde 1995, cuando fue elegido concejal del PP en Pontevedra. En 2000 otro de los personajes de la foto, Xesús Palmou, entonces conselleiro de Xustiza e Interior, lo designó director general de Protección Civil. Desde 2005 y hasta 2009, cuando el Gobierno del PSOE lo nombró presidente de la Autoridad Portuaria de Marín, volvió a sentarse en el pleno del Ayuntamiento de Pontevedra. Con el PP en el Ejecutivo, José Benito Suárez continuó al frente del puerto pontevedrés; es decir, trabaja a las órdenes de su esposa.

JOSÉ RAMÓN LETE LASA

Jugador de baloncesto de Estudiantes, CAI Zaragoza, Breogán y Obradoiro hasta 1990, José Ramón Lete Lasa es director general para el Deporte de la Xunta. Tampoco es gallego –nació en San Sebastián hace 59 años– pero, como Ana Pastor, se siente hijo adoptivo de Galicia. Su carrera en la Administración autonómica comenzó en 1994 como secretario provincial del Sergas en Vigo. En 1997 se le nombró director general de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración e Políticas Públicas (FIAPP), creada por el Gobierno de Aznar ese año para estimular la cooperación internacional. En 2003 volvió a la Xunta, esta vez como director general para el Deporte, el mismo cargo que repitió en 2005 en la Comunidad de Madrid. Cinco años después regresa a la Dirección General para el Deporte de la Xunta, donde continúa.

Lete Lasa era el número dos de la consejería que dirigió Alberto López Viejo, uno de los procesados por el caso Gürtel. Firmó, al menos, dos contratos con Diseño Asimétrico, una de las empresas de Francisco Correa. José Ramón Lete dice que se limitó a dar conformidad a unas facturas que pagaban servicios contratados por sus superiores y contaban con el visto bueno de la Intervención.

En cualquier caso, los socialistas gallegos pidieron su dimisión tras publicar el Consello de Contas un informe sobre las supuestas irregularidades cometidas mientras ejerció de director general para el Deporte entre 2003 y 2005. El órgano fiscalizador denunció que el departamento de Lete Lasa había repartido 32 millones de euros entre entidades deportivas “de forma caprichosa e irresponsable, sin ajustarse a la realidad y sin criterio ni control”.

José Ramón Lete Lasa es otro de los habituales en las estancias de Mariano Rajoy en Pontevedra. Organizó la reunión del líder del PP, a quien acompañaba José Benito Suárez, con el campeón de triatlón gallego Javier Gómez Noya en agosto de 2014. Hicieron senderismo en Ribadumia.

PILAR ROJO

Pilar Pinini RojoPinini, expresidenta del Parlamento gallego, ahora diputada del PP en el Congreso, es arquitecta y está casada con un arquitecto, Alfredo Fredy Díaz GrandeFredy. Ambos pertenecen al núcleo duro de las amistades de juventud de Rajoy. En noviembre de 1996 fue nombrada delegada provincial de la Consellería de Cultura en Pontevedra, cargo que ocupó hasta finales de 2001, cuando fue elegida diputada autonómica del PP por esa provincia. Dos años más tarde ya era conselleira de Familia. Ejerció como presidenta del Parlamento durante dos legislaturas. 

“Pilar Rojo, la presidenta del Parlamento de Galicia, es Pinini para quienes disfrutamos de su amistad desde antiguo. Somos sus amigos quienes mejor testimonio podemos dar de su carácter fiable y cumplidor, de su alegría, del amor a su familia, de su cultura y su afición a los buenos libros y los buenos viajes... y ya se sabe que libros, caminos y vida dan la sabiduría”. Así la describe Mariano Rajoy en un perfil para El País publicado el 13 de febrero de 2011 y que formaba parte de una serie con el título Gallegos en la escalera.

AMANCIO LÓPEZ SEIJAS

Dueño del grupo Hotusa, Amancio López Seijas, invitó al presidente del Gobierno a celebrar la pasada Nochevieja en uno de los hoteles que gestiona: el Gran Hotel La Toja. El baile que se echaron ambos al ritmo de Mi gran noche, de Raphael, corrió como la pólvora en las redes sociales. Nacido en Chantada (Lugo), fue compañero de Rajoy en el colegio de los jesuitas de León. También se hizo amigo, muchos años después, de la ministra Ana Pastor, que le metió en el consejo de administración de AENA el pasado junio.

El juez Eloy Velasco lo investiga por manipular las cuentas en la salida a Bolsa de Banca Cívica –de la que fue consejero indepediente–, al igual que al resto de la cúpula de la entidad que fue absorbida por Caixabank en 2012. Rajoy le concedió en 2013 la Medalla al Mérito Turístico. Su red de 4.000 hoteles repartidos por todo el mundo emplea a otros tantos trabajadores. En Galicia gestionó el complejo de Monte do Gozo, en Santiago de Compostela, explota el hotel del Monasterio de San Clodio y se le adjudicaron las Pousadas de Compostela, todas ellas instalaciones construidas o rehabilitadas con dinero público. Está casada con Ana Sanjurjo –segunda por la izquierda en la foto–, que ejerce como directora de Hotusa Hotels.

XESÚS PALMOU

Fue dos veces conselleiro de Xustiza, la primera en 1996, la segunda en 2003. Comenzó en la política municipal, como concejal de A Estrada (Pontevedra) en 1987. En 1999 dejó la consellería para ser secretario general del PP gallego. En 2004 fue protagonista de un motín en el interior del partido en Galicia. La guerra entre las dos facciones locales del PP, los del birrete –Rajoy, José Manuel Romay Beccaría– y los de la boina –el difunto Xosé Cuiña y el presidente de la Diputación de Ourense, José Luis Baltar– saltó a las portadas de los periódicos cuando los últimos reclamaron el cese de Palmou al frente de la Secretaría General del partido.

Xesús Palmou era entonces el “hombre de Rajoy” en Galicia. De hecho, el presidente nacional del PP viajó hasta Santiago el 3 de noviembre de ese año sólo para pedirle a Fraga que mantuviera a Palmou en el puesto. Fraga accedió. En 2010 entró en el Consello de Contas y hoy se encuentra retirado de la política. Está casado con Mari Carmen Cibeira (la tercera por la derecha en la foto).

ALFREDO DÍAZ GRANDE

El arquitecto Alfredo Díaz Grande, esposo de Pilar Rojo, suele acompañar a Rajoy no sólo en sus escapadas veraniegas a Sanxenxo sino también a las corridas de toros de Pontevedra. O a los bailes de debutantes en el Liceo Casino de la ciudad del Lérez. La pareja también formó parte del grupo de escogidos con quienes Rajoy celebró en la séptima planta de la calle Génova la victoria electoral de 2011.

Cuatro años antes, Díaz Grande tuvo que declarar ante una comisión de investigación del Parlamento gallego. Como coordinador del concurso internacional para diseñar la Cidade da Cultura, debía responder a las preguntas de los diputados sobre el megaproyecto de Manuel Fraga para Santiago de Compostela: presupuestado en 50 millones de euros terminó convertido en un enorme fiasco de 400 millonesun enorme fiasco de 400 millones. Cuatro edificios en semiuso, dos sin construir, y una fundación en quiebra. Pero Alfredo Díaz no contestó a nada. Dijo que no se acordaba de cuánto cobró ni qué contrato le hicieron para hacer su trabajo. Para la oposición, el amigo de Rajoy fue el “autor intelectual” del proyecto. Díaz Grande se presentó sólo como “asesor” del concurso que ganó Peter Eisenman.

El pasado julio el Ministerio del Interior adjudicó a Alfredo Díaz, en un concurso negociado sin publicidad, el proyecto para construir la nueva comisaría de la Policía Nacional en Ribeira (A Coruña). Según publicó el diario digital Vozpopuli, el arquitecto pontevedrés consiguió el contrato con una oferta de 53.854 euros.

El director general de la Caja de Ahorros de Navarra, Enrique Goñi, propuso en febrero de 2011 el nombre de Amancio López Seijas, propietario del grupo Hotusa y amigo de la infancia de Mariano Rajoy, como consejero independiente de Banca Cívica, resultado de la fusión de esa entidad con Cajasol, Cajacanarias y Caja Burgos, luego absorbida por Caixabank.

Fuentes financieras consultadas por infoLibre explican que fue Moncloa quien sugirió el nombre del empresario gallego, con quien el presidente del Gobierno compartió pupitre en el colegio de los jesuitas de León. Enrique Goñi no quiso hacer declaraciones a este periódico, pero fuentes del entorno del exdirector de Caja Navarra lo niegan: “López Seijas encajaba en el perfil que queríamos para los consejeros independientes: un empresario de implantación nacional e internacional, sin connotaciones regionales, dueño de su propia compañía, no un directivo, y discreto, nada mediático”. Además, atribuyen a Goñi –ahora responsable de las empresas participadas de Criteria Caixaholding– una relación personal “de hace muchos años” con el dueño del grupo Hotusa.

López Seijas gestiona el Gran Hotel La Toja donde Mariano Rajoy celebró la Nochevieja. Un vídeo que circuló por las redes sociales las Navidades pasadas muestra al empresario y al presidente bailando la canción de Raphael Mi gran noche. Moncloa no ha querido aclarar a este periódico quién pagó la cena y si Rajoy y su mujer, Elvira Fernández, pasaron la noche en el hotel de cinco estrellas. Pero, según publicó El Mundo, la pareja fue vista en la recepción del establecimiento la mañana de Año Nuevo.

Además de en el consejo de Banca Cívica, Amancio López Seijas entró en el de la empresa semipública AENAempresa semipública AENA, tras ser avalado por la ministra de Fomento, Ana Pastor, de la que también es amigo. Pastor, a su vez, integra el círculo íntimo de Mariano Rajoy, junto con su marido, José Benito Suárez, presidente de la Autoridad Portuaria de Marín (Pontevedra).

“No es un empresario de relaciones y de pelotazo”

El consejo de administración de Banca Cívica aprobó el nombramiento de López Seijas junto con los de Rafael Cortés Elvira, ex secretario de Estado para el Deporte; Pedro Pérez, ex secretario de Estado de Economía; Ángel Corcóstegui, ex director general del BBVA, y Marta de la Cuesta, vocal del Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas. Todos ellos como consejeros independientes. El consejo de administración de Banca Cívica al completo está imputado por manipular las cuentas de la entidad para su salida a Bolsa.

La Audiencia Nacional ha obligado al juez Eloy Velasco a reabrir la causa, que había archivado previamente dos veces.

Banca Cívica necesitó una ayuda del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) de 977 millones de euros y salió a Bolsa en una operación que parecía calcada de la seguida por Bankia sólo dos días antes, el 19 de julio de 2011. Y que, como la de aquella, ha terminado en los tribunales.

“López Seijas participó mucho y se responsabilizó mucho en su trabajo como consejero independiente de Banca Cívica”, revela el entorno de Enrique Goñi, que alaba su papel como defensor de los minoritarios. También insiste en desvincular el nombramiento del empresario con su cercanía personal a Mariano Rajoy: “No es un empresario de relaciones y de pelotazo, sino todo lo contrario, un hombre hecho a sí mismo que ha construido un imperio empezando desde cero”.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha inaugurado, por tercera edición consecutiva, el Foro de Liderazgo Turístico Exceltur, que organiza este lobby del sector presidido por Amancio López Seijas. El empresario es el propietario del grupo Hotusa, en uno de cuyos establecimientos, el Gran Hotel La Toja, celebró la Nochevieja Mariano Rajoy, su mujer, Elvira Fernández; la ministra de Fomento de Fomento, Ana Pastor, y su marido, José Benito Suárez. López Seijas, natural de Chantada (Lugo), pertenece al círculo de amigos del presidente del Gobierno, con quien suele veranear en Sanxenxo (Pontevedra).

El Foro de Exceltur se celebra al día siguiente del Foro Hotusa, que fue inaugurado el pasado año por la ministra de Fomento y este año clausuró el titular de Industria, José Manuel Soria, también presente este martes en el acto del lobby turístico, en las instalaciones de Ifema, en Madrid. Ambos eventos preceden a la Feria Internacional del Turismo, Fitur, que se abre en el mismo recinto el miércoles.

El foro debatirá las tendencias y los retos de la industria turística, así como los nuevos modelos financieros. Intervendrán los ministros de Turismo de Cuba y Egipto, así como los presidentes de Iberia, Meliá, Riu, Air Nostrum o Renfe.

En junio de 2015 Amancio López Seijas fue nombrado consejero independiente de AENA con el visto bueno del Ministerio de Fomento. El presidente del grupo Hotusa, que engloba a casi 4.000 hoteles repartidos por todo el mundo, fue propuesto por el consejo de administración del gestor aeroportuario como persona de reconocido prestigio en el sector tras su salida a Bolsa en febrero. Fomento, como propietario del 51% del capital de AENA, dio su conformidad.

Antes, en febrero de 2011, había sido nombrado consejero independiente de Banca Cívica, resultado de la fusión de Caja Navarra, Caja Canarias, Cajasol y Caja Burgos. Como consecuencia de dos denuncias, de UPyD y de la asociación de consumidores navarra Kontuz, que han llegado hasta la Audiencia Nacional, el juez Eloy Velasco investiga a los responsables del banco, por manipular las cuentas de la entidad para aparentar una solvencia mayor de la real. López Seijas está imputado por estafa, apropiación indebida, falsificación de las cuentas anuales, administración fraudulenta, maquinación para alterar el precio de las cosas y falsedad en la información económica y financiera.

Gestión de hoteles públicos en Galicia

Aunque fundó su grupo hotelero desde Barcelona, el empresario chantadino mantiene una fuerte presencia en Galicia, donde en tiempos de Manuel Fraga empezó a poner en práctica su principal fórmula de negocio: la gestión de hoteles de propiedad ajena. En concreto, se hizo con el complejo hotelero del Monte do Gozo, en Santiago de Compostela en 1992. La Xunta se lo rescindió en agosto por su estado de abandono, tres años antes de que terminara el contrato.

En 2000 se le adjudicó la explotación como hotel del Monasterio de San Clodio, en Ourense, tras una costosa rehabilitación. Finalmente, en 2014 consiguió la concesión de las cuatro Pousadas do Salnés, en cuya construcción la Diputación de Pontevedra invirtió 21 millones de euros y cuya apertura lleva año y medio de retraso.

Además, desde ese mismo año explota el Hotel Reconquista de Oviedo, donde se celebra la entrega de los Premios Princesa de Asturias. El establecimiento es propiedad del Principado de Asturias.

Amancio López Seijas gestiona el Gran Hotel La Toja donde Mariano Rajoy celebró la Nochevieja. El empresario de Chantada (Lugo) bailó animadamente con el presidente del Gobierno y su esposa, Elvira Fernández, al ritmo de Mi gran noche, de Raphael, en un salón del lujoso establecimiento, que explota desde el pasado mes de junio. Así lo ha revelado un vídeo, grabado con el móvil por un invitado, que resultó uno de los éxitos navideños de internet. Amigo de la infancia de Rajoy, López Seijas también forma parte del círculo con el que el jefe del Ejecutivo veranea en Sanxenxo (Pontevedra) junto a la ministra de Fomento, Ana Pastor, y su marido, José Benito Suárez, presidente de la Autoridad Portuaria de Marín. La pareja también acudió a la cena de Nochevieja en el Grand Hotel de López Seijas. 

Aunque Moncloa no quiso aclarar a infoLibre quién había pagado la celebración del presidente en la isla de A Toxa, ni siquiera si Rajoy había pasado la noche en el hotel de cinco estrellas, el diario El Mundo publicó el domingo pasado que el jefe del Ejecutivo y su esposa, Elvira Fernández, seguían en el establecimiento la mañana de Año Nuevo.

Esa estrecha relación con Rajoy y Pastor no fue óbice para que el Ministerio de Fomento diera el visto bueno al nombramiento del empresario como consejero independiente de AENAAENA el pasado junio. Presidente del grupo Hotusa, que engloba a casi 4.000 hoteles repartidos por todo el mundo, y del lobby turístico Exceltur, López Seijas fue propuesto por el consejo de administración del gestor aeroportuario como persona de reconocido prestigio en el sector tras su salida a Bolsa en febrero. Fomento, como propietario del 51% del capital de AENA, dio su conformidad. Y su nombramiento fue aprobado con el 99% de los votos en la primera junta general de accionistas.

Fuentes del ministerio explican que la “acreditada trayectoria” de Amancio López Seijas le hace “idóneo” para el puesto, consejero independiente en una empresa que depende en buena medida de los turistas. “Si reúne las condiciones, lo razonable es que se le nombre”, añaden, “la clave es el informe del consejo de administración que justifica por qué se le propone”.

En efecto, el consejo de AENA emitió el 28 de abril un informe que apoya el nombramiento del dueño de Hotusa por “su amplia experiencia en el sector turístico”, y su “perfil profesional altamente cualificado e idóneo” para las funciones de consejero independiente “por sus profundos conocimientos en diversos campos empresariales”. Finalmente, también se encomia su “especial sensibilidad por las cuestiones relativas al buen gobierno de una sociedad cotizada”.

Al mismo tiempo que López Seijas, entraron en el consejo de administración de AENA como independientes el expresidente de Caja Madrid Jaime Terceiro y el presidente de Freixenet, José Luis Bonet. También sobre ellos elaboró el consejo el correspondiente informe justificativo. Los tres son sustancialmente idénticos: concluyen que los candidatos propuestos cumplen los requisitos de “idoneidad, competencia, experiencia, formación, méritos y compromiso propios y necesarios”.

Imputado por manipular las cuentas de Banca Cívica

En cualquier caso, el de AENA no es el primer consejo de administración en que se ha sentado el empresario gallego. También fue nombrado para el de Banca Cívica, resultado de la fusión de Caja Navarra, Caja Canarias, Cajasol y Caja Burgos. En él se mantuvo desde febrero de 2011 hasta que Banca Cívica fue absorbida por Caixabank en marzo de 2012. Antes de su integración, Banca Cívica necesitó una ayuda del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) de 977 millones de euros y salió a Bolsa en una operación que parecía calcada de la seguida por Bankia sólo dos días antes, el 19 de julio de 2011. Y que, como la de ella, ha terminado en los tribunales.

Dos denuncias, de UPyD y de la asociación de consumidores navarra Kontuz, han llegado hasta la Audiencia Nacional, donde el juez Eloy Velasco investiga a los responsables de Banca Cívica por manipular las cuentas de la entidad para aparentar una solvencia mayor de la real. Entre los imputados figura el consejero Amancio López Seijas. Se les acusa de estafa, apropiación indebida, falsificación de las cuentas anuales, administración fraudulenta, maquinación para alterar el precio de las cosas y falsedad en la información económica y financiera. Según los denunciantes, 26.000 inversores navarros perdieron el 50% de su inversión. Banca Cívica sólo estuvo en el parqué ocho meses.

Hoteles de lujo, Air Madrid

López Seijas, que ha declinado hablar con infoLibre sobre su trayectoria profesional y su relación con Mariano Rajoy, fundó Hotusa en 1977. Su sede central está en Barcelona. De hecho, el empresario gallego forma parte del consejo asesor de la patronal catalana, Foment del Traball. Hotusa se precia de ser “la primera cadena mundial de hoteles independientes", con 4.000 establecimientos. En propiedad tiene unos 140, el resto los explota Hotusa en régimen de arrendamiento, como el de cinco estrellas de la isla de A Toxa (Pontevedra) donde celebró la Nochevieja Mariano Rajoy. Su dueño es el Banco Pastor.

Bajo su marca posee el antiguo Sheraton de Madrid –rebautizado como Eurostars Suites Mirasierra– o el Grand Marina de Barcelona, al tiempo que gestiona el Hotel Reconquista de Oviedo –donde se celebra la entrega de los Premios Princesa de Asturias–, el Araguaney de Santiago o el Savoy de Londres.

El grupo incluye una central de reservas hoteleras. Y llegó a poseer el 20% de Air Madrid, la línea área de bajo coste que cerró abruptamente en 2006 dejando en tierra a 64.000 pasajeros en plenas navidades. En 2014 Hotusa facturó 744 millones de euros, casi un 18% menos que el año anterior y 13 millones por debajo de su volumen de negocio en 2011. Para este año su previsión es rozar los 1.000 millones.

Reuniones semanales con ministros

En una entrevista en finanzas.com, López Seijas presumía de mantener reuniones “casi semanales con ministros y secretarios de Estado”. Con ellos no sólo trata temas como “la comercialización, el papel de las líneas aéreas, el funcionamiento de las oficinas de turismo o la gestión de visados en los países emergentes”, sino que también discute sobre “fiscalidad, las dificultades de financiación o la libertad de horarios”.

En medios especializados del sector turístico no dudan en calificar al dueño de Hotusa de “hotelero de cabecera del presidente” Rajoy, al igual que lo fueron en su día “Antonio Catalán con José Luis Rodríguez Zapatero o Abel Matutes con José María Aznar”. El 25 de octubre de 2013, el Consejo de Ministros le otorgó la Medalla al Mérito Turístico a la Internacionalización.

López Seijas lleva con orgullo el marchamo de hombre hecho a sí mismo. De haber empezado como recepcionista de hotel y presidir, 38 años después, uno de los primeros grupos mundiales del sector. Ha situado a su mujer, Ana Sanjurjo, al frente de Hotusa Hotels, y a su hija Marina como directora de Marketing online del grupo. Mientras, en Chantada, un pueblo del sur de la provincia de Lugo con 8.500 habitantes, es casi un héroe local. Allí ha creado una central de reservas de hotel para todo el mundo que da empleo a unas 80 personas.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha vuelto a reabrir la causa sobre la fusión y salida a Bolsa de Banca Cívica y la presunta despatrimonialización de Caja Navarra, para llamar a declarar a dos peritos del Banco de España con el objeto de que ratifiquen el próximo 8 de octubre su informe sobre la solvencia de la entidad.

El magistrado ha dictado un auto en el que estima el recurso de la Fiscalía contra el archivo provisional del caso dictado el pasado agosto, argumentando que está pendiente de producirse esta ratificación pericial y de que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional entregue su informe sobre el quebranto económico de Caja Navarra, que obligó al saneamiento del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

Por ello, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 cita a declarar para las 12.00 horas del próximo 8 de octubre a los peritos del organismo supervisor y urge a la UDEF a entregar la documentación solicitada en diciembre de 2014 antes de que se produzca esa comparecencia.

La Fiscalía vio "prematuro el archivo

La Fiscalía calificó de "prematuro" el archivo advirtiendo de que el informe complementario del Banco de España no había sido ratificado ante el juzgado ni se pronunciaba sobre la totalidad de las cuestiones investigadas.

Entre ellas, destacó la repercusión en Caja Navarra de operaciones de prejubilación, dietas, contratación de personal externo, carácter inmobiliario, expansión y apertura de oficinas desde 2002, así como las inversiones relacionadas con miembros del Consejo y sus familias.

El Ministerio Público, que avisó de que falta por examinar el resultado de la investigación encomendada a la UDEF, destacaba que el informe complementario tampoco se ha pronunciado sobre las tarjetas corporativas de los exdirectivos e instaba a "esclarecer si la gestión de los denunciados que motivo la asistencia de fondos de terceros para rescatar la solvencia de la entidad se efectuó en beneficio de la entidad o de sus patrimonios personales o corporativos y en detrimento de la misma".

En la causa se investiga al expresidente del Consejo de Administración de Banca Cívica Antonio Pulido y los antiguos consejeros Lázaro Cepas, Marcos Contreras, Álvaro Arvelo, Enrique Goñi, Amancio López, Rafael Cortés, José María Achirica, Pedro Pérez, Jose Maria Leal, José Antonio Asiáin y Miguel Sanz.

Caso archivado y reabierto

Velasco archivó el pasado agosto por segunda vez el proceso entorno a la fusión de Caja Navarra, Caja Canarias, Caja Burgos y Cajasol que derivó en la creación de Banca Cívica, entidad que fue adquirida por CaixaBank por 977 millones de euros en marzo de 2012.

El magistrado argumentó que la constitución de Banca Cívica fue una operación "fundamentalmente sólida y razonablemente viable" y añadió que la solvencia de la entidad gozó de un "respaldo contable, superando en algunos momentos la exigida oficialmente y cumpliendo con la muy oscilante y precipitada legalidad bancaria nacional y comunitaria".

En noviembre de 2014, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal estimó los recursos presentados por la Fiscalía y Unión, Progreso y Democracia (UPyD) y le ordenó reabrir la causa seguida contra los antiguos gestores de Banca Cívica, al considerar que la instrucción se encontraba "inconclusa" y que los peritos del Banco de España carecían de la documentación necesaria para efectuar un análisis completo.

Unos meses antes, Velasco había decretado por primera vez el sobreseimiento provisional del caso, que asumió en marzo de 2013 tras admitir una querella de UPyD contra el anterior equipo directivo por posibles delitos de falseamiento contable, administración fraudulenta, publicidad falsaria en valores negociables en mercados de valores, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida.

Según los denunciantes, a quienes se unió la acusación ejercida por la asociación de consumidores Kontuz, el proceso de fusión podría haberse realizado con el objeto de crear la apariencia de una mayor solvencia de las entidades que se integraron en Banca Cívica con una reducción de fondos propios de 2.318 millones de euros y de reservas de 2.141 millones de euros al sacarla a Bolsa en julio de 2011, "con el correspondiente quebranto patrimonial".

La formación magenta cifraba en 26.000 inversores los perjudicados por su salida al parqué bursátil, que habrían perdido cerca de la mitad de su dinero "de manera que nunca recuperaron el precio de salida respecto a la cotización de julio de 2011".

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha vuelto a acordar el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa sobre la fusión y salida a bolsa de Banca Cívica.

En el auto, el juez concluye que "en las pruebas practicadas de la documental aportada y del segundo informe presentado por los peritos del Banco de España no desvirtúan la resolución" que adoptó en junio del pasado año, en la que archivó las denuncias que UPyD y la asociación Kontuz presentaron contra los directivos de la entidad.

Para el juez Velasco, no está "debidamente justificada la perpetración de los delitos" que han dado motivo a la formación de esta causa en lo que se refiere a "actuaciones bancarias entendidas como 'sistemáticas' que podrían haber afectado al conjunto de la economía nacional, generando un perjuicio patrimonial".

La Audiencia Nacional reabrió el caso Banca Cívica al estimar el recurso de UPyD contra la decisión del juez Velasco de archivar la investigación, pero finalmente el magistrado ha vuelto a acordar el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa.

El titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional señala en el auto, contra el que cabe interponer recurso, que "una comparativa de la actuación del estado de la situación contable de Banca Cívica con las cifras medias de otras cajas similares en el conjunto de la economía nacional, explican la disminución de la solvencia de la entidad y reflejan de manera adecuada su situación patrimonial en diferentes cortos periodos seguidos de tiempo".

Según expone, "los ajustes continuados que realiza la entidad creada 'a valor razonable' no implican que la contabilidad en libros fuese incierta, ni estuviese 'maquillada' para engañar a la Administración ni a los usuarios".

Y agrega en el auto que la constitución de Banca Cívica fue "una operación fundamentalmente sólida" y su proyecto de integración "consistente y razonablemente viable". Además, el juez Eloy Velasco sostiene que su equipo directivo tenía "una capacidad satisfactoria, adecuada y respondía a una experiencia probada en el sector".

"Se cumple la legalidad"

Igualmente, subraya que "el proceso de saneamiento contra reservas fue generalizado también en otras entidades bancarias del entorno teniendo en cuenta el periodo de baja liquidez y elevada incertidumbre derivado de la crisis económica".

"No aparecen pérdidas incurridas sin contabilizar, no hay saneamientos pendientes, la solvencia de la entidad siempre tiene respaldo contable superando en algunos momentos la exigida oficialmente, se cumple la muy oscilante y precipitada legalidad bancaria nacional y comunitaria y las cuentas son auditadas constantemente", defiende Eloy Velasco.

Asimismo, remarca que el erario público "no ha obtenido pérdidas en estas operaciones, devolviéndose el préstamo del FROB con sus elevados intereses" y que, además, los inversores y preferentistas, que han pasado a ser accionistas de CaixaBank, "quedaron sometidos a fluctuaciones bursátiles mucho más benévolas que las que conocieron en el reciente pasado".

Por otro lado, sobre la dotación de 3.850 millones de euros aportados como ajustes por CaixaBank al absorber Banca Cívica, el juez Velasco indica que "no se deben a la cobertura de pérdidas ocultas, sino a las nuevas exigencias derivadas de los decretos de saneamiento financiero".

Las Empresas de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE) fueron creadas para atraer inversiones de grandes compañías, interesadas en reducir al mínimo la factura fiscal de sus negocios en cualquier parte del mundo. Multinacionales como Pepsi, Walmart o Pemex aprovechan estas sociedades instrumentales para sus operaciones de ingenierías financiera. También las utilizan empresas españolas en sus negocios exteriores. De hecho, por culpa de las ETVE, Brasil considera a España casi un  paraíso fiscal, un “régimen fiscal privilegiado”, junto a países como Luxemburgo, Uruguay, Dinamarca, Holanda, Estados Unidos y Malta. En 2014, la inversión de compañías nacionales a través de este tipo de sociedades instrumentales sumó 2.560 millones de euros, el 9,8% de la inversión bruta española en el extranjero.

Las ETVE se crearon en 1992 a imagen y semejanza de los holdings constituidas en Holanda o Luxemburgo, por ejemplo. Debían tener un mínimo de inversión de seis millones de euros –tras la reforma fiscal del año pasado ese límite ha subido a 20 millones– o poseer el 5% del accionariado de otra empresa. No pagan impuestos ni por el capital que entra o sale de España a través de ellas, ni por los dividendos, beneficios y plusvalías generados por las empresas extranjeras en las que participan. Tampoco por el reparto de beneficios entre sus socios. Sólo tendrían que tributar si realizaran alguna inversión por su actividad en España pero, en ese caso, si declaran pérdidas, pueden deducir los gastos.

Además, pueden consolidar sus resultados con el resto del grupo al que pertenecen, compensando esas pérdidas con los beneficios de otras filiales y generando créditos fiscales, hasta un máximo de 18 años. Finalmente, estas empresas tienen la obligación de comunicar al Ministerio de Hacienda su constitución, pero no existe ningún registro público de ETVE.

Según el sindicato de técnicos de Hacienda Gestha, en 2012 había registradas 159 ETVE. Entre las españolas, el grupo turístico Globalia. Su presidente, Juan José Hidalgo, es administrador de JJH Capital Inversiones Exteriores ETVE SL, constituida en 2007, y que declara un capital social de 57,4 millones de euros.

Para comprar en México

También las cajas de ahorro crearon sus propias ETVE. Caja Madrid constituyó en 1999 CM Invest 1702 Corporación Internacional ETVE, que ahora es una filial de Bankia. El entonces presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, la utilizó para adquirir Hipotecaria Su Casita en julio de 2008. Esta inmobiliaria mexicana tenía 100.000 clientes y una cuota del 10% del mercado hipotecario del país azteca. La caja pagó 100 millones de euros por el 40% de las acciones. Como Su Casita se especializó en créditos hipotecarios para personas de bajos ingresos, le afectó de pleno la crisis de las hipotecas basura en Estados Unidos. Entró en liquidación en febrero de 2012.

CM Invest 1702 Corporación Internacional ETVE llegó a tener un capital social de 85,3 millones de euros en 2006. Por los órganos de administración de la ETVE pasaron en esos años algunos de los principales directivos de Caja Madrid. Antonio Zafra Jiménez, director Corporativo de Cumplimiento Normativo de Bankia, figura como uno de sus apoderados. En su día también lo fueron Rafael Sánchez Lozano, quien luego llegó a presidente de Iberia, y algunos directivos implicados en el caso de las tarjetas black: Mariano Pérez Claver, ex presidente de NH Hoteles; Luis Enrique Gabarda, expresidente de Inversis; Domingo Navalmoral, ex subdirector general de Caja Madrid; Federico Navarro Cuesta, exdirector de Recursos Humanos, o Rafael Porras López, exdirector general de Participadas de Bankia.

Un portavoz de Bankia asegura que la ETVE, que carece de plantilla, sigue activa, pero será liquidada próximamente.

Caja de Ahorros de Navarra –integrada en Banca Cívica y ésta, a su vez, absorbida después por Caixabank– constituyó CCAN 2007 Inversiones Internacionales ETVE con un capital de cinco millones de euros. Fue liquidada, por la entidad financiera catalana, en 2013, explicó a este periódico un portavoz de Caixabank.

Finalmente, el financiero venezolano Juan Carlos Escotet creó en 2007, antes de adquirir el Banco Etchevarría en 2013 y Novagalicia en 2014, Banesco Holding Latinoamerica SA, que gestiona los negocios de esa entidad en Panamá, República Dominicana y Colombia, según detalla un portavoz de Abanca, la nueva denominación de Novagalicia. Declara un capital social de 62,5 millones de euros.

Cada vez mayor desinversión

Según el Ministerio de Economía, en 2014 las empresas españolas invirtieron en el exterior a través de ETVE un 61,2% menos que un año antes. Al igual que la inversión ETVE de las compañías extranjeras, la española lleva años cayendo. En 2012 alcanzó los 4.076 millones de euros y el 28% de la inversión total, el triple que dos años después.

Además, el volumen de desinversiones de las empresas españolas en este tipo de sociedades fue de 2.483 millones de euros, casi tanto como la cuantía de lo que invirtieron. Y aumentó un 54% respecto a 2013. En 2012, la desinversión fue mucho mayor: 15.447 millones de euros, casi seis veces más de lo que  invirtieron las empresas españolas ese año.

CaixaBank ha planteado este lunes a los sindicatos un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para 750 personas para hacer lo que denomina "ajuste territorial" de la plantilla. La entidad que preside Isidro Fainé ha duplicado su beneficio en el primer trimestre, hasta 375 millones de euros.

La entidad financiera no ha concretado su propuesta de medidas para solventar este excedente de personal más allá de que son necesarias acciones de movilidad geográfica y modificaciones de las condiciones de trabajo –recortes de salario o aumentos de jornada–, pero se ha constituido una mesa de negociación con un periodo de consultas previas que finalizará el próximo día 28, mientras que el día 29 se abrirá la mesa para negociar el ERE, han informado a Europa Press fuentes sindicales.

La entidad financiera tiene detectados excedentes de personal en Andalucía, Canarias, Navarra y Burgos, territorios de origen de la absorbida Banca Cívica, mientras presenta déficit de plantilla en Cataluña y Baleares.

Fuentes de CaixaBank señalaron a Europa Press la semana pasada –cuando se convocó el encuentro de este lunes con los sindicatos– que harían propuestas "que permitan adaptar la plantilla a las necesidades del negocio en cada territorio y solventar los desequilibrios de personal que se han producido en algunas zonas geográficas".

ERE en Barclays para casi un millar de empleados

La intención del banco, que emitió la convocatoria de reunión el jueves, el mismo día en que formalizó la absorción de Barclays Bank SAUabsorción de Barclays Bank SAU, es mantener su política de buscar un acuerdo que evite despidos de trabajadores. El ERE que acaba de ejecutar en Barclays afectó a 975 empleados.

CaixaBank cuenta con casi 33.600 empleados, y actualmente tiene en marcha un plan de prejubilaciones a partir de 58 años y nuevas contrataciones para crear 700 puestos de trabajo en 2015, acordado con los sindicatos en julio de 2014.

CCOO reclama que se dé continuidad en los próximos años a las prejubilaciones y nuevos contratos, que la movilidad sea voluntaria y no exceda los 25 kilómetros de distancia, que cualquier ERE sea mediante salidas voluntarias y sirva para acelerar el retorno de personas trasladadas a otros territorios. También asegura no aceptará medidas de recorte salarial.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha estimado los recursos interpuestos por el Ministerio fiscal y el partido UPyD contra la decisión del juez Eloy Velasco de archivar la investigación sobre la fusión y la salida a Bolsa de Banca Cívica.

Además, la Audiencia ha estimado el recurso presentado por el expresidente de Caja Navarra y del Gobierno foral, Miguel Sanz, que se oponía a que la parte relativa a Caja Navarra fuera enviada al Juzgado de Instrucción Número 3 de Pamplona. De esta forma, la parte relativa a CAN será investigada también en Madrid.

La Sala de lo Penal explica en su auto que la instrucción que realizó el juez Eloy Velasco "se encuentra inconclusa, como consecuencia principalmente de la no aportación de la documentación e información requerida" para realizar la investigación. Por este motivo, ordena al juez la continuación de las actuaciones de investigación, en concreto, "el requerimiento de la documentación necesaria y demás que fueren precisas para la conclusión de la pericia, tras lo cual deberá procederse por el instructor a una nueva valoración de los hechos objeto del procedimiento en su conjunto, con absoluta libertad de criterio".

En concreto, la Sala de lo Penal recuerda que peritos del Banco de España ya comunicaron que sería necesario para la investigación que Caixabank, como sucesora de Banca Cívica, facilitara diversos documentos, tales como las combinaciones de negocios contabilizadas en junio y diciembre de 2010, así como con la revisión de los ajustes de valor razonable de la combinación de negocios de Banca Cívica con Cajasol realizada en el cierre contable del año 2011, tal y como se recogen en las cuentas anuales consolidadas y publicadas para los ejercicios 2010 y 2011. También solicitaban los peritos la documentación archivada como antecedentes de las reuniones del Consejo de Administración y de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento de Banca Cívica.

Igualmente quedaría pendiente de recibir, según las necesidades expuestas por los peritos, la documentación sobre los créditos otorgados a miembros del Consejo de Administración de Caja Navarra y sus familias entre los años 2005 y 2011; los criterios seguidos en operaciones de saneamiento de activos por Caja Navarra, y operaciones efectuadas entre la entidad a través de la Corporación industrial y las sociedades de Enrique Goñi –exdirector general de la Caja–.

"Necesidad" de la información

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional explicó que no cabe "ninguna duda de la transcendencia e imprescindibilidad de la documentación preterida, interesada y no remitida, así como de su necesidad para una correcta confección del informe pericial en las presentes actuaciones".

Al estimar los recursos, la Audiencia señala que este informe pericial "se erige como pieza nuclear acerca de la que giran el resto de las diligencias de investigación, como así sucede en la persecución de delitos de carácter económico, relacionados con actividades financieras llevadas a cabo por entidades crediticias".

Por tanto, la Sala concluye que "en este momento procesal, incompleta la instrucción, no parece aconsejable la decisión de sobreseimiento de las actuaciones, debiendo traerse la documentación requerida, y tras su análisis por los peritos del Banco de España, completar su informe, tras lo cual, el instructor estará en condiciones de adoptar alguna de las decisiones previstas".

Respecto a la posibilidad de que el juez Eloy Velasco se inhiba o no en la parte relativa Caja Navarra, la Sala considera que, "dada la evidente conexidad de las conductas objeto de investigación, no hacen aconsejable la remisión de las actuaciones al Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona" y argumenta que "las actuaciones u operaciones financieras antecedentes acaecidas en Caja Navarra no pueden desvincularse del posterior proceso de fusión y salida a Bolsa de Banca Cívica".

"Como señala una parte, [la denuncia] puede responder más a una frustración política por habérsele denegado a la denunciante una comisión de investigación parlamentaria". Esta aseveración del magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco incluida en el auto de 23 de julio mediante el cual el juez ratifica el archivo de la denuncia presentada por UPyD por la creación de Banca Cívica ha "indignado" al partido de Rosa Díez, que considera que esta opinión de Velasco es "bochornosa" y "gratuita".

Para UPyD el juez hace una valoración "impropia" de un magistrado: "Más que valoraciones jurídicas son políticas. Pero, además, son falsas porque en el caso Banca Cívica ni siquiera pudimos plantear una comisión de investigación porque no tenemos representación en el Parlamento de Navarra", aseguró a infoLibre el jefe de Gabinete del grupo parlamentario de UPyD en el Congreso, Andrés Herzog.

Andrés Herzog

Precisamente, fue Herzog la persona que como letrado de UPyD ha firmado la mayor parte de las acciones legales presentadas por este partido en relación con las antiguas cajas de ahorros, especialmente en el caso Bankia. "Velasco no puede entrar como juez en valoraciones políticas de nuestra denuncia, sobre todo porque la Fiscalía también recurrió con nosotros el archivo de la causa", completó el letrado de la formación política magenta.

En este sentido, y como una prueba de la "extralimitación" del juez, Hergog destaca que el caso se inició tras una denuncia de UPyD ante la Fiscalía: "Y fue el Ministerio Público el que propulsó la investigación enviando al juzgado sus actuaciones. Esto demuestra que no hay detrás ningún interés político", completa el dirigente de UPyD, que a su juicio debería implicar la apertura de un expediente en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El abogado de UPyD también se refirió a la equivocación de Velasco, reconocida por el propio magistrado, cuando atribuyó a la Fundación Caja Navarra una falta de colaboración al no aportar la documentación requerida. "Velasco se equivocó y suple su falta de trabajo y dedicación a un tema complejo con valoraciones genéricas y calificativos demasiado simples".

Eloy Velasco fue durante ocho años director general de Justicia de la Comunidad Valenciana en los gobiernos de Eduardo Zaplana y Francisco Camps, ambos del PP.

Recursos

En el auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 desestima los recursos interpuestos por la Fiscalía, Unión Progreso y Democracia (UPyD) y el expresidente de Navarra Miguel Sanz, y confirma la decisión que adoptó el pasado 12 de junio de sobreseer el procedimiento y enviar una parte de la causa a un juzgado de Pamplona para que investigue las supuestas irregularidades que se habrían producido en la Caja de Ahorros de Navarra (CAN), una de las cuatro que se intregó en Banca Cívica, informa Europa Press.

El magistrado rechaza la "falta de información" con que contaron los peritos del Banco de España para realizar sus análisis y sostiene que los expertos valoraron correctamente la información financiera de la entidad relativa a los ejercicios de 2010 y 2011. La situación, según su análisis, "cambió en 2012" por los decretos aprobados por el ministro de Economía, Luis de Guindos, que "establecieron nuevas obligaciones legales de provisión bancaria y cambiaron los criterios de contabilidad".

En el mismo sentido, el juez destaca que la entidad se vio afectada por "una nueva situación de empeoramiento económico general en que se perfilan más los ajustes y el valor de los activos" que provocó finalmente la "absorción-compra" de la entidad por parte de Caixabank.

No hubo delitos

De esta forma, el magistrado concluye que en la integración, absorción y compra de Banca Cívica por parte de Caixabank no se produjeron los delitos societarios, de falsificación, maquinación para alterar el precio de las cosas y falsedad en la información económica financiera que se atribuían a los exdirectivos de la entidad.

El juez admitió su competencia para investigar a los antiguos gestores de Banca Cívica en marzo de 2013. Según los denunciantes, el proceso de fusión podría haberse realizado con el objeto de crear la apariencia de una mayor solvencia de las entidades que finalmente conformaron Banca Cívica con una reducción de fondos propios de 2.318 millones de euros y de reservas de 2.141 millones de euros al sacarla a bolsa en julio de 2011, "con el correspondiente quebranto patrimonial".

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha apreciado irregularidades en la gestión de Caja Navarra antes de su integración en Banca Cívica, por lo que remite esa parte de la investigación al Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona para que investigue los hechos por no suponer un perjuicio para la economía nacional, lo que determinaría la competencia de la Audiencia Nacional.

Velasco aprecia irregularidades en relación a varias operaciones que podrían haber supuesto "la presunta dilapidación de la solvencia de Caja Navarra sacrificando recursos, realizando inversiones inmobiliarias cuestionadas de amiguismo o nepotismo en el nombramiento de empresas participadas, falseando la contabilidad en los ejercicios 2007-2009, realizando inversiones o actuaciones muy sospechosas afectantes a la solvencia y patrimonio neto de la entidad, comprando terrenos a precios desorbitados, haciendo nombramientos cuestionables, negligencias y derroches de recursos públicos, etc".

Denuncia archivada

Por el contrario, Velasco archiva las denuncias presentadas contra directivos de Banca Cívica por presuntas irregularidades en la fusión y salida a Bolsa de la entidad. Las denuncias fueron presentadas por UPyD y la asociación Kontuz por delitos societarios, falsificación, maquinación para alterar el precio de las cosas y falsedad en la información económica financiera.

En un auto, el magistrado adopta la decisión basándose en el informe de los peritos del Banco de España en el que sostenían que no hubo irregularidad ni incumplimiento de la normativa en la constitución de Banca Cívica por integración de Caja Navarra, Caja Burgos, Caja Canarias y Cajasol. Tampoco aprecia irregularidades en el préstamo recibido del FROB por 997 millones de euros al igual que en la salida a Bolsa en julio de 2011 ni en la absorción de la entidad por parte de Caixabank.

"Operación sólida"

Velasco asegura q la constitución de Banca Cívica fue una operación "fundamentalmente sólida" y su proyecto de integración "consistente y variable". También sostiene que sus equipos directivos tenían una "capacidad satisfactoria y adecuada" y que respondían a una "experiencia probada en el sector". Explica, asimismo, que los ajustes puestos en marcha por la entidad no implican que la contabilidad fuera "incierta" ni que estuviese "maquillada" para "engañar a la Administración ni a los usuarios".

Además, dice que el erario público no obtuvo perdidas con motivo del préstamo del FROB puesto que se devolvió con intereses superiores a los comerciales, ni tampoco sufrieron perjuicio ni los accionistas ni los preferentistas, puesto que al pasar a ser accionistas de Caixabank quedaron "sometidos a fluctuaciones bursátiles mucho más benévolas" que en épocas anteriores.

La detención la semana pasada del que fuera director general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), Roberto López Abad, no ha sorprendido a muchos.Roberto López Abad, Según la investigación llevada a cabo por el magistrado de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez, este banquero, en colaboración con empresarios y otros empleados de la caja, idearon un sistema que logró evadir más de 200 millones de euros al fisco español, con destino al paraíso fiscal caribeño de Curaçao (antiguas Antillas Holandesas). También ha estado entre rejas el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, que ingresó hasta en dos ocasiones en la cárcel, imputado por la emisión de cientos de millones de euros en preferentes. ingresó hasta en dos ocasiones en la cárcel, Hasta ahora son los dos únicos dirigentes de bancos que han ingresado en prisión.

Pero podrían no ser los únicos, pues en varias partes de España, jueces y fiscales investigan a los gestores de 16 cajas de ahorros y bancos que formaron parte de un sistema financiero español que desde mayo de 2009 ha necesitado 61.366 millones de euros de dinero público en inyecciones directas de capital  para evitar su desplome.

Hasta el momento, y según la información recogida por infoLibre, 195 directivos y empresarios, todos ellos vinculados a las cajas de ahorros rescatadas, permanecen imputados en la Audiencia Nacional o en juzgados de instrucción por delitos como evasión fiscal o administración desleal. 

Todo está relacionado con el expolio de las cajas de ahorros, controladas por los partidos mayoritarios en las diferentes comunidades autónomas, especialmente el PP, el PSOE pero también Izquierda Unida. A muchos de esos banqueros se les acusa de aprobarse a sí mismos prejubilaciones multimillonarias,prejubilaciones multimillonarias pero también de enriquecerse de forma ilícita. Y todo esto se produjo en un periodo de tiempo en el que las entidades financieras que gobernaban han tenido que ser rescatadas.

Las dos antiguas cajas de ahorros que más dinero han necesitado para sobrevivir, Bankia (22.424 millones) y Catalunya Banc (12.052 millones), son de las que más dirigentes imputados mantienen, con 36 y 54, respectivamente. La tercera en volumen de dinero obtenido de los españoles es Novacaixagalicia, con 8.981 millones, tiene ya ocho imputados. El Banco de Valencia (5.498 millones) tiene a cerca de una treintena de personas implicadas en los diferentes casos judiciales.

Estos son los implicados de cada una de las 16 cajas, muchas de ellas ya desaparecidas, que están siendo investigadas.

A la banca no le gusta desnudarse. Menos ante extraños. Pero lo va a tener que hacer y está nerviosa. Entre noviembre de este año y octubre del próximo, 16 entidades españolas, entre un total de 128 de toda Europa, van a tener que pasar un examen organizado por el Banco Central Europeo (BCE).

Para pasarlo, los bancos necesitan que el Gobierno respalde como parte de su capital hasta 50.000 millones en los denominados Activos por Impuestos Diferidos (AID). Son impuestos que no se pagarán en años sucesivos, una especie de descuentos legalmente autorizados por pérdidas sufridas en ejercicios anteriores y que los bancos (también las empresas) anotan como activos.

Pero Hacienda está dura. El ministro Cristóbal Montoro, según fuentes al tanto de las negociaciones, limita el posible apoyo a algo más de 20.000 millones. Oficialmente, el departamento no comentó la cifra.

Los 16 examinandos bancarios están inquietos. De entrada, saben que el BCE les exige tener un 7% de capital intachable (core capital, capital de calidad)core capital, . Ese porcentaje es el cogollo del negocio, compuesto por las acciones emitidas por el banco y por las reservas. Pero la complicación surge a la hora de determinar qué entra y qué no entra en esa definición de capital de calidad.

No es un tema baladí. En estos momentos, en España, están en discusión entre 50.000 y 60.000 millones de euros.entre 50.000 y 60.000 millones de euros. Son millones que figuran en las cuentas de la banca como activos por impuestos que no tendrán que pagar en los próximos años, si obtienen beneficios. porque en el pasado tuvieron pérdidas. ElEl FMI los mira con recelo.

Impuestos diferidos

Técnicamente se denominan Activos por Impuestos Diferidos (AID). Los anotan bancos (y también empresas) por varias razones: haber tenido pérdidas; haber comprado sociedades que tenían números rojos o haber realizado gastos anticipados que no son deducibles en el impuesto de sociedades (como saneamientos, gastos de reestructuracion o aportaciones a planes de pensiones).

La banca, apoyada por el Banco de España en este caso, presiona al Gobierno para que convierta la mayor parte de esos activos por impuestos diferidos en verdaderos créditos fiscales. El Gobierno, por su parte, negocia con las autoridades europeas y la troika cómo faciliar una salida a esos activos y su importe.

La clave del paso de activos diferidos a créditos fiscales es que, si el Gobierno los aprueba y el Estado los avala, se transformarán en una promesa cierta de que el Estado acabará pagando esos importes en cualquier circunstancia (quiebra, venta o transformación de la entidad incluidas).

La normativa permite a las entidades descontar esos activos, convertidos en créditos fiscales, cuando tengan beneficios, a lo largo de 18 años.

Rescate oculto

La transformación de ID en créditos fiscales vendría a ser, según los economistas más críticos, una especie de segundo rescate oculto de la banca, a cuenta de impuestos futuros, que habría que sumar a los 41.000 millones inyectados por el mecanismo de rescate europeo a los bancos españoles.

El analista de Attac Carlos Sánchez Matos  explica en sus trabajos el cambio de AID a créditos fiscales como la transformación en “activos de verdad” que incluso tendrían la consideración de “vendibles”, ya que empresas que tienen beneficios importantes podrían comprar esos créditos fiscales.

A los bancos les corre prisa. El acuerdo Basilea III (promovido por los organismos internacionales para asegurar la estabilidad financiera internacional y de la banca) dio cinco años, ampliables a 10, para eliminar de los balances los AID.

Basilea III entra en vigor el próximo año, por lo que, teóricamente, el problema, según plazos máximos, podría enfriarse hasta 2024. Pero no hay tanto tiempo.

Al margen de plazos

Los analistas pasan de plazos y observan las cuentas como si las recomendaciones estuvieran en vigor hoy. Además, el BCE ha adelantado que, en función de los plazos del examen, aún por determinar, podría deducir entre el 60% y el 80% de los créditos fiscales. Una decisión así, sin anestesia gubernamental, dejaría a muchas entidades con las vergüenzas, léase el capital, muy expuesto.

La banca presiona al Gobierno con un argumento sólido: tiene que hacer lo mismo que ya hicieron otros países europeos para sus bancos mientras aquí se debatía sobre el rescate de entidades. Lo hicieron Alemania, Francia, Holanda, Reino Unido, EE UU e Italia.

Los bancos españoles quieren la misma diligencia. Pero en España no hay unanimidad. La norma que debe aliviar los balances de la banca ante los exámenes europeos está todavía "en la cocina", señalan fuentes del Ministerio de Economía.

Pero el Ministerio de Economía es sólo uno de los cocineros que están encima del proceso. El Ministerio de Hacienda (Cristóbal Montoro) se lo ha tomado con calma y tiene al sector en ascuas.Hacienda se lo piensa porque la intervención del Estado en la transformación que exige la banca podría ser considerada como una ayuda de Estado, con sus efectos en deuda pública.

Con los números en la mano, la entidad más interesada en el proceso en términos absolutos es el Banco Satander. Con datos de Attac y a 31 de diciembre de 2012, el importe de sus activos por impuestos diferidos ascendía a 17.848 millones de euros.

En términos relativos, por las consecuencias sobre la estructura de su capital, las entidades más afectadas serían Bankia (9.700 millones) y Sabadell (5.381 millones). Los AID suponen un 247% respecto a su patrimonio en el caso de Bankia y un 58% en el caso del Sabadell.

Las entidades que van a tener que pasar el examen del BCE son: BBVA, Santander, Banco de Sabadell, BFA-Bankia, Banco Mare Nostrum, Banco Popular y Bankinter. También participarán en el ejercicio Ibercaja, La Caixa, Ceiss, Cajas Rurales Unidad, Catalunya Banc, Kutxabank, Liberbank, Unicaja y NCG Banco.

La Caixa ha aumentado sus beneficios en el primer semestre del año hasta los 638,5 millones de euros, un 559% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior, cuando las cuentas de la entidad registraron ganancias por importe de 114,2 millones.

Según ha informado la entidad, que ha remitido sus cuentas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la evolución positiva de su negocio se debe a la incorporación del negocio de Banca Cívica y de Banco de Valencia. La Caixa adquirió estas entidades en julio de 2012 y en enero de este año, respectivamente.

Se da la circunstancia de que las dos entidades que absorbió La Caixa habían recibido dinero público. Banca Cívica –el resultante de la unión de Caja Navarra, Caja de Burgos, Caja Canarias y Cajasol– fue adquirida a un precio un 11% inferior a su valor en Bolsa. Además, Banca Cívica había recibido 977 millones de euros del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en el momento de su configuración como banco. La operación de compra tasó el valor de dicha unión de cajas en 980 millones.

Por su parte, la operación de compra de Banco de Valencia se realizó al precio simbólico de un euro, después de que la entidad valenciana recibiera 5.500 millones de euros del FROB. El Estado asumió ese importe como pérdidas en la operación de venta y, por tanto, se añadieron al déficit público.

Los 5.500 millones de ayuda supusieron más de la cuarta parte del balance de Banco de Valencia, que apenas contaba con 20.000 millones en activos. Adicionalmente, La Caixa recibió como garantía a futuro que el Estado asumiría el 72,5% de los créditos impagados del negocio de pymes y autónomos de Banco de Valencia por un periodo de 10 años. 

La Caixa también ha atribuido sus resultados al registro de los costes derivados del plan de optimización de la estructura del grupo. Según los datos de la entidad, esta operación ha supuesto 821 millones de euros. Finalmente, ha detallado que los ingresos por comisiones de servicio se han elevado un 6%, hasta los 887 millones de euros, y que la solvencia del grupo se ha reforzado hasta junio con un 'core capital' del 11,1% según la normativa BIS II.

Novagalicia Banco, Bankpyme, Caja Madrid, Bankia, Catalunya Caixa, Banco Santander, Liberbank, Caixa Laietana, Caja Rural, Lehman Brothers y Banco de Valencia son algunas de las entidades financieras que desde el 28 de enero han sido condenadas por diferentes juzgados de Galicia, Comunidad Valenciana, Cantabria, Madrid, Islas Baleares, Cataluña, Andalucía y Asturias por la venta de los productos tóxicos de las preferentes.tóxicos

Los jueces y audiencias provinciales han dictado en los últimos tres meses una veintena de sentencias que condenan a las entidades financieras a devolver a más de treinta clientes todas las cantidades invertidas en participaciones preferentes, que en conjunto superaron los dos millones de euros. Todas estas decisiones judiciales, excepto una, se han producido en juzgados de primera instancia, por lo que probablemente acabarán en las audiencias provinciales.

En la mayoría de los casos los inversores perdieron "los ahorros de toda la vida", especialmente en el caso de personas mayores. De hecho, al menos dos de los preferentistas beneficiados por las decisiones judiciales padecen la enfermedad de alzheimer, según el contenido de estas sentencias recogidas por Europa Press, que especifica que en la mayor parte de los fallos los clientes de preferentes tenían más de 60 años.

Los argumentos que barajan los jueces y los fiscales en sus escritos evidencian todavía más que en muchos casos las ventas de preferentes podrían ser consideradas como "estafas". De hecho la Fiscalía de Valladolid ha abierto esta semana diligencias penales "por un presunto delito de estafa" con motivo de las participaciones preferentes emitidas en 2004 por las entonces Caja España y Caja Duero, hoy integrantes de Banco CEISS. Además, el Valedor do Pobo (Defensor del Pueblo gallego), José Julio Fernández, ha ido un poco más allá al considerar "surrealista" que entre los responsables de la comercialización de las participaciones preferentes y subordinadas no haya ningún "imputado" o "nadie perseguido penalmente". "Soy jurista y no lo entiendo", señaló.

En todos los casos los jueces relatan al detalle cada uno de los presuntos engaños de las entidades financieras. Los bancos no proporcionaron en todos los casos "la suficiente información" sobre este tipo de productos financieros. Tampoco, según los fallos de los jueces, informaban de los riesgos y consecuencias que podían acarrear estas operaciones. Además, los afectados querían invertir en productos seguros y garantizados", pudiendo disponer del dinero "de inmediato" y sin que el capital "pudiera nunca descender". Pero la realidad fue que realizaron inversiones "para toda la vida".

En una de estas sentencias el juez duda de que las preferentes de NovaGalicia Caixa fueran de interés para ningún cliente: "Estaría fuera de toda lógica que las clientas contratasen esos productos si estuviesen convenientemente informadas". Asegurando posteriormente que "a sabiendas de que la inversión era ruinosa al 100%, lo razonable es pensar que cualquier ciudadano la rechazaría, pues en caso contrario tiraría el dinero".

Este es el motivo por el que el juez considera que los clientes no eran conscientes de los productos que se les ofertaban. También especifica que en la fecha de suscripción de las preferentes y subordinadas, "no consta que tuvieran estudios".

De la veintena de sentencias, las que tienen mayor peso, sin duda, son las firmadas por las Audiencias Provinciales de Baleares y de Pontevedra. La primera en contra de la venta de preferentes por parte de Bankpyme, estimando la demanda interpuesta por una mujer de 79 años. Para la Audiencia insular la entidad financiera infringió sus deberes legales de información y asesoramiento.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Pontevedra, que condenó al Banco Santander, indica en su resolución que la documentación firmada por los afectados por la compra de preferentes de la empresa SOS Cuétara no explica "en ningún lugar el producto que se vende". "En ningún apartado se especifica en qué consisten las participaciones preferentes de esta empresa", asegura la resolución judicial, que considera que "al no definirse y explicarse el producto, al menos por escrito, es difícil comprender el mismo y sus características".

Otra decisión judicial analiza los test de conveniencia, una exigencia de la directiva marco europea desde 2007. Trataban de probar que los clientes tenían conocimientos financieros suficientes para invertir en preferentes. Pero esto no era así, según la decisión del Juzgado de Primera Instancia número 71 de Madrid. "Está integrado por preguntas básicas y genéricas que en modo alguno puede ofrecer" al cliente "un producto de la complejidad de las participaciones preferentes".

Para el magistrado madrileño este examen se convierte en un "mero trámite" para cumplir formalmente con la normativa vigente, pero no satisface la finalidad de obtener información necesaria sobre los conocimientos y la experiencia del cliente: "Y a pesar de ello, de forma inmediata, se procede a suscribir la compra de participaciones preferentes", explica el juez.

En el caso de una comercialización de obligaciones subordinadas denunciadas en O Carballiño, el juez detalla en la sentencia que las entidades encargadas de ofertarlas a sus clientes "deben dar información clara y precisa de los riesgos que lleva aparejado" ese producto financiero. En el caso concreto de estas obligaciones, vendidas en febrero de 2011, el juez cree que "adolecían ya de una enfermedad terminal" desde 2009 por la situación de la entidad.

Pero las resoluciones judiciales también hacen hincapié en la participación de los empleados de las entidades financieras. En concreto, la Audiencia Provincial de Pontevedra ve "evidente" que "quien informaba a los clientes no conocía adecuadamente el producto ni, por lo tanto, podía valorar sus riesgos de forma adecuada". Así, mantiene que "en tales circunstancias era imposible que pudiera informar adecuadamente a los clientes de un producto complejo" como son las participaciones preferentes.

En otro caso, el magistrado destaca que la entidad vendió preferentes a una mujer de la que "desconocía todo lo relativo a sus conocimientos y experiencia, su situación financiera y sus objetivos de inversión" y todo ello sin contar con que la cliente tenía 80 años cuando firmó en junio de 2009 el contrato, dato que, además, convierte según el juez en un "verdadero sarcasmo" la afirmación realizada por la comercial de que "a la clienta no le importaba la liquidez".

Con todo este conjunto de sentencias la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo se reunirá en Pleno el 9 de mayo para tratar por primera vez sobre el tema de las participaciones preferentes. Estudiará un recurso extraordinario por infracción procesal y un recurso de casación presentados por el Banco de Santander contra la decisión de la Audiencia Provincial de Mallorca de resolver a favor de un matrimonio que adquirió este producto financiero. La Sala presidida por Juan Antonio Xiol calificó la reunión del Pleno de "trascendente" y anunció que la doctrina que siente el tribunal para resolver este pleito se considerará que crea jurisprudencia "sin tener que esperar a que recaiga otra sobre el mismo tema".

Precisamente, el magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo Sebastián Sastre Papiol ha pedido que se acepte su abstención en el Pleno del próximo 9 de mayo, en el que el órgano tratará por primera vez sobre el tema de las participaciones preferentes, debido a su pasado en el sector bancario. En concreto, Sastre basa su intención de abstenerse de conocer el recurso de casación en el hecho de que, con anterioridad a ser nombrado magistrado de la Sala Primera del Tribunal del Supremo, tuvo intervención, como asesor jurídico de la Caixa, en la comercialización de este tipo de productos financieros.

El exdirector general de Caja Navarra Enrique Goñi ha solicitado al magistrado que instruye el caso sobre las presuntas irregularidades detectadas en Banca Cívica en la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, que plantee una cuestión de competencia para que se quede con el 'caso dietas'. Por el contrario, la Fiscalía ha presentado un informe al juez en el que apoya que la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona continúe con la instrucción del caso por el que ya ha declarado el expresidente navarro Miguel Sanz.

De esta forma, el ex directivo de Caja Navarra quiere que Velasco centralice todas las investigaciones sobre Caja Navarra y sobre la fusión con Caja Canarias, Caja Burgos y Cajasol. Por lo que la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona abandonaría el sumario. Fuentes de la acusación explican que la jueza "tiene muchas ganas", y argumentan como prueba de este impulso que ya ha practicado numerosas diligencias.

La juez rechazó a finales del mes pasado remitir a la Audiencia Nacional, tal y como había pedido el magistrado Eloy Alonso, la investigación tanto de las dietas de Caja Navarra como de los créditos concedidos a familiares y empresas participadas del grupo a tipos de interés inferiores al ordinario. Según informó el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, la jueza entiende que esos hechos estaban relacionados con la posible prevaricación por omisión atribuida al Gobierno de Navarra.

Con el informe de la Fiscalía y la petición del exdirectivo de Caja Navarra, Eloy Velasco tiene que decir si presenta la cuestión de competencia al Tribunal Supremo, persistiendo en su intención inicial de investigar las dietas de los exdirectivos de la entidad navarra evitando la división de la causa. O por el contrario opta por mantener la situación actual. De optar por esta última opción, Eloy Velasco seguiría la estela de su compañero en la Audiencia Nacional Fernando Andreu, que investiga el caso Bankia pero no la anterior etapa de Cajamadrid, antes de la fusión.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 acepta investigar no sólo el proceso de fusión de las cuatro cajas de ahorros que dio origen a la entidad y su posterior salida a Bolsa, que eran los hechos objeto de la querella, sino también otras actuaciones previas de los que fueran gestores de Caja Navarra (CAN).

Estos últimos hechos integran lo instruido hasta este momento por el Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona, que será asumido ahora por la Audiencia Nacional para evitar una división de la continencia de la causa y por considerar el juez que esas actuaciones previas podrían venir a explicar la insolvencia que llevó a la fusión entre Caja Navarra, Caja Canarias, Caja Burgos y Cajasol, la ayuda del FROB (977.000 euros) y la salida posterior a Bolsa.

Sin supervisión durante 12 años

No obstante, el juez de la Audiencia Nacional considera que su compañera de Pamplona debería continuar investigando la no supervisión externa de la actividad de la CAN y Caja Cívica, según las mismas fuentes, ante la ausencia de inspecciones entre 2000 y 2012 puesto que estos hechos serían de repercusión más local y no afectan al resto del territorio nacional.

Entre otras diligencias, Velasco libra oficio al Banco de España para que designe dos peritos de entre el cuerpo de instructores de esa entidad "que nunca hayan intervenido en actuaciones respecto de CaixaBank, Caja Navarra, Caja Canarias, Caja Burgos y Cajasol para asesoras en estas actuaciones".

También da traslado de las actuaciones a las partes personadas "para que en el plazo de una semana desde su notificación soliciten la documental que precisen para poder probar los hechos que se imputan".

Grave perjuicio económico 

A largo de su auto, el juez Velasco argumenta que la competente para investigar estos hechos es la Audiencia Nacional entre otros criterios por el grave perjuicio económico causado, que podría alcanzar los 1.000 millones de euros, y el número de perjudicados, que se acercaría al os 26.000 inversores que habrían perdido el 43,2% de su inversión "de manera que nunca recuperaron el precio de salida respecto a la cotización de julio de 2011", cuando el banco salió a Bolsa, según los denunciantes.

Considera, por tanto, que se dan los requisitos de grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil y en la economía nacional, perjuicio patrimonial en una generalidad de personas y que todo ello "junto con la complejidad de su instrucción, llevan a apreciar la competencia de la Audiencia Nacional para no complicar todavía más la dificultad que la parcelación del conocimiento del asunto supondría".

En su auto, el juez Velasco destaca que en la querella hace referencia a cobro indebido de dietas, falseamiento de la contabilidad, contabilidad confeccionada ad hoc, minusvaloración de activios, despatrimonializaciónad hoc con inversiones favoreciendo a personas ligadas a quienes deciden en la entidad bancaria, compras de terrenos a precios muy superiores a los de mercado, etcétera.

Buscar liquidez por tres vías

Todo ello, según la querella, habría determinado un grado tal de insolvencia que les obligó a buscar liquidez externa por una triple vía: fusión con otras tres cajas bancarias, recabar ayudas públicas del FROB y concurrir al capital privado saliendo a Bolsa , "de modo y manera que lo último es antecedente y consecuencia de lo primero", según apunta indiciariamente el juez.

También hace alusión Velasco en su auto a lo dicho por los querellantes sobre actuaciones externas de la CAN consistentes en la no supervisión de su actividad bancaria "que más allá de un control imprudente o deficiente pueden suponer una actuación de prevaricación por omisión".

Igualmente destaca que, según los denunciantes, el proceso de fusión podría haberse realizado con el objeto de crear la apariencia de una mayor solvencia de las entidades que finalmente conformaron Banca Cívica, con una reducción de fondos propios de 2,318 millones de euros y de reservas de 2,141 millones de euros (un 44%) sacarla a Bolsa en julio de 2011, "con el correspondiente quebranto patrimonial".

Penas de cárcel

La denuncia que ahora será investigada por la Audiencia Nacional añade que la salida a Bolsa fracasó a los ocho meses, obligando a Banca Cívica a dejarse absorber por CaixaBank para evitar la nacionalización de la entidad, de modo que este último banco "adquirió unas acciones que habiendo salido inicialmente a 2,7 euros se adquirieron por un precio de 1,97 pagando, justamente, 977.000 euros por ellas y anunciando, además, que debieron realizar 3,8 millones de euros de ajustes de valoración con cargo a fondos propios de CaixaBank".

Todos estos hechos, "de haberse producido conforme se narran por los denunciantes", según señala el juez, pueden ser constitutivos, entre otros, de un delito de falseamiento de cuentas o de la situación jurídica de la entidad, ocasionando el oportuno perjuicio, que está penado en el artículo 290 del Código Penal con prisión de dos a tres años de cárcel o multa.

Otros delitos cometidos serían el de administración fraudulenta de bienes societarios o contracción de acciones perjudiciales, penado en el artículo 295 del Código Penal con entre seis meses a cuatro meses de prisión y multa; un delito de publicidad falsaria en valores negociables en mercados de valores penado en el artículo 282 bis con entre dos años y medio a seis de prisión y multa; otro de maquinación para alterar el precio de las cosas (entre seis meses y dos años, según el artículo 284 del Código Penal) y un delito de apropiación indebida (entre uno y seis años de cárcel y multa según el artículo 252 del Código Penal).