El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha negado tajantemente que el acuerdo alcanzado este martes con el Gobierno vasco para transferir la gestión de prestaciones no contributivas suponga la ruptura de la caja única de la Seguridad Social, como sostiene el PP. En rueda de prensa en Moncloa tras la reunión de la comisión bilateral que ha acordado un nuevo paquete de traspasos a Euskadi, el ministro ha aseverado: "Es una falsedad decir que se rompe la caja única de la Seguridad Social".

De este modo ha rechazado los reproches del vicesecretario de Coordinación Autonómica y Municipal del PP, Elías Bendodo, para quien el Gobierno de Pedro Sánchez ha negociado con el PNV "desguazar" la Seguridad Social en el País Vasco en "otra ruptura y otra patada a la unidad de España".

El ministro ha aclarado que lo pactado en la reunión ha sido la "gestión" de las prestaciones no contributivas, algo que constata el propio acuerdo, donde está recogido "de manera taxativa", ha aseverado.

Y ha leído el texto que refleja que esta transferencia respeta "el modelo unitario y el principio de solidaridad y la caja única de la Seguridad Social". En consecuencia, ha instado a Bendodo a corregir su afirmación por ser "falsa".

Torres ha calificado la reunión con el lehendakari, Imanol Pradales, de "fructífera" tras haber concluido "con acuerdos consensuados" y ha criticado que la oposición recurra al "disenso y a "lo más fácil en la política", que "es la crispación, el insulto, la demagogia y el populismo", ha lamentado.

Asimismo, ha destacado que el Gobierno seguirá con su calendario de bilaterales "con todas aquellas" autonomías que se lo soliciten "de manera oficial" y ha zanjado que "más autonomía, no es menos España, sino justamente todo lo contrario".

"El Gobierno de España sigue trabajando, lo va a seguir haciendo, lo ha hecho, lo hace y lo seguirá haciendo hasta el final de su camino, que es la presente legislatura, que quedan dos años por delante con voluntad de continuidad", ha dicho Torres, para reafirmar el compromiso del Ejecutivo con los acuerdos firmados en el marco Constitucional y los estatutos de autonomía.

Pero no ha sido el único acuerdo al que han llegado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el lehendakari. En total, han acordado avanzar en siete materias clave reclamadas desde hace tiempo por Euskadi, entre ellas la transferencia al País Vasco de las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social a la familia.

Así se ha acordado en la segunda reunión de la Comisión Bilateral de Cooperación Permanente, en la que se han dado nuevos pasos para ir completando las cerca de 25 transferencias pendientes que reclama Euskadi tal y como acordaron los socios del Gobierno Vasco PNV y PSE, en un momento delicado de la legislatura en la que el Ejecutivo de Pedro Sánchez necesita afianzar el apoyo de sus socios.

A las siete materias a las que se ha dado luz verde se suma otro acuerdo importante para cerrar la venta de Talgo.

Estos son los ocho acuerdos:

Los acuerdos sobre competencias deberán ser ratificados en una comisión mixta de transferencias antes del final de año. 

El presidente de JxCat, Carles Puigdemont, ha reivindicado este martes la delegación "integral" de la gestión de la migración a Cataluña porque se trata de "una competencia que normalmente ejercen los Estados", y ha avanzado que, una vez asumidas, Cataluña "estará mucho más preparada para su futuro como nación", según informa EFE.

El PSOE y JxCat han registrado este martes en el Congreso de los Diputados la Ley Orgánica para la Delegación de competencias en materia de migración, que contempla que los Mossos gestionarán la seguridad de puertos y aeropuertos en cooperación con la Policía y la Guardia Civil, en tanto que la Generalitat tendrá la competencia integral de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y de las devoluciones de extranjeros, tras el pacto alcanzado este lunes entre ambas formaciones.

En una rueda de prensa en la sede de JxCat, en la que ha intervenido telemáticamente, Puigdemont ha advertido de que la asunción de estas competencias "no será fácil ni rápida" porque requiere traspasos de personal, económicos y de bienes. "Cuando entre en vigor esta ley, Cataluña asumirá de manera integral las competencias del Estado en una materia que es de extrema importancia para el futuro del país, y las asumirá en un momento de encrucijada, en un momento clave", ha dicho.

En esta línea, Puigdemont ha avanzado que, seis meses después de la entrada en vigor de la ley, Cataluña tendrá "que empezar a actuar", por lo que ha apostado por "aprovechar el tiempo" hasta entonces. "Hemos cerrado un acuerdo desde la oposición, para que el Govern de nuestro país tenga unas herramientas que nosotros queremos para nuestras instituciones. Y lo seguiremos haciendo, cuando toque, con la financiación o con el techo de gasto", ha afirmado el líder de JxCat.

En este sentido, Puigdemont ha reclamado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que tenga "mentalidad de Estado" en lo que respecta a las competencias de migración. El líder de JxCat ha comparado esta nueva delegación de competencias con la asunción de la gestión de las prisiones por parte de Cataluña, al ser "una competencia difícil, que las autonomías no hacen cola para tener", del mismo modo que ocurrió con tráfico.

En su comparecencia, Puigdemont ha sostenido que las cifras "son claras" y que no se puede "ignorar el riesgo de desborde de los servicios públicos", ni tampoco los problemas a los que se enfrenta el conjunto de Europa, en alusión a "la amenaza de la violencia y de la radicalización religiosa y el aumento de los postulados xenófobos y racistas". Estos elementos, ha dicho, "obligan a hacer cambios en la manera de gestionar el fenómeno" migratorio.

En la rueda de prensa también ha intervenido la portavoz de JxCat en el Congreso de los Diputados, Míriam Nogueras, y el secretario general de Junts, Jordi Turull, que ha resaltado el carácter "bilateral" de la negociación con el PSOE para este traspaso. La ley orgánica registrada en el Congreso, ha dicho Turull, deja a Cataluña "fuera del café para todos" al tratarse de competencias "exclusivas", lo que "fortalece" el autogobierno. Y ha apuntado que, manteniendo el "rigor y la discreción" en la negociación, se podrán obtener más réditos.

Por su parte, Nogueras ha afirmado que tanto el Parlament como el Govern de la Generalitat tendrán "trabajo", y ha explicado que las expulsiones se decidirán "a propuesta de la Generalitat".

Llevaba tiempo queriendo hablar de competencias, de esas funciones, responsabilidades y potestades que nuestro ordenamiento jurídico atribuye a cada órgano o nivel de las distintas administraciones públicas y que son irrenunciables salvo en los casos de delegación, sustitución y avocación (lo contrario a delegación) previstos en la Ley. De esas competencias, del lío que nos hacemos con ellas y sobre todo, del lío que nos hacen hacernos con ellas. 

La reciente publicación de los resultados de la Encuesta de Competencias de Adultos de la OCDE, que valora las tres competencias básicas para la vida moderna (comprensión lectora, aritmética elemental y resolución adaptativa de problemas) y en la que España ocupa un lugar destacado por la cola, me ha servido de excusa perfecta para hacerlo hoy, tirando de polisemia. 

El primer lío que nos hacemos con las competencias es, en gran medida, aunque no solo, fruto de nuestra responsabilidad individual. Un lío que se evitaría, o cuanto menos se desenredaría fácilmente, si mostráramos interés genuino por conocer el funcionamiento de los asuntos que nos rodean y las reglas de juego que nos hemos dotado como la sociedad civilizada, educada y democrática que somos. Se evitaría si elimináramos de nuestro vocabulario el tan manido “uf, eso yo no lo entiendo” o “yo eso no lo sé hacer”, también en los espacios de convivencia doméstica. Si hiciéramos algo por tratar de entender lo cotidiano que no comprendemos y que puede llegar a preocuparnos y a ocupar espacio en nuestras conversaciones, cada vez más públicas. O si tratáramos de aprender a hacer aquello que nos hace ser personas adultas funcionales y autónomas y que, al hacérnoslas gratis personas que nos quieren y con las que generalmente convivimos preferimos, vencidas por la pereza o vete tú a saber por qué otro pecado capital, no saber hacerlas. Ejemplos de este primer lío podrían ser el porqué y el para qué de los impuestos en las sociedades modernas, o cómo culminar con éxito la resolución de problemas sencillos como poner una lavadora, con sus prólogos y epílogos.

El segundo lío en el que nos hacen enredarnos es en gran medida, aunque no solo, responsabilidad ajena. Responsabilidad de quienes producen desinformación, manifiestan desidia y muestran desprecio por la verdad, todo ello sin pudor y a sabiendas de que contribuyen a que nos sea más difícil y agotador salir del primer lío, y nos anime a desistir de la razón y del sentido común como opción por defecto. A sabiendas de que consiguen rendirnos extenuadas en una aparente zona de confort mental, convencidas de que “esto en realidad no va conmigo”, que “cuanto peor, mejor” (como dijo aquél), o que prefiramos recaer resignadas en el “deja, que ya lo hago yo”.  

Como personas adultas deberíamos ser capaces, porque nos lo hubieran o hubiesen enseñado en las etapas de educación obligatoria, de saber a quién corresponde o compete hacer qué (¿es mi ayuntamiento, mi gobierno regional, el ministerio tal o cual, la UE?) a quién exigir rendir cuentas de aquello que ese “quién” hace o no hace, que promete y que no cumple, que presume de competencias de las que carece, o reniega de las que sí tiene atribuidas. Y cada vez se torna más imprescindible saber cuán eficaz es para algunas personas hacerse pasar por incompetentes, en toda su polisemia. Y estar alerta.

La competencia es contar con habilidades para una determinada tarea o función. Es aptitud, es idoneidad para hacer o intervenir en algo. Es también responsabilidad e incumbencia. 

La incompetencia es incapacidad, ineptitud, inutilidad, ineficacia, torpeza o ignorancia. O todo eso junto. Además de acumulativa, la incompetencia puede ser recurrente e incluso consciente y estratégica para pretender y conseguir escurrir el bulto, para eludir responsabilidades. Ser estratégicamente incompetente es una habilidad que se aprende y se perfecciona, que sale a cuenta y que es a priori difícil de presuponer. Sin ser imposible su detección y mitigación, sí es difícil porque la incompetencia estratégica precisa de unas condiciones con las que contamos en abundancia. 

Son cómplices de la incompetencia estratégica las trampas que vamos aprendiendo a identificar, pero en las que aún a menudo caemos, por ejemplo, en relación con el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y de la rendición de cuentas, que dista de lo deseable y de lo técnica, tecnológica y humanamente factible. Son cómplices las carencias e incluso ausencias en muchos ámbitos de mecanismos de medición de resultados, de evaluación del desempeño, de análisis de eficacia, eficiencia y coste-beneficio en los que se tengan en cuenta todos los costes y todos los beneficios. Y los de todos, no los de unos pocos. Y los de largo plazo, no solo los del corto. Son cómplices también la pérdida de memoria individual, colectiva e institucional; la mentira y la luz de gas, ambas cegadoras. 

Y a todo esto además ayuda mucho que España se sitúe por debajo del promedio de los 31 países OCDE participantes en la Encuesta de Competencias de Adultos, nada menos que en la séptima peor posición. Un caldo de cultivo ideal para seguir enredados en estos líos una larga temporada, y para meternos en otros tantos. 

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Verónica López Sabater es economista y consejera de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha avanzado este miércoles que Cataluña tendrá "pronto" las competencias en inmigración, cuyo traspaso negocia el Gobierno de Pedro Sánchez con Junts. En la sesión de control al president en el Parlament, ha señalado que "parece que pronto" el Govern tendrá las competencias en inmigración, un traspaso del que ha asegurado que se "alegrará" cuando se haga efectivo, según informa EFE.

Este traspaso es una de las condiciones de Junts para respaldar los presupuestos generales del Estado de 2025 y desde las filas posconvergentes ya habían señalado que se había avanzado "muchísimo" y que el acuerdo podría cerrarse antes de final de año.

En una réplica al presidente del grupo parlamentario de Vox, Ignacio Garriga, que ha denunciado las políticas de inmigración "devastadoras", Illa ha remarcado que, según dato del último estudio del Centro de Estudios de Opinión, "la mayoría de los catalanes tiene una visión positiva de la inmigración y una actitud de acoger".

"Le podría responder que la Generalitat no tiene todavía, porque parece que las tendremos pronto, y me alegraré, competencias en inmigración, pero no escondo la cabeza debajo del ala", ha señalado Illa.

El president ha subrayado que la acogida y la integración de los inmigrantes forma parte de la historia de Cataluña: "Esto no pone en riesgo nuestra identidad, sino que la mejora".

Asimismo, ha reprochado a Garriga que intente "sacar rédito político" de la inmigración porque "es un camino profundamente equivocado" y ha celebrado la decisión del Gobierno de aprobar un nuevo reglamento de extranjería que permitirá regularizar a 900.000 migrantes en tres años.

Las ponencias técnicas de Gobierno central y vasco sobre transferencias a Euskadi celebradas este viernes han alcanzado sendos acuerdos para la transferencia a Euskadi de los servicios de transporte de viajeros por ferrocarril de Cercanías y la homologación de títulos extranjeros. Estos acuerdos tendrán que ratificarse después en la Comisión Mixta de Transferencias, ha recogido Europa Press.

En una comparecencia de urgencia en Vitoria, la consejera vasca de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, ha señalado que ha sido un proceso "intenso" en el que en las últimas horas se ha trabajado "arduamente" para lograr un acuerdo que posibilite ofrecer estos servicios a la ciudadanía vasca "en las mejores condiciones".

"Todas las transferencias son importantes para el Gobierno Vasco, en la medida en que tdas contribuyen de una u otra manera a un mayor bienestar y a un mayor desarrollo de Euskadi, con el autogobierno como tractor", ha dicho.

Respecto al acuerdo sobre trenes de Cercanías, ha apuntado que "si bien había voces que lo venían dando por hecho desde hace tiempo, es necesario destacar el tesón" que el Gobierno vasco ha tenido que aplicar para que esta materia vaya a Euskadi "en condiciones satisfactorias y con la posibilidad de mejorar los estándares".

"Es necesario un plan de inversiones para poder modernizar la maquinaria y las infraestructuras y, gracias a nuestra insistencia, lo tenemos. Era necesario que se contemplaran algunas infraestructuras y gracias también a esta paciencia y tesón también lo tenemos", ha manifestado, para añadir que querían abrir la posibilidad de la existencia de Cercanías en el territorio histórico de Álava y lo han conseguido.

"El traspaso debía de ajustarse con rigor al sistema y metodología del concierto económico. Con mucha paciencia y disciplina, lo hemos hecho", ha celebrado, para destacar que el Gobierno vasco en todo momento "antepone los intereses de la ciudadanía vasca a la oportunidad política". "Habríamos podido cerrar este acuerdo y sacarnos la foto hace mucho tiempo, pero el acuerdo estaría prácticamente vacío para ofrecer lo que nosotros pensamos un servicio de excelencia a nuestra ciudadanía y ese es nuestro último objetivo", ha indicado.

En este sentido, ha manifestado que "no se trata de un mero cambio de manos en la gestión de un servicio, sino el reconocimiento de nuestra capacidad para abordar el desarrollo y la cohesión territorial de este territorio, de nuestro país".

"El acuerdo supone el traspaso de los servicios de los tramos de Cercanías de Bilbao, de Donosti y la posibilidad de declaración de nuevos servicios en Álava, que en la actualidad no cuenta con ningún servicio de cercanías, y en la línea Bilbao-Carranza. Asimismo, las líneas de acceso al Puerto de Bilbao serán traspasadas al término de la ejecución de la variante sur ferroviaria", ha explicado.

Con este traspaso, según ha señalado, Euskadi asumirá la gestión de los horarios, frecuencias, tarifas, inspección o sanciones, entre otras funciones. Otro de los puntos que contiene este acuerdo es un plan de inversiones en infraestructuras para la mejora de éstas y que contemple la realización de un entorno de 100 actuaciones, por un valor de alrededor de 400 millones de euros.

También se añade al acuerdo un cronograma de renovación de los trenes actuales por otros más nuevos. La estimación del coste de este traspaso está prevista que sea en torno a los 92,7 millones de euros.

En cuanto al segundo de los traspasos acordados, el Gobierno Vasco asume la gestión de la homologación y equivalencia de los títulos extranjeros para que estos tengan los mismos efectos que los títulos o niveles académicos estatales.

La consejera ha afirmado que este traspaso adquiere "gran relevancia, en un momento de necesidad de profesionales de diferentes sectores". "Así, Euskadi será la única comunidad autónoma que gestionará esta tramitación. La valoración económica estimada de este traspaso va ligada al ajuste a la gestión de los títulos a través de las tasas", ha agregado.

El Gobierno resucitará este año la Comisión Nacional de Energía (CNE) ante la creciente importancia que ha tomado este sector tras la crisis de precios de la luz y el gas. El órgano recogerá las competencias que tiene hasta ahora la CNMC, añadirá otras nuevas relacionadas con la transición verde y estará dotado con más presupuesto y personal para mejorar la inspección a las grandes compañías. También pasará de depender del Ministerio de Economía a Transición Ecológica, de forma que sus consejeros tendrán en teoría un perfil más energético que hasta ahora.

La salida de Energía del campo de trabajo de la CNMC supone una pérdida importante para el órgano presidido por Cani Fernández, que seguirá conservando las competencias sobre Audiovisual, Telecomunicaciones y Transporte. La rama energética supuso en 2022 la inmensa mayoría del trabajo de sus técnicos, con más de 2.600 inspecciones realizadas, y sobre el total de expedientes que abrió ese año la CNMC, el 77% fueron de su área de Energía, con multas por valor de 22,7 millones de euros. Tampoco ha ayudado la tensión de los precios energéticos que han sufrido los hogares en los últimos tres años, los problemas para cambiar al mercado regulado de la luz y el gas durante lo más duro de la crisis, y las denuncias sobre las trabas de algunas compañías eléctricas para quien quiere invertir en autoconsumo.

La recuperación de la CNE también supone una cesión de poderes entre ministerios. La CNMC forma parte de Economía y es esta cartera la que propone ahora a sus diez consejeros, mientras que en la futura CNE sus siete consejeros serán a propuestos por la titular del Ministerio de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y tendrán que ser refrendados por la Comisión de Transición Ecológica del Congreso.

Ribera explicó este martes que la renovada CNE tendrá un papel de observador del mercado, como hace hasta ahora la CNMC, pero también servirá como promotor de la instalación de renovables. "No se trata por tanto de [un órgano de] regulación tradicional, vinculado a la eficiencia de los precios y el buen funcionamiento de los mercados, sino que debe favorecer el objetivo europeo de descarbonización", dijo en una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros en el que se inició la tramitación de la norma. La creación de la CNE es una promesa que figuraba en el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar. La vicepresidenta tercera también señaló que este proyecto de ley se tramitará por la vía de urgencia y espera que la CNE esté operativa antes de fin de año.

El Gobierno también argumenta que la carga de trabajo relacionada con la energía en la CNMC ha crecido demasiado en los últimos tres años, y seguirá creciendo en el futuro, por lo que es necesario crear una entidad independiente con más recursos. Según el Gobierno, la CNE servirá de órgano consultivo en materia energética y para resolver de conflictos entre compañías. Además, seguirá monitorizando las quejas de los ciudadanos, una tarea que hasta ahora realizaba sin que fuese oficialmente su cometido. A diferencia de la actual CNMC, que solo abarca luz y gas natural, la CNE también se encargará del mercado de los gases renovables, como el hidrógeno y el biometano, dos sectores que ganarán importancia en la próxima década.

La Comisión Nacional de Energía fue creada en 1998 bajo el gobierno de José María Aznar (PP). Sin embargo, Mariano Rajoy decidió en 2013 extinguir este órgano y unificarlo en la nueva Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), donde se concentraron los siete reguladores existentes hasta entonces. La razón, según diferentes personas del sector, fue que Rajoy no estaba dispuesto a gobernar con los consejeros que había dejado el Partido Socialista antes de perder las elecciones de 2011. "Cada uno lo interpretará a su manera, pero yo creo que el PP no estaba de acuerdo con la cúpula de la CNE y los nombramientos estaban atados. Entonces se le ocurrió hacer una macroinstrucción para empezar de cero", recuerda José Luis Sancha, experto del sector energético en la Universidad Pontificia Comillas.

El Gobierno garantiza que la Comisión Nacional de Energía será "de naturaleza independiente", e insiste en que se necesita una entidad que tenga su propia estructura y presupuesto "para hacer frente a la bifurcación de las funciones de los reguladores energéticos", que cada vez tienen más competencias debido al crecimiento de las renovables. Transición Ecológica pone de ejemplo que la nueva CNE, a la hora de establecer las retribuciones para las redes eléctricas, podrá dar incentivos a las distribuidoras eléctricas que aceleren la instalación de coches eléctricos o el autoconsumo, "así como penalizaciones a quienes mantengan los plazos dilatados". Hasta ahora, estas retribuciones se dan exclusivamente en función de los costes que tenía cada compañía por llevar la electricidad a los hogares.

El Gobierno de coalición evitó esta semana el que podía haber sido su primer gran fracaso parlamentario de la nueva legislatura. Y lo hizo gracias a un acuerdo de última hora entre PSOE y Junts. Lo que se conoce del pacto es lo que trasladó el partido independentista en un escueto comunicado. Una nota en el que, entre otras cuestiones, se hacía mención a una "delegación íntegra de las competencias y recursos en inmigración" a la Generalitat. Aún no se ha determinado el alcance de la misma. Sin embargo, los juristas consultados por infoLibre advierten de que existen ciertas líneas rojas que no se pueden traspasar. Por ejemplo, en lo relativo al control de flujos migratorios o la expulsión. Ahora bien, en otras cuestiones en materia social o laboral sí ven margen de ampliación.

La Ley Fundamental dedica un par de artículos a fijar el terreno de juego existente a nivel competencial. El 148 hace un listado de más de una veintena de materias en las que las comunidades autónomas pueden asumir competencias. Esto abarca desde la sanidad o la asistencia social hasta la agricultura, el medio ambiente o la artesanía. Entre las mismas no se encuentran, sin embargo, las cuestiones migratorias. Al fin y al cabo, señala el artículo 149, la "nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo" son, al igual que las relaciones internacionales o la defensa, entre otras muchas, "competencia exclusiva" del Estado.

No. El artículo 150.2 de la Constitución permite al Estado "transferir o delegar" en las comunidades autónomas "facultades correspondientes a materia de titularidad estatal" que por "su propia naturaleza" sean "susceptibles de transferencia o delegación". Esto es algo que tiene que llevarse a cabo a través de una ley orgánica que debe prever, en cada caso, la "correspondiente transferencia de medios financieros", así como "las formas de control que se reserve el Estado". Una norma cuya aprobación en el Congreso de los Diputados requiere de mayoría absoluta. Es decir, que en la actual legislatura sería necesario el sí de todo el bloque de investidura.

De nuevo, la respuesta es negativa, a pesar de que Junts haga referencia a una "delegación íntegra de las competencias". Xavier Arbós, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, señala que el hecho de que la Ley Fundamental hable de "facultades" que por "su propia naturaleza" puedan ser transferidas o delegadas invita a pensar que no todo lo que tenga que ver con la inmigración pueden asumirlo las comunidades autónomas. El problema es que el artículo 150.2 de la Constitución no detalla qué facultades relativas a cada una de las materias de competencia exclusiva estatal son "susceptibles de transferencia o delegación".

A pesar de ello, los juristas consultados por este diario tienen claro que existen ciertos límites. Los posconvergentes aspiran a que la Generalitat de Cataluña pueda decidir, por ejemplo, sobre la expulsión de migrantes que reincidan en múltiples delitos o a tener competencia en el control de flujos migratorios o en los permisos de residencia. Algo que los expertos consultados ven "jurídicamente inviable". "Es una clave de la soberanía estatal decidir quién entra en España, qué controles fronterizos se hacen o a quién se le concede la autorización de residencia", apunta al otro lado del teléfono Ferran Camas, director de la Cátedra de Inmigración, Derechos y Ciudadanía de la Universidad de Girona.

Tanto Camas como Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, recuerdan, en este sentido, la sentencia emitida en 2010 por el Tribunal Constitucional en relación con el Estatut del 2006. "Es evidente que la competencia en materia de entrada y residencia de extranjeros se inscribe en el ámbito de la inmigración y la extranjería, terreno en el que, como alegan los recurrentes, sólo cabe la competencia exclusiva del Estado", apuntaba aquella resolución, emitida cuatro años después de que el PP impugnara el texto estatutario. Un partido que ya ha anunciado recursos de inconstitucionalidad contra cualquier intento de cesión.

La doctrina del Constitucional fija algunos límites respecto a la delegación o transferencia de competencias a las comunidades autónomas en materia de inmigración. "Siempre ha sido muy firme y no ha dado mucho margen para que intervengan. Sólo se permiten cuando las mismas tienen cabida en otras competencias que tenga la Generalitat", explica Camas. Por ejemplo, en materia de servicios sociales, sanidad, educación o vivienda. "Lo que venía a decir la sentencia es que cabía imaginar que se pudieran asumir competencias en algunos aspectos sectoriales dado que la inmigración es una cuestión con multitud de facetas, desde laborales hasta sociales", apunta, por su parte, el catedrático de la Universidad de Barcelona.

Esa interpretación del Constitucional permitió que el Estatut de 2006 pudiera seguir conservando el artículo 138. El que recoge, en concreto, las facultades de la Generalitat en materia migratoria. En este sentido, Cataluña tiene la "competencia exclusiva" en relación a la "primera acogida de las personas inmigradas", que incluye "actuaciones socio-sanitarias y de orientación". O la competencia ejecutiva para la "tramitación y resolución de las autorizaciones iniciales de trabajo por cuenta propia o ajena" de personas de otros países, así como de los recursos presentados en relación con estos expedientes o de la aplicación del "régimen de inspección y sanción". De hecho, Cataluña fue la primera comunidad autónoma en recibir este traspaso.

Con todo esto sobre la mesa, Urías cree que aún existe cierto "margen" para negociar. Si bien no podría transferirse la posibilidad de dictar normas sobre quién tiene derecho a entrar o cuándo se le puede expulsar –algo que ordena un juez–, el constitucionalista señala que podrían cederse "competencias de gestión". Por ejemplo, señala, se podría dar a los Mossos d'Esquadra la de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) –en la actualidad los custodia la Policía Nacional–, si bien Cataluña no podría decidir por su cuenta a quién se ingresa o no en los mismos. "O permitir que cuando alguien tenga que presentar papeles de residencia pueda hacerlo en una oficina de la Generalitat", señala el profesor de Derecho Constitucional.

Camas, por su parte, considera también que hay "campo abierto" en materia de "acogida". Como hemos dicho, Cataluña ya gestiona la primera acogida de migrantes y solicitantes de asilo, en la que se orienta a estas personas y se le enseña el idioma. Pero el director de la cátedra de la Universidad de Girona cree que esto podría ampliarse más allá. De hecho, las reclamaciones que Euskadi ha hecho en las últimas horas al Gobierno central en materia migratoria se centran, justamente, en esta cuestión. Lo que reclama el Ejecutivo vasco es la transferencia de la segunda fase del Sistema Estatal de Acogida. "Gestionando toda la segunda fase en la acogida podríamos diseñar mejor los procesos de inclusión o garantizar atenciones individualizadas", explicaba este viernes en la EiTB el director de Migración y Asilo del Gobierno Vasco, Xabier Legarreta.

El jurista tampoco ve ningún "problema constitucional" en avanzar hacia "procedimientos de cooperación administrativa" en lo relativo a la residencia. "Por ejemplo, que la Generalitat pueda emitir informes. Ahora bien, la decisión definitiva debe residir en el Estado", apunta. Y también pone el foco en los permisos de trabajo. Cataluña, como hemos expuesto, tiene competencia ejecutiva para la "tramitación y resolución" de las autorizaciones iniciales, si bien la renovación de las mismas hay que solicitara a las autoridades estatales. Sin embargo, Camas cree que podría ser "viable" una cesión de competencia en esta materia, de forma que la Generalitat sea quien asuma también estas renovaciones.

Alberto Núñez Feijóo extiende una mano para pedir pactos de Estado al Gobierno mientras usa la otra para enterrar, definitivamente, uno de los que históricamente han intentado poner freno a la compraventa de voluntades políticas: el pacto antitransfuguismo.

El Partido Popular de Navarra, con las bendiciones de la calle Génova, se reunirá este martes en Pamplona con los diputados en el Congreso Sergio Sayas y Carlos Adanero para “analizar de manera formal su posible integración en la estructura del PP”.

Sayas y Adanero son dos tránsfugas: diputados que han sido expulsados por indisciplina del partido que les llevó al Congreso, en este caso UPN, y que no han renunciado a sus escaños. Ficharlos, como pretende hacer el PP, supone una flagrante violación del pacto antitransfuguismo que este partido firmó, aunque en abril de 2021 decidiese abandonarlo después de ser amonestado por haberlo incumplido para frustrar la moción de censura con la que PSOE y Ciudadanos intentaron acabar con la presidencia de Fernando López Miras.

El pacto en cuestión, uno de los pocos acuerdos de Estado suscritos por todos las formaciones políticas en los últimos cuarenta años, prohíbe expresamente a los partidos “admitir” a concejales o diputados elegidos en una lista diferente “mientras mantengan el cargo conseguido en su partido original”. Es decir: admitir a Sayas y a Adanero en el PP incumplirá el pacto contra el transfuguismo, a menos que previamente renuncien a sus escaños en el Congreso.

Génova quiere ficharles para “trabajar de forma coordinada en la configuración de un proyecto competitivo que frene los ataques a una comunidad en la que gobierna el PSOE gracias al apoyo expreso de Bildu”. La voluntad de entendimiento entre la plataforma de los dos diputados navarros y el PP de Navarra “es amplia”, aseguran. “El objetivo es aglutinar el voto de centro derecha, pero también lograr el de aquellas personas que no quieran para la comunidad foral un Gobierno del partido de Pedro Sánchez con el apoyo del partido de Arnaldo Otegi”.

Sergio Sayas y Adanero fueron expulsados de UPN después de incumplir el acuerdo que su partido había suscrito con el Gobierno para apoyar en el Congreso la reforma laboral impulsada por la vicepresidenta Yolanda Díaz. Los dos diputados, conscientes de que sus votos eran decisivos, engañaron deliberadamente al Ejecutivo diciéndoles que votarían a favor de la iniciativa con la intención de causarle una inesperada derrota.

Sin embargo, el azar hizo que la votación saliese adelante sin su apoyo gracias al error cometido por un diputado del PP, Alberto Casero. Su voto favorable a la reforma laboral arruinó la estrategia de los dos tránsfugas así como la del Partido Popular y de Vox, que confiaban en ellos para causar una seria derrota al Gobierno. Aquella votación está todavía pendiente de que el Tribunal Constitucional decida si aquel voto equivocado debió contabilizarse o no.

La traición de Sayas y Adanero a su partido fue interpretada en su día como una decisión instigada por el PP, gobernado entonces por Pablo Casado y Teodoro García Egea, con el que ambos habían hablado en los días precedentes. Los tránsfugas, sin embargo, siempre han negado que cambiasen su voto alentados por el PP y a cambio de ingresar en este partido, circunstancia que ahora parece estar a punto de producirse.

Que el PP volviese al pacto antitransfuguismo fue una de las propuestas que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, trasladó a Alberto Núñez Feijóo en la reunión que ambos mantuvieron en Moncloa en abril de 2022, poco después de que el principal partido de la oposición consumase su abrupto cambio de liderazgo. 

Feijóo nunca respondió, ni a favor ni en contra, pero el fichaje de Sayas y Adanero confirma que no tiene la menor intención de volver a aquel pacto, suscrito con el fin de limitar una práctica cuyos “efectos suponen la alteración de la representación política durante la misma legislatura, cambiando la orientación de la relación de fuerzas surgida de las urnas” y que “no sólo son perjudiciales para la gobernabilidad, sino que deterioran los fundamentos del sistema político, propiciando disfunciones y comportamientos que pueden instalarse de forma endémica en nuestra vida pública”.

La entrada de ambos tránsfugas, alineados en posiciones más próximas a Vox que del PP —los dos cosechan con frecuencia aplausos de la bancada ultra gracias a la dureza de sus intervenciones contra el Gobierno—, demuestra que al líder del PP le vale todo con tal de engrosar sus filas. A falta de una amalgama mejor, el hilo conductor que une a los dos exdiputado de UPN con los sorayistas que Feijóo empezó a recuperar la semana pasada, encabezados por Borja Sémper e Íñigo de la Serna, ambos ideológicamente más templados, así como con los dirigentes de Ciudadanos que Génova está tratando de captar a pesar de la incomodidad de Isabel Díaz Ayuso, no es otro que el deseo, común a todos ellos, de echar a Pedro Sánchez de la Moncloa.

Con el fichaje de Sayas y Adanero, Feijóo asume otra línea de actuación de Casado: la voluntad de no ponerse límites a la hora de forzar mayorías. La anterior dirección del PP fue quien instigó con éxito la compra de diputados de Ciudadanos a cambio de cargos públicos para dinamitar la moción de censura contra López Miras. 

Una actuación que en su día motivó una resolución de los expertos de la comisión antitransfuguismo que certificó la “condición de “tránsfugas” de los cuatro exdiputados de Ciudadanos que tumbaron la moción de censura en Murcia, así como del presidente de esta región, Fernando López Miras, al considerar que fue “inductor y beneficiario” de la conducta tránsfuga de estos parlamentarios.

Gobierno vasco y central han sellado este lunes en la Comisión Mixta de Transferencias, reunida en Bilbao, el acuerdo para el traspaso a Euskadi de instituciones penitenciarias, que será efectivo el próximo 1 de octubre. También se han cerrado las transferencias del transporte por carretera, el código bibliográfico internacional ISSN y el edificio del Distrito Marítimo de Ondarroa, de manera que, con estos cuatro traspasos, quedarían otras 27 competencias pendientes para culminar el calendario acordado entre ambos gobiernos y dar cumplimiento al Estatuto de Gernika, según recoge Europa Press.

En la reunión de la Comisión, celebrada en el Archivo Histórico de Bilbao, han participado, entre otros, el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, el vicelehendakari primero y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, y la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi.

La Comisión Mixta es el órgano que establece las normas conforme a las que se transferirán a Euskadi las competencias que le corresponden en virtud del Estatuto de Gernika, además de regular el traspaso de medios personales y materiales.

En la reunión celebrada este lunes se ha certificado el acuerdo de traspaso de funciones y servicios, así como en su caso de los medios personales, presupuestarios y patrimoniales, de la Administración del Estado a Euskadi en materia de Instituciones Penitenciarias, Transporte por carretera, el código bibliográfico internacional ISSN y el edificio del Distrito Marítimo de Ondarroa.

Instituciones penitenciarias

La transferencia de mayor dimensión hace referencia a la ejecución de la legislación del Estado en materia penitenciaria, también conocida como Prisiones. El acuerdo supone el traspaso a Euskadi de las funciones y los servicios penitenciarios, de manera que la comunidad asume la competencia exclusiva para la organización, régimen y funcionamiento de los centros penitenciarios de Basauri (Bizkaia), Zaballa (Álava) y Martutene (Gipuzkoa). Asimismo, se hace cargo de la ejecución, coordinación y seguimiento del cumplimiento de penas a los presos.

El traspaso será efectivo a partir del próximo 1 de octubre, depués de más de cuatro décadas en las que han sido el Ministerio del Interior y la Secretaría de Instituciones Penitenciarias los responsables de las tres prisiones de Euskadi.

A partir de octubre pasarán el testigo al Gobierno Vasco, que asumirá una red completa de recursos materiales con los que prestar el servicio público penitenciario. Actualmente hay alrededor de 1.300 reclusos en las cárceles de Zaballa (Álava), Martutene (Gipuzkoa) y Basauri (Bizkaia), de los que aproximadamente un centenar son mujeres.

Los tres inmuebles han sido traspasados a Euskadi que se hará cargo en las mismas condiciones jurídicas en las que pertenecían anteriormente al Estado y, cuando se construya la prisión de Zubieta, el Gobierno Vasco devolverá Martutene al español y asumirá la titularidad del nuevo establecimiento penitenciario. Las obras de construcción de esta prisión fueron adjudicadas por el Gobierno español en marzo y, según los plazos de obra establecidos, será una realidad en primavera de 2023. Esta operación no supondrá variación en la valoración del coste total anual a nivel estatal asociado al traspaso.

La transferencia también incluye la antigua cárcel de Nanclares, que fue clausurada por instituciones penitenciarias tras su cierre, de manera que ya no acoge a presos y hasta hace poco parte de sus dependencias eran utilizadas para dar alojamiento a funcionarios de prisiones. El centro penitenciario no se ha desafectado del servicio público.

El Gobierno Vasco integrará y se hará cargo de la nómina de cerca de 700 empleados públicos actuales que van a ser transferidos para su integración en la función pública vasca y que trabajan en las tres prisiones vascas. Alrededor de 300 en Zaballa, mientras que en Basauri y Martutene no llegan a 200. La mayoría son funcionarios, aunque también hay laborales.

La valoración económica de la transferencia asciende a 69.949.977 euros. Euskadi retendrá anualmente (reduciendo el 6,24% del Cupo) esta cantidad anual de casi 70 millones para financiar las funciones y servicios asumidos. De esa manera, se retendrá esa cuantía sin aportarla al Cupo y la integrará en sus Presupuestos.

En 2011, el Gobierno Vasco ya asumió los servicios públicos de sanidad penitenciaria integrados en Osakidetza.

Transporte por carretera

Los dos gobiernos también han acordado la transferencia del transporte por carretera, de modo que el Gobierno Vasco asumirá los medios para la ordenación, coordinación, inspección y control del transporte por carretera que discurre íntegramente dentro de Euskadi, así como los que, sin que discurran por ella, tengan su origen y destino en el País Vasco.

Por lo tanto, Euskadi asumirá la gestión de autorización de operador de transporte, otorgamiento y gestión de concesiones de transporte privado, actividades auxiliares y complementarias del transporte, arbitraje y gestión de los exámenes de competencia profesional para el transporte y para las actividades auxiliares.

Álava ya cuenta con algunos de estos medios gracias a un convenio foral de 1950, mientras que el acuerdo prevé la equiparación de lo establecido respecto a la Diputación Foral de Álava para las diputaciones de Gipuzkoa y Bizkaia, así como la actualización del convenio alavés. El traspaso tendrá efectividad en el momento de suscripción de los convenios con las Diputaciones a lo largo del año 2021.

Euskadi asumirá cuatro empleados públicos ahora dependientes del Estado que se integrarán provisionalmente en la función pública vasca, para ser posteriormente transferidos a las Diputaciones forales. Asimismo, se hará cargo de un espacio de 77 metros cuadrados en el Palacio de Chávarri. La valoración económica del traspaso es de 153.000 euros, por lo que Euskadi retendrá actualmente para financiar las funciones y servicios la cantidad anual de 9.581 euros.

ISSN

Ambos ejecutivos también han llegado a un acuerdo para el traspaso del del código internacional de identificación bibliográfica o ISSN, que es un número reconocido internacionalmente para la identificación de las publicaciones seriadas. La gestión ha correspondido a la Biblioteca Nacional de España y ahora pasará a manos de la Administración vasca. El traspaso supone que el Gobierno Vasco se hace cargo del otorgamiento del código ISSN en Euskadi, para lo cual se recepcionarán las solicitudes de los editores y se tramitarán y catalogarán las publicaciones periódicas con ISSN asignado.

Distrito Marítimo de Ondarroa

Por último, también se ha cerrado el traspaso de un inmueble en el puerto de Ondarroa hasta ahora de titularidad estatal, que supone una ampliación de la transferencia de puertos realizada en su día. El traspaso de este edificio con una superficie de la parcela de 172 metros cuadrados y una superficie imputada total de 688 metros cuadrados, en el que se ubicaba la sede del Distrito Marítimo de Ondarroa permitirá completar las obras de regeneración del puerto de esa localidad vizcaína.

El antiguo edificio militar que después, en 1995, pasó a integrarse en el Ministerio competente en materia de puertos será derribado y en ese espacio se construirá una rotonda y una rampa de salida del muelle de carga de camiones.

De este modo, se pondrá fin al proyecto de construcción del edificio de la nueva lonja de pescado de Ondarroa, con el consiguiente traslado a esas dependencias del personal del Distrito Marítimo de Ondarroa y el posterior derribo de este inmueble que albergaba dicho servicio estatal. Esta operación permitirá culminar las obras de regeneración del puerto.

El secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública, Francisco Hernández Spínola, ha revelado este viernes que los gobiernos autonómicos del País Vasco, Navarra, Baleares y Canarias han solicitado al Ejecutivo central el traspaso de algunas competencias en virtud de lo que recogen sus estados de autonomía.

Así lo ha confirmado Hernández Spínola durante su comparecencia en la Comisión de Política Territorial y Función Pública en el Congreso de los Diputados. En esta ponencia, el secretario de Estado ha defendido el "espíritu de diálogo" del Gobierno para hacer cumplir el traspaso de transferencias a las Comunidades Autónomas, informa Europa Press.

Por ello, ha rechazado que se hable de "cesiones competenciales" porque, según ha reivindicado, se trata de cumplimentar la ley y los estatutos de autonomía de cada Comunidad. "La posición del Gobierno es una posición abierta a dialogar sobre las propuestas que nos hagan, siempre y cuando respeten el marco de la Constitución", ha añadido.

En este sentido, ha explicado que con el Gobierno del País Vasco ya se ha establecido un "cronograma" de aquellas competencias que todavía no se han transferido para abordar el estudio de esos traspasos, al igual que con el Ejecutivo de la Comunidad Foral.

Sobre estos traspasos a Navarra, la propia ministra de Política Territorial, Carolina Darias, confirmó esta semana que las negociaciones están "bastante avanzadas" para el traspaso del ingreso mínimo vital y de Tráfico al Gobierno de María Chivite.

Según ha defendido el secretario de Estado, tanto Baleares y Canarias también han planteado algunas cuestiones, si bien no ha entrado en detalle sobre estos asuntos. Ambas Comunidades Autónomas llevan sin recibir traspasos desde el 2014.

Francisco Hernández Spínola ha justificado ciertos retrasos en algunos calendarios de transferencias por la pandemia: "No ha podido ser una prioridad atender a los traspasos porque la prioridad del Gobierno ha estado en salvar vidas".

¿Puede el Gobierno mantener el mando único para la desescalada y el control de confinamiento en toda España sin decreto de estado de alarma, como dice el líder del PP, Pablo Casado, o es imposible, como sostiene Pedro Sánchez?

Los expertos constitucionalistas consultados por infoLibre son unánimes: si el Congreso deniega la prórroga de la declaración del estado de alarma en la votación del próximo miércoles, el Gobierno dejará de tener el control de las medidas sanitarias para luchar contra la pandemia y se quedará sin apoyo legal para limitar los movimientos de los ciudadanos y decidir qué actividades económicas pueden llevarse a cabo.

Si esto ocurriera, a partir de la próxima medianoche del sábado al domingo la situación volvería a comienzos de marzo. Las Comunidades Autónomas, cada una de ellas, estaría en situación de decidir cómo organizar la lucha contra el virus en su propio territorio. Y, de no adoptar ninguna medida, todas las actividades económicas podrían reanudarse sin necesidad de aplicar medidas de prevención y el conjunto de los ciudadanos sería libre de salir a la calle y de desplazarse por todo el territorio.

Los Gobiernos autonómicos dispondrían, sin embargo, cuatro días —de jueves a domingo— para tomar sus propias medidas, si bien no tendrían por qué coincidir entre sí. Incluido el confinamiento, de acuerdo con algunas interpretaciones de la Ley General de Sanidad.

Pedro Sánchez y sus ministros, por el contrario, se quedarían al margen de la gestión de la pandemia. A diferencia de lo que sostiene Pablo Casado, ninguno de los constitucionalistas consultados por infoLibre corrobora que el Gobierno de España disponga de legislación en la que apoyarse para conservar el mando único y seguir decidiendo sobre el confinamiento. No lo dice ni la vieja Ley de Medidas Especiales en materia de Salud Pública de 1986 ni la ley General de Sanidad de 2011. Como tampoco la ley de Protección Civil ni la de Seguridad Nacional que el líder del PP invocó este lunes.

El artículo 54 de la Ley General de Sanidad, por ejemplo, establece que, “con carácter excepcional y cuando así lo requieran motivos de extraordinaria gravedad o urgencia, la Administración General del Estado y las de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla podrán adoptar cuantas medidas sean necesarias para asegurar” la salud, pero “en el ámbito de sus respectivas competencias”, lo que impide al Gobierno central utilizarla para actuar sobre el sistema sanitario de las comunidades.

Incluso la Ley de Seguridad Nacional de 2015, por citar también este caso, deja claro en su artículo 23.3 que una hipotética “situación de interés para la Seguridad Nacional se afrontará con los poderes y medios ordinarios de las distintas Administraciones Públicas y en ningún caso podrá implicar la suspensión de los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos”, lo que implica que no podría afectar a la libertad de movimientos.

El Gobierno se apoya en todo ello para insistir en que no hay plan B a la prórroga del estado de alarma. Si el Congreso no la aprueba, subrayan, a partir de domingo dejarán de estar en vigor, por ejemplo, las normas que impiden la libre circulación, las reglas de distanciamiento social, la obligación de usar mascarillas en el transporte o las limitaciones a la actividad económica, por poner sólo unos pocos ejemplos. Y será “el caos y el desorden”, subrayaron enfáticamente este lunes los ministros de Sanidad y Transportes, Salvador Illa y José Luis Ábalos, respectivamente.

Para contrarrestar las criticas del PP —pero también las de las formaciones nacionalistas e independentistas—, el Ejecutivo lleva varios días esforzándose en destacar que la declaración del estado de alarma “ha sido un éxito” porque ha hecho posible poner la pandemia bajo control. Cumple estrictamente con la legalidad porque es un “instrumento constitucional” que “no obedeció a un capricho sino a una situación de extrema emergencia” y además resulta “imprescindible” para gobernar la fase más difícil de la crisis sanitaria, la desescalada, y estar preparados para el caso de que tenga lugar un rebrote.

Fueron muchos partidos, recordó expresamente Ábalos, que reclamaron esta medida antes de que fuese adoptada por el Gobierno, entre ellos el PP. Su líder Pablo Casado, declaró el 13 de marzo: Son “medidas extraordinarias para situaciones extraordinarias” y la mejor de las opciones posibles, porque “el control de una pandemia no entiende de límites territoriales, administrativos o competenciales”. “Si la emergencia sigue”, concluyó el ministro de Transportes, “no hay motivo para prescindir del instrumento más eficaz” para luchar contra ella.

Las medidas económicas

La posibilidad de limitar la libre circulación no tiene apoyatura legal en ninguna norma, subrayó además Ábalos. Como tampoco las medidas económicas extraordinarias no se podrían haber puesto en marcha, justificó, sin la existencia de las razones de fuerza mayor que se derivan de las restricciones a la movilidad y a la actividad productiva derivadas del estado de alarma.

Sobre este último punto los mismos constitucionalistas que dan la razón al Gobierno cuando sostiene que sin declaración del estado de alarma perderá el control de la situación y este pasará a manos de los 17 gobiernos autonómicos aseguran sin embargo que nada impide al Gobierno desvincular las medidas sociales y económicas de la vigencia del decreto de alarma y, por tanto, garantizar que seguirían en vigor aún si el Congreso rechaza prorrogar la medida extraordinaria a partir del domingo.

El decaimiento de estas medidas, incluidos los ERTE y los fondos extraordinarios por cese de actividad están siendo usados por el Gobierno para advertir al PP de las consecuencias de su voto negativo.

Los expertos consultados por infoLibre coinciden en que lo ideal en esta compleja situación sería que el Gobierno de España y las Comunidades Autónomas se pusiesen de acuerdo para conciliar la necesidad de adoptar criterios comunes y desarrollar una estrategia conjunta contra el covid-19 con el conocimiento del terreno y la experiencia de gestión sanitaria que acumulan las administraciones de los territorios. Así opinan al menos los profesores Fernando Flores y Joaquín Urías y el catedrático Xavier Arbos, los tres expertos en derecho constitucional.

“Las comunidades son las que conocen mejor el territorio y habría que dejarles decidir” la aplicación de las medidas en cada zona. Algo que, de paso, “trasladaría a la comunidades autónomas muchísima de la presión política y mediática” que en estos momentos soporta el Gobierno de España, apunta Flores.

De lo que no hay duda es de que sin decreto de alarma “volvemos a la situación de antes, la libre circulación absoluta”. Y las comunidades serán libres de “aplicar sus criterios en todas las materias”.

Las comunidades, recuerda Arbos, podrían decidir si declaran nuevos confinamientos y en qué áreas, como ya hizo la Generalitat de Cataluña en la comarca d’Odena antes la declaración de alarma. hizoLa principal diferencia con el confinamiento del Gobierno, explica, es que el de los territorios podría ser invalidado por la Justicia y el del Ejecutivo central sólo por el Congreso.

Sin alarma, indica, “seguiría funcionando la intersectorial sanitaria, pero el resultado sería un mosaico más o menos coordinado. El Estado tendría sus funciones muy acotadas”. Como alternativa, el Gobierno podrían intentar aprobar un nuevo real decreto de alarma y “poner el contador a cero” pero eso, reconoce, se acercaría mucho a un“fraude de ley”. O podría intentar cambiar por decreto la ley General de Sanidad para alterar el reparto competencial, lo que con toda probabilidad sería recibido de nuevo con mucha hostilidad por parte de las Comunidades Autónomas.

En opinión de Urías, es claro que “sin estado de alarma las comunidades recuperarían sus competencias”. Pero eso no significa que se acabe el confinamiento: dependerán de los que decida cada territorio. Lo que desaparecería es el “mando centralizado” del gobierno de Pedro Sánchez. 

¿Sería un caos? El profesor Urías cree que aunque formalmente el Gobierno perdiese el control de la situación tiene mecanismos de sobra, entre otros los financieros, para convencer a las comunidades y hacer que acaben aplicando los mismos criterios en la lucha contra pandemia.

La crisis por la pandemia del coronavirus arrasa con casi todo. Derriba fronteras, pone en evidencia las fragilidades de la economía, golpea a sectores que parecían inexpugnables, exhibe la fragilidad de otros sectores durante años abandonados por los poderes públicos y hace que se tambaleen planteamientos ideológicos o apuestas políticas que parecían inamovibles para sus promotores.

En el caso del Partido Popular, el principal partido de la oposición se enfrenta estos días a las contradicciones en una serie de principios que, sobre el papel, pretendían ser parte de la columna vertebral de su ideario y que, en la práctica y más en una situación tan compleja como la actual, se quedan en modo de espera.

Los conservadores están comprobando estos días la complejidad de la asunción de las competencias de las comunidades por parte del Estado. No es ningún secreto, porque los presidentes autonómicos del Partido Popular no están ocultando los roces que están teniendo con el Gobierno central. La Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso y Murcia son los máximos exponentes. También se enfrentan a contradicciones en el modelo de gestión sanitaria puesto en práctica en sus territorios, el de las privatizaciones, y en su defensa de los valores liberales.

Las elecciones del 28A

En el primer programa electoral con el que Pablo Casado concurrió a las elecciones como líder de los conservadores, el de los comicios del 28 de abril de 2019, una de las cuestiones fundamentales fue la apuesta por la recentralización de competencias.

El documento dejaba por escrito el compromiso de reforzar la presencia del Estado en todas las comunidades autónomas. Con esto pretendían "garantizar el pleno ejercicio de las competencias que tiene constitucionalmente atribuidas".

Creen los conservadores, y así lo sostenían en el preámbulo de este programa, titulado Nuestro contrato con los españoles,Nuestro contrato con los españoles que "si en 1978 la modernización del país pasaba por la descentralización, hoy, en 2019, el principal reto que tenemos es el de fortalecer la capacidad vertebradora del Estado para garantizar la libertad y la igualdad de todos los españoles".

Si lograba ganar las elecciones, Casado se comprometía a aprobar "una moratoria" que paralizaría "la cesión de nuevas transferencias a las comunidades autónomas"cesión de nuevas transferencias a las comunidades . Y, además, establecería "los cauces necesarios" para que aquellas comunidades autónomas que así lo quisieran encomendasen a la Administración del Estado el ejercicio de aquellas competencias que pudiesen ser administradas "de manera más eficaz desde el Gobierno de la Nación".

La centralización afectaba también a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: "Reformaremos la Ley 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para reforzar la necesaria coordinación de la Policía Nacional y la Guardia Civil con las policías autonómicas", defendían los conservadores en este programa que aglutinaba la oferta del partido para las generales, autonómicas y municipales.

El grueso de estas propuestas había que entenderlas en el contexto de la crisis territorial con Cataluña. El PP competía con Ciudadanos y Vox en dureza y en la exigencia a Pedro Sánchez de la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña.

Barones territoriales que marcan discurso propio... con el apoyo del líder

Ahora, el contexto es totalmente diferente y los barones conservadores tiran de su poder territorial para plantar cara al Ejecutivo. El propio Casado avaló este lunes que dirigentes de su formación plantearan, en un estado de alarma en el que la última palabra la tiene el Ejecutivo central, el cierre total de las comunidades autónomas. El más contundente en este sentido ha sido el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras.

Según comentó el líder del PP en una rueda de prensa tras reunirse con alcaldes de localidades gobernadas por su partido, con una pandemia de estas características, él prefiere que se "peque por exceso" a la hora de tomar medidasporque "es mejor prevenir que tener que curar". Así, vio "positiva" cualquier propuesta de las comunidades y consistorios que vaya en la línea de la "protección de sus vecinos".

En todo caso, mantuvo que tiene que ser el "mando único" el que "armonice" esas medidas. Otras regiones gobernadas por el PP como Andalucía y Castilla y León —ambas en coalición con Cs— también ven con buenos ojos lo planteado por López Miras.

De momento, el Gobierno no comparte la misma opinión que los conservadores, aunque se trata de un asunto que genera cierto debate interno puertas adentro de la Moncloa. En rueda de prensa, la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, defendió la continuidad de las actividades esenciales en la economía española para que pueda continuar funcionando el sistema sanitario y para asegurar "cuanto antes" la recuperación económica tras la crisis sanitaria.

El PP se define como un partido liberal. Y la insistencia de Casado en estos días en que el Ejecutivo se queda corto en sus actuaciones en el campo económico para hacer frente a la pandemia hace también que se encuentren discrepancias respecto a sus posiciones originales o planteamientos de cabecera.

El líder del principal partido de la oposición ha intentado justificar su postura. "Es compatible tomar medidas de choque urgentes—como ellos demandan—: líneas de crédito, retardo en el cobro de impuestos, ayudas directas para los más vulnerables, el tema hipotecario, etc. Y, al mismo tiempo, decir que no se puede hacer rígida ni se puede poner palos en la rueda en una recuperación económica, si no que hay que bajar impuestos, reducir trabas burocráticas, reducir los costes laborales... para que en cuanto combatamos y derrotemos al virus la gente pueda volver a su trabajo", defendió en su comparecencia ante la prensa.

Un modelo sanitario en cuestión

El Partido Popular también se enfrenta estos días en los que faltan medios, personal y camas en los hospitales a críticas sobre su modelo de gestión de la Sanidad pública, con la Comunidad de Madrid como principal foco de estos reproches. También por los recortes en servicios sociales cuando Mariano Rajoy llegó a la Moncloa tras las generales de 2011.

Pero Casado, en la misma rueda de prensa, vendió un panorama diferente. Dijo que su partido estuvo a la altura en los peores años de la crisis. Y pidió "lealtad bidireccional" al Gobierno de Sánchez a la hora de criticar la gestión de los gobiernos del PP.

El PP siempre ha defendido que su modelo de gestión de los hospitales puesto en marcha durante los gobiernos de Esperanza Aguirre nunca afectó a la calidad del servicio prestado, pese a las denuncias de la oposición y de las asociaciones en defensa de la sanidad pública.

"El incremento del gasto sanitario es común en todas las comunidades autónomas y especialmente en las del Partido Popular. Lo tengo que decir, especialmente en la Comunidad de Madrid. Porque no hay otra autonomía que haya abierto 12 hospitales en diez años, no hay otra autonomía que haya incrementado el 10% del gasto en plantilla...", dijo Casado.

El filósofo y escritor Fernando Savater y la exportavoz de Unión Progreso y Democracia Rosa Díez han presentado este miércoles la plataforma Unión 78, que busca "defender la democracia, las instituciones y la Constitución de 1978" y oponerse a las cesiones del Gobierno de Pedro Sánchez a los partidos nacionalistas. Con ese fin, prevén celebrar una primera manifestación en Madrid antes de Semana Santa. En el acto de presentación de la plataforma en Madrid han participado, además de Savater y Díez, el exdiputado del PSOE Jesús Cuadrado, los exdiputados del PP en el Parlamento vasco María San Gil –expresidenta del PP vasco– y Carlos Urquijo, que fue delegado del Gobierno en Euskadi cuando Mariano Rajoy era presidente, y David Mejía, de la sociedad civil.

Según ha explicado Rosa Díez, Unión 78 es una "iniciativa cívica ciudadana" y "una plataforma de activismo político no institucional, sin pretensiones electorales ni a corto ni a largo plazo", que nace como un instrumento para "defender la ciudadanía, también en la calle". La exlíder de UPyD ha comparado esta iniciativa con Basta Ya, la plataforma fundada en el País Vasco en el año 2000 para "defender la democracia y las instituciones democráticas", y ha indicado que en este momento era necesario algo similar.

En el manifiesto, publicado en la web www.union78.es, se explica que la nueva plataforma "solo intervendrá en demostraciones públicas y puntuales sobre aquellas políticas gubernamentales que lo exijan" y únicamente existirá con ese fin, no como organización burocrática.

En contra de la mesa de diálogo sobre Cataluña

Concretamente, Savater ha dicho que no se puede permitir que España pase de ser "una nación cívica a una nación étnica" y que el país se convierta en "una caja vacía en la cual hay metidas diversas nacionalidades y territorios". En este sentido, ha rechazado que en la mesa de diálogo sobre Cataluña entre el Gobierno central y la Generalitat, que se reúne por primera vez este miércoles, se pueda discutir sobre la autodeterminación de esta comunidad autónoma, como pretenden los políticos independentistas. Según el filósofo vasco, el "derecho a decidir" corresponde a todos los españoles, no solo a una parte.

Los políticos –en este caso, el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos– "no pueden hacer concesiones con lo que no es suyo", y "no podemos consentir que otros, en nuestro nombre, nos quiten pedacitos de ciudadanía para dárselos a otros muy voraces", ha subrayado, cuestionando que los miembros de esa mesa de diálogo decidan ellos solos sobre el futuro de Cataluña. Asimismo, a la plataforma le preocupan cuestiones como la educación pública en Cataluña, "pervertida" por las ideas nacionalistas, que el Gobierno trate como interlocutores válidos a "personas condenadas por los tribunales", como el presidente de la Generalitat, Quim Torra, o que se pueda repetir el proceso soberanista del otoño de 2017 en Cataluña.

También censuran la transferencia del régimen económico de la Seguridad Social al País Vasco tras el pacto entre el Gobierno central y el PNV. Díez ha señalado que distintos gobiernos de España han interpretado que la transferencia de los fondos supondría quebrar la caja única de la Seguridad Social y atentar "contra la solidaridad y la igualdad entre españoles". "Es inconstitucional y por eso no se ha producido antes", ha concluido.

No buscan suplantar a los partidos

Según Savater, el peligro actual es que "la unidad se puede disolver y eso es muy difícil de reparar" después. Por ello, Unión 78 busca que "la gente preocupada por esto se mueva", y esperan poder celebrar una primera concentración o manifestación en Madrid antes de Semana Santa.

Lo que ha aclarado Díez es que no pretenden suplantar a los partidos políticos y que tampoco se dirigirán a ellos o a las instituciones públicas. El planteamiento de la plataforma es dirigirse directamente a los ciudadanos y animarlos a movilizarse para "reivindicar y defender sus derechos".

Los Gobiernos central y vasco han acordado iniciar en junio de 2011, para su conclusión en diciembre de ese año, un estudio para el traspaso a Euskadi de la gestión económica de la Seguridad Social, una competencia recogida en el Estatuto de Autonomía vasco de 1979, pero aún pendiente de transferir. A su vez, ambos Ejecutivos han pactado iniciar en junio de este año el proceso para el traspaso de la competencia sobre gestión de las prisiones, también contemplada en el estatuto, con el fin de que la transferencia esté lista antes de 2021.

El compromiso en torno a estas transferencias ha sido acordado este jueves en un encuentro celebrado en Vitoria-Gasteiz, en el que han participado la ministra de Política Territorial, Carolina Darias; el lehendakari, Iñigo Urkullu, y el consejero vasco de Gobernanza Pública y Autogobierno, Josu Erkoreka. Ambas delegaciones han consensuado un nuevo calendario para la transferencia de una treintena de competencias calendariorecogidas en el Estatuto de Autonomía vasco de 1979, pero que aún se encuentran pendientes de traspasar a Euskadi. Darias ha explicado que se trata de un cronograma "realista", a ejecutar durante ese año y el próximo.

El primer bloque de las transferencias acordadas se refiere a las competencias sobre productos farmacéuticos, seguro escolar y ayudas a la jubilación de trabajadores afectados por ERE, cuyas negociaciones empezarán en febrero y se prevé que concluyan en marzo. En el segundo bloque se recogen, además de la gestión de prisiones, otras diez materias, entre ellas las referidas a seguros, meteorología, paradores de turismo y ordenación del litoral, con un plazo de negociación que se iniciará en junio y acabará en diciembre. El tercer bloque consta de 17 competencias, con un plazo de negociación previsto entre enero y junio de 2021. Entre las materias recogidas en este apartado se recogen los créditos oficiales, salvamento marítimo, aeropuertos, puertos de interés general o inmigración. De esa forma, se prevé que los trabajos para la transferencia comiencen en junio y concluyan en diciembre de 2020, con el fin de que la competencia pueda estar ya en manos de la Administración vasca en enero de 2021.

Por su parte, Erkoreka ha subrayado la importancia de que en un documento asumido por ambos gobiernos se haga mención a todas las materias estatutarias pendientes de transferir. "Es un dato histórico reseñable, un hito digno de ser destacado", ha manifestado. En una línea similar, la ministra ha destacado el "clima de entendimiento" entre ambas delegaciones, y ha subrayado la relevancia de "seguir desarrollando el autogobierno en Euskadi en el marco de la bilateralidad establecida" por el Ejecutivo central, tanto con Euskadi, como con "otras comunidades".

"Plenamente capacitados"

Josu Erkoreka ha subrayado que Euskadi está "plenamente capacitada" para asumir esta competencia, que ha sido "ansiada durante muchos años" por las instituciones vascas. En todo caso, ha precisado que la forma en la que se gestionarán las prisiones de Euskadi, así como la articulación de las "relaciones de poder" con la Justicia y la Administración central, aún deben ser concretados.

Además, en este caso, el compromiso recogido en la documentación aportada por ambas delegaciones no hace referencia al traspaso propiamente dicho, sino al "inicio de los estudios para el examen de materias relacionadas con la gestión económica de la Seguridad Social". Dichos estudios deberían iniciarse en junio de 2021, con la previsión de que estén concluidos para diciembre de ese mismo año.

No "satisface"

Erkoreka ha reconocido que la forma en la que está recogida esta materia en el acuerdo no le "satisface", dado que el traspaso del régimen económico de la Seguridad Social ya tiene "base suficiente" en el Estatuto. Además, ha recordado que el artículo 18 de esta ley orgánica ya recoge esta competencia, al establecer que "en materia de Seguridad Social corresponderá al País Vasco el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado, salvo las normas que configuran el régimen económico de la misma", así como "la gestión del régimen económico de la Seguridad Social".

Pese a todo, ha afirmado que el Gobierno Vasco "no renunciará" a la negociación "por discrepancias en las prioridades". También ha querido responder a quienes advierten de que esta transferencia podría acabar con el sistema de 'caja única'. "En ningún caso, se saltaría la unidad del sistema", ha subrayado, para recordar que este es uno de los "límites" que fija el propio Estatuto a la asignación de esta competencia a las instituciones vascas. En este sentido, ha aludido a la disposición transitoria quinta del Estatuto, que establece que Euskadi "asumirá la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, dentro de su carácter unitario y del respeto al principio de solidaridad".

Críticas al PP

Josu Erkoreka  ha expresado su "sorpresa" y su "denuncia" ante las críticas que el PP está realizando a la posibilidad de que se ejecute esta transferencia asegurando que "es grave que una formación como el PP, que se jacta de ser el máximo defensor del principio de legalidad, exija en este caso que no se cumpla una ley básica institucional de Euskadi".

En este sentido, Arias ha precisado que esta es una materia "tremendamente compleja", que, además, depende de las decisiones que se puedan adoptar en el marco del 'Pacto de Toledo', la comisión parlamentaria en la que se debate con las cuestiones relacionadas con las pensiones. "Hemos planteado la posibilidad de abordar este asunto con un plazo suficiente, cuando los acuerdos del Pacto de Toledo estén avanzados y engranados", ha señalado.

Esta última semana ha sido una carrera contrarreloj para el líder socialista, Pedro Sánchez. En apenas siete días ha conseguido cerrar los acuerdos necesarios con las fuerzas políticas que le ayudarán, salvo sorpresa, a salir del Congreso de los Diputados investido como presidente del Gobierno el próximo martes. Una de las formaciones vitales ha sido el PNV. El pasado lunes, los dos partidos dieron a conocer el pacto que alcanzaron, un documento que al poco de hacerse público ya cosechó duras críticas. Sobre todo por lo reflejado en su punto 3: "[...] Se procederá en el plazo de seis meses al traspaso de las competencias de tráfico a la Comunidad Foral de Navarra, con el mismo contenido y extensión que las realizadas en su momento a la CAV [Comunidad Autónoma Vasca]". Una transferencia que los líderes de PP y Ciudadanos no tardaron en denunciar porque, según aseguran, implica expulsar a la Guardia Civil de Navarra. Pero obvian que no se trata de una concesión creada ad hoc para sacar adelante la investidura, sino de algo que estaba pendiente desde que el expresidente del Gobierno José María Aznar (PP) lo pactó con Unión del Pueblo Navarro (UPN) —que ahora también se muestra contraria al acuerdo—. De eso hace ahora 20 años. 

Actualmente, la competencia de tráfico en Navarra la ostenta la Guardia Civil. En el País Vasco, en cambio, lo hace la Ertzaintza. Y algo así es lo que quiere Navarra. Pero no desde ahora. Nada más hacerse público el acuerdo entre el PSOE y el PNV, el portavoz del Gobierno autonómico, Javier Remírez, recordó que esa es "una reivindicación histórica de Navarra y de los distintos gobiernos que ha tenido la Comunidad foral en la etapa democrática". Por eso, aseguró que, "de entrada, es una buena noticia". "Si los acuerdos prosperan y Sánchez es elegido presidente, el Gobierno de Navarra se pondrá a trabajar con el nuevo Gobierno de España para hacer efectiva esa transferencia", añadió. 

Pero lo harán con las críticas de fondo, eso sí, de la derecha. La portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, tachó de "especialmente grave" el acuerdo alcanzado entre socialistas y jeltzales porque, según afirmó, "incluye echar de Navarra a la Guardia Civil", una de "las instituciones más valoradas por los españoles". 

Pero no es la única que emplea ese argumento. El Partido Popular de Navarra (PPN) calificó de "vergonzoso" el pacto entre el PSOE y el PNV. Según recordó la formación, se mostraron en diversas ocasiones "contrarios" a la cesión, "no tanto por la capacidad de Navarra para asumirla, sino porque detrás de ella el verdadero objetivo es limitar al máximo, o incluso llegar a expulsar, a la Policía Nacional y a la Guardia Civil de Navarra". Una tesis que también defendieron otros miembros de la formación conservadora a nivel nacional.

El secretario general del partido, Teodoro García Egea, afirmó este jueves que "echar a la Policía y a la Guardia Civil de Navarra es el precio que Pedro Sánchez va a pagar por seguir en la Moncloa y conseguir los votos del PNV". La vicesecretaria de Organización del PP, Ana Beltrán, calificó también este jueves el acuerdo de "escándalo". Y aseguró que su partido pedirá la comparecencia del ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, por mentir al asegurar que "no iba a permitir ofensas ni humillaciones a la Guardia Civil en Navarra". "Delante de sus ojos Sánchez ha firmado con el PNV echarles a ellos y a sus familias en seis meses", recalcó Beltrán. 

Marlaska fue tajante en una rueda de prensa ofrecida también este 2 de enero. "No va a salir un guardia civil de Navarra, necesitamos guardias civiles en Navarra como en el resto de España, como los hay en el País Vasco, Cataluña o Extremadura", aseguró. Y afirmó también que el acuerdo de la transferencia "no es consecuencia en modo alguno de un acuerdo con el PNV". Porque, tal y como recordó, el traspaso de las competencias ya lo acordó el expresidente Aznar con el entonces presidente navarro Miguel Sanz. 

Una reivindicación del pasado atendida por el PP

Al igual que el País Vasco y Cataluña, Navarra cuenta con su propio cuerpo policial. Se trata de la Policía Foral, cuyo origen se remonta a 1928, cuando se denominó, precisamente, Cuerpo de Policías de Carretera, nombre que mantuvo hasta 1964. Las competencias de tráfico, en cambio, duraron menos. Dos años antes, el ministro franquista Camilo Alonso firmó un decreto por el que estableció la primacía de la Guardia Civil en lo relativo al tráfico. Y desde entonces existe la demanda. 

Fue en abril del año 2000 cuando Aznar anunció que se comprometía a atenderla. Como muy tarde, dijo, en el año 2001 habría culminado la transferencia. Pero no llegó. 

Y años más tarde los conservadores volvieron a apoyar la cesión de la competencia. Fue en 2009, cuando UPN presentó una moción por la que instó al Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero a iniciar la negociación con el Ejecutivo navarro para el traspaso de tráfico. El PP la defendió y votó a favor. El senador navarro José Cruz Pérez Lapazarán, de hecho, llegó a afirmar que tráfico era una "competencia prehistórica" de Navarra. En ese momento quien votó en contra fue el PSOE. 

Las competencias de tráfico a Galicia, también apoyadas por el PP

La demanda de la transferencia de las competencias de tráfico, no obstante, no es exclusiva de Navarra. Galicia también ha intentado obtener la cesión por parte del Estado. Y lo ha hecho con el apoyo de todos los grupos políticos. Incluido el PP. Hace casi un año, el 23 de enero de 2019, los cuatro grupos con representación en el Parlamento autonómico —PP, PSOE, En Marea y BNG— acordaron instar al Gobierno a negociar el traspaso de todas las competencias pendientes. Y eso incluía las de tráfico, circulación de vehículos y seguridad ciudadana, tal y como exigió la iniciativa de los nacionalistas gallegos que originó el debate. 

En ese momento, la diputada conservadora Paula Prado recordó que su partido llevó en su programa electoral para las últimas elecciones autonómicas el compromiso de promover la negociación de las transferencias que "quedaron relegadas" debido a "las limitaciones presupuestarias que dificultaban su financiación". "En la época de crisis nos ocupamos de lo urgente y dejamos de lado lo importante, pero seguimos considerando importante esta transferencia de competencias y por eso proponíamos recuperar los traspasos pendientes", dijo. 

Apenas un mes después, no obstante, el partido optó por la abstención. Pero eso no significó dar marcha atrás a la petición. Esa posición permitió comenzar a tramitar en el Parlamento gallego la proposición. Cuatro meses más tarde, ya en junio, el texto legislativo fue aprobado en comisión. También con la abstención del PP, que mantuvo su posición de "no obstaculizar". Ahora, de ser aprobada definitivamente, el texto legislativo se dirigiría al Congreso de los Diputados, encargado de dar el visto bueno a la transferencia de las competencias de tráfico a la Comunidad gallega. 

La Cámara Baja, no obstante, ya tuvo que hacerlo antes. En el año 2008 el Parlamento autonómico aprobó por unanimidad una proposición de ley para reclamar las competencias en materia de tráfico, circulación de vehículos y seguridad viaria. Los encargados de defenderla en el Congreso fueron el entonces portavoz del BNG, Anxo Quintana, el socialista Xaquín Fernández Leiceaga y el conservador Jesús Palmou. Pero el Congreso no admitió a trámite la propuesta. Fue el PSOE el que voto 'no'; el PP se abstuvo. 

Los socialistas se opusieron, defendió el diputado del PSC Juan Carlos Corcuera, porque la consideraron "inoportuna, inconveniente e innecesaria". Además, argumentó, Galicia no cuenta con una policía autonómica "operativa y desplegada" como sí ocurre en el caso de Cataluña y País Vasco, comunidades con las competencias transferidas. 

País Vasco y Cataluña

Euskadi fue la primera en obtenerlas. Fue en 1983, cuando el cuerpo autonómico sustituyó a la Guardia Civil en el control de la circulación de vehículos en las carreteras vascas. Cataluña, por su parte, tardó más. Los Mossos d'Esquadra comenzaron a ejercer esas funciones —también en sustitución de la Guardia Civil— en mayo de 1998, el año en el que también empezaron a actuar como "policía integral" de la comunidad. 

La transferencia catalana, no obstante, se acordó un año antes, en 1997, bajo gobierno estatal de José María Aznar y mediante ley orgánica. El Estatuto de Autonomía de Cataluña no asumió las competencias de tráfico, pero sí recogió la posibilidad de transferir o delegar competencias adicionales, tal y como permite el artículo 150.2 de la Constitución.Dice lo siguiente: "El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado".

La competencias fueron transferidas al País Vasco, por su parte, mediante un Real Decreto aprobado en 1982.

Una parte del voto de la derecha y la extrema derecha se moviliza alimentado por creencias basadas en afirmaciones falsas que se difunden a través de las redes sociales y se instalan en el discurso público como verdades incontestables. infoLibre analiza cinco de las más habituales de esta campaña electoral:

  1. El Estado de las Autonomías es muy caro

Una de las afirmaciones más habituales entre quienes apoyan los discursos recentralizadores es que el Estado de las Autonomías es muy caro o, al menos, más caro que un Estado centralizado. Esta tesis, habitual en los argumentarios de la derecha, se contagia en ocasiones a la izquierda y trata de hacer creer que existen servicios duplicados, demasiados funcionarios, administraciones infladas e instituciones innecesarias, lo que provoca un despilfarro de fondos públicos que no tendría lugar si España fuese un país centralizado.

La verdad es que las cifras demuestran lo contrario. El gasto público burocrático en España —el que es achacable al sostenimiento de su administración y de sus instituciones, incluyendo las comunidades autónomas— representa el 2,6% del PIB, dos décimas por debajo de la media europea. Países fuertemente centralizados como Francia o Portugal gastan sensiblemente más, con un 3,5 y un 3,2% de su PIB, respectivamente, según datos de Eurostat del año 2016.

Lo mismo ocurre en cuanto al número de funcionarios. España tiene un porcentaje de empleados públicos sobre el total de asalariados por debajo de la media de la OCDE y de países fuertemente centralizados, como Francia.

  2. Los empleados públicos deben cobrar lo mismo en todas las comunidades

La protesta de policías nacionales y guardias civiles, que reclaman al Gobierno su equiparación salarial con las fuerzas de seguridad autonómicas de Cataluña —Mossos d’Esquadra— y Euskadi —Ertzantza—, se utiliza a menudo como un ejemplo de las desigualdades a las que da lugar el Estado de las Autonomías. Los funcionarios de prisiones ya han recogido la antorcha de la igualación salarial —en este caso en relación con sus compañeros catalanes— y empiezan a oírse las voces de otros empleados públicos —profesores, médicos— cuyas retribuciones están por debajo de los de otras comunidades autónomas.

Las diferencias salariales entre territorios son el resultados de la aplicación del principio de autonomía. Cada comunidad autónoma, en ejercicio de sus competencias y de sus necesidades, tiene capacidad para decidir cuáles son sus prioridades: la inversión en carreteras, la retribución de sus maestros o la construcción de hospitales. La igualación salarial de los empleados públicos por categorías no es posible sin privar a cada comunidad de su derecho a tomar sus propias decisiones.

En opinión de Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, la igualación automática del salario de los empleados “no se sostiene de ninguna forma desde el punto de vista jurídico”, al margen, precisa, de la legitimidad que la reivindicación tenga desde el punto de vista político o sindical.

El articulo 2 de la Constitución consagra el régimen de autonomía y de autogobierno de las comunidades autónomas. “Eso implica la capacidad política de cada territorio de decidir sus prioridades políticas. Y una parte importante de la decisión sobre las prioridades políticas”, añade, “es la decisión sobre el gasto y las retribuciones“ de los empleados públicos. Las comunidades autónomas tienen parlamentos precisamente porque tiene capacidad de decisión política, subraya Urías, en eso consiste el autogobierno político. Cualquier otra cosa sería una simple “descentralización: tener las mismas normas aplicadas por órganos diferentes”.

Igualar los salarios plantea además un problema de orden práctico: ¿qué pasaría si después de la equiparación una administración, por ejemplo el País Vasco, sube o baja los salarios de los funcionarios a su cargo? ¿Estaría obligada la administración central a hacer lo mismo?

  3. Los funcionarios tienen derecho a trabajar donde quieran aunque no hablen las lenguas cooficiales

Con frecuencia la derecha, y una parte de la izquierda, defienden que el castellano tenga prioridad sobre las otras lenguas españolas allí donde están reconocidas como cooficiales de acuerdo con la Constitución y los Estatutos de autonomía, como ocurre en Cataluña, el País Vasco, Galicia, la Comunitat Valenciana, Navarra o Illes Balears, territorios bilingües en los que vive casi la mitad de la población española.

El argumento más habitual es que exigir el conocimiento de las lenguas cooficiales, bien como mérito bien como requisito indispensable para acceder a la función pública en las comunidades donde el castellano no es el único idioma reconocido, supone una discriminación. Y viola el principio de igualdad a la hora de acceder a la función pública.

En realidad es al contrario y así lo han avalado repetidamente el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Los ciudadanos de una comunidad con lengua cooficial son los que tienen derecho a ser atendidos en el idioma que deseen y no al revés; no es el empleado público —que está al servicio de la comunidad— el que tiene derecho a hablar una sola lengua.

El Supremo estableció en 1990 que el criterio para determinar si resulta o no admisible la exigencia del bilingüismo a la hora de optar a un empleo público depende del hecho de que se trate de puestos de trabajo que impliquen una relación directa con el público. Una circunstancia que es aplicable a casi todos los empleos.

La valoración como mérito de una lengua cooficial o su configuración como requisito tienen también el respaldo del Tribunal Constitucional cuando se base en razones de normalización lingüística y de eficacia de la propia administración, siempre que el nivel de conocimiento exigido sea proporcionado a las funciones a desempeñar por el empleado público.

El soporte legal lo estableció por sentencia el Tribunal Constitucional en 1991. La corte arbitral española reconoció con esa decisión la posibilidad de que la lengua propia de una comunidad autónoma, en ese caso el catalán, no sólo pueda valorarse como un mérito más, sino que también pueda configurarse como un requisito de capacidad para acceder al empleo público.

El TC concluyó que no es “aceptable el argumento de que esa exigencia puede suponer un obstáculo para acceder a la función pública para quien carezca del conocimiento del catalán”. El propio principio de mérito y capacidad, señaló el fallo, “supone la carga para quien quiera acceder a una determinada función pública de acreditar las capacidades, conocimientos e idoneidad exigibles para la función a la que aspira”. Por lo que la exigencia del conocimiento del idioma que es oficial en el territorio donde actúa la Administración a la que se aspira a servir “es perfectamente incluible dentro de los méritos y capacidades requeridas”. “No debe entenderse la exigencia de conocimiento del catalán un requisito ad extra, independiente del mérito y capacidad acreditadas, sino, al igual que cualquier otro conocimiento o condición exigida para el acceso a la función pública, una exigencia con cuya acreditación se da satisfacción a dichos principios constitucionales”.

  4. Las delegaciones de Cataluña en el extranjero son ilegales

Muy a menudo la derecha apela a la existencia de embajadas de la Generalitat de Cataluña en el extranjero para justificar la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Quienes defienden esta idea, denominan embajadas a las delegaciones y oficinas catalanas en el exterior y omiten que todas las comunidades autónomas tienen o han tenido en el pasado oficinas fuera de España.

También en este caso el Tribunal Constitucional ha establecido la legalidad de estas delegaciones, siempre y cuando se limiten a la gestión de las competencias de las comunidades y no invadan las del Gobierno central.

Una sentencia de 20 de julio de 1989 precisó el contenido de este título competencial, dejando claro que “no puede en forma alguna excluirse que, para llevar a cabo correctamente las funciones que tenga atribuidas, una comunidad autónoma haya de realizar determinadas actividades, no ya sólo fuera de su territorio, sino incluso fuera de los límites territoriales de España”.

La jurisprudencia española ha reiterado este hecho en numerosas ocasiones. Las comunidades autónomas pueden llevar a cabo actividades con proyección exterior que sean necesarias o convenientes para el ejercicio de sus competencias con el único límite de no invadir “la competencia exclusiva del Estado en materia de relaciones internacionales” ni perturbar “la dirección de la política exterior que incumbe al Gobierno”.

La acción exterior de las Comunidades Autónomas, según el TC, no se circunscribe siquiera a la Unión Europea. “Aunque en esta los intereses autonómicos pueden verse más intensamente afectados, dadas las competencias de las instituciones europeas, ello no supone que no pueda existir afectación de tales intereses en otros ámbitos. En todo caso, la acción exterior autonómica fuera de la Unión Europea se encuentra admitida en nuestro ordenamiento”.

Además de Cataluña, que es la comunidad con más oficinas y delegaciones en el extranjero, cuentan con organismos semejantes casi todas las comunidades, con independencia de su color político. El País Vasco tiene siete; Canarias y Galicia disponen de tres; Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Navarra, Baleares, La Rioja, Madrid, Asturias, Murcia y Comunitat Valenciana tienen una.

  5. Sánchez está concediendo al País vasco lo que ETA no fue capaz de conseguir antes de su disolución

Una afirmación recurrente en los foros de la derecha es que el Gobierno de Pedro Sánchez está otorgando al PNV, a cambio de su apoyo, concesiones que formaban parte de las demandas de ETA cuando la banda terrorista todavía estaba en activo.

La verdad es muy distinta. De un lado, las competencias que el Gobierno de Sánchez se ha comprometido a negociar con el País Vasco no son nuevas: se trata de 37 competencias previstas en el Estatuto de Gernika de 1979competencias —aprobado por las Cortes Generales— y que hoy, 40 años después, siguen en manos del Gobierno español.

Se trata de materias tales como las autopistas en régimen de concesión, determinados servicios aeroportuarios y ferroviarios, ordenación del transporte por carretera, salvamento marítimo, inspección pesquera o paradores de turismo. Entre ellas destacan dos particularmente polémicas, pero que también están avaladas por el Estatuto: la gestión de la seguridad social y las instituciones penitenciarias.

De momento, el Gobierno de Pedro Sánchez no ha cerrado ninguna negociación sobre estas competencias, aunque mantiene la disposición a alcanzar un acuerdo que permita completar de una vez todas las previsiones del Estatuto de Autonomía del País Vasco.

Del mismo modo, el Ejecutivo español tampoco ha otorgado ningún régimen de privilegio a los presos de ETA. Desde la llegada de Fernando Grande-Marlaska al Ministerio del Interior en junio de 2018, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha autorizado 29 acercamientos de presos de ETA y otros dos de condenados por el GAL siguiendo la aplicación de las mismas normas penitenciarias que estaban en vigor con el Gobierno de Mariano Rajoy. En todos los casos se trata de presos de avanzada edad, con problemas de salud y que han roto con la organización terrorista a la que pertenecían.

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La excarcelación de presos se va convertir en un fenómeno corriente en los próximos años porque el 40% de los 391 condenados por delitos de terrorismo que se encuentran cumpliendo penas de prisión en cárceles españolas quedarán en libertad en un plazo de cinco años, según datos de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). En concreto, 83 de los 228 etarras y 72 de los 139 yihadistas encarcelados en la actualidad quedarán en libertad y lo mismo ocurrirá con 10 de los 18 condenados por la actividad criminal de los Grapo, así como uno de los seis independentistas gallegos condenados por terrorismo.

El Gobierno de Sánchez sólo ha autorizado traslados individualizados. El único traslado colectivo se produjo con el Gobierno de Aznar entre 1996 y 1998 y con ETA todavía en activo.

Los Gobiernos central y vasco iniciarán en febrero la negociación sobre un listado de 33 competencias pendientes de transferir a Euskadi, en el que se incluye la gestión de prisiones, pero no el régimen Económico de la Seguridad Social, una materia que el Ejecutivo vasco considera "prioritaria" y que aparece recogida en el Estatuto de Gernika. Dicho listado aparece recogido en un documento elaborado por el Gobierno central, que ha fijado un plazo de un año para culminar estos traspasos, informa Europa Press.

El inminente inicio de este proceso negociador ha sido anunciado por el Ejecutivo vasco, Josu Erkoreka, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno semanal, en la que ha explicado que, pese a las "discrepancias" que existen entre ambas partes en materia de traspasos competenciales, el gabinete de Iñigo Urkullu no "desaprovechará" la ocasión de seguir avanzando en el cumplimiento íntegro del Estatuto de Autonomía de Euskadi.

En el calendario de trabajo que la Administración central ha remitido al Gobierno Vasco se hace referencia al traspaso de 33 materias, cuatro menos que las que las instituciones de Euskadi consideran que han de transferirse a Euskadi en cumplimiento del Estatuto. Las cuatro materias no incluidas en el documento del Gobierno español se refieren al régimen económico y a otra serie de materias relacionadas con la Seguridad Social.

Las conversaciones entre ambas Administraciones –que a finales del año pasado ya acordaron algunos traspasos menores relacionados con ferrocarriles y carreteras– comenzarán a partir de la primera semana de febrero, cuando el Gobierno central presentará una primera propuesta para transferir a Euskadi siete materias.

Las competencias que se incluirán en dicha propuesta se refieren a productos farmacéuticos, seguro escolar, ayudas a la jubilación de trabajadores afectados por Expedientes de Regulación de Empleo, transporte ferroviario en línea de cercanías y Feve, escuelas viajeras, centros de estudio y experimentación y obras públicas, y administración institucional e innovación tecnológica.

Como paso previo, al inicio de este proceso negociador, el gabinete de Pedro Sánchez ya ha remitido al Gobierno Vasco un calendario de trabajo en el que se recogen las materias sobre las que la Administración central está dispuesta a negociar este año.

Entre las 33 materias incluidas en este documento, cuya negociación se realizará a lo largo de distintas fases durante los próximos 12 meses, se incluye la gestión de prisiones ubicadas en Euskadi.

El artículo 10 del Estatuto de Gernika establece que Euskadi tiene "competencia exclusiva" sobre "la organización, régimen y funcionamiento de las instituciones y establecimientos de protección y tutela de menores, penitenciarios y de reinserción social, conforme a la legislación general en materia civil, penal y penitenciaria".

"Preocupación"

El calendario de trabajo elaborado por la Administración central sitúa el inicio de la negociación de esta materia concreta "a mediados de año", según ha indicado Erkoreka, quien ha lamentado que el Gobierno español no considere "prioritaria" esta transferencia.

Erkoreka ha mostrado su "preocupación" por el hecho de que el Ejecutivo español siga adoptando medidas importantes en materia de inversiones y actuaciones en los centros penitenciarios de Euskadi "sin contar" con el Gobierno Vasco, que según el Estatuto es el "titular" de estas competencias.

De hecho, ha destacado que el propio Tribunal Constitucional ha señalado que, aunque el Estado puede seguir ejerciendo competencias pendientes de transferir a una autonomía, dicho ejercicio se estará realizando de manera "anómala" por parte de la Administración central.

Por el contrario, el gabinete de Pedro Sánchez no ha incluido en el documento remitido al Gobierno vasco la transferencia de la gestión régimen económico de la Seguridad Social, una competencia que el Estatuto de Gernika también atribuye a Euskadi.

El artículo 18.2 del Estatuto vasco establece que, en materia de Seguridad Social, corresponde a Euskadi "el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado, salvo las normas que configuran el régimen económico de la misma", así como "la gestión del régimen económico de la Seguridad Social".

A su vez, la Disposición Transitoria Quinta del Estatuto establece que los Gobiernos central y vasco "establecerán los oportunos convenios, mediante los cuales la comunidad autónoma asumirá la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, dentro de su carácter unitario y del respeto al principio de solidaridad, según los procedimientos, plazos y compromisos que, por una ordenada gestión, se contengan en tales convenios".

"Brindis al sol"

Erkoreka, que ha mostrado su confianza en que nadie interprete lo recogido en el Estatuto como un "brindis al sol", ha expresado su "discrepancia total y absoluta" con el hecho de que el Gobierno español no haya introducido esta competencia en el calendario de transferencias.

De todas formas, ha precisado que el Gobierno español tampoco ha formulado en este documento una "negativa expresa" a afrontar este traspaso en un futuro. El portavoz del Ejecutivo autonómico ha subrayado que la transferencia del régimen económico de la Seguridad Social es "prioritaria" y aparece recogida en el programa de gobierno del gabinete de Iñigo Urkullu.

En todo caso, ha precisado que el Gobierno autonómico, sin renunciar nunca a sus demandas, no tiene intención de "enzarzarse" en discusiones que puedan suponer un retraso de las transferencias que el Gobierno español sí está dispuesto a asumir en los próximos meses.

"Aprovechar la ocasión"

"Es la primera vez que el Gobierno Vasco tiene a su disposición un plan de trabajo concreto, con materias y plazos para completar el Estatuto; es una ocasión que hay que aprovechar a pesar de las discrepancias que existen", ha indicado. En este sentido, se ha mostrado partidario de dejar de lado las discusiones sobre "prioridades o aspectos formales", para trabajar ya sobre "materias concretas".

Erkoreka ha considerado que si se cumplen las previsiones del presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, de agotar el plazo oficial de la legislatura –que concluye en junio de 2020– existe "margen" suficiente para ejecutar el traspaso de las competencias recogidas en el calendario de trabajo para enero del próximo año.

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, se ha comprometido a que el Gobierno central elabore antes de fin de año un calendario de traspaso de las materias pendientes de transferir a Euskadi, que incluirá prisiones, pero no la gestión del régimen económico de la Seguridad Social; informa Europa Press.

El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, por su parte, ha asegurado que no renuncian a esta competencia, aunque, de momento, no "apremiará" al Ejecutivo de Pedro Sánchez con ella, para centrarse en otras materias menos dificultosas de transferir.

Batet y Erkoreka han comparecido en Bilbao tras la reunión este lunes en la comisión mixta de transferencias en la que se ha oficializado el acuerdo de los traspasos a Euskadi del tramo de la autopista AP-1, entre Armiñón y Burgos (seis kilómetros), así como las líneas de ferrocarril de mercancías Alonsotegi-Barakaldo y Bilbao-Basauri, en cumplimiento de las resoluciones del Tribunal Constitucional.

De esta forma, la Comunidad Autónoma vasca gestionará a partir del 1 de enero de 2019 estas competencias, valoradas en 426.000 euros, que se descontarán del Cupo (287.875 de la autopista y 138.090 de las líneas de tren).

El encuentro de la Comisión Mixta –presidida por Batet y Erkoreka– no se celebraba desde 2011, cuando se realizaron las últimas transferencias a Euskadi, y es la primera vez que se desarrolla en la Comunidad Autónoma vasca.

La ministra ha recordado que en las dos legislaturas del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se realizaron 16 traspasos, después de los cuales no ha habido "ningún otro hasta hoy". Ello ha supuesto, según ha apuntado, "retomar prácticamente desde cero la dinámica de acuerdos institucionales entre ambos Gobiernos".

Meritxell Batet ha indicado que alcanzar estos acuerdos, tras solo cinco meses de Gobierno, ha exigido una labor de los equipos negociadores de ambas administraciones que ha querido agradecer. De esta forma, ha dicho que se reanuda "la obligación legal de desarrollo y aplicación del desarrollo de autonomía, desde una perspectiva de lealtad institucional entre partes", que se ha plasmado en "la renuncia a los maximalismos, optando por el acuerdo, aunque sea parcial, siempre que ha sido posible".

En este sentido, ha afirmado que el proceso de negociación sobre traspaso del materias contempladas en el Estatuto continuará "con idéntico compromiso y voluntad por ambas partes", y se abrirá, "de inmediato, a múltiples ámbitos".

Batet ha explicado que se han intercambiado posiciones "sobre la ordenación de ese proceso" y espera que el acuerdo sobre algunas transferencias "pueda ser rápido", aunque para otras, la negociación será "más prolongada", por su "complejidad" y "dificultades técnicas, jurídicas e, incluso, de cambios legislativos, que requieren mayorías parlamentarias importantes en las Cortes Generales", algo que "dificulta su plasmación inmediata".

"Lealtad constitucional"

Asimismo, ha manifestado que "es norma" del Gobierno del PSOE "atender y dar respuesta argumentada a toda demanda de un Gobierno autonómico, que se deriva del principio de lealtad constitucional" o de "lealtad federal". "Los acuerdos de traspaso en la comisión mixta muestran que el marco constitucional y estatutario permite modelos que reconoce plenamente el autogobierno y constituyen un avance respecto a la situación actual", ha aseverado.

A su juicio, "el marco constitucional y estatutario permite un autogobierno reforzado, y también reforzar la cooperación y la coordinación entre Administraciones". "Hay muchas políticas autonómicas que caben en ese marco, y la voluntad del Gobierno de Pedro Sánchez es favorable al autogobierno, con la prioridad política de reforzar el principio de autonomía que contiene la Constitución, ha insistido.

La responsable de Política Territorial ha asegurado que "se abre una nueva etapa de lealtad institucional, de diálogo, de negociación y de capacidad de acuerdo por parte del Gobierno de España".

En las próximas semanas los Ejecutivos central y vascos continuarán con los contactos para acordar el calendario de transferencias y establecer por dónde comenzarán los trabajos. Sobre la transferencia de instituciones penitenciarias, Meritxell Batet ha precisado que se trata de una materia "compleja", pero "está en la lista" de peticiones del Ejecutivo autónomo y, por tanto, la incluirán en el calendario "aproximativo" que espera que esté preparado para final de año.

En todo caso, ha asegurado que, "para el Gobierno de España, la Seguridad Social queda al margen del proceso actual". "Somos conscientes de que el Gobierno vasco va a mantener esa reivindicación y estamos dispuestos a escuchar las razones y las atenderemos, pero todo el mundo sabe que la transferencia es altamente compleja y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional la ha dificultado todavía más", ha apuntado.

El Gobierno vasco no renuncia

Por su parte, el portavoz del Gobierno vasco ha reconocido "la complejidad" que supone el traspaso de la gestión económica de la Seguridad Social, así como la dificultad de acordarla "de manera inmediata", y aunque no van a "apremiar" a asumirla, no renuncian a ella ni lo harán "nunca".

Por ello, ha pedido que ambas partes se sienten a "reflexionar" sobre esta transferencia. "Quiero suponer que nadie entre los que estamos en el juego político en Estado español renuncia a ningún precepto del Estatuto de Gernika, tampoco el Gobierno central", ha señalado. Josu Erkoreka ha asegurado que, de momento, pondrán "énfasis en muchas otras materias en las que puede producirse con mayor facilidad un acuerdo" y suponen menos "dificultad".

Erkoreka ha afirmado que hoy se "han superado definitivamente" los "siete años de sequía e incomunicación" en materia de transferencias con el Gobierno español. "Abrimos una nueva etapa y damos un primer paso firme y decidido hacia el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika", ha asegurado. Ambos Ejecutivos, según ha explicado, han constatado que deben "aprovechar el nuevo clima de entendimiento para confeccionar un calendario y un plan de trabajo que lleva a culminar las 37 transferencias que siguen pendientes".

Josu Erkoreka ha ratificado su apuesta "por la vía del diálogo, la negociación y el acuerdo". "Tenemos confianza en que este primer paso pueda facilitar el objetivo de aplicar, en su integridad, el Estatuto de Gernika y saldar, de esta manera, la deuda pendiente que el Estado tiene con Euskadi", ha añadido.

Sobre la posibilidad de que "la debilidad" en la que se encuentra el Gobierno del PSOE pueda ralentizar el ritmo de las transferencias, Erkoreka ha apuntado que esto "en nada afecta" a acuerdos bilaterales que ambos Ejecutivos puedan alcanzar para transferir las titularidad y la responsabilidad sobre determinados medios personales y humanos.

No obstante, ha admitido que, en el caso de que ciertos traspasos precisen de modificaciones legislativas, si no existe el aval de las Cortes Generales, éstos pueden retrasarse o no materializarse.

Reunión

En representación del Estado han estado también en la reunión, el secretario de Estado de Política Territorial, Ignacio Sánchez Amor; el delegado del Gobierno en Euskadi, Jesús Loza; la secretaria general de Coordinación Territorial, María de los Llanos Castellanos; y el secretario de la Comisión Mixta por la Administración del Estado, Jorge García, entre otros.

Por parte la Administración vasca han acompañado a Erkoreka la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia; el titular de Hacienda, Pedro Azpiazu; y otros miembros del Gobierno Vasco.

Mientras espera el visto bueno definitivo de Bruselas a su plan presupuestario para 2019, el Gobierno de Pedro Sánchez ya tiene sobre la mesa una parte de las condiciones del PNV para brindarle su apoyo en el Congreso.

Lo hizo este martes en la Cámara baja el senador nacionalista Jokin Bildarratz durante la sesión de control al presidente Sánchez. “Saben que estamos en pleno proceso de negociación de Presupuestos”, advirtió el representante del PNV. “Eso quiere decir que ustedes tienen que ser creíbles para los grupos parlamentarios con los que están negociando. Y nosotros lo que les vamos a pedir es que cumplan” el Estatuto de Autonomía transfiriendo, entre otras cosas, la gestión de “la Seguridad Social” y “las instituciones penitenciarias”.

“Ustedes transmiten a la ciudadanía vasca que se tiene que ser parte de este Estado. De acuerdo”, convino Bidarratz. “¿Pero cómo quieren que los vascos confiemos en un Estado que no cumple las leyes ni nos reconocen lo que por ley nos corresponde?”, se preguntó.

Si hay “actitud” y “voluntad”, concluyó el portavoz del PNV en el Senado, será posible llegar a acuerdos, como los que permitieron pactar 16 transferencias entre 2009 y 2010, cuando el presidente era José Luis Rodríguez Zapatero, recordó. Pero “por ahora no acabamos de ver voluntad ni actitud“, advirtió. “Saben ustedes que somos gente razonable. Lo que le pedimos es que acuerde un programa y un calendario para que en el plazo que se determine podamos finiquitar las transferencias pendientes”.

La apelación a las transferencias se produjo apenas unas horas después de que el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, confirmase que el primer encuentro con el Gobierno tendrá lugar esta semana. Y en línea con su compañero en el Senado, dejó claro que su partido no pactará las cuentas públicas si no ve voluntad real por parte del Ejecutivo de cumplir los compromisos adquiridos con anterioridad.

El portavoz de los nacionalistas vascos destacó de la lista de temas pendientes que "pueda funcionar la comisión bilateral" entre el Gobierno central y el vasco, así como el desarrollo del Estatuto de Gernika. Eso sí: desvinculó la negociación de la situación en Cataluña.

El inicio de las negociaciones coincide con la presentación en Vitoria del proyecto de Presupuestos del País Vasco para 2019, para cuya aprobación el Gobierno del PNV necesita el respaldo no sólo del PSE si no de algún otro partido. El consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, declaró este martes que "no cerrará las puertas a ningún grupo" para lograr un acuerdo. Azpiazu confirmó que el Ejecutivo vasco ya estudia las propuestas que le han remitido Elkarrekin Podemos y EH Bildu.

Ahorrarse “las payasadas”

Pero mientras se inician los contactos con el PNV, sigue sin haber ningún indicio que haga pensar en la posibilidad de un acuerdo con los independentistas catalanes. Esquerra Republicana (ERC) reiteró este martes que no participará en ninguna reunión hasta que el Estado haga algún movimiento en favor de los líderes soberanistas en prisión. “Ya hablamos todos lo suficientemente claro como para que nos ahorremos las payasadas”, aseguró el portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, en los pasillos de la Cámara baja al ser preguntado sobre si el Ejecutivo se había puesto en contacto con su partido para negociar las cuentas públicas de 2019.

“No tiene sentido que nos inviten porque no participaremos en ninguna reunión si previamente no hacen el movimiento que le hemos reclamado: instar a la Fiscalía a actuar para que puedan ser retiradas las acusaciones” que pesan contra los líderes del procés en prisión.

El portavoz parlamentario del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, confirmó a su vez que el Gobierno tampoco se ha puesto en contacto con ellos para negociar, aunque en su caso sí aseguró estar dispuesto a mantener una reunión en la que explicar su posición. Aunque en estos momentos, subrayó, “no se dan las condiciones de confianza política” para una negociación “seria” de los Presupuestos, informa Europa Press.

Lo cierto es que los días van pasando, se acerca la fecha límite del ultimátum formulado por el president Quim Torra —que Esquerra y al menos una parte del PDeCAT no avalan—, fijado para el 1 de noviembre, y el pesimismo parece imponerse en el Govern. Su portavoz, la consejera Elsa Artadi, reveló este martes que no pueden negociar porque no existe “ni una oferta” por parte del Gobierno de Sánchez. La voluntad de diálogo del presidente no se ha concretado en nada, lamentó. Sánchez debe hablar “más claro”, porque el Govern tiene "menos esperanzas de las que tenía al principio, que ya no eran muchas".

"El salario mínimo no es una payasada"

La posición de Tardá mereció inmediatamente el reproche del líder de Unidos Podemos. Pablo iglesias pidió al portavoz de Esquerra que sea más “prudente a la hora de hablar” y se ahorre “salidas de tono” como calificar de “payasada” intentar negociar los Presupuestos. “Hay que hablar de muchas cosas y de grandes temas políticos que tienen que ver con la cuestión territorial y con una situación de excepcionalidad que ha llevado a la prisión o el exilio a los jefes de dos de los principales partidos en Cataluña, pero oiga usted, el salario mínimo a 900 euros no es una payasada”, subrayó Iglesias.

El Gobierno sabe que su proyecto de Presupuestos tiene garantizados 169 votos en contra —PP (134), sus satélites (dos diputados de UPN y uno de Foro Asturias) y Ciudadanos (32)— y que, de momento, cuenta sólo con 151 a favor (los 84 del PSOE y los 67 de Unidos Podemos). Así que necesita que la derecha no logre aumentar los votos negativos y, al mismo tiempo, sumar todos los votos a favor que pueda conseguir, sobre todo en previsión de que el Senado —controlado por el partido de Pablo Casado— los rechace, lo que obligará al Ejecutivo a conseguir mayoría absoluta en la Cámara baja (176), lo que implica conseguir 25 votos más.

Sánchez y Podemos confían en conseguir el respaldo del PNV (cinco votos), de Compromís (cuatro) y del único diputado de Nueva Canarias, lo que suma diez votos. Hacen falta otros quince, lo que obliga al Gobierno y al partido de Pablo Iglesias a convencer a Esquerra (nueve diputados) y al PDeCAT (ocho escaños) para que voten a favor. Lo que hagan Coalición Canaria (un escaño) y Bildu (dos) es irrelevante, a menos que una parte de los independentistas catalanes —los más reacios a pactar con el PSOE— se nieguen a votar sí.

Mientras tanto, el PP sigue utilizando la agenda de reuniones de Iglesias con representantes independentistas y con el Gobierno vasco, en busca de apoyo para el acuerdo presupuestario, para acusar a Sánchez de estar en manos de Podemos. La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Dolors Monteserrat, calificó de "humillación a todos los españoles" que, según ella, el Gobierno de Pedro Sánchez envíe a Iglesias a "negociar" los Presupuestos con los independentistas buscando "blanquear y normalizar" lo que ha ocurrido en Cataluña. Es una "vergüenza" que se pretenda "intercambiar Presupuestos por indultos”, apostilló.

La diputada de Unidos Podemos Carolina Bescansa ha presentado este miércoles tres propuestas para de "cambio constitucional para hacer frente a la crisis territorial española" que, en su opinión, tiene reflejo en el desafío independentista catalán, que califica como "la primera crisis de Estado del siglo XXI" y a la que atribuye una "enorme gravedad política y social".

En esos términos se expresa la cofundadora de Podemos, que se ha mostrado crítica con la posición de su partido durante el procés, en el documento que ha remitido a sus compañeros, donde detalla las propuestas "que aspiran a resolver una parte importante de los problemas de la estructura territorial de España" y anima a su difusión en "todos los espacios de la organización".

En concreto, Bescansa propone "la transformación del Senado en una cámara de representación territorial con competencia exclusiva en la distribución anual de los recursos consagrados a la financiación autonómica", así como en la legislación relativa al cupo vasco y los fondos de compensación. La segunda propuesta reclama la "delimitación y estrechamiento de las competencias del poder ejecutivo", al que atribuye la creación de "grandes desigualdades en el desarrollo del autogobierno", según informa Europa Press.

En este sentido, Bescansa defiende que el Gobierno pierda su función a la hora de nombrar al fiscal general del Estado, de actualidad tras la muerte de José Manuel Maza en Argentina el pasado sábado, y que esta recaiga en el Congreso. Asimismo, considera que la decisión sobre la aplicación del artículo 155 de la Constitución, empleado en Cataluña ante el desafío independentista, debería corresponder al Congreso.

Defiende igualmente la elección directa del presidente del Gobierno a través de sufragio universal a dos vueltas y, en cuanto a los entes locales, señala que el Ejecutivo no debe ser competente para intervenir las cuentas cuando se logre superávit. Igualmente, indica que el Gobierno no podrá vetar la admisión por parte de la Mesa del Congreso de propuestas que no afecten a los presupuestos generales ya aprobados.

Posibilidad de referéndum de independencia

La tercera propuesta presentada por la diputada, que fue secretaria de Programa y Proceso Constituyente de Podemos, reclama "la renovación democrática de la legitimidad del marco constitucional español a través de un proceso de aprobación popular que respete la voluntad del conjunto del pueblo español", indica, así como "la voluntad de los pueblos, regiones, comunidades, países y naciones que conforman España".

Sobre esta propuesta, Bescansa defiende una "nueva constitución" que consagre estas reformas y sea legitimada "a través de un referéndum" en el conjunto de España, pero también en "todos y cada uno de los pueblos que integran España".

En este sentido, admite que una reforma constitucional "necesita ser el resultado de un amplio y sosegado debate en el que participen todos los partidos políticos", y detalla que, tras un referéndum en toda España para legitimar la "constitución reformada", si algún territorio del país rechazase el "nuevo texto", se podría celebrar una "consulta" específica en ese territorio.

Bescansa detalla cuáles serían los pasos a seguir en ese escenario. Primero, indica que el parlamento autonómico de la comunidad que haya rechazado la nueva constitución debería disolverse y convocar elecciones. Tras la formación de un nuevo gobierno autonómico, la nueva cámara deberá votar si celebra una consulta vinculante para preguntar a la ciudadanía "si desea o no que se celebre un referéndum en que el ejercer el derecho a decidir la plena integración en el Estado o la creación de un nuevo marco jurídico independiente".

"Si el pleno del parlamento territorial aprobase con el 55% de los votos o más la propuesta de celebrar una consulta a la ciudadanía para saber si esta desea o no la celebración de referéndum sobre su relación territorial con el Estado, se procederá a su inmediata convocatoria", detalla el documento de Bescansa, que especifica incluso el plazo para su celebración: en los 100 días posteriores a su aprobación en el parlamento, y estará organizada por "una comisión mixta compuesta por representantes de todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y del parlamento territorial".

Si en la primera consulta la ciudadanía apoya la celebración de un referéndum para "la plena integración en el Estado o la creación de un nuevo marco jurídico independiente", éste debería celebrarse en menos de un año. Y si la mayoría opta por la independencia, la propuesta de Bescansa plantea nuevas elecciones autonómicas para que el parlamento resultante deba aprobar, con una mayoría de tres quintas partes de la cámara, para hacer efectiva la secesión.