Obispos españoles han expresado su rechazo a la amnistía que está negociando el PSOE con los partidos independentistas para lograr la investidura de Pedro Sánchez y han advertido de que "no es aceptable" la "secesión unilateral" desde el punto de vista de la Doctrina Social de la Iglesia.

En concreto, el obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, ha criticado que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, vaya a impulsar, "como condición para ser investido", una Ley de Amnistía "para que determinados delitos sean borrados".

"Es profundamente inmoral que unos políticos amnistíen a otros políticos a cambio de recibir sus votos para seguir gobernando, eso es profundamente inmoral porque supone poner por encima de todo la búsqueda del poder como el valor máximo. El poder se convierte en un Dios, es adictivo. El ansia de poder llega a eliminar nuestros valores, nuestros ideales", ha sentenciado.

Así lo ha manifestado el obispo Munilla en el programa Sexto Continente en Radio María, en el que ha advertido de que una Ley de Amnistía "es mucho más que un indulto". "El indulto es perdonar al pecador, pero la amnistía es olvidar que existió el pecado, es como decir que no existió el mal, no existió la corrupción, no existió la violación de la ley, pero sí existió", ha precisado.

Para el obispo de Orihuela-Alicante, "no es legítimo asumir todos los medios, incluidos medios inmorales, para poder mantenerse en el poder". "Es especialmente doloroso que se pretenda tomar por tonta a una Nación al decir que se hace por el interés del bien común, eso no se lo cree nadie", ha zanjado.

En este punto, ha asegurado que si Pedro Sánchez no necesitara los siete votos de independentismo catalán para ser investido presidente "no lo haría". "Lo hace porque necesita esos votos para la investidura, es por el interés por el poder y no por el interés social", ha comentado.

A su juicio, "lo lógico" sería hacer una legislatura de transición en la que los grandes partidos "lleguen a un mínimo común denominador".

Por su parte, el obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra, ha criticado que los nacionalismos "ponen en peligro la convivencia de los españoles", ya que "niegan unilateralmente la soberanía de España", y ha manifestado que "resulta moralmente cuestionable que pretendan una configuración política de la propia realidad como Estado, y reclamen la independencia en virtud de su sola voluntad".

"Resulta moralmente cuestionable que cada una de las nacionalidades o pueblos que históricamente integran un Estado pretendan unilateralmente una configuración política de la propia realidad como Estado, y reclamen la independencia en virtud de su sola voluntad; ignorando las múltiples relaciones históricamente establecidas entre los pueblos y sometiendo los derechos de las personas a proyectos nacionales o estatales impuestos de una u otra manera por la fuerza", subraya en una carta remitida a los medios de comunicación.

En el texto, titulado Valoración moral del nacionalismo, el obispo asegura que "es necesario distinguir la nación, como una realidad eminentemente cultural, del Estado que es una realidad primariamente política; que puede coincidir con un solo contexto cultural o bien albergar en su seno diversos ámbitos culturales".

"Cuando varias realidades culturales se hallan legítimamente vinculadas por lazos históricos, familiares, religiosos, culturales, económicos y políticos dentro de un mismo Estado, no puede decirse que cada una de ellas gocen necesariamente de un derecho a la soberanía política", ha añadido.

Además, indica que "la Doctrina Social de la Iglesia reconoce un derecho real y originario de autodeterminación política en el caso de una colonización o de una invasión injusta, pero no en el de una secesión".

En este sentido, el cardenal arzobispo emérito de Madrid, Antonio María Rouco Varela, ha advertido, al ser preguntado sobre la amnistía, que "no es aceptable" desde el punto de vista de la Doctrina Social de la Iglesia "la secesión unilateral".

"Está claro que la doctrina sobre la secesión unilateral es clara, no es aceptable desde el punto de vista de la Doctrina Social de la Iglesia una secesión unilateral, ese es el principio diremos ético, de moral social, que hay que tener en cuenta a la hora de juzgar este asunto", ha subrayado Rouco Varela, este lunes, en declaraciones a los medios, tras participar en la presentación del XXV Congreso Católicos y Vida Pública, organizado por la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) y la Fundación Universitaria San Pablo CEU, que se celebrará del 17 al 19 de noviembre, en la Universidad CEU San Pablo, en Madrid.

Que si habrá o no habrá foto. ¡Cuánto se ha hablado de eso! Tan icónica se ha vuelto la "foto de Colón", el posado conjunto de Pablo Casado (PP), Albert Rivera (Cs) y Santiago Abascal (Vox) en febrero de 2019 para reclamar elecciones a Pedro Sánchez por las "cesiones" al independentismo, que es inevitable que ahora se especule sobre si se repetirá una instantánea parecida este domingo, de nuevo en la Plaza de Colón. A priori, parece que no. Ciudadanos, una parte de cuyo menguante electorado ha sido devorado por Vox, huye de las fotos con la ultraderecha como de la guadaña, aunque arrastra el problema de gobernar gracias a ella en Andalucía y en el Ayuntamiento de Madrid. Incluso en el PP el tema levanta ampollas. Isabel Díaz Ayuso (Madrid) y Fernando López Miras (Murcia) sí tienen previsto ir, pero no Juan Manuel Moreno (Andalucía), Alberto Núñez Feijoó (Galicia) y Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León). Se diría que compartir espacios con el partido de Abascal sigue teniendo algo de línea roja...

... Aunque existe un espacio sociopolítico donde esa línea roja está borrada.

Se trata del lobby integrista, sobre todo en su frente madrileño, aguirrista y aznarista, donde no es sólo que el PP y Vox se hagan a diario su particular "foto de Colón". Es que se podría decir incluso que es un vídeo. Y si la película tuviera un director, sería Mayor Oreja.

La figura clave

Mayor Oreja (San Sebastián, 1951) lo fue casi todo en el PP: diputado, cabeza de lista en las elecciones europeas, candidato a lehendakari, ministro del Interior y uno de los nombres con los que se especulaba como posible sucesor de José María Aznar, cuya figura reivindica con devoción. Apartado de la política de partido desde 2014, hoy es un referente de la derecha católica más conservadora y beligerante, bajo cuyo manto coinciden significativas figuras del PP y Vox. Su empeño desde la llegada al poder del PSOE en 2018, defendido desde su alta tribuna en el movimiento ultracatólico, ha sido la unidad de la derecha para derrotar al "Frente Popular". En ello sigue.

Jaime Mayor Oreja se presenta como presidente de la federación europea de asociaciones "provida" One of Us, dedicada al rechazo al aborto, la eutanasia y la "ideología de género". One of Us aglutina en torno a 50 organizaciones. En realidad, son más. Porque tiene algo de muñeca rusa. Un ejemplo: uno de los grupos integrados, Provida, integra a su vez a una treintena organizaciones antiabortistas en toda España. España es el país que más organizaciones aporta, con un total de 17. Mayor Oreja se sitúa en la cúspide, con el máximo grado de representación, de un entramado en el que figuran puntales del movimiento ultracatólico como Hazte Oír y el Foro Español de la Familia. También está en One of Us la asociación Familia y Dignidad Humana, presidida por Lourdes Méndez Monasterio, diputada por Murcia y portavoz de Vox en la comisión de Igualdad, la voz del ultraconservadurismo católico en el partido, además de hermana de Kiko Méndez Monasterio, hombre de la máxima confianza de Santiago Abascal y miembro del equipo español del instituto de formación de líderes en la órbita de Vox que ha montado en Madrid la sobrina de la francesa Marine Le Pen.

La vinculación de elementos de Vox con en el lobby es abundante. Además de Lourdes Méndez Monasterio, son figuras destacadas el diputado en el Congreso Francisco Contreras, las parlamentarias en la asamblea de Madrid Rocío Monasterio, Alicia V. Rubio y Gádor Joya o la concejal en el Ayuntamiento de Sevilla Cristina Peláez. Méndez Monasterio es muy próxima a Mayor Oreja, que la incluye en su “grupo de expertos” de One of Us. Ahora bien, sólo una mirada superficial llevaría a concluir que no hay sinergia con el PP en los espacios de la derecha católica más dura. Sí los hay. Y abundan precisamente bajo el manto Mayor Oreja, que alienta y promueve el encuentro entre PP y Vox. Bajo su égida, ambos partidos multiplican sus coincidencias.

Fundaciones y coincidencias

Además de One of Us, Mayor Oreja preside su propia organización, la Fundación Valores y Sociedad, a su vez integrada en la federación europea. En el patronato de Valores y Sociedad, por supuesto, aparece Vox, en este caso en la figura del diputado Francisco Contreras. Pero también está el PP. No un PP de primera línea, pero sí con historia. Ejemplos: María San Gil, expresidenta del PP vasco; Eugenio Nasarre, exdiputado del PP y patrono de la Fundación FAES de José María Aznar; Luis Peral, exsenador y exconsejero de Educación y de Trabajo en Madrid; Ángel Pintado, exdiputado; y Margarita Gari Durán, exsenadora.

Los nombres del patronato de Valores y Sociedad se despliegan en forma de red por nuevas organizaciones. Luis Peral es secretario de Familia y Dignidad Humana, por debajo de Lourdes Méndez-Monasterio; Ángel Pintado es presidente de Acción Mundial de Parlamentarios y Gobernantes por la Vida y la Familia; Eugenio Nasarre es patrono las fundaciones Humanismo y Democracia y Educación Católica... Valores y Sociedad colabora asiduamente con la Asociación Católica de Propagandistas, con la que Mayor Oreja está vinculado desde su juventud. Manuel Zayas, patrono de Valores y Sociedad, es a su vez presidente de Qveremos, una organización que se ofrece a recoger todas las cruces derribadas por la Ley de Memoria Histórica en la iniciativa La Pradera de las Cruces.

Así es el espacio sociopolítico en el que se mueven juntos Mayor Oreja y figuras bien conectadas del aznarismo y el aguirrismo.

María San Gil, también en el patronato de Valores y Sociedad, es a su vez vicepresidenta de la Fundación Villacisneros, una organización en cuya dirección coinciden el propio Mayor Oreja, Esperanza Aguirre, Isabel Benjumea (eurodiputada del PP) y Hermann Tertsch (eurodiputado de Vox). La Fundación Villacisneros, que ya ha anunciado su participación en la manifestación del domingo, encarna a la perfección uno de los rasgos más extendidos del movimiento ultracatólico español: al conservadurismo moral se une el neoliberalismo económico.

El presidente de la Fundación Villacisneros, Íñigo Gómez-Pineda, fue el autor de la sugerencia, en mayo de 2020, en la fase más aguda de la pandemia, de retirar el voto a los "subvencionados por el Estado", para reducir así la población "cautiva" del Gobierno y por lo tanto el apoyo electoral de la izquierda.

En parecidas coordenadas ideológicas se sitúa también la Red Floridablanca, entre cuyos fundadores está la propia Isabel Benjumea (PP) y en la que, dentro de las actividades dedicadas a la "batalla cultural", también se da voz al diputado de Vox Francisco Contreras.

Mayor Oreja es el máximo estandarte de esa línea de pensamiento: neoliberalismo bajo la cruz. ¿El cañamazo de su discurso? Hace falta una "alternativa cultural" al "Frente Popular", tras "décadas de incomparecencia" de las ideas y convicciones de la derecha. Alerta además del creciente "desorden y el caos", que le trae ecos de la República y la Guerra Civil. También "del colectivismo y de una España tan subsidiada que no hay iniciativa", lo cual es "una base social que puede ser aprovechada por el Frente Popular". Ese es el campo político de Mayor Oreja. La unidad de España también está amenazada. "Cataluña ya está al límite de la violencia terrorista", decía en 2019 en El Mundo. Además de este deterioro socioeconómico y nacional, advierte del retroceso de los valores cristianos en una sociedad que no reacciona ante el aborto y la eutanasia mientras avanza la "ideología de género".

El pegamento de la eutanasia

El rol de Mayor Oreja en el ámbito de la derecha católica dura es propio e intransferible: si Ignacio Arsuaga (Hazte Oír) es el alborotador que trata de escandalizar a la izquierda con sus campañas y de presionar al PP para que apoye las posiciones más intransigentes, Polonia Castellanos (Abogados Cristianos) lidera la batalla judicial y Leonor Tamayo (Profesionales por la Ética) encarna el antifeminismo y la defensa de la "mujer-madre", Mayor Oreja es la voz del conservador de orden bien conectado políticamente y con prestigio por su destacada trayectoria institucional. Con esas credenciales ha sido elegido portavoz de la agregación de asociaciones Asamblea por la Vida, constituida en enero de 2021 y destacada en su activismo contra la Ley de Eutanasia. En su presentación participaron representantes de los Propagandistas Católicos, la Fundación Villacisneros, el Foro Español de la Familia, E-Cristians, Cristianos en Democracia y la Federación Española de Asociaciones Provida, además de Manuel Martínez Sellés, presidente del Colegio de Médicos de Madrid. También One of Us forma parte de la Asamblea por la Vida.

Dicha agrupación de organizaciones ha permitido a Mayor Oreja alcanzar algunos hitos en su gran propósito: la unidad de la derecha para ofrecer una "alternativa cultural" al "Frente Popular". En marzo, poco antes de la aprobación de al Ley de Eutanasia, el exministro compareció en calidad de portavoz de la Asamblea por la Vida a las puertas el Congreso, acompañado, entre otros, por los diputados José Ignacio Echániz (PP) e Iván Espinosa de los Monteros (Vox). Era él quien hablaba, y los diputados quienes lo escoltaban. La figura de referencia de la comparencia era Mayor Oreja. “En mi etapa en el País Vasco, ETA socializó el miedo. Hoy se socializa el mal, el mal entre los médicos, el mal entre los pacientes”, afirmó, tras haberse reunido en el Congreso con un grupo de diputados del PP, Vox, UPN –la derecha foralista navarra– y Foro Asturias.

La unidad de la derecha

Aquel día, con Vox y PP unidos en torno a una causa, se fijaba un hito hacia el mayor anhelo de Mayor Oreja, cuyo mensaje más insistente es la defensa de la unidad de lo que él llama "el centroderecha". Las declaraciones del exministro en esa línea abundan. Enero de 2020: "Si hacemos una competencia de los tres partidos [PP, Cs y Vox], uno ganará a otro, pero perderemos todos". Enero de 2020: "Cuanto más tiempo pase, mayores dificultades tendremos para concretar una alternativa y, para ello, hace falta más humildad, más grandeza, más generosidad y más sacrificio. En definitiva, mucho más pensar en España que en los legítimos intereses de cada uno de nosotros”. Enero de 2021: "Me produce tristeza que los partidos del centroderecha estén en competencia. La alternativa existirá cuando haya un proyecto o dirección común". Marzo de 2021: "El problema es que si el PP no entiende que su función social es unir el centroderecha, está perdiendo su objeto social". María San Gil es otro de los puntales del discurso de apelación a la unidadpara ofrecer una "alternativa". infoLibre trató de recabar la opinión de Mayor Oreja y María San Gil para este artículo, a través de las fundaciones Valores y Sociedad y Villacisneros, sin respuesta.

Conforme Cs ha declinado, Mayor Oreja ha ido reduciendo el protagonismo del partido naranja en sus apelaciones a la unidad. Pero Cs también ha estado en el punto de mira del proyecto de unidad del exministro. En mayo de 2019, Valores y Sociedad, presidida por él mismo, logró reunir a José Luis Martínez-Almeida (PP), Juan Carlos Girauta (Cs, aunque la presencia anunciada era la de Begoña Villacís) y Rocío Monasterio (Vox) en un acto moderado por el exacalde madrileño José María Álvarez del Manzano dentro del ciclo La alternativa al Frente Popular: un debate cultural. En el público, junto a Mayor Oreja en calidad de anfitrión, estaban Ana Botella, Esperanza Aguirre –sentadas juntas– y Javier Ortega Smith (Vox). El líder de Vox, Santiago Abascal, ha tratado de capitalizar la posición de autoridad de Mayor Oreja, llegando a tantearlo sin éxito como candidato en su moción de censura, según una información no desmentida de Abc.

Las coincidencias PP-Vox no se limitan a las organizaciones bajo el manto de Mayor Oreja o de María San Gil. Son un hecho frecuente en el movimiento ultracatólico. La Plataforma Los 7.000, contra la eutanasia, aúna organizaciones más alineadas con los postulados de Vox, como Abogados Cristianos, CitizenGo y Familia y Dignidad Humana, con otras como la Fundación Valores y Sociedad o Red de Familia, presidida por el que ha sido concejal del PP durante ocho años en Leganés Ángel Juárez. Esperanza Aguirre figura como principal atractivo en la inauguración de la "escuela de verano" del Instituto de Política Social, una organización de derecha católica radical que tiene como vicepresidenta a Sofía Muñoz, exdirigente de Vox en Valladolid.

En cuanto a Cs, su papel es residual comparado con el de Vox y el PP. Es, en algún caso, un invitado. Poco más. Su aproximación más significativa al mundo del activismo católico está en su respaldo a la plataforma Más Plurales, donde figuran organizaciones integradas en diversas plataformas provida.

Ecos de hace 15 años

En el Informe de la Fundación Rosa Luxemburgo sobre la derecha radical De los neocón a los neonazis, Miquel Ramos, su coordinador, ha identificado como un hito fundamental del auge de la ultraderecha lo que él llama "la revuelta neocón", que eclosionó en la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2008). Hoy, en el espacio de la derecha ultracatólica, escucha ecos de aquella etapa. "Se repite el mismo patrón que hace 15 años, con otro gobierno progresista al que se niega su legitimidad", recalca en conversación con infoLibre. Ramos destaca que tanto entonces como ahora las organizaciones de derecha católica radical han desempeñado el mismo papel de "lobby", dedicado a "empujar" hacia el extremo las posiciones de la derecha. Lo que han cambiado son las circunstancias. Si hace tres lustros se empezaba a formar un frente que acabaría desencantado con el PP –sobre todo a raíz del abandono de la reforma de la Ley del Aborto por parte de Alberto Ruiz Gallardón– y que sería clave en el surgimiento de Vox, ahora ese frente se ha hecho mayor, tiene en Vox a un referente con 52 diputados y es el PP el que ocupa ahí un lugar secundario. Un ejemplo elocuente es Hazte Oír, miembro de la federación One Of Us de Mayor Oreja. La organización liderada por Ignacio Arsuaga, hoy muy próxima a Vox, nació en 2001 alineada con Aznar y desde que se alejó del PP en la etapa de Mariano Rajoy trata de arrastrar hacia la derecha al partido de la gaviota.

Hazte Oír, que estos días se ha esforzado en la promoción de la manifestación de Colón, tuvo un papel destacado en la eclosión de la derecha teocón desbocada contra José Luis Rodríguez Zapatero en su primera legislatura, junto Foro Español de la Familia, E-Cristians, los kikos e incluso significativos sectores de la Conferencia Episcopal, con Rouco Varela a la cabeza. Quizás el día más emblemático del movimiento fue aquel de 2005, en la manifestación contra el matrimonio gay, con aquel cartel que decía "Sodomía no con mi dinero", como narra la crónica de El País. Allí estaba, por cierto, Mayor Oreja. Eso sí, hay una diferencia clara con 2005: hoy no hay un Rouco.

Al igual que no es lo mismo decir "liberal" o "republicano" en España que en Estados Unidos, es distinto decir "moderado" o "progresista" en la Iglesia y fuera de ella. Y más aún en la ultraconservadora cúpula de la Iglesia española. El nuevo presidente de la Conferencia Episcopal (CEE), Juan José Omella (Cretas, Teruel, 1946), elegido este martes, rechaza de entrada esta dicotomía entre conservador y moderado-progresista porque cree que sólo hay que clasificar al clero en función de la conformidad de sus actos con el Evangelio. Pero eso no lo ha librado de que a él mismo se lo adscriba a la rama "moderada" o incluso "progresista" del episcopado. No obstante, hay que aclarar que, si la comparación se realiza con los obispos alineados con las tesis integristas de Antonio María Rouco Varela, la etiqueta de moderado o de progresista no significa gran cosa en sí misma. Mantener mínimamente viva la llama del Concilio Vaticano II en España ya te hace parecer el moderno de la clase, por oposición a un sector de aliento tridentino marcado a fuego por el pontificado antiizquierdista de Juan Pablo II, obsesionado con purgar de la Iglesia la Teología de la Liberación y cualquier veleidad socialista, y por la ortodoxia doctrinal de Benedicto XVI. Con poco, Omella se distingue. Al igual que Francisco, habla más de pobreza que de aborto, defiende una Iglesia atenta a su tiempo y no replegada sobre sí misma. Y emplea una retórica que no trae ecos nacionalcatólicos. Eso ya lo convierte en un moderado, en un aperturista.

A eso se añade que Omella ha sido un defensor del "diálogo" en Cataluña, hasta el punto de mediar entre Mariano Rajoy y Carles Puigdemont en la antesala del referéndum del 1 de octubre de 2017, lo cual da relevancia a su nombramiento en atención a la situación actual, marcada por la negociación entre el Gobierno español y el Govern catalán en torno al "conflicto político". Son suficientes ingredientes para que algunos hayan concluido que el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos tiene un amigo en la CEE. No tan deprisa. La realidad, como siempre ocurre con la Iglesia, es algo más complicada.

Hombre del papa

Lo innegable es que este martes fue un buen día para el papa. La transición impulsada por el jesuita Jorge Mario Bergoglio, papa desde 2013, aún no contaba con un referente en lo alto de la cúpula española. Y, en la medida en que Francisco es un pontífice tenido por reformista en relación con la curia, las finanzas y la respuesta a la pederastia, y por moderado o progresista en la interpretación doctrinal, Omella también es adjetivado del mismo modo, en tanto que es considerado desde hace más de un lustro el hombre del papa en España, junto al arzobispo de Madrid, Carlos Osoro. Hasta ahí se justifica la extendida consideración como moderado de Omella, que por lo demás es fiel a los postulados vigentes para la interpretación de los textos sagrados y al que no se le conocen opiniones fueran del canon sobre el aborto, la homosexualidad o la eutanasia.

Lo diferente de Omella, cuya llegada rompe con dos décadas de Rouco Varela y Ricardo Blázquez alternándose en la presidencia de la CEE, no es tanto el contenido como las prioridades. Un ejemplo: en una carta de mayo del año pasado, se significó contra las casas de apuestas, demostrando reflejos y atención a la actualidad. También se muestra compasivo ante la inmigración, un tema en el que insiste, porque cree que mide la humanidad de una sociedad. Y todo ello lo hace con un tono y un acento conciliadores. Lo que José Luis Rodríguez Zapatero llamaba "talante".

Pobreza, inmigración

Frente a la beligerancia de Rouco y la parquedad de Blázquez, Omella propone una afabilidad distendida, risueña, a veces incluso chistosa, sin salir en el fondo de la prudencia. Será más fácil verlo en los telediarios que al austero Blázquez. Son modos que a algunos les han recordado a Vicente Enrique y Tarancón, aunque Omella rechaza pudorosamente la comparación. Al igual que Francisco, el nuevo líder de los obispos pone el acento en la pobreza, en el acogimiento de los inmigrantes, en la función "social" de la Iglesia. Ojo, no con un análisis de fondo o un examen de las causas estructurales, dado que no existe en el episcopado español una corriente de liberación como en América Latina, pero sí reservando a la Iglesia un papel de "acompañamiento" de los más necesitados. No se profundiza en las causas, sino en la paliación de la pobreza. El de Omella es en este punto un discurso parecido al del papa Francisco, con el que tiene una relación habitual. Como presidente de la Pastoral Social (2002-2008), el nuevo presidente de la CEE conoce al dedillo la tarea de Cáritas. También ha sido consiliario nacional de Manos Unidas (1999-2015).

Formado en Jerusalén y Lovaina (Bélgica), donde se licenció en Teología, Omella es sacerdote desde 1970 y obispo desde 1996. Ha pasado por las diócesis de Zaragoza, Barbastro-Monzón, Calahorra y La Calzada-Logroño, desde donde pasó a Barcelona. En su trayectoria hay un año de misionero en Zaire. Al igual que el papa, Omella reivindica su condición de párroco –su referente es el santo cura de Ars–, se comporta con sencillez, se muestra mundano y poco apegado al boato. Dice algo de su visión de la Iglesia el título de su plan pastoral en Barcelona: "Salgamos". Omella quiere un Iglesia menos replegada sobre sí misma y que alcance a los jóvenes. En Barcelona ha observado el cardenal turolense los efectos de la secularización. Cataluña es de las comunidades donde más retrocede la influencia de la Iglesia. Es, por ejemplo, la que menos marca la equis católica en el IRPF.

Posición ante el independentismo

El nuevo líder de los obispos aguanta una tras otra sin protestar las preguntas sobre el procés en las entrevistas, aunque está claro que le incomoda hablar de política.

– ¿Cataluña es una nación? –le preguntaron en una entrevista en El Mundo.

– Esa es una pregunta muy peligrosa para mí. Es una pregunta más política.

Políticamente, se dice neutro. A su pesar, su participación como mediador circunstancial en el procés es el elemento más comentado de su trayectoria, y el que más irrita a los sectores de la derecha contrarios a cualquier forma de negociación, diálogo o concesión al independentismo, aunque sea para desactivar el procés. Antes del 1-O, medió entre Mariano Rajoy y Carles Puigdemont, como él mismo contó meses después en una entrevista en Catalunya Radio. "He hecho lo que he podido. he hablado con unos y con otros en aquellos momentos de tensión. “Rajoy me escuchó muy bien. Y también el señor Puigdemont. Tanto uno como el otro”, afirmó.

No hay ni una sola declaración en la trayectoria del presidente de la CEE que acredite simpatía por la causa independentista, o nacionalista, mucho menos por el procés. A lo máximo que ha llegado ha sido a exponer que le parecía "excesiva" la prisión preventiva a los líderes independentistas. Ni una palabra crítica sobre la sentencia, para la que pidió respeto. Omella se ha significado contra el nacionalismo, al que vincula con el populismo, opuesto al "humanismo cristiano" [ver aquí una entrevista sobre sus ideas en La Vanguardia]. Es más, su posición contrasta con la de un sector del clero catalán mucho más próximo a las tesis nacionalistas, encarnado en figuras como el abad de Montserrat, Josep María Soler, que defiende el llamado "derecho a decidir". Omella jamás ha entrado ahí. Es más, fue recibido con escepticismo por parte del catolicismo catalán, que mantiene en alto la divisa del "volem bisbes catalans", es decir, "queremos obispos catalanes", eslogan católico catalanista desde los 60.

Omella, que se convertirá en el primer arzobispo salido de Cataluña en llegar a la cima de la CEE en sus más de 50 años de historia, no es catalán. Eso sí, conoce Cataluña y su lengua, no en vano se ha criado en Cretas, muy cerca de Tarragona, donde se habla chapurriao o lapao, el catalán hablado en Aragón. Además de catalán, castellano y latín, Omella habla francés e italiano.

Tradicionalismo moral

En el campo moral, Omella no saca los pies del tiesto. Rechaza el aborto incluso en caso de violación, ya que debe prevalecer la "misericordia hacia el ser humano". Si se acepta el poder de decidir sobre la vida de una persona, "se justificaría el terrorismo", afirmó en 2017, declaraciones por las que luego se disculpó. Ha lamentado también que se hable más de las "nuevas familias" que de la "tradicional", que es la "natural".

A pesar de este historial, no puede adscribirse a Omella al sector del alto clero más beligerante contra el feminismo y la diversidad sexual, o al más antiabortista, ya que no tiene el mismo grado de obsesión con el tema ni se expresa sobre el mismo en términos tan apocalípticos como otros, léase Demetrio Fernández, obispo de Córdoba, o Juan Antonio Reig Pla, obispo de Alcalá de Henares. Además, Omella fue de los obispos que faltó a la manifestación contra el matrimonio gay alentada por Rouco Varela en 2005. No obstante, considera que la "ideología de género" es algo ante lo que la Iglesia no debe "doblegarse". Lo dicho: un aperturista, sí, pero dentro de la Iglesia.

Sus primeras palabras

Hombre de Iglesia, leal a la institución, Omella es lo más parecido que se puede encontrar en la cúpula espñaola a Francisco, cuya posición en la CEE sale reforzada no sólo por la elección del nuevo presidente, sino también por el que será su vicepresidente, Carlos Osoro. No hay más que repasar su currículum para observar cómo Omella ha ascendido con rapidez una vez sentado Francisco en la silla de Pedro. No sólo por su nombramiento como arzobispo de Barcelona (2015) o cardenal (2017). También fue muy significativa su designación como miembro de la Congregación para los Obispos, en 2015. Se trata del organismo vaticano que gestiona el nombramiento de los obispos de todo el mundo. Allí no se suele llegar antes de ser purpurado, como consiguió Omella. Este nombramiento fue interpretado ya inequívocamente: Omella era junto a Osoro el hombre de Francisco en España, país que todavía no ha visitado. Lo hará, ha dicho, "cuando haya paz". ¿Será Omella el presidente que traiga la "paz" a la Iglesia española? Los obispos le han dado la presidencia con 55 de 87 votos. Jesús Sanz, obispo de Oviedo, del sector más conservador, obtuvo 29. Es decir, un tercio de los prelados desconfían del proyecto reformista de Francisco, cuyo hombre en España ya ejerce como presidente.

Tras su elección, compareció este martes junto al presidente saliente, Ricardo Blázquez, para atender a los medios. Quedó claro que los medios no le asustan, pues hasta en la respuesta a las preguntas más peliagudas, como las que atañen a su papel en relación con el Gobierno y el independentismo, tenía espacio para alguna risa. Negó que haya "sectores" en la Iglesia española, aunque sí "sensibilidades". "A pesar de los matices, somos hermanos y nos queremos", afirmó. Citó en varias respuestas a Francisco, especialmente cuando defendió una "Iglesia en apertura". Preguntado sobre la reforma educativa, esquivó toda polémica con una respuesta por elevación, invocando el diálogo. "Privilegios no queremos, pero sí que se nos trate con dignidad y respeto", afirmó. Un clásico del repertorio episcopal. ¿Y su papel ante el diálogo del Gobierno con el independentismo? "En los temas más delicados, hay que buscar siempre los caminos, crear puentes de convivencia y fraternidad. Si hay voluntad de caminar juntos, tenemos que conseguirlo".

Una investigación archivada

El episodio más delicado de la trayectoria de Omella es su papel en la expulsión del sacerdote Miguel Ángel Barco por una presunta paternidad. Aunque judicialmente zanjado, el tema sigue vivo en el entorno episcopal. En la antesala de la asamblea, los obispos recibieron por correo postal un libro anónimo, titulado Complot de poder en la Iglesia española: Barco contra Omella. En defensa propia, que acusa al arzobispo de falsificar documentación durante la tramitación de su expediente. Concretamente, Barco lo acusa de haber ocultado a Roma documentos orientados para su exculpación que puso en poder de Omella. Nunca se ha demostrado tal cosa.

Los hechos han pasado por las manos de la justicia. Barco se querelló contra Omella por falsificación en documento privado, por lo que este fue investigado judicialmente. Omella declaró el 12 de julio de 2019, con su alzacuellos puesto, ante la titular del juzgado de instrucción 10 de Barcelona, Míriam de la Rosa. Un cardenal en sede judicial no es algo que se vea todos los días. Omella negó haber ocultado al Vaticano papeles sobre la paternidad de Barco.

infoLibre preguntó este martes al Tribunal Superior de Justicia de Barcelona por este procedimiento. Respuesta: fue archivado en agosto. El auto de archivo señala que "documentalmente ha quedado acreditado" que Omella envió a Roma los documentos que le entregó Barco. "Omella no tuvo ninguna intervención oficial en el procedimiento canónico que se siguió contra el querellante [...]. Ni lo promovió, ni lo inició, ni participó procesalmente en el mismo ni tomó parte de la decisión última", señala el auto.

Lo más útil para empezar a entender cómo funcionan las elecciones en la Iglesia católica española es tirar a la basura casi todo lo que uno cree saber sobre cómo funcionan unas elecciones. Aquí no hay candidatos oficiales, no hay campaña pública. Pero por supuesto que hay aspirantes, cada uno con sus valedores entre bambalinas. ¿Qué hay en juego en la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Española (CEE), que empezó este lunes y dura hasta el viernes? Se elige, fundamentalmente, al presidente de la CEE, cargo que desde 1999 hasta ahora sólo han desempeñado, turnándose, dos hombres, Antonio María Rouco Varela (1999-2005, 2008-2014) y Ricardo Blázquez (2005-2008, 2014-actualidad). Más integrista y beligerante el primero, más contemporizador y moderado el segundo, ambos han sido haz y envés de una misma moneda episcopal, porque pocas instituciones habrá más corporativas que la Iglesia y que defiendan más al unísono su estatus y porque ambos comparten espectro conservador. No obstante, las sutilezas son decisivas en la Iglesia y un simple relevo acelera o frena procesos de gran alcance.

Esta vez, la decisión sobre el líder de la Iglesia en España, cuya identidad podría conocerse este martes, se antoja determinante. Habrá cambio. Y podría ser profundo.

Quién sea el nuevo presidente será un elemento de gran importancia en el rumbo de la institución católica para los próximos cuatro años, que correrán casi en paralelo a la legislatura política estatal –si no hay adelanto electoral– y que se avecinan plagados de retos e incertidumbres para la Iglesia. Toca implantar las medidas exigidas por el papa contra la pederastia.

También renegociar con el Gobierno su estatus económico, amenazado por la auditoría del Tribunal de Cuentas y por el programa de PSOE y Unidas Podemos, que prevé revisar las inmatriculaciones y rebajar las exenciones fiscales. Está por ver el alcance de las creciente reivindicaciones de la mujer en el seno de la Iglesia. La reforma de la ley educativa podría afectar a la concertado, bastión de influencia de la Iglesia.

Juan José Omella

El nombre que circula con mayor insistencia, aunque su elección no está en absoluto asegurada, es el del cardenal Juan José Omella (Cretas, Teruel, 1946), arzobispo de Barcelona, cuyo ascenso supondría, al menos a priori, una mayor sintonía con el papado del jesuita argentino Jorge Mario Bergoglio, Francisco por su nombre de obispo de Roma, y una postura menos rocosa ante el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos. Omella es miembro de la Congregación para los Obispos, el organismo vaticano que gestiona el nombramiento de los obispos de todo el mundo. Es decir, tiene cargo en Roma. Indirectamente, su nombramiento podría implicar también una sintonía más sencilla entre el Gobierno español y el Vaticano.

Omella, aunque lejos de lo que entenderíamos por progresista fuera de los esquemas tradicionalistas de la Iglesia, está alejado de las tesis y el lenguaje del sector duro. Dentro de la jerarquía, es un moderado. Añade picante a su posible elección el que sea un activo defensor del "diálogo" como solución política en Cataluña, hasta el punto de que medió entre Mariano Rajoy y Carles Puigdemont en vísperas del referéndum del 1 de octubre de 2017. La política no le es ajena. Lo ha dicho: la Iglesia debe servir al pueblo de Dios y a la sociedad civil en que se inserta. Omella, que defiende la "audacia" reformista del papa, es objeto de críticas feroces de la prensa católica más radical. Medios como Infovaticana son muy duros con él y Federico Jiménez Losantos lo pone a caer de un burro en Esradio. Otros medios que siguen la actualidad de la Iglesia, como Religión Digital, con un acento más progresista, ofrecen una descripción más matizada de Omella, "el Tarancón de la segunda transción de la Iglesia española".

De Tarancón a Blázquez

El cargo que abandonará Blázquez, a quien Carmen Calvo le dedicó la semana pasada unas amables palabras de despedida, no es cualquier cosa. Por la cabeza de la CEE, que en 2016 cumplió 50 años, han pasado nombres de la enjundia de Vicente Enrique y Tarancón (1972-1981), que prestó un tenaz apoyo a las reformas de la Transición y fue decisivo en la formulación constitucional de los aspectos que atañen a la Iglesia, con esa fórmula de aconfesionalidad asimétrica que tan buenos réditos ha dado a la institución. Ángel Suquía (1987-1993) dejó dicho: "Tras el fracaso del comunismo, el capitalismo aparece como único sistema en el horizonte". Elías Yanes (1993-1999) abrió un agrio ciclo de enfrentamientos con el socialismo gobernante, en su caso con Felipe González en su etapa de decadencia. Luego vinieron Rouco –ya retirado formalmente, aunque con influencia en la sombra– y Blázquez, que han protagonizado dos décadas de tensión explícita o soterrada con el poder político, especialmente con los gobierno socialistas, en los que han logrado mantener y ampliar sus privilegios económicos y educativos, al tiempo que han asistido a una aceleración del proceso de secularización.

Con Rouco, que se echó a la calle contra la ley del matrimonio gay, llegó la consolidación de los privilegios fiscales de la Iglesia en la Ley de Mecenazgo. También la Lomce, la ley educativa que más ha cedido a los obispos en democracia. Con Blázquez, que ha liderado la CEE con discreción y perfil bajo, la Iglesia se apuntó el tanto de la revisión al alza hasta al 0,7% de la asignación por cada casilla marcada en el IRPF. Este mismo lunes Blázquez se despidió con un discurso austero, como todos los suyos. Es difícil sacarle titulares. "Estas elecciones no son un reparto de poder", señaló como elemento más destacado. El nuncio apostólico, el diplomático de la Santa Sede en España, Bernardito Auza, lanzó un discurso en el que reivindicó "el encuentro para dialogar" con las "instituciones en las que se decide el bien común". Fue una llamada al diálogo, siempre significativa en el seno de una jerarquía que tiene una rama que ve al poder político como un enemigo al que sólo cabe responder con beligerancia.

Auza es ya un nuncio alineado con Francisco, no como su predecesor, Pietro Parolin, que chocó con el Gobierno tras acusarlo de "resucitar a Franco" con la exhumación. Está por ver si este cambio, de menor a mayor sintonía con Francisco, se extiende a la Conferencia Episcopal. Lo seguro es que el presidente será nuevo y pondrá fin a más de 20 años de alternancia de Rouco y Blázquez, ambos considerados del ala conservadora, aunque el primero más ortodoxo y tradicionalista que el segundo.

De Jesús Sanz a Antonio Cañizares

Un sector significativo de la jerarquía sigue anclado en la línea dura marcada por Rouco, a su vez en sintonía con el papado ideológicamente contencioso y antiizquierdista de Juan Pablo II. Jesús Sanz, arzobispo de Oviedo –que advirtió contra el regreso de una "dictadura totalitaria" tras la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa–; Mario Iceta, obispo de Bilbao; Demetrio Fernández, obispo de Córdoba; Javier Martínez, arzobispo de Granada; José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián o Juan Antonio Reig Pla, obispo de Alcalá de Henares... Han sonado como posibles presidentes Sanz e Iceta. Su elección sería un mensaje claro a Roma: la reforma franciscana no pasa de los Pirineos.

Está la opción del cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, del ala conservadora, pero con el marchamo de pragmatismo que le da ser el vicepresidente de Blázquez. Él mismo no se ha descartado. "No me apetece para nada ser presidente, pero si los obispos me votan, aceptaré”, declaró a eldiario.es. Su elección sería la más continuista.

Las negociaciones, propuestas y contrapropuestas no cesan. Hay posibilidad de fórmulas intermedias, que impliquen cierto grado de acuerdo entre sectores. Desde luego, esta asamblea no es el mejor lugar para hacer apuestas, más aún cuando hay votación secreta, lo cual lo hace todo menos previsible. Sea cual sea el resultado, los nuevos estatutos otorgan un importante papel al Consejo de Cardenales. Es decir, no todo el poder se concentrará en una persona. Aunque las competencias del presidente son significativas: modera la actividad general de la CEE, cuida la relación con la Santa Sede, atiende la relación con el Gobierno...

La reforma pendiente

En la jerarquía española no ha habido pleno aggiornamento con la era del papa Francisco, doctrinalmente más laxo que Juan Pablo II y que Benedicto XVI, y que todavía no ha visitado España. ¿Cuándo lo hará?, dijo. "Cuando haya paz", respondió en abril de 2019. A qué se refería exactamente el pontífice argentino ha quedado en la penumbra de los misterios vaticanos. Pero la interpretación más extendida es que Francisco se refiere a las disputas internas en el seno de la cúpula española.

A pesar de que el Código de Derecho Canónico establece que el obispo de Roma, el papa, es "Vicario de Cristo y Pastor de la Iglesia universal en la tierra", con potestad "suprema, plena, inmediata y universal en la Iglesia, y que puede siempre ejercer libremente", la realidad es más compleja. Hay contrapoderes. No todo se decide desde la silla de Pedro. Lo está comprobando el propio Francisco, que está encontrando dificultad para acometer sus reformas en la curia y la banca vaticana, para establecer un mecanismo homogéneo de reacción diligente ante los casos de pederastia y para abrir debates sobre moral, familia y sexualidad. A todo esto se suma en España la persistencia de un bloque integrista, resistente a los postulados de Francisco: el ala dura.

Las reglas de la asamblea

Además del presidente de la CEE, la asamblea plenaria elige al resto de sus cargos, a excepción de Luis Argüello, secretario general de los obispos, elegido en 2018 y con un mandato de cinco años, consolidado ya en su posición de voz del episcopado. Es decir, se elige también vicepresidente, miembros de la Comisión Ejecutiva, presidentes de las Comisiones y Subcomisiones Episcopales, presidente de la Junta Episcopal de Asuntos Jurídicos y miembros del Consejo de Economía. Una treintena de cargos.

Votan 87 religiosos. Por supuesto, todos hombres: cuatro cardenales –Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid y presidente de la CEE; Juan José Omella, arzobispo de Barcelona; Antonio Cañizares, arzobispo de Valencia; y Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, considerado el más afín a Francisco de toda la jerarquía española–; 12 arzobispos; 48 obispos; 18 auxiliares; el administrador apostólico de Ciudad Rodrigo y los administradores diocesanos de Astorga, Coria-Cáceres, Ibiza y Zamora. Para los cargos de presidente y vicepresidente, son elegibles los obispos con derecho a voto (excepto los obispos auxiliares) y los administradores apostólicos y diocesanos. Para el resto de cargos, valen todos los que tienen derecho a voto.

La renovación de cargos se realiza conforme a los nuevos estatutos, que incrementan el protagonismo de las provincias y reduce de 14 a diez las comisiones. Las elecciones son en votaciones secretas. En las dos primeras votaciones es necesaria la mayoría absoluta, la mitad más uno. Si nadie obtiene la mayoría necesaria, se procede a una tercera votación entre los dos obispos más votados. Si en esta votación hubiera empate, resultaría elegido el de mayor edad. Antes de cada votación vinculante, hay una "de sondeo", la primera de las cuales se produjo este lunes.

Las espadas están en alto. Y, tras la máscara de calma de los prelados y purpurados, hay tensión. E intrigas. A las puertas de la asamblea, los obispos han recibido un libro anónimo contra Omella por su papel en la caída de Miguel Ángel Barco, un sacerdote reducido al estado laical por una supuesta paternidad, como adelantó Religión Confidencial.

La identidad católica como factor de agitación política regresa con fuerza. Y la traen de vuelta Vox y el PP de Pablo Casado, que han entrado en una espiral de apelaciones a la naturaleza intrínsecamente católica del español, señalando además al discrepante. Ni el contenido del discurso ni el tono son nuevos. De hecho tienen su antecedente en los propios puntales del conservadurismo eclesial, que han mantenido viva la llama del rechazo a la "ideología de género", enfoque desde el que cargan contra el aborto, la eutanasia, los derechos de las personas LGTBI y el feminismo.

El debate político en torno a estos temas en la derecha española, por extensión en su sistema político, está al rojo vivo. Tanto Santiago Abascal como Pablo Casado presentan su causa política como una "reconquista", con ese término exacto. "La derecha entra en una fase de polarización de bloques políticos y electorales sobre la base de la cuestión religiosa. Hacía tiempo que esto no se daba. [Alberto Ruiz] Gallardón lo intentó con la Ley del Aborto, pero no tuvo suficientes apoyos", señala Antonio Gómez Movellán, presidente de Europa Laica. infoLibre repasa las claves de este triunfo en toda regla del ala radical de la Iglesia.

  La Iglesia 'teocón'

18 de junio de 2005. El lema de la manifestación era "La familia sí importa". Se agitaban banderas rojigualdas al cielo de Madrid. En una estaba escrito: "Familia=Hombre y mujer". Había pancartas ingeniosas: "No al desmadre, queremos padre y madre". Según el punto de vista, otras podían ser ofensivas: "Sodomía, no con mi dinero". Y otra:"¿Cambiarías a Juan y Puri por Boris y Zerolo?". No fue una manifestación cualquiera. Convocada por el Foro Español de la Familia, una auténtica multitud se echó a la calle contra la legalización del matrimonio homosexual. Fueron 700.000 almas, según la Comunidad de Madrid, del PP; 166.000, según la Delegación del Gobierno, del PSOE. Y entre ellos había 19 obispos, encarnación de una línea dura del episcopado que ya entonces entonaba el discurso integrista que hoy abandera Vox y gana enteros en el PP.

Sí, aquella jornada de junio de 2005, que deparó la inolvidable fotografía de Antonio María Rouco Varela manifestándose con alzacuellos y gafas ahumadas, trae ecos del auge de un esencialismo catolicista que hoy marca la competición política en la derecha. Ni lo que podríamos llamar ahora los temas de Vox en el campo moral son nuevos ni tampoco lo son el tono tremendista y victimista con el que los plantea. Los ha mantenido vivos siempre el sector duro de la jerarquía católica, que lleva años denunciando que ningún partido asume sus postulados hasta las últimas consecuencias. Eso se acabó.

Vista retrospectivamente, aquella manifestación en Madrid supuso la cristalización pública de lo que algunos observadores han llamado la Iglesia teocón, mezcla de ultraconservadurismo moral y neoliberalismo económico, que a largo plazo se ha desvelado como una especie de think tank informal del que se ha surtido lo que hoy es Vox. Aquel movimiento se amalgamó durante la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero y cogió vuelo en el rechazo a las políticas –o proyectos– sobre familia, aborto y eutanasia, pero también contra la asignatura de Educación para la Ciudadanía o contra el diálogo para poner fin a ETA.

Organizaciones como Foro Español de la Familia, E-Cristians y Hazte Oír adquirieron notoriedad entonces, apoyadas en movimientos católicos de corte integrista como Comunión y Liberación, Camino Neocatecumenal (los kikos) y más discretamente los Legionarios de Cristo y el Opus. Medios como El Mundo con Pedro J. Ramírez y la COPE y Libertad Digital con Jiménez Losantos, protegido entonces de Rouco Varela en la radio de los obispos, apostaron por esta línea, combinada con la teoría de la conspiración sobre el 11-M. No se trataba sólo –lo decía entonces y lo sigue diciendo Losantos– de erosionar a un gobierno, sino de ganar la "batalla cultural" a la izquierda. Es el mismo manual que reivindican ahora Santiago Abascal y Pablo Casado, que se precian de defender "sin complejos" sus principios. Precisamente "sin complejos" era una de las divisas de Rouco Varela.

  Auge de Vox

El discurso integrista gana enteros. La irrupción de Vox, su éxito en Andalucía y su papel determinante en la investidura de Juanma Moreno (PP) han dado notoriedad a sus propuestas. Junto a la reacción de mano dura contra el procés y la criminalización de la inmigración, Vox otorga prioridad a la "familia tradicional", rechaza el aborto y la eutanasia, combate la llamada "ideología de género" –el feminismo– y abomina de las políticas de memoria histórica. El manual del ala dura del episcopado, al dedillo.

Vox proclama entre sus fines estatutarios la "defensa y promoción de la cultura de la vida y de la protección a la familia". En sus 100 medidas para la España Viva es más concreto: "Suprimir en la sanidad pública las intervenciones quirúrgicas ajenas a la salud (cambio de género, aborto…)"; "Derogación inmediata de la Ley de Memoria Histórica". El término "familia", objeto central de sus políticas, designa en realidad lo que suele entenderse como "familia tradicional". Vox, que no es un partido formalmente confesional ni alude a la Iglesia en sus propuestas, sí coincide con la institución católica en líneas estratégicas como la defensa de la "natalidad" y de las "familias numerosas".

El partido de Abascal juega con la noción de "Reconquista". Por escrito lo pone en mayúsculas. Lo hace en referencia a su avance electoral, en un paralelismo con la conquista del territorio peninsular por parte de los reinos cristianos, fenómeno conocido como "la Reconquista" y que culminó el 2 de enero de 1492 con la Toma de Granada por los Reyes Católicos y la rendición de Boabdil. El partido propuso, en uno de sus golpes de efecto mediáticos, que el Día de Andalucía pasara a ser el 2 de enero. Y se presenta como defensor de la "cultura occidental" frente al islamismo. La Mezquita-Catedral de Córdoba le ha servido de vehículo perfecto para expresar este perfil: Abascal la vistió para subrayar su apoyo a la propiedad y carácter exclusivamente católicos del templo.

  Deriva del PP

A diferencia de Vox, el PP sí hace una referencia religiosa en sus estatutos. El partido "se compromete con una clara vocación europeísta inspirada en los valores de la libertad, la democracia, la tolerancia y el humanismo cristiano de tradición occidental". No obstante, la etapa de Mariano Rajoy al frente de la formación se caracterizó por un cierto distanciamiento de la línea eclesiástica dura y los satélites teocón. Terminales especialmente activos como Hazte Oír, asociación ultracatólica muy próxima a Vox, han sido críticos con Rajoy. El abandono de la Ley del Aborto por parte del que fue ministro de Alberto Ruiz Gallardón culminó este proceso. En su etapa final Rajoy trató de recuperar terreno con una masiva implicación de sus ministros en actos de cariz religioso. Muy comentada fue la asistencia de cuatro ministros a los actos de la Legión en la Semana Santa de Málaga. Pero eso no evitó que Rajoy fuera visto por los sectores duros como un blando que no quiso dar la famosa "batalla cultural".

Pablo Casado ha supuesto un giro. Fue elegido presidente del PP con su reivindicación del "partido de la vida y de la familia". Era julio de 2018. Aunque la formación de Abascal aún no había eclosionado, Casado ya insistía en que su intención era recuperar el electorado que se había ido a Cs y a Vox. El nuevo líder del PP no ha parado de anunciar un endurecimiento del partido en temas como el aborto y la eutanasia. Lo enmarca en su defensa de los "principios y valores" innegociables. También –en el contexto de la negociación tras las elecciones andaluzas– ha coqueteado con algunos de los postulados contra la "ideología de género", como evitar la alusión a la "violencia de género". Hay expectación por ver hasta dónde lleva su anunciado "rearme ideológico" en temas morales. De momento ya emplea también la retórica de la Cruzada. "La reconquista política del PP ha empezado en Andalucía y la vamos a acabar en Asturias", afirmó la pasada semana, jugando el recorrido inverso a la reconquista cuyo origen se atribuye a Don Pelayo.

  "Feminismo supremacista", "lobby LGTBI"...

En este ambiente crecientemente confesional no es extraño que el pacto andaluz que ha encumbrado a Juanma Moreno como presidente de la Junta contenga guiños tanto a la religión católica como a la Iglesia. Especialmente en el acuerdo del PP con Vox. Ambos partidos acuerdan un apoyo a la concertada –que también está en el acuerdo PP-Cs– y a la educación que separa a niños y niñas. Lo primero es bueno para la Iglesia en general, lo segundo para el Opus en concreto. Además PP y Vox acuerdan una Consejería de Familia, una norma que desvirtúe la Ley de Memoria Democrática y una inmigración "respetuosa con nuestra cultura occidental", formulación eufemística utilizada por la ultraderecha islamófoba en toda Europa. En su discurso de investidura el candidato Moreno prometió a Vox cambios en las leyes de género e igualdad. La agenda política de la doctrina Rouco ha entrado ya en el Parlamento andaluz. Y la voluntad de Vox es llevarla a todas las instituciones. El partido de Abascal también quiere derogar las leyes de protección de derechos LGTBI.

"La irrupción de Vox [...] realmente ha abierto una grieta en el sistema... Una grieta que ha permitido que en España se hable sobre temas que antes eran tabú, que el establishment progre consideraba cerrados: la ideología de género, el feminismo supremacista, el lobby LGTBI, el aborto, el matrimonio homosexual, la eutanasia...", señala en un artículo Ignacio Arsuaga, presidente de Hazte Oír. Arsuaga no oculta su entusiasmo por la formación de Abascal, al que ve recoger la antorcha que han portado las asociaciones ultracatólicas durante los años sin un referente político. "Algunas organizaciones de la sociedad civil (junto con unos pocos medios de comunicación libres) llevábamos años tratando de romper el hielo de lo políticamente correcto, del discurso único progre-laicista, de lo que siempre se conoció como 'la espiral del silencio'. [...] Muchos años de batalla cultural, de defensa de la vida del no nacido frente al aborto... de denuncia de los ataques del lobby LGTBI y del lobby de género contra la familia natural... de defensa de principios básicos y de libertades fundamentales frente al Sistema, que trata de imponer la dictadura de lo políticamente correcto, en la que parecía que los discrepantes no teníamos cabida... hasta ahora", añade. Su retórica es calcada a la del juez Francisco Serrano, portavoz de Vox en Andalucía, héroe de la "derecha sin complejos" desde que fue condenado por prevaricación por favorecer ilegalmente a un padre en un régimen de visitas a un niño para que pudiera ir a una procesión de Semana Santa.

El siguiente objetivo de Arsuaga es el PP, al que presiona con una recogida de firmas –ya van más de 20.000– para que asuma los postulados de Vox. "En la convención 'ideológica' del PP podremos comprobar hasta qué punto ese cambio de rumbo de Pablo Casado es una realidad o [...] postureo", advierte.

  La fuerza del ala dura

La irrupción de Vox ha supuesto un regocijo apenas disimulado en el sector duro del episcopado. El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, celebró el "espectacular" vuelco electoral, que achacó a los ataques a la religión. Fernández es la mejor demostración de que el discurso –en fondo y forma– de Vox ya estaba presente en el sector duro de los obispos. Lleva años obsesionado por las amenazas de la sodomía, el relativismo y la "ideología de género", esa "bomba atómica", en sus propias palabras. De la fecundación in vitro ha dicho que es "un aquelarre químico". Una vez explicó que un cardenal le había contado que la Unesco "tiene programado hacer homosexual a la mitad de la población". El cardenal Antonio Cañizares dijo que Vox "en absoluto" es extrema derecha. El secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, salió al paso de la irrupción de Vox señalando que "gritar fascistas" a Vox es un "comportamiento antidemocrático", gesto que no se ha visto nunca en relación con partidos de izquierdas. Eso sí, Argüello se mostró "preocupado" por las propuestas de Vox sobre inmigración.

Pero, ¿es la CEE afín a Vox? No es tan sencillo. A raíz de la elección del papa Francisco en 2013, preludio de la caída del pedestal de Rouco Varela en España, la sensibilidad integrista ha perdido posición y enteros. Aunque sigue ahí con notable fuerza. José Manuel Vidal, director de Religión digital, afirma que la correlación de fuerzas queda bien expresada en la elección de Luis Argüello, obispo auxiliar de Valladolid, como secretario general. Obtuvo 45 votos frente a 29 de Jorge Fernández, vicario general de Oviedo y candidato del sector conservador que lidera desde la sombra Rouco Varela.

"Son más de los que creíamos que había. Son los que se oponen al reformismo del papa. Y los que están en las posiciones duras que defiende Vox", expone Vidal. El ultraconservadurismo eclesiástico está encarnado en prelados como Juan José Asenjo (Sevilla), Braulio Rodríguez (Toledo), Javier Martínez (Granada), José Ignacio Munilla (San Sebastián), Reig Pla (Alcalá de Henares) o Demetrio Fernández (Córdoba). El rastro en la hemeroteca de estas y otras mentalidades integristas vinculadas a la doctrina Rouco permite identificar la fuente de la que hoy beben Vox y –en menor medida– el PP de Casado. La nube de temas se ha repetido una y otra vez: aborto, dictadura ideológica, lobby gay, ideología de género... "La matriz integrista de Vox es evidente", señala José Manuel Vidal. También lo es que hay dignatarios de la Iglesia que, más allá incluso de los temas morales, no tienen empacho en adoptar en cuestiones políticas posiciones lindantes con el ultraderechismo. Así fue cuando monseñor Cañizares, en pleno debate sobre los refugiados, se preguntó: "¿Esta invasión de emigrantes y de refugiados es todo trigo limpio?". Una frase que podrían firmar el Frente Nacional, la Liga Norte o Vox.

  Debate en la Iglesia

Para la miríada de digitales ultracatólicos que narran –e intentan condicionar– el rumbo de la Iglesia, caso de Infovaticana o Actuall, la irrupción de Vox ha sido una bomba recibida con alegría por numerosas firmas. "Es triste ver cómo tantos católicos militantes dejan pasar la oportunidad de apoyar a un partido que, por primera vez desde la Transición, está dispuesto a plantear una verdadera alternativa ideológica a la izquierda en todos los terrenos", firma en Actuall el catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de Sevilla Francisco José Contreras. Trece, televisión episcopal financiada con cargo al IRPF pagado por todos los contribuyentes, es de los medios editorialmente más afines a Vox.

Pero también hay sectores de la Iglesia de base preocupados por el agrado con que parte de la cúpula eclesial ha recibido el auge de Abascal. Así ocurre por ejemplo con algunos de los referentes de Redes Cristianas, integrada por colectivos de base. "Hoy no hay reforma religiosa, pero siguen inalteradas las ganas de meter en cintura a la Iglesia. Por eso, tampoco puede resultar del todo extraño que algunos obispos vean en Vox el maná celestial que les va a aliviar de tanta humillación, de tanta provocación innecesaria", escribe José Lorenzo, redactor jefe de Vida Nueva, en un artículo titulado La tentación del nacionalcatolicismo. Pero introduce un acento crítico: "No, estos todavía no son aquellos años 30, pero vamos camino del mismo hedor fanático. Y la Iglesia, los pastores, y todo el pueblo de Dios, deben estar vigilantes. Por más señalado que te sientas, no es de recibo, a cambio, poner paños calientes a quienes, a la primera oportunidad, niegan, matizan o quieren maquillar la violencia contra la mujer o criminalizan a los inmigrantes". El debate en el seno de la Iglesia está abierto.

  Fuerza movilizadora

En la derecha en cambio el debate parece zanjado: hay un regreso a las señas de identidad católicas como agente movilizador. "Lo católico siempre ha tenido mucha potencia. Ya en la Segunda República fue fundamental para enfrentarse a las políticas laicistas del segundo bienio. Ahora, con la globalización, reaparece la recuperación de las identidades. Y el poder simbólico de la Iglesia aporta mucho", señala Ángel Luis López Villaverde, profesor de Historia Contemporánea y autor de El poder de la Iglesia en la España contemporánea (Catarata, 2013). A su juicio, a pesar del imparable avance de la secularización, la apelación esencialista a la identidad católica sigue siendo un factor de fuerte potencia emocional. Porque no se trata de un recurso religioso, sino cultural, subraya. "La identidad católica fue la alternativa a la cultura republicana laicista, que no logró sustituirla. [Manuel] Azaña creyó que España había dejado de ser católica porque no estaba en la alta cultura, pero se equivocaba. Estaba en las masas, en todos los ritos, desde el nacimiento a la muerte y la fertilidad. El catolicismo ha ordenado el ámbito social durante siglos y nunca se ha impuesto una alternativa a ese orden social, que además favorece a los poderosos porque da argumentos morales para que cada cual acepte el papel asignado en la sociedad", señala López Villaverde.

Esa es la "batalla cultural" que la izquierda no ha sabido dar: la consolidación de una moral pública laica. El papel determinante que la "cuestión religiosa" tuvo en la caída de la Segunda República, sumada al coste político de recibir la acusación de anticlericalismo, han desaconsejado a la izquierda en las instituciones insistir por esa vía. Cuando se ha explorado, la derecha política y el alto clero han enseñado los dientes. Por ejemplo, con el rechazo frontal a Educación para la Ciudadanía. Es "ideología", "adoctrinamiento", señalan ante este tipo de iniciativas. Finalmente fue derogada con la Lomce. Hoy el Gobierno planea introducir una reforma educativa, a la que la Iglesia se opone. Por supuesto, también Vox y el PP, que redoblan su apuesta por el mantenimiento de la Religión en las aulas públicas y la financiación pública de colegios privados, los dos grandes objetos de deseo de la Iglesia en el ámbito educativo. Otros frentes abiertos por el Gobierno ante la Iglesia son sus privilegios fiscales y las inmatriculaciones. En ninguno ha habido hasta ahora avances significativos, más allá de anuncios. Tampoco ha logrado ayuda de las autoridades de la Iglesia para la exhumación de Franco.

  Una vinculación histórica

José Luis Gutiérrez Molina, investigador de la historia social de Andalucía, señala que la derecha en España "siempre ha sido religiosa". "En España, y esto que digo puede ser un poco polémico, no ha habido realmente nunca un fascismo-fascismo, más allá de Falange o de la Junta Ofensiva Radical Sindicalista de Onésimo Redondo. Aquí lo que ha habido es un conglomerado ideológico con una visión social, económica y política reaccionaria en la que el papel de la Iglesia ha sido y es fundamental como garante del orden social y fuente de ideología", señala. "La derecha española jamás ha abandonado su relación con el mundo clerical, a diferencia de otros países europeos", añade.

Es una relación determinada por la historia. El liberalismo en España, donde el entrañamiento entre Estado e Iglesia es histórico, no rompió con la institución católica en el XIX. En el siglo XX la Iglesia pactó con las dictaduras de Primo de Rivera y Franco. La Iglesia obtuvo cuantiosos privilegios durante el franquismo, que logró retener en democracia con los acuerdos entre España y la Santa Sede de 1976-1979. El aggiornamento del Concilio Vaticano II no llegó a calar. Jamás ha pedido perdón la jerarquía por el papel de sostén del franquismo. Desde los kikos al prior falangista del Valle de los Caídos, pasando por todo el sector teocón que tiene en Rouco Varela a su referente, el ultraderechismo siempre ha sido fuerte en el seno de la Iglesia española. Ahora el ultraderechismo político, encarnado en un partido en ascenso –Vox– con gran capacidad de contagio a otro en descenso –PP–, juega la carta de la identidad católica.

Hay un discurso que lo resume todo. "Porque nosotros celebramos la navidad, ponemos el belén, ponemos el árbol, celebramos nuestras tradiciones, nuestra Semana Santa y nos sentimos orgullosos, ¡y al que no le guste, que se aguante, porque nosotros somos españoles!", proclamaba a gritos en diciembre Teodoro García Egea, secretario general del PP. Una identificación nítida entre cultura católica y la nacionalidad española, base filosófica del nacionalcatolicismo franquista. Era después de las elecciones andaluzas, cuando ya se había visto la fuerza de Vox. Antes, durante la campaña, el PP había pedido que los insultos a la Macarena fueran "delito", coqueteando con la tipificación penal de la blasfemia. El alcance final de esta escalada está por determinar. Pero es previsible que tenga en la Iglesia católica uno de sus beneficiarios directos.  

"Vamos a ver las diferencias entre una persona rica y una persona pobre". "Los ricos son personas de éxito, los pobres son personas mediocres". La proyección a los alumnos de secundaria del colegio concertado Salesianos de Estrecho, en Madrid, de un vídeo de contenido clasista ha levantado cierta polvareda. A pesar de que la sociedad convive con una normalidad con las muestras de clasismo que ya serían inaceptables, por ejemplo, con el racismo –¿pueden imaginar la misma afirmación sustituyendo "ricos" por "blancos" y "pobres" por "negros"–, las afirmaciones del vídeo eran demasiado llamativas como para pasar inadvertidas. La dirección del colegio ha emitido un comunicado señalando que la emisión es un "error" y que su contenido no responde a su "ideario". Es obvio que ningún "ideario" explicita la adhesión a ideas como las que defiende el vídeo. Es más, la escuela salesiana está en general entre las que promueve unos valores más solidarios de toda la educación católica en España, en línea con la tradición caritativa de la Iglesia católica española. No obstante, el vídeo sí conecta con una creciente tendencia de la escuela católica, así como de la Conferencia Episcopal, a la exaltación de valores ultraliberales en el ámbito educativo.

La escuela ha sido históricamente para la Iglesia un campo fundamental de su lucha por el poder y la influencia en España. "Su imagen [de la escuela pública] de institución limitada a una suerte de guardería de niños de extracción social baja, de pobres y para pobres, y sostenida de manera precaria con los escasos recursos municipales –con maestros mal pagados y locales inadecuados– perduró hasta bien entrado el siglo XX", señala en El poder de la Iglesia en la España contemporánea (Catarata, 2013) Ángel Luis López Villaverde, que responsabiliza de este atraso a la Iglesia. Es elocuente que fuera durante la Segunda República, que construyó unas 10.000 escuelas, cuando la Iglesia elevó la educación a gran problema nacional. El franquismo le devolvió a la Iglesia y sus congregaciones el control de la educación, que empezó a perder en los años 70. No obstante, el sistema público incorporó la escuela católica mediante el sistema de conciertos, arbitrado por la ley educativa de 1985. De modo que jamás se ha pinchado el boom de colegios congregacionistas. Son parte consustancial del sistema.

En democracia la Iglesia ha jugado a dos barajas. Por un lado, defendiendo su presencia en las aulas públicas a través de los profesores de Religión, contratados y despedidos por decisión del obispo pero pagados por el Estado. Aquí ha obtenido una victoria decisiva con la Lomce, que eleva la consideración académica de la asignatura y crea una alternativa disuasoria, lo cual ha incrementado la demanda de la materia católica. No obstante, la Ley Wert ha sido incluso más generosa con la Iglesia en los favores a su red educativa privada, gran fortín del poder eclesial en España.

"El sistema educativo tiene que contar con la familia y confiar en sus decisiones", señala la ley, un claro alineamiento con las tesis eclesiales sobre la "libertad de elección". La redacción da una cobertura clara e inapelable al precepto según el cual el Estado tiene la obligación de cubrir con el presupuesto público la concertada católica, incluso en el caso de que segregue a los niños y niñas por sus supuestas capacidades diferentes. La norma amplía también las opciones de construcción de centros concertados en suelo público. En resumen, otorga más presencia de la Iglesia en la escuela pública y más "libertad" para montar centros privados con mayor financiación estatal. Y todo dentro en un modelo que concibe la escuela como un surtidor de "emprendedores" instruidos en la "libertad personal" para salir adelante en un sistema laboral precaria. Ese es el modelo más aplaudido por la Iglesia católica católica española.

  Ideología de la Lomce

El optimismo pedagógico dice que la escuela es el laboratorio del porvenir, que allí se fraguan los cambios que harán de la sociedad futura un lugar mejor. Por sociólogos como Pierre Bordieu sabemos que no es así. La escuela es sobre todo una expresión de la sociedad y la economía en la que nace y del propósito a veces inconsciente del tiempo que le toca vivir. La ley educativa de 1945, redactada a la medida de la Iglesia, se orientaba a la constitución de un sujeto nacional sometido a dogmas, sin capacidad de crítica, rendido al reglazo en las yemas del Estado y la Iglesia y presto a asumir sin rechistar su papel en una sociedad aquietada y rígidamente estratificada. La Ley Villar Palasí (1970), que supuso el gran salto cualitativo, supuso al fin el regreso de la educación a la tutela del Estado. El motivo económico que justificó la ley del 70 era la necesidad de conectar las aulas con el mercado laboral. Era imprescindible una fuerte inversión en mano de obra, que la Iglesia no podía asumir, para mejorar la productividad de una economía expansiva que empezaba a recibir capital extranjero tras más de una década de planes modernizadores pilotados por los ministros tecnócratas del Opus.

El empeño más universalista fue de la Logse, normal a la que la Iglesia declaró la guerra desde el inicio de su tramitación– Su pretensión de formar ciudadanos autoconscientes y críticos, propia de la consolidación democrática española, chocó con la infrafinanciación del proyecto y con la competencia de la red concertada, mayoritariamente católica, que compite con ventaja con la red pública. La Ley Wert –observan los sociólogos de la educación– supuso una adaptación al proyecto de salida de la crisis basado en la devaluación salarial de una economía que fía al turismo,el sector precario por antonomasia, más del 10% del PIB. En la postergación de las metodologías activas y en el protagonismo de los contenidos enciclopédicos y las reválidas memorísticas hay resonancias de la pedagogía católica tradicional.

  Más concertada, menos pública

El esquema final resultante de la educación en España es este: existe una malla pública, en la que la Iglesia impone los contenidos de Religión y los imparte con docentes pagados por el Estado; y una malla privada, católica en más de un 60%, también pagada por el Estado. La Iglesia cifra su número de alumnos en casi un millón y medio, en un total de 2.591 centros católicos. Aunque en teoría el modelo de concertación era coyuntural, en la práctica se ha consolidado y ampliado. España es el cuarto Estado europeo donde menos escuela pública hay en secundaria y el tercero en primaria, según datos de Eurostat. La educación concertada se aproxima al 30% de toda la oferta estatal. Y la flecha de la dinámica apunta hacia arriba. La media europea no alcanza el 15 por 100. En comunidades como Navarra, Euskadi, Cataluña o la propia Madrid la tendencia en la secundaria es hacia un reparto casi simétrico del "mercado" entre la pública y la privada. El vídeo es el dedo, la luna es este modelo, que es el defendido por la Iglesia.

Dicho modelo queda consagrado por la Lomce, que aporta seguridad a la renovación de conciertos, blindándolos ante posibles tentativas políticas de signo contrario. Además aporta cobertura al discurso de la "capacidad", el "mérito" y el" esfuerzo", conceptos santificados por las patronales de la concertada católica. La Ley Wert también incluye el principio de "demanda social" para programar las plazas, que deberán ser "suficientes", pero sin aclarar si de carácter público o concertado. Este es el punto que quiere retirar el Gobierno. Simplemente esto es lo que la ministra del ramo, Isabel Celaá, ha afirmado que quiere suprimir. Este mero anuncio ha suscitado comunicados de alarma de la Conferencia Episcopal y de la Plataforma Concertada, aglutinante de las organizaciones CECE, Cofapa y Escuelas Católicas, que ha anunciado una larga batalla legal. "Vuelve la dictadura totalitaria", ha clamado el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz.

  El mito del ahorro

De fondo hay un debate ideológico. Ha ido avanzando –y con la Ley Wert se ha coronado– la primacía del principio de libre elección, que empuja al sistema educativo a la lógica del mercado, según el cual los colegios son empresas proveedoras de un servicio y, como tales, deben realizar una oferta atractiva a sus clientes. El propio Luis Centeno, secretario general de Escuelas Católicas, ha explicado a infoLibre que el escenario óptimo sería que toda la programación de unidades se hiciese "tomando como base el criterio de preferencia de las familias". Es decir, que todo se regulase en función de la demanda en un mercado desregulado. ¿Cuál es el fleco suelto de este discurso? Que la concertada se sitúa mayoritariamente en zonas de renta superior a la media. Claro, los promotores tienden a encontrar pocos incentivos para ubicar un centro concertado en una zona rural dispersa, por ejemplo. O en un barrio marginal.

Eso queda para la pública, lo cual –lógicamente– la encarece. También la encarece que la inversión de la pública en profesionales para atender a alumnos con capacidades especiales es mayor. Y que los profesores cobran más. Todo esto determina que la plaza escolar en la escuela pública sea más cara que la concertada. Sobre esta base, la Conferencia Episcopal y los grupos de presión católicos difunden la idea de que la concertada "ahorra dinero al Estado", un discurso que replican sin rechistar medios como ABC, la Cope o Trece. En realidad es una afirmación llamativa, teniendo en cuenta que en 2016 –último año del que hay datos oficiales– salieron de las arcas públicas para la educación concertada más de 6.000 millones de euros, superando los umbrales precrisis, mientras la inversión en la pública aún está por debajo de la de 2009. Las 17 autonomías invierten menos en educación pública que en 2009.

  Segregación en las aulas

La Conferencia Episcopal y los grupos de presión católicos argumentan que la concertada también es gratuita, como la pública. Lo cierto es que los concertados realizan cobros informales, aprovechando la laxitud legal para solicitar pagos extraordinarios. Se cobra por material escolar, por alquiler de equipos informáticos, por servicios de orientación, por "desgaste de patio" y por un amplio abanico de conceptos imprecisos: "donativo", "aportación de principio de curso", "derrama extra"... Además las familias se benefician de desgravaciones en sus aportaciones a las fundaciones de los colegios, creadas para dar cobertura a unos ingresos que sobre el papel son voluntarios, aunque en la práctica pocos padres se oponen. En muchas ocasiones porque no conocen que la normativa establece límites a este tipo de cobros. En la Comunidad de Madrid, según un informe de la patronal de centros privados, más del 75% de los concertados no informa los padres de la voluntariedad. La Organización de Consumidores elaboró un estudio que concluye que más del 90% de los concertados cobra cuotas por la educación obligatoria. La concertada exige a las familias más esfuerzo económico.

La Plataforma Estatal por la Escuela pública denuncia que la concertada concentra un porcentaje de alumnos con necesidades especiales mucho menor que el que le corresponde por su trozo de la tarta. De modo que se acumulan las vías para una segregación social del alumnado: ubicación de los centros, cobros informales, selección del alumnado...España es el sexto país de la UE con mayor segregación social en las aulas, sólo por delante de Bulgaria, Eslovaquia, República Checa, Rumanía y Hungría, según el estudio Magnitud de la segregación escolar por nivel socioeconómico en España y sus comunidades autónomas y comparación con los países de la UE, de Francisco Javier Murillo, Cynthia Martínez-Garrido. Destaca la "altísima" segregación en Madrid, laboratorio de las medidas neoliberales más aplaudidas por la Iglesia.

  Salud y crimen

Además de la idea de que ahorra dinero al Estado, la Conferencia Episcopal difunde otra idea-fuerza: la concertada es mejor porque obtiene mejores resultados y prepara mejor para el mercado laboral y el éxito profesional. Lo que hace la jerarquía es darle la vuelta a la relación causa-efecto, obviando las ventajas competitivas de partida. El portavoz económico de la CEE, Fernando Giménez Barriocanal, lo ha explicado con estos términos: "Los colegios de la Iglesia católica generan menor abandono escolar".

A veces la Conferencia Episcopal llega más lejos. En su memoria económica de 2015 recogió entre las ventajas de estudiar en centros católicos las siguientes: "Mejora de la salud", "mayor tendencia a las donaciones" y "reducción de la criminalidad". ¿No está emparentado este discurso con el del vídeo del colegio de los salesianos?

  La escuela del Opus

La proclividad de la jerarquía católica a exaltar la riqueza es una constante. Lo dijo Ángel Suquía, que fue presidente de la CEE, en 1992, el año de la Expo y los Juegos. "Tras el fracaso del comunismo, el capitalismo aparece como único sistema en el horizonte". La cúpula eclesial española, de hecho, encontró perfecto acomodo bajo el papado de Juan Pablo II (1978-2005), marcado por la ostentación desinhibida de la riqueza de la Iglesia, el pacto de familias vaticanas para poner sordina a los escándalos de la banca vaticana y la represión de la Teología de la Liberación. Juan Pablo II convirtió en su prelatura personal al Opus Dei, grupo próximo a la llamada "Teología de la Prosperidad", que incide en la bendición de aquellos que conquistan la riqueza y el bienestar. El Opus Dei, a través de Fomento y Attendis, acumula una enorme fuerza en el ámbito educativo.

La red opusina, a cuyos centros acuden más de 24.000 alumnos, tiene presencia en Madrid, Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia, Murcia y Navarra. El Colegio Retamar, en Pozuelo de Alarcón, sólo para chicos, es quizás el mayor emblema del elitismo escolar del Opus. En Retamar estudiaron, por citar dos, Adolfo Suárez Illana y el yerno de José María Aznar, Alejandro Agag. Está considerado cantera de cachorros de la alta sociedad madrileña. El Opus Dei propugna una penetración de sus miembros en las altas esferas del poder.

  El manto del Santander

La educación católica española no es sólo cosa del Opus. El movimiento Comunión y Liberación, los salesianos, los jesuitas, los propagandistas católicos y otras muchas congregaciones componen una densa malla. No hay uniformidad ideológica. Lo que sí hay son muestras de elitismo educativo. La Legión de Cristo, fundada por el sacerdote pederasta Marcial Maciel, está detrás los Highlands Schools, privados, ubicados en La Moraleja (Madrid), Boadilla del Monte (a las afueras de Madrid), Pedralbes (Barcelona) y Montequinto (Sevilla). Venden buenos barrios, exclusividad, disciplina, disciplina, notas altas en selectividad, garantía de preparación para el éxito universitario y homogeneidad social. Y educación separada por sexos. La Legión controla también el Everest School, en Pozuelo de Alarcón, el Cumbres School, en Moncada (Valencia), y el Col·legi Reial Monestir de Santa Isabel, en Barcelona. Los nombres montañososevocan altura de clase, como ha destacado Mariano Sánchez Soler en Las sotanas del PP (Temas de hoy, 2002).

El emblema de cómo el poder empieza a forjarse en el colegio es colegio católico marianista El Pilar, por cuyas aulas han pasado Juan Abelló, Alberto Alcocer y Alberto Cortina, empresarios como Juan Miguel Villar Mir, ejecutivos de medios como Luis María Ansón y Juan Luis Cebrián, ministros como Rafael Arias Salgado, Nemesio Fernández-Cuesta, Gonzalo Fernández de Mora, Francisco Fernández Ordóñez. En el PSOE se llegó a hablar de un clan pilarista, aglutinado en torno a Alfredo Pérez Rubalcaba y Javier Solana. Ambos llegaron a ministro de Educación. Pero donde más claramente se expresa la alianza de la Iglesia católica con la élite empresarial es en el ámbito universitario. El Opus Dei y la Compañía de Jesús destacan en este campo. Las business schools del Esade (jesuitas) y el IESE (Opus) son dos de los núcleos de formación de élites más reconocidos de España. Un análisis de la revista La Marea de abril de 2018 señalaba que, de los 433 hombres y mujeres que se sientan en los consejos de administración de las empresas del IBEX-35, 170 han tenido relación en calidad de estudiantes, docentes o miembros de órganos de gobierno con una o varias universidades vinculadas a la Iglesia.

"[...] La realidad de nuestra Iglesia en España está totalmente condicionada por la imagen de la Virgen del Pilar cubierta con el manto del banco de Santander, por las relaciones del cardenal Rouco con la cúpula empresarial, por la orientación ideológica de la COPE y 13TV [...]", señala el sociólogo cristiano Alfonso Alcaide en el libro Dignidad y esperanza en el mundo del trabajo (Edice, 2016). La huella de Antonio María Rouco Varela, considerado reaccionario en lo ideológico y neoliberal en la económico, sigue marcando el carácter de una parte nada desdeñable de la cúpula eclesial, donde está tardando en calar el mensaje de una "Iglesia pobre y para los pobres" que predica el papa Francisco. Iniciativas de Rouco como la Fundación Madrid Vivo, que hermana a la élite empresarial con la Iglesia, dan todavía hoy testimonio de este legado. "Rasques donde rasques, hay un enfeudamiento con los poderes económicos. Hay muchas alianzas con los grupos de poder", señala el teólogo Juan José Tamayo. El vídeo de los "ricos" y los "pobres" en el cole de los "salesianos" es una anécdota. Lo que hay detrás, no.  

La jerarquía católica española se resiste, tras casi cuarenta años de democracia constitucional, a ejercer la autocrítica, a pedir perdón o a expresar arrepentimiento por las complicidades de la Iglesia con Francisco Francodurante la guerra, la represión y la dictadura. La pretensión del Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE) de exhumar los restos del dictador de la basílica católica del Valle de los Caídos, que se enfrenta a la oposición de la comunidad benedictina que los custodia, ha vuelto a aflorar las dificultades del alto clero para lidiar con la historia del siglo XX, en el que la Iglesia fue aliada de las dictaduras de Miguel Primo de Rivera y Franco, del que obtuvo unos privilegios que en buena medida mantiene en democracia. "La exhumación de Franco ofrece una oportunidad de hacer confesión pública, que es una acto claramente religioso. La petición de perdón es una actitud cristiana. Es el cumplimiento de uno de los deberes más intrínsecos al cristianismo,", señala Juan José Tamayo, teólogo de la Asociación Juan XXIII y pensador de referencia de la Iglesia progresista.

Juan José Tamayo afirma que "los pronunciamientos de la jerarquía católica sobre la exhumación de Franco" vienen siendo "muy formales y muy tímidos". "Aquí hay una situación inexplicable en gobiernos democráticos e iglesias cristianas del mundo. No existe otro mausoleo a un dictador custodiado por una congregación religiosa. Los obispos no pueden limitarse a decir que esto es un asunto del Gobierno y la familia, porque el dictador está enterrado en un templo católico, lo cual supone una prolongación por parte de la Iglesia de la legitimación de la dictadura.Esto es inaceptable y contrario al espíritu evangélico", sintetiza Tamayo.

La actual situación tiene raíces históricas. El golpe de Estado contra la República tuvo inspiración religiosa. José María Gil Robles, líder de la CEDA, que en las elecciones de 1936 había contado con el apoyo de la jerarquía católica, aportó medio millón de pesetas al general Mola unas semanas antes del alzamiento, y con posteridad puso a su formación al servicio del bando nacional. La rebelión contó de inmediato con el apoyo de la cúpula eclesial. "España será católica o no será", proclamó el cardenal Isidro Gomá durante la guerra, elevada al rango de "cruzada". La Carta Pastoral Dirigida a los Obispos del Mundo Entero, publicada un año después de iniciada la guerra, supuso la consagración del apoyo sin ambages de la Iglesia a Franco: "Hoy por hoy, no hay en España más esperanza para reconquistar la justicia y la paz y los bienes que de ellas derivan, que el triunfo del movimiento nacional". Acabada la guerra con el triunfo franquista, el papa Pío XII telegrafió un mensaje al Caudillo: "Levantamos nuestro corazón al señor y agradecemos la deseada victoria católica en España".

La Iglesia fue parte del aparato de represión. La jerarquía católica dio al franquismo reconocimiento internacional y situó al dictador bajo palio. Pío XII llegó a nombrar al general protocanónigo. A cambio Franco abrochó la Iglesia a todos los campos fundamentales del Estado y la sociedad: económico, simbólico, educativo, patrimonial, militar... Le garantizó financiación y carácter de confesión oficial. Y lo consagró todo en el Concordato de 1953. Franco –escribe Alberto de la Hera en Las relaciones entre la Iglesia y el Estado en España (1953-1976)– "era consciente de cuánto daba y a cambio de qué poco en el Concordato Pero, con ello, compraba un 'privilegio' para él muy valioso, que en el Concordato no figura: el título oficial de Estado católico respaldado por la Iglesia". El general golpista arrancó además al Vaticano el artículo VI, que estableció que "los sacerdotes españoles diariamente elevarán preces por España y por el Jefe del Estado". Y lo hicieron durante largas décadas

  El precio del "pacto de olvido"

"El problema empieza en 1937, con la legitimación del golpe de Estado. Luego todo ha sido un sostenella y no enmendalla. Convirtieron la guerra en una cruzada y apoyaron la dictadura", apunta Tamayo, que subraya: "Otras jerarquías católicas han apoyado dictaduras, ésta no es la única. ¡Pero durante un tiempo mucho más breve! ¡Aquí fueron cuarenta años! Eso es un pecado gravísimo, estructural. No es un pecado venial, o justificable". Durante la dictadura no hubo condena oficial del franquismo por parte de la Iglesia, aunque en su fase final sí florecieron movimientos críticos, partidarios de la democracia, cuyo referente más visible durante la Transición fue Vicente Enrique y Tarancón. Pero tampoco se ha producido la condena durante la democracia, en la que sobreviven resabios del nacionalcatolicismo.

Los acuerdos de 1979, que reformaron el Concordato del 53 para que la Iglesia mantuviera el grueso de los privilegios del nacionalcatolicismo, demostraron que era posible pasar de la dictadura a un régimen abierto manteniendo el lazo íntimo entre el poder civil y la organización privada, filial en España de un Estado extranjero (el Vaticano) que había sido el mayor sustento de Franco. Y sin pasarle factura. El ensayo El resurgir del pasado en España. Fosas de víctimas y confesiones de verdugos, de Paloma Aguilar y Leigh A. Payne, resume así el papel de la Iglesia en el "pacto de olvido" de la Transición: "La jerarquía eclesiástica ha logrado que se reconozca a sus víctimas: gracias a las decididas y persistentes iniciativas vaticanas, se ha beatificado a muchos sacerdotes asesinados durante la guerra civil por combatientes del bando republicano. Sin embargo, esa misma jerarquía se ha negado en repetidas ocasiones a apoyar los esfuerzos que las víctimas republicanas han hecho para obtener reconocimiento público, verdad, justicia o incluso la exhumación de los restos de sus familiares, y a veces se ha opuesto directamente [...]".

  Arrepentimientos fuera, equidistancia aquí

Pero no en todas partes ha sido así. En 1998 el Vaticano hizo un público "acto de arrepentimiento" por su insensibilidad ante el nazismo. El papa Francisco ha pedido perdón a los evangelistas pentescostales por su persecución durante el fascismo en Italia. En Argentina la Iglesia ha reconocido sus "pecados" en la dictadura de Videla. La conducta de la Iglesia en España, en cambio, ha sido cubierta por un tupido velo. Cuando en 2000 Juan Pablo II aludió a las culpas de los "hijos de la Iglesia" y entonó un "nunca más", no hizo explícita referencia a nuestro país.

Aquí la Iglesia fue durante la Guerra Civil "sujeto paciente y víctima", como dijo monseñor Juan José Asenjo en 2000 siendo portavoz de la Conferencia Episcopal, dirigida entonces por Antonio María Rouco Varela. También bajo el mandato de Rouco se aprobó la tesis episcopal sobre la guerra, titulada La fidelidad de Dios dura siempre. Mirada de fe al siglo XX,La fidelidad de Dios dura siempre. Mirada de fe al siglo XX que evitaba cualquier autocrítica. "España se vio arrastrada a la guerra civil más destructiva de su historia", decía el texto episcopal. "No queremos señalar culpas de nadie en esta trágica ruptura de la convivencia entre los españoles. Deseamos más bien pedir el perdón de Dios para todos los que se vieron implicados en acciones que el Evangelio reprueba, estuvieran en uno u otro lado de los frentes trazados por la guerra". La definición de equidistancia.

Para encontrar gestos de cierta contrición, hay que acudir a las palabras en 2007 de Ricardo Blázquez, en la primera de sus dos etapas como presidente de la Conferencia Episcopal. Blázquez afirmó que "en el decenio de los 30" hubo "actuaciones concretas" de miembros de la Iglesia que fueron contrarias al evangelio. "Los que nos han precedido pueden haber sido testigos luminosos del Evangelio, y en otras ocasiones pueden haber realizado lo que el Evangelio desaprueba". Pero nunca nada en tal sentido ha sido puesto por escrito para su asunción por parte de la Iglesia española, tampoco del Vaticano. Persiste hasta hoy en el episcopado, aunque ya ninguno de los obispos proviene de la jerarquía católica predemocrática, una actitud contraria a las "políticas de memoria histórica". El arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, ha dicho esta misma semana que la memoria "reabre heridas" y "divide a los españoles", el argumentario clásico de la cúpula eclesial, así como del PP y en buena medida de Ciudadanos.

  Redes Cristianas

La anunciada intención del Gobierno de exhumar a Franco no ha suscitado una respuesta beligerante del episcopado. El arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, hombre muy próximo al papa Francisco y puntal de los aperturistas de la jerarquía católica junto al propio Blázquez y el obispo de Barcelona, Juan José Omella, ha expresado que no se opondrá a los planes de Sánchez. Pero el prior de la abadía, el que fuera candidato falangista Santiago Cantera, se está beneficiando de la tibieza de la posición de Osoro para negar cualquier colaboración y acogerse a la inviolabilidad de los lugares de culto establecida en los acuerdos del 79. "El precio que están pagando [los obispos] es que da la impresión de que siempre va a rastras de este tipo de cosas. La Iglesia debe transformarse y avanzar en dirección democrática. Sigue habiendo algo pendiente ahí. No acaban de decir las cosas de forma clara", señala Raquel Mallavibarrena, una de los portavoces de Redes Cristianas, que agrupa a más de 200 colectivos eclesiales de base. Mallavibarrena destaca que no hay un pronunciamiento oficial y consensuado de todas las organizaciones de Redes Cristianas sobre la exhumación de Franco, pero subraya que todas tienen en común el anhelo de "una Iglesia más encarnada con los tiempos, más democrática, que refleje la pluralidad d la sociedad". "Y el franquismo es lo contrario de la pluralidad", añade.

¿Por qué esa resistencia a pedir perdón, a hacer verdadera autocrítica del papel de la Iglesia durante la guerra y la dictadura? No hay una respuesta fácil. Todos los consultados creen que, al menos en parte, la explicación puede venir de que el estatus de la Iglesia en democracia tiene su base en el alcanzado durante el franquismo, cuya completa deslegitimación supondría a su vez un socavamiento de la posición de la institución católica. La Iglesia tiene financiación pública garantizada, presencia en la escuela pública y subvenciones milmillonarias para su red educativa privada, carácter de confesión oficial en el terreno simbólico... y todo ello tiene origen en el Concordato del 53. Mallavibarrena sostiene que hay en el alto clero una natural inclinación a "no ceder". "Si hacen autocrítica, sienten que se muestran débil débiles y puede surgir un ataque más frontal. Yo discrepo. Cuanto más creíble sea la iglesia, aunque sea más pobre, más fuerte será. Si sale Franco, la Iglesia ganará en coherencia", agrega. Similar razonamiento aplica a la renuncia de sus privilegios económicos y la pública autocrítica sobre su pasado.

  La "devaluación" del perdón

El teólogo Evaristo Villar, director de la revista Éxodo, foro de pensamiento de la Iglesia crítica y progresista, anima a la sociedad a no ver a la institución católica "de forma monolítica", porque "ni siquiera la jerarquía lo es". "La Iglesia no son sólo unos obispos o el papa. Es una visión inexacta. La masa social cristiana es pluriforme", subraya, aunque admite que la Iglesia crítica de base está ahora, como todas las fuerzas transformadoras, "algo apagada, resistiendo este envite neoliberal". Además, añade, "siempre ha sido difícil que la autonomía y la libertad del cristiano crítico se vean representadas en la jerarquía", que lleva más de un siglo, y no sólo en España, viviendo "con muchísimo miedo a todos los fantasmas del comunismo, del protestantismo, del islamismo...". Papas de corte aperturista como Juan XXIII, Pablo VI ahora Francisco son las excepciones.

Todos estos condicionantes determinan, a juicio de Villar, que la Iglesia no se haya atrevido al gesto radical de renegar de la posición de la jerarquía católica durante buena parte del siglo XX en España. "Hubo un momento en que obispos como Vidal y Barraquer no admitieron la carta de 1937, pero tuvieron que emigrar. Más tarde, en el 71, en la asamblea de sacerdotes y obispos hubo un intento de pedir perdón por no haberse mantenido dignamente en los presupuestos de la Iglesia durante la guerra", explica Villar. Luego, casi nada. "El problema es que pedir perdón se ha devaluado. Se pide perdón sólo por lo que no tiene sentido, como por condenar a Galileo. ¿Eso qué valor tiene ahora?", pregunta el teólogo. A su juicio, sí tendría valor pedir perdón por la persecución a la Teología de la Liberación, y por supuesto por la complicidad con el franquismo.

  La Iglesia "teocón"

Villar también considera que la exhumación del dictador es una oportunidad, de momento, perdida. "Tenían [los obispos] que decirlo claramente: 'Que lo saquen'. Este señor, que ni siquiera es abad, no tiene nada que decir ahí. La Iglesia no tiene por qué cargar con el oprobio de cederle un recinto así. Es el único sitio donde ocurre. ¿Qué diríamos si los italianos tuvieran metido en una catedral a Mussolini, o los alemanes a Hitler? No tiene ningún sentido y hace un daño enorme a la Iglesia. Además de ser antihumano y antievangélico, la Iglesia tiene que limpiarse de esas cosas", continúa Villar, que confía en que el Gobierno, aunque tarde un poco más, encuentre una "base jurídica sólida" para no dejar "ni un resquicio".

"El problema", concluye Villar, "es que la jerarquía no se siente amparada por los grupos críticos, sino por esa masa desconocida e informe, entre los que hay franquistas, que todavía ni se han olido lo que es la autonomía, la libertad y la democracia". La llamada "Iglesia teocón", los obispos fieles a Rouco, los medios católicos –con la COPE y Trece al frente–, organizaciones como el Opus Dei, Comunión y Liberación, Camino Neocatecumenal, Hazte Oír, Foro Español de la Familia, Legionarios de Cristo y E-cristians tampoco se muestran favorables a la exhumación. Y su influencia en el rumbo de la Iglesia en España es hoy mayor que el de los colectivos críticos integrados en Redes Cristianas.

La Iglesia católica recaudó 256,2 millones de euros en la declaración de la renta 2017, correspondiente al IRPF de 2016, 7,1 millones más que el año anterior, pero por primera vez desde 2007 —cuando se instauró el nuevo sistema de asignación tributaria— se ha registrado un descenso en el número de declaraciones a favor de la Iglesia hasta los 7,1 millones, 234.000 menos que en el ejercicio anterior.

El vicesecretario general para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Fernando Gimenez Barriocanal, ha achacado el descenso del número de declaraciones a que el año pasado se habilitó la nueva declaración telemática y ha atribuido el aumento del dinero recaudado a un incremento del número de declaraciones de contribuyentes de los tramos más altos, es decir, con rentas de más de 30.000 euros brutos anuales.

"El descenso (de declaraciones con la casilla de la Iglesia marcada) ha sido idéntico al de la casilla de fines sociales. Por tanto, al margen de que necesitamos contar mejor a la sociedad lo que hace la Iglesia católica, es evidente que hay algún motivo conjunto del descenso, probablemente por las nuevas maneras de declarar", ha precisado Barriocanal este martes 20 de marzo durante la presentación de los datos de la X en la Declaración de la Renta 2017.

El cardenal arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez Pérez, ha sido reelegido como presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) en la primera votación, con un total de 52 votos, según ha informado la Oficina de Prensa de la CEE. Las votaciones han tenido lugar este martes 14 de marzo en el marco de la 109 Asamblea Plenaria de la CEE.

Blázquez ha obtenido el mayor número de votos por delante del cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, que ha recibido el apoyo de 20 votos; y del cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, que ha obtenido cuatro votos. En total, hay 80 electores, 79 de ellos obispos. De esta forma, se consolida el tándem Blázquez-Cañizares al mando de la Conferencia Episcopal, ya que es tradición que el segundo más votado ocupe la vicepresidencia de la institución. Además, Blázquez renueva así un cargo que ha ocupado durante los últimos tres años y que ya desempeñó también en el trienio 2005-2008, según ha informado Europa Press.

Ricardo Blázquez Pérez nació en Villanueva del Campillo, provincia y diócesis de Ávila, el 13 de abril de 1942. Realizó sus estudios en los seminarios Menor y Mayor de Ávila (1955-1967) y fue ordenado presbítero en febrero de 1967. Obtuvo el doctorado en Teología por la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma (1967-1972) y también estudió en universidades alemanas. El de nuevo líder de los obispos tiene fama de ser hombre de consenso y además ha contado con el beneplácito de Roma para su reelección.

El 13 de marzo de 2010 se hizo público su nombramiento como arzobispo de Valladolid, diócesis de la que tomó posesión el 17 de abril del mismo año.

En la Conferencia Episcopal Española, además de los cargos de presidente y vicepresidente, ha sido miembro de la Comisión para la Doctrina de la Fe (1988-1993) y de la Comisión Litúrgica (1990-1993) y presidente de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe (1993-2002) y de la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales (2002-2005), así como Gran Canciller de la Universidad Pontificia de Salamanca, cargo que ocupó entre 2000 y 2004 y ahora de nuevo, desde 2015. Fue el artífice en 2006 de acordar con el Gobierno de Zapatero una nueva financiación que ha generado ingresos récord para la Iglesia.

El presidente de la CEE también ha mantenido contactos en este trienio con el Gobierno, en concreto, con el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, con quien Blázquez firmó en 2014 un convenio de colaboración para garantizar la asistencia religiosa católica en los Centros de Internamiento de Extranjeros. Los obispos también han mantenido reuniones con el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, la última con motivo del Pacto Educativo.

Con el segundo puesto de Cañizares, los obispos quieren enviar a la sociedad una señal de unidad. El cardenal de Valencia habría aglutinado los votos del sector más conservador a pesar de su paso por Roma y su buena relación con el papa Francisco. Los conservadores han optado, así, por distanciarse de un candidato que recordase a Rouco Varela y han apoyado a Cañizares, que siempre mantuvo las distancias con el cardenal Rouco.

El Corte Inglés donó a la Iglesia católica ocho millones de euros con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud en 2011 y, en contraprestación, el Arzobispado de Madrid se obligó a contratar con los grandes almacenes viajes y alojamientos, además de dos campañas publicitarias y a comprarle ordenadores, camisetas y mochilas, todo ello por un importe de 6,9 millones de euros.

El contrato entre el Arzobispado y El Corte Inglés ha sido desvelado por el grupo hacktivista La Nueve, vinculado a Anonymous, junto con un listado de todos los gastos del Departamento de Relaciones Externas de la empresa entre 2011 y 2016.

En el documento, la compañía de Dimas Gimeno justifica el donativo por su deseo de “colaborar en la realización, promoción y difusión” de la Jornada Mundial de la Juventud, cuya vigésimosexta edición se celebró en el Aeródromo de Cuatro Vientos (Madrid) entre los días 16 y 21 de agosto de 2011. El papa Benedicto XVI presidió el acto, al que acudieron dos millones de personas de todo el mundo. Aunque El Corte Inglés tampoco oculta que con la donación pretende obtener los beneficios fiscales que la ley concede para estos eventos.

Así, los Presupuestos Generales del Estado del 2010 incluyeron a la Jornada Mundial de la Juventud entre los acontecimientos de “excepcional interés público” de 2011, lo que permitió a las empresas patrocinadores acceder a los beneficios fiscales establecidos por la Ley de Mecenazgo. De hecho, por el volumen de la donación, El Corte Inglés pudo recuperar hasta el 90% de la cantidad aportada.

Camisetas, gorras y mochilas

Aunque no fue ésa la única ventaja del acuerdo para la empresa que entonces presidía Isidoro Álvarez. A cambio del generoso donativo, la Iglesia se comprometió a contratar con Viajes El Corte Inglés los viajes y alojamiento de los obispos y personalidades que acudieron a la celebración, por importe de dos millones de euros más IVA, también los de los peregrinos, por otro millón más IVA.

Además, a Informática El Corte Inglés debieron comprarle material informático por valor de 650.000 euros, y a El Corte Inglés 400.000 euros en camisetas, gorras y abanicos serigrafiados con el logotipo de la Jornada Mundial de la Juventud y 400.000 euros más en “mochilas del peregrino”, aunque para estos dos últimos conceptos el contrato fija un presupuesto máximo de dos millones de euros.

Además, el Arzobispado de Madrid, que entonces encabezaba Antonio María Rouco Varela, se obligaba a contratar tres campañas de promoción: en los centros Opencor, por 1,7 millones de euros; en los centros de El Corte Inglés, por 450.000 euros, y en los Hipercor, por otros 300.000 euros.

Y, para redondear el acuerdo, El Corte Inglés se aseguró de disponer de 20 invitaciones en la zona reservada a empresas colaboradoras en el Aeródromo de Cuatro Vientos para los actos de los días 20 y 21 de agosto.

El arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, ha decidido que repetirá este año 2015 el nuevo formato de celebración de la denominada Misa de las Familias que inauguró el año pasado y que consistió en una especie de maratón de bendiciones en la catedral de La Almudena, solo interrumpida por la eucaristía. El acto tendrá lugar el próximo domingo 27 de diciembre,  según han informado a Europa Press fuentes del Arzobispado.

Esta iniciativa sustituyó en 2014 a la misa de Colón que venía celebrándose desde hacía seis años de la mano del cardenal y entonces arzobispo de Madrid Antonio María Rouco Varela. Tras aceptar el papa Francisco la renuncia de Rouco en agosto del año pasado, en octubre de 2014 le relevó al frente de la diócesis de Madrid el hasta entonces arzobispo de Valencia, Carlos Osoro. El nuevo obispo decidió trasladar la celebración al interior de la Catedral.

Durante la fiesta de 2014, Osoro bendijo a unas 1.000 personas a la hora, y este año hará lo propio. Impartirá bendiciones hasta que no queden familias pues, tal y como dijo el año pasado: "Me quedaré bendiciendo toda la noche si hace falta".

Este año se volverán a abrir las puertas de la Catedral el domingo por la mañana para que el obispo comience a recibir a todos los que deseen acercarse. A las 12.00 horas, se interrumpirán las bendiciones para celebrar la eucaristía y, al término de la misma, continuará saludando a las familias hasta que no quede ninguna en la cola.

El año pasado, el arzobispo entregaba a cada familia una oración y unos dibujos realizados por él en los que quería representar la importancia de la familia cristiana. Por su parte, los matrimonios, parejas y personas solas que guardaban la fila lo hacían para saludarle y pedirle su ayuda.

El arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, explicó este lunes que su antecesor en el cargo, Antonio María Rouco Varela, ocupa un piso valorado en 1,2 millones de euros porque "en algún sitio tenía que vivir" y que este "no ha costado absolutamente nada" a las arcas de la Iglesia. En una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, Osoro inssitió en que ese inmueble de lujo es fruto de la donación de una feligresa. "Es un piso que está hecho para sacerdotes y ese piso lo ha ocupado el cardenal porque en algún sitio tenía que vivir. Y ha ido porque no ha costado absolutamente nada", argumentó.

Ese inmueble estaba "vacío" cuando Rouco Varela dejó el Arzobispado de Madrid aunque Osoro reconoció que no sabe si había otros pisos menos ostentosos disponibles en ese momento.

Preguntado sobre el posicionamiento de Rouco Varela ante el asalto a una capilla de la Universidad Complutense por parte de la portavoz del Gobierno municipal, Rita Maestre, Carlos Osoro contestó que ambos tienen "exactamente" la "misma visión". El arzobispo de Madrid aseguró que no juzga a Rita Maestre, a lo que añadió que los feligreses que no comprendan su posición es porque "entienden mal el cristianismo" y pidió "respeto" para todos los espacios.

José Carlos González Sánchez, el cura que en 2004 dirigía la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, en el pequeño municipio madrileño de Valdemanco, recibió el 2 de noviembre de aquel año una gran noticia para sus feligreses. La entonces todopoderosa Fundación Caja Madrid, presidida por Miguel Blesa y cuyo director era Rafael Spottorno, que después fue jefe de la Casa del Rey, otorgó una subvención, a fondo perdido, de 23.252 euros para remodelar la parroquia. 

Tal y como consta en el convenio, de tres folios de extensión, y que forma parte del más de un centenar de acuerdos idénticos suscritos entre 1999 y 2009 por la Fundación Caja Madrid con decenas de religiosos, alcaldes y la propia Comunidad de Madrid, la parroquia madrileña necesitaba realizar obras de conservación y restauración en dicha Iglesia. Y la financiación de la obra no podía ser afrontada por los feligreses de la parroquia, así que el dinero lo puso la fundación presidida por Miguel Blesa. Así lo demuestran los documentos,  a los que ha tenido acceso infoLibre gracias al BuzónX de filtraciones del grupo activista Xnet.

infoLibre ha ido desvelando esta semana los convenios firmados por la Fundación Caja Madrid, entre 1997 y 2011, con 13 fundaciones ligadas a PP, PSOE, IU y Comisiones Obreras. En total, les aportó más de 14 millones de euros en financiación.

Pero además de partidos y sindicatos, la Iglesia católica también se benefició de los fondos de la caja, que tuvo que ser rescatada en 2012 con más de 20.000 millones de euros. La Fundación Caja Madrid acordó financiar obras en centros de culto por un importe de, al menos, 17,8 millones de euros. Los convenios confirman que la ayuda desinteresada por parte de la Fundación de Blesa a la parroquia de Valdemanco no fue una excepción. Solo en parroquias e iglesias la entidad financiera madrileña gastó más de 11,5 millones de euros.

Los más de un centenar de convenios fueron firmados en su mayoría, en nombre de la Fundación Caja Madrid, por Rafael Spottorno.

conservación del patrimonio cultural

El acuerdo del pequeño municipio de Valdemanco es idéntico al del centenar de acuerdos firmados en otras localidades, especialmente en la Comunidad madrileña. La ayuda se justificaba porque la fundación presidida por Blesa tenía entre sus finalidades estatutarias la realización de actividades de asistencia a la conservación del patrimonio cultural: "Y con cumplimiento de sus requisitos estatutarios, ha decidido contribuir a la financiación de estas obras de consolidación, conservación y restauración".

A cambio, el religioso se comprometía a difundir el patrocinio de Caja Madrid: "El beneficiario se obliga a permitir y facilitar la colocación de una pequeña placa identificadora de la intervención de la Fundación Caja Madrid, en un lugar visible del edificio intervenido".

Otras parroquias que se beneficiaron de las ayudas fueron, a modo de ejemplo, las siguientes: Asunción de Nuestra Señora de Galapagar (60.000 euros); San Pedro in Cátedra de Horcajo de la Sierra (29.947 euros); Parroquia de Santiago Apostol de Mangirón (3.032 euros); Iglesia Parroquial de Villavieja de Lozoya (29.624 euros); Parroquia de Santa María del Castillo de Canencia (30.050 euros); Parroquia de San Benito Abad de Gargantilla de Lozoya (16.732 euros) o Parroquia de Santa María la Blanca de Alcorcón (30.051 euros).

Pero los fondos de la caja no se quedaron solo en Madrid. También llegaron a otras provincias: en Barcelona sirvieron para restaurar Santa María de Vilafranca del Penedès (60.000 euros), y en Guadalajara la Iglesia Parroquial de la Asunción Fuentelencina (30.051 euros) y la parroquia de Santa María Magdalena de Mondéjar (21.334 euros).

Y así hasta superar el centenar de parroquias e iglesias. En diversos casos la titular de los inmuebles era la propia Conferencia Episcopal.

alcaldes que firman los convenios

En otros convenios , el encargado de firmar el documento para la remodelación del centro de culto era el alcalde o la alcaldesa del municipio en el que se encuentra la parroquia. Así, el 11 de octubre de 2004 la entonces regidora de Lozoya (Madrid), María Isabel Riomoros Callejo, suscribió un acuerdo por el que el Consistorio recibió 31.125 euros para realizar obras de conservación y restauración en la iglesia parroquial de El Salvador, ya que el Ayuntamiento no podía afrontar la financiación del proyecto.

En similares términos se expresa el acuerdo en 2001 entre la alcaldesa de Daganzo (Madrid), Concepción Gutiérrez Castro, y la Fundación Caja Madrid, por el que recibe 25.990 euros. También recibieron dinero los regidores de los municipios madrileños de Pinilla del Valle (30.050 euros), Villarejo de Salvanés (30.050 euros), Ribatejada (29.806 euros), El Atazar (23.644 euros), Estremera (30.050 euros), Cenicientos (29.993 euros), Madarcos (30.035 euros), San Martín de Valdeiglesias (30.050 euros), todos ellos en 2002. El de Horcajo de la Sierra percibió 36.060 euros en 2005, fueron algunos de los alcaldes que firmaron los acuerdos. En Colmenar de Oreja, en cambio, el Consistorio optó por la restauración de la casa de cultura municipal, a lo que Caja Madrid destinó 30.043 euros.

Llama la atención que entre los convenios firmados hay tres de centros de culto católicos en Linares (Jaén), de donde es natural Miguel Blesa. El 30 de abril de 2001 el cura párroco de la Asunción de Orcera firmó un acuerdo para remodelar la parroquia por 23.066 euros. A la conservación y restauración de pinturas murales del Santuario Virgen de Linarejos en Linares Blesa destinó otros 23.066 euros. El 16 de julio de 2009, la Fundación Casa Museo Andrés Segovia, de Linares, suscribió otro acuerdo por 6.000 euros. 

Catedrales y conventos

Pero no todo el dinero se destinó a parroquias madrileñas o de Linares. De los 17,8 millones asignados en total a la rehabilitación de centros de culto, 6,3 millones se destinaron a restaurar los órganos de las catedrales de Murcia (838.580 euros) y Cuenca (331.722 euros), así como conjuntos de importante valor arquitectónico en Madrid, como por ejemplo el Convento de las Comendadoras de Santiago (1,7 millones), la Capilla del Obispo (2.762.114 euros), el Convento de las Clarisas de Griñón (140.000 euros) o el Convento de las Trinitarias (532.628 euros).

En el caso de la rehabilitación del órgano de la catedral de Murcia, el contrato tiene fecha de 15 de noviembre de 2004. Y en el mismo, el que entonces era obispo de la diócesis de Cartagena, Manuel Ureña, acordó con Rafael Spottorno la recepción de 880.660 euros más IVA. El obispado murciano se encargó de obras menores por un total de 42.080 euros.

Por su parte, la del órgano de la catedral de Cuenta costó a Caja Madrid 331.722 euros, por 60.101 euros que puso el Ayuntamiento de la ciudad manchega.  

Así lo señaló el principal organizador de este escrache, Carlos Fernández Barberá, quien afirmó que la intención de esta manifestación "pacífica" no es otra que la de "hacerle caer en la cuenta" a Rouco que "ha entrado en un camino equivocado".

Fernández Barberá empezó a recoger firmas de forma "artesanal" de "amigo a amigo", sistema que tuvo que paralizar debido a que era "lento y poco efectivo". Por ello, movilizó a su gente a manifestarse "sin insultar a nadie" y con el único objetivo de hacer que Rouco "caiga en la cuenta" de que vivir donde vive es una "locura".

Por el momento y gracias a un portal cristiano que abrió una petición de firmas en la plataforma Change.org, "hay recogidas cerca de 2.500 firmas", explicó, al tiempo que indicó que este piso ha creado "mucho escándalo e indignación" en gente "tanto de la Iglesia como de fuera".

Fernández Barberá criticó que Rouco, desde que entrara en el seminario, "ha vivido siempre en la Iglesia Institucional clásica en la cual un cardenal era un 'príncipe de la Iglesia'", denunció. Por ello, consideró que Rouco está "convencido" de que "está viviendo conforme a lo que pide su estatus".

En este sentido, el principal organizador de este escrache señaló que este tipo de Iglesia "tendría que eliminarse ya" y apuntó que el papa Francisco vive en una residencia "modesta", razón por la que cree que "no cuadra" que Rouco viva en un piso "de 370 metros con dos monjas a su servicio".

Por su parte, varios de los allí congregados con pancartas en las que podía leerse "Un papa con una vida humilde y un cardenal jubilado viviendo con lujo ¿Quién lo entiende?" o "Rouco, vive como el papa", creen que esta situación no representa "en absoluto a la Iglesia de los pobres que tanto se predica".

El programa de laSexta El Intermedio analizó este lunes las críticas desde dentro de la Iglesia al expresidente de la Conferencia Episcopal Antonio María Rouco Varela. 

Y es que varias organizaciones cristianas han mostrado públicamente su disconformidad con el estilo de vida del exarzobispo de Madrid –según una información publicada este lunes por el diario El País–, que ha elegido para su retiro un ático en el centro de la capital valorado en 1.700.000 euros "y cuya reforma le ha costado a la Iglesia 370.000 euros", recordó la presentadora del programa, Sandra Sabatés. "Rouco Varela no quiere vivir como Jesucristo, quiere vivir como Dios", bromeó el conductor del programa, el Gran Wyoming.

Sabatés señaló que una de las organizaciones crítica con Rouco Varela, Fe Adulta, está recogiendo firmas a través de la web Change.org para pedir al arzobispo de Madrid y al nuncio del Vaticano en España que pongan fin a esta "situación escandalosa".

La conductora del programa indicó, asimismo, que el portal de Redes Cristianas publicó este mes un editorial titulado ¡Un escrache, por Dios!, en el que reclama un "rechazo público, una denuncia profética y un escrache intelectual" al "despropósito" del exarzobispo de Madrid. "Un escrache a Rouco Varela sería algo insólito. Sería el primer escrache de la historia que en vez de evitar un deshaucio, quiere provocarlo", bromeó Wyoming. 

Según la presentadora del espacio, las mayores críticas de los grupos cristianos se concentran en el ático de Rouco y en la "mega reforma" que exigió hacer y que incluyó, tal y como publicó la revista Interviú, "cambiar el suelo original de madera por una carísima traída de la India". "Un atuéntico piso de lujo por el que, según los técnicos de Hacienda, habría que pagar entre 3.500 y 4.000 euros anuales si la Iglesia pagara IBI", puntualizó Sabatés.

En esta línea, la conductora del espacio también mencionó a la revista cristiana Vida Nueva, que denuncia en un artículo "el contraste entre el modo de vida de Rouco Varela y la humildad que reclama el papa Francisco". "A Rouco Varela le da igual que le critiquen este tipo de revistas. Desde que vive en el ático sólo le interesa que le llamen para hacer un posado en el HolaHola", bromeó el presentador del programa.

El arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal, Carlos Osoro, cree que se está "interpretando mal" todo el asunto relacionado con el piso en el que vive ahora su antecesor, Antonio María Rouco Varela y negó que la reforma de esta casa haya costado 500.000 euros.

En una entrevista con la Cadena Ser, recogida por Europa Press, Osoro ha explicado que es un piso que pertenece a una fundación y "que alguien lo dejó ahí para la Iglesia". "Se ha ido a vivir a ese lugar pero no se ha comprado nada", aseguró, destacando que es "imposible" que la reforma haya costado medio millón de euros.

En este punto, indicó que "hay que conocer" por dentro a Rouco Varela. "He sido alumno de él en Salamanca y cuando se le conoce no creo que se le puede interpretar de esa manera", afirmó, preguntado por qué opinión le merece el supuesto gasto en la reforma de la vivienda.

Osoro explicó que en estos momentos vive con las Hermanitas de Aravaca, porque cuando llegó de Valencia todavía no había tomado posesión y entendió que era mejor quedarse allí. Sin embargo, en cuanto pueda, se irá a la archidiócesis, en el centro de la capital, donde estaba el anterior arzobispo.

Preguntado por si su tarjeta de presentación fue romper con la tradicional Misa de la Familia en la plaza de Colón, celebrada en años anteriores con Rouco Varela, el arzobispo dijo que él entiende que la Iglesia es "una historia de amor que se tiene que escribir para todos los hombres" y que eso lo tenía que hacer de una forma "muy en concreto" con las familias de "tú a tú".

El portavoz y secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Jose María Gil Tamayo, aseguró este jueves que la Iglesia tiene la "obligación de sostener a sus obispos eméritos" y "ofrecerles un lugar digno para vivir", como en el caso del cardenal Antonio María Rouco Varela, arzobispo emérito de Madrid.

"Una diócesis tiene la obligación de sostener a sus obispos eméritos, buscar la manera de la conservación de su patrimonio y, al mismo tiempo, de ofrecerles un lugar digno para que puedan seguir manteniendo una presencia en esa diócesis", explicó al ser preguntado durante la rueda de prensa final de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal sobre la nueva vivienda del cardenal Rouco.

En concreto, la nueva residencia del anterior portavoz de los obispos, un ático de 359 metros cuadrados el centro de Madrid, está valorada en 1,2 millones de euros y, además, exenta del pago de IBI. La reforma de esta vivienda tuvo un coste para las arcas eclesiásticas de medio millón de euros.

Asimismo, Gil Tamayo pidió "no juzgar" al cardenal Rouco "solamente por estas cuestiones que ahora están en la opinión pública" pues considera que "un pontificado como el suyo al servicio de la Iglesia en España y su labor evangelizadora en etapas tan decisivas para la historia de la Iglesia exige una mayor distancia para reconocer su figura y ver en toda su verdadera dimensión su trabajo pastoral y su persona".

Es curioso al observar frente al Palacio de Oriente de Madrid las estatuas de 20 reyes españoles, empezando por el godo que logró unidad en torno a un rey, Ataulfo, un invasor que solo reinó durante unos meses en el año 415 instalándose en Barcino (la actual Barcelona), dinastía goda que duró hasta Rodrigo en al año 711, dinastía arriana a pesar de que el arrianismo fuese una herejía desde el Concilio de Constantinopla del año 381; el resto de las estatuas son de 15 reyes cristianos. Pero no aparece ninguno de los Omeyas que reinaron desde el 757 al 1031.

Los godos fue una violenta dinastía, conocida como “morbo godo”, la oligarquía elegía el soberano, la mayor parte de las veces lo imponía la espada o el veneno y en algunos casos la Iglesia desde que Recaredo I se convirtió al catolicismo en el año 589.

Continuó con los Reyes Católicos, porque Isabel arrebató en 1474 el trono a Juana (la Beltraneja), hija de Enrique IV rey de Castilla, hermano de Isabel, por considerarla hija ilegítima, después de suceder dinásticamente a su hermano Alfonso, muerto en 1468 y en extrañas circunstancias, ¿perduración del morbo godo en los Trastamara? Vinieron las Augsburgo paladines en la defensa del catolicismo, con Carlos V y Felipe II, y la decadencia de con Felipe III, Felipe IV y Carlos II, gobernando los validos por la incapacidad de los reyes, cuando no desidia o estado mental. Esta dinastía dio paso a la más abyecta de todas, la borbónica, asesinos y corruptos, que para mantenerse en el poder o ser reconocidos como reyes vendieron o entregaron parte del territorio de ultramar y peninsular, incluso con un bastardo, el hijo de la promiscua Isabel II, Alfonso XII. Es paradójico una Isabel sube al trono por considerar hija ilegítima a su sobrina, y otra Isabel vende parte del territorio para que reconozcan a su hijo como rey, hijo fruto de las relaciones con el capitán Enrique Puigmoltó, ambas reinas lo lograron por y con la mediación del papado. Los borbones copiaron a sus antecesores, Alfonso XIII dio su consentimiento al golpe de Estado de Primo de Rivera, fue monarca corrupto con la Guerra de África, destronado en 1931, y tras una cruenta Guerra Civil seguida con 40 años de dictadura, una nueva rama borbónica sube al trono en el nombre de Juan Carlos I, hay que recordar que nunca fue Príncipe de Asturias, porque Franco se levantó contra la República nunca en nombre de Alfonso XIII, creó otra dinastía al no poder crear la suya, aunque lo intentó con la boda de su nieta con un borbón, por si fallaba la de Juan Carlos.

A pesar de la historia y los reyes que nos gobernaron, el último, Juan Carlos I, del que no se sabe nada de su fortuna, ni la de Suiza dejada por Alfonso XIII o Juan de Borbón, los pagos de sus correrías por África, los regalos recibidos…y la corrupción dentro de su familia o su obscuro papel en el Tejerazo, publicado por Pilar Urbano y no desmentido, solo criticado. Abdicó por los escándalos de las corruptelas dando paso a su hijo Felipe, a quien se le atribuye también una intermediación por Urdangarín, según la prensa. Esperemos que Felipe VI no se perpetúe, porque algo pillará él o sus hijos, sobrinos, primos…, característica común de todos los reyes desde la antigüedad y la borbónica en particular.

Y a pesar de la historia y de los reyes que el pueblo español ha sufrido, aún hay monárquicos y un partido pseudorepublicano y pseudosocialista que apoya a la monarquía en la abdicación, dando legitimidad a Juan Carlos I, y votando en contra de realizar un Referéndum sobre Monarquía o República, aduciendo defender la Constitución de 1978, porque sustentan a la Corona (impuesta por un dictador), si esta defiende la Democracia, afirmando a su vez "la esencia republicana del socialismo", que alguien me lo explique, porque yo, como Sócrates, “solo sé que no se nada”. Defienden una nueva dinastía que en poco menos de 40 años ya ha hecho honor a las anteriores, por sus corruptelas, falta de claridad, supuesto apoyo a un golpe de Estado… ¿y aún dudan cómo se comportará en el futuro?, cito a Zorrilla “día de hiel, /de luto y baldón y saña, /para la infeliz España”. Repito “nunca comprenderé a los monárquicos”.

José Enrique Centén Martín es socio de infoLibre