El Tribunal Judicial de Burdeos juzga desde este jueves a tres empresas de esta región francesa y a seis dirigentes por haber supuestamente exportado ilegalmente residuos a España para ahorrarse las tasas que tendrían que haber abonado en Francia y enterrarlos en vertederos sin declarar su verdadera naturaleza, informa EFE.

Según la organización ecologista France Nature Environnement (FNE), que se constituyó en acusación particular, el volumen total de residuos enviados a vertederos de Zaragoza y Pamplona por esta trama podría estar cerca de 10.000 toneladas.

Junto a las empresas Greenrecup, Azura y 3VR, especializadas en la recuperación y el reciclaje de residuos, también se sientan en el banquillo seis directivos, que se encuentran bajo control judicial y que podrían ser condenados a penas de hasta siete años de cárcel y a multas de hasta 150.000 euros.

Están acusados de enviar residuos a España sin notificación previa a las autoridades del país y sin obtener el consentimiento, así como de gestionar residuos de forma irregular, de utilización de documentos falsos y de exportar en contrabando mercancías peligrosas para la salud.

Según explicó a EFE una responsable de la FNE, la empresa navarra Iruservi, que no está encausada en Francia, era la que se encargaba en España de gestionar buena parte de los cargamentos que entraban de forma irregular.

La red de fraude fue desmantelada en noviembre de 2022 con una operación de las fuerzas del orden francesas y españolas, bautizada Blanzar, por la contracción de los nombres de la localidad de Blanquefort (a las afueras de Burdeos), donde está el centro de selección de Greenrecup y de Zaragoza, el principal destino final.

Los investigadores franceses constataron que había un tránsito irregular de residuos en dirección a España que no abonaba el Impuesto General sobre las Actividades Contaminantes (TGAP), obligatorio en Francia.

Se ha calculado que se dejaron de pagar cerca de 300.000 euros de TGAP a la Administración francesa, pero a eso hay que añadir un ahorro en los costos que hubiera entrañado la gestión de los residuos en Francia.

Hay que tener en cuenta que esos costos pueden ser hasta más de cuatro veces inferiores en España y que, enviando los residuos al otro lado de la frontera, las empresas francesas podían disponer del espacio que no ocupaban en sus vertederos.

Una ventaja adicional, según la FNE, es que en España hay menos controles sobre la naturaleza de los residuos que se entierran.

En este país, los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) lograron identificar en noviembre de 2022 a tres hombres vecinos de Pamplona, Madrid y Zaragoza, acusados de transportar hasta 6.000 toneladas de desechos procedentes de Francia para hacerlos desaparecer en un vertedero de Zaragoza sin autorización.

Una vez que la mercancía se encontraba en España, se falsificaba su documentación y se convertía en un residuo de eliminación.

El juicio en Burdeos termina el viernes, cuando se conocerán las penas solicitadas por la Fiscalía y quedará visto para sentencia para una fecha posterior.

Los delitos por los que se investiga al novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no implican dispendio de fondos públicos. Esa es una de las razones esgrimidas por el PP para quitar trascendencia a la citación como imputado de Alberto González Amador que, el próximo 10 de abril, tendrá que declarar ante la titular del Juzgado de Instrucción 19 de Madrid, María Inmaculada Iglesias, por los presuntos delitos de corrupción en los negocios y administración desleal, que se suman a los dos delitos fiscales y al de falsedad documental por los que ya estaba imputado. Es un argumento similar al utilizado por la propia Ayuso cuando la Audiencia de Madrid avaló la nueva pieza separada del caso con las nuevas infracciones: "Es un asunto que no tiene nada que ver con la Comunidad de Madrid", dijo la presidenta.

Tanto la inspección de Hacienda abierta a González Amador y a su empresa, Maxwell Cremona, como el escrito de denuncia contra él interpuesto por la Fiscalía de Madrid desmienten ambos argumentos. Los dos nuevos delitos imputados al comisionista tienen carácter societario, sí, pero se produjeron en negocios con responsables del principal contratista sanitario de la administración que dirige Ayuso, el gigante Quirón, cuyos servicios hospitalarios a la Comunidad costaron en 2024 más de 715 millones de euros procedentes de los impuestos de todos los madrileños.

El propio auto conocido este miércoles por el que la jueza cita a declarar a González Amador así lo refleja. La resolución explica que los presuntos delitos imputados por el novio de Ayuso se habrían cometido "en su propio nombre" y como responsable de su empresa Maxwell Cremona, "en connivencia con los responsables de Quirón Prevención" que, además, podría haber resultado perjudicada con la operación. Lo que investiga ahora la instructora y por lo que la pareja de Ayuso tendrá que responder es una supuesta comisión pagada por González Amador a la esposa del presidente de esa compañía sanitaria, Fernando Camino. Maxwell, la empresa de Amador le compró por casi medio millón de euros una sociedad a la mujer del ejecutivo.

La operación fue sospechosa, según los inspectores, porque el precio pagado por el novio de Ayuso fue excesivo y no se correspondía con un el de una firma sin empleados ni medios materiales para operar. Después, Amador utilizó supuestamente esa sociedad, a la que denominó Masterman & Wittaker, para sus tratos con Quirón. Lo hizo, según Hacienda, la Fiscalía y la instructora del caso, de manera instrumental con el objetivo de pagar menos impuestos. El informe de la Agencia Tributaria considera que esa operación, en la que fue parte el responsable del principal contratista sanitario madrileño, fue "artificiosa, ilícita e inequívocamente defraudatoria". La jueza, por el momento, no ha citado a declarar a Camino ni a su esposa.

Como sostuvo la Fiscalía en la Audiencia de Madrid, Masterman, la sociedad que compró Amador a través de su empresa a la mujer del presidente de Quirón por 499.836 euros, "en realidad carecía de valor". Lo demuestra, según el Ministerio Público, el hecho de que, posteriormente, Maxwell Cremona, la sociedad del novio de Ayuso con la que la adquirió, le transmitiera al propio Amador todas las participaciones de Masterman por 3.000 euros. "No es irrazonable la decisión del juzgado instructor de considerar que su compra en realidad encubría el pago de una comisión ilícita", según el fiscal. Es decir, que la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid habría pagado una comisión ilícita a una de las principales contratistas sanitarias de su Gobierno.

Después de que la Audiencia de Madrid avalara los nuevos delitos achacados a González Amador, sus abogados reclamaron a la instructora que paralizara la pieza principal del caso, en la que se le investiga por dos delitos fiscales y falsedad documental, y cuya instrucción está a punto de concluir. La defensa del novio de Ayuso argumentó que, en caso de que se demostrara que los ingresos por los que dejó de tributar tuvieran procedencia ilegal, no se le podría imputar un fraude fiscal con ellos, según el Supremo. Varios penalistas consultados por infoLibre explicaron que ha habido varias sentencias en sentido contrario y consideraron que, tras la petición, solo se oculta una maniobra dilatoria.

La pareja de Ayuso, a través de uno de sus abogados, Carlos Neira, ofreció el 2 de febrero de 2024 un pacto al Ministerio Público en el que confesaba sus infracciones tributarias. "Ciertamente se han cometido dos delitos fiscales", afirmó su defensor en un correo enviado ese día a la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid. Pese a la imputación de nuevos delitos, expertos penalistas consideran que el pacto sigue siendo la única vía y la más segura para evitar una condena que implique la entrada en prisión.

El equipo del expresidente, Donald Trump, se prepara para presentar, en los próximos días, una nueva batería de mociones antes de que se dicte la sentencia que escuchará el exmandatario el próximo 11 de julio, en el comienzo de una ofensiva legal que podría culminar con una larga apelación, probablemente dilucidada más allá de las elecciones presidenciales de noviembre, según ha recogido Europa Press.

Donald Trump no tendrá problema en mantener su candidatura a la presidencia a pesar de haber sido declarado este pasado jueves culpable por 34 cargos relacionados con la falsificación de registros financieros para silenciar con dinero a la actriz de cine adulto Stephanie Clifford, también conocida como Stormy Daniels, sobre una relación sexual. Nada en la ley electoral estadounidense le obliga a retirarla y Trump, que se ha declarado en las últimas horas como "preso político", víctima de una persecución, ni siquiera se lo ha planteado.

Sin embargo, tanto el magnate como su equipo tienen claro que la condena será empleada por sus rivales demócratas como una cuña para hacer mella en su campaña a la reelección, comenzando por el hecho de que Trump escuchará la sentencia del juez Juan Merchan el próximo 11 de julio, solo cuatro días antes del comienzo de la gran convención nacional republicana que se celebrará en Milwaukee, al término de la cual será declarado formalmente como el abanderado del partido en la carrera a la Casa Blanca.

Por ello, el equipo de Trump busca primero mitigar el efecto inmediato de la condena del jueves con la presentación, en los próximos días, de una propuesta de la condena que preferiría su cliente de entre las opciones que baraja el magistrado. La cárcel, sin quedar descartada -cada uno de los delitos por los que ha sido condenado contempla una pena máxima de cuatro años entre rejas- no parece probable dada la edad de ex presidente y su ausencia de antecedentes.

Parece más factible que Trump será sentenciado a libertad provisional o arresto domiciliario acompañados del pago de una multa. Sus abogados quieren aplazar la fecha de la sentencia con la probable presentación de una solicitud de aplazamiento de la sentencia, porque en el momento en que el juez Merchan decida qué hacer con Trump, ocurra lo que ocurra el magnate, ya podrá ser descrito formalmente como un "criminal convicto".

La jugada legal más probable a corto plazo es que el equipo legal apele inmediatamente la sentencia que decida el juez Merchan, y que por lo tanto no entraría en vigor hasta que terminara el proceso de apelación. Los abogados del expresidente esperan el proceso se dilate hasta más allá de las elecciones de noviembre. De momento, su intención es la de disputar la futura sentencia ante el Primer Departamento Judicial de la División de Apelaciones de Nueva York. Si esta corte confirma el dictamen de Merchan, sea cual sea, a Trump todavía le queda una última opción, el Tribunal de Apelaciones de Nueva York, la más alta instancia estatal a este respecto.

Cabe esperar que, durante estos procedimientos, los abogados de Trump empleen como instrumento de defensa que el proceso contra su cliente estuvo condicionado en todo momento por su imagen pública. "Todos y cada uno de los miembros del jurado conocían a Donald Trump, o como presidente, o como candidato o como presentador de El Aprendiz", explicó a CNN su abogado, Todd Blanche, en referencia al conocido show presentado y producido por el magnate a principios de la década de los 2000.

Se difunde en redes sociales una imagen de una mujer saludando a Hitler como si se tratara de la abuela de Ursula von der Leyen. Se trata de un bulo, la mujer que aparece en la fotografía se llama Hildegard Zantop y Von der Leyen no tiene ninguna abuela con ese nombre.

Haciendo búsqueda inversa, se puede comprobar que la imagen está publicada en Picture Library East Prussia, un archivo de fotografías históricas de Prusia Oriental. En la información sobre la fotografía se recogen distintos datos acerca de la misma, entre ellos el nombre de la mujer, Hildegard Zantop, que se puede leer en el título.

El sitio web Geneastar recoge árboles genealógicos de personajes públicos, y entre ellos se puede encontrar el de Ursula von der Leyen. Como se puede comprobar en su árbol genealógico, ninguno de los apellidos de sus abuelos era “Zantop”.

¿Te ha llegado un bulo? Verifica en el WhatsApp de Maldita.es en el +34 644229319.

El secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, ha indicado que basó su denuncia contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en informaciones de medios de comunicación y que en caso de que las noticias no sean ciertas "serán quienes la publicaron quienes deberán asumir la falsedad". Así lo expresa en un comunicado al que ha tenido acceso Europa Press, en el que señala que en el actuar de Manos Limpias "no ha habido el más mínimo acto falsario" tras las manifestaciones del presidente de este miércoles.

Bernad explica en el comunicado que su sindicato tuvo conocimiento a través de varios diarios digitales "de una serie de informaciones que afirmaban presuntas irregularidades, que pudieran ser presuntamente delictivas, en el comportamiento de la esposa" de Sánchez, y que tras observar que la Fiscalía no actuaba de oficio, pese a que las referidas noticias llevaban semanas publicándose, decidió "poner en conocimiento del juzgado competente dichas informaciones mediante la oportuna denuncia".

Lo hizo, añade, con la intención de que se abrieran diligencias y se comprobara "la veracidad de las mismas". "Hemos ejercido con ello un derecho y un deber ciudadano. No ha habido en el actuar de Manos Limpias el más mínimo acto falsario, pues como bien han dicho quienes nos han criticado, basé la denuncia que se presentó en dichas informaciones periodísticas, y solo en las mismas", detalla.

Apunta que debe ser ahora el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, del que es titular el juez Juan Carlos Peinado García, quien deberá comprobar si dichas informaciones periodísticas "son ciertas o no" y, en caso de que no lo sean, "serán quienes las publicaron, quienes deberán asumir la falsedad". "Pero si no son inciertas, entendemos que la causa judicial deberá proseguir", matiza.

Por otro lado, Bernad considera que la reacción del presidente es "de todo punto inaceptable" porque en lugar de dar explicaciones acerca de si las informaciones sobre su mujer son ciertas o no, "ha procedido como respuesta a insultar" a Manos Limpias por haber ejercido un derecho constitucional, diciendo que son una organización ultraderechista. "O dando a entender que formamos parte de una campaña derechista contra él, lo cual es falso", añade.

Además, Bernad lamenta que la "prensa progubernamental" le ataque personalmente insultándole, y apunta que olvidan que fue absuelto por parte del Tribunal Supremo en el caso Ausbanc, en el que fue condenado en primera instancia.

Cabe recordar que fue este miércoles cuando trascendió que el juez Peinado García había acordado abrir diligencias de investigación contra Begoña Gómez por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, según ha adelantado El Confidencial y confirmó en fuentes jurídicas Europa Press.

Estas mismas fuentes señalaron que la apertura de diligencias se produjo el pasado 16 de abril a raíz de una denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias, y que se había decretado el secreto de las mismas. Según el digital, entre las primeras diligencias ordenadas por el juez está la citación de varios testigos.

La denuncia de Manos Limpias, a la que tuvo acceso esta agencia de noticias, fue registrada por su presidente Miguel Bernad el pasado 9 de abril y en ella sostenía que Begoña Gómez, "prevaliéndose de su estatus personal, esposa del presidente del Gobierno de España, ha venido recomendando o avalando por carta de recomendación con su firma a empresarios que se presentaban a licitaciones públicas".

Recordaba que uno de los empresarios "beneficiados por esas recomendaciones o avales" de Gómez es Carlos Barrabés, y que al mismo se le habrían adjudicado licitaciones públicas por valor de 10 millones de euros. "Este empresario además montó el Máster de Transformación Social Competitiva de la denunciada", sostiene, y añade que la cátedra de Begoña Gómez fichó además como profesor asociado a ese empresario.

Por otro lado, apuntaba que Víctor de Aldama, quien está investigado por la Audiencia Nacional como presunto conseguidor del 'caso Koldo', era el contacto de Begoña Gómez en Globalia y ganó 6,67 millones antes de que se negociara "el rescate (...) de la compañía".

A esto sumaba que Air Europa "pactó pagar 40.000 euros al año al África Center de la denunciada" y que el acuerdo de Globalia y el Instituto de Empresa incluía la entrega de 15.000 euros al año en vuelos de primera clase para Begoña Gómez y su equipo.

Además, Manos Limpias sostenía que las cartas de recomendación y avales de la denunciada "dispararon las adjudicaciones a empresarios con los que le unía una relación de amistad". Tras estas aseveraciones, el sindicato indicaba que varios diarios digitales y de papel así como tertulias televisivas han denunciado estos hechos, que "revisten presuntos caracteres de delito de tráfico de influencias".

La denuncia apuntaba a la existencia de presuntos delitos relacionados con el artículo 429 del Código Penal, que sanciona la actuación de quien influya sobre un funcionario público o autoridad "para conseguir una resolución que para sí o para un tercero, directa o indirectamente, genere un beneficio económico".

Tras esto, el sindicato solicitaba en su denuncia que se cite a declarar tanto a Begoña Gómez como a los responsables de los medios de comunicación que publicaron noticias al respecto. También pide que se aporten las cartas de recomendación y los expedientes de los contratos adjudicados a Carlos Barrabés.

El Juzgado de Instrucción 33 de investiga al tuitero Alvise Pérez por presuntamente falsificar una prueba PCR en la que figuraba que el líder del PSC, Salvador Illa, supuestamente había dado positivo en coronavirus durante la campaña electoral del 14.

La Fiscalía de delitos informáticos ha presentado una denuncia por los presuntos delitos de falsedad documental e injurias, y el juez ha acordado abrir una investigación, han explicado fuentes de la Fiscalía a Europa Press.

El 12 de febrero, dos días antes de la campaña electoral, el PSC denunció estos hechos ante la Fiscalía, que después de investigarlo lo ha llevado al Juzgado.

La denuncia del fiscal se refiere a un tuit publicado el 11 de febrero, con una foto "de un papel que simulaba ser un informe clínico fechado del 6 de febrero" en el que Illa supuestamente había dado positivo en coronavirus.

"El supuesto resultado diagnóstico había sido íntegramente confeccionado por el denunciado, sin que el laboratorio hubiera en ningún caso emitido éste o ningún otro informe" con ese número de registro, expone la denuncia por la que el juez ha abierto la investigación.

El fiscal sostiene que la difusión de este documento durante la campaña electoral tenía la intención de perjudicar a Illa y a su candidatura en la votación.

La Fiscalía de Madrid ha presentado un recurso ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra la sentencia que absolvió a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, de un delito de falsedad en documento oficial en el 'caso Máster', solicitando que se anule la sentencia y se repita el juicio por "insuficiencia e irracional motivación fáctica", han informado fuentes fiscales, como recoge Europa Press.

En su recurso, el Ministerio Público esgrime que "todo acto tiene una razón de ser" y que del examen de todos los indicios que obran en la causa contra la única persona absuelta solo pueden llevarle a la conclusión de que Cifuentes fue quien "impulsó, sugirió y se deduce que presionó, de una manera eficaz e intencionada como mínimo con dolo eventual para la falsificación del documento".

A juicio del Ministerio Fiscal, la resolución impugnada "adolece tanto de insuficiencia como de falta de racionalidad en la motivación fáctica" puesto que para llegar a la conclusión absolutoria se han omitido indicios de manera "incongruente" y "contraria al resultado de las pruebas practicadas en el juicio".

Por eso, se solicita tanto la anulación del fallo "ante la vulneración de las normas constitucionales por insuficiencia e irracional motivación fáctica que lleva al pronunciamiento absolutorio" como la devolución de las actuaciones "al órgano que dictó la sentencia recurrida para un nuevo enjuiciamiento de la causa, con una composición distinta de la Sala".

La Fiscalía Provincial de Madrid ha abierto diligencias de investigación a raíz de una denuncia cursada contra la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, por presunta falsedad documental y estafa, han indicado a Europa Press fuentes fiscales.

Más Madrid presentó el 17 de enero una denuncia contra la líder de Vox en Madrid por la presunta comisión de delitos de falsedad documental y estafa en relación a la presunta "falsificación" de un visado del Colegio de Aparejadores en 2005 para los planos de las obras de reforma de un loft del presentador Arturo Valls, el único caso de supuestas "irregularidades" que no estaría prescrito.

Según publicó El País, la líder de Vox en Madrid utilizó un visado del Colegio de Aparejadores en los planos de obra del loft de Valls de 2005 y, al parecer, seguiría usando ese sello en más trámites hasta 2016.

El edil de Más Madrid José Manuel Calvo ha asegurado en declaraciones a Europa Press que confiaban en que la Fiscalía iba a apreciar lo mismo que su grupo municipal, que había indicios de presuntos delitos "muy graves".

"La señora Monasterio se ha dedicado a hacer memes y a reírse de las presuntas irregularidades que cometía cuando ejercía sin título (...) Nos gustaría saber qué tiene porque ahora no se reirá tanto. Son hechos muy graves y tendrá que dar explicaciones muy claras", ha aseverado.

En caso de que estos indicios de delito de confirmaran, Calvo ha asegurado que Monasterio tiene que dimitir porque las actuaciones de la que se le acusan son actitudes que no tienen cabida en un cargo público. Asimismo, tal y como se indicaba en la denuncia, la presunta estafa se habría cometido no solo ante el propietario del inmueble sino sobre todo al Ayuntamiento de Madrid.

La líder de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, utilizó un falso visado del Colegio de Aparejadores en los planos de la obra de un loft de 2005. Esta entidad advirtió en noviembre de las irregularidades, pero ha revelado ahora que la dirigente ultraderechista siguió usando ese sello hasta 2016, según informa El País.

El loft en cuestión pertenece al actor y presentador de televisión Arturo Valls, que ha interpuesto una demanda contra Monasterio. La obra se realizó sin licencia, en un local que convirtió en vivienda. Se trata de una práctica que se repite en varios de los once casos de irregularidades urbanísticas que se le conocen a la política madrileña y que también involucran a su marido y portavoz de Vox en el Congreso de los diputados, Iván Espinosa de los Monteros.

Así, Monasterio, que actuó como arquitecta entre 2002 y 2009 sin disponer de la titulación necesaria para ello, tramitó planos con el visado falseado en una petición de licencia presentada en el Ayuntamiento en 2016. En tal caso, no habría prescrito un hipotético delito de falsificación en documento público, que vence a los cinco años.

Casi dos meses después de conocer el uso de visados falsos, el Ayuntamiento de Madrid, controlado por PP y Ciudadanos con el apoyo de Vox, aún no se ha pronunciado y, según El País, afirma que no es su misión investigarlo. Por su parte, el grupo municipal de Más Madrid en el Ayuntamiento ha presentado este viernes una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Madrid contra Monasterio, por la presunta comisión de delitos de falsedad documental y estafa.

Monasterio lo niega

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid ha asegurado que no ha falseado visados en un proyecto de reforma de un loft y ha subrayado que cumplió con un requerimiento al aportar copias de un expediente "de hace 15 años".

Así lo ha indicado en redes sociales tras la información publicada por El País.Monasterio ha señalado en Twitter que "aportar en el Ayuntamiento en 2016 copias de un expediente de hace 15 años, no es falsear un visado"."Es cumplir con lo que te piden. Falsearlo sería aportar algo distinto. Todo esto os lo cuento con cariño..¡progres!", ha recalcado.

La Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha sancionó al menos en dos ocasiones a la empresa de Juan Francisco Robles Descalzo, el ex número dos de Vox por Albacete, y ordenó también dos veces su cierre, durante dos años en el primer expediente que le abrió y durante un año en el segundo. Los motivos fueron casi idénticos en ambos casos: irregularidades y falsedades en la documentación y los registros de la compañía, que impedían “determinar ni siquiera mínimamente, la trazabilidad” del producto que fabricaba así como “realizar un seguimiento de su actividad”. Así consta en la documentación a la que ha tenido acceso infoLibre.

La primera sanción, por importe de 165.000 euros, le fue impuesta en 2016 a la empresa CRA Juice SLU, tras inspeccionar las instalaciones, situadas en el polígono de El Villarejo en Madrigueras (Albacete), en 2013. Además, la consejería decretó la clausura de la fábrica durante dos años. Le imputaba siete infracciones graves contra la Ley de la Viña y el Vino de Castilla-La Mancha y contra la Ley de Calidad Agroalimentaria de esa comunidad autónoma. En 2018, Agricultura sancionó con 197.000 euros y el cierre durante un año a CRA Bodegas SLU, que en abril de 2017 había trasladado su domicilio social de Albacete a Alicante. Ambas sociedades tenían el mismo administrador único, Juan Francisco Robles Descalzo, y entre ellas se desarrollaba un tráfico continuo de concentrado de mosto, el producto que compraban, transformaban en zumo de uva y posteriormente vendían a otras empresas de España y el resto de Europa.

Robles Descalzo renunció el pasado 6 de noviembre a su puesto en la listas de Vox por Albacete una vez se hizo público que el 20 de marzo del próximo año será juzgado en esa ciudad por seis delitos contra Hacienda. La Fiscalía pide para él 24 años de cárcel por haber defraudado un total de 1,78 millones de euros en el impuesto sobre sociedades y en el IVA entre 2007 y 2009. Lo hizo creando un entramado de empresas instrumentales a cuyo frente situó a testaferros y que generaban facturas falsas. Tal como ha desvelado infoLibre, al menos dos de ellos eran ciudadanos rumanos: Mihai O. y Cristian L. C.

Según el informe que elaboró en 2013 la Agencia Tributaria, esa red de empresas le servía de “tapadera” para un “rentable negocio” consistente en la venta como “mosto genuino, a precio de tal”, de un producto “adulterado, mucho más barato”, a base de añadir isoglucosas o fructosas al concentrado deshidratado de zumo de uva. La transformación se realizaba en las instalaciones de Bodegas Unidas La Mancha SL. La Fiscalía señala en su escrito de acusación, fechado en 2017, que CRA Bodegas SLU es la “heredera” desde 2009 de Bodegas Unidas La Mancha SL, pues ambas tienen “las mismas operaciones, idénticos clientes, las mismas instalaciones, el mismo negocio, el mismo administrador y el mismo apoderado”.

En los dos expedientes sancionadores, Agricultura revela la operativa que utilizaba Juan Francisco Robles con estas empresas, donde entraban y salían los concentrados de mosto, y otros productos, sin registros fiables de esos movimientos: “No se anota el depósito o depósitos donde entra el producto, ni las manipulaciones que hacen, ni las cantidades utilizadas”, señala el primer informe, donde se describen los transportes de concentrado de mosto entre CRA Juice y CRA Bodegas, entonces con instalaciones en Casillas de Ranera (Cuenca). Los inspectores de Agricultura dictaminaron que la empresa intentaba “ocultar” que manipulaba y vendía productos vitivinícolas –“mosto de uva con destino a vinificación”– no identificándolos “ni en los depósitos de almacenamiento ni en los libros de registro” y “omitiendo toda referencia a las entradas y salidas desde y hacia CRA Bodegas”.

También descubrieron que los documentos donde se consignaban los transportes en camiones cisterna del mosto entre CRA Bodegas y CRA Juice eran falsos: de ser ciertos, algunos de ellos habían hecho en un solo día hasta 11 viajes. La distancia ente Madrigueras y Casillas de Ranera es de 112 kilómetros, una hora y cuarto de trayecto.

En total, los inspectores calculan que entre la contabilidad que presentó la empresa y la cantidad real de producto manipulado la diferencia ascendía a 10,58 millones de litros de mosto.

Juan Francisco Robles Descalzo explica a infoLibre que recurrió la sanción ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que en una sentencia de noviembre de 2017 dio la razón a la Consejería de Agricultura y ratificó la multa. Sin embargo, no se llegó a ejecutar el cierre de las instalaciones. Según el ex número dos de Vox, porque los jueces reconocieron que “la empresa llevaba funcionando cinco o seis años con total normalidad” y la medida era “desproporcionada”. Según fuentes del Gobierno castellanomanchego, se suspendió el cierre porque el empresario pagó la multa.

Segundo expediente

En 2017, la Consejería de Agricultura abrió expediente a la otra empresa de Robles Descalzo, CRA Bodegas SLU, y por idéntico motivo. Le sancionó de nuevo, esta vez por un total de 11 infracciones contra las leyes autonómicas de la Viña y el Vino y de Calidad Agroalimentaria: nueve graves y dos leves. Los inspectores escudriñaron facturas, contratos, libros de registro, documentos de acompañamiento y declaraciones de CRA Bodegas, y encontraron anomalías y falsedades similares a las anteriores. El expediente sancionador, al que ha tenido acceso este periódico, destapa la “total incoherencia de los balances de salida y entrada del producto” y la existencia de “documentación inexacta o falsa”, por lo que resultaba imposible seguir “el origen, la transformación y la manipulación” del mosto que la empresa elaboraba.

En concreto, los inspectores descubrieron una diferencia entre compras y ventas superior a 1,5 millones de litros de concentrado que, una vez transformado, equivalen a 6,17 millones de litros de mosto, con un valor de mercado de 1,6 millones de euros. Los inspectores destacan que de esa cantidad de concentrado “se desconoce de dónde entra, dónde se transforma y adónde sale realmente”.

Los inspectores explican que en los documentos –contratos y facturas– aportados por la empresa, ésta aseguraba que el mosto concentrado adquirido a cooperativas, industrias y bodegas de Castilla-La Mancha lo enviaba a las instalaciones que CRA Bodegas SLU tenía en Beneixama (Alicante), arrendadas a la cooperativa Divina Aurora. Y que allí se transformaban en mosto concentrado, mosto concentrado rectificado ecológico, zumo concentrado rectificado de uva y zumo de uva desionizado. Esos productos se vendían luego al por mayor a otras empresas de Alemania, Francia, Italia, Portugal, Países Bajos, Bulgaria, Grecia, Suiza y Hungría, además de España. CRA Bodegas también compraba, continúan los inspectores, azúcares invertidos –producto de la separación de la sacarosa en fructosa y glucosa– en Bélgica y Valencia, además de mosto de uva de mesa de Vinalopó (Alicante) para convertir en concentrado.

Sin embargo, según consta en el expediente, en las instalaciones de Beneixama no entró “ni un solo litro-kilo de mosto azufrado ni mosto concentrado de uva” desde el inicio del contrato de arrendamiento de servicios, con fecha de 11 de agosto de 2015, que CRA Bodegas SLU firmó con la cooperativa Divina Aurora. Los depósitos “están vacíos”, concluyen los inspectores tan comprobarlos. De hecho, resultaron ser falsos los documentos que acreditaban el transporte y la descarga de mosto concentrado en Beneixama. En realidad, donde se enviaba y transformaba el producto era en CRA Juice SLU, situada en el polígono industrial Los Villarejos, en Madrigueras (Albacete), como se ha dicho más arriba, y también administrada por Juan Francisco Robles Descalzo. En esta segunda empresa las anomalías vuelven a ser múltiples y similares a las encontradas en CRU Bodegas SLU: “283.578 litros de mosto azufrado ecológico y 5.388.269 litros de mosto azufrado entran en las instalaciones de Madrigueras sin ninguna anotación en los libros de registro de movimientos de vino, ni entradas ni salidas ni cuál es el tipo de producto”, resalta el informe de Agricultura.

“No es una bodega, sino una fábrica de zumos”

Los inspectores también constataron otras irregularidades: al no poder garantizarse la trazabilidad de los productos que manipula es imposible saber si el mosto que la empresa vende como ecológico realmente lo es; o se menciona la compra de un producto denominado “concentrado rectificado blended”, que resulta ser una categoría “no acorde con ninguna reglamentación”.

Esta segunda sanción también ha sido recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia, que aún no ha resuelto. Juan Francisco Robles asegura a infoLibre que toda la argumentación de Agricultura se basa en el hecho de considerar a su empresa “una bodega, cuando no lo es, sino una fábrica de concentrado de zumos de fruta”, y de exigirle, a su juicio equivocadamente, la trazabilidad de la producción vinícola. Por el contrario, los inspectores de la consejería indican en su informe que CRA Bodegas sí “procesa en sus instalaciones productos de origen vitícola”, como es el mosto, y no sólo transforma zumos y concentrados como alega el empresario.

A diferencia de la Agencia Tributaria, que en su informe señaló como un “producto adulterado” el que elabora la empresa, el ex número dos de Vox por Albacete sostiene que la adición de isoglucosas es “totalmente legal”. “A las bodegas no les está permitido hacerlo, pero nosotros somos una fábrica de zumos”, insiste.

Tuberías de vertidos precintadas

El 5 de noviembre, un día antes de que se hiciera pública la acusación contra el ex número dos de Vox por Albacete, el Ayuntamiento de Madrigueras precintó las tuberías de vertidos de la fábrica al detectar en unos análisis rutinarios que las aguas que evacuaba en la red de alcantarillado municipal sobrepasaban los parámetros legales. Según ha confirmado a este diario el alcalde, Juan Carlos Talavera Utiel, es la segunda vez que ordena el precinto. La incidencia, además, ha sido comunicada al Seprona, por si fuera constitutiva de delito.

Preguntado al respecto, Juan Francisco Robles responde que la empresa del polígono de Los Villarejos, que primero figuraba a nombre de Bodegas Unidas de La Mancha, después al de CRA Bodegas y más tarde al de CRA Juice, ya no es suya. Ahora es su mujer, Gema Arribas Palencia la socia y administradora única. “Yo no tengo nada que ver con esa empresa”, repite, “ni la dirijo, ni la administro ni trabajo en ella”.

En efecto, las instalaciones ahora aparecen a nombre de CRA Holding Spain, una sociedad creada en 2010, en la que se presentan Gema Arribas como administradora y socia única, y su padre, José Damián Arribas Aroca, como apoderado. Este último también será juzgado en marzo por el fraude a Hacienda de Bodegas Unidas de Castilla-La Mancha. Gema Arribas es además administradora única de GAP Process in the World, creada en enero de este año y ubicada en el Polígono de Los Villarejos, en la misma parcela de CRA Juice SLU. Aunque consta como objeto social “minorista de alimentos/medicamentos”, en su página web ofrece los mismos productos que antes CRA Juice: zumos concentrados y no concentrados de uva, además de ecológicos. La palabra “mosto” no aparece por ninguna parte.

La operación para abrir academias de fútbol del Real Madrid en Omán y Tanzania aprovechó una confusión inducida deliberadamente entre el club y su asociación de exjugadores. En documentos de Football Leaks, obtenidos por el semanario alemán Der Spiegel y compartidos con la red de medios European Investigative Collaborations (EIC), de la que forma parte infoLibre, los emblemas del Real Madrid se mezclan con el CIF de la asociación. Aunque en el caso del sultanato se fue incluso más allá. Uno de los documentos presentados al Real Madrid por el empresario omaní supuestamente estafado, Said Al Shabibi, como prueba del fraude es una carta con el membrete de la Asociación de Exjugadores que aparece firmada por su entonces presidente, Alfredo Di Stéfano.

En la misiva, la asociación se refiere a sí misma en todo momento como “nuestro club” y anuncia que envía a Omán a sus “representantes oficiales”: Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales; Rubén de la Red, a quien presenta como “director de entrenadores”, y Rayco García Cabrera, al que identifica como “coordinador del Departamento Internacional del Real Madrid”. Los dos últimos cargos son falsos. De la Red, ex jugador del Real Madrid reconvertido en entrenador tras serle diagnosticado un problema cardiaco que le apartó de la práctica deportiva, era entonces el técnico al cargo del equipo juvenil B del club blanco. Y Rayco García ni siquiera trabajaba para el Real Madrid. Es un agente de futbolistas que gestiona en Canarias una empresa de soluciones deportivas creada en 2012.

“Estamos considerando seriamente Mascate como el futuro emplazamiento de nuestra nueva Academia de Fútbol. Es más, consideramos también este proyecto una oportunidad para las nuevas generaciones de Omán de seguir la misma metodología con la que trabajamos en el Real Madrid Club de Fútbol”, continúa en inglés la carta enviada a Said Al Shabibi, director general de Zan for Events and Conferences, la empresa con la que Rayco García firmó un contrato para organizar un partido entre exfutbolistas del Real Madrid y el Barça en Omán. El agente deportivo ha negado a infoLibre, en cambio, que negociara con este empresario la apertura de una escuela de fútbol para niños en Mascate con la marca del club merengue.

"Nos es grato informarle de que nuestro club comenzará las negociaciones oficiales en relación con una academia de fútbol oficial del Real Madrid en Mascate", comienza la carta de los veteranos.

infoLibre empezó a publicar en julio los detalles del fraude que implica al Real Madrid en dos operaciones emprendidas por empleados del club y un agente deportivo en Omán y Tanzania. El Real Madrid despidió en 2015 al jugador Rubén de la Red y a un directivo de su Fundación, Manuel Parreño, por negociar sin autorización la apertura de escuelas de fútbol en el sultanato y en el país africano. En febrero de este año, el club blanco fue condenado en Omán a pagar 1,07 millones de euros a un empresario local que le demandó por las pérdidas que sufrió tras organizar un partido de exjugadores del Real Madrid y del Barcelona FC.

“El Real Madrid Club de Fútbol ofrece a la parte omaní los beneficios de todos los ingresos procedentes de las entradas del partido [de veteranos], patrocinadores –bajo la supervisión del Real Madrid Club de Fútbol debido a las obligaciones del club hacia ciertas empresas– y también transferirá nuestros derechos de imagen a la parte omaní”. Es decir, la asociación se dirige en todo momento a los omaníes como si fuera el club.

A continuación, le promete la visita de “algunas de las más importantes estrellas del club” para jugar el partido amistoso contra los veteranos del Barça. Algo que tampoco ocurrió: ninguno de los galácticos anunciados –Roberto Carlos, Figo, Raúl, Cannavaro– viajaron hasta Mascate. Las alineaciones de ambos equipos las integraron finalmente exjugadores españoles mucho menos conocidos internacionalmente. Del avión sí que bajaron, sin embargo, un puñado de familiares y amigos de Rayco García, entre ellos su madre y su novia, según la demanda presentada por Al Shabibi contra el club por las pérdidas en derechos televisivos y patrocinios que le ocasionó la rebaja del cartel. El agente asegura, por el contrario, que su novia jamás ha estado en Omán. La carta tiene fecha de 6 de noviembre de 2013. El contrato para jugar el partido se firmó en la Embajada española en Mascate el 2 de diciembre, ni un mes después.

El encuentro, en todo caso, era sólo una parte de la promoción para abrir la academia de fútbol, el negocio clave: “Apoyará, públicamente, la apertura de nuestro proyecto de academia y llevará nuestro clásico español a nuestros seguidores en Omán”clásico. De nuevo, la primera persona del plural que hace parte del club a la asociación de veteranos.

  LA CULPA, DE LOS VETERANOS

En cuanto el Real Madrid recibió la primera carta del empresario omaní reclamando una compensación por sus pérdidas, el club de Florentino Pérez se esforzó por dejar claro que la asociación es una entidad jurídica distinta e independiente y que ni Rayco García ni ninguna de las otras personas implicadas en las negociaciones tenían poderes ni autorización para actuar en su nombre. Pero cuando Al Shabibi pasó a tachar de fraude la operación, al Real Madrid no le quedó más remedio que abrir una investigación interna: un acuerdo similar se había firmado también en Tanzania, aunque con una agencia del Gobierno local, el Fondo Nacional de la Seguridad Social (NSSF).

Como parte de la investigación que llevó a cabo el Real Madrid, su director de Control y Auditoría Interna, Carlos Martínez de Albornoz, preguntó a Emilio Butragueño si conocía la carta, si sabía quién la redactó y “quién gestionó que Di Stéfano la firmase”. Es decir, el club era consciente de las anomalías del documento. Butragueño contestó con un “no” a todas las preguntas.

Una vez concluidas las indagaciones y pese a despedir a dos de sus trabajadores –Manuel Parreño y Rubén de la Red– e investigar a Emilio Butragueño por su presencia en Mascate para apoyar un proyecto negociado sin el conocimiento de los responsables del club, el Real Madrid no admitió ninguna responsabilidad en el caso, que desvió íntegramente a la asociación de veteranos.

Eso sí, intentó, sin mucho éxito, impedir el uso que la agrupación de exjugadores hacía de los símbolos del club y delimitar los ámbitos donde ésta puede actuar. La organización de academias de fútbol no era uno de ellos.

Pero no hizo ninguna reclamación, ni a los veteranos ni a Rayco García, por la sospechosa carta enviada a Al Shabibi el 6 de noviembre.

  Los hijos obtuvieron la custodia un mes antes de la carta

Alfredo Di Stéfano, que en ese momento contaba con 87 años y padecía alzheimer, había sido hospitalizado en abril de 2013 por un problema cardiaco. Sus hijos solicitaron su incapacitación en mayo de ese año. En octubre consiguieron del juez la custodia cautelar de su padre y de sus bienes. Di Stéfano murió el 7 de julio de 2014. 

infoLibre se ha puesto en contacto con Alfredo, uno de los hijos del histórico jugador del Real Madrid, quien no ha querido contestar a las preguntas que le ha formulado este periódico sobre la posible utilización fraudulenta de la firma de su padre. 

Creada en 1992 y presidida primero por Alfredo DiStéfano, luego por Ignacio Zoco y por Paco Gento en la actualidad, la asociación de exjugadores es una entidad jurídica distinta del Real Madrid a la que, no obstante, el club otorga cada año una subvención de 250.000 euros como parte del convenio de colaboración que mantienen ambos. Se trata de un contrato de arrendamiento de servicios, por el que a cambio de esa cantidad los exjugadores participan en actos sociales, tanto de las peñas como de la fundación, o en partidos benéficos y en la formación de la cantera. También “ostentan la representación del club o de sus dirigentes cuando así les sea solicitado”. Además de con la aportación del Real Madrid, se financian con las cuotas de sus asociados, la publicidad de la revista de la asociación y los partidos que organizan.

El Real Madrid atravesó en 2014 y 2015 una crisis en la que se vio envuelto al mismo tiempo que su fundación y la asociación de exjugadores, y que pudo haberle costado un grave desprestigio internacional. En principio, se saldó con el despido del exjugador y entrenador de juveniles Rubén de la Red, así como del director de Clinics de la Fundación del Real Madrid, Manuel Parreño. Así consta en documentos de Football Leaks, logrados por el semanario alemán Der Spiegel y compartidos con la red de medios European Investigative Collaborations(EIC), de la que forma parte infoLibre. El conflicto sigue coleando en los tribunales del sultanato de Omán, donde el club de Florentino Pérez fue condenado el pasado febrero a pagar una indemnización de 1,07 millones de euros a un empresario local por fraude. Las irregularidades también obligaron al Real Madrid a continuar negociando con el Gobierno de Tanzania durante un año para evitar que éste le demandase por la creación de una escuela para futbolistas en cuya apertura, en realidad, no tenía ningún interés.

“Llegaron, jugaron y vencieron. En uno de los partidos más memorables jamás jugados en la región, las antiguas estrellas del FC Barcelona derrotaron a las del Real Madrid 2-1 y se llevaron la Copa de Leyendas de Omán en el Complejo Deportivo Sultán Qabus, en Bausher”. El periódico Times of Oman situaba a la altura de las gestas de Julio César el partido de exhibición que 22 exjugadores de los dos principales equipos de fútbol españoles acababan de disputar el 14 de marzo de 2014 en la capital del sultanato, Mascate.

Pero la realidad era mucho menos épica. El pasado mes de febrero, el Tribunal Supremo de Omán condenó al Real Madrid a pagar una indemnización de 1,07 millones de euros al empresario local que había organizado el partido. Said Al Shabibi, director general de la compañía Zan for Events & Conferences, demandó al Real Madrid en marzo de 2015 por fraude. Había firmado un contrato con el club para que galácticos como Figo, Roberto Carlos, Raúl o Cannavaro jugaran la Oman Legends Cup contra antiguas estrellas del Barça. Un encuentro que, además de proporcionarle nutridos ingresos por las entradas, la venta de derechos televisivos y los patrocinios, debía servir para promocionar un proyecto de mayor calibre: la apertura de una academia de fútbol del Real Madrid en Omán.

A cambio de 135.000 riales omaníes –unos 314.000 euros– que Al Shabibi tenía que pagar al Real Madrid, y de hacerse cargo de los gastos de alojamiento, comida y transporte de los jugadores de ambos equipos, el empresario omaní se quedaba con todos los derechos del partido, incluidos los de imagen, los ingresos de taquilla y los patrocinios. El Real Madrid, por su parte, se comprometía a suministrar una lista de jugadores de primera línea internacional, así como el soporte de marketing y promocional, que incluía entrevistas con al menos 10 de esos deportistas, una cena de gala y una rueda de prensa.

El partido se celebró y el Barça lo ganó (1-2), pero sus jugadores no eran las estrellas prometidas. Los goles los marcaron Mendieta y Albert Tomás por el Barça y De la Red por el Madrid. Tanto las leyendas blancas como las blaugranas eran todas españolas: Michel Salgado, Pavón, Fernando Sanz, Hierro, Amavisca, Goicoechea o Víctor Muñoz eran quizá los más conocidos.

De hecho, los documentos que había firmado el omaní sembraban la confusión. El contrato lo encabeza el nombre del equipo blanco y su emblema, pero el CIF adjunto corresponde a la Asociación de Exjugadores del club. Y quien se había sentado frente al empresario omaní durante los muchos meses de negociaciones era un agente deportivo canario llamado Rayco García Cabrera, que se identifica como representante de las leyendas del Real Madrid y el FC Barcelona. Pero que carecía de relación contractual de ningún tipo con el equipo blanco y aparentemente no tenía poderes ni autorización para negociar en su nombre. Al menos ésa fue la respuesta que le dio el club blanco a Al Shabibi cuando éste le demandó y su abogado le hizo llegar por correo electrónico el contrato, así como fotos de su firma el 2 de diciembre de 2013 en la Embajada de España en Mascate. A preguntas de infoLibre, Rayco García niega esta versión y sostiene que actuó en Omán con la autorización que los veteranos del Real Madrid –no el club– le expidieron en una carta ad hoc.

  “Uso indebido” de las marcas del Real Madrid

“Me gustaría expresar nuestra enorme sorpresa en relación con los hechos descritos en su correo electrónico, ya que la Asociación de Exjugadores del Real Madrid (Real Madrid Legends) es una sociedad legal completamente independiente del Real Madrid CF. Por tanto, por la presente le confirmó formalmente que el Real Madrid CF no tiene nada que ver los hechos que refiere en su correo”, contestó al abogado de Al Shabibi el director general del club, José Ángel Sánchez Periáñez, quien además le informó de que Rayco García “nunca” había “trabajado para el Real Madrid CF”.

En el restaurante Mumtaz Mahal. A la izquierda: la número dos de la Embajada española, Blanca Londaiz; el secretario del Ministerio de Exteriores, Said Abdulá Al Busaidi, y Manuel Parreño; a la derecha: un omaní no identificado, Said Al Shabibi, Butragueño, Rayco García y De la Red.

“En cualquier caso, considerando que la Asociación de Exjugadores del Real Madrid CF podría estar haciendo un uso indebido de las marcas comerciales del Real Madrid sin nuestro conocimiento y consentimiento, llevaremos a cabo las investigaciones apropiadas en relación con esta circunstancia”, le prometía Sánchez Periáñez en una carta fechada el 19 de septiembre de 2014.

En parecidos términos reaccionó el Real Madrid, a través del director de sus servicios jurídicos, Javier López Farré, una semana más tarde, cuando el Consulado de Omán en España le hizo llegar la “petición formal” del abogado de Zan for Events para “interceder ante las autoridades del Real Madrid y tratar de solucionar el conflicto entre las dos partes, evitando, si fuera posible, llevar el caso ante las autoridades judiciales”. “El Real Madrid Club de Fútbol”, reiteró López Farré, “no es parte en las relaciones mantenidas entre Zan for Events & Conference y la Asociación de Exjugadores del Real Madrid (Real Madrid Legends), y dicha asociación es una entidad totalmente distinta y ajena jurídicamente al Real Madrid CF”.

Pero la noticia del pleito que se avecinaba en Omán ya les había llegado antes, el 10 de junio de ese año. Entonces, López Farré remitió a Sánchez Periáñez la comunicación del Consulado de Omán en España y le aseguró que “el tal Rayco García trabaja para la Fundación [del Real Madrid]. Habrá que ver qué contestamos y a quién”. Un extremo que el agente canario ha negado igualmente a este periódico: “Nunca he tenido una nómina”.

La fundación también es una entidad independiente jurídicamente del club, aunque controlada por él, además de la encargada de gestionar la red de academias de fútbol –los llamados clinics– del Real Madrid, unas 40 repartidas por todo el mundo, desde Estados Unidos hasta Zambia.

  “El club es parte de la estafa”

La respuesta del abogado de Al Shabibi al intento del club por desvincularse de la operación negociada por Rayco García fue terminante: “El Real Madrid es absolutamente responsable de todos los perjuicios ocasionados por el señor Rayco García usando el nombre del Real Madrid CF”. Según el omaní, la ausencia de las grandes estrellas anunciadas le hizo perder patrocinadores y los derechos de televisión, que había vendido a Kuwait TV –el canal público del emirato– por 1,3 millones de dólares, además de causarle problemas institucionales con el Gobierno de su país. En total, calculaba unas pérdidas de 724.600 riales omaníes, unos 1,68 millones de euros.

El abogado esgrimió ante el club los contundentes argumentos por los que desdeñaba su intento de desmarcarse de Rayco García. Además del agente canario, acudieron a Omán para apoyar la doble operación –partido promocional y academia de fútbol– otras tres personas que sí representaban oficialmente al Real Madrid. Uno de ellos fue Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del club. También volaron hasta Mascate Manuel Parreño, director de Clinics de la Fundación Real Madrid, y Rubén de la Red, exjugador y entonces entrenador del equipo juvenil B merengue. “Su club es parte de la estafa ejecutada por esos miembros de su organización”, acusa el abogado. Y, “o bien usted respalda y promueve el uso de su nombre, logo y asociación para representar indebida y fraudulentamente al Real Madrid Club de Fútbol internacionalmente, o bien usted desconoce por completo la masiva representación fraudulenta que se está cometiendo internacionalmente bajo el nombre del Real Madrid por sus propios directivos”, expone.

Además, apoya sus acusaciones en el “auspicio y mecenazgo” que prestó al fraude la Embajada de España en Mascate. De forma que le da un plazo de nueve días para ofrecer un “detallado plan de compensación” a Al Shabibi y le advierte de que, en caso de incumplirlo, emprenderá acciones legales.

Los directivos del Real Madrid tenían motivos para estar muy preocupados. En efecto, Manuel Parreño y Rayco García permanecieron cuatro días en Mascate, en un hotel de cinco estrellas, con todos los gastos pagados por Zan for Events. El agente canario volvió después para ultimar detalles y durante seis días fue el huésped de la empresa omaní, también en un hotel de cinco estrellas. Tres meses más tarde, volaron hasta el sultanato Butragueño, Rubén de la Red y otras personas más del Real Madrid, en un viaje que fue sufragado por el club. Todos ellos compartieron mesa y mantel en el restaurante Mumtaz Mahal de Mascate con Al Shabibi y el secretario del Ministerio de Asuntos Exteriores de Omán, Said Abdulá Al Busaidi, quien es miembro de la familia real. Asistió también la número dos de la Embajada española, Blanca Londaiz Laborde. Y todos ellos se hicieron fotos durante la cita.

  la versión de la embajada

El Ministerio de Asuntos Exteriores aclara a infoLibre que la Embajada española en Omán se limitó a prestar “apoyo a actuaciones que implicaban a actores/agentes españoles”, como es su misión, “especialmente cuando van en la línea, como era el caso, de promover la marca-país de España, ya se trate de ciudadanos particulares, empresas o clubes de fútbol”. Pero rehúsa comentar “un pleito entre dos partes privadas”. Ni el Real Madrid ni la Asociación de Exjugadores han contestado a los repetidos intentos de este periódico de obtener una respuesta o comentario de ambos a estos hechos.

Said Al Shabibi y Rayco García firman en la Embajada española en Omán el acuerdo de cooperación entre el Real Madrid y Zan for Events ante el embajador Juan José Urtasun (a la izquierda).

Como había prometido el director general Sánchez Periáñez en septiembre de 2014, el Real Madrid abrió una investigación, aunque no lo hizo hasta abril de 2015. De las pesquisas resultó que un empleado del club –Rubén de la Red– y otro de la fundación –Manuel Parreño– habían incumplido el Código Ético del Real Madrid, además se revelaron “actuaciones sancionables de empleados de la Asociación de Exjugadores, y de una persona ajena al club y relacionada con todos ellos [Rayco García]”, tal y como resume Carlos Martínez de Albornoz Bonet, director de Control y Auditoría Interna y secretario del Comité de Ética, a Pedro López Jiménez, presidente de ésta –también vicepresidente del club y persona de la máxima confianza de Florentino Pérez–, el 19 de junio de 2015, un año después de que conocieran el asunto.

Como consecuencia, Rubén de la Red fue despedido el 25 de ese mes y Manuel Parreño cuatro días después. Ambos por motivos disciplinarios. Tras recibir el informe de Martínez de Albornoz, el Comité Ejecutivo del club pidió a los servicios jurídicos que contrataran a un bufete especializado para presentar una demanda contra Rayco García, según consta en las actas de su reunión del 19 de junio. También acordó que se le retuvieran los pagos anuales a la Asociación de Exjugadores –250.000 euros– hasta que firmara un nuevo convenio que delimitara sus funciones.

Pero estas decisiones estaban lejos de satisfacer a Al Shabibi, cuya denuncia continuaba su tramitación judicial en Omán. En un detallado cronograma del proceso que llevó a la firma del contrato y al posterior fiasco, el abogado del empresario explica al Real Madrid que el 19 de mayo de 2013 Zan for Events hizo una transferencia de 12.000 riales omaníes –27.890 euros– a nombre de un tercero, Jesús M. S., por indicación de Rayco García, quien en su segunda visita a Omán les había urgido a hacerle un “pago inmediato” para evitar ser penalizado por el club por regresar de vacío. Al agente canario también se le abonaron entonces 5.000 riales omaníes en efectivo, asegura el empresario. Una vez firmado el contrato, en diciembre, Zan for Events pidió a Rayco García un número de cuenta para ingresar al Real Madrid los primeros 55.000 riales omaníes del total de 135.000 pactados. Pero el “representante del Real Madrid” solicitó a los omaníes todos los pagos en efectivo, así como una comisión adicional de 2.500 riales. Y así se hizo, aseguraba el abogado.

Por el contrario, Rayco García explica a infoLibre que no se llevó ni un euro de los contratos de Omán y Tanzania. “No soy un estafador”, repite tras precisar que siempre trabajó en el sultanato con una carta de autorización de la Asociación de Exjugadores del Real Madrid y que su objetivo era únicamente organizar el partido de veteranos del Real Madrid y el Barça. Niega que negociara con Al Shabibi la apertura de una academia de fútbol. “Fue Manuel Parreño quien negoció”, añade. También niega que el ejecutivo de Zan for Events le hiciera pago alguno en efectivo como asegura en su demanda contra el Real Madrid. Por último, el agente deportivo también subraya su buena relación actual con el Real Madrid e incluso con su presidente, Florentino Pérez, con quien enseña una foto en Abu Dabi, el 15 de diciembre de 2017, tres años después de la crisis de Omán, durante el Mundial de Clubes que ganó el club blanco. “Me invitaron al entrenamiento y estuve hablando con Florentino”, presume.  

infoLibre ha preguntado al nuevo abogado de Al Shabibi, Bader Al Hinai –no es el mismo que escribió al Real Madrid para anunciarle la presentación de una demanda– sobre el procedimiento judicial abierto en Omán contra el club. Al Hinai explica que éste sigue abierto, pendiente de una apelación en el Tribunal Supremo, y que no está autorizado a explicar los detalles del litigio. “Estamos esperando una decisión del Supremo que no se hará pública antes de dos meses”, indica.

Como queda dicho, a Parreño y De la Red el Real Madrid los despidió tras cerrar una investigación que incluyó entrevistas con todos los implicados. Al primero, por utilizar su cargo en la fundación como responsable de las escuelas de fútbol para beneficiarse. El exdirectivo no ha querido comentar con este periódico las circunstancias de su abrupta salida de la fundación. Sólo niega que su despido fuera disciplinario.

  Una operación similar en Tanzania

El cese de De la Red obvió lo ocurrido en Omán. Ni siquiera se le sancionó. El motivo de su expulsión se hallaba a miles de kilómetros de distancia del sultanato. En octubre de 2014, cuando el club ya había sido alertado por Al Shabibi, Rayco García, Rubén de la Red y Manuel Parreño estaban embarcados en otra operación similar en Tanzania: una academia de fútbol con la marca del club merengue promocionada con un partido de viejas estrellas del Barça y del Real Madrid. Pero esta vez las negociaciones las llevó a cabo De la Red y la contraparte era una entidad pública, el Fondo Nacional de la Seguridad Social de Tanzania (NSSF por sus siglas en inglés).

Rubén de la Red, actualmente primer entrenador del Getafe B, fue jugador del Real Madrid desde las categorías infantiles. En 2008 sufrió un desvanecimiento en pleno partido de la Copa del Rey. En ese momento se le diagnosticó un problema cardiaco que le supuso el abandono definitivo de la práctica deportiva. En 2010 el Real Madrid lo integró en su cuerpo técnico, como segundo entrenador del Juvenil A.

En este caso, el Real Madrid sostiene que se enteró de la negociación para abrir una de sus academias en Tanzania de forma casual. Una alumna keniana del MBA Sport Management de la Escuela de Estudios Real Madrid, Esperanza N., envió un correo el 27 de enero de 2015 a Íñigo Arenillas, responsable de la Fundación Real Madrid para África y Oriente Medio, informándole de que había leído en la prensa sobre un proyecto del club para abrir una academia de fútbol en Tanzania. Además de adjuntarle el enlace de la noticia, del Daily News tanzano, le anuncia que se trasladará a ese país en mayo: “Trabajar con un proyecto como ése sería un sueño hecho realidad”.

Según el Real Madrid, dicho contrato fue negociado y firmado por Rubén de la Red y Rayco García a sus espaldas. De nuevo, insiste el club, ninguno de ellos tenía poderes y autorización para suscribir semejante operación. El NSSF debía pagar al club entre 750.000 y un millón de euros anuales durante 18 años. A cambio, según publicó el Daily News, la academia tendría cinco campos, un estadio para 30.000 personas, un hotel, villas de lujo, restaurantes, un club, un campo de golf de 18 hoyos, residencias comunitarias e instalaciones para otros deportes, todo ello repartido sobre una extensión de 473 hectáreas en Kigamboni, a las afueras de la capital tanzana, Dar Es Salaam. El periódico anunció incluso que el reclutamiento de los jóvenes futbolistas, entre 13 y 19 años, iba a comenzar el 14 de febrero.

En el país africano se hace patente la misma confusión entre el Real Madrid, su fundación y la Asociación de Veteranos que se produjo en Omán. No sólo en las negociaciones, sino también en los documentos firmados. De hecho, el NSSF tanzano se enteró de que no había firmado un contrato con el Real Madrid, y de que éste y la Fundación Real Madrid son dos entidades distintas jurídicamente, en una reunión celebrada el 12 de marzo de 2015 en Madrid. En una sala del área de baloncesto, el relaciones públicas del NSSF, Ramadhan O. Nassib, fue informado por Manuel Parreño y Pablo Gómez Revenga, responsable técnico de Campus y Clinics de la fundación, de que, en todo caso, sólo sería posible hacer un clinic –programas de entrenamiento con técnicos de la cantera–, no una “escuela de tecnificación” como el fondo tanzano había firmado. A esa reunión también asistieron Rubén de la Red y Juan José San Román, entrenador de la Academia de Omán, que pusieron sobre la mesa un contrato sin el acuerdo económico y sin la última página, donde debían figurar las firmas. El Real Madrid dice que jamás se le entregó el documento completo.

Además, en Tanzania se repiten los actores: Manuel Parreño, De la Red y Rayco García. Y aparece de nuevo Jesús M. S., a quien Al Shabibi hizo una transferencia de 12.000 riales omaníes en mayo de 2013. En el acuerdo que Rubén de la Red firmó con el Fondo de la Seguridad Social de Tanzania el 21 de enero de 2015 para crear una academia de fútbol una de las partes contratantes es el Real Madrid CF, pero la dirección adjunta que figura se corresponde con un piso de la calle Cava de San Miguel. No es la dirección del club, obviamente, sino el piso que compartían entonces en Madrid Rayco García y Jesús M. S., de quien dice ser amigo el agente deportivo canario.

Tras ser despedido, De la Red demandó al club en el juzgado de lo Social, en un juicio que estaba señalado para el 9 de marzo de 2016. El exjugador asegura a infoLibre que alcanzó un acuerdo con el Real Madrid antes de entrar en la sala, por lo que el juicio no llegó a celebrarse. También sostiene que la causa real de su despido no fue lo ocurrido en Tanzania, sino su mala relación con Ramón Martínez, director de la cantera del Real Madrid. De la Red admite que viajó a Tanzania –“fui invitado a abrir una escuela de fútbol allí”–, pero dice que no sabe nada de lo que se negoció en el país africano.

  Demanda de conciliación

Contra Rayco García el Real Madrid interpuso una demanda de conciliación, paso previo a la presentación de una querella, en octubre de 2015. Como en el caso de De la Red, el club únicamente le acusó por el contrato de Tanzania. Eludió por completo lo ocurrido en Omán. En el escrito, que firma el abogado del Real Madrid Álvaro García- Alamán de la Calle, se conminaba al agente deportivo a asumir todas las consecuencias del fraude y a dejar “indemne al club de cualquier acción judicial o extrajudicial llevada a cabo por cualquier tercero”. Según la descripción que hace el Real Madrid de la operación, Rayco García “asumió fraudulentamente una representación que no solicitó, no tenía ni podía tener”, además de firmar “en nombre del Real Madrid sin autorización alguna para ello un memorando de entendimiento y posteriormente un acuerdo definitivo”, utilizando para ello “de forma ilegítima el nombre y las marcas” del club, “aprovechándose de su buen nombre y reputación”, y “perjudicando seriamente su prestigio”.

El agente deportivo rechaza las acusaciones del omaní y del club sobre su protagonismo en Tanzania. Nunca negoció nada ni sobre el partido de fútbol promocional ni sobre la escuela del Real Madrid, sostiene. “No he sido demandado ni por el Real Madrid ni por nadie”, recalca el agente deportivo canario como prueba de su inocencia, “sólo recibí una carta en el juzgado de Santa Úrsula [donde vive en Tenerife], que me instaba a no seguir usando el nombre del Real Madrid”. Y que no firmó por consejo de su abogado. Pese a que en esa demanda de conciliación se le advertía de una querella si no reconocía el daño infligido al club, asegura que el Real Madrid no actuó contra él.  

  Que sean los tanzanos los que digan 'no'

Los aprietos del Real Madrid en Tanzania no acabaron, sin embargo, con los despidos de Parreño y De la Red y la demanda de conciliación contra Rayco García. El club de Florentino Pérez –“las personas adecuadas” esta vez– continuó negociando con el NSSF tanzano para intentar “aminorar al máximo los daños”, según reconoce en su demanda de conciliación contra el agente deportivo canario. A través del embajador español, los tanzanos habían manifestado al Real Madrid su deseo de hacer realidad el proyecto. En marzo de 2016 aún coleaban unas conversaciones en las que el club, en realidad, no tenía demasiado interés.

En un correo electrónico del día 18 de ese mes, tanto el gerente de la fundación, Julio González Ronco, como su director general, Manuel Redondo, expresan su pretensión de dejar morir el proyecto. “Ya le expliqué a Carlos [Martínez de Albornoz] que no queríamos seguir con este tema y que si el tanzano insistía y no se le quería decir que no expresamente, indicarle [sic] que el contrato que corregimos es el que es, sin aceptar sus nuevas propuestas de modificación para que sean ellos los que dicen [sic] que no”, recomienda González Ronco.

El Real Madrid había conseguido ya que el NSSF de Tanzania le escribiera una carta donde exoneraba, tanto al club como a la fundación, de cualquier responsabilidad por el contrato firmado por Rayco García y Rubén de la Red.

El Real Madrid despidió a Rubén de la Red y a Manuel Parreño en junio de 2015, con tan sólo cuatro días de diferencia, tras cerrar una investigación que incluyó entrevistas con todos los implicados en los polémicos sucesos de Omán y Tanzania. Así consta en documentos de Football Leaks, logrados por el semanario alemán Der Spiegel y compartidos con la red de medios European Investigative Collaborations (EIC), de la que forma parte infoLibre.

En la carta de despido del director de Clinics, Manuel Parreño, el Real Madrid le recriminaba que hubiera “utilizado su cargo como responsable de los campus, clinics o escuelas de la fundación para beneficiarse o beneficiar a sus familiares con regalos que le fueron facilitados por Rayco García con motivo de las gestiones llevadas a cabo para crear una academia deportiva en Omán”. En concreto, cita los viajes al sultanato entre noviembre de 2013 y marzo de 2014 para su mujer y su hijo, así como la contratación de éste para la página web de la escuela de Omán. Rayco García es un agente deportivo canario que, a preguntas de este periódico, negó haber sufragado dichos “regalos y beneficios”.  

Además, el club blanco hace responsable a Manuel Parreño de la “deficiente” gestión de la academia que posteriormente abrió la fundación en Mascate –la capital de Omán–, y que tuvo que cerrar apenas un año después de su inauguración. “Usted no ha explicado de forma mínimamente convincente tanto las razones de tal cierre como las de la ausencia de un proyecto de viabilidad” para la escuela, se lee en la carta.

El Real Madrid incluso le reprocha su “mala fe” y la “irreparable quiebra de confianza” con la empresa. En el momento de su despido, Parreño se encontraba a sólo ocho meses de su jubilación.

Los motivos aducidos por el Real Madrid en la carta de despido de Manuel Parreño.

El exdirectivo no ha querido comentar con infoLibre las circunstancias de su abrupta salida de la fundación. “El Real Madrid y Manuel Redondo [presidente de la fundación] me trataron muy bien”, fue toda su respuesta tras negar que el despido fuera disciplinario.

  De la Red “ocultó maliciosamente” las gestiones en Tanzania

Para despedir a Rubén de la Red, entonces contratado como entrenador de juveniles, el club le acusó de falsificar un documento público, “ocultar maliciosamente” a la fundación y al Real Madrid las gestiones realizadas en el país africano y ocasionarle un importante “perjuicio reputacional, dañando su imagen hasta el punto de que hizo necesaria la actuación del embajador de España en Tanzania”, según explican los abogados de Garrigues en la instructa que el despacho preparó para el club una vez que el exjugador le demandó por el despido.

En ese texto se menciona que De la Red firmó una declaración el 16 de junio de 2015 ante Carlos Martínez de Albornoz, director de Control y Auditoría Interna y secretario del Comité de Ética del Real Madrid, donde reconoció haber suscrito el contrato con el Fondo Nacional de la Seguridad Social de Tanzania (NSSF) para crear una escuela de fútbol. También dijo haber quedado “sorprendido” de que en el documento “apareciera el escudo del Real Madrid” y de que la fundación no figurara como firmante. Además, admitió que no había informado ni al club ni a la fundación del viaje a Tanzania ni de la rúbrica del acuerdo. Finalmente, exculpa a Rayco García y se reconoce como “único responsable de la firma del contrato”. El agente deportivo, añade, “acudió a dicho acto como mero acompañante, invitado por la NSSF”.

De la Red, explican los abogados del club, incluso confesó que había facilitado “copias incompletas” al Real Madrid tanto del acuerdo de intenciones como del contrato con la Seguridad Social tanzana.

Es más, aseguran que durante la investigación, que incluyó tres reuniones con el exjugador, tanto éste como Rayco García, “los dos principales sujetos activos de las conductas, no tuvieron una actuación “colaboradora”, lo que les impidió “avanzar” en el procedimiento.

  "Mala relación" con el director de la cantera

Para terminar, los letrados del Real Madrid muestran su escepticismo ante las alegaciones de “indefensión” que hace De la Red en la demanda contra el club, apoyadas en su desconocimiento de “determinados aspectos” del caso, puesto que el exjugador había tenido “previo conocimiento de las conductas imputadas en el seno del expediente de investigación”.

Finalmente, el juicio en el juzgado de lo Social, previsto para el 9 de marzo de 2016, no se celebró. Según relata el exjugador a infoLibre, porque alcanzó un acuerdo con el Real Madrid antes de entrar en la sala del juzgado. En cualquier caso, De la Red mantiene que la causa real de su despido no tuvo relación con el contrato de Tanzania, sino con su mala relación con Ramón Martínez, director de la cantera del Real Madrid. De la Red admite que viajó al país africano –“fui invitado a abrir una escuela de fútbol allí”–, pero insiste en que no sabe nada de lo que se negoció con su gobierno.

El Real Madrid se negó a responder a todas las preguntas planteadas por este periódico sobre los hechos descritos en esta información, pese a los reiterados intentos realizados por este periódico durante los últimos diez días.

El rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Javier Ramos, ha indicado este lunes que si un juzgado declarara en sentencia firme que el acta del Trabajo de Fin de Máster (TFM) de la expresidenta Cristina Cifuentes es falso, la universidad procederá a la retirada del título. Informa Europa Press.

Curiosamente, la propia expresidenta en plena polémica por el caso Máster manifestó su voluntad a renunciar a este título mediante una carta publicada en redes sociales y pedía disculpas si alguien se sentía ofendido por "las condiciones flexibles" que le permitió la universidad. Ramos, por su parte, ha agregado que la universidad ya ha iniciado los trámites para retirar el máster también a los alumnos que han reconocido en sede judicial no haber hecho nada para lograr la titulación, de cara a preservar el prestigio de las titulaciones.

Sin citarlos, Ramos ha aludido al compañero de promoción de Cifuentes, Álvaro Morente y María Dolores Cancio, que hizo el máster en la misma promoción del presidente nacional del PP, Pablo Casado. Ambos manifestaron el pasado verano ante la titular del Juzgado de Instrucción número 51 que no hicieron nada de cara a obtener el máster. 

El rector de la URJC también ha asegurado que el cadetrático y exdirector del IDP, Enrique Álvarez Conde, le engañó cuando le dijo que disponía de ese documento suscrito en 2012 cuando luego una docente que figura en el acta, Alicia López de los Mozos, declaró ante la Inspección de la URJC que su firma era falsa. "A mí quien me engaña y por eso el 5 de abril me persono en Fiscalía es Álvarez Conde", ha relatado Ramos para insistir en que, en un primer momento y dado que era una persona de prestigio reconocido, creyó las explicaciones iniciales del catedrático, quien aseveraba que en julio de 2012 tuvo lugar la defensa del trabajo de Cifuentes. 

El máster de Cifuentes y la presunta falsificación documental

Así lo ha indicado durante su comparecencia en la comisión de universidades de la Asamblea de Madrid en relación al polémico caso Máster y relatar que la mañana del mismo día 21 de marzo, cuando saltó la información de posibles irregularidades en los estudios de Cifuentes, el catedrático Enrique Álvarez Conde aseguró –al aparecer como responsable del TFM– que tenía ese documento en su despacho del campus de Vicálvaro. Javier Ramos también ha aseverado que realizó esa polémica rueda de prensa del 21 de marzo, donde se aludió a un error administrativo sobre el expediente de Cifuentes, al entender que se tenía que "dar la cara" por los estudiantes y el "buen nombre" de la URJC.

En este sentido, ha negado cualquier presión por parte del Ejecutivo regional para realizar esa comparecencia que tuvo lugar a las 13 horas del día 21 de marzo de 2018. "Nuestros 51.000 estudiantes merecían una explicación, si no la daba la presidenta, la daba yo", ha manifestado Ramos, quien ha rememorado que esa mañana se cuestionaba el cambio de dos calificaciones de la expresidenta. Respecto a la premura sobre esa comparecencia, Ramos ha comentado que ya pidió disculpas a la comunidad universitaria por ello.

Sobre el día 21 de marzo, fecha en la que eldiario.es publica la primera información sobre el asunto, Ramos ha señalado que ya conocía a última hora del día anterior que se iba a publicar esa información y que llegó a las 8.30 horas. Allí estaba ya la exasesora María Teresa Feito, a quien saludó y le comentó que había quedado antes con un vicerrector de postgrado, algo que luego éste en sede judicial negó. Sobre Feito, ha señalado que en una reunión de su equipo más cercano, con varios vicerrectores, se la deja acceder durante unos cinco y diez minutos, y donde ella señaló que la polémica no afectaba a la universidad sino a un "rifirrafe contra la presidenta".

Luego, entre la 10 y las 11 horas conversó con el consejero de Educación, Rafael van Grieken, que se interesó por el caso y sobre mediodía también habló con la jefa de Gabinete de Cifuentes, a quien le comunicó que iba a ofrecer una rueda de prensa sobre las presuntas irregularidades. En esa mañana ya dispone de la documentación digitalizada que había en el archivo central de la universidad y también se cita a la funcionaria mencionada en la información, Amalia Calonge, y a Álvarez Conde, pues figuraba como responsable del TFM de Cifuentes.

El rector ha sido "muy franco" y ha comentado que esa mañana tenía una buena opinión del catedrático por su prestigio académico y aseguró de forma pública, ante varios vicerrectores, que esa defensa del trabajo fin de máster de Cifuentes se había producido. También dijo que disponía del acta y le solicitó, por tanto, que firmara por escrito esta versión. Cuando recibió el acta, ya por la tarde, se la remitió a la secretaria que a su vez la envió a la secretaría de la Consejería de Educación, pues Van Grieken le trasladó tras la rueda de prensa del 21 de marzo el interés por disponer de la documentación aludida en la comparecencia.

Aparte y pese a la remisión de este documento, Ramos decidió abrir una información reservada para esclarecer todo lo concerniente a este asunto que aludía a posibles irregularidades, como el caso del cambio de calificaciones de Calonge sin seguir el procedimiento pautado. Luego, como ha reseñado, la docente López de los Mozos señaló que su firma había sido falsificada en el acta, por lo que el 5 de abril acudió al Ministerio Público para que la Justicia esclareciera si había responsabilidad penal.

Sobre el máster de Casado: la URJC respeta la sentencia del Supremo

Respecto al caso del máster de Casado y preguntado sobre si piensa que hubo irregularidades, el rector ha dicho que la institución es rigurosa y acepta la sentencia marcada por el Supremo, que se pronunció en contra de investigarle de su máster en este centro. De la exministra Carmen Montón, Ramos ha señalado que hubo un cambio de actas y se certificó que fue legal. También ha asegurado que un caso, como el que afecta a la expresidenta regional, no podría pasar ahora, dado que se han revisado los procedimientos, como un sistema antiplagio para trabajos de fin de máster y grado, un procedimiento de doble verificación (similar al que tienen las entidades bancarias) para evitar posibles fraudes en las firmas de acta.

A su vez, se ha modificado el reglamento de inspección de la universidad, se va a lanzar un nuevo código ético, se trabaja en una oficina de Transparencia y Buen Gobierno y habrá también un nuevo reglamento de centros o institutos adscritos. Además, se ha encargado una auditoría de procedimientos de matriculación, que ya está dando resultados, para aplicar cambios que permitan detectar "si hay algún tramposo, como pasa en los partidos políticos, se detecte de manera temprana".

Por otro lado, Ramos ha apuntado que la auditoría forense encargada sobre las cuentas del Instituto de Derecho Público, ya extinto, y cuyas conclusiones estarán previsiblemente listas en abril. Precisamente, la URJC denunció por malversación a Álvarez Conde durante su etapa al frente del IDP.

La Fiscalía de Madrid solicita tres años y tres meses de prisión para la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes por un delito de falsedad en documento oficial en el denominado caso máster, según han informado fuentes fiscales.

El escrito de acusación se produce después de que la juez Carmen Rodríguez-Medel concluyera la investigación y procesará a Cifuentes, al ex director del Instituto de Derecho Público Autonómico de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) Enrique Álvarez Conde, a la profesora Cecilia Rosado y a la exasesora del Gobierno regional María Teresa Feito.

Hace casi un año, el digital eldiario.es publicó la noticia que desembocó en este procedimiento judicial tras detectarse irregularidades en el máster que cursó en 2011-2012 la expresidenta regional. La exmandataria conservadora se retiró de la política en mayo de 2018 tras la publicación de un vídeo en la que aparecía supuestamente hurtando cremas en un supermercado.

Una vez que se dicte el auto de apertura de juicio, la causa irá previsiblemente a la Audiencia Provincial de Madrid. Si es así, se señalaría para dentro de entre 8 meses y un año, según han señalado a Europa Press fuentes jurídicas. El Ministerio Público considera a la exdirigente madrileña inductora de la falsificación de un acta "a sabiendas" de que acreditaba una defensa de Trabajo de Fin de Máster (TFM) "que jamás se produjo" y que exhibió en varios medios y redes sociales "para evitar las nefastas consecuencias políticas a las que debería enfrentarse".

El fiscal señala a la docente Cecilia Rosado como autora de la falsificación del acta y pide para ella 21 meses de prisión, esto es, una pena inferior a la de la ex presidenta madrileña porque reconoció los hechos y colaboró en la investigación.

Del mismo modo, considera a Álvarez Conde coautor indirecto del delito y le reclama tres años y nueve meses de prisión mientras que para la exasesora de la Consejería de Educación María Teresa Feito solicita otros tres años y tres meses de prisión. En cuanto a las multas, la Fiscalía pide para Álvarez Conde y para Cifuentes 20 meses a una cuota diaria de 50 euros (alrededor de 30.000 euros), para Feito 15 meses con una cuota diaria de 10 euros y para Rosado 4 meses con una cuota diaria de cinco euros.

El escrito de acusación ubica a cada uno de los acusados en el cargo que desempeñaba cuando se produjeron los hechos. Así, detalla que Álvarez Conde era catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Rey Juan Carlos, ubicado en Vicálvaro. Otra de las acusadas, María Teresa Feito Higueruela, era asesora de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y funcionaria de la URJC. Y Cristina Cifuentes desempeñaba el cargo de presidenta de la Comunidad de Madrid, mientras que Cecilia Rosado trabajaba como personal laboral en la misma URJC. Esta última fue nombrada directora del Máster en Derecho Autonómico y Local en octubre de 2011, impartido en el curso 2011-2012, por el Instituto de Derecho Público. El referido Instituto, asociado a la URJC y especializado en estudios jurídicos de postgrado, era dirigido por Álvarez Conde.

La noticia que provocó el caso

A continuación, el fiscal alude a una información publicada en marzo de 2018 en eldiario.es en la que se hacía constar que la alumna Cristina Cifuentes no tenía aprobadas todas las asignaturas así como el TFM del Master Universitario en Derecho Público del Estado Autonómico del Instituto de Derecho Público de la Universidad Juan Carlos de Madrid del año 2011/2012.

Relata que dicha noticia provocó que la acusada, Cifuentes, se pusiera en contacto con la también acusada María Teresa Feito, "dado que la misma había sido profesora en la citada Universidad durante años y tenía una buena relación con muchos de sus profesores, el rector, Javier Ramos, así como con el acusado y catedrático Enrique Álvarez Conde, para que la misma hiciere las gestiones oportunas con la finalidad de resolver la crisis que la noticia había provocado".

El representante del Ministerio Público subraya que Feito accedió a lo solicitado por Cifuentes y que, de acuerdo con Álvarez Conde, "y a sabiendas de que ésta no había superado todas las asignaturas, no había hecho el Trabajo Fin de Master y no había procedido a su defensa", decidieron que se confeccionaría un acta a la que se le daría "apariencia de verosimilitud".

Con ella, se acreditaría de cara a los medios de comunicación, que la expresidenta madrileña había cursado "el máster con normalidad y superado todos los trámites necesarios para la obtención del título académico correspondiente".

El 21 de marzo de 2018, tras una rueda de prensa dada por el rector, acompañado por Álvarez Conde y otro profesor, para explicar la versión de la Universidad sobre la noticia publicada, el catedrático de Derecho Constitucional quien seguía dirigiendo de facto y a todos los niveles el Instituto de Derecho Público, llamó a Cecilia Rosado "dándole instrucciones para confeccionar un acta en la que se reflejase que la acusada Cristina Cifuentes había defendido el TFM el día 2 de julio de 2012 ante el Tribunal conformado por la acusada Cecilia Rosado, como Secretaria, Clara Souto, como vocal, y Alicia López de los Mozos , como presidente".

Por su parte, Cecilia Rosado, dada la "fuerte jerarquía" existente entre ella y el catedrático y "ante el temor de las posibles consecuencias negativas para su trabajo, de no acatar lo que se le pedía", accedió a confeccionar un acta siguiendo las indicaciones recibidas.

Es más, hizo constar "mendazmente" tras los datos de identificación del Master de la alumna Cristina Cifuentes Cuenca el nombre del director, Enrique Álvarez Conde, y miembros del tribunal. "Reunidos el Tribunal de Evaluación con fecha 2/07/2012, acuerda otorgar al alumno la calificación global de notable (7'5)", estampando en la misma su firma, y otras dos a imitación de la de sus otras dos compañeras, las profesoras citadas , Clara Souto, y Alicia López de los Mozos.

A continuación creó un email a nombre de Álvarez Conde y envió el acta al correo electrónico del rector, "que ignoraba las manipulaciones realizadas". Ese mismo día, además, de forma "insistente" y "agobiante" María Teresa Feito llamó hasta en 21 ocasiones al teléfono personal de Cecilia Rosado "indicándole que aquella situación debería quedar resuelta como fuere y que en caso contrario la acusada Cristina Cifuentes les iba a cortar la cabeza".

Consulta aquí el escrito de la Fiscalía:

Así consta en el escrito de acusación de la universidad en el que detalla las penas a pedir para los acusados en la causa investigada por la juez Carmen Rodríguez Medel. A finales de noviembre, la magistrada dio por concluida la instrucción y dictó el auto de transformación de diligencias en procedimiento abreviado, que equivale al procesamiento. Este auto suponía el paso previo al juicio. Además de a Cifuentes, se pide esta misma pena para el catedrático y exdirector del polémico máster de Derecho Autonómico Enrique Álvarez Conde; para la profesora de la Rey Juan Carlos Cecilia Rosado; y para la exasesora de la Consejería de Educación María Teresa Feito.

La universidad, que ejerce la acusación particular, expone que "procede imponer a cada uno de los acusados, de conformidad con lo prevenido en el artículo 390 del Código Penal, una pena de cuatro años de prisión, multa de veinticuatro meses con una cuota diaria de 6 euros con responsabilidad personal subsidiaria caso de impago e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo por el mismo tiempo, así como inhabilitación especial por tiempo de seis años para ejercer cualquier empleo o cargo público.

El relato de los hechos 

En el relato de los hechos, el escrito detalla que cuando se publicó la exclusiva sobre su falso máster, el pasado 21 de marzo, la exdirigente madrileña "dio instrucciones expresas a Feito para que ocultara dicha ausencia de mérito académico y con el fin de evitarle perjuicios a la primera, Feito instó a Álvarez Conde que creara - o diera instrucciones para crear - la documentación necesaria que justificara que había cursado el máster con normalidad y superado todos los trámites necesarios para obtener del título, incluida la defensa del trabajo fin de máster".

"Cifuentes era en aquel momento presidenta de la Comunidad de Madrid, Feito era asesora de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y funcionaria y Conde era catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Rey Juan Carlos", recalca en el texto el letrado que dirige la acusación de la URJC. Con intención de ocultar "las irregularidades" en el máster de Cifuentes, "Álvarez Conde se puso en contacto telefónico

con Cecilia Rosado Villaverde, que había sido una de sus discípulas y trabajaba como personal laboral en la universidad, indicándole que procediera a elaborar ese mismo día un acta falsa de defensa del trabajo fin de máster".

Agrega que "Cecilia lo realizó mediante la invención de la fecha, título del trabajo y composición del tribunal, remitiéndola por correo electrónico al rector" Javier Ramos, en nombre de Enrique para así crear apariencia de "verosimilitud" en dicho documento. El mismo 21 de marzo, añade el escrito, para "la elaboración fraudulenta del acta del TFM" con la que Cifuentes pretendía simular "la existencia de la defensa del trabajo ante un tribunal público el día 2 de julio de 2012", la profesora Cecilia Rosado "simuló en la misma las firmas de Alicia López de los Mozos y Clara Souto Galván, con las que había hablado por teléfono ese día a los efectos de llegar a un acuerdo respecto a los trámites a realizar en la falsificación del acta".

Sigue detallando el escrito que "López de los Mozos -a quien se levantó la imputación- era en aquel momento funcionaria de la URJC y Souto, personal laboral de la URJC. "Durante el transcurso del día 21 de marzo de 2018, Feito llamó a Cecilia insistentemente con esta finalidad de elaboración de acta falsa y también para que redactara el trabajo en sí, a lo que doña Cecilia se negó, instándole entonces doña Teresa a que le facilitara la bibliografía necesaria para hacerlo por otros medios".

"Teresa anunció represalias en caso de que no se colaborara en la ocultación de las irregularidades. La acusada Cristina Cifuentes efectuó exhibición pública del acta falsificada a sabiendas de que en la misma, constaba la composición de un tribunal y la realización de la defensa del máster el 2 de julio de 2.012 y de que dicho tribunal no fue conformado y la defensa por tanto, no fue ", concluye el relato. La URJC entiende que estos hechos son constitutivos de un delito de falsificación de documento público previsto en el artículo 390.1.1º, 2º, 3º y 4º del Código Penal, siendo los acusados responsables en concepto de autor.

La profesora de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) Alicia López de los Mozos, cuya firma aparecía en el acta de la evaluación del Trabajo de Fin de Máster (TFM) de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, como supuesta presidenta del tribunal, ha ratificado ante la Policía su declaración firmada la semana pasada a la Inspección y ha declarado que no evaluó a la dirigente popular.

Según han informado distinto medios como eldiario.es, El Mundo o El País, López de los Mozos no sólo ha confirmado esta tarde a los agentes que dicha acta fue falsificada, sino también que la política madrileña nunca llegó a presentar ningún Trabajo de Fin de Máster y que jamás la vio en ninguna de las clases ni en la defensa de ese trabajo.

Por su parte, como señalan en El Confidencial o en la Cadena Ser, la profesora también habría desvelado que se sintió amenazada y coaccionada por el director del Instituto de Derecho Público, el catedrático Enrique Álvarez Conde.

Agentes de la Policía Nacional de la Unidad Adscrita a la Fiscalía de Madrid van a interrogar estos días a los profesores relacionados con las supuestas firmas falsificadas que aparecen en el acta de la presentación del Trabajo Fin de Máster de la presidenta autonómica, confirmaron a Europa Press fuentes próximas a la investigación.

Se trata del inicio de las diligencias de una investigación "en curso y reservada", iniciada para averiguar si se ha producido un delito de falsedad documental y/o cohecho después de que la Fiscalía del Área de Móstoles comunicara el lunes la Policía que procediera a investigar el contenido de los hechos expuestos.

La denuncia presentada el día 22 por varias asociaciones de alumnos y la presentada la semana pasada la propia URJC sobre este asunto ya han sido agrupadas en una, han indicado a Europa Press fuentes de la Fiscalía, que ya cuenta con los datos enviados por la Universidad por si las presuntas irregularidades relativas al máster por si pudiera ser constitutivos de delito.

Declaración ante la inspección

En el caso de López de los Mozos, tal y como consta en su declaración escrita ante la inspección de la Universidad —la única de las tres con firma en el acta que ha hablado en el marco de la investigación—, señaló que no presidió no formó parte del tribunal que evaluó el Trabajo de Fin de Máster de la dirigente madrileña.

De esta manera, el pasado jueves la docente, con plaza de funcionaria en la universidad, contradecía la versión que se había venido recogiendo hasta el momento sobre que ella era la presidenta de este tribunal y que como tal firmó en el supuesto acta.

Para la universidad, esta declaración demostraba que podía haber indicios de delito y por ello, decidía trasladar el viernes pasado los hechos a la Fiscalía de Madrid, en su sede de Móstoles, algo que el propio rector hizo personalmente.

Así, bajo juramento, esta profesora declaró que se encuentra involucrada en una polémica por su "supuesta" participación en el tribunal con el que, asegura, no guarda "relación alguna" y que le está ocasionando "importantísimos perjuicios físicos, psíquicos, personales, familiares y profesionales".

Continuó señalando que no ha "formado parte" ni "presidido" ningún tribunal que haya examinado dicho TFM de Cristina Cifuentes, y que como consecuencia de ello, no reconoce "el contenido del acta que se ha hecho público en los medios de comunicación ni tampoco la firma que aparece en el mismo".

Del mismo modo, la profesora indicó durante su declaración que no tiene conocimiento de la existencia en los archivos del Instituto de Derecho Público de la URJC ni del TFM de Cifuentes "ni de ningún otro documento en relación con el mismo".

Como consecuencia de sus declaraciones precedentes y dado que asegura que su persona "no guarda ninguna relación con los hechos investigados", concluyó indicando que no iba a contestar a ninguna pregunta ni iba a hacer ninguna declaración, para solicitar "expresamente" que se haga pública su declaración con el fin de que "de manera inmediata" se le desvincule de manera absoluta y definitiva" del asunto.

El fin, señaló, era poder continuar con su actividad "cotidiana" tanto profesional como personalmente. El escrito está fechado a 5 de abril y está su firma, junto a su DNI.

Acta de la universidad

La profesora salía como presidenta del tribunal en el acta que la universidad facilitó al equipo de Gobierno de Cristina Cifuentes el pasado 21 de marzo y que fue, posteriormente, difundido a los medios de comunicación como una de las pruebas de que había realizado el máster en la universidad.

De hecho, la propia presidenta salía unas horas después realizando un vídeo en directo por Periscope, con el acta en la mano diciendo: "Aquí tengo un acta del Trabajo Fin de Máster, un acta que está firmada por las tres miembros del tribunal calificador con la fecha de la evaluación que fue el 2 de julio de 2012 la calificación del trabajo que por cierto saqué un notable".

En el comunicado emitido ese mismo día por la Comunidad de Madrid, destacaban que "seis profesores universitarios han empeñado su palabra, su prestigio y la carrera profesional de funcionarios públicos para afirmar sin la más mínima duda, que todo el procedimiento académico en relación con el Máster se llevó a cabo de acuerdo con la más absoluta legalidad, y que no hubo irregularidades".

El pasado miércoles El Confidencial publicaba una informaciones sobre la falsificación de al menos dos de las firmas que constaban en el acta. También señalaban que el documento se habría realizado el mismo día 21 de marzo (cuando este tribunal se reunió supuestamente en julio de 2012).

Coincidiendo con el pleno extraordinario en la Asamblea de Madrid donde Cifuentes compareció por este caso, su equipo descartó incluir este acta entre la documentación que, a su juicio, demostraría que ha realizado estos estudios. El resto de escritos sí que se entregaron y compulsados por la propia Universidad.

Agentes de la Policía Nacional de la Unidad Adscrita a la Fiscalía de Madrid están interrogando este martes a dos profesoras y a un catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) relacionados con las supuestas firmas falsificadas que aparecen en el acta de la presentación del Trabajo Fin de Máster (TFM) de la presidenta autonómica, Cristina Cifuentes, según han confirmado a Europa Press fuentes policiales.

Se trata del inicio de las diligencias de una investigación "en curso y reservada", iniciada para averiguar si se ha producido un delito de falsedad documental y/o cohecho después de que la Fiscalía del Área de Móstoles comunicara este lunes a la policía que procediera a investigar el contenido de los hechos expuestos.

La denuncia presentada el día 22 por varias asociaciones de alumnos y la presentada la semana pasada la propia URJC sobre este asunto ya han sido agrupadas en una, han indicado a Europa Press fuentes de la Fiscalía de Móstoles, que ya cuenta con los datos enviados por la universidad por si las presuntas irregularidades relativas al máster pudieran ser constitutivos de delito.

El Juzgado de lo Penal número 1 de Ourense ha condenado a María José Caldelas, la mujer del presidente de la Diputación y del PP orensano, Manuel Baltar, a un año de prisión, a una multa de cinco euros diarios durante doce meses y al pago de las costas procesales por dos delitos de falsedad en documento oficial durante la etapa en la que estuvo al frente de un pub en la ourensana Praza das Mercedes, ha informado Europa Press.

En concreto, el caso se refiere al pub que adquirió Caldelas en la céntrica Praza das Mercedes y que regentó entre 2008 y 2011. Los antiguos propietarios denunciaron que la exdiputada del PP falsificó sus firmas para obtener licencias municipales que le permitirían acometer la reforma de las instalaciones.

En relación a un documento presentado el 24 de marzo de 2009, la sentencia le impone seis meses de prisión y otros tantos de multa a razón de cinco euros diarios. En el caso de que no satisfaga la multa, quedará sujeta a una responsabilidad personal subsidiaria que le supondría un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas.

También la ha condenado por falsedad en documento oficial en relación a un segundo documento, presentado en el registro del Ayuntamiento de Ourense en fecha de 11 de abril de 2011. La pena es idéntica: seis meses de prisión y otros tantos de multa por importe de cinco euros al día, más la responsabilidad civil. La acusada deberá afrontar, asimismo, el pago de las costas procesales.

La sentencia se ha hecho pública este lunes 30 de octubre. La acusada podrá interponer un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Ourense en el plazo de diez días hábiles.

Reclamación de la acusación particular

La acusación particular reclamaba un año y nueve meses de prisión y una multa de nueve meses con una cuota de 20 euros diarios por cada uno de los dos delitos de falsedad documental de los que la consideraba responsable cuando se hizo cargo del pub Seven, entre 2008 y 2011.

La mujer de Baltar compró este negocio el 1 de octubre de 2008 a los anteriores propietarios y socios, Eduardo R.F y Carlos P.G. Medio mes más tarde, presentó en el Ayuntamiento la instancia de apertura y obra en el establecimiento. Sin embargo, a inicios de marzo de 2009 se denegó el cambio de titularidad.

El 24 de ese mismo mes se registró en el Ayuntamiento un documento para pedir la instalación de diez veladores en la Praza das Mercedes, figurando como solicitante el denunciante Carlos P.G.

El 11 de abril de 2011, el Registro del Ayuntamiento recibió otro documento, también firmado por el denunciante para pedir una prórroga y acondicionar el local para cambiar su categoría de café bar especial a café bar.

La denuncia se produjo a raíz de que Carlos P.G. negó haber firmado ninguno de los dos documentos y aseguró haberse enterado después de que se le embargara por el impago de los veladores que había solicitado.

La sentencia reconoce la "verosimilitud" de la declaración del denunciante, sin que en su testimonio se aprecien contradicciones esenciales ni resentimiento o venganza con la acusada.

Además, señala que la firma que aparece en el documento fechado en marzo "se asemeja, pero no coincide" con la del denunciante, mientras que la firma del documento de 2011 "no guarda ningún tipo de semejanza".

El que fuera el preso más antiguo de España, Miguel Montes Neiro, ha fallecido este fin de semana tras permanecer varios días ingresado en estado grave a causa de un cáncer de pulmón que le fue diagnosticado el pasado septiembre, según han confirmado a Europa Press fuentes de la familia.

Los hechos se precipitaron a mediados de septiembre, cuando Miguel, de 67 años, acudió al médico por fuertes dolores en la región lumbar, según relataba hace unos días a Europa Press una de sus hermanas, Encarnación Montes Neiro.

Le diagnosticaron un cáncer avanzado con metástasis por el que acabó ingresado en estado grave en un hospital de Granada donde le han estado administrando sedantes para calmar los fuertes dolores que padecía. Ha fallecido tan solo cinco años después de salir de prisión.

Montes Neiro abandonó el Centro Penitenciario de Albolote (Granada) a los 61 años el 15 de febrero de 2012 tras permanecer 36 años entre rejas.

Dejaba tras de sí un amplio historial delictivo que comienza en 1976, año en el que fue condenado por un delito de deserción militar, por negarse a hacer el servicio militar entonces obligatorio.

Durante el largo periodo que estuvo privado de libertad cumplió condena por delitos contra la salud pública, robo, quebrantamiento de condena, contra la seguridad del tráfico y falsificación de documento público, entre otros.

Tras una intensa campaña pública pidiendo su indulto, en la que incluso recibió el apoyo público de dirigentes de todos los partidos políticos, finalmente el último Consejo de Ministros del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se lo concedió de algunas de sus penas.

Posteriormente, la Audiencia Provincial de Málaga confirmó la resolución por la que se le abonaron un total de 124 días de prisión preventiva y se adelantó su puesta en libertad.

En febrero de 2013 volvió a ser detenido por su presunta vinculación con el robo de joyas valoradas en cuatro millones de euros en un centro comercial de Marbella (Málaga), aunque finalmente se retiró la acusación contra él en esta causa. Según avanza el diario Ideal falleció en la madrugada del sábado y ya ha sido incinerado en el Cementerio de San José de Granada.