El expresidente francés Nicolas Sarkozy entrará el próximo día 21 de octubre a la prisión parisiense de La Santé por la condena de 5 años de prisión dictada en su contra en septiembre pasado en relación a la financiación libia de su campaña presidencial de 2007, indicaron este lunes fuentes judiciales a varios medios franceses, tal y como recoge EFE.

Sarkozy, que se convertirá así en el primer exjefe de Estado francés en ir a prisión, ha comparecido este lunes ante la Fiscalía Nacional Financiera para conocer la fecha y el lugar de su encarcelamiento.

Su entrada en prisión se producirá el martes de la semana que viene debido a la orden de prisión emitida en su contra, pese a haber apelado la sentencia dictada en primera instancia por el Tribunal Correccional de París hace dieciocho días.

El político conservador, que ejerció de presidente de 2007 a 2012, fue condenado el 25 de septiembre por conspiración para delinquir al permitir que sus allegados solicitaran al régimen libio de Muamar el Gadafi financiación ilegal para la campaña presidencial que le abrió las puertas del Palacio del Elíseo.

El tribunal justificó esta medida en el caso de Sarkozy, de 70 años, por la "excepcional gravedad de los actos" cometidos por un líder político que entonces aspiraba al máximo cargo de la República francesa.

Una vez en prisión, sus abogados podrán presentar una solicitud de puesta en libertad ante el Tribunal de Apelación, que tendrá un plazo máximo de dos meses para resolverla, es decir, justo antes de las próximas navidades y le permitiría presentarse libre al juicio en apelación previsto, en principio, para el próximo marzo. En caso de ser rechazada, podrán formalizar otras.

Las únicas dos prisiones en la región de París que cuentan con espacios adaptados para presos que necesitan protección son La Santé en París y Fleury-Mérogis en Essonne, ya sea en los llamados "pabellones vulnerables" o en espacios de régimen de aislamiento, en el que, según medios franceses, debería estar Sarkozy.

El 17 de diciembre de 2013 Santiago Abascal registró Vox como formación política tras veinte años viviendo de la política acumulando cargos bajo las siglas del Partido Popular. Ese mismo mes cesó como director gerente de la Fundación para el Mecenazgo, una entidad pública dependiente del Gobierno autonómico de Madrid encabezado por Ignacio Gonzáez con un sueldo de 82.491 euros al año. Con anterioridad, ya había dirigido una entidad pública madrileña: la Agencia de Protección de Datos autonómica, bajo el gobierno de Esperanza Aguirre. Dos “chiringuitos”, según el propio Abascal, que no pudieron ser fiscalizados por la Cámara de Cuentas regional: lo impidió su opacidad y la "insuficiencia de datos".

Esa opacidad ha sido la tónica habitual en Vox desde su fundación hasta la fecha actual. La última noticia data, sin ir más lejos, de este lunes: la Fiscalía Anticorrupción ha abierto una investigación a la formación ultra por presunta financiación irregular a raíz de una denuncia que el PSOE presentó en diciembre al considerar que Vox utiliza métodos para captar fondos de manera opaca, además de fondos extranjeros de modo ilegal. El PSOE apuntó al préstamo del banco húngaro MBH Bank Nyrt, cuyo principal accionista es un fondo estatal húngaro próximo al primer ministro, Viktor Orbán, aliado clave de Abascal, y a las conocidas como "huchas".

Los socialistas incluyeron en su denuncia la existencia, al menos desde el año 2020 hasta la actualidad, de donaciones supuestamente ilegales camufladas con la fórmula del llamado pitufeo: ingresos en metálico de pequeñas cantidades a través de cajeros automáticos justificados como merchandising "con el objetivo de captar fondos en metálico de un modo absolutamente opaco". Como ha recordado el Tribunal de Cuentas (TCU) en diversos informes, 300 euros es la cifra que marca el "umbral de identificación obligatoria" de quien efectúa el ingreso. Una denuncia que ya formuló ante el TCU un partido pequeño y en la práctica ahora inactivo, Alianza Cívica, y que, sin embargo, la Fiscalía de Madrid archivó con rapidez aquel mismo verano.

En la denuncia también incluyen el préstamo de seis millones y medio de euros concedido por el banco propiedad de Lörinc Mészáros, amigo de infancia de Orbán. Los de Abascal reconocieron incluso haber recibido más dinero, en total, más de nueve millones de euros del MBH para financiar campañas electorales de las elecciones municipales y generales de 2023, bajo el pretexto de que las entidades bancarias españolas se niegan a prestarles dinero porque "no quieren financiarles". Para el PSOE el préstamo infringe la normativa que prohíbe a los partidos recibir financiación de organismos, entidades o empresas públicas extranjeras.

Para el portavoz de Vox, José Antonio Fúster, la investigación es una "persecución" orquestada por PP, PSOE y el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso "para callar" a su formación. Fúster ha insistido en que sus cuentas son "claras y transparentes" y que el dinero recaudado con la venta de merchandising es legal, ya que el artículo 2 de la Ley de Financiación de Partidos Políticos incluye entre las vías de ingresos los "beneficios procedentes de sus actividades promocionales". En cambio, no ha hecho referencia alguna al préstamo de la banca húngara.

La financiación de Vox lleva en entredicho desde sus orígenes. La formación ultraderechista se fundó con un millón de euros procedentes del exilio iraní gracias a los vínculos con la organización de uno de los fundadores de Vox, Alejo Vidal-Quadras, entonces eurodiputado del PP. El dinero de las transferencias internacionales de los seguidores del denominado Consejo Nacional de la Resistencia de Irán (CNRI) —colectivo que tiene sus orígenes en una organización que la UE incluyó en su momento en la lista de grupos terroristas—, acabó en una caja común que sirvió para abonar salarios, fianzas y alquileres desde la puesta en marcha del partido de Abascal. De esta forma, el exilio iraní no financió solo la campaña electoral europea de Vox de 2014, sino que costeó también los gastos del día a día de este partido.

En concreto, solo entre diciembre de 2013 y abril de 2014 entraron en la cuenta de Vox más de un centenar de transferencias procedentes de un millar de militantes del CNRI, colectivo que tiene sus orígenes en una organización que tanto la Unión Europea como Estados Unidos incluyeron en su momento en la lista de grupos terroristas. Sin embargo, la utilización de recaudadores durante el proceso impide conocer la identidad de todos los donantes reales. El donativo mínimo fue de 60 euros, mientras que el máximo ascendió a 35.560 euros. En total, las aportaciones de los militantes del CNRI reportaron a Vox durante sus primeros meses de vida 971.980 euros que se utilizaron para, entre otras cuestiones, la fianza y el alquiler de su antigua sede, los equipos informáticos y los salarios de la plantilla incluido el sueldo del líder y fundador de la formación.

 El Tribunal de Cuentas desmintió haber fiscalizado y declarado "legales" las donaciones recibidas por la oposición iraní, como así defendieron varios portavoces de Vox. Fuentes de la institución explicaron en su día a este diario que, según el artículo 133.1 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, sólo tienen obligación de presentar la contabilidad electoral ante el órgano las formaciones que hubieran alcanzado los requisitos establecidos para recibir subvenciones electorales o que hubieran solicitado adelantos con cargo a las mismas. Con la normativa sobre la mesa, añadieron que en los comicios europeos de 2014 la formación "no obtuvo representación alguna y, por tanto, no estaba obligada a la presentación de la correspondiente contabilidad electoral para su fiscalización".

Años después, cuando la formación de Abascal irrumpió en la escena política española en 2019, Vox se mudó a otra sede ubicada en el distrito madrileño de Chamberí. Y, de nuevo, surgieron incógnitas que el partido político nunca aclaró. El local, de 387 metros cuadrados y sito en la calle Nicasio Gallego, era propiedad de la empresa inmobiliaria Covarest SL, directamente vinculada al entonces vicepresidente de Vox, Víctor Guido  González Coello de Portugal. Sin embargo, esta sociedad era a su vez propiedad en un 99,97% de Fincora Group Sárl, una firma afincada en Luxemburgo, tal y como publicó infoLibre. Tanto el partido de extrema derecha como su vicepresidente primero rechazaron aclarar los motivos de una operación que implicó, en la práctica, el trasvase de fondos fuera de las fronteras españolas.

La opacidad ha sido la seña de identidad de Vox hasta el punto de que ninguno de los 52 diputados que terminaron la anterior legislatura —tampoco Abascal— declararon qué ingresos tuvieron en los cinco años previos al inicio del mandato, un caso de infracción flagrante a la doctrina de transparencia aprobada por el Congreso y el Senado. Pudieron hacerlo porque ni el Reglamento interno ni el Código de Conducta bicameral –aprobado en octubre de 2020 por todos los grupos salvo Vox– contienen medidas reales de sanción a los infractores. Es decir, que cada parlamentario se negó a decir a qué se dedicó profesionalmente antes de sentarse en el escaño y cuánto cobró al margen de su nómina como diputado o senador.

La fórmula a la que se acogieron todos ellos para no dar esa información fue la siguiente: "Ninguna de las actividades desarrolladas por mí durante los cinco años anteriores a la obtención del mandato parlamentario podrá condicionar mi actividad política en tanto en cuanto esta se desarrollará siempre al servicio del interés superior de España y de los españoles con lealtad a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico vigente tal y como juré en la sesión constitutiva del Congreso de los Diputados". Vox no dio explicaciones de por qué mantuvo en secreto la trayectoria profesional de sus representantes públicos.

A todo ello se le suma que Macarena Olona, exportavoz adjunta en el Congreso y candidata a la Junta de Andalucía en 2022, dio detalles en su último libro y reveló en entrevistas los desvíos de dinero del partido a través de la fundación Disenso que preside Abascal. Al salir de la formación ultraderechista puso nombres y apellidos a los "beneficiarios" con dinero público "desde Vox a todo un entramado societario". "El patriotismo es un negocio muy lucrativo", dijo. Según pudo acreditar infoLibre, desde la constitución de Disenso en julio de 2020 hasta enero de 2023, la fundación recibió nada menos que 4,87 millones de euros.

Vox financió las campañas de las elecciones generales y municipales del año pasado con sendos créditos por un importe total de 9,2 millones concedidos por el banco húngaro Magyar Bankholding (MBH), el segundo del país.

Fuentes del partido de Santiago Abascal han confirmado este lunes que recurrieron al MBH, banco que el periódico El Confidencial relaciona en una información publicada hoy con el primer ministro húngaro, el ultraderchista Viktor Orban.

Desde el entorno de Abascal, justifican estas operaciones de crédito en la negativa de las entidades bancarias españolas a financiarles, a diferencia del PSOE y el PP y a pesar de ser el tercer partido del país.

El informe de gestión de Vox correspondiente al ejercicio de 2023 revelaba que adeudaba a los bancos 9.229.444 euros, correspondientes a créditos pedidos para hacer frente a las elecciones generales y municipales.

Para las generales, solicitó un crédito de 6,5 millones, mientras que el importe del crédito para las municipales ascendió a 2,6 millones.

Unos préstamos "absolutamente legales", que ya fueron devueltos por Vox y que fueron comunicados debidamente al Tribunal de Cuentas, han asegurado las fuentes, que han recalcado que, si volviera a ser necesario, recurrirán de nuevo a bancos extranjeros para financiarse.

"Lo hemos hecho y lo volveremos a hacerlo si hace falta", han afirmado las fuentes, que han restado así importancia a los préstamos concedidos por el banco húngaro.

Tras confirmar fuentes de Vox el préstamo, la portavoz en el Congreso, Pepa Millán, ha aludido también a la imposibilidad de conseguir esa financiación en España y al retraso "deliberado o no" de la administración general al costear los gastos electorales como motivos para acudir a la entidad húngara.

"Yo no sé si ese banco es cercano a Orban o no, yo sé que es un banco húngaro", ha señalado además Millán, preguntada por los periodistas en los pasillos del Congreso.

Por otra parte, en Vox no hay preocupación por las insinuaciones del eurodiputado de Se Acabó La Fiesta, Alvise Pérez, sobre que Santiago Abascal también cobró de la empresa Madeira Invest.

Según la Fiscalía General del Estado, esta plataforma de inversión pagó 100.000 euros a Alvise para que la promocionara en actos públicos, un pago que el eurodiputado ha admitido no comunicó a Hacienda.

En declaraciones a los periodistas en el Congreso tras reunirse con el dirigente opositor venezolano Edmundo González, el líder de Vox ha confirmado este lunes que ha presentado la querella anunciada contra Alvise.

Abascal ha expresado, no obstante, su respeto por las 800.000 personas que le votaron en las elecciones europeas y que "hartas de la corrupción" han pensado que "no tenían que confiar en otras fuerzas políticas".

Fuentes de Vox creen, no obstante, que a Alvise le "pasará factura" el fraude fiscal, ya que no solo le hace daño a él personalmente sino también a quienes le han votado como "última esperanza".

"Soy culpable". Es el título del vídeo que el líder y eurodiputado de Se Acabó La Fiesta (SALF), Alvise Pérez, publicaba este jueves en su canal de Telegram en el que reconocía que recibió 100.000 euros del responsable de la empresa de inversión Madeira Invest, Álvaro Romillo. "Soy culpable como autónomo que ha cobrado en efectivo un trabajo del que luego el Estado me saquea más de la mitad. Soy culpable de ejercer legitima defensa del terrorismo fiscal que practica el Estado", alega, tratando de sortear la acusación de financiación ilegal de partidos para convertirlo en una 'simple' irregularidad fiscal.

Una versión en la que se desmiente a sí mismo. Según los audios aportados por el empresario junto a la denuncia a la Fiscalía General del Estado, el dirigente ultra se puso en contacto con Romillo y le trasladó sus "necesidades", entre las que se encontraban "fondos que no requieran ser controlados por el Tribunal de Cuentas" o "fondos para el partido". "En cash es irrastreable, sí", llega a decir en algún momento el eurodiputado, para quien el empresario crea los monederos de criptomonedas que el agitador publica en su canal de Telegram para recaudar fondos.

Una "colaboración" que Alvise promete a Romillo llevar hasta el corazón de la Unión Europea: "Las encuestas me dan hasta dos eurodiputados. Si logro entrar, podríamos organizar charlas en el Parlamento Europeo para hacer lobby masivo sobre la escripto divisas [sic] y la independencia fiscal", señala. El líder de SALF no se queda ahí sino que va más allá y se compromete con Romillo a impulsar leyes en España a favor del negocio de Madeira Invest Club cuando sea "llave de Gobierno con Feijóo y Abascal", en un hipotético escenario de elecciones generales.

La documentación en poder del Ministerio Público recopila meses de conversaciones a través de canales de mensajería entre Pérez y Romillo, y audios y podría acarrear al eurodiputado una multa de hasta medio millón de euros por financiación ilegal. Un delito que viene recogido en el artículo 304 del Código Penal, que castiga con multas o penas de prisión –en función de la gravedad– a quienes reciban "donaciones o aportaciones" destinadas a una agrupación de electores infringiendo el artículo 5.1 de la Ley de Financiación de Partidos Políticos, que prohíbe "aceptar o recibir directa o indirectamente" donaciones anónimas, de más de 50.000 euros procedentes de una misma persona o que vengan de personas jurídicas o entes sin entidad jurídica.

Alvise, sin embargo, asegura en el vídeo difundido en Telegram que se librará "como siempre", porque "detrás de las calumnias y los mensajes entrecortados no hay nada más que una complementaria de Hacienda" e insiste en que ese dinero lo cobró a cambio de un trabajo, que no especifica aunque él mismo le confiesa que lo va a utilizar para su campaña electoral. "Me posibilitas una parte urgente de la campaña", aseguró cuando supo que iba a recibir el dinero. Pero más allá de las implicaciones a nivel judicial que tenga para el líder de SALF este caso, ¿le puede perjudicar políticamente o incluso reforzar dentro de su comunidad? infoLibre lo aborda de la mano de la periodista y politóloga Laura Teruel y del sociólogo Iago Moreno.

Ambos expertos creen que este caso concreto no afectará políticamente a líder de SALF. "Alvise tiene un votante rocoso, una base muy concreta con un 2-3% de suelo electoral que resiste a cambiar de tendencia", explica Moreno, especialista en extrema derecha y fenómenos digitales. "El discurso de Se Acabó La Fiesta nunca se construyó a través de hechos y verdades, sino que nace de las mentiras y es muy difícil que sea la verdad la que lo desmonte", reflexiona. Moreno destaca que Alvise siempre ha llevado la conspiración por bandera y que sus actividades, antes siquiera de dedicarse a la política activa, "siempre han estado plagadas de irregularidades", señala en referencia a la publicación de documentos policiales filtrados, fotografías que corresponden a la esfera familiar de cargos públicos de izquierda o la difusión de pruebas falsas de fraude: "No me parece que sea coherente el argumento de quienes dicen que, con esto, se ha acabado Alvise".

Coincide con él Teruel, profesora titular de la Universidad de Málaga. "Los votantes de Alvise son, mayoritariamente, personas descontentas con la clase política y con orígenes de clase distintos. Alvise es hábil explotando ese hartazgo y construyendo un relato que le beneficie aunque sea a base de mentiras”, expone la periodista. Así, considera que, al admitir lo que ha hecho ante sus seguidores, el agitador y difusor de bulos les está haciendo partícipes para tratar de convencerles de que su lucha contra la "mafia" de Hacienda es también la de ellos. Además, también considera que el sesgo de confirmación de su comunidad se ve reforzado porque "el que le vota no suele informarse por medios, de los que desconfía, sino por redes".

Un vistazo a su canal de Telegram muestra cómo cada día sirve a sus seguidores un menú compuesto casi exclusivamente por bulos bajo el epígrafe 'Las noticias de verdad', en las que, además, se refiere a sí mismo en tercera persona. Tras aparecer las primeras informaciones sobre la donación de cien mil euros, el líder de SALF atribuyó esa denuncia a un movimiento del Gobierno para desviar el foco mediático. "Fuentes judiciales sospechan de un acuerdo entre Cryptospain y el Fiscal del Gobierno para generar escándalos contra la oposición en pleno proceso judicial del hermano y esposa de Pedro Sánchez", escribió la mañana del jueves. Horas más tarde publicó el vídeo en el que se confesó "culpable" de haber recibido ese dinero.

El agitador se sirve también de recurrente argumentario en el que los jueces y los medios conforman un "sistema criminal" que solo sirve para perpetuar la corrupción robando recursos a los ciudadanos que tienen que pedir "créditos al consumo" para lograr sobrevivir cada mes. Denunciar ese conglomerado delincuencial es el principal objetivo de este exasesor de Ciudadanos que, previamente, pasó por el desaparecido UPyD. Pero lo quiere denunciar a su modo, con palabras gruesas, insultos y datos no contrastados y a menudo falsos. Por eso, uno de sus objetivos declarados para concurrir a las europeas era obtener su aforamiento ante el Tribunal Supremo. "Y sus seguidores le votaron por eso", señala Teruel.

La piedra angular del discurso de Alvise es el rechazo a los impuestos. El agitador ha identificado que en su electorado cala a fondo el llamado "populismo fiscal" tras años de martilleo —por parte del Partido Popular y Vox—contra el supuesto "atraco" de un gobierno que "se forra" gracias a la recaudación. La siembra de ese discurso florece ya en una pérdida en el campo de la derecha de confianza en la utilidad de los impuestos y de compromiso fiscal con los servicios públicos. No es la primera vez que el agitador alude a los impuestos como un "robo" porque "acaban en los bolsillos de los políticos" pese a que los datos muestran que las principales partidas son pensiones, sanidad, educación y dependencia.

Moreno recuerda que Alvise siempre ha tenido "una sinergia con el discurso libertario" como se puede comprobar con su relación con algunos youtubers que "promueven abiertamente la evasión fiscal" y considera que la justificación que ha dado "concuerda" con lo que ha defendido en el pasado. "Esto no le da descrédito ante sus seguidores. Bajo esa lógica, para sus seguidores no es grave que cometa una irregularidad porque está siendo consecuente", señala.

"Es llamativo que algunas de las personas que más necesitan el Estado del Bienestar le estén comprando el discurso. Alvise utiliza algunas de las deficiencias del sistema para cargar contra todo el sistema y obvia las implicaciones que tendría para la gente una privatización total. El problema de fondo es que los impuestos cada vez están más demonizados por la derecha y mientras la izquierda no sea valiente ese discurso va a calar entre una parte del electorado", reflexiona Teruel.

El hecho de que a Alvise pueda no pasarle factura el hecho de haber recibido donaciones presuntamente ilegales no significa que no haya determinadas cuestiones que sí le puedan hacer daño. De hecho, el sociólogo tiene claro que no está sabiendo" estar a la altura de esa performance del Joker que prometía como agenda de este curso": "Ni el Parlamento Europeo tiene la influencia sobre la agenda política española que él venía anunciando ni es un buen podio para atraer la atención mediática, como también han podido comprobar Irene Montero o Herman Tertsch", analiza. Además, cree que Alvise "no ha sido capaz de cumplir" con sus principales promesas. "Dijo que iba a revelar unos audios con enormes consecuencias para la política española y no ha pasado. Hizo el sorteo, pero pasó sin pena ni gloria. Ha tenido muchos cambios de posición porque intenta abarcar mucho y no llega".

Tanto él como Teruel coinciden en que el alcance de SALF, en caso de presentarse a unas eventuales generales, será limitado. La periodista está convencida de que nunca logrará la estructura territorial para asentarse políticamente y el sociólogo cree que, como mucho, podría obtener un o dos escaños en las generales. Con todo, advierten de que no hay que desdeñar este tipo de fenómenos políticos, tanto por los motivos por los que llegan a tener una bolsa de votantes considerable, como por el 'efecto eco' que pueden tener en sus otros competidores de la derecha, PP y Vox. "La política son ciclos, es como una partida de ajedrez y ahora le toca mover al resto de la derecha para ver si es capaz de dejarlo por tierra o todo lo contrario", zanja el sociólogo.

La Fundación Concordia y Libertad (FCL), dependiente del Partido Popular desde el año 2017, consumió entre los años 2018 y 2019, los últimos auditados por el Tribunal de Cuentas, más de la mitad del dinero que las administraciones públicas dedicaron a subvencionar las actividades de las entidades que dependen de los partidos políticos. Fundaciones y asociaciones partidarias se han convertido en una herramienta eficaz para las formaciones políticas a la hora de sortear los límites legales de gasto y los requisitos de financiación que el Congreso y el Senado han ido aprobando a lo largo de los años para tratar de limitar la corrupción.

Los datos incluidos por el Tribunal de Cuentas en su último informe sobre las fundaciones y asociaciones que dependen de partidos políticos, correspondiente a los años de 2018 y 2019, son elocuentes. En el primero de esos dos ejercicios, la Fundación Concordia y Libertad consiguió nutrir sus arcas con 1,9 millones de euros, el 60,5% de todo lo que las administraciones públicas —incluyendo comunidades autónomas y ayuntamientos— dedicaron a estas entidades. 

Este porcentaje descendió un poco en 2019, pero siguió siendo desproporcionado. Ese año la fundación del PP ingresó 1,5 millones de los 3,1 que el total de las administraciones destinaron a financiar actividades de organizaciones dependientes de los partidos. Eso significa que la entidad presidida por el diputado conservador Adolfo Suárez Illana se quedó con uno de cada dos euros del total que las instituciones dedicaron a este fin.

Por si esto fuera poco, la FCL no fue la única del PP que recibió dinero público esos años. Su Fundación Popular de Estudios Vascos obtuvo 170.000 euros en 2018 y 105.000 en 2019. 

Informes anteriores del Tribunal de Cuentas ya habían reflejado la abultada dependencia de la Fundación Concordia y Libertad del dinero público. En 2017, el año en el que la entidad abandonó su antiguo nombre —Fundación Humanismo y Democracia— y pasó a depender formalmente del PP, recibió aún más dinero: 2.057.431,01 euros. Si sumamos los últimos ejercicios auditados por el organismo fiscalizador, la fundación del PP ingresó del erario público entre 2017 y 2019, apenas en tres años, la abultada cifra de 5.597.042,17 euros.

En 2017, con Mariano Rajoy todavía al frente del Gobierno, hasta tres ministerios regaron generosamente las cuentas de la fundación. Sobre todo Exteriores, que le dio 1,06 millones. Pero también Educación (371.052 euros) y Sanidad (65.400). La mayor parte del dinero público le llegó de administraciones del PP (la Comunidad de Madrid, la Junta de Castilla y León, la Xunta de Galicia, el Gobierno de al Rioja y los ayuntamientos de Madrid, y de Ayuntamiento de Murcia) pero también de algunas instituciones gobernadas entonces por la izquierda, como el Ayuntamiento de Madrid o la Junta de Extremadura.

Un año después —en pleno tránsito del último Gobierno de Rajoy al primero de Pedro Sánchez— la mayor parte del dinero siguió llegando del Ministerio de Exteriores (1,4 millones). El resto se lo dieron exclusivamente administraciones del PP: Comunidad de Madrid (112.381,49 euros), Ayuntamiento de Madrid (171.065,73), Junta de Castilla y León (124.374,59), Ayuntamiento de Murcia (6.728,30) y Región de Murcia (24.092,69).

La información publicada por el Tribunal de Cuentas revela que las cosas apenas cambiaron en 2019. En ese ejercicio, Exteriores redujo su subvención a 1,1 millones, pero a la Comunidad de Madrid (46.886,54 euros), Ayuntamiento de Madrid (91.289,73), Junta de Castilla y León (62.583,74) y la Región de Murcia (900) se sumaron las generosas aportaciones del Gobierno de La Rioja (94.373,22) y de la Xunta de Galicia (70.956,85).

Para entender la desproporción de las subvenciones públicas que recibe la fundación del PP basta con compararlas con lo que obtienen las entidades que dependen de otros partidos. La segunda que más dinero público recibió en 2019 fue la Fundación Sabino Arana (PNV), pero fueron 398.588,88, casi la cuarta parte. En este caso, el origen del dinero está en los ministerios de Educación y Exteriores, pero sobre todo en el Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Bizkaia, las principales instituciones gobernadas por el PNV.

La lista elaborada por el Tribunal de Cuentas sitúa en tercer lugar a la Fundación Pablo Iglesias (PSOE), que obtuvo 328.228,73 euros en 2019 procedentes de los ministerios de Cultura, Exteriores, Trabajo y Defensa, que entonces ya estaban en manos de ministros socialistas. Muy por detrás se situaron en 2019 la Fundación por la Europa de los Ciudadanos (Cs), con 198.103,03 euros, la Fundación Galiza Sempre (BNG), que obtuvo 83.870,00 euros, la Fundación Irartzar (Sortu) con 64.050,72 y la Fundación Instituto 25 de Mayo para la Democracia (Podemos), que recibió 62.950,16 euros.

Lo abultado del dinero público que obtiene no es el único rasgo que distingue a la fundación del PP. También es la que más depende del dinero de la administración en proporción a las donaciones y aportaciones privadas que recibe: los datos de 2019 revelan que ingresó 90 veces más del sector público que del privado, algo que no sucede era las entidades de los demás partidos.

La Fundación Concordia y Libertad sustituyó en 2017 a FAES como la entidad de referencia del PP después de que el presidente de esta última, José María Aznar, decidiese romper con Génova después de 25 años de colaboración. En los tiempos de sintonía entre el partido y FAES, la fundación de Aznar era clave como laboratorio de ideas, como forma de aportar contenido a las iniciativas políticas y a los programas electorales. 

En su condición de fundación vinculada a un partido político, optó a las subvenciones de diferentes organismos de la Administración, aunque se movía en cifras muy por debajo de las que consiguió su sucesora. En 2016, siempre según el Tribunal de Cuentas, era la fundación que más dinero público recibía (966.765 euros).

Concordia y Libertad fue siempre una pieza esencial de la estrategia de Pablo Casado como líder de la oposición. La fundación organizó y financió numerosos actos concebidos para impulsar su liderazgo y generar actividad política en la que el líder del partido pudiese lanzar sus mensajes. 

Las fotos de Casado con el presidente de la fundación, Adolfo Suárez Illana, al que él mismo fichó como número dos por Madrid y al que acabó situando en un puesto sin relevancia política en la Mesa del Congreso, eran muy frecuentes. Sin embargo, Alberto Núñez Feijóo le ha ignorado por completo. Desde que el expresidente de la Xunta se hizo con las riendas del partido en la calle Génova —donde está también la sede de la fundación— no ha desarrollado actividad alguna con Concordia y Libertad.

Precisamente Suárez Illana ha anunciado recientemente su decisión de abandonar su escaño en el Congreso, así como la presidencia de la fundación. La excusa, el deber de “retomar ya las obligaciones profesionales y familiares que, en su momento, entendí debía aparcar de forma temporal”.

El Tribunal de Cuentas lleva intentándolo años. Y el ritual se repetirá este martes: con toda probabilidad el Congreso y el Senado, reunidos en comisión mixta, aprobarán una moción del organismo fiscalizador pidiendo una reforma legal para mejorar el control del dinero que utilizan los partidos políticos, pero todo apunta a que esa demanda de cambios seguirá enterrada en un cajón. Una reforma que sigue sin estar en el horizonte del legislativo ni entre las prioridades de las formaciones políticas, por lo que España volverá a celebrar en 2023 elecciones municipales, autonómicas y generales sin atender los mínimos de transparencia que exige el Tribunal de Cuentas.

La propuesta —Moción relativa a la financiación, la actividad económico-financiera y el control de las formaciones políticas y de las fundaciones y demás entidades vinculadas o dependientes de ellas— se vota este martes, pero se remonta al mes de julio de 2021. Fue reiterada el pasado mes de enero citando expresamente todo lo que tiene que ver con la reforma de la Ley sobre Financiación de los Partidos Políticos. 

El Tribunal de Cuentas quiere que las Cortes cambien determinados aspectos de la financiación tanto pública como privada de los partidos, así como la forma en que están reguladas los gastos electorales y varios aspectos de la gestión y el control de la actividad económicas de las formaciones políticas y de las fundaciones asociadas a ellas.

En el ámbito del dinero privado que llega a los partidos, el organismos fiscalizador propone varias medidas. En primer lugar y con el fin de mejorar “la trazabilidad de las operaciones”, pide que se uniformicen los requisitos exigibles para la percepción de recursos privados para la financiación electoral y para la actividad ordinaria con el fin de que los partidos no puedan eludir los límites establecidos era periodo electoral desviando el dinero a través de sus cuentas del día a día.

Todos los fondos privados que reciben los partidos en periodo electoral (desde la convocatoria hasta la fecha de la votación) debería entenderse que tienen por objeto la financiación electoral y someterse, por tanto, al control establecido por la Ley Electoral, lo que significa que tendrían que abonarse en las cuentas bancarias abiertas al efecto, según Cuentas. Del mismo modo, para “evitar disfunciones y posibles incongruencias”, el Tribunal pide al Congreso y al Senado que armonicen la Ley Electoral y la de Financiación de los Partidos “en relación con la prohibición de aceptar donaciones provenientes de personas jurídicas, así como en lo que se refiere a la asunción por terceros de gastos de la campaña electoral de las formaciones políticas”.

Los encargados de controlar el gasto de los partidos echan en falta “mayor claridad” a la hora de determinar qué son “donaciones y aportaciones” a fin de evitar “dudas interpretativas”. Lo mismo sucede en relación con las fundaciones y asociaciones vinculadas a los partidos políticos.

Para “mejorar la trazabilidad del origen y destino de la financiación privada”, el Tribunal propone “limitar lo más posible en la normativa reguladora de los partidos políticos los supuestos en los que puedan realizarse ingresos en efectivo, debiendo justificarse documentalmente el origen de los fondos ingresados”.

“Sería conveniente”, añade la moción que debatirán hoy conjuntamente el Congreso y el Senado, “el establecimiento de la obligatoriedad legal de la remisión de una declaración jurada, por parte del donante, de no ser parte de un contrato vigente con el sector público” en el caso de donaciones superiores a 25.000 euros.

El pleno de Tribunal considera conveniente regular “los mecanismos a través de los cuáles deben identificarse quienes realicen donaciones y microcréditos online a los partidos políticos, estableciendo exigencias que permitan llevar a cabo una verificación clara y segura de la misma, utilizando fórmulas tales como el certificado electrónico”. 

Los tiempos cambian y los mecanismos de financiación también. Por eso la moción pide “regular las nuevas fórmulas de financiación de las formaciones políticas a través de operaciones de endeudamiento por concesión de microcréditos, estableciendo, al menos, las siguientes condiciones esenciales: una cuantía máxima por prestamista que no exceda del límite máximo previsto, en cada caso, para las donaciones o aportaciones privadas; el tipo de interés aplicable y las condiciones y plazos de devolución; así como que los mismos sean ingresados en las cuentas bancarias que se establezcan al efecto. Asimismo, debería incluirse la prohibición de conceder microcréditos por parte de personas jurídicas y entes sin personalidad jurídica”.

Si quienes conceden los microcréditos renuncian a la devolución, deben hacerlo constar por escrito, para que se consideren “una donación a todos los efectos”.

De las dificultades que tiene el Tribunal para controlar el dinero de los partidos da una idea que entre sus demandas esté regular condiciones básicas de sus mecanismos de recaudación, porque no existen “respecto de algunos de ellos, tales como los derivados de actos promocionales y de la venta de merchandising así como de participaciones de lotería o rifas”

La moción propone tomar cartas en el asunto de las donaciones aprobadas que llegan los partidos a través de sus fundaciones. Por eso pide que tengan los mismo requisitos y que para recibir dinero público se les exija la inscripción en el registro de partidos políticos. De igual modo, asegura la moción, sería necesario cambiar la normativa para que la actividad de las fundaciones “se limite a la mera tenencia de bienes inmuebles o, en general, a la obtención de recursos, que se pongan a disposición de los partidos políticos a los que estén vinculadas o de las que sean dependientes”.

Las propuestas de Cuentas no se quedan ahí. También plantean que, “en el actual contexto social y político”, se reconsidere la conveniencia material y económica de mantener la subvención estatal para sufragar los gastos de seguridad en que incurran los partidos políticos para desarrollar su actividad política e institucional. Esta medida se adoptó para ayudar a las formaciones políticas a costear los gastos derivados de la amenaza terrorista de ETA, pero se ha convertido en una fuente alternativa de financiación pública, especialmente ahora que este grupo ya no existe. 

Por lo que se refiere a los gastos electorales, el Tribunal asegura que deberían especificarse y delimitarse, en mayor medida, las categorías de lo que se entiende por tales. “Convendría, asimismo, precisar el ámbito temporal en el que se puede llevar a cabo cada uno de aquellos, especificando, al menos, los gastos que pueden tener lugar en la llamada “precampaña electoral” (entre la convocatoria de las elecciones y el inicio de la campaña electoral) y los que, con carácter excepcional, se puedan realizar con posterioridad a la finalización de la campaña”.

La moción también pide al Congreso y al Senado que evalúe la eficiencia material y económica de los envíos directos y personales a los electores de sobres y papeletas o de propaganda electoral de forma generalizada, tal y como se realizan en la actualidad, teniendo en cuenta la disponibilidad de los mismos en las mesas electorales. Y sugiere la posibilidad de diseñar e implantar un nuevo procedimiento acorde con el actual desarrollo de los medios y técnicas de información, que ofrezca las necesarias garantías en su ejecución, que contribuya en mayor medida a la sostenibilidad medioambiental y que permita reducir sus costes y, en consecuencia, los fondos públicos destinados a su financiación.

Por esa motivo, sostiene el Tribunal de Cuentas, debería redefinirse el concepto de envío subvencionable para que pueda encuadrarse en la descripción del “envío direccionado que se recoge en la normativa que regula la prestación de los servicios postales”. De esta forma se facilitaría la verificación de la ejecución efectiva y diferenciada de los envíos personales y directos y se evitarían las unidades facturadas en exceso para los distintos conceptos que conforman el mailing electoral.

Asimismo, defienden, es necesario “armonizar“ la normativa electoral estatal y autonómica en relación con la subvención por gastos de envío de sobres y papeletas y de propaganda electoral, y ajustar su importe por elector al coste efectivo de la actividad del mailing electoral, consiguiendo con ello una mayor homogeneidad en su regulación y un tratamiento más equitativo de todas las formaciones, especialmente en los supuestos de concurrencia de varios procesos electorales, y una mayor eficacia del control.

Entre las normas que el Tribunal quiere cambiar está la falta de correspondencia entre el límite máximo de gastos electorales y el importe de las subvenciones a percibir. Esto, aseguran, tiene especiales consecuencias en las elecciones locales, porque para las formaciones de reducida implantación “el límite máximo de gasto aplicable resulta manifiestamente insuficiente para el desarrollo de una campaña electoral”.

“Convendría vincular el límite máximo de gastos electorales con el número de electores, colectivo al que se dirige la actividad electoral de las formaciones políticas, más que con el número de habitantes correspondientes a las poblaciones de derecho de las circunscripciones donde presente su candidatura cada formación política”, sugiere la moción.

El Tribunal también pido una actualización de la normativa en materia de publicidad. “Sería oportuno evaluar la necesidad de adecuar los límites de gastos en publicidad exterior y de publicidad en prensa y radio de titularidad privada a los nuevos soportes de publicidad existentes como consecuencia de la introducción de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, entre los que cabe señalar la publicidad en prensa digital y los anuncios y otros usos en internet, precisándose la naturaleza de los gastos a tener en cuenta a efectos de su consideración para la comprobación de la limitación legal establecida”.

La moción también incluye drásticas propuestas para tratar de atajar la deuda de los partidos. En este sentido propone que “las formaciones políticas que presenten durante dos o más ejercicios económicos una situación patrimonial negativa deberían ajustar sus actividades económicas con objeto de alcanzar el necesario reequilibrio patrimonial y elaborar un plan de saneamiento, habida cuenta de que los ingresos públicos representan la mayor parte de los ingresos registrados. Ello con el fin de prevenir casos en los que la caída de estos por la pérdida de representación institucional y la elevada deuda financiera puedan llevar a la insolvencia del partido político y que este se encuentre en la necesidad de solicitar la declaración de un concurso de acreedores”.

“Coherencia interna de la contabilidad rendida: NO”. Insertada en el informe que sobre las elecciones autonómicas de mayo aprobó el jueves la Cámara de Cuentas de Madrid [puedes consultarlo pinchando aquí], esa escueta nota consagra y resume lo que el organismo fiscalizador ha detectado en Vox, uno de los seis partidos que cuando se celebraron los comicios tenían diputados en esa comunidad. Las cuentas electorales de la formación ultraderechista que a escala regional comanda Rocío Monasterio no cuadran.

Aunque menores en lo que respecta a las cuantías, el examen ha localizado “inconsistencias internas” que abren interrogantes. Porque, según fuentes conocedoras de la materia, la clave reside en la propia discordancia y no en la diferencia de importes que señalan distintos documentos de su contabilidad aportados por Vox en aplicación de la ley. En las anteriores autonómicas, las de 2019, la Cámara no halló ninguna anomalía. En estas, el único gasto legalmente prohibido al que se refiere el informe es uno de Vox, también de cuantía muy reducida: 325 euros por la emisión de cuñas de radio previa al inicio oficial de la campaña.

El apartado del informe donde se analizan las "inconsistencias internas" de Vox desgrana los casos a que se refieren. Un ejemplo: “La cuenta de acreedores varios en Balance presenta un saldo de 672,72 euros, y en el Libro Mayor presenta un saldo de 29.372,40 euros”. Es decir, la cifra de lo adeudado por Vox a distintos acreedores por sus actividades en la campaña autonómica de Madrid se balancea en 28.699,68 euros, según el papel que se consulte.

Otro ejemplo:  la llamada cuenta de cuentas corrientes no bancarias del balance “presenta un saldo de 1.813.000 euros”, mientras que el desglose de Aportaciones del partido “muestra un total de 1.824.306 euros”. Y esa diferencia se desglosa a su vez en dos partidas que la Cámara de Cuentas detalla así: “En el extracto bancario no se registra un importe de 1.000 €, correspondiente a 2 ingresos de 500€ en concepto de “Recarga Pidal Reg. 5414-9614”, que sí se incluyen en la cuenta 580 de Tesorería, así como en la cuenta 554 de Cuentas corrientes no bancarias y en el Balance”. A renglón seguido, el informe añade lo siguiente: “Aunque en alegaciones se afirma que el origen de estos movimientos en contabilidad que no tienen reflejo en el extracto bancario se encuentra en la recarga de una tarjeta virtual, realizada erróneamente por el Banco desde una cuenta corriente no electoral, lo cierto es que no se ha acreditado documentalmente la recarga en la cuenta no electoral de titularidad del Partido, lo que hubiera fundamentado su consideración como aportación del mismo”.

Otro importe, de 12.306 €, registrado en el extracto bancario sin que conste su procedencia, ausente en la cifra de Balance y en la cuenta contable 554, de Cuenta corriente electoral, sí está presente en la cuenta 580 de Tesorería, como “devolución pago anticipo”, y declarado como aportación del partido en un desglose de aportaciones facilitado al margen de la propia contabilidad” .

El informe detalla que los "gastos electorales ordinarios justificados" ascienden a 1.339.171,65 euros. "Se financiarán con la correspondiente subvención de la Comunidad de Madrid, por importe de 596.492,37 €, con las donaciones privadas por importe de 20.000 €, y el resto, 722.679,20 € con las aportaciones del Partido". Los gastos por envío de propaganda electoral –474.184,49 euros–, se financian "en su totalidad con la subvención" específica para esa tarea.

Este martes, infoLibre pidió a los portavoces de Vox Madrid su versión sobre lo sucedido y sobre el porqué de las "inconsistencias internas". No hubo respuesta.

El dictamen de la Cámara de Cuentas madrileña no exige explicaciones adicionales por parte de Vox. Pero el partido de Santiago Abascal tal vez deba ofrecer nuevos datos si prospera en el Congreso una iniciativa registrada por el PSOE el 8 de septiembre aunque salió a la luz la semana pasada: la que propone que se encomiende al Tribunal de Cuentas “una fiscalización de la contabilidad” de Vox en 2018 y 2019, “con especial atención a los hechos recogidos en la petición remitida al tribunal en julio de 2020 por la Fiscalía de Valencia”.

La petición mencionada por los socialistas fue la que el ministerio público cursó al órgano fiscalizador estatal tras dar carpetazo a la denuncia con que una exmilitante valenciana de Vox había alertado de la supuesta existencia de una caja B en su comunidad. Tanto la interposición de la denuncia como el carpetazo a la investigación por la Fiscalía provincial de Valencia se produjeron en el lapso de 13 días. Lo que hizo el ministerio público, que no vio indicios de delito, fue derivar el asunto al Tribunal de Cuentas: por si lo que se desprendía del relato de la denunciante podía implicar que Vox hubiese infringido la Ley de Financiación de Partidos.

Pero, como publicó este medio el pasado mes de junio, el Tribunal de Cuentas guardó el escrito de la Fiscalía en un cajón. El órgano fiscalizador, adujeron sus portavoces a preguntas de este periódico, solo investiga lo que "de oficio" considera prioritario o lo que solicitan las Cortes o Parlamentos autonómicos. Y "así se ha procedido –se leía en la respuesta oficial– en relación con el escrito enviado al Tribunal de Cuentas por parte de la Fiscalía de Valencia". Este lunes, y tras el pacto político del Gobierno con el PP para desbloquear órganos constitucionales, la progresista Enriqueta Chicano -propuesta por el PSOE- relevó en la presidencia del  Tribunal de Cuentas a la conservadora María José de la Fuente. Aupada por el PP, De la Fuente entró como vocal del TCU en 2012. Y en 2018 fue elegida presidenta.

Si la denuncia de Valencia se estrelló contra la Fiscalía levantina, lo mismo pero en sentido inverso sucedió luego con la presentada por un pequeño partido que observa a Vox con lupa: Alianza Cívica. El 13 de mayo, Alianza presentó una amplia denuncia contra Vox también por la supuesta infracción de la normativa legal sobre financiación política. El 3 de junio se supo que Cuentas había rebotado la denuncia a la Fiscalía madrileña. Y el 18 de octubre trascendió que el ministerio público había vuelto a dar carpetazo. Lo que adujo ahora la Fiscalía fue muy parecido al argumento que esgrimió en Valencia: que la pretensión de imputar a Vox hechos aparecidos “en su mayoría” en informaciones periodísticas resultaba "excesivamente vaga, abstracta, amplia, indiscriminada, y carente de precisión mínima e individualización necesaria respecto a la conducta presuntamente realizada".

Este martes, fuentes de Alianza Cívica aseguraron lo que cabría condensar así: que no han tirado la toalla frente a Abascal y su equipo. “VOX y sus irregularidades fiscales tendrán la preceptiva querella en el momento oportuno”, anuncian sus portavoces. Con un discurso que interpreta la iniciativa parlamentaria del PSOE como una decisión que bebe de la denuncia de mayo, los portavoces de Alianza Cívica no se detienen ahí: “En nuestro ánimo por sacar toda la putrefacción de la clase política que ensucia nuestras instituciones vamos a dar traslado a todos los grupos parlamentarios que lo deseen del dossier completo de pruebas y testificales recabadas aportados en nuestra denuncia y algunas más que están siendo objeto de estudio”.

Periódicamente sujeta a sospechas o certezas de captación ilegal de fondos, la financiación de los partidos políticos se ha convertido en objeto de un informe –en este caso, una "moción"– donde el Tribunal de Cuentas (TCU) pide endurecer el sistema de donaciones y aplicar fórmulas que dificulten las trampas y el juego sucio. Desde 2001, el TCU no había emitido una moción con propuestas sobre la financiación política. En el aprobado el 30 de octubre de hace dos décadas, las donaciones ni siquiera se mencionan por su nombre. En el rubricado el pasado 27 de julio por un organismo fiscalizador con mayoría de consejeros conservadores y cuyo mandato había expirado cuatro días antes, ese término aparece 18 veces sin contar las referencias a las microdonaciones o crowdfunding.

En un escenario en el que, desde Filesa, la financiación ilegal aflora como un Guadiana que ha ido haciéndose más caudaloso con casos como Gürtel y sus derivadas, el tribunal considera necesario "mejorar la trazabilidad del origen del dinero". Y para eso, viene a aducir su informe, no puede quedar oculto quién aporta dinero, cuánto y en qué condiciones. Ni pueden seguir chocando entre sí con preceptos dispares las dos grandes leyes reguladoras, la de Financiación de Partidos (Lofpp) y la del Régimen Electoral (Loreg).

Entre las propuestas de mayor relevancia que incluye la moción del TCU destaca la de "limitar lo más posible en la normativa reguladora de los partidos políticos los supuestos en los que quepa realizar ingresos en efectivo". Aunque el órgano responsable de velar por la legalidad de las cuentas públicas no cita ningún partido ni episodio concreto en las 50 páginas de su informe, el aviso sobre los ingresos en metálico remite a causas como la de la valenciana Operación Taula, que causó la ruina política de la ahora fallecida Rita Barberá y cuya pieza más conocida gira en torno al -supuesto- blanqueo de capitales mediante múltiples y pequeñas donaciones en metálico. Es decir, la pieza del llamado pitufeo.

Al cambio normativo que propugna el tribunal para reducir los ingresos en metálico, la moción añade otro dato: que se justifique "documentalmente el origen de los fondos ingresados". Y algo más, dirigido a estrechar el cerco a quienes vinculan o pueden hacerlo la donación de fondos y la obtención de contratos públicos. "Sería conveniente –se lee en el informe– el establecimiento de la obligatoriedad legal de la remisión de una declaración jurada, por parte del donante, de no ser parte de un contrato vigente con el sector público (...) en el caso de donaciones superiores a 25.000 euros (importe a partir del cual dichas donaciones deben ser notificadas por el partido al Tribunal de Cuentas)".

Fruto de "la experiencia acumulada" en el examen a las cuentas de los partidos, miembros del tribunal han confirmado que la moción tuvo como ponentes a las dos consejeras del departamento de partidos políticos: la conservadora María José de la Fuente, presidenta del tribunal, y la progresista Dolores Genaro. El texto ya está en poder del Congreso y el Senado. Cuándo se abordará el debate sobre las propuestas que contiene es todavía una incógnita.

Acabar con la disparidad y las "incongruencias" de las dos leyes sobre financiación

El tribunal propugna asimismo prohibir las donaciones de personas jurídicas –y las empresas privadas lo son– en campaña electoral. En ese punto, la moción pone el acento en una subtrama alejada del foco de discusión: la disparidad entre las dos leyes básicas en cuanto al dinero que manejan las organizaciones políticas en España, las ya citadas en el segundo párrafo, la Lofpp y la Loreg. Esa disparidad, advierte el informe, conduce a "disfunciones y posibles incongruencias". Porque la Lofpp, señala el organismo fiscalizador, "prohíbe que los partidos políticos puedan aceptar o recibir directa o indirectamente donaciones procedentes de personas jurídicas y de entes sin personalidad jurídica". Y en cambio, la Loreg "sigue manteniendo que puedan realizarse en el ámbito electoral, siempre que se ingresen en las cuentas electorales, con el mismo límite que las aportaciones de las personas físicas (10.000 euros por proceso electoral)". "Con objeto de evitar disfunciones y posibles incongruencias –prosigue el texto– sería conveniente armonizar la Loreg con la Lofpp en relación con la prohibición de aceptar donaciones provenientes de personas jurídicas, así como en lo que se refiere a la asunción por terceros de gastos de la campaña electoral de las formaciones políticas, y determinar, en caso de incumplimiento, la infracción y la sanción correspondiente".

Pero la disparidad entre ambas normas, la Lofpp y la Loreg, no termina ahí. Y el coladero legal se agranda porque la diferencia entre lo que preceptúan una y otra permite en la práctica que aportaciones de terceros oficialmente destinadas al día a día de un partido acaben engordando el presupuesto de una campaña electoral. Y derriben así un dique –el que acota el gasto máximo en campaña– que en teoría garantiza la limpieza de un proceso electoral. Que el dique acaba hecho trizas no es, a tenor del informe, una especulación. Y así lo deja claro el siguiente párrafo: "Según resulta de las fiscalizaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas, las formaciones políticas, para la financiación parcial o total de sus campañas electorales, transfieren recursos desde las cuentas bancarias específicas para recibir donaciones para la actividad ordinaria (...) a las cuentas bancarias electorales a las que se refiere el artículo 125 de la LOREG. Ello puede dar lugar a que donaciones realizadas con finalidad o destino electoral, puedan no quedar sujetas a los requisitos específicos que la normativa establece para las mismas, eludiéndose así el tratamiento más restrictivo establecido en la Loreg".

El diferente color del hilo con que la Lofpp teje la urdimbre de la financiación y el de aquel que emplea la Loreg explica también que las fundaciones ligadas a partidas operen como puerta trasera de entrada de dinero, como hizo evidente la fundación del PP madrileño, Fundescam. El TCU vería "conveniente" que la normativa "dispusiera para las fundaciones y entidades vinculadas o dependientes de los partidos políticos los mismos requisitos y limitaciones exigidos a estos en relación con las donaciones". Para empezar, como relata el informe, las fuendaciones sí pueden a diferencia de los partidos "superar el límite de 50.000 euros establecido para las donaciones procedentes de una misma persona física y podrán aceptar donaciones de personas jurídicas y de entes sin personalidad jurídica".

En cuanto a las microdonaciones, la nueva figura del denominado crowdfunding, el tribunal lanza un aviso: "Este sistema plantea un riesgo que puede dificultar el control de la financiación de los partidos políticos, ya que, a través del mismo, cualquier persona que sea titular de una tarjeta bancaria puede realizar una donación a aquellas de forma online, sin que pueda comprobarse la veracidad del documento nacional de identidad, el nombre y la dirección de correo del donante". Y en todo caso, continúa el texto, "este riesgo no solo está presente en las aportaciones vía microdonaciones, sino en toda donación que se instrumente a través de internet independientemente de su cuantía; práctica que se viene realizando respecto de un buen número de formaciones políticas".

Por todo lo anterior y con el objeto de "verificar el cumplimiento de los requisitos de identificación de los donantes y aportantes" previstos por la Lofpp y la Loreg, también habría que dar un paso de carácter legal: "La normativa debería regular expresamente los requisitos que se han de acreditar, incluyendo la identificación y la forma de realizarla de quienes efectúen donaciones y préstamos online a los partidos políticos. Ello sería posible a través del establecimiento de exigencias que permitan una identificación clara y segura".

El cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero se ha ofrecido a acudir al Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid para abrir allí su correo electrónico de modo que el juez pueda comprobar que los emails aportados para respaldar la factura de 26.000 euros que cobró a la matriz mexicana de Neurona Comunidad son reales, después de que el instructor Juan José Escalonilla haya ordenado nuevas diligencias para verificar la documentación entregada por el ex dirigente morado, según informa Europa Press. 

Monedero está investigado en el llamado caso Neurona por una factura que emitió el 30 de diciembre de 2018 por valor de 30.000 dólares en concepto de "300 horas de consultoría presencial Buenos Aires, México y Colombia", y por la que el 25 de enero de 2019 recibió un ingreso bancario de 26.200,31 euros procedente de la empresa mexicana Neurona Consulting.

Tanto el juez como la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) creen que se trata de una factura falsa y que Monedero "tuvo relación con la posterior fundación o constitución de la sociedad mercantil Neurona Comunidad y con la presunta contratación a ésta por parte de la coalición electoral Unidas Podemos" para la campaña electoral de 2019.

En su declaración del 15 de marzo, Monedero negó que fuera falsa, atribuyendo los errores en la misma a que no es un experto en hacer facturas. Ese mismo día aportó unos emails con Andrea Edlin Lópezemails  –socia mexicana de Neurona–, con los viajes realizados y las horas de trabajo imputables a cada uno, y un documento adjunto llamado factura. También dio un historial de los billetes emitidos a su nombre por Iberia en 2018 donde figuran vuelos a México, Colombia y Argentina.

Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, Escalonilla ha solicitado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que compruebe las fechas de los correos electrónicos, al tiempo que ha pedido a Iberia que entregue los billetes de avión que constan en el historial de vuelos, mientras que al propio Monedero le ha reclamado el contenido de los links de los actos en los que participó durante sus viajes de trabajo para Neurona.

De vuelta al juzgado

Monedero ha contestado con un recurso de reforma en el que ofrece a Escalonilla volver "personalmente" a Plaza de Castilla para abrir su correo electrónico delante del juez o del letrado de la administración de justicia con la finalidad de que puedan comprobar las fechas de esos emails.

El objetivo de este ofrecimiento, de acuerdo con el recurso –al que ha tenido acceso Europa Press–, es "agilizar esa constatación, evitando una sobrecarga de trabajo a la fuerza actuante (la UDEF), y una mejor garantía de fe pública judicial", así como "colaborar con la labor del instructor".

No obstante, la defensa ha propuesto otra alternativa a la UDEF y a la comparecencia de Monedero que pasaría por pedir a la propia Neurona "que reconozca si esos correos fueron enviados y recibidos en las fechas que constan" en las copias facilitadas por el profesor universitario.

El juez, de momento, ha dado traslado al Ministerio Fiscal y a las demás partes para que presenten sus respectivas alegaciones a este ofrecimiento de Monedero, tras lo cual decidirá si lo acepta o lo rechaza apostando por la vía de la UDEF.

Además, las mismas fuentes han indicado que el cofundador de Podemos ya ha entregado en sede judicial las grabaciones de las charlas en las que intervino durante su estancia en esos países, que constituirían el contenido de dichos links.

Nuevo aplazamiento

Por otro lado, el juez ha acordado aplazar del 26 de abril al 7 de mayo las declaraciones de los doce testigos ofrecidos por Podemos con la intención de acreditar el trabajo que Neurona habría hecho para la campaña electoral de 2019, según consta en un auto del 9 de abril.

Atiende así una petición de Podemos para posponer nuevamente estas testificales por "motivos de agenda". Se trata del segundo aplazamiento de estas declaraciones, que en un primer momento estaban previstas para el 19 de abril.

Conforme al escrito en el que la formación política ofrecía al juez estos testigos, los mismos "integraban los equipos de trabajo de Podemos que, en coordinación con el equipo de Neurona, han cubierto todas las áreas de la campaña electoral, incluyendo a sus coordinadores".

El núcleo de esta causa, en la que se investiga la presunta financiación irregular del partido, es el contrato que Podemos firmó con Neurona Comunidad por 363.000 euros por labores de consultoría política para las elecciones generales del 28 de abril 2019. El juez sospecha que fue un contrato simulado para desviar dinero de las cuentas moradas, por lo que intenta determinar si realmente la empresa hizo ese trabajo para el partido.

A lo largo de la instrucción, Escalonilla ha archivado varios asuntos que constaban en la denuncia presentada en diciembre de 2019 por el ex abogado de Podemos José Manuel Calvente, de la que partió el caso Neurona, tales como los contratos electorales con ABD o las obras de la nueva sede del partido. También cerró la investigación sobre las donaciones de la Caja de Solidaridad de la formación política a organizaciones afines pero la Audiencia Provincial le ha ordenado reabrirla.

Además, a raíz de un escrito presentado por la ex responsable de Cumplimiento Normativo de Podemos Mónica Carmona, Escalonilla ha acordado abrir procedimientos independientes sobre los nuevos hechos denunciados por ésta, entre ellos el supuesto uso de una empleada del partido y ahora asesora del Ministerio de Igualdad como niñera de los hijos de la ministra, Irene Montero.

Podemos ha presentado este miércoles un recurso de reforma contra la providencia dictada por el juzgado de instrucción número 42 de Madrid, que investiga las cuentas moradas, para recabar información de la Junta Electoral Provincial de Madrid, al considerar que no existen "indicios racionales" que justifiquen tales diligencias, subrayando que de realizarse serían "prospectivas".

El partido político ha solicitado al juez Juan José Escalonilla que revoque dicha providencia "dejando la misma sin valor ni efecto en cuanto a las diligencias de investigación interesadas" en la misma.

Con ella, Escalonilla pedía a la Junta Electoral Provincial de Madrid información sobre la identidad del administrador de la coalición electoral Unidas Podemos-Izquierda Unida y sobre las cuentas bancarias utilizadas para las elecciones autonómicas del 26 de mayo de 2019.

La formación de Pablo Iglesias esgrime en el recurso de reforma, al que ha tenido acceso Europa Press, "la inexistencia de indicios racionales que justifiquen las diligencias de investigación interesadas, por no haberse apreciado irregularidad alguna en la contabilidad electoral" para estos comicios.

Para justificarlo, aporta el informe de realizado por la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid sobre la contabilidad de la coalición electoral, en el que se detallan las comprobaciones efectuadas sobre los recursos y gastos electorales.

Según el extracto destacado por Podemos en el recurso de reforma, el informe señala que "con carácter general no se han detectado incidencias destacables". Así, precisa que "se han examinado los gastos de importe superior a mil euros, los cuales han sido justificados mediante documentación adecuada", siendo el importe global de 252.264,68 euros, lo que representa el 92 por ciento del total. La suma gastada, de acuerdo con este informe, fue de 273.864,99 euros, dentro del límite máximo de 3.289.039,50 euros.

"Como puede comprobarse, el órgano fiscalizador no ha advertido irregularidad alguna en los gastos efectuados por la coalición electoral Unidas Podemos-IUMadrid en Pie, por lo que no cabe apreciar indicios racionales de delito que sustenten las diligencias de investigación acordadas por su señoría", defiende Podemos.

Además, la organización morada añade que, en base a este mismo argumento, el propio Escalonilla rechazó en un auto del pasado 7 de septiembre autorizar las diligencias de investigación solicitadas por Vox sobre el contrato electoral con la empresa ABD, que alegaba que sería simulado, porque Podemos había justificado la prestación de servicios ante el Tribunal de Cuentas, que lo aceptó como gasto electoral. De hecho, la causa respecto a este asunto fue sobreseída.

Con todo ello, Podemos avisa al titular de este juzgado madrileño de que, si sigue adelante con las diligencias de investigación planteadas a la Junta Electoral de Madrid, "las mismas tendrían naturaleza prospectiva".

Neurona, en el punto de mira 

La causa parte de una denuncia presentada en diciembre de 2019 por el ex abogado de Podemos José Manuel Calvente sobre cuatro hechos supuestamente delictivos: los servicios electorales contratados con las empresas Neurona y ABD Europa; el pago de 50.000 euros de la Caja de Solidaridad del partido a la asociación #404 Comunicación Popular; el acceso no consentido al disco duro de una de las trabajadoras moradas –la abogada Marta Flor–; y la licitación irregular de obras, incluida las de la nueva sede nacional.

Escalonilla ha cerrado el caso en lo relativo a ABD y a la Caja de Solidaridad –la llamada 'Caja B'–, pero la causa continúa para los demás hechos denunciados, entre los que destaca el contrato suscrito con la consultora política Neurona para las elecciones generales del 28 de abril de 2019.

El juez ve "indicios racionales" acreditativos de que los cobros efectuados por Neurona a Unidas Podemos "no tuvieron como finalidad el pago de servicio alguno prestado", sino que habrían sido "una distracción de dinero" de las cuentas del partido constitutiva de un delito electoral.

La Fiscalía aprecia igualmente la existencia de "indicios racionales suficientes de la perpetración de un hecho delictivo" en los servicios contratados con Neurona, pero ha recomendado limitar las pesquisas a este contrato al estimar que las demás cuestiones indicadas por Calvente son meros "rumores, sospechas o suspicacias".

Además, la Fiscalía ha aconsejado a Escalonilla que mantenga a Podemos como investigado porque "resulta más garantista para el mismo, por cuanto le permite tomar conocimiento de la investigación y garantiza que, si del resultado de las diligencias existen más indicios de la financiación, pueda defenderse y proponer diligencias".

Un total de 14 empresas contratadas por el PP y Vox para la campaña de las elecciones europeas del año pasado han ocultado al Tribunal de Cuentas los detalles de las facturas que, por más de tres millones de euros, cobraron a las mencionadas formaciones políticas. Así lo detalla el tribunal en el informe de Fiscalización de las Elecciones al Parlamento Europeo de 26 de mayo de 2019 que acaba de aprobar y al que ha tenido acceso Europa Press.

El artículo 133.5 de la Ley Electoral obliga a los proveedores que contratan los partidos para los procesos electorales a remitir al fiscalizador "información detallada de la facturación efectuada a las formaciones políticas por importes superiores a los 10.000 euros".

Es decir, la no remisión de esa información no es responsabilidad de los partidos, sino de las empresas a las que contratan. Por eso el tribunal ha recomendado a las formaciones políticas que insten a sus proovedores a cumplir la ley enviando esos datos y haciéndolo dentro del plazo previsto.

32 empresas y 3,5 millones

En concreto, en su fiscalización sobre las europeas, el tribunal cifra en 32 las empresas que no han cumplido con esta obligación y que han dejado de informar sobre un saldo de 3,59 millones de euros en total.

Casi el 90% de esa cantidad la copan 14 empresas contratadas por el PP y Vox. En el caso de los populares, son ocho los proveedores que no han informado sobre facturas por valor de un total de 1,59 millones, mientras que, en el caso de Vox, se trata de seis empresas y de 1,55 millones.

También hay en la misma situación proveedores contratados por el PSOE y Unidas Podemos, aunque facturaron cuantías mucho menores: doce empresas no han dado datos sobre sus negocios con el PSOE por 260.563 euros y dos no lo han hecho pese a haber contratado con Unidas Podemos por valor de 70.288 euros.

El Tribunal de Cuentas también ha detectado este incumplimiento al fiscalizar los gastos electorales en los que incurrieron los partidos para las elecciones generales del 28 de abril de 2019. Según el informe correspondiente a esos comicios, consultado por Europa Press, hay 49 empresas que han ocultado al fiscalizador facturas por un montante global de 2,90 millones de euros, más de un un tercio de los cuales (1,09 millones) corresponden a 11 proveedores del PP.

En esta fiscalización, también se señala a dos empresas contratadas por Unidas Podemos por valor de 931.384,02 euros, 12 por Vox, que suman 324.701,62 euros, y otra media docena por el PSOE por un total de 195.602,8 euros.

Las elecciones del 10 de noviembre serán extraordinarias también en esto. La normativa electoral reduce un 30% las subvenciones a las que tendrán derecho los partidos que obtengan representación —y que son clave para, por ejemplo, solicitar créditos a los bancos— y recorta hasta la mitad el límite del dinero que se puede gastar durante la campaña, en consonancia con un procedimiento que reduce su duración oficial a sólo una semana.

El PSOE puso además sobre la mesa una propuesta, dirigida a los demás partidos, para eliminar la publicidad exterior, de manera que no se vuelvan a llenar las calles de carteles, banderolas, vallas publicitarias y lonas cubriendo edificios. La formación socialista no ha aclarado si la idea ha tenido respuesta positiva por parte de las demás formaciones políticas. De momento, ya han engalanado la fachada de su sede con un enorme cartel. Y eso que la campaña aún no ha comenzado.

La forma en que los partidos financian sus campañas electorales es sencilla. Para reunir los fondos necesarios con los que pagar, entre otras cosas, los desplazamientos de sus líderes, la organización de actos y el alquiler de equipos técnicos, las formaciones políticas españolas suelen recurrir a varios mecanismos: un anticipo de dinero público por parte del Estado, créditos de entidades financieras o microcréditos de militantes y simpatizantes. Un dinero que después hay que devolver utilizando para ello la subvención electoral a la que que cada partido tiene derecho en función del número de escaños y el volumen de votos obtenidos en las elecciones.

La regla de tres es fácil de hacer: cuanto mejor calculen el resultado electoral y ajusten el gasto a esa hipótesis, en mejor situación quedarán las finanzas de los partidos después de las elecciones. Del mismo modo, cuanto más se desvíe esa cifra —lo que sucede cuando una formación gasta más de lo que después va a recibir al haber obtenido un resultado peor de lo previsto— mayores serán las dificultades económicas que tendrá que afrontar después de las elecciones.

El plazo legal para que los partidos presentaran ante el Tribunal de Cuentas una contabilidad detallada y documentada de sus respectivos ingresos y gastos electorales ya concluyó. Ese trámite es indispensable para que las formaciones políticas puedan solicitar las subvenciones a las que tienen derecho en función de su resultado, hayan recibido o no adelantos a cuenta.

Después de eso, la administración dispone de 30 días más —el plazo se cumple estos días— para anticipar a los partidos el 90% de las subvenciones a las que tengan derecho en función del número de votos y escaños obtenido en las elecciones, sin perjuicio de tener que devolver una parte o la totalidad si el Tribunal de Cuentas no valida la contabilidad presentada.

Los adelantos se devolverán, después de las elecciones, en la cuantía en que superen el importe de la subvención que finalmente haya correspondido a cada partido, federación o coalición. A menos que no se acredite la adquisición por los electos de la condición plena de diputado o senador.

Subvenciones y deudas

La subvención es esencial para todos los partidos pero especialmente para PP y PSOE, que son los que —como Izquierda Unida— tradicionalmente se han financiado a través de créditos bancarios. Precisamente por eso, y porque sus jefes de campaña se han equivocado repetidamente a la hora de prever resultado de las elecciones, ambas formaciones lideran la deuda de las formaciones políticas españolas con las entidades financieras.

El total de lo que los partidos debían a los bancos a finales de 2018 ascendía, según datos publicados por eldiario.es, a 127 millones de euros, de los cuales más de la mitad estaban entonces en manos de sólo dos entidades: CaixaBank y Banco Santander.

Los que más debían eran PP y PSOE, cerca del 60% del total. La deuda de los socialistas era a comienzos de año la más cuantiosa (40,2 millones repartidos entre Santander, Unicaja, BBVA y Caixabank), seguida de la del PP (25 millones), que la concentra mayoritariamente en la entidad de Ana Patricia Botín.

No son los únicos que deben dinero al banco: IU —y su marca catalana, Iniciativa Per Cayalunya—, que acude a las elecciones en coalición con Podemos, ha acumulado a lo largo de los años una nada despreciable deuda de 20 millones.

Ajenas a esta dependencia financiera de los bancos se mantienen, hasta la fecha, Podemos y Vox. Ciudadanos pidió créditos —ya devueltos—en el pasado y ahora afirma no tener ninguna deuda pendiente con las entidades financieras.

A falta de conocer cómo afectará a la deuda el resultado de la cuádruple convocatoria electoral de abril y mayo, que previsiblemente reducirá la del PSOE y aumentará la del PP, en conjunto la evolución de los compromisos crediticios de los partidos españoles con la banca se ha ido reduciendo paulatinamente y ya se acerca a la mitad de lo que debían en el año 2015. A ello ha contribuido decisivamente la prohibición legal de que los bancos perdonen, como hacían en el pasado, las deudas contraídas por los partidos, lo que ha obligado a sus responsables de finanzas a planificar con más rigor sus gastos y a buscar otras formas de obtener dinero.

Microcréditos

Es lo que hizo, por ejemplo, el PSOE adaptando las prácticas en las que Podemos fue pionero para financiarse solicitando microcréditos a los militantes y simpatizantes que después se devuelven cuando se cobra la subvención oficial. Y lo que hará también la gran novedad de estas elecciones, el Más País de Íñigo Errejón, que no tiene derecho a ningún anticipo porque no se presentó a las elecciones de abril.

Los resultados del 28 de abril dieron derecho al PSOE a una subvención de algo más de 12 millones de euros, tres millones por encima del gasto que declaró al Tribunal de Cuentas —sin contar el buzoneo de papeletas, que se financia de manera diferente y corre íntegramente a cargo del Estado—.

El PP no ha desvelado lo que gastó en la campaña de las generales. En las de 2016, según los datos que declaró al Tribunal de Cuentas, utilizó 6,6 millones —al margen del buzoneo— y ahora recibirá de subvención por sus resultados el 28A unos 7,5 millones de euros, aproximadamente.

Ciudadanos declaró a los medios un gasto en las generales de alrededor de seis millones de euros. El resultado de las elecciones de abril le permitirá ingresar una suma muy parecida. Unidas Podemos ingresará algo más de cinco millones de euros, prácticamente la misma cantidad de dinero que asegura haber gastado en la campaña. Y Vox, que afirma haber empleado un millón pidiendo el voto en las generales, verá cómo entran en su caja nada menos que 2,6 millones de euros.

Este año los bancos se han mostrado reticentes a seguir financiando las campañas, hasta el punto de haber acudido a la CNMV, como reveló El País, para tratar de repartirse por cuota de mercado los préstamos que solicitaban los partidos. La negativa del órgano regulador acabó forzando la intervención del ICO, que por primera vez ha empezado a financiar el gasto electoral y a asumir, de paso, el elevado riesgo de impago que conlleva.

El dinero público juega un papel capital en las finanzas de los partidos, en algunos casos muy extremo. El Partido Popular y Ciudadanos son las formaciones políticas españolas con representación en el Congreso que más dependen de los Presupuestos Generales del Estado.

En el año 2015, el último sometido a examen por del Tribunal de Cuentas, el partido de Pablo Casado obtuvo de fondos públicos 92 de cada 100 euros que figuraron en su presupuesto, según las cuentas que presentó ante el organismo fiscalizador. Y no fue una cantidad pequeña: el PP ingresó ese año 107,8 millones de euros, prácticamente lo mismo que la suma de las otras tres fuerzas de ámbito nacional: PSOE, Podemos y Ciudadanos. El partido de Rivera, entonces mucho más pequeño que ahora, reunió en 2015 unos ingresos ocho veces más modestos que los el PP (17,6 millones) pero hasta un 84,3% tuvieron también origen público, lo que le situó en el segundo lugar de la clasificación.

Sólo cuatro miembros del Gobierno especifican en su última declaración de bienes haber hecho aportaciones a la campaña de microcréditos que lanzó el PSOE para financiar las campañas electorales de los comicios generales del 28 de abril y de las municipales, autonómicas y europeas del 26 de mayo, informa Europa Press.

Se trata del propio presidente en funciones, Pedro Sánchez, y de las ministras de Hacienda, María Jesús Montero; Trabajo, Magdalena Valerio, y Sanidad, María Luisa Carcedo. Todos ellos incluyen en su declaración de bienes –hecha pública este jueves por el Congreso de los Diputados– el dinero aportado a los microcréditos en concepto de derecho de cobro.

Estas cantidades les serán reembolsadas por el partido dentro de unos meses, con un interés del 2 por ciento anual. Así Sánchez o la ministra Valerio, que aportaron 2.000 euros cada uno, percibirán 2.040 euros. La ministra Montero, que dio 500 euros, tendrá una ganancia de 10 euros; y Carcedo, con un préstamo de 4.000, recuperará 4.080.

La mayor aportación, de 20.000 euros 

Sin embargo, hay otros miembros del PSOE que hicieron aportaciones mucho más elevadas. El récord lo marca la diputada por Palencia y miembro de la Ejecutiva Federal, Mari Luz Martínez-Seijo, que facilitó 20.000 euros y ganará 400 euros adicionales.

Por detrás de Seijo se sitúa la número dos del partido, Adriana Lastra, que puso 10.000 euros, la misma cantidad aportada por los diputados por Soria Javier Antón Cacho; Laura Berja (Jaén); Elvira Ramón (Granada), Felipe Sicilia (Jaén), Susana Ros (Castellón) y por el portavoz en el Senado, Ander Gil. Diputados como Esther Peña (Burgos), Vicent Manuel Sarriá (Valencia), Pau Mari Klose (Zaragoza) o César Joaquín Ramos han dado cantidades que oscilan entre los 5.000 y 4.500 euros.

Otros miembros de la Ejecutiva Federal del PSOE como Patxi López, Odón Elorza, Héctor Gómez, Susana Sumelzo, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, Francisco Salazar, Juan Antonio Rodríguez Salas y Beatriz Corredor declaran aportaciones de entre 1.000 y 3.000 euros, mientras que el secretario general del Grupo Parlamentario Socialista, Rafael Simancas, prestó 2.000 euros. Las aportaciones hechas por otros diputados socialistas oscilan entre los 200 y 500 euros.

En el Senado, entre quienes declaran aportaciones están Micaela Navarro (5.000 euros), Francisco Javier Aragón (2.000 euros) y Ramón Morales (1.000 euros). Ni la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ni los presidentes del Congreso y del Senado, los socialistas Meritxell Batet y Manuel Cruz, declaran haber hecho aportaciones a los microcréditos para financiar ninguna de las dos campañas electorales de este año.

La formación ultraderechista Vox es desde octubre inquilina de Coravest SL, una empresa inmobiliaria directamente vinculada a su vicepresidente primero, Víctor González Coello de Portugal, y que había escriturado la compra del local objeto de arrendamiento menos de un mes antes: exactamente, el 27 de septiembre. El nombre del vicepresidente primero de Vox saltó a la palestra en diciembre cuando El País desveló que el Tribunal Supremo había confirmado su inhabilitación para administrar sociedades durante tres años por "irregularidades contables" en una de sus compañías, Marmolería Leonesa.

En octubre, el partido de Santiago Abascal ya difundió que por la nueva sede, de 387 metros cuadrados según la información registral obtenida por este periódico y situada en el distrito de Chamberí, uno de los más caros de Madrid, solo pagaría al principio "3.500 euros mensuales más IVA": es decir, 9,8 euros por metro cuadrado. Fuentes del portal inmobiliario idealista.com consultadas este miércoles cifraron en 17,6 euros por metro cuadrado el precio medio de las oficinas de alquiler en el conjunto de la capital a diciembre de 2018. 

Fue en una noticia publicada el 3 de octubre por elconfidencial.com donde el gerente de Vox, Enrique Cabanas, anunció que el partido había "pactado con el propietario pagar menos al principio" porque el inmueble destinado a convertirse en su nueva sede necesitaba "una reforma en profundidad muy costosa". Pero que el precio se iría incrementando a razón de 500 euros mensuales cada año hasta llegar a los 6.500 euros más IVA. 

Para llegar a ese techo de 6.500 euros (16,7 euros el metro cuadrado) deben transcurrir seis años completos desde la firma del contrato de alquiler. La noticia de elconfidencial atribuía al local 450 metros cuadrados. La nota registral la reduce en cambio a 387,49 metros: 258,19 metros cuadrados de superficie más una entreplanta de 129,3 metros cuadrados. El nuevo espacio corporativo de Vox se localiza en la céntrica calle de Nicasio Gallego, a escasa distancia de puntos centrales del mapa madrileño como son la calle Génova o la Glorieta de Bilbao. A 50 metros se levanta la Fiscalía Anticorrupción.

¿Compró Coravest el local de Nicasio Gallego con el fin de alquilárselo a Vox, que de inmediato anunció que asumiría el coste de la reforma, o su arrendamiento al partido donde uno de sus dos apoderados ocupa el segundo puesto del organigrama partidario fue fruto de una mera concatenación de casualidades? ¿Resulta más ventajosa la operación para Vox o para Coravest? De momento, los interrogantes permanecen abiertos en un momento en que arrecian las dudas sobre la financiación de Vox tras las noticias sobre las donaciones recibidas de un grupo iraní.

Constituida en octubre de 2016 con 3.000 euros de capital, a nombre de Coravest SL, cuyo objeto social consiste en la venta y alquiler de inmuebles, no aparece ninguna línea telefónica en las guías y servicios de información de acceso público. Sus cuentas de 2017, que son las últimas disponibles, reflejan nula actividad: ni un euro de cifra de negocio y ni un empleado. La empresa acometió en 2018 una ampliación de capital por 160.000 euros de la que el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme) dio cuenta el pasado 12 de diciembre.

El caso de la nueva sede no es el único de Vox donde lo privado y lo institucional confluyen en una frontera brumosa. Como publicó infoLibre en octubre, la web del partido pertenecía desde su creación a una promotora de viviendas de lujo que tiene como "socio director" a otra figura clave del partido, Iván Espinosa de los Monteros, vicesecretario de Relaciones Internacionales.

Entonces, Espinosa aseguró a este periódico lo siguiente: "La elección del nombre llegó antes que la constitución del partido, así que cuando reservé el dominio aún no se podía poner a nombre de un partido que todavía no existía. El dominio se reservó por cinco años, plazo que se cumple en estas fechas". Este miércoles, 23 de enero de 2019, la web de Vox continuaba a nombre de su empresa. 

infoLibre contactó este miércoles con los portavoces de Vox y con la empresa que asesora en materia contable a Coravest SL, empresa propietaria de la nueva sede del partido de Abascal y donde, según el Registro Mercantil, González Coello de Portugal ocupa el cargo de apoderado solidario mancomunado.

Vox no respondió a ninguna de las preguntas formuladas, entre ellas la de cuánto ha costado finalmente la reforma de la futura sede, a la que el partido prepara ya su traslado. Tampoco Víctor González ni ningún portavoz de Coravest SL devolvió la llamada. Este periódico ignora si el vicepresidente primero de Vox es socio de Coravest SL, pregunta para la que tampoco hubo respuesta.

El partido de extrema derecha Vox se fundo con un millón de euros procedentes del exilio iraní, publica este lunes El País. El dinero de las transferencias internacionales de los seguidores del denominado Consejo Nacional de la Resistencia de Irán (CNRI) acabó en una caja común que sirvió para abonar salarios, fianzas y alquileres desde la puesta en marcha del partido de Santiago Abascal.

De esta forma, el exilio iraní no financió solo la campaña electoral europea de Vox de 2014, sino que costeó también los gastos del día a día de este partido, de acuerdo con la información que publica este periódico. Entre los gastos se halla la fianza y el alquiler de su céntrica sede de la calle Diego de León de Madrid, los equipos informáticos o los salarios de la plantilla incluido el sueldo del líder y fundador de la formación, Santiago Abascal.

El CNRI –un grupo que tuvo un brazo armado que figuró hasta 2012 en la lista de organizaciones terroristas de EEUU– apoyó desde su fundación a Vox, que recibió la primera transferencia de los opositores iraníes –1.156,22 euros– el mismo día que se inscribió en el registro de partidos políticos, el 17 de diciembre de 2013. “Los fondos de los exiliados iraníes no solo sirvieron para pagar la campaña europea de 2014, sino también para poner en marcha Vox”, admite el primer presidente y fundador de la formación, Alejo Vidal-Quadras, según recoge el rotativo.

Desplazamientos a Barcelona. Conferencias. Estancias en hoteles. Reuniones a muy diferentes niveles con las fuerzas vivas de la ciudad incluidos, según sus adversarios, grandes empresarios interesados en desplazar a Ada Colau de la Alcaldía y levantar, de paso, una barricada institucional para frenar al independentismo. Contratación de personal. Conversaciones —o algo más— con consultoras de comunicación de larga trayectoria como Xavier Roig i Associats, propiedad del que fuera mano derecha del ex alcalde de la capital catalana Pasqual Maragall. Todo esto y lo que viene, la compleja y cara puesta en marcha de la plataforma Barcelona Capital Europea Barcelona Capital Europea con la que el ex primer ministro francés Manuel Valls quiere ser alcalde de Barcelona, cuesta dinero. Mucho dinero. Y a día de hoy sigue siendo un misterio de dónde procede.

Fuentes de la dirección de Ciudadanos aseguraron a infoLibre que la formación naranja no está “ayudando económicamente” a Valls para poner en marcha su campaña.

Y aunque destacados miembros de Societat Civil Catalana (SCC), la asociación responsable de las movilizaciones sociales contra el independentismo organizadas como respuesta al procés, están entre los impulsores de la candidatura del ex primer ministro francés, su presidente, José Rusiñol, aseguró a este diario que SCC ni ha financiado ni tiene intención de financiar la Operación Valls.Operación Valls. “Ni a Manuel Valls ni a nadie; no estamos para financiar ni a partidos ni a candidatos. Somos transversales y en este tipo de cuestiones ni nos metemos ni nos meteremos”, subrayó. Ni siquiera han dado, dijo, “apoyo logístico ni nada por el estilo. Nosotros utilizamos nuestros medios paa nuestros objetivos”. Y cuando lleguen las elecciones, apostilló, SCC hará “campaña en Barcelona, pero para apoyar a todos los grupos constitucionalistas”, no solo a Valls.

¿Quién paga, entonces, las facturas?

Valls sigue sin dar detalles sobre su candidatura y mucho menos acerca del origen del dinero. Ahora mismo disfruta además de una situación de privilegio, porque las cuentas de sus rivales —los partidos políticos tradicionales— están sujetas a la fiscalización del Tribunal de Cuentas y a las limitaciones establecidas por la Ley de Financiación de los Partidos Políticos y las suyas no. En pocas semanas, en el mes de noviembre, planea hacer una presentación a gran escala de su equipo y de las líneas maestras de su proyecto para Barcelona. Dejará para primavera la composición de su candidatura.

Los medios franceses ironizan con que, en realidad, quien ha pagado hasta ahora la campaña de Valls ha sido la Asamblea Nacional de Francia, que ha seguido abonando un abultado salario a Valls mientras permanecía ausente de la Cámara y preparaba su campaña a la Alcaldía de Barcelona. Pero ese dinero ya no llegará a partir de la semana que viene, cuando el antiguo primer ministro socialista renuncie a todos sus cargos en Francia y oficialice su mudanza a Barcelona. Uno de eso medios, Franceinfo, aseguró esta semana que ya hay empresarios organizándose para pagar la campaña.

Sus rivales en las elecciones municipales del próximo 26 de mayo no aportan pruebas, pero todos apuntan a una coalición del intereses políticos y empresariales detrás de la candidatura de Valls. El líder del PSC en el Ayuntamiento de Barcelona y candidato socialista en la misma convocatoria, Jaume Collboni, tachó la plataforma de Valls de “una operación de marketing y un engaño” que intenta esconder el apoyo de Albert Rivera y de “la FAES”, la fundación que preside José María Aznar..on el futuro de la ciudad". La actual alcaldesa, Ada Colau, vinculó el aterrizaje de Valls a “las élites económicas” a las que se ha enfrentado desde su llegada a la Alcaldía.

El candidato de Esquerra y actual conseller de Acció Exterior de la Generalitat, Ernest Maragall, fue más duro. Según él, la candidatura del ex primer ministro francés es “ajena” y “externa” a la ciudad .Viene “conducida desde otros postulados y lugares geográficos” y “parece una campaña llevada desde Madrid”, entendiendo Madrid como sinónimo de “concentración” de poder. “Es el candidato de los ricos, pero no solo de los de Barcelona”, subrayó Maragall.

¿Es así? En las últimas semana numerosos medios han publicado informaciones en las que aseguran la existencia de empresarios contrarios a Colau y al independentismo que ya estarían apoyando económicamente la Operación Valls,Operación Valls pero casi nadie ha citado aún nombres concretos. El primero en confirmar su apoyo ha sido este mismo miércoles Luis Conde, fundador de Seeliger y Conde, la empresa cazatalentos que en 2013 fichó a Esperanza Aguirre. Preguntado por si va a apoyar a Valls en la rueda de prensa de presentación del Salón Náutico de Barcelona, del que es presidente, no dejó lugar a dudas: “Yo desde luego que sí. Así de claro lo digo”.

El diario Naciódigital citaba este miércoles a Félix Revuelta, el propietario de Naturhouse, la primera empresa que decidió trasladarse fuera de Cataluña anticipándose al referéndum del 1 de octubre. Revuelta es, según diversas fuentes, uno de los soportes económicos de Societat Civil Catalana. Este empresario, habría sido uno de los encargados de poner en contacto a Valls con el poder económico y financiero catalán y español. Un papel análogo al que habría jugado Francés de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional en la Autónoma de Barcelona y cofundador de Ciudadanos, en determinados sectores de la alta burguesía catalana. El mismo diario cita también a la heredera del imperio farmacéutico Almirall, Susana Gallardo, a la que la revista Paris Match atribuye una relación sentimental con Valls.

El cerebro que concibió la operación

La identidad del cerebro detrás de la operación, el hombre que —según diversos medios— supuestamente cortejó y convenció al político francés para que intente el asalto a la Alcaldía de Barcelona, remite de nuevo a Societat Civil Catalana. Se trata de Josep Ramón Bosch, una de los fundadores de esta organización y un empresario que milita desde hace años en contra del nacionalismo y del independentismo y al que el soberanismo relaciona con la extrema derecha.

Menos clara resulta la vinculación con Twenty50, un laboratorio de ideas presidido por el exdiputado de Unió Roger Montañola, centrado en generar valor a través del intercambio interdisciplinar, con un enfoque muy vinculado a las ciudades y en el que participan personas de diferentes ideologías, aunque con evidente escasez de representantes del independentismo. Algunas fuentes aseguran que Valls está reclutando al menos una parte de sus colaboradores a partir de miembros activos de este think tank. De Twenty50 forma parte también el exconvergente Xavier Cima, más conocido por ser el marido de la líder catalana de Ciudadanos, Inés Arrimadas.

Xavier Roig i Associats, la empresa del que fuera mano derecha de Pasqual Maragall, no respondió este miércoles a las preguntas de infoLibre sobre su participación profesional, con consultora de comunicación, en el lanzamiento de la candidatura de Valls, pero en Barcelona todo el mundo da por seguro su compromiso. Como también el del experiodista de El Mundo Albert Montagut en calidad de jefe de prensa del ex primer ministro francés.

Forzado a ocupar un segundo plano —los promotores de la candidatura de Valls y el propio cabeza de cartel quieren atraer recursos y votos más allá del partido naranja, cuya extrema beligerancia provoca rechazo en el unionismo más moderado—, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, subrayó este miércoles la “convergencia ideológica y de valores constitucionales” con el ex primer ministro francés.

Cs se dispone a dar respaldo a una operación arriesgada que implica renunciar a sus siglas en una batalla tan importante como la que los partidos van a librar por el control del Ayuntamiento de Barcelona. “Podemos volver a ganar los constitucionalistas” y tener “un alcalde que no ponga lazos amarillos como (la alcaldesa, Ada) Colau”, que “tienda la mano transversalmente a todos los catalanes y barceloneses constitucionalistas y que hable bien de España”.

Rivera no pudo concretar de qué manera Ciudadanos participará en la iniciativa, a todas luces controlada de forma personal por Valls, ni si tendrá alguna influencia en la composición de la candidatura. Las “fórmulas jurídicas y políticas” se discutirán en los próximos meses, pero no van a suponer un obstáculo que impida “luchar por la victoria” en los comicios municipales de mayo.Lo que quieren los votantes y militantes de Ciudadanos, argumentó en declaraciones en el Congreso de los Diputados, es “ganar Barcelona” y eso Valls puede conseguirlo.

Por no preocuparle, no le inquieta ni siquiera la cambiante trayectoria de Valls, que en muy poco tiempo fue primer ministro y ministro del Interior con el Partido Socialista, anunció después que el socialismo había muerto —tras perder las primarias del PSF a la Presidencia de Francia— y que intentó, sin éxito, aterrizar en las filas del presidente francés, Emmanuel Macron. “Es una persona progresista y nosotros también, somos un partido progresista liberal”, justificó Rivera.

Las comunidades autónomas remuneran los resultados electorales de los partidos políticos que obtienen representación parlamentaria con sumas de dinero que alcanzan diferencias de hasta un 156%. Tal es la distancia proporcional que separa el dinero que el Gobierno de Euskadi, en aplicación de sus normas electorales, entrega a los partidos políticos por cada escaño que consiguen en las elecciones al Parlamento Vasco (26.761 euros, según las cifras actualizadas para la convocatoria más reciente, de 2016) del que el Ejecutivo de Castilla y León dedica al mismo fin (10.205 euros).

En medio de ambas comunidades se sitúan las otras quince: Andalucía, Galicia, Canarias y Madrid están entre las más generosas (en el entorno de los 20.000 euros); Cataluña, Asturias, Illes Balears y Extremadura en la zona media (de los 16.101 euros que pagó la Generalitat por cada escaño obtenido en las elecciones de diciembre a los 14.304 que remunera el Gobierno extremeño en las de 2015). Les siguen Castilla-La Mancha, la Comunitat Valenciana y Aragón en la franja de los 12.000 euros y cierran la tabla, con la mitad o menos que el País Vasco, las comunidades de Navarra (11.850 por escaño), La Rioja (11.646), Murcia (11.223) y Cantabria (10.867), además de la ya citada Castilla y León.

La asignación por escaño la decide cada comunidad autónoma de acuerdo a sus propios criterios. A veces establecen actualizaciones y en ocasiones acuerdan congelar la cifra sin que trascienda el criterio que utilizan para hacerlo.

La consecuencia de esta situación es que uno de los mecanismos supuestamente más objetivos de financiación de los partidos políticos en España está condicionado por el ámbito de la convocatoria y que las cantidades que reciben los partidos no guardan relación ni con la población ni con el tamaño de las asambleas legislativas (los parlamentos autonómicos oscilan entre los 135 escaños de Cataluña y los 33 de Castilla-La Mancha y La Rioja).

Lo que, por basarse en criterios objetivos —el número de escaños— debía convertirse en un elemento de homogeneización del sistema de financiación de los partidos, está distorsionado por las discrecionalidad y las diferencias entre comunidades.

Porque cada territorio remunera a los partidos siguiendo su propio criterio sin que exista una razón que justifique las variaciones. De ello ha dejado constancia en numerosas ocasiones el Tribunal de Cuentas: “El análisis de la normativa electoral autonómica, dictada en el ámbito de las respectivas competencias, pone de manifiesto significativas diferencias en la determinación de las subvenciones a abonar a las formaciones políticas en función de los resultados obtenidos”.

La constatación de estas divergencias ha llevado al Tribunal de Cuentas a “recomendar reiteradamente en sus informes la armonización de la normativa electoral”, como el organismo fiscalizador recordó el año pasado al Congreso en la presentación de sus propuestas para la mejora de la calidad democrática.

“La cuantificación de las subvenciones”, defiende el Tribunal, “ha de estar directamente relacionada con el límite máximo de gastos autorizado en cada caso”. Pero las modificaciones de la normativa electoral, especialmente como consecuencia de la creación de la subvención de los gastos por envío personal y directo de propaganda electoral, hacen que “con frecuencia la subvención que correspondería percibir en función de los resultados obtenidos” sea “muy superior al límite de gastos autorizado”.

Esta circunstancia ha originado que, en ocasiones, las formaciones políticas hayan tenido que acabar devolviendo parte del dinero como resultado de la fiscalización del Tribunal de Cuentas.

La falta de “congruencia técnica” entre subvención y límite de gastos se aprecia también en las elecciones locales. En este caso, subraya el Tribunal, las formaciones políticas de reducida implantación, que tienen un exiguo límite de gastos porque no pueden sumar el dinero que corresponde a la escala provincial, ven cómo ese límite queda normalmente superado por el importe de la subvención a percibir en el caso de que alguno de sus candidatos haya resultado elegido.

Este problema —las diferencias entre territorios a la hora de remunerar a los partidos— no se limita a los escaños obtenidos sino que se extiende al dinero público que reciben las formaciones con representación parlamentaria en proporción a los votos que logran en las elecciones. En ambos casos “se observan importantes divergencias que no resultan suficientemente explicadas por su diferente situación demográfica”, recuerda el Tribunal de Cuentas.

Las diferencias en la remuneración de los votos van de los 1,01 euros que paga la Comunidad de Madrid a los partidos por cada sufragio que hayan recibido a los 0,4 euros que abona la Comunidad de Castilla y León, de nuevo el territorio menos generoso con los partidos. Una diferencia del 152%.

La Rioja y el País Vasco vuelven a aparecer en los puestos de cabeza (pagaron a razón de 0,92 y 0,9 euros a los partidos por voto obtenido en sus últimas elecciones autonómicas), esta vez en compañía de Navarra (0,95).

En la franja del 0,8 se mueven Cantabria (0,86) y Andalucía (0,8229). Asturias, Galicia y Canarias coinciden en un 0,77 por voto obtenido, un céntimo más que Aragón (0,76).

Les siguen, ya por debajo de la media, la Comunitat Valenciana (0,64), Cataluña (0,61), Castilla-La Mancha (0,6), Murcia (0,59) y Extremadura (0,57), Por debajo del medio euro sólo hay dos comunidades muy diferentes entre sí: Illes Balears (0,47) y la citada Castilla y León (0,4 euros por voto a formaciones con representación parlamentaria).

Estas cifras divergen también de las que se utilizan para remunerar a las diferentes candidaturas cuando las elecciones las organiza la Administración central. En el caso del Congreso, el Gobierno de España pagó en 2016 —las últimas elecciones celebradas— 21.167,64 euros por escaño obtenido y entregó a cada partido con representación parlamentaria 0,81 euros por voto. Son cifras que se sitúan en la zona media-alta en comparación con las Comunidades Autónomas.

Las elecciones más rentables por escaño

Mucho más rentables son, en principio, las elecciones europeas. En 2014 el Gobierno de España remuneró a los partidos que consiguieron escaño en Estrasburgo con 32.508,74 euros por diputado —muy por encima del País Vasco, la comunidad que mejor paga por este concepto— y 1,08 euros por voto obtenido.

En el caso de las elecciones municipales —en las últimas se eligieron 67.515 concejales— el dinero se repartió a razón de 270,9 euros por edil y 0,54 euros por voto a candidaturas.

Se miren como se miren, las cifras decididas por cada comunidad no guardan relación de proporcionalidad alguna con el tamaño de la asamblea legislativa ni con la población. País Vasco, Galicia y Canarias, por citar sólo tres ejemplos, pagan más por escaño que Madrid, Cataluña o la Comunitat Valenciana a pesar de tener mucha menos población. Y tienen asambleas significativamente más pequeñas.

Tampoco existe lógica alguna en la decisión de pagar más o menos por voto obtenido. Entre las más generosas están comunidades demográficamente grandes como Madrid, medianas como el País Vasco y pequeñas como Asturias, Navarra o La Rioja. Lo mismo sucede entre las que menos pagan, donde conviven una comunidad de las más pobladas (Cataluña) con otras más pequeñas como Murcia o Illes Balears.

En busca de una variable que permita hacer una comparación homogénea, infoLibre ha calculado la proporción de gasto por diputado en relación con la población. Si nos atenemos a este criterio, las comunidades más generosas con los partidos políticos que se presentan a sus elecciones son La Rioja y Navarra: casi cinco veces más que Castilla-La Mancha o la Comunitat Vakenciana, que están a la cola en asignación por escaño teniendo en cuenta el tamaño de sus parlamentos y su población, seguidas muy de cerca por Cataluña y Andalucía.

Los puestos segundo y tercero en gasto proporcional los ocupan el País Vasco y Extremadura, seguidos de Illes Balears y Asturias. En la parte media están Cantabria, Aragón, Canarias, Galicia y Madrid. Y ya cerca de los últimos lugares se encuentran Castilla y León y Murcia.

El magistrado del juzgado de Instrucción número 18 de València, que investiga el caso Imelsa y su derivado conocido como Taula, ha citado a declarar como investigado al exvicealcalde de València, Alfonso Grau, en la pieza relativa a la financiación de las campañas del PP de la capital valenciana de 2007 y 2011, y también a la actual gerente del PP nacional, Carmen Navarro. También ha sido citado como investigado el exgerente del PP provincial José Moscardó, informó Europa Press.

Grau declarará como investigado por los delitos de cohecho, malversación y delito electoral el próximo 6 de octubre en relación con la financiación de las campañas del PP de la ciudad de 2007 y 2011 a través de la empresa Laterne Product Council (LPC). Los otros dos investigados están citados para el 16 del mismo mes.

El auto, fechado el 20 de septiembre, se basa en un informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil del que se desprende que el que fuera administrador de Laterne, Vicente Sáez, ya fallecido, y Alfonso Grau acordaron "utilizar el entramado empresarial" del primero para "alcanzar el objetivo de sufragar de forma irregular la adquisición de bienes y servicios de terceros".

Esta operativa se llevaba a cabo, según se explica en la resolución, "velando el origen de los fondos y simulando la imputación de gasto, impidiendo su fiscalización y permitiendo que se superara el techo legal de gasto, sin reflejo en la contabilidad electoral".

Las cantidades que según la documentación aportada por la UCO se habrían canalizado "tanto para financiar como para hacer pago de los servicios encargados a terceras empresas" figuran en una relación de eventos de la campaña electoral de 2007, junto con sus importes.

En el epígrafe Coste Total Campaña aparecen gastos por un total de 2.538.731 euros y, a continuación, se consignan otras cantidades de entradas de dinero asignadas a ciertas personas jurídicas que son tratadas como Aportaciones por un total de 2.683.750 euros.Aportaciones Sin embargo, el magistrado resalta que el gasto declarado en la contabilidad electoral por el Partido Popular en aquellas elecciones, en toda la provincia de Valencia, ascendió a la suma de 133.762 euros.

Procedimiento para canalizar las entregas de dinero

El instructor de esta causa desgrana también los distintos procedimientos empleados para canalizar dichas entregas de dinero. En primer lugar, señala que se producían a través de aportaciones provenientes de fundaciones y organismos vinculados al Ayuntamiento de València y que "no obedecerían a servicios efectivamente prestados a los mismos por Laterne u otras empresas del grupo empresarial de Vicente Sáez".

Por este procedimiento concreto, el juez dice que existen indicios suficientes para citar como investigado a Juan Eduardo Santón —exconcejal del PP— por su actuación en representación de una de estas fundaciones.

El segundo método lo constituirían aportaciones de una serie de empresas privadas, todas ellas relacionadas contractualmente con el consistorio en el que gobernada el PP de Rita Barberá, con las que se habría acordado "sufragar y financiar los gastos de campaña".

Otra vía de entrada de efectivo, por un importe de hasta 620.000 o hasta 1.119.600 euros, según diversos documentos incorporados a la causa, provendría de firmas supuestamente implicadas en la constitución de una empresa, Product Management Council S.L. (PMC), que fue constituida en 2007 pero de la que "no hay ninguna justificación" en el empleo de esos fondos, "no contó con trabajadores", ni aparecen "datos que revelen la devolución" de esos importes, por lo que "cabe pensar razonablemente que su destino fuera la financiación de la campaña de 2007", apunta el juez.

"Son hechos que se relacionan en orden lógico y consecuente con el origen de fondos ocultos de los que pudiese disponer el grupo municipal o alguno de sus integrantes o responsables para hacer devolución de las aportaciones de 1.000 euros investigadas durante la campaña de 2015", añade.

350.000 euros en billetes de 500

El informe recoge también una operativa por la que se habría satisfecho, ya en 2008, el importe de gastos que quedaban por pagar y que distintas empresas prestatarias de los servicios para la campaña reclamaban a LPC. "Esta operativa implica directamente a Alfonso Grau", según consta en el auto.

Jesús Gordillo, exasesor de Grau y que trabajó para Laterne, manifestó en su declaración que el exvicealcalde le entregó 350.000 euros en billetes de 500 y le dio instrucciones para recoger en una empresa un cheque de 150.000. Estas cantidades, finalmente, sirvieron presuntamente para llevar a cabo el pago de las cantidades adeudadas a las distintas mercantiles que habrían colaborado en la campaña.

El juez explica también que estos hechos serían constitutivos de un presunto cohecho, cuya responsabilidad penal hoy estaría prescrita, por lo que los empresarios que habrían entregado cantidades a Laterne deberán en su caso declarar en esta causa como testigos.

De hecho, el magistrado argumenta que los nuevos hechos recogidos en el informe policial y cometidos antes de la reforma del Código Penal de 2010 "no pueden determinar la responsabilidad penal de ninguna persona jurídica", por lo que por los hechos de 2007 "no puede investigarse la responsabilidad penal de ninguna empresa, asociación, fundación o partido político".

Bárcenas, administrador único en 2007

Del mismo modo, en el escrito se indica que las posibles responsabilidades penales por falsedad en la contabilidad de los administradores electorales de 2007 estarían igualmente prescritos. La persona que figura como administrador único de las candidaturas en las municipales de 2007 es Luis Bárcenas. Por esta circunstancia, en caso de que se considera procedente que preste declaración, lo haría en calidad de testigo.

Sin embargo, esta conducta "podría entroncar con los hechos ya imputados de 2011" y, en consecuencia, el exgerente del PP en la provincia de Valencia, José Moscardó, sí debe declarar por estos hechos en calidad de investigado.

El PP ve un "error" en la imputación de su tesorera

El PP considera que podría haber un "error" en el auto que cita como investigada a la actual tesorera del partido, Carmen Navarro, por la financiación en Valencia. Según el partido, el caso se refiere al ámbito municipal, cuyas cuentas no pasan por el PP a nivel nacional, han indicado a Europa Press fuentes de la dirección de la formación.

Fuentes de la dirección nacional del PP han señalado a Europa Press que no están de acuerdo con el auto del juez y estiman que podría haber un "error". De hecho, les produce "extrañeza" que no se justifique el motivo por el que se la cita como investigada, según añaden.

El partido recuerda además que Navarro no era tesorera del partido en 2007, fecha en la que empieza la investigación de las cuentas valencianas. Su desembarco en Génova se produjo en julio de 2010 como gerente y dos años después fue nombrada tesorera, una vez que José Manuel Romay Beccaría dejó la tesorería —había sustituido a Luis Bárcenas— para ser nombrado presidente del Consejo de Estado.

Las mismas fuentes han subrayado que van a estudiar el auto judicial y que no descartan emprender las acciones que consideren oportunas. Además, recalcan que el caso se refiere al ámbito municipal y el PP nacional está al margen.

El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, recalcó este lunes que la institución fiscalizadora exigirá identificar a los ciudadanos que contribuyeron a la financiación de Podemos a través de sus microcréditosfinanciación de Podemos a través de sus microcréditos para comprobar si se ingresaron en las cuentas corrientes adecuadas y si se devolvió el dinero a los acreedores.

Aunque al principio usaba el crowdfunding (microdonaciones), desde 2015 Podemos ha venido utilizando para sus campañas electorales la fórmula de los microcréditos que le permite financiarse sin recurrir a la banca gracias a aportaciones de particulares, a quienes se devuelve el dinero pasado un tiempo, cuando el partido recibe las subvenciones públicas.

En su comparecencia ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Relaciones con el Tribunal de Cuentas, donde presentó sus informes de fiscalización de las dos últimas elecciones generales (diciembre de 2015 y junio de 2016), Álvarez de Miranda ha sido preguntado por el PP por esta vía de financiación.

Según ha explicado, tanto el crowdfunding como los microcréditos son "nuevas formas de algo muy viejo": "Estas fórmulas de obtener dinero en pequeñas cuantías se han puesto de manifiesto a lo largo de los años", ha recordado, en alusión a las fiestas del PCE.

La labor del Tribunal de Cuentas, ha añadido, es que "quede muy claro" que estas fórmulas de financiación se ajusten a la ley y eso exige que se utilicen las cuentas electorales adecuadas y que las aportaciones estén "perfectamente identificadas".

La particularidad de los microcréditos es que no hubo tiempo material para realizar esa comprobación en el examen de los gastos electorales de 2015 y 2016, pues las cuentas que los partidos abren para un proceso electoral se cierran pasados los comicios.

Eso supone que la comprobación "se difiere" y, como los fondos de esas cuentas electorales se transfieren después a las que recogen el funcionamiento ordinario de los partidos, el Tribunal de Cuentas tendrá que contrastar los datos cuando prepare sus informes sobre la contabilidad anual de los partidos.

"La comprobación no se puede hacer en periodo electoral, pero cuando llega la fiscalización del periodo correspondiente de la contabilidad ordinaria, se va a solicitar, y ya se solicita, la acreditación de que todos esos acreedores están debidamente registrados, que lo han hecho a través de cuentas corrientes habilitadas y que se ha demostrado o no que ha habido un reintegro de las cantidades percibidas".

Álvarez de Miranda ha subrayado que no prejuzga que haya una situación de irregularidad con estas nuevas fórmulas de financiación, pero sí ha reiterado la petición del Tribunal de modificaciones legales para "que queden reguladas estas operaciones".

Los partidos gastaron en la campaña de las elecciones generales del 26 de junio un total de 45 millones de euros, según hizo público el lunes el Tribunal de Cuentas. Pero no todos aprovecharon igual de bien su inversión. En términos económicos,de entre los cuatro principales partidos quién hizo un gasto menos provechoso fue el PSOE, ya que los 13,2 millones que desembolsó para la campaña únicamente se tradujeron en 5,4 millones de votantes, lo que supone que cada papeleta le costó a los socialistas 2,44 euros. El que se encuentra en la situación opuesta es Unidos Podemos: para obtener sus cinco millones de votos, la coalición gastó 6,3 millones de euros, lo que supone 1,24 euros por papeleta conseguida.

El informe publicado por el Tribunal de Cuentas ofrece información detallada tanto del origen como del destino de los fondos utilizados por los partidos en la campaña electoral. En términos absolutos, las campañas de PP y PSOE fueron de largo las más costosas: tanto conservadores como socialistas gastaron el 26J un total de 13,2 millones de euros, más del doble de lo que invirtieron Ciudadanos y Unidos Podemos. Pero el rendimiento que sacaron a esa inversión fue muy diferente, ya que mientras al PSOE le costó más de 2,4 euros cada papeleta conseguida, el gasto del PP se tradujo en 7,9 millones de votos, una cifra que implica que cada voto conseguido por los conservadores tuvo detrás una inversión de 1,66 euros.

En comparación con las elecciones del 20 de diciembre, ambos partidos gastaron menos dinero en la campaña, aunque el PP aprovechó mucho mejor la situación que los socialistas. La campaña del 20D supuso un gasto de 16,4 millones de euros para el PSOE y de 19,3 millones para los conservadores: para conseguir sus 5,5 millones de votos, los socialistas invirtieron 2,96 euros por papeleta, mientras el PP se quedó en una ratio de 2,67 euros de gasto por cada uno de sus 7,2 millones de votantes. Pero, con las 700.000 papeletas que ganó el PP entre el 20D y el 26J y los seis millones de euros que se ahorró en la segunda campaña con respecto a la primera, consiguió rebajar su ratio de gasto por voto en un 37,8%.

Por su parte, Ciudadanos y Unidos Podemos también coincidieron, aproximadamente, en el coste de sus campañas electorales para el 26J: el partido naranja se gastó 6,4 millones y la coalición de Podemos e IU –junto a las confluencias–, 6,3 millones. Pero la inversión fue mucho más rentable para la alianza de izquierdas, ya que obtuvo cinco millones de votos –por lo que cada papeleta le supuso un gasto en campaña de 1,24 euros– por los 3,1 millones de papeletas que sumó Ciudadanos. Dividiendo el gasto en campaña del partido naranja entre los votos que consiguió, se obtiene como resultado que tuvo que invertir 2,06 euros por sufragio.

Las campañas de PNV, ERC y PDeCAT, menos eficientes

Las confluencias de Podemos, de hecho, hicieron campañas más efectivas a nivel económico que la coalición Unidos Podemos. Y es que En Marea (coalición de IU, Podemos y Anova), En Comú Podem (que aunaba a Podemos, EUiA, ICV y Barcelona en Comú) y A la valenciana (la alianza de Compromís, Podemos e IU) invirtieron menos dinero por voto finalmente obtenido que su referente estatal. La confluencia valenciana consiguió sumar 659.000 votantes con un desembolso de campaña de 844.000 euros, lo que supone una ratio de 1,28 euros por voto. La coalición catalana, por su parte, se hizo con 853.000 sufragios invirtiendo tan sólo 794.000 euros, lo que implica que cada papeleta le costó 0,93 euros. Pero el mejor dato, de largo, es el de En Marea: tan sólo 126.000 euros de inversión en campaña –fue la única de las cuatro coaliciones que no envió papeletas por correo el 26J– se tradujeron en 347.000 votos, una ratio de 36 céntimos de euro por votante.

Los partidos nacionalistas, por el contrario, gastaron mucho más dinero en sus campañas electorales si se toma en consideración el número de ciudadanos que finalmente los votaron el 26 de junio. Especialmente paradigmático es el caso del PNV: según el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas, gastó un millón de euros en campaña para conseguir 287.000 votos, lo que supone que cada papeleta costó a los nacionalistas vascos 3,49 euroscostó . En las elecciones del 20D la ratio había sido incluso mayor: 3,8 euros por voto.

El PDeCAT no se queda lejos, ya que su inversión de 1,6 millones de euros en la campaña se tradujo en 483.000 votos, una ratio de 3,3 euros por papeleta conseguida. Sin embargo, este dato supuso una mejora para el partido con respecto al 20D, cuando gastó 2,2 millones en campaña para conseguir 567.000 votos: casi cuatro euros por votante. ERC, por el contrario, se mantuvo el 26J en cifras muy similares a las de diciembre, ya que invirtió millón y medio de euros en la campaña y consiguió 632.000 sufragios, lo que implica que cada voto le costó 2,43 euros.

Diferentes electorados

Pero, ¿a qué se debe esta disparidad de cifras? Pablo Simón, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), explica que es muy complicado estudiar las campañas de los partidos políticos porque éstos, tradicionalmente, son muy reticentes a ofrecer los gastos detallados y desglosados territorialmente. "Son las estructuras provinciales de los partidos las que vehiculan normalmente el gasto, pero nunca hacen público el detalle, así que sólo podemos hacer interpretaciones generales", señala el experto.

No obstante, Simón explica que uno de los principales motivos por los que las campañas de PP y PSOE son más caras es el envejecimiento de su electorado. Los nuevos partidos tienen un electorado más joven y con mucho mayor acceso a las redes sociales, un medio "mucho más barato" a la hora de hacer campaña que las tradicionales "banderolas y carteles" que los partidos utilizan para captar a votantes más mayores. Y ese mismo motivo, continúa Simón, explica que "los partidos tradicionales fueron quienes más pegas pusieran a acabar con el envío de papeletas por correo, porque al votante mayor le gusta ir con su voto preparado de casa, sobre todo en zonas rurales".

Pero "no puede movilizarse el voto únicamente a través de dinero, y de hecho, las campañas electorales mueven un porcentaje muy bajo del voto y sirven más para movilizar abstencionistas", explica Belén Barreiro, directora de la empresa demoscópica MyWord y expresidenta del CIS. A este respecto, Simón pone un ejemplo de una campaña barata y efectiva: la que realizó el PP en la campaña del 20D en zonas rurales de Palencia. Bajo el eslógan "mi pueblo no se cierra", los conservadores "repartieron propaganda buzón a buzón en pueblos pequeños" criticando la propuesta de Ciudadanos de fusionar municipios, explica el experto, que señala que se trató de una campaña barata pero que apuntó de pleno a una de las zonas donde el PP cimentó su victoria electoral: el medio rural.