La caída de Bashar Al Asad el pasado 8 de diciembre dejó al descubierto un país en ruinas. Ciudades enteras arrasadas, una población sumida en la pobreza y más de seis millones de refugiados en todo el mundo. Las imágenes de decenas de edificios oficiales despojados de sus burócratas y sus secretos también ilustran a la perfección el fulgurante desplome del régimen que gobernó Siria con mano de hierro durante 53 años. En uno de esos recintos, el de la Dirección General de Inteligencia, situado en el barrio de Kafr Sousa, en Damasco, periodistas de Siraj (Syrian Investigative Reporting for Accountability Journalism), que al igual que infoLibre es miembro del consorcio de medios de investigación OCCRP, encontraron el pasado 27 de diciembre una lista negra de periodistas extranjeros. Ése es exactamente el título del documento, que incluye los nombres de 150 reporteros de todo el mundo. Trece son periodistas españoles.

Javier Espinosa, Mónica García Prieto y Rosa Meneses (El Mundo); Álvaro de Cózar y Mayte Carrasco (El País); Daniel Iriarte (Abc) y Ethel Bonet (La Razón) se unen en el documento al premio Pulitzer Manu Brabo y a Ricardo García Vilanova y Antonio Pampliega, ambos secuestrados por los yihadistas en 2013 y 2015, respectivamente. También aparece Roberto Fraile, que fue asesinado en Burkina Fasso en abril de 2021 por terroristas de Al Qaeda. Los fotógrafos Daniel Leal-Olivas y Sergi Cabezas completan la lista española.

Todos ellos comparten el honor de haber sido señalados por la inteligencia de Al Asad, junto con el estadounidense Austin Tice, periodista de The Washington Post que desapareció en agosto de 2012 mientras cubría la guerra civil en Siria y del que aún no se sabe si está vivo o muerto. También aparecen en la lista negra la norteamericana Marie Colvin, reportera de The Sunday Times, y el fotógrafo francés Rémi Ochlik, de Paris Match, asesinados en un ataque del ejército sirio en la ciudad de Homs en febrero de 2012. Además, el informe menciona a James Foley, secuestrado en noviembre de 2012 por el Estado Islámico y decapitado en agosto de 2014, en una ejecución filmada por los yihadistas.

La lista, que tiene fecha del 4 de marzo de 2013, fue elaborada por el Ministerio de Información sirio, en concreto por el Departamento de Medios Extranjeros, e iba dirigida al comandante director de la Dirección General de Inteligencia. Está redactada en árabe y formaba parte de una carpeta etiquetada como Periodistas en Siria. Era la portada del expediente donde se halló un documento sobre Austin Tice.

El documento no es más que una prueba más del control que el régimen de Bashar Al Asad pretendía ejercer sobre los periodistas. Como publicó OCCRP, el Gobierno sirio abrió también una operación para investigar a Siraj, que en 2019 empezó a publicar reportajes sobre la corrupción y los abusos de los derechos humanos de Al Asad, y a cuyos reporteros acusaba de espionaje.

La lista negra hallada en diciembre apenas incluye una corta anotación por periodista, con las fechas y lugares por los que cada uno de ellos entró “ilegalmente” en Siria en 2012 y 2013. En algún caso, ni siquiera eso. O sólo se añaden las fechas en que los reporteros publicaron sus crónicas sobre la guerra en sus respectivos medios.

Es más, en el caso de los españoles, se incluye el nombre de una enfermera danesa de Médicos sin Fronteras, Adriana Ferracin Kleivan, que publicó en un blog del gratuito 20 Minutos una breve reseña de su experiencia en el hospital donde trabajaba, tras el bombardeo de un mercado.

Ninguno de los periodistas, todos ellos curtidos en zonas de conflicto y conocedores de Oriente Próximo, se ha sorprendido cuando infoLibre les ha comunicado su inclusión en la lista negra de Al Asad. Algunos de ellos no sólo conocían la existencia de semejante documento, sino que incluso sabían que formaban parte de uno similar. Ricardo García Vilanova fue, junto con Javier Espinosa y Antonio Pampliega, de los primeros que entraron en Siria en diciembre de 2011, cuando apenas había periodistas extranjeros cubriendo la guerra. En el documento no aparece ninguna referencia a ese año. “Entonces ya nos hablaron de una lista en la que estábamos los tres, colgada en la pared de una comisaría de policía y que estábamos buscados”, recuerda el fotoperiodista, freelance al que el Ministerio de Información sitúa al servicio de la agencia France Presse. “También trabajé entonces para The New York Times, CNN o Der Spiegel”, explica, “porque esos primeros meses casi éramos los únicos periodistas en Siria, y hasta julio y agosto, cuando se abrió la frontera turca, no empezaron a llegar reporteros de otros medios”.

“El régimen te hacía saber que estabas bajo vigilancia, te lo decían en el consulado cuando ibas a pedir el visado”, asegura Mónica García Prieto, entonces reportera de El Mundo. Cuando, semanas después del segundo asedio a la ciudad de Homs, la televisión siria emitió un documental en el que un activista confesaba unos supuestos crímenes tras haber sido torturado, aparecieron también unas capturas de pantalla de Mónica García Prieto y Javier Espinosa, asegura la periodista.

A García Prieto no le extraña en absoluto que el Ministerio de Información fuera el autor de la lista. Cuando ésta se elaboró hacía pocos meses que ya no figuraba al frente de ese departamento Mohsen Bilal, su titular desde 2006. Bilal había sido embajador en España durante cinco años y habla un perfecto castellano. “Tenía muy buena relación con él”, destaca Mónica García Prieto. “Cuando visitaba Siria, con visado, pero no le avisaba, me enviaba un ramo de flores al hotel con una nota del estilo ‘no vuelvas a hacerlo sin avisarme’, para que no hubiera duda de que él sabía dónde estaba yo”, cuenta la reportera. “El control del régimen era extremo”, subraya, “y se tomaban como una ofensa personal que nos lo saltáramos”.

Javier Espinosa acaba de volver de Siria, adonde llegó hace tres semanas. Pese a que el régimen de Al Asad ya no existe, en la misma frontera le recomendaron que fuera al Ministerio de Información para que le sacaran de la lista negra y evitarse problemas en el futuro. “Tienes prohibida la entrada en el país”, le dijeron. Estuvo en el ministerio pero, de momento, los funcionarios “no están en condiciones de ocuparse de esos trámites”, concede el periodista. Espinosa apunta que su relación con el régimen hasta el estallido de la guerra era “más o menos normal”. En 2010, con ocasión del décimo aniversario de la llegada al poder de Bashar Al Asad, formó parte de la comitiva oficial. Así que en 2011 solicitó visado desde Líbano, donde residía, para entrar legalmente en el país. Y se lo concedieron, pero sólo cuando él ya había cruzado la frontera con los rebeldes por Idlib, en el norte del país.

Todos los reporteros permanecieron en zonas controladas por los rebeldes, el Ejército Libre Sirio (ELS), durante el tiempo en que cubrieron el conflicto –“No se podía cruzar la línea del frente”–, por lo que no fueron controlados por agentes del régimen o sufrieron ningún tipo de acoso. “Estuve en Siria cerca de 100 días, siempre en territorio liberado”, detalla el fotógrafo Daniel Leal-Olivas, “así que el Gobierno sirio no podia hacernos nada en esa zona”.

Mayte Carrasco, sin embargo, cree que los periodistas eran vigilados. Se remite al ataque que sufrió el centro desde el que trabajaban los reporteros en Homs, y donde fueron asesinados Marie Colvin y Rémi Olchik, que luego se demostró intencionado. “No usábamos los teléfonos móviles porque eran localizables”, recalca.

El problema, añaden todos, se presentaba si intentaban entrar en el país solicitando un visado. A Rosa Meneses se lo denegaron a final de 2012 cuando quiso regresar tras haber pasado dos semanas en el país. Ethel Bonet, que ahora trabaja para el canal de televisión France 24 y para el diario catalán Ara, sólo retornó a Damasco tras el 8 de diciembre. “Era casi una cuestión personal”, subraya, “poder decir ‘por fin he vuelto”. Mayte Carrasco, que informaba para El País, Canal Plus Francia, Telecinco y el periódico argentino La Nación, menciona que estar en la lista negra siria impidió a muchos periodistas utilizar el aeropuerto de Beirut, por el control que Hizbulá, aliado del régimen sirio, ejercía en Líbano. Antonio Pampliega ni se plantea viajar a Irán, también aliado del régimen caído, ahora que sabe que aparecía en los informes de inteligencia de Al Asad.

Adriana Ferracin, la enfermera que el Ministerio de Información catalogó por error como periodista, también tuvo problemas para conseguir un visado en 2022, que le fue denegado sin ninguna explicación. “Les pasó lo mismo a muchos otros compañeros de Médicos Sin Fronteras”, precisa. Diez años antes había trabajado en Alepo y Al Salamah. “Fueron tiempos intensos, montamos hospitales que recibieron muchos heridos por bombardeos sobre infraestructuras civiles, escuelas y mercados. También perdimos a colegas sirios e incluso vimos el resultado de las bombas de fósforo blanco en niños”, describe la enfermera, que entró en Siria “cuatro veces” por periodos de tres o cuatro meses cada una.

El entonces corresponsal de Abc en Estambul, Daniel Iriarte, sólo estuvo 72 horas en Siria, tiempo suficiente para que le colocaran en la lista negra. Estando aún en la capital turca, ya le hablaron de la existencia de semejante documento. “Fue el primer periodista en mencionar la presencia de elementos extranjeros en las filas de los grupos armados”, anotó sobre Iriarte el autor del documento. “Sí, el régimen sirio explotó para su propaganda la historia que escribí sobre la presencia de milicianos libios en las tropas rebeldes”, lamenta. Pero eso no fue óbice para incluirlo en la lista negra. Al mismo tiempo, los rebeldes le acusaron de ser un espía de Al Asad. “Ninguno de los dos bandos me quería ver”, se ríe ahora, así que tuvo que escribir sus crónicas desde el otro lado del frontera, en Turquía.

Los reporteros aseguran que lo normal en aquellos día era “entrar y salir” de Siria cada cierto tiempo. “La frontera con Turquía era un coladero, podías entrar andando”, resalta Manu Brabo, premio Pulitzer en 2013 precisamente por las fotos que había hecho en Alepo –junto con otros cuatro reporteros de AP– un año antes. En la lista figura dos veces, como Manu Brabo y como Manuel Varela Brabo, como si fueran dos personas distintas que hubieran entrado ilegalmente en el país en fechas y lugares diferentes: por Aleppo en septiembre de 2012 y por Idlib en noviembre. Además, figura como reportero de France Presse. Las informaciones del Ministerio de Información no parecen haber sido recopiladas con demasiada precisión.

Según fue transcurriendo 2012 y elementos de Al Qaeda y el Estado Islámico empezaron a infiltrarse en los grupos rebeldes, el trabajo de los periodistas extranjeros fue haciéndose más difícil. Álvaro de Cózar llegó a Alepo en julio de 2012 y allí permaneció un mes. “Al poco tiempo, los periodistas nos convertimos en objetivos”, relata, “empezamos a no ser bien vistos”. De hecho, recuerda que James Foley le advirtió a él y a otros reporteros españoles de que no fueran a Idlib, de donde acababa de salir, porque allí abundaban los radicales. Fue en esa zona donde el estadounidense fue secuestrado. La misma sensación de inseguridad y miedo tuvo Rosa Meneses. Ella llegó cuando acababa de desaparecer Austin Tice. En un pueblo que había caído en manos de los salafistas, vio cómo empezaban a instaurarse los tribunales islámicos y cómo trataban a los soldados del régimen que habían hecho prisioneros.

“Les robaron la revolución”, sentencia Ethel Bonet tras detallar que pasó de poder “dormir casi en casa de cualquiera” a tener que llevar pañuelo para pasar inadvertida. Los activistas en el bando rebelde tuvieron que marcharse y fueron sustituidos poco a poco por salafistas.

La hostilidad a la prensa extranjera fue sólo el anticipo de lo que vendría después. El fotógrafo Sergi Cabeza abandonó Siria en marzo de 2013, cuando “empezaron los secuestros”. El 4 de septiembre el Estado Islámico capturó en Raqa a Marc Marginedas, reportero de El Periódico de Catalunya. Doce días después fueron secuestrados en la misma provincia y por el mismo grupo Javier Espinosa y Ricardo García Vilanova. Marginedas estuvo cinco meses y 26 días en poder de los yihadistas; Espinosa y García Vilanova, seis meses y 14 días. El secuestro de Antonio Pampliega, José Manuel López y Ángel Sastre a manos de Al Nusra, la filial de Al Qaeda en Siria, ocurrió en Alepo casi dos años más tarde, en julio de 2015, y fue mucho más largo. “299 días”, cuenta Pampliega.

Posiblemente fueron Pampliega y García Vilanova, rememora éste, los últimos que vieron a Austin Tice en Homs antes de desaparecer: “Nos dijo que se iba a Damasco, que tenía contactos allí”.

Además de Javier Espinosa, Ricardo García Vilanova y Manu Brabo han vuelto a Siria tras la huida de Bashar Al Asad a Moscú. García Vilanova, de hecho, no ha dejado de viajar al país árabe en todos estos años, pese a su secuestro en 2013. El pasado diciembre entró por el norte, donde se sigue librando otra guerra: la de los kurdos. Y regresará en un par de semanas, asegura. Ni él ni Espinosa ni Ethel Bonet son optimistas respecto al futuro de Siria. “El país está arrasado, como Gaza, y tiene por delante unos desafíos brutales: carece de recursos económicos, todo el mundo tiene armas, hay muchísimas facciones…”, enumera Javier Espinosa. Pese a que los gestos del nuevo gobierno parecen “positivos, de momento, la lógica dice que saldrá mal”, advierte el periodista de El Mundo. El nuevo líder sirio, Ahmed Al Shara, ha sido “bastante pragmático, hasta ahora, lo que no significa que sea fiable, ”, apunta con cautela. “Que, con las muertes causadas por el régimen, no estén pasando a cuchillo a los alauíes y no se haya desatado una guerra civil ya es un milagro”, destaca.

Ése es precisamente el temor de García Vilanova, que la población no acepte las leyes religiosas que pretenda imponer el nuevo gobierno y estalle un nuevo enfrentamiento. Sin olvidar las injerencias de otros países, como Turquía o Irán. “Es una locura que [Al Shara] haya retrasado las elecciones hasta dentro de cuatro años”, protesta el fotógrafo. Manu Brabo ya ha visto “tensiones” entre radicales y minorías, pero de momento cree que la situación es “estable” y, como Espinosa, alaba que los sirios “no se estén matando entre ellos” pese a la “mucha sangre que algunos tienen en las manos”.

Por el contrario, Siria fue el último conflicto que cubrieron Álvaro de Cózar y Sergi Cabeza. Desde 2007, el periodista de El País venía informando de los conflictos más relevantes desatados en África y Oriente Próximo. En 2011 llegó a Siria procedente de Túnez y Libia, siguiendo el rastro de la primavera árabe. También Mayte Carrasco, qu ahora trabaja para Canal Sur y filma documentales en zonas de conflicto, venía de Libia, Túnez y Egipto, cuando entró ilegalmente en Siria en enero de 2012. Sergi Cabeza, que formó equipo con Antonio Pampliega y José Manuel López para AP, después de informar para La Vanguardia y Berria, llegó a El Cairo apenas un mes después de que cayera Mubarak, y tuvo allí su base hasta 2015. Después de Siria, dejó el periodismo. Pero no por lo que vio allí, sino “por la precariedad”, aclara. Esa otra guerra.

El Ayuntamiento de Madrid ha publicado los gastos en publicidad institucional que el Ejecutivo de José Luis Martínez Almeida ha hecho a lo largo del año 2023. El resumen de los datos, adelantados por El Salto y que se exponen anualmente en el Portal de datos abiertos del Ayuntamiento de Madrid, certifica que los medios afines a la derecha reciben mucho más dinero en campañas de publicidad de las arcas públicas que los medios progresistas.

La cifra más alta se la ha llevado El Mundo con 474.881 con IVA incluido, seguido de 20 Minutos con 369.134 y La Razón con 223.000 euros. Federico Jiménez Losantos consiguió 187.892 euros en publicidad institucional entre su emisora EsRadio y su medio digital Libertad Digital. La radio se ha llevado más de 136.224 euros en 33 campañas diferentes, mientras que el digital ha recibido 51.668 euros. El comunicador ha estado presente recientemente en la polémica relacionada con el bulo de Miguel Ángel Rodríguez, asesor de Ayuso, que decía que "periodistas encapuchados" trataron de asaltar la casa de la líder madrileña. Losantos aconsejó a la presidenta llamar a "dos amigos o a Desokupa" para que el primer periodista que apareciese tuviera "un accidente".

OKDiario, el digital de Eduardo Inda, aparece a continuación con 166.684 euros repartidos en 22 campañas. La cifra más abultada, 23.762,88 euros, corresponde a la campaña del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social. Abc, El Español o El Economista le siguen en el ránking con 158.582 euros, 105.647 euros y 70.000 euros recibidos respectivamente.

El Debate (67.442 euros), The Objective (66.523), Voz Pópuli (63.416), Periodista Digital (39.062), El Imparcial (20.453) o EDATV (17.153) son otros medios que también han recibido subvenciones por parte del ayuntamiento de Martínez Almeida.

El País ha recibido en ese período 156.773 euros y Eldiario.es 42.531 euros, teniendo cifras de lectores mucho más altas que la mayoría de medios citados en esta información.

Medios como infoLibre, El Salto, CTXT, La Marea o Público no han recibido nada de publicidad.

infoLibre, tal y como destacaba nuestro director editorial, Jesús Maraña, en nuestra rendición anual de cuentas (ver aqui), reclama una transparencia total y unos criterios justos en la gestión de los recursos públicos, tanto en el nivel estatal como autonómico y municipal, "donde sigue siendo casi imposible poner luz a la distribución de campañas que pagamos todos los contribuyentes y que administraciones, partidos y empresas públicas manejan a través de centrales de medios que supuestamente se guían por los datos de medición de audiencias".

Estudios académicos (ver aquí) e informes de la AIReF (ver aquí) reflejan el carácter arbitrario y opaco de la distribución de publicidad institucional. infoLibre ha trasladado reiteradamente la necesidad de establecer criterios más amplios y diversos, no sólo basados en el clic, a la hora de gestionar la publicidad institucional, en línea con lo que está legislando incluso el Parlamento Europeo (ver aquí).

Unidas Podemos ha presentado este miércoles una serie de preguntas en la Mesa del Congreso de los Diputados en relación al audio publicado este martes en La Base de Público, en el que se escucha una conversación perteneciente a una comida en la que participan Mauricio Casals, editor del diario La Razón y directivo de Atresmedia; el ex comisario José Manuel Villarejo; el comisario José Luis Olivera; y el empresario Adrián de la Joya.

En esta conversación se puede escuchar que Mauricio Casals fue condecorado como miembro honorífico del "Cuerpo" [Nacional de Policía] y que por esa razón se le dio un revólver. El directivo de Atresmediia se queja de que el arma "pesa mucho", a lo que Villarejo responde ofreciéndole una pistola "sin papeles".

Por estas razones, UP se pregunta: "¿Cuáles son los motivos objetivos por los que Mauricio Casals fue nombrado miembro honorífico del CNP?"; "¿Es habitual de que con este tipo de nombramiento honorífico se le entregue a su destinatario un arma corta con necesidad de una licencia de arma B?; ¿Le consta a la Guardia Civil de que Mauricio Casals posee una licencia de armas tipo B? y de ser así, ¿cuáles fueron los motivos de la entrega de dicha licencia?"; y "¿es una práctica habitual que los miembros de las Fuerzas y Seguridad del Estado “regalen” armas cortas “sin papeles”?

Domingo por la tarde, ameno programa televisivo que trata de desliar las noticias o según su título de liarlas.

Tema central: las declaraciones recientes de Bárcenas y, como siempre, a la derecha de la moderadora, joven inteligente y con desparpajo, el "gran periodista" y director de La Razón (buen título, cojones), cuya cara y gestos son continuamente enfocados, mientras otros tertulianos argumentan comentarios que dejan en evidencia al partido popular.

¡Qué gran estrategia de comunicación, cómo los gestos y mojigangas a estas noticias del "periodista Margüenda" alegran a los feligreses del PP y cómo restan importancia a esos argumentos contrarios!

Y aquí estamos los tontitos tratando de ver alguna luz en la oscuridad, en una cadena que se supone que la propicia, para ver en realidad a un señor al que llaman periodista y a más a más (como dicen los catalanes), director de su periódico, que sinceramente hay que reconocerle que sería un mejor presidente o secretario, o los dos juntos, del citado partido de la oposición.

En este circo televisivo se echan de menos trapecistas de izquierdas más valientes, arriesgados y contundentes, sin tanta red de seguridad para su continuidad.

Pero la cruda realidad es que estamos rodeados e inundados de circos, de "periodistas" disfrazados de periodistas y de "políticos" disfrazados de políticos.

¡Menos espectáculo televisivo o periodístico y más verdad de la chachi, hostias!

Juan Priego Romero es socio de infoLibre

Europa Press y La Razón ha despedido en los últimos días a 16 y 9 trabajadores respectivamenteLa Razón. Según denuncia la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), ambos medios han decidido aplicar los despidos en vez de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), como han hecho la gran mayoría de las empresas periodísticas de España "con el apoyo del Gobierno y los sindicatos, entre ellos la FeSP". 

Con respecto a Europa Press, estos 16 nuevos despidos suponen 28 en los últimos ocho meses. Según asegura la Federación, el grupo ha incumplido el Estatuto de los Trabajadores ya que no ha solicitado a los representantes de los trabajadores el informe preceptivo que estos deben emitir antes de que la empresa proceda a una reestructuración de la plantilla. "La Junta Ejecutiva Federal de la FeSP lamenta que el grupo Europa Press haya optado desde hace años por precarizar cada vez más la situación de su plantilla, adopte decisiones unilaterales en perjuicio de los trabajadores, incumpla los compromisos que adquiere con los representantes sindicales y mantenga una permanente política antisindical. Con esta actitud, la empresa demuestra que les importa poco que se deteriore la calidad del servicio que durante muchos años han ofrecido a sus clientes los buenos profesionales de la principal agencia de noticias privada de España", asegura FeSP en un comunicado. 

Con respecto a La Razón, la Federación explica que estos nueve despidos llegan un año y medio después de que la plantilla aceptara una reducción salarial, "una medida acordada precisamente para mejorar la situación económica y evitar despidos". 

Asimismo, en esta junta, la FeSP también urge al Congreso a que concluya el concurso público para elegir el Consejo de Administración y la Presidencia de RTVE y reitera al Gobierno la necesidad de ayudar para el colectivo de periodistas freelances, a la pieza y colaboradoresfreelances, "los más perjudicados por la crisis que ha provocado la pandemia del coronavirus". 

Soledad Gallego-Díaz deja la dirección de El País cuando se cumplen los dos años que estipulaba su contrato. Ya antes de la pandemia había comunicado a los responsables del Grupo Prisa que no había cambiado el compromiso firmado en junio de 2018 de permanecer ese tiempo en el cargo y ni un día más. Con ella deja su puesto como adjunto a la dirección Joaquín Estefanía. También la escritora Maruja Torres ha anunciado ya en Twitter que no seguirá escribiendo las columnas que reanudó el pasado mes de marzo. A Gallego-Díaz la sustituirá Javier Moreno, quien ya dirigió el periódico entre mayo de 2006 y febrero de 2014.

En principio, más que la salida de Gallego-Díaz las incógnitas rodean la elección de Moreno para timonear un periódico que no se salva de la caída de los ingresos de la publicidad y ventas en quiosco que azota a la prensa española y mundial, mientras se decide con mucha timidez a ponerle precio a las noticias de su página web y duda sobre cómo adaptarse a los cambios de hábito de lectura de los ciudadanos. De hecho, en los dos últimos años El País ha perdido casi un 20% de su difusión ordinaria, un recorte que se eleva hasta el 32% si la mirada incluye los tres primeros meses de 2020. Que fueron terribles para las principales cabeceras españolas. Según los datos de la Oficina de Justificación de la Difusión (OJD), El País ha dejado de vender una media de 27.167 ejemplares diarios entre enero de 2018 y diciembre de 2019. En 2018 tenía una difusión media diaria de 120.940 ejemplares, que un año después había descendido a 110.385. Pero entre enero y marzo de este año esa cifra cayó por primera vez por debajo de 100.000: sólo 93.502 ejemplares en promedio.

El descalabro procede de todos los tipos de venta de periódicos de papel, pero ha sido muy acusado en las suscripciones individuales, que eran 58.347 en mayo de 2018, pero que sólo un mes más tarde quedaron reducidas a 20.110. La caída ha sido constante desde entonces, hasta llegar al mínimo de 9.779 el pasado mes de marzo. Es decir, el periódico de papel ha perdido 48.568 suscriptores en dos años, el 83% de los que tenía.

Y si en los quioscos colocaba en 2018 una media diaria de 85.594 ejemplares, el pasado mes de enero se quedó en su mínimo, sólo 71.347. Aunque subió algo en marzo, no superó los 76.223 periódicos. Por tanto, ha perdido 11.800 ejemplares, un 13,4%. En estos dos años y medio, El País ha reducido su tirada según iban menguando sus ventas: ha pasado de imprimir una media de 188.065 periódicos en 2018 a apenas 133.800 el pasado marzo, casi un 26% menos de papel.

Apuesta por la experiencia

Aun así, Prisa anunció un Ebitda (resultado bruto de explotación) de su unidad de prensa de 12,1 millones de euros en 2019, casi el doble que el ejercicio anterior. El grupo en su conjunto, no obstante, perdió 182,3 millones de euros, una mejora del 32,3% respecto a los números rojos de 2018, 269,3 millones. Según explica la empresa, frente al declive del papel, la publicidad digital aumentó un 9% y ya representa el 31% de los ingresos de la división de prensa, y un 57% de los ingresos publicitarios del grupo. Eso sí, la pandemia ha recortado sus ingresos en 25,5 millones, con una caída en la publicidad en prensa de 4,1 millones de euros y de otros 8,4 millones en la radio.

De forma que ha puesto en marcha un plan de reducción de costes de 40 millones de euros. Que se ha concretado en un ERTE en El PaísEl País con un recorte de jornada del 11% y un compromiso por parte de la empresa de no despedir a nadie en el periódico sólo hasta diciembre. Y ahí es donde se centra parte de la preocupación con que ha sido acogido el nombramiento de Javier Moreno en la redacción. Moreno fue quien ejecutó el primer y único ERE que ha sufrido El País en su historia y que se llevó por delante a 129 trabajadores en 2012El País .

Algunas de las fuentes de la actual dirección consultadas por infoLibre precisan, no obstante, que al menos antes de la pandemia la intención de la empresa era “contratar, tanto aquí como en América”. También aseguran que con Javier Moreno, actualmente director de El País América, Prisa ha “apostado por la experiencia”, un perfil “económico” y “de confianza” para encarar un momento muy complicado para el periódico. Precisamente, en plena crisis sanitaria y económica y después de muchas vacilaciones y continuos retrasos, El País acaba de poner en marcha su sistema de suscripción digital. Las mismas fuentes destacan que está siendo todo un éxito e incluso mencionan la cifra de 50.000 suscripciones desde el 1 de mayo.

Niega el ERE y el cambio de línea editorial

El otro motivo de preocupación de la plantilla de El País, advierten las fuentes consultadas, se refiere al cambio que pueda operar Javier Moreno en la línea editorial del periódico. En concreto, mencionan su temor a que su regreso se traduzca en una pérdida de “todo lo ganado estos dos años en la recuperación de la credibilidad” del diario tras la salida de Antonio Caño. Su miedo es que el periódico vuelva a la línea que ya han apuntado en algunos artículos tanto el propio Caño como el presidente de honor de El País, Juan Luis Cebrián, y el expresidente del Gobierno Felipe González, cuyo ascendiente en el diario no dudan en calificar de “preocupante”. González es miembro del consejo editorial del periódico. En un reciente artículo, Caño apoyaba la creación de un Gobierno de PSOE, PP y Ciudadanos, que no llegaba a llamar “de concentración”, pero que dejaba fuera a Unidas Podemos.

En cualquier caso, las fuentes precisan que Javier Moreno no es un nombramiento que venga de la mano de Cebrián, alejado de toda decisión ejecutiva en el grupo Prisa desde abril de 2018. Por el contrario, fue Juan Luis Cebrián quien encargó en 2014 un informe a Antonio Caño, entonces corresponsal en Washington, sobre los cambios que debía poner en marcha el periódico para salir de la crisis de audiencia e ingresos en la que estaba sumido y que proponía directamente la sustitución de Javier Moreno.

Su segunda designación ya ha sido comunicada al comité de redacción, tal y y como estipula el Estatuto de Redacción del periódico, y se someterá este miércoles a votación en la plantilla. Soledad Gallego-Díaz y Joaquín Estefanía seguirán en El País, escribiendo sus columnas, según confirman las fuentes consultadas. Convocados por la empresa, los trabajadores de El País asistieron la tarde del lunes a la despedida de Soledad Gallego-Díaz y a la presentación de Javier Moreno. Éste negó a los redactores que regrese para ejecutar otro ERE, tampoco para poner en marcha un cambio editorial en la línea del ejecutado por Antonio Caño. Por el contrario, aseguró que su intención es conservar el capital de Gallego-Díaz e incluso culpó de su cese en 2014 al Partido Popular, explican a infoLibre fuentes de la redacción.

Los movimientos de Amber Capital

El movimiento en la cabecera del primer periódico español se produce también cuando el fondo Amber Capital, el principal accionista de Prisa, se ha hecho con el 29,84% de las acciones, lo que le acerca al porcentaje a partir del cual la ley le obliga a lanzar una OPA si quiere seguir adquiriendo títulos del grupo. Amber Capital ha pugnado estos últimos años para hacer caer a Juan Luis Cebrián y puso en duda la idoneidad de Javier Monzón para presidir la compañía, puesto que terminó imputado en el caso Púnicacaso Púnica. El anterior presidente de Indra fue finalmente exonerado por la Audiencia Nacional el pasado mes de enero.

El accionariado de Prisa se lo reparten, además de Amber Capital, el Banco Santander –4,14%–, el HSBC –9,1%–, Telefónica –9,4%–, la familia Polanco –7,6%–, el Grupo Herradura Occidente –5%–, el jeque catarí Al Thani –5,1%–, el empresario mexicano Carlos Slim –4,3%– y el inversor Carlos Fernández -4%–, entre otros. La acción de Prisa cotiza a apenas 60 céntimos –ha llegado a estar a 52 céntimos durante lo peor de la pandemia–, cuando en 2015 valía hasta cinco euros. Este mismo mes de mayo Prisa consiguió vender un 30,22% de Media Capital, la firma de medios que posee en Portugal, a un empresario portugués por 10,5 millones de euros, lo que supone valorar la compañía en 130 millones de euros. En septiembre de 2019, el grupo cifraba en 255 millones el valor de Media Capital. Esa cantidad debía ayudar al grupo a reducir su elevada deuda, 1.067 millones de euros, que ha aumentado seis millones sólo en los tres primeros meses de este año.

En cualquier caso, las caídas de difusión y publicidad de El País no distan mucho de las que sufren el resto de las grandes cabeceras españolas. Según los registros de OJD, El Mundo El Mundoha pasado de una difusión de 89.580 ejemplares diarios de media en 2018 a sólo 69.466 entre enero y marzo, un descenso del 22,5%. En quiosco sólo vendió en promedio en el trimestre 45.186 ejemplares. Tiene 12.881 suscriptores, un 26% menos que en 2018. Abc ha perdido un 12,8%Abc de su difusión desde 2018 hasta ahora. Entre enero y marzo su media de ventas no superó los 64.788 ejemplares. Tiene 11.560 suscriptores. La Razón La Razónno fue capaz de colocar a través del quiosco más que 40.062 periódicos, nada menos que un 38,5% menos que en 2018, cuando aún vendía 65.098 ejemplares. Pero con las suscripciones la debacle es aún peor: sólo cuenta con 763 suscriptores, un 73,6% menos que hace dos años. La Vanguardia aún tiene una difusión de 85.236 en el primer trimestre, pero es un 11,5% menor que en 2018. Eso sí, posee 50.158 suscriptores, un 8,7% menos que hace dos años. Finalmente, El Periódico se quedó en marzo por debajo de los 50.000 ejemplaresEl Periódico, que a duras penas mantuvo en enero y febrero. La caída es del 18,5% desde 2018. Y sólo cuenta con 5.704 suscriptores.

A poco menos de dos semanas de las elecciones generales ningún sondeo cuestiona la victoria del PSOE del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Sobre lo que sí hay más incertidumbre es acerca de si el bloque de las tres derechas (PP, Cs y Vox) conseguirá configurar un nuevo pacto a la andaluza al lograr una suma de escaños que les permita formar Gobierno.

Este lunes el digital El Confidencial publica una encuesta en la que destaca la posible desmovilización del electorado del PP de Pablo Casado, que dejaría al partido con el 18,6% de los votos y 68 diputados —ahora tiene 137—. El diario, además, explica cómo ese descenso de apoyos en el PP no va acompañado por un respaldo equivalente en los votos a Cs y Vox por lo que, dice la publicación, el conjunto de votos de la izquierda (44,4%) superará por primera vez al de la derecha (43,9%). Así, el próximo 28 de abril PSOE obtendría 135 escaños, el PP 68, Cs 53, Unidas Podemos 34 y Vox 25.

Otro sondeo, también publicado este lunes, del diario La Razón, incide en la caída de Ciudadanos. Atendiendo a esta previsión, el partido de Albert Rivera caerá hasta los 53-55 representantes en el Congreso y el 15,8% de los votos. La cabecera destaca la bajada de la formación naranja desde su anterior encuesta, donde se estimaba que los de Rivera lograrían entre 61 y 64 escaños y el 17,8% de los apoyos. Con respecto al resto de partidos, el sondeo de La Razón le atribuye al PSOE entre 111 y 113 escaños; al PP entre 99 y 101; a Unidas Podemos entre 31-33; y a Vox entre 18 y 20.

El PP ya no es indiscutible en Galicia

En otro sondeo para las generales publicado este lunes por el diario La Voz de Galicia, el PSOE se alzaría con la victoria en la comunidad autónoma por delante del PP. No obstante, y atendiendo a lo que dice el periódico, el PP mantendrá los 10 escaños que tiene actualmente en el Congreso, los mismos con los que cuenta el PSOE, que se ha visto favorecido por el hundimiento de Unidas Podemos —se prevé que obtenga dos representantes—. A Ciudadanos se le estima un diputado y una leve mejora de su intención de voto. La información también destaca el castigo para Anova y En Marea por su ruptura política.

Ninguno de los 10 principales periódicos españoles vende en quiosco más de 90.000 ejemplares al día. Lo certifica la Oficina de Justificación de la Difusión (OJD) con los datos de 2018. La continuada e imparable caída de la prensa escrita en la última década permite a El Paísmantenerse como diario más vendido en la calle con un promedio de sólo 85.594 ejemplares el año pasado. Es el único, además, que supera los 60.000 ejemplares. Porque los tres siguientes vendieron de media en quiosco sólo 56.091 periódicos –El Mundo–, 54.950 –La Vanguardia– y 52.161 –Abc–. El resto no llega ni a 50.000 ejemplares diarios.

Aunque todos bajaron el año pasado en su difusión total con respecto a 2017, con una pérdida conjunta de 91.161 ejemplares, el 11,2%, el que más ha acusado la caída ha sido El País, que casi duplica esa media con un desplome del 21,4%. Le sigue en el retroceso El Periódico, con un recorte en su difusión total del 16,3%El Periódico. La bajada de los ocho restantes no llega a los dos dígitos, pero aun así es considerable: un 8,9% La Vanguardia y un 7,8% El Mundo, como más destacados. La difusión total incluye la venta en quiosco, las suscripciones, las ventas especiales (por ejemplo, suscripciones colectivas) y las entregas gratuitas.

Si se pone el punto de mira sólo en la venta en quiosco, la pérdida de los 10 principales periódicos es de 48.755 ejemplares en conjunto, un 10,1%. En este caso la cabecera que más cae es La Vanguardia, La Vanguardiacon unas ventas medias en 2018 un 16,1% por debajo del año anterior. El Periódico retrocede en quiosco un 12,5% y El País, un 12,4%. El Mundo pierde un 10,8%. Los diez principales periódicos bajaron las ventas en el quiosco: el que sufrió la menor pérdida fue El Diario Vasco, con una bajada dle 6,5%.

Esas caídas de venta en la calle, traducidas en ejemplares, suponen que El País dejó de colocar una media de 12.180 periódicos diarios el año pasadoEl País, el que más, seguido de El Mundo, con 6.860El Mundo. El Abc perdió 4.748 ventas en promedio y El Periódico, 4.726.

Por lo que a las suscripciones se refiere, es El Periódico el más perjudicadoEl Periódico, con un importante descenso del 38,1%. El País le sigue de cerca con una caída del 36,6%. El resto de los diarios pierden también suscriptores, pero en porcentajes muy alejados: La Razón retrocede un 6,37% y La Vanguardia un 5,92%. El único que crece en suscripciones es El Diario Vasco, pero sólo un 0,52%.

  EL PAÍS

La espectacular caída del diario del grupo Prisa se explica por la supresión de su edición impresa en Latinoamérica a partir del mes de junio del año pasado. En suscripciones El País ha perdido 23.190 copias de media en 2018.

A la vista de los datos de OJD, el cambio de dirección en el periódico, también ocurrido en junio del año pasado, no ha revitalizado las ventas en el quiosco, aunque se mantienen sin grandes oscilaciones mes a mes. En cualquier caso, El País terminó diciembre con una media de ventas en la calle de 84.420 ejemplares, tras alcanzar un mínimo del año de sólo 80.705 en noviembre. Había terminado diciembre de 2017 con 93.585 periódicos vendidos en quiosco.

El País es el único periódico que en difusión total –la suma de la venta en quiosco, las suscripciones individuales y colectivas, los ejemplares gratuitos y otros canales especiales– superó en 2018 la barrera de los 100.000 ejemplares, al situarse en 137.552.

  LA VANGUARDIA

La cabecera catalana es la que más suscriptores individuales tiene, más incluso que El País, una media de 54.950. La cifra, además, duplica el número de ejemplares que vende en quiosco –sólo 22.070–. Sólo La Vanguardia y La Voz de Galicia colocan más periódicos mediante suscripciones que en la calle, pero las del diario gallego apenas superan en 3.300 a sus ventas en quiosco. Ambos son periódicos con difusión autonómica y, pese a que la población de Cataluña casi triplica la gallega, La Voz de Galicia vende en quiosco más que La Vanguardia. De hecho, es el diario catalán el que vende menos en la calle de las 10 primeras cabeceras.

En 2018, su difusión total se situó en 96.345 ejemplares.

  EL MUNDO

El periódico de Unidad Editorial apenas pierde suscripciones en 2018, sólo 277, un 1,56%, pero es el segundo que más retrocede en ventas en quiosco, con una media de 6.860 ejemplares. De ahí que, con 56.091 diarios colocados en la calle, y sólo 17.417 suscriptores individuales, su difusión total no llegue a los 90.000 ejemplares en promedio –89.580–.

  ABC

En quiosco la cabecera de Vocento vende 52.161 ejemplares, tras perder un 8,34% el año pasado. Las suscripciones han bajado un 5,3%, por lo que se quedan en 12.227. En total, su difusión media el año pasado fue de 74.271 diarios.

  LA RAZÓN

El periódico que diige Francisco Marhuenda es la cabecera nacional con menos suscriptores individuales, sólo 2.895. Tan sólo cuentan con menos entre los 10 primeros de la clasificación de OJD dos diarios regionales, El Diario Vasco y La Nueva España. También es el que más oscilaciones experimenta en su venta en quiosco según el mes. El motivo son las promociones. Así, pasa de colocar un máximo de 60.938 ejemplares de media en septiembre de 2018 a un mínimo de 25.531 el mes anterior. Pese a ese esfuerzo comercial, La Razón ha perdido un 7,6% de sus ventas en la calle.

Este periódico logra, además, un 30% de su difusión por la vía de lo que OJD califica como de "pago especial", aquella en la que el diario se vende conjuntamente con otra publicación por menos del 50% del precio de portada.

Su difusión total se situó el año pasado en 65.135 copias.

  LA VOZ DE GALICIA

De las cabeceras de difusión autonómica, el diario de A Coruña es el segundo del ránking, con 61.868 ejemplares. Pero sólo vende en el quiosco 25.049, menos que por suscripción –28.443–. Y la caída en las ventas en la calle ha sido considerable, un 10,8% en 2018.

  EL PERIÓDICO

El diario del grupo Zeta atraviesa horas bajas, con un desplome de las suscripciones del 38,0% que le ha dejado con sólo 6.570 abonados individuales. En la calle se ha dejado otro 12,6% y consigue colocar 32.818 ejemplares.

Al igual que ocurre con La Razón, el 30% de la difusión del periódico catalán es de "pago especial".

Con una difusión total de 60.870 diarios, es la segunda cabecera con mayor pérdida de ejemplares en términos absolutos, 11.917 ejemplares.

  EL CORREO

El periódico vasco de Vocento también tiene un número pequeño de suscriptores, 6.556. En quiosco coloca 48.153 ejemplares, más que La Razón, pese a haber perdido un 7,2% de esas ventas en el último año. Su difusión total es de 57.547 diarios.

  EL DIARIO VASCO

Es la cabecera con menor número de suscriptores, 1.732 de media en 2018, pero también la única que los ha aumentado en el último año, aunque con una cifra mínima: nueve, un 0,52% de mejora. En quiosco vende 40.814 ejemplares, tras haberse dejado un 6,5%. Su difusión total ascendió a 43.652 copias diarias.

  LA NUEVA ESPAÑA

El periódico asturiano del grupo Prensa Ibérica tiene una difusión total de 34.877 ejemplares, de los que 31.793 los vende en quioscos. La cifra es un 8,6% inferior a la de 2017. Suscriptores individuales posee 1.828 en promedio, más que El Diario Vasco.

La última Encuesta de Población Activa (EPA), correspondiente al tercer trimestre de 2018, contaba 26.500 periodistas en paro, la segunda cifra más baja desde 2008. No obstante, de julio a octubre la cifra sufrió un repunte del 6,4%, el primero desde enero de 2017. Hasta ese momento el número de trabajadores de la información desempleados no había dejado de caer tras alcanzar su máximo en el tercer trimestre de 2013, con 64.400 parados.

En los últimos cuatro años remitieron los Expedientes de Reestructuración de Empleo (ERE) en los grandes grupos de comunicación, pero los recortes salariales y de funcionamiento no han parado. Y con el final del año y el comienzo de 2019 vuelven los despidos y las bajadas de sueldo. El sector no recupera la salud, convaleciente de una anemia de ingresos que no consigue curar.

La Voz de Galicia, que es el sexto periódico de mayor difusión en España, acaba de poner en la calle a cuatro trabajadores del área administrativa y comercial en plena negociación del convenio colectivo. Y fuentes del comité de empresa aventuran que habrá más despidos en esos departamentos de la empresa gallega [este viernes han sido despedidos otros dos trabajadores más]. Son los primeros desde 2012, aunque estos ocho años de “paz social”, como la definen en el comité, ha venido jalonada de un buen número de bajas incentivadas y de rebajas de sueldo. “Hasta ahora la fórmula había consistido en ceder salarios a cambio de mantener el empleo”, explican los representantes de la plantilla, “pero parece que a la empresa no le satisface y, por tanto, nosotros damos por rotas las negociaciones”.

Este mismo jueves los trabajadores del periódico gallego han llevado a cabo concentraciones de protesta a las puertas de las 14 delegaciones con que cuenta. La inicial “inquietud” que manifestaba la plantilla por la lentitud en que se desarrollaban las negociaciones para renovar el convenio se ha convertido en “indignación” con los despidos, justificados en “razones económicas” y a cambio de 20 días por año trabajado, la indemnización mínima legal. Uno de los trabajadores ha aceptado adherirse al plan de bajas incentivadas que ofrece 28 días por año de compensación. Pero el resto pretende acudir a los tribunales para denunciar sus despidos.

La inquietud también tiene su origen en el planteamiento que hizo la empresa nada más sentarse a renegociar el convenio colectivo: un recorte salarial de entre el 12,5% y el 14,5%, en función de la nómina, y el compromiso de mantener el 80% de la plantilla, integrada por unos 300 trabajadores. Es decir, quedaba en el alero el futuro de unas 60 personas. Además, el periódico ofrecía un convenio de sólo un año de duración, en lugar de los dos que se habían venido firmando hasta ahora.

La negociación se produce al tiempo que La Voz de Galicia reorganiza sus redacciones para integrar el papel y el digital, lo que de momento ha implicado el adelantamiento temporal del cierre diario de los contenidos pero también puede provocar despidos. El cambio, además, vendrá acompañado de la instalación del pago por contenidos en la web. Porque, aunque la empresa publica beneficios, los ingresos no remontan. De hecho, la garantía de mantener el 100% del empleo, establecida en el convenio colectivo, se sustenta sólo si el periódico alcanza un determinado nivel de ventas y de ingresos publicitarios que, según fuentes del comité, no se cumplieron en 2018. “Por tanto, la empresa podía haber despedido a 16 trabajadores a 31 de diciembre”, indican. No lo hizo hasta nueve días después.

Como hasta el momento el nuevo convenio no está firmado, tampoco lo está el anexo que cada dos años habilitaba a la empresa a recortar el sueldo de sus trabajadores. Por tanto, explican las mismas fuentes, La Voz de Galicia va a tener que pagar una nómina de enero completa, con las retribuciones de 2012, el año en que comenzaron a aplicarse las reducciones salariales, que no son acumulativas. De hecho, al final de cada ejercicio, el periódico les ha devuelto hasta ahora la mitad del recorte anual practicado. “La empresa debería tener prisa en cerrar un acuerdo con la plantilla, por eso no entendemos cómo ha preferido este conflicto y tener a los trabajadores detrás de una pancarta en la puerta”, advierte el comité, que espera una explicación de los responsables del diario la próxima semana.

Según las cifras de la Oficina de Justificación de la Difusión (OJD), La Voz de Galicia tuvo una difusión media –ventas más suscripciones– de 64.070 ejemplares entre julio de 2017 y junio de 2018. Desde 2012 ha perdido 20.824 ejemplares, un 24,5%. En 2008 vendía en quiosco y a suscriptores 102.859 periódicos. Es decir, su difusión media ha caído un 38,8% desde que empezó la crisis.

Ajustes en plena integración digital

El Economista también tiene previsto llevar a cabo este año la integración de las redacciones digital y convencional. Pero, a diferencia de La Voz de Galicia, sufre pérdidas. De hecho, no ha abandonado los números rojos desde su creación, en 2005. En 2017 superaron los 400.000 euros y el presidente del diario económico, Alfonso de Salas, anunció en su mensaje navideño a la plantilla que en 2019 serán necesarios “ajustes”, que no concretó, y reducir los salarios. Porque su objetivo en el ejercicio es duplicar los ingresos por publicidad y los inversores le piden un millón de euros de ahorro en costes antes de arriesgar más capital en la empresa, según explican a infoLibre fuentes de la redacción, que carece de comité de empresa. Ecoprensa, la editora de El Economista, ha realizado una quincena de ampliaciones de capital desde que se fundó.

De hecho, este mes de diciembre se han amortizado cinco puestos de trabajo en la redacción, añaden las mismas fuentes, bien porque no se han renovado contratos temporales bien porque quienes han abandonado la empresa no han sido sustituidos. En el área administrativa también ha habido alguna salida más, apuntan. Al tiempo, Ecoprensa ha fichado un nuevo consejero delegado, Pablo Caño –antes director general en El Independiente, el diario digital de Casimiro García-Abadillo–, que se presenta como experto en desarrollar un modelo de negocio rentable para los medios de comunicación.

Al igual que en La Voz de Galicia, El Economista ha adelantado un par de horas el cierre del periódico de papel, pero las fuentes consultadas advierten de la existencia de “muchas duplicidades” en las dos redacciones del económico, por lo que pende la amenaza de los recortes de plantilla. Ésta no ha dejado de crecer, no obstante, desde 2011, cuando el periódico atravesó su momento más delicado y puso en marcha un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), con reducciones de jornada y sueldo del 20%, que prorrogó hasta 2014.

Según OJD, El Economista tiene una difusión de 10.665 ejemplares y presume de ser el primer diario económico en internet.

La Razón está en plena renegociación del convenio igualmente. La primera oferta de la empresa tampoco resultó muy halagüeña: rebajas salariales del 20% para los recién contratados y del 15% para quienes cobren más de 25.000 euros al año. También ha puesto en marcha un plan de bajas incentivadas. Desde 2012, su difusión ha caído un 25%, por lo que ahora coloca sólo 68.298 ejemplares en quiosco y a los suscriptores. El periódico que dirige Francisco Marhuenda se ha mantenido en beneficios, aunque exiguos, desde 2014 hasta 2016.

Sin becarios ni correctores en 'El Mundo'

En El Mundo y el resto de las cabeceras de Unidad Editorial la renegociación del convenio colectivo está a punto de empezar. Fuentes del comité de empresa aseguran que su intención era prorrogar un año más el convenio en vigor, pero el grupo lo ha denunciado para negociar un nuevo texto. Después de sufrir cuatro ERE en el grupo desde 2009 y recortes de sueldos sucesivos que suman de un 15% a un 20%, la plantilla se encuentra en mínimos de efectivos y en máximos de esfuerzo, lamentan las mismas fuentes. “Llevan tres años sin cubrir las bajas”, destacan. Además, el pasado noviembre la empresa anunció que desde el 1 de enero no habría más becarios en las redacciones. Tampoco correctores –estudiantes de Periodismo que suministran las universidades al igual que los becarios– desde el próximo mes de mayo. Son un centenar en todo el grupo cada año, que cobran unos 300 euros al mes. 

Unidad Editorial sorprendió también al comité cuando propuso llevar a cabo una evaluación de la productividad y talento de los trabajadores. Según expuso la empresa, se trata de una iniciativa puesta en marcha por el dueño del grupo, Urbano Cairo, en Rizzoli, la matriz italiana. Esa evaluación, que pretende ser una “medida objetiva del potencial” de los redactores, la realizarán no obstante, los jefes de cada sección. El comité mostró su rechazo, ante el temor de que sus resultados puedan ser utilizados para justificar futuros despidos: pidió que las evaluaciones fueran públicas y que también se las hicieran a los jefes.

Los diarios de Unidad Editorial, como los de Prisa, Vocento y El Economista, están pendientes de instalar el pago por contenidos en sus versiones digitales. Todos ellos han anunciado oficiosamente que el muro de pago comenzaría a funcionar este mismo año. El Mundo tiene una difusión de 93.635 ejemplares, según la última medición de OJD, tras perder un 39,4% desde 2012. Gracias a una política draconiana de ahorro de costes, el grupo que preside Antonio Fernández-Galiano volvió a registrar un resultado bruto de explotación de 24,6 millones de euros en los tres primeros trimestres de 2018, pese a que los ingresos por la venta de periódicos sufrieron una caída de 8,5 millones de euros.

Un ERE también en un medio nativo digital  

Esta misma semana también se hizo público otro ERE, aunque en un medio nativo digital: Playground, con sede en Barcelona, un híbrido de noticias en vídeo y contenidos patrocinados enfocado al público más joven, va a despedir a 70 de sus 150 trabajadores. El próximo martes se constituirá la mesa de negociación, explica Sergio Calahorro, de CCOO. Playground fue creado en 2008 a partir de un blog musical y se convirtió en un medio con amplia audiencia sobre todo a través de Facebook. La decisión de la empresa de Mark Zuckerberg de cambiar su algoritmo y dejar de priorizar las noticias de los medios de comunicación, en febrero de 2018, ha hundido el tráfico de Playground. Según Similar Web, pasó de 12,9 millones de visitas en julio a sólo 3,7 millones en diciembre. El 44% de su tráfico procede de redes sociales, y de éste, el 94% de Facebook.

Ya antes del verano la empresa empezó a reorientar el negocio, potenciando los contenidos audiovisuales, indica Calahorro, por lo que pidió a sus trabajadores que cambiaran el convenio sectorial de prensa no escrita por el de la industria de producción audiovisual. El comité aceptó. Pero casi al mismo tiempo comenzaron los despidos individuales. Casi una docena en los últimos seis meses. Entonces se les indemnizó con 28 días por año trabajado. También abandonaron la empresa el editor jefe, Antonio J. Rodríguez, y la editora de Cultura, Luna Miguel.

La semana próxima la plantilla celebrará una asamblea en la que decidirán cómo se enfrentan a la decisión de la empresa. El comité, avanza el representante de CCOO, pretende sustituir los despidos por recortes salariales y un plan de bajas voluntarias.

Al frente de Playground figura Isaac Marcet, hijo de Mahala Alzamora, fundadora de la agencia de comunicación que lleva su nombre. Junto con su familia, participan en la empresa Mario Rotllan Sol, de la familia propietaria de la embotelladora española de Coca-Cola, y Solmunian SL, de los dueños de las clínicas Tres Torres. En 2016 facturó 3,3 millones de euros y su resultado de explotación ascendió a 438.025 euros.

El País da la victoria a Ciudadanos, con 35-36 escaños y un 25,2% de votos. El sondeo, realizado por Metroscopia, es el único que da una victoria clara al partido de Inés Arrimadas, al que sigue la ERC de Oriol Junqueras con 33 escaños y un 23,1% de los votos. JxCat y PSC empatan en votos con un 14,3%, aunque la candidatura de Carles Puigdemont aventaja en dos escaños —22— a la formación de Miquel Iceta, que se queda en 20.  En quinta posición si sitúa CatECP, la lista de Xavier Doménech, con 11 escaños y un 9,3% de los sufragios, seguida de la CUP, con un 6,4% y 8 escaños, y el PP que se desploma a los 5-6 asientos y un 5,4%. El bloque independentista quedaría así con 63 diputados, y el denominado bloque constitucionalista (Cs-PSC-PP) llegaría a los 60-62, lejos ambas opciones de la mayoría de 68, con los comuns como llave para formar gobierno.

El Mundo, por su parte, recoge una victoria de ERC con 34 diputados y un 22,5% de los votos, frente a los 31-33 y el 22,8% de Ciudadanos. Tras ellos, la lista de Puigdemont, con 23-26 diputados y un 16,6% de los votos, y el PSC como cuarta fuerza con 19-20 escaños y un 15,4%. La lista la cierran CatECP, con 9-10 asientos y un 7,7% de los sufragios, la CUP de Carlos Riera, con el 6,4% y 7-9 escaños, y el PP de Xavier García Albiol, con 7-8 y un 5,8%

La encuesta de Abc se acerca a la tesis de El País, otorgando la victoria a la formación de Arrimadas, con 31-32 escaños y un 23,2% de los votos, seguida por el partido de Junqueras, que se sitúa como segunda fuerza con 29-31 diputados y un 20,3% de los sufragios. JxCat y PSC repiten posiciones: la candidatura del expresident alcanza los 29-30 diputados y el 19,5%, muy cerca de ERC; mientras que Iceta se queda en los 22-23 escaños y un 16,3% de los votos. Doménech también aparece como quinta fuerza, con un 7,5% de los votos que se traducen en 8 diputados, seguido por Albiol, 7-8 asientos y un 6,2% y la CUP, con un 5,6% y 6 parlamentarios.

La Razón coincide con El Mundo, y otorga la victoria a ERC con 34 diputados y un 22,4% de los votos. En segunda posición se sitúa Arrimadas, con 31 escaños y un 21,8%, con JxCat en tercera posición con 25 y un 21,8% de los votos. El PSC repite como cuarta fuerza con 21 diputados y el 15,9%; seguido por los comuns con 9 escaños y el 7,6%. Cierran el Parlament el PP con 8 diputados y un 7,3% y la CUP de Riera, con 7 asientos y el 5,8%.

Por su parte, El Periódico da la victoria más abultada a ERC, con 34-35 escaños y un 22,2% de los votos. Arrimadas consigue 27-28 diputados y un 21,2%, seguida muy de cerca por la formación del cesado president, con 26-27 escaños y un 17,9% de los votos. El PSC de Miquel Iceta se queda con el 16,9% de los votos y 23-24 escaños, mientras que los comuns se sitúan en 10-11 asientos y el 8,9% de votos. Por último, el PP y la CUP empatan en 6-7 escaños, aunque la formación de Albiol aventaja ligeramente a los de Riera, con un 5,6% y un 5,5%, respectivamente.

La cadena Ser también otorga la victoria a la candidatura de Junqueras y Marta Rovira, con 34-36 escaños y un 24,3% de los votos, y Ciudadanos se sitúa en segunda posición con el 22,4% y 30-31 diputados. JxCat repite como tercera fuerza con 27-29 escaños y el 17,9%, seguido por el PSC con 20-22 diputados y el 15,1%. CatECP se consolida como quinta fuerza con 10 escaños y el 9%, y la CUP queda en sexta posición con 5 escaños y un 5,1%. La lista de Albiol se queda en el 4,8%, aunque opta a 5-6 diputados.

El  Barómetro Especial de laSexta sobre intención de voto del 21-D laSexta hecho público este viernes en Al Rojo Vivo anticipa también una lucha ajustada entre los independentistas y los constitucionalistas. Ciudadanos sigue creciendo y podría ser la fuerza más votada por encima de ERC. Los 10 escaños de los comúns podrían ser claves para formar Gobierno. Ciudadanos sería el partido más votado, con un 22,3% de los votos. Se adelantaría a ERC, segunda fuerza con un 21,6% de los votos. La lista de Puigdemont sería la tercera más votada (18,4%) y el PSC la cuarta con un 15%. Los comunes rozarían el 8% de los votos mientras que la CUP bajaría hasta el 6,1%. Los de Albiol, el PP, sería la última formación votada.

El reparto quedaría así: Ciudadanos alcanzaría los 33, dos más que ERC, mientras que JxCat se haría con 27, seis por encima del PSC. Los comunes de Domènech arañarían 10 escaños, el doble que el PP y dos más que la CUP que se quedaría en 8.

El Nacional se suma a la tesis de la victoria de Ciudadanos, otorgándole 31-32 diputados t un 23% de los votos, frente a los 30-32 escaños y el 21% de votos de ERC. Les sigue muy de cerca la candidatura del expresident, con  28-30 asientos y un 19,6% de los votos. El PSC, en cambio, cae hasta el 14,9% de los votos, que se traducen en 19-21 escaños. La mayor sorpresa la da la CUP, con un 7,6% y 9-10 escaños, situándose por delante de los comuns, que se queda en el 7,2% y 8-10 diputados, y el PP, que cae hasta los 6-7 diputados y el 6% de los votos. 

Alguno de los sondeos apunta a una mayoría absoluta de la opción soberanista, que no obstante consigue mayoría de escaños en todos ellos. El País sitúa al bloque independentista en 63 diputados, frente a 60-62 de los constitucionalistas. El Mundo otorga a los soberanistas entre 64 y 69 asientos, frente a los 57-61 asientos de los constucionalistas. El sondeo de Abc otorga 64-67 diputados al grupo por la independencia, y la suma de Cs-PSC-PP se queda en 60-63 diputados. La Razón sitúa al conjunto de ERC, JxCat y CUP en los 66 asientos, frente a los 60 de los constitucionalistas. Con 66-69 asientos se colocan los independentistas, en contraposición con el bloque unionista, con 56-59 diputados, según El Periódico. El Nacional, en cambio, sí que prevé una mayoría absoluta independentista con 67-72 escaños, frente a los 56-60 diputados unionistas. Por último, la Ser otorga la mayoría a los independentistas con 70 diputados, frente a los 59 del bloque constitucionalista. 

La mayoría absoluta independentista en el Parlament estaría blindada, en una horquilla de 70 a 73 escaños, aunque en votos apenas sumarían una décima más que en las elecciones del 27S: del 47,8% al 47,9%. Es lo que sostiene un sondeo publicado este lunes por El Periódico elaborado por el Gabinet d'Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) y que se realizó antes de que el Gobierno anunciara el pasado sábado las medidas para ejecutar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña.

ERC no tendría rival pero pierde terreno respecto al barómetro anterior, de diciembre pasado. Los de Oriol Junqueras obtendrían el 28,1% de los votos y entres 43 y 44 escaños, cuando hace 10 meses lograba 2,6 puntos más y entre 48 y 50 diputados. La mayoría independentista se mantiene por la recuperación del PDECat y la CUP. La antigua CDC se colocaría como cuarta con 18-19 parlamentarios y el 12% de los sufragios. PDECat se vería superado por Ciudadanos y el PSC. Los primeros pasarían de los 25 escaños actuales a 21-22, pero crece 3,3 puntos desde el sondeo anterior. El PSC conseguiría entre 20 y 21 diputados (hoy tiene 16).

La CUP podría conservar sus 10 parlamentarios o perder uno. Catalunya en Comú, el relevo de Sí que es Pot en 2015, lograría entre 11 y 12 diputados. Sí que es Pot tiene ahora 11.

La Razón publica este lunes un segundo sondeo en el que da a ERC una victoria en unas elecciones autonómicas con un 24,6 por ciento de votos, que le proporcionarían 41 escaños. En este caso, la encuesta sostiene que el bloque soberanista perdería la mayoría absoluta, situada en 68 diputados.

El segundo partido sería Ciudadanos con el 19,2 por ciento de votos, lo que supondrían 26 escaños. El PDeCat con el 12,1 por ciento de votos (18 escaños), el PSC con el 13,1 por ciento (17 escaños), CSQP con 11,4 por ciento (14 escaños), PP con 10,5 por ciento (13 escaños) y la CUP con 5,6 por ciento (6 escaños) serían las siguientes formaciones en intención de voto. La encuesta se hizo entre los pasados 16 y 21 de octubre. 

Mauricio Casals, presidente del diario La RazónLa Razón, está siendo investigado tras una querella de Anticorrupción por supuesto fraude y desvío en las subvenciones millonarias concedidas por el Ministerio de Industria al grupo capitaneado por Zed Worldwide, empresa tecnológica entre cuyos hitos se cuenta el videojuego Commandos. El caso se encuentra en manos del titular del juzgado 6 de la Audiencia Nacional, el recién reincorporado Manuel García Castellón. Hay 19 investigados, algunos de nacionalidad rusa. Ningún funcionario ni alto o exalto cargo figura entre ellos, aseguran fuentes del caso. La operación, en la que la UDEF ha practicado registros en Madrid, Barcelona y Valencia y varios arrestos, ha sido bautizada como Hanta. 

Fuentes de la investigación han confirmado a infoLibre que sobre Casals pesa una doble imputación por los presuntos delitos de tráfico de influencias y de falsedad documental, por la supuesta facturación ficticia que habría permitido desviar parte del dinero hasta el diario La Razón al amparo de un convenio de publicidad. Los investigadores destacan que hay sólidos indicios de que actuó como conseguidor de los más de 67 millones en ayudas y créditos blandos que el grupo capitaneado por la firma Zed obtuvo a partir de 2010, aún bajo el Gobierno de Zapatero, y también luego con el Ejecutivo de Rajoy.

Considerado uno de los hombres con mayor influencia y poder del país, Casals fue hace dos meses uno de los investigados más efímeros de la Operación Lezo junto con el director de La Razón, Francisco Marhuenda.

El juez Eloy Velasco les imputó presuntas coacciones a la presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, para tapar el escándalo del Canal de Isabel II. Y les desimputó a la semana siguiente con un auto donde citaba la declaración prestada por Cifuentes, según la cual no solo no se sintió presionada "sino, y es lo que importa, que en ningún caso lo habrían conseguido". El antecesor de Cifuentes en la presidencia de Madrid y bastión principal en la trama que se investiga en Lezo, Ignacio González, se convirtió en articulista de lujo de La Razón hasta dos días antes de su arresto. La mano derecha de González en Latinoamérica, Edmundo Rodríguez Sobrino, era miembro del consejo de administración de ese mismo diario.

Apodado por sus detractores como El príncipe de las tinieblas, Casals ha tejido con discreción granítica una extensa, valiosa y transversal malla de contactos y amistades. Quienes le conocen sostienen que su escenario habitual de operaciones es no tanto la sede de La Razón como el hotel Palace de Madrid.

Las fuentes consultadas por este diario han recalcado que Planeta, propietario de La Razón así como de las cadenas Antena 3 y La Sexta y que controla el 20% del accionariado de la compañía española Zed Worldwide según sus propios datos, está "colaborando" con la investigación. El grupo fundado por la familia Lara emitió este jueves un comunicado de nueve líneas por el que anuncia que se personará como acusación popular contra la familia Pérez Dolset, fundadores del grupo Zed. El grupo cierra la nota proclamando su "convencimiento de que ni el diario La Razón ni su presidente han cometido ninguna irregularidad". 

En diciembre, trascendió que Zed se encontraba inmersa en escándalo de presuntos pagos de sobornos a familiares de políticos del Gobierno de Moscú, entre ellos el ministro del Interior, a través de su filial rusa, Grupo Tema. El FBI, la CIA, la SEC –organismo equivalente en EEUU a la CNMV– y el Departamento de Justicia ya investigaban entonces a Zed. Uno de sus fundadores, Javier Pérez Dolset, fue interrogado así como una docena de directivos vinculados a la subsidiaria rusa de la compañía española. 

Zed entró en concurso de acreedores en 2016 con un pasivo de nada menos que 368,9 millones de euros. El comunicado difundido por Planeta incide en ese aspecto al asegurar lo siguiente: que el grupo "viene denunciando las irregularidades en la gestión por parte del presidente y de los administradores del grupo Zed desde junio de 2011". Los Pérez Dolset poseen distintas sociedades fuera de España, alguna de ellas en Luxemburgo, uno de los países nucleares de la UE y que, sin embargo, opera en la práctica como un paraíso fiscal.

La Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Delitos Económicas y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional han lanzado este jueves un operativo contra el Grupo Zed y la familia al frente de esta empresa, los Pérez Dolset, por dañar a sus accionistas con su concurso de acreedores, han informado a Europa Press fuentes policiales. Entre los principales querellados se encuentra el hombre fuerte del Grupo Planeta y presidente de La Razón, Mauricio Casals, según ha podido confirmar infoLibre en fuentes de la investigación.

La operación se ha saldado con seis de las ocho detenciones ordenadas por la Audiencia Nacional. El operativo está siendo coordinado por el juez Manuel García Castellón, que recientemente se ha puesto al frente del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional en sustitución de Eloy Velasco. Esta es la primera operación que García Castellón dirige desde que se convirtió en el nuevo instructor de los casos Púnica y Lezo tras ocupar la vacante dejada por el juez Eloy Velasco.

La investigación se remota a agosto de 2016 y fue iniciada por la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV). Las citadas fuentes han confirmado que se esperan ocho detenciones y 18 registros en Madrid, Valencia y Barcelona. Entre los arrestados estarían varios miembros de la familia Pérez Dolset.

Los investigadores consideran que los administradores de la firma tecnológica Zed incurrieron con la liquidación de la empresa en los delitos de insolvencia punible, administración desleal, fraude y falsedad documental. Anticorrupción lleva meses siguiendo la pista a una trama societaria internacional que presuntamente habría permitido el enriquecimiento ilícito perjudicando a pequeños accionistas.

El Grupo Zed es la empresa creadora de éxitos en el sector de los videojuegos como Commandos, que originó cuantiosos beneficiosos desde finales de los años 80. La compañía está también detrás de la producción de otros éxitos como la película Planet51.

El Confidencial asegura que la trama empresarial objeto de la investigación habría obtenido de forma irregular ayudas públicas del Ministerio de Industria durante los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy.

Según el mismo diario, la Fiscalía sospecha que Casals maniobró "ante altas instancias de la Administración para que Zed, que llegó a estar participada por Planeta hasta en un 25%, recibiera créditos blandos para el fomento de la innovación y el desarrollo por valor de hasta 70 millones” entre 2010 y 2015, es decir, tanto con gobiernos socialistas como del Partido Popular.

Por esa supuesta labor de intermediación, siempre según El Confidencial, La Razón habría recibido “presuntas comisiones irregulares camufladas como servicios de publicidad y falsos acuerdos de colaboración por un importe ligeramente superior a 2 millones de euros”.

La investigación también trata de establecer si Casals intervino para evitar que desde Industria y Economía se fiscalizaran el destino de los préstamos y se reclamara su completa devolución. Los expertos en delitos económicos de la Policía han determinado que sólo la mitad de los créditos blandos concedidos a Zed fueron reintegrados a la Administración.

‘La Razón’ sale en defensa del diario y de Casals

El diario La Razón difundió un comunicado este jueves en su página web en el que niega que el periódico o su presidente, Mauricio Casals, hayan participado "en ningún tipo de tráfico de influencias o fraude de subvenciones, ni directa ni indirectamente" y asegura que ha entregado a la Audiencia Nacional toda la documentación que se le ha requerido.

"En relación a la operación en la que se investiga el presunto fraude de subvenciones públicas por el grupo de empresas cuya matriz es Zed Worldwide, queremos aclarar: Ni La Razón ni su presidente han participado en ningún tipo de tráfico de influencias o fraude de subvenciones ni directa ni indirectamente", indica el comunicado.

El periódico muestra también su disposición a "colaborar con la justicia en todo momento", por lo que a lo largo de esta mañana "ha entregado toda la documentación que se le ha solicitado desde el Juzgado numero 6 de la Audiencia Nacional", que es el que dirige la investigación.

El Grupo Planeta pedirá personarse en el caso como acusación

El Grupo Planeta pedirá personarse como actuación particular en la investigación por un perjuicio económico de 120 millones de euros. En un comunicado, el grupo, titular del 20% de la sociedad española Zed WorldWide, señala que viene denunciando las irregularidades en la gestión por parte del presidente y de los administradores del grupo Zed desde junio de 2011, ante las informaciones en relación con la actuación de la Fiscalía Anticorrupción contra la familia Pérez Dolset, fundadores del Grupo Zed, por dañar a sus accionistas.

Asimismo, ante las noticias sobre la investigación de un presunto fraude de subvenciones públicas recibidas por el Grupo Zed, manifiesta su convencimiento de que "ni el diario La Razón ni su presidente han cometido ninguna irregularidad, ofreciendo toda su colaboración a la justicia".

¡Vaya tontería!, exclamamos desde una superioridad primermundista que nos permite ver en las celebraciones religiosas de los demás, sean chiíes, suníes, hindús, sijs, etc, lo que no vemos en las nuestras. Nos escandaliza el fanatismo de la fiesta de la Ashura, pero vemos normal la agitación que preside el salto de la reja con la virgen del Rocío.

Sobre las cometas, les recomiendo este En Portada de TVE: Las cometas vuelan sobre Kabul de José Antonio Guardiola con realización de Susana Jiménez.

Las religiones ocuparon los espacios emocionales y mentales del hombre antes de la existencia de la ciencia. Donde había oscuridad y miedo surgieron los mitos y los dioses, las explicaciones de dónde venimos y a dónde vamos. Los vigilantes de la infalibilidad de los mitos convirtieron las metáforas en hechos incuestionables bajo pena de muerte. La Razón a través de la ciencia ha devuelto la mayoría de las explicaciones mágicas sobre la creación del mundo al terreno de la poesía. El choque es inevitable, está en juego el monopolio de la verdad.

También está en juego el monopolio de lo que es la vida y lo que es la muerte. Convertirla en una puerta a lo desconocido, en la antesala de un premio o un castigo eterno sin derecho de revisión de pena, ha generado en la cultura judeocristiana una negación de la muerte. Somos una sociedad de inmortales que se mueren. En esto, los budistas nos llevan mucha ventaja.

Las fiestas religiosas, su expresión callejera, forman parte de la pertenencia al grupo. Hasta la Revolución francesa no había vida, ni salvación eterna, fuera del grupo y de la obediencia a la jerarquía. Las jerarquías apuntalaban a un poder terrenal absoluto y despótico en cuyos beneficios participaban con exclusivas en educación y el negocio de la fe. Cualquier intento de corregir el viejo orden conducía al patíbulo primero y al infierno después.

El siglo de las Luces, y la Razón como motor del pensamiento, inventaron la individualidad, su valor intrínseco separado de la tribu. Defendían la posibilidad de vivir fuera de la obediencia sumisa. La pérdida del control de verdad se debe al avance de la ciencia y a los científicos, de su capacidad de presentar hechos probados. Hablamos de la redondez de la Tierra, del giro de los planetas alrededor del Sol, la evolución de las especies o el Big Bang. Y aún así hay resistentes que prefieren el relato de la creación en siete días (con uno de descanso).

Se ha avanzado tanto que el poder religioso cristiano siente el vértigo de la inexistencia de Dios y de su futura irrelevancia como fuerza política y moral. Es un error porque la ciencia no podrá jamás reemplazar la conexión de cada individuo con sus creencias. Se pierde poder político, pero se gana influencia ética. El papa Francisco y el Dalai Lama serían ejemplos.

El laicismo nació como propuesta de encuentro, un espacio en el que la sociedad democrática se organiza desde unas normas comunes en las que la clave es la eficacia de las instituciones. Leyes que permitan la convivencia de diversos credos, pero sin que los credos puedan imponer sus normas a la totalidad de la sociedad. Para la Iglesia católica, el laicismo es la bicha.

La iglesia esgrime la libertad religiosa cuando es un oxímoron.

En un Estado laico, el divorcio es una opción legal para el conjunto de la ciudadanía, no una obligación para nadie que no quiera divorciarse. Como lo es el aborto y debería serlo también la eutanasia, convertida en la última frontera de resistencia, al menos en España. La Iglesia también batalló contra el matrimonio civil. En este caso, el asunto era económico.

Versión corta de un debate apasionante: ¿estaríamos mejor sin religión?

Versión completa:

En el fondo, el debate es el mismo que el de las cometas de los talibanes. La jerarquía católica niega al poder civil, democráticamente elegido, la capacidad de competir con su dios y dejar en manos de las personas, con todas las cauciones legales que se quiera para evitar abusos, la decisión de cuándo morir.

La palabra eutanasia procede del griego: eu (bien) y tanathos (muerte), la buena muerte.

El diccionario de la Real Academia recoge dos acepciones: “intervención deliberada para poner fin a la vida de un paciente sin perspectiva de cura”. Dos: “muerte sin sufrimiento físico”.

¿Cuál es el problema? El problema es el poder: quién tiene la capacidad de decidir. La Constitución española establece en su artículo 16.3 la aconfesionalidad del Estado. No hubo en los años setenta capacidad de ir más lejos. Esta aconfesionalidad se incumple de manera sistemática. La Iglesia ha aprovechado los vacíos legales para inmatricular bienes de todos en beneficio propio, como la Mezquita de Córdoba. Es una involución, una relectura de las desamortizaciones. Habrá que volver sobre ellas.

Sorprende en el asunto de la eutanasia que el PSOE sea tan timorato, que apoye la sedación que es una eutanasia con sordina, un sinónimo. Sorprende que no se atreva a entrar a fondo en un asunto que cuenta con el apoyo masivo de la población. Según el CIS, el 77,5% de los españoles está total o bastante de acuerdo en que se regule la ayuda a morir. La última encuesta de Metroscopia eleva ese apoyo al 84%.  

Según una encuesta publicada por The Economist, España es el cuarto país más favorable a la muerte digna después de Bélgica, Francia y Holanda.

La eutanasia es legal en Holanda, primer país en legalizarla, Bélgica, Luxemburgo, Suiza y en cinco Estado de EEUU. El 3,9% de las defunciones en Holanda proceden de eutanasia. Hablamos de 5.516 personas. Sobre este asunto hay mucha literatura y mucho cine, les recomiendo Las invasiones bárbaras de Denys Arcand.

Tráiler:

Completa:

La Conferencia Episcopal Española trata el tema bajo el epígrafe “defensa de la vida”. En el apartado VI 90 dice: “Para los católicos, la eutanasia, como cualquier otra forma de homicidio, no sólo es un ataque injustificable contra la dignidad humana, sino también un gravísimo pecado contra un hijo de Dios”.

El Sistema Informativo de la Arquidiócesis de México es más preciso: “La Sagrada Escritura es clara al señalar que la vida es un don de Dios y solo Él tiene poder para darla y quitarla. Bajo esta idea, toda persona, institución o gobierno deben hacer todo lo posible para ayudar a conservar la vida propia y la de los demás”.

En el fondo el debate es el mismo desde hace siglos, ¿qué prima, las leyes aprobadas por un gobierno elegido en las urnas o el llamado Derecho Natural. La iglesia condenó el liberalismo, el socialismo, los derechos humanos, el divorcio, el aborto. Defiende la vida, pero no la calidad de la vida ni se enfrenta, como institución, al maltrato de un sistema depredador que desprecia la vida de los más pobres.

Si quieren enfadarse lean Sin Alma (Galaxia Gutenberg) de Andrés Ortega. No trata de la eutanasia, sino de la invasión de la intimidad de un individuo que se enfrenta a la muerte, que es enfrentarse a su vida ya vivida.

Sobre el derecho a decidir qué tipo de vida y qué tipo de muerte les recomiendo Desaparecer de sí (Siruela) de David Le Breton.

Sobre el miedo a la muerte, Mirar al sol (Booket) de Irvin Yalom

¿Y los talibanes? Bien gracias.

Metro de Madrid destinó en publicidad entre los años 2011 y 2015 un total de 1.003.918 euros al periódico La Razón, frente a los 49.548 y los 42.127 euros que otorgó a El País y El Mundo, dos cabeceras que cuentan con una mayor difusión, según informa este miércoles eldiario.es. El periódico del grupo Planeta ingresó en este período el 60% de la inversión publicitaria de esta empresa pública.

El diario digital que dirige Ignacio Escolar recuerda que en 2015, cuando Ignacio González dejó la Presidencia de la Comunidad de Madrid, fue contratado como colaborador de La Razón y percibió un sueldo mensual de 4.500 euros por la redacción de dos artículos semanales, tal y como concluyó la investigación de la trama Lezo.

En cuanto a la inversión de Metro de Madrid en cadenas de radio, Intereconomía, de marcado carácter conservador, fue la principal beneficiaria al ingresar 334.612 euros, frente a los 45.425 de COPE, los 38.445 de esRadio, los 37.108 de Cadena 100, los 36.729 de Onda Cero, los 32.823 de Europa FM y los 30.467 de 40 Madrid. La cadena SER, la más escuchada, recibió 26.284 euros.

En la lista de medios con publicidad de Metro figura además Nueva Televisión, una web sin apenas lectores del exportavoz del Gobierno de Aznar Miguel Ángel Rodríguez, que recibió 4.522 euros y que finalmente cerró.

Trataba yo de escribir en estos días sobre la parte de esa trama que extiende la podredumbre al propio sistema de medios de comunicación: la subtrama mediática. Pero la incesante aparición de nuevos hilos impedía una y otra vez cerrar la pieza. Hemos abierto y cerrado cada jornada con nuevas filtraciones del entorno de Ignacio González, a quien la plataforma Salvemos Telemadrid lleva una década denunciando por diferentes cuestiones como el ático de Estepona, el Canal de Isabel II y otras, pero principalmente por arruinar la televisión pública madrileña en la época de Esperanza Aguirre.

Mamandurrias y panfletos: el secuestro de los medios públicos

El presidente de Telemadrid durante aquella operación fue José Antonio Sánchez, hoy presidente de RTVE. En ambos casos fue nombrado en solitario por el Partido Popular. En paralelo a la ejecución de un ERE ilegal, según denuncian los despedidos, fue creando una redacción paralela con periodistas elegidos a dedo. Hoy los periodistas de RTVE denuncian eso mismo en su redacción, y el propio José Antonio lo reconoce.

Uno de los escándalos aflorado estos días fue precisamente la colocación en RTVE de una periodista de confianza de González, la exdiputada de IU-Madrid Libertad Martínez, “para que defendiera su imagen”, según especifica el auto judicial. La periodista era amiga y defensora de Moral Santín, el diputado de IU de las tarjetas black, colocado por Aguirre en Caja Madrid. El propio José Antonio Sánchez confirmaba en sede parlamentaria cómo él mismo la había colocado. Su cercanía con Ignacio González queda acreditada además en una conversación de este con Zaplana (con quien tendríamos otro larguísimo historial para comentar en la enterrada televisión valenciana). En esa grabación oímos cómo planeaban pedir el favor de José Antonio para materializar un suculento negocio inmobiliario que involucraba al Ministerio de Defensa y a Cospedal, de cuyo marido el Presidente de RTVE es íntimo amigo.

Quizá por eso, TVE y otras televisiones públicas controladas por el PP como las de Madrid, Valencia y Castilla-La Mancha, externalizaron partidas multimillonarias como la digitalización del fondo documental, la hípica o las loterías, hacia empresas filiales del Grupo Vértice 360 (Acicala, Videoreport, Videac, etc.), en el que participan tanto el marido como el sobrino político de Cospedal, ambos apellidados López del Hierro. Ah, claro. El círculo se cierra. Quizá por eso “López del Hierro” figura como financiador ilegal en los papeles de Bárcenas, como también figura José Luis Moreno, cuya productora recibió también cuantiosas externalizaciones de la misma RTVE, por ejemplo las galas de Fin de Año y algunas otras. Más piezas para el puzle. ¿Libremercado mediático autorregulado? ¿La audiencia manda? Bueno, no tanto. Antes se subcontrató también con las empresas de Pedrojota, Dragó, Buruaga, Garci, Tárrega, Miralles, Cerezo y tantos buenos amigos, que luego podían competir dopados de fondos públicos en el sector de la comunicación y la opinión pública. Hegemonía cultural, creo que lo llaman. Más y más piezas van encajando en este gran puzle desde hace años, llenando huecos, concretando rostros, confirmando nuestras peores suposiciones.

La Razón neoliberal al mando de lo común

El propio José Antonio Sánchez, antes de presidir la televisión pública, aparecía ya en los papeles de Bárcenas vinculado a pagos realizados en 1994 y 1995, en la época en que ejercía como cronista parlamentario de ABC. Después escribió para La Razón, pero no debe confundirse con el Jefe de Informativos de RTVE que él mismo nombró, José Antonio Álvarez Gundín, que venía de trabajar, oh sorpresa, como Jefe de Opinión en La Razón. Tampoco con otro José Antonio, apellidado Vera, fundador y director de La Razón, que hoy preside nuestro más potente medio público internacional, la Agencia EFE. Vaya, parece que el diario ultraliberal es una auténtica escuela de administradores de lo público. ¿Recuerdan cuando repetían que “Podemos quiere controlar los medios” simplemente porque propusimos adoptar recomendaciones de Bruselas? Pero sigamos, sigamos con las piezas y el puzle.

El actual director de La Razón es Francisco Marhuenda, antes diputado del Partido Popular, donde dirigía precisamente (redoble de tambor) el gabinete de Administraciones Públicas. Otro gran retazo de la subtrama mediática que salía a la luz estos días era la imputación de Marhuenda y de Mauricio Casals, presidente del mismo diario y peso pesado del Grupo Atresmedia, por delitos de coacción, intimidación y pertenencia a organización criminal, en la Operación Lezo. Supuestamente ejercieron como brazo mediático de la dimitida Esperanza Aguirre, la cazatalentos artífice de la charca de ranas coordinada por Ignacio González. Las grabaciones filtradas revelan cómo acordaban intimidar y coaccionar para tapar la corrupción en la Comunidad de Madrid. “Hay que asustarla”, “no te preocupes que las pasará putas”, son algunas de las frases registradas.

Comunidad de Madrid, epicentro de la corrupción

El goteo de casos político-mediáticos no cesa y empezamos a marearnos ante la avalancha de piezas para el puzle. Europa guarda silencio y España está perdiendo la capacidad de sorprenderse ante cada noticia, acostumbrada a que la realidad supere las ficciones más pesimistas. Nuestra clase política nos indigna, nos asquea, pero nos sorprende más bien poco, la verdad.

La subtrama mediática cuenta muchos más hilos, tantos que no entran en esta columna. Y casi todos pasan por Madrid. El juez pide ahora información sobre Pedro Antonio Martín Marín, Secretario de Estado de Comunicación con Aznar, antes directivo en COPE, en Antena 3, Hispasat y Telefónica, para imputarlo junto a otros sesenta sospechosos, la mayoría de Madrid. ¡Benditos soplones! Habría que dar un premio al medio que más filtraciones gestione.

En cambio, el fiscal Moix sugiere sancionar a los medios que las publiquen. ¿Por qué será? ¿Quieren controlar a los medios? Eso vulneraría el derecho al secreto profesional y a no revelar fuentes, consagrados en la Constitución (Art. 20.1.d), además de todos los códigos deontológicos y unos cuantos tratados internacionales. Sin publicar filtraciones, la prensa jamás hubiera destapado el Watergate o los Papeles de Panamá, ni tantos otros premios Pulitzer al periodismo de servicio público, ese perro guardián frente a los abusos de poder.

Pero sin duda, y con esto vamos cerrando, es en la Comunidad de Madrid donde encontramos un mayor número de hilos de los que tirar. Varios conducen a Enrique Cerezo, investigado por cohecho y blanqueo de capitales en el Caso Ático junto a González (al que ya sólo se le ocurría “pegar dos tiros al juez”). Cerezo es el mayor poseedor individual de derechos fílmicos del mundo. Los rentabiliza a través de sus sociedades Video Mercury, vendiendo paquetes enormes (redoble de tambor) a RTVE, sí y también a Telemadrid (tacháán). El recién dimitido consejero de La Razón, Edmundo Sobrino, lo era también de otra de las empresas de Cerezo, Teledifusión Madrid, dueña de Torrespaña y encargada de distribuir la señal de televisión en Madrid. También lo era de una de las filiales del Canal de Isabel II. ¿Quizá por eso el Canal vertía un millón de euros al año en el diario liberal a través de un convenio opaco? ¿Quizá por eso Cerezo fue el mayor adjudicatario de licencias locales de televisión en Madrid de manos de Esperanza Aguirre? Seguimos encajando piezas del puzle, aunque empieza a ser aburrido.

No voy a alargar este relato con las millonarias cifras de dinero público que se inyectaron a La Razón desde la Comunidad de Madrid, ni con tantas otras centrifugaciones de fondos públicos que dañaban a un sistema de medios en quiebra permanente. Basta. La sobreinformación ya no provoca rabia, sino náusea. Dejemos para otro día los hilos que alcanzan a casi todos los grandes grupos, incluida la prensa tradicional. La subtrama mediática da para una tesis doctoral, pero ahora urge más reflexionar sobre el efecto psicosocial de seguir escudriñando esta ciénaga. En mi columna de mañana hablaré sobre “efecto shock” e indefensión aprendida.  

Nuevas grabaciones relativas a la operación Lezo revelan las presiones a las que Mauricio Casals y Francisco Marhuenda –presidente y director de La Razón, respectivamente– sometieron a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, para proteger a Edmundo Rodríguez Sobrino, responsable del Canal Isabel II en América. El pasado martes, el juez Eloy Velasco archivó la acusación contra ellos por presuntas coacciones a Cifuentes.

Según ha informado el diario El País, las conversaciones grabadas por agentes de la UCO a los dos ejecutivos del Grupo Planeta descubren las maniobras del medio contra Cristina Cifuentes para que retirase el informe que envió a la fiscalía sobre la compra de la empresa brasileña Emissao. El objetivo era prestar ayuda al accionista de La Razón y responsable del Canal de Isabel II en América, Edmundo Rodríguez Sobrino, que se enriqueció con la compra de Emissao. La presión contra Cifuentes y su directora de comunicación Marisa González –en otras grabaciones puede escucharse cómo Marhuenda se refiere a ella como "zorra" e "hija de puta"– provocó una queja ante el presidente de Atresmedia.

Las nuevas escuchan revelan varias conversaciones entre Casals, Marhuenda y Rodríguez Sobrino en las que este último reconoce, entre otras cuestiones, que se saltó el 56% de los controles normativos en la compra de la sociedad brasileña y que ocultó informes negativos sobre la operación al Consejo del Canal de Isabel II. Rodríguez Sobrino le pidió a Casals que el director de La Razón mediase entre él y Cifuentes para que le "dejaran en paz". Marhuenda le llamó horas más tarde para ponerse a su disposición y le prometió "asustar" a Cifuentes: "Le voy a decir: mira, ten en cuenta que cuanto más tiempo mantengas vivo este tema, más te puede perjudicar, porque tú eres la sucesora de...". "Eso es lo que le preocupará, con lo cobarde que es", continúa el periodista.

Rodríguez Sobrino también se puso en contacto con Casals para informarle de la reunión de Marhuenda con Cifuentes y el presidente de La Razón le expone que no es solamente el periódico el implicado en su defensa sino "Antena 3, Onda Cero y La Sexta". En otra llamada de Rodríguez Sobrino a Casals dos semanas más tarde, este le calma diciéndole: "No te preocupes, que las pasará putas esta señora". El presidente de La Razón además amenaza con utilizar el boca-oreja para defender al responsable del Canal: "Vamos a hacer todo lo posible, me voy a dejar los cojones para defenderte. Nos vamos a volver locos en la defensa de algo y que esta tía se prepare... Por que no sabe lo que es una campaña boca-oreja, es que no sabe lo que es..."

Las conversaciones también muestran que una "juez amiga de la casa" ya había avisado a los ejecutivos de Planeta de la investigación contra Rodríguez Sobrino y González.

"Obsesionado" con las filtraciones

El pasado abril, el director de La Razón acudió a Onda Cero tras declarar en la Audiencia Nacional. En la entrevista, Marhuenda aseguró que Rodríguez Sobrino estaba "obsesionado con que la Comunidad de Madrid filtraba a la prensa contra él" y el periodista le ofreció su ayuda: "le dije que hablaría con ellas (Cifuentes y Marisa González) pero luego no lo hacía. No hice nada", se defendió el director de La Razón.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha acordado, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, el sobreseimiento provisional y archivo de la investigación contra el director de La Razón, Francisco Marhuenda, y el presidente de este diario, Mauricio Casals. Ambos fueron imputados por un delito de coacciones a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.

Asimismo, el instructor de la Operación Lezo tiene previsto interrogar a lo largo de la mañana de este martes al que durante varios años fue el número dos del expresidente madrileño Ignacio González en el Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel, que fue detenido por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil este lunes en el marco del caso.

De Miguel, que fue una de las personas que acompañó a González en su viaje a Colombia, también estaría involucrado en las decisiones del Canal de Isabel II de adjudicar la explotación por parte de los imputados de un campo de golf en el centro de Madrid, pero también quién suministró agua a otro campo de golf propiedad del empresario Joaquín Molpeceres.

Pedro J. Ramírez ha enviado a sus accionistas y suscriptores un correo electrónico donde denuncia la “campaña intimidatoria” que, según dice, ha emprendido el grupo Atresmedia contra El Español, el periódico digital que dirige desde que fue despedido de El Mundo.

El periodista riojano atribuye la “campaña de represalias” a las informaciones que ha publicado sobre la Operación Lezo y la implicación de Mauricio Casals, adjunto a la presidencia de Atresmedia y presidente del diario La Razón, y de Francisco Marhuenda, director de ese diario. El Español reprodujo la grabación de las conversaciones entre Marhuenda y Edmundo Rodríguez Sobrino, consejero delegado de de La Razón y exdirectivo del Canal de Isabel II, que desvelaban un supuesto intento de coaccionar a Cristina Cifuentes para que desistiera de sus denuncias contra Ignacio González.

Pedro J. Ramírez ha explicado en su periódico que el departamento de comunicación de Atresmedia –dueño de Antena 3, La Sexta, Onda Cero y cuyo principal accionista es el Grupo Planeta, propietario de La Razón– envió el pasado lunes un correo a más de 90 periodistas que incluye dos artículos, uno sobre El País y otro sobre El Español. El segundo es un artículo publicado en Hispanidad.com, que se declara “decano de la prensa digital española, fundado el 20 de marzo de 1996” y que Pedro J. califica de “web marginal”.

En su correo a los accionistas y suscriptores, el director del El Español asegura que ese artículo sólo contiene “mentiras despreciables”. En concreto, el director de Hispanidad, Eulogio López, asegura que el periódico de Pedro J. “se ha vuelto ultrafeminista, homosexualista y cristófobo”. Y culpa de esa deriva a la pareja del director, la abogada Cruz Sánchez de Lara. A sus interferencias en el trabajo de la redacción atribuye también esa web la marcha de Ana Romero y de John Müller, dos periodistas que trabajaron durante años con Pedro J. Ramírez en El Mundo.

Además, Hispanidad cifra en 3,5 millones de euros las pérdidas de El Español en 2016El Español, 400.000 euros más que en 2015, pese a que ha triplicado sus ingresos de un año a otro.

Pide suscripciones

Pedro J. utiliza su correo a los accionistas y suscriptores para recordar las informaciones que publicó en Diario 16 sobre la trama de los GAL, a las que atribuye su destitución como director de ese periódico. Lo mismo que asegura que fue la publicación de los SMS de Rajoy a Bárcenas o de la financiación ilegal del PP la que provocó su despido de El Mundo. El periodista  se dirige a sus lectores en primera persona del plural –“durante casi cuatro décadas hemos denunciado los abusos de cualquier partido”, “os pedimos a los accionistas que sigáis confiando en el proyecto”– pese a que comienza con un protocolario “me dirijo a vosotros” en singular.

No sólo denuncia “el inmenso poder del grupo manejado por Mauricio Casals”, a quien reprocha también que le –“nos”– haya excluido de todos su programas. Aprovecha igualmente para pedir a los accionistas que sigan “confiando en el proyecto”, a los suscriptores que renueven sus suscripciones y a los lectores que se conviertan en suscriptores. Y a todos ellos, que “difundan El Español” en sus “círculos”. Aunque presume de que la mayoría accionarial está “sobrasadamente asegurada” –“ahora nadie puede echarnos de El Español”–, Pedro J. resalta que “nada apuntalaría tanto” el proyecto y su viabilidad económica como “el aumento del número de suscriptores”.

La agencia Efe lleva dos años sin Consejo de Redacción, el órgano que ampara a sus periodistas ante posibles presiones externas o de la propia dirección. El primero se constituyó en 2005 y el último quedó disuelto en 2014. Desde entonces, la renovación del consejo permanece bloqueada por un asunto en apariencia menor: la disputa entre los responsables de la agencia y los representantes de los periodistas por la inclusión en el censo de votantes de los 12 trabajadores de EfeagroEfeagro, el servicio de información agroalimentaria de Efe.

La plantilla de la agencia pública –pertenece a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)– la componen unos 800 empleados, que deben elegir a los cinco miembros del consejo cada dos años. Cuando tocó votar para renovar el órgano en 2014, la agencia excluyó a los trabajadores de Efeagro del censo. Adujo que no es una filial de la agencia desde que, en abril de ese año, EFE dejó de poseer el 51% de sus acciones. Entonces el BBVA, que tenía el 49% restante, vendió su participación a una sociedad, Factoría Vertical 28, que también se hizo con un 1% de las acciones en manos de la agencia. Ahora es una “sociedad participada”, una sociedad anónima mercantil “distinta”, e “independiente” con órganos de dirección, consejo de administración, redacción, representación social y equipo de gestión distintos a los de Efe”. Su plantilla no pertenece a Efe, argumenta la dirección, por lo que no se le puede aplicar su Estatuto de RedacciónEstatuto de Redacción. Y ceder su censo para elegir el Consejo de Redacción de la agencia “invadiría las competencias de una empresa ajena”.

La disputa se ha enconado con el tiempo. En el segundo intento de celebrar elecciones al consejo, tres redactores de Efeagro solicitaron participar. Dos días después, en septiembre de 2015, ocho de los trabajadores de Efeagro, incluida su directora, Susana Cuevas, enviaron una carta a la mesa electoral para que excluyera sus nombres del censo para elegir el consejo. “No hemos autorizado, ni solicitado, ni permitido tácitamente y aún menos expresamente su inclusión”, aseguraban. Según fuentes de la plantilla consultadas por infoLibre, la directora llamó uno por uno a su despacho a los redactores de Efeagro para que firmaran en la presencia de un abogado.

Además, el comité intercentros denunció ante la Inspección de Trabajo la negativa de la dirección de Efe a ceder el censo de Efeagro, e incluso el Consejo de Redacción pidió amparo a la Asociación de la Prensa de Madrid Asociación de la Prensa de Madrid(APM). Mientras, la agencia impugnaba las decisiones de la Mesa Electoral y se ha negado a reconocer como tal al Consejo de Redacción que quedó en funciones tras el primer intento de celebrar elecciones en 2014.

La Inspección se declaró incompetente para actuar en un caso que atañe al Estatuto de Redacción y no al convenio colectivo, pero la APM pidió a la agencia que mantuviera al Consejo de Redacción en funciones hasta que se nombre uno nuevo e invitó a ambas partes a recurrir a un arbitraje para resolver el conflicto.

Nuevos negocios e independencia profesional

Sin embargo, nada se ha movido desde entonces. El pasado mes de febrero, el Gobierno respondió por escrito a una pregunta de la diputada de Unidos Podemos Noelia Vera Cruz sobre el asunto. Se limita a recordar los dos intentos de votación, en 2014 y 2015, y a explicar que la parálisis del proceso se debe a “discrepancias sobre el censo electoral”, sin mencionar a Efeagro. “La agencia Efe desea las elecciones para la renovación del Consejo de Redacción, tal y como recoge el Estatuto de Redacción”, concluye el Ejecutivo.

Para los miembros de ese consejo, el comportamiento de la dirección es un intento de excluir a Efeagro del ámbito de aplicación del Estatuto de Redacción, pese a que las informaciones que elaboran sus redactores son difundidas a través de las secciones de nacional y economía como cualquier otra. Y “todas las informaciones transmitidas por los canales de Efe deben atenerse al contenido” del Estatuto, según establece el propio documento.

De hecho, temen que la apertura de la agencia a “nuevos negocios” y la elaboración de “productos bajo demanda” termine “interfiriendo en la independencia e imparcialidad de los periodistas”, en concreto en los de Efeagro, según consta en la memoria del consejo. En sus cuentas de 2015, la sociedad afirma que ha “potenciado” la producción bajo demanda y está “explorando nuevas líneas de negocio, que suponen una nueva fuente de ingresos provenientes de la publicidad y patrocinios”.

Además, alegan que la plantilla de Efeagro participó en la elección de los cinco consejos de redacción anteriores, incluso una de sus redactoras se presentó como candidata. La empresa, en cambio, considera que “ningún antecedente” sobre la participación de Efeagro puede “convertirse en derecho adquirido”. “Si algo se hizo incorrectamente, no tiene por qué perpetuarse”, advertía la dirección en una de sus escritos de impugnación a la mesa electoral.

En torno a 'La Razón'

El caso es que los representantes sindicales de UGT y CCOO en el comité de la agencia desconfían de la política seguida por la dirección respecto a Efeagro desde que el BBVA vendió su participación. Y así lo han manifestado en sus comunicados a la plantilla en estos dos últimos años. CCOO asegura que la actividad de Efeagro la “guía” el director del gabinete de Presidencia de Efe, José Antonio Pérez Fernández, que fue adjunto al director de La Razón hasta 2005. Desde 2012 el presidente de la agencia es José Antonio Vera, director del periódico del grupo Planeta desde 2000 hasta 2005. Pérez Fernández figura como apoderado de Efeagro y fue consejero hasta abril de 2015. También es administrador único de una filial de ésta, Efeagro Producciones Verticales.

Además, Factoría Vertical 28, la sociedad limitada que compró el 50% de Efeagro en abril de 2014, es propiedad de César Lumbreras, columnista de La Razón y director del programa Agropopular de la Cope desde hace casi 30 años, de Luis Muñoz Deive, ex consejero delegado de Cuarzo Producciones –la productora del programa de Ana Rosa Quintana–, y del empresario cárnico catalán Isidro Santacreu Segura. También la redactora jefe de Efeagro, Lilián Aguirre Fernández, trabajó en La Razón, era la jefa de su sección de Televisión.

Un portavoz de EFE explicó a infoLibre que el BBVA había ofrecido en su día a la propia agencia su participación en Efeagro, que en 2012 perdió 170.342 euros y 95.040 euros en 2013. La SEPI rechazó la propuesta, recibida en plena ofensiva de recortes del sector público. César Lumbreras asegura a este periódico que el BBVA le planteó quedarse con sus acciones de Efeagro “allá por 2009”, pero entonces no le interesó. Hasta que cinco años después, en febrero de 2014, creó Factoría Vertical con los dos socios citados, “exclusivamente para comprar” la filial de Efe. De hecho, la sociedad no tiene cifra de negocio ni en 2014 ni en 2015, según la información que ha remitido al Registro Mercantil. Tampoco tiene plantilla. Terminó el primer año con unas pérdidas de 650 euros y de 552 euros el segundo.

Por el contrario, Efeagro ha tenido 47.493 euros de beneficios en 2014, y de 26.785 euros en 2015. El primer ejercicio ya creó una nueva filial al 100%, Efeagro Producción Vertical, que a su vez ha constituida otra, Noticias y Gestión Turística. La primera es una agencia de noticias y de publicidad; la segunda, una agencia de noticias especialmente dirigida al mercado iberoamericano. Efeagro Producciones Verticales posee tres empleados e informa de unos beneficios de 22,44 euros en 2014, tras haber facturado 116.570 euros. Noticias y Gestión Turística carece de personal, puesto que su actividad se limita a “intermediar entre los posibles clientes y las empresas o profesionales que las realicen”, tal y como consta en su memoria. En 2015 ganó 88,42 euros, resultado de facturar sólo 900 euros. infoLibre preguntó a César Lumbreras por la actividad de ambas filiales, pero el periodista aseguró desconocer a qué se dedican. También ignora cualquier aspecto de la administración de Efeagro. “No me gusta la gestión”, respondió, “cada año recibo un informe y eso es todo”.

Comparten administración, personal y gestión comercial

Pese a que la dirección de la agencia sólo reconoce como filial a Efe News, una sociedad creada en Estados Unidos con sede en Miami, en el pliego de condiciones técnicas del concurso por el que Efe  licitó el contrato de seguro para la empresa, ésta reconoce como “asegurados adicionales” a los de la matriz a las “sociedades filiales” siguientes: Efeagro, Efeagro Producción Vertical, Noticias y Gestión Turística, y Fundación del Español Urgente-Fundéu –participada en un % por el BBVA–. EFE también posee un 49,9% de European Pressphoto Agency (EPA), una agencia de fotografía en la que participan 11 agencias de noticias europeas.

Efeagro tiene suscrito un contrato de servicios con la agencia Efe por el que ésta pone a su disposición sus canales de difusión, así como “su estructura gerencial en el área administrativa, jurídica y de gestión de personal, además de su estructura comercial y de mercadotecnia”. También firmó con Efe un acuerdo comercial que permite a Efeagro incluir sus servicios informativos en las ofertas comerciales de la agencia a sus clientes. Aunque una filial es aquella sociedad dependiente de otra dueña de una acción más del 50% de su capital, también se considera en esta categoría a la empresa que carece de autonomía de gestión pese a no ser controlada de forma mayoritaria por la matriz.