El Ministerio de Trabajo seguirá adelante con la reforma del fichaje digital, una norma que endurece la forma en que los trabajadores registran su jornada y obliga a las empresas a hacerla "digital e interoperable" para que Inspección de Trabajo tenga acceso a la información. El ministerio que dirige Yolanda Díaz seguirá adelante con la tramitación del real decreto a pesar de que el Consejo de Estado —y previamente el Ministerio de Economía—, se han mostrado en contra de la formulación de la norma. Fuentes de Trabajo explican que dichos informes no son vinculantes y en ningún caso paralizan la tramitación de la norma. Señalan además que esta medida formaba parte del acuerdo de Gobierno, por lo que esperan que siga adelante pese a las dudas del Ministerio de Economía.

El control de las horas extraordinarias es uno de los caballos de batalla del Ministerio de Trabajo para la legislatura y uno de los escollos en los que tropezó la propuesta de reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales que decayó por falta de respaldo en el Congreso. Por eso, las mismas fuentes señalan que si la jornada efectiva en España está en 40 horas semanales, lo lógico es que ese horario se cumpla y se controle escrupulosamente.

En la mañana de este martes el titular de Economía pedía una implementación "equilibrada" y calificaba el proyecto de "ambicioso". Desde este ministerio pedían un periodo de adaptación más largo para las pequeñas empresas y Trabajo argumentaba que muchas pymes ya utilizaban aplicaciones de fichaje, por lo que el coste sería cero para muchas de ellas. Además, las mismas fuentes de Trabajo señalan que el real decreto no modifica la ley, sino que aporta una herramienta más fiable para su cumplimiento, de forma que se evite el fraude con horas extra no pagadas ni reconocidas.

La evaluación del Consejo de Estado lanza tres críticas fundamentales al fichaje digital: la primera, que excede la potestad reglamentaria del ministerio al imponer "nuevas obligaciones y cargas a los empresarios y trabajadores" y que podría interferir en competencias que atañen a a la negociación colectiva; la segunda es relativa al cálculo del coste, que consideran insuficientemente fundamentado; y una tercera, que se apoya en un dictamen de la Agencia de Protección de Datos que considera que "no se cumplen las exigencias propias de la reserva de ley en la materia" por el acceso de terceros a los asientos del registro de los trabajadores.

Para el Ministerio de Trabajo estas críticas resultan desafortunadas y las mismas fuentes señalan que no supone un cambio legal, sino que simplemente implementa una herramienta digital y a la que Inspección de Trabajo puede acceder con más facilidad. La norma, insisten, busca mejorar un sistema que ya existe desde 2018 para que sea efectivo y permita atajar el grave problema de las horas extras no remuneradas, que se estiman en dos millones semanales.

También inciden en la potestad del Gobierno para regular este aspecto y subrayan que no puede depender de la negociación colectiva ni hacer excepciones según el tamaño de la empresa. Porque de ser así, insisten, no se estaría protegiendo a todos los trabajadores por igual.

Ante las preguntas de los periodistas al respecto, Carlos Cuerpo no ha entrado al choque y se ha limitado a pedir una implementación equilibrada para las pymes. Para su tramitación, la norma tendrá que pasar por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), dependiente de su ministerio. Yolanda Díaz si ha señalado a Economía como uno de los obstáculos para la puesta en marcha de la medida y en un mensaje en red social Blue Sky señalaba que "A pesar de los intentos del Ministerio de Economía", sacarían adelante el proyecto.

Este fin de semana nos toca a los europeos cambiar la hora. Acomodamos los relojes –pocos ya, porque la tecnología nos los cambia automáticamente– al horario de invierno. En realidad el atraso del reloj una hora  es para acomodar el reloj biológico al ciclo de la naturaleza. Ese reloj biológico que muchas especies de la biodiversidad que pueblan la tierra, incluidas las plantas y los árboles, necesitan reorientar por nuestro empeño en discutir y no advertir que es el astro rey el que nos gobierna y nos mantiene vivos en nuestro planeta, porque no hay un planeta B. Si uno observa a los gorriones de las ciudades, cada vez más escasos, en estos días de finales de octubre, a las seis ya se echan a dormir, mientras a las seis van las mamás y papás con su hijos muy pequeños al parque, porque acaban de salir del colegio. Los vencejos cumplen con sus costumbres a rajatabla. Vuelven en primavera a las ciudades entre el 20 y 28 de abril y se vuelven a sus lugares africanos cálidos entre el 25 y 30 de julio, después de haber criado, y a pesar de los calores de agosto que dejan.

Pedro Sánchez –sea por tacticismo, como algunos le achacan, sea por intuición o reflejos– ha lanzado la idea de que la Unión Europea, a partir de 2026, se desdiga del cambio horario, pues el motivo principal que lo acordó en la década de los setenta del siglo pasado –la reducción de energía que suponía por la crisis del petróleo y otras, hoy es mínimo–, como han demostrado estudios de estos últimos años. El debate está servido. No hay propuesta de Sánchez que no invite a un debate acalorado y en estos dos días posteriores, los dirigentes políticos y los ciudadanos ya se han manifestado a favor o en contra, incluso gobiernos de la UE.  

Permítanme que mezcle experiencias personales sobrevenidas con algunos datos de la historia política española. “Es una cuestión de madrugadores y de trasnochadores”, he oído a un opinador. ¿Será verdad  que es una cuestión de los biorritmos de los humanos? Define la RAE, en su primera acepción,  el biorritmo, como el “ciclo periódico de fenómenos fisiológicos que en las personas  puede traducirse en sentimientos, actitudes o estados de ánimo repetidos cada cierto tiempo”. 

Al proclamarse la Segunda República, una de las reformas que  implantó fue la reducción del servicio militar de dos a un año, de 24 a 12 meses, y la exención del servicio militar del 40% a los mozos-quintos que sorteaban ese año. Y a su vez,  del 60% que hacían el servicio militar, solo el 10% lo harían en territorio africano. Y la mala suerte, que no deseaban las familias, a mi padre le tocó e hizo el servicio militar en Tetuán. Además, La República eximía de dos meses de servicio militar a los mozos que hicieran un mes de  instrucción previa, cosa que hizo mi padre, y que, añadido a un permiso de dos meses, solo cumplió ocho meses de servicio militar. Tenía 22 años, era el año 1935 y Franco, según nos contaba a sus hijos, les pasó revista alguna vez. Licenciado a finales del año, en agosto del 36 fue movilizado por el bando sublevado al que pertenecía la VII Capitanía General o División Orgánica, como la llamó la República y fue destinado al Alto del León. Estando allí recibió la noticia del fallecimiento de su madre y el mando le dio un permiso de 48 horas para que fuera a enterrarla. Me viene a la memoria el debate que se mantiene ahora, noventa años después,  con los días de permiso por el fallecimiento de familiares directos, que quiere establecer Yolanda Díaz.

Narro esta historia personal para relacionarla con el cambio horario y los biorritmos. Mi padre hizo cientos de guardias durante estos cuatro años. Y odiaba la noche para ellas. Cambiaba los turnos  a sus compañeros. Si le tocaba a las ocho de la noche, prefería que fuera a las tres o cuatro de la madrugada porque iba a favor del día. Nunca le importó madrugar y nunca se quejaba por ello. En la década de los cuarenta, recogía el suministro para el pueblo y salía a las cuatro de la mañana en el carro para estar en Segovia a la hora de abrir a las nueve y volver de día. 

En mis tiempos de colegial había compañeros que, cuando se acercaban los exámenes y se intensificaba el estudio, unos preferían alargar el día y seguir estudiando hasta las dos de la madrugada y otros se levantaban a las cinco para comenzar más despiertos, buscando el día. Esto no ha cambiado. Unas personas son aves nocturnas, como la lechuza o el búho, y  otras, diurnas, como el águila o el quebrantahuesos. 

No olvidemos que el cambio de hora tuvo en España un componente político muy acentuado. A España le corresponde el huso horario occidental, el de Londres, y no el de Europa central, el de Berlín. Es una teoría muy extendida que este horario fue acordado por Franco para complacer a Hitler, por simpatía con el Führer. En España, el debate será más extenso y crudo de lo razonable porque el turismo va a pretender imponer su negocio. El turismo de verano, con muchas horas de sol y temperaturas soportables para los turistas de los países fríos, aun con el calentamiento global que afectará enormemente a España, querrá imponerse, porque Europa no nos impondrá un uso horario obligatorio a todos los países. Veremos. 

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Felipe Domingo Casas es socio de infoLibre.

El horario de verano comenzará en España en la madrugada del sábado al domingo, cuando a las 02.00 los relojes se adelanten a las 03.00, con el objetivo de acercar las horas de actividad a las de luz solar y coincidiendo con una reapertura del debate sobre su posible supresión después de 2026, según informa EFE.

El 30 de marzo de este 2025 y el 29 de marzo de 2026 son las últimas fechas establecidas para la aplicación del horario de verano tanto en el Diario Oficial de la Unión Europea como el BOE, pero reina la incertidumbre respecto a lo que ocurrirá en adelante.

En la vida cotidiana, el cambio será inmediatamente perceptible en que amanecerá y anochecerá más tarde. A medida que avance la primavera, los días, que tienen ahora en España cerca de 12 horas y media, superarán las 15.

El horario de verano es una herencia de la crisis del petróleo de los años 70, cuando se consideró una medida útil para ahorrar energía. Ese planteamiento está actualmente superado por numerosos estudios, como los liderados por la organización internacional Time Use Initiative (TUI), que se ha mostrado favorable a la supresión del cambio horario y que colabora con el Parlamento Europeo en el análisis de sus efectos.

Esta semana el Parlamento celebró una conferencia en la que se retomaron las conversaciones sobre el futuro del cambio de hora, un debate que quedó interrumpido en 2020 por la pandemia.

"En ese acto participó una representante del equipo de la Comisión de Transportes, que es la que tiene el tema en su cartera, y ellos también tienen interés. Y falta el paso más complicado, el Consejo de la Unión Europea, porque ahí ya no solo se trata de decir si cambiamos el reloj dos veces al año, sino de decidir dónde nos quedamos, en qué horario", explica a EFE la subdirectora de TUI, Ariadna Güell.

El objetivo del parlamentario irlandés Seán Kelly, impulsor del proyecto, es que por parte de la UE esté aprobado en 2026. "Pero una cosa es aprobar y otra, implementar", advierte Güell, para quien el calendario de aplicación "depende de la voluntad política".

La representante de TUI admite que la supresión del cambio horario tiene cierto "mal márketing" porque los expertos señalan que el horario "más natural" sería el de invierno.

Por el momento, prácticamente todo el continente europeo adelantará la hora este domingo, con contadas excepciones como Rusia, Bielorrusia, Turquía o Islandia. 

Si el supuesto ahorro energético que proporciona esta medida está muy cuestionado, no lo están para casi nadie sus efectos negativos sobre la productividad laboral y la salud. Con el adelanto horario el reloj de muñeca pierde su sincronía con el reloj biológico o circadiano, que regula los procesos fisiológicos y al que le llegan señales que desconoce.

"El cambio de hora es una circunstancia extraordinaria en nuestra vida. Es muy difícil que el cuerpo logre dormirse una hora antes de lo que está acostumbrado", señala a EFE Agustín Peralt, doctor en Administración y Dirección de Empresas, experto en efectividad personal y creador de un método para el aumento de la productividad.

Ante lo que sucederá este domingo, Peralt recomienda "gestionar la energía en lugar del tiempo" y programar "recargas diarias" durante las primeras semanas, como "una siesta de diez minutos o un paseo energizante". También, extremar el cuidado con "la alimentación, la hidratación y la vitamina D", que se consigue más fácilmente gracias a la mayor cantidad de horas de sol. Hacer deporte cansa y ayuda a dormir.

Si todo cambio de horario afecta al organismo, el de este domingo, por suponer una hora menos de sueño, "puede generar fatiga, irritabilidad y falta de concentración", apunta a EFE Karina Reinoso, médico del servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. 

Niños y ancianos, enfermos y aquellas personas que ya padezcan trastornos del sueño serán los colectivos más afectados, según la especialista. Necesitan mucho más tiempo para adaptarse, un tiempo que puede prolongarse "hasta varias semanas".

La clave está en la producción por parte del cuerpo humano de la hormona melatonina: "Empieza a secretarse por la noche. Si disminuye su producción porque hay más exposición a la luz, el cuerpo no descansa bien y por eso llega esa sintomatología", explica Reinoso.

Para mitigar esos perjuicios causados en el organismo no se recomienda recurrir a los ansiolíticos ni a la cafeína, advierte, sino ajustar el sueño desde unos días antes.

El problema es aún más acusado en los bebés, "que no tienen las referencias sociales o del reloj de pulsera", observa la matrona Emma Salado, especialista en sueño infantil. 

"Lo que en un adulto es una diferencia de una hora, para un bebé es como un 'jet-lag' de varias", afirmó.

"Bajar persianas y cambiar los horarios en bloque: comidas-siesta-baño" es de nuevo la mejor forma de abordar las alteraciones del sueño. 

Mientras expertos y administraciones debaten sobre la oportunidad de prolongar o poner fin al horario de verano, por ahora solo hay una verdad indiscutible: este domingo, a las 2.00 serán las 3.00.

La edad de oro de la conversación. Según las últimas mediciones, estamos a un solo podcast de entrevistas de reventar por las costuras. Charleta en profundidad frente a un micrófono regordete y el atrezo de una tele local: neones y plantas de interior. La semana pasada, Manolo Lama, estrella del periodismo deportivo, fue a «Lo que tú digas», el podcast de Álex Fidalgo. Allí, frente a un vaso de agua y un tablero de ajedrez (metáfora, mon amour), el entrevistador se la pone botando: «[Cuando fuimos becarios en Onda Cero] nos encantaba la radio, pasábamos allí mucho tiempo. Terminaba mi jornada y me quedaba. Cuando estuvo aquí Manu Marlaska, se lamentaba de que los becarios ahora tienen menos proactividad, menos iniciativa».

Ahí, Lama, al que quizás recuerden por humillar a un sintecho cámara en mano o por aclarar que lo de Rubiales con Jenny Hermoso era una cosa entre colegas («las que se cabrean es porque nunca las han besado a ellas»), asiente y remata: «Los becarios de ahora… es que los mataría. Unos tíos que lo primero que te preguntan es cuánto van a ganar, qué horario van a tener y qué días van a librar». ¡Intolerable! El podcastero lo mira, admirado. Suma y sigue: se viene anécdota, entretenida y didáctica, sobre aquella vez que despidió a uno por querer irse a su hora. «Había quedado con la novia y le dije: pues chico, el curro o la novia. ¡Pues se fue con la novia!» Estertor, risa, golpecito en la mesa: «Se fue con la novia», repite, consternado. «No le gustaría mucho esto». Fidalgo replica: «Es lo que te quiero decir… ¿se ha perdido la vocación?». Me parece que este es el comienzo de una bonita amistad.

Lama cuenta que él se pasó un año en la SER sin cobrar una peseta. Dos apreciaciones: primera) pues chico, menuda canallada; y segunda) te parecerá marciano, pero no todo el mundo puede permitirse el lujo de pasarse un año sin nómina. 

No hay peor argumento que una anécdota personal. Kentucky, 1865, un viejo amonesta a su nieto: en mis tiempos, nos poníamos a coger algodón sin preguntar por el jornal. La dichosa moral del esfuerzo, Nadal saliendo a jugar con la pierna colgándole de un tendón, y pásate dieciocho horas en el lugar del suceso para que yo me luzca en el locutorio. (Tras la pausa publicitaria, conectaremos con nuestro experto en salud mental). El espíritu de José María García, con su peste a puro y batallitas en las que siempre queda bien, invade la sala. Lecciones, lecciones, y, como dice Pedrerol, «becarios no». Otro que tal. ¿Qué pasa en las secciones de deportes?

Las impactantes declaraciones me han recordado aquellas de Àngels Barceló: «Los jóvenes son un poquitín flojos y se equivocaron de profesión. No sé qué pensaban que era esto del periodismo. Las noticias no tienen horario». Ya es casualidad que estas machadas vengan siempre de estrellitas de relumbrón con contratos millonarios con miríadas de empleados a su disposición. Hay que ver cómo está el servicio. Las noticias no tendrán horario, pero bien que nos fastidió, ¿eh, Barceló?, cuando Sánchez convocó elecciones en verano y nos jodió las vacaciones. ¿La vocación se toma descansos estivales?

La cosa puede empeorar. La semana pasada, Idafe Martín Pérez dedicaba su columna de El País a las condiciones laborales del postbecariado: el freelance. La excusa se la daba Almudena Ariza con un mensaje en Twitter: «Algún día habrá que abrir el melón sobre las tarifas miserables que algunos medios españoles pagan a los freelancers […] en zonas de conflicto». «El problema», seguía Martín Pérez, «es mayor porque las tarifas son miserables en zonas de conflicto, en Cuenca o en Bruselas». En el texto, vayan a leerlo, se detallan los emolumentos que cada casa abona a sus colaboradores. Permítanme que no los repita, por no echarme a llorar.

¿La profesión? Susto o muerte.

Los españoles deberán retrasar sus relojes una hora durante la madrugada del sábado 26 al domingo 27 de octubre por la entrada en vigor del horario de invierno, costumbre que sigue viva "gracias al mito del ahorro energético" según explica a EFE la codirectora de Time-Use Initiative, Ariadna Güell.

Al igual que en años anteriores, el último fin de semana de octubre forzará a cambiar la hora y a las 03:00 del domingo serán las 02:00, con lo que a partir de entonces amanecerá más pronto pero también habrá menos luz solar por la tarde ya que anochecerá antes.

El cambio de hora reaviva dos veces al año -cuando se adelanta al entrar en vigor el horario de verano y cuando se retrasa al comenzar el de invierno- un debate sobre si es realmente necesario, que se intensificó hace unos días cuando más de 200 organizaciones firmaron la Declaración de Barcelona sobre Políticas del Tiempo para abolirlo definitivamente.

Güell califica esta costumbre de "práctica desfasada que sigue viva gracias al mito del ahorro energético, cuando los estudios más recientes nos dicen que ese ahorro no es tal, que no hay diferencia, apenas un poco de consumo adicional al cambiar la hora" y sin embargo la medida trae "efectos negativos para la salud y la economía.

La costumbre "nos parece como de toda la vida" pero en realidad, recuerda, "se ha ido experimentando" con ella a lo largo del tiempo y, de hecho, la actual normativa surge de 1940 cuando, recién terminada la última guerra civil española y con los ejércitos alemanes cosechando éxitos en la Segunda Guerra Mundial, "la dictadura franquista decidió alinear nuestro horario con el de Alemania".

Y ello, "a pesar de que el horario de invierno se adapta mejor al horario geográfico nacional que el de verano" porque "nuestra hora geográfica, aquélla en la que las 12 del mediodía es el momento en que el sol está más alto en el cielo", en realidad es la misma que la del Reino Unido, Portugal o Canarias.

Esto implica que durante el horario de verano, "España registra un desfase de dos horas con respecto a su huso horario geográfico", que es especialmente destacable en Galicia, la comunidad autónoma más occidental de la península, donde "durante la estación estival, el sol no se va hasta las 11 de la noche".

Además, Güell ha señalado que el cambio de hora tiene "efectos negativos a corto y largo plazo" para la salud ya que "acabamos desincronizados entre nuestra hora del reloj y la hora del sol" y eso, asegura, incrementa la posibilidad de padecer trastornos del sueño, un factor de riesgo para enfermedades graves como diabetes, dolencias cardíacas e incluso algunos tipos de cáncer.

"Ahora mismo el 60% de los países del mundo no tienen cambio de hora", una cuestión que refuerza la reivindicación, ante las autoridades de la UE, para que finalice también esta costumbre en los países europeos.

De hecho, una encuesta de 2019 reflejó que el 90% de los europeos se mostraba de acuerdo con la posible abolición por lo que, ese mismo año, el Europarlamento y la Comisión Europea elaboraron un proyecto al respecto que, finalmente, quedó paralizado por la pandemia."Ahora el nuevo Parlamento Europeo que ha salido de las elecciones tendrá que reiniciar este proceso" afirma Güell, que ve "factible" una abolición del cambio de hora en España para 2026, "en caso de que la Unión Europea dé luz verde".

Llegado el caso, el Gobierno deberá plantear qué horario determinar como fijo, el de verano o el de invierno, si bien según el barómetro publicado por el CIS en noviembre de 2023 el 66% de los españoles preferiría mantener el horario de verano.

El trabajo debería ser un medio para generar sustento, y no lo que estructure nuestra vida. Este pensamiento, que nos puede parecer muy actual, lo escribió Bertrand Russell, filósofo y matemático inglés, en su ensayo Elogio de la ociosidad, en 1932. La felicidad, sostenía, se obtiene del ocio y nunca de las horas de trabajo. 

En el ajetreo constante de nuestra sociedad, regresar a casa agotado y con escasa energía para disfrutar de lo que más nos gusta hacer es una realidad para muchas personas. Russell sostiene que esta situación se debe a la educación que hemos recibido y que prioriza la "virtud del trabajo" sobre el ocio, inculcándonos la creencia de que "ganar dinero es bueno, mientras que gastarlo es malo". Estos razonamientos siguen hoy vigentes para Juan Antonio Fernández Manzano, profesor de Filosofía de la Universidad Complutense, “incluso con más urgencia que en su propio tiempo”. Se nos inculca, dice, “la productividad, el esfuerzo, la abnegación, el sacrificio y otras virtudes burguesas’, así como el permanente afán de consumo”. Como explica Fernández Manzano, frases como "tú puedes", "reinvéntate", "las crisis son oportunidades", "sigue luchando"... resuenan en buena parte de los medios, perpetuando esta dinámica del esfuerzo sin importar las consecuencias. 

Esto para Russell es algo inconcebible en un mundo moderno. De hecho, creía que la “técnica moderna” debía ser una gran aliada para liberar de carga a los trabajadores. Pensaba que “la técnica moderna ha hecho posible reducir enormemente la cantidad de trabajo requerida para asegurar lo imprescindible para la vida de todos”; sin embargo, esto no se ha terminado de traducir en un aumento del tiempo libre. Para Fernández Manzano ha tenido incluso el efecto contrario: “La eficiencia productiva ha sido empleada desde sus inicios no para mejorar los horarios de los trabajadores sino para aumentar los beneficios y reducir plantillas”. 

Para disfrutar de la felicidad de la que habla Russell es imprescindible que se reduzca el tiempo de trabajo diario. El filósofo lo tiene claro: con ayuda de la modernización industrial sería suficiente trabajar cuatro horas al día. “Si el asalariado ordinario trabajase cuatro horas al día, alcanzaría para todos y no habría paro”, escribía en Elogio de la ociosidad. 

Hasta el día de hoy no hemos escuchado ninguna propuesta tan ambiciosa como la de Russell, pero desde hace meses resuena la de Sumar, que pretende que se reduzca la jornada laboral de las 40 horas semanales hasta las 37,5, línea de reducción que tiene como objetivo final la reducción hasta las 32 horas semanales, una semana laboral de cuatro días. Carmen González Marín, profesora de Filosofía en la Universidad Carlos III de Madrid, cree que el filósofo inglés estaría de acuerdo con la medida, porque a pesar de que la rebaja no es comparable, cualquier avance a tener más tiempo libre encaja con el pensamiento de Russell. “Al final el trabajo tiene un componente utilitarista que el ocio no tiene, es algo que uno hace por placer”, apunta. 

La líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha asegurado en varias ocasiones que esta es una medida “revolucionaria” porque el "tiempo es lo más valioso" para los que no tienen "grandes propiedades ni apellidos importantes". De nuevo esto encaja con el pensamiento de Russell, quien denunciaba cómo para los ricos es “una idea escandalosa” que los pobres tengan tiempo libre, porque “no sabrían cómo utilizarlo” o lo malgastarían. En Sumar afirman que mediante la reducción de jornada los trabajadores serían “más libres”, pues en esa hora menos de trabajo podrían “descansar y dormir, estar con los suyos o hacer lo que les dé la gana". 

Sobre este tiempo libre, Russell puntualiza: “No intento decir que todo el tiempo restante deba necesariamente malgastarse en puras frivolidades”. Cree que se podrían despertar “aficiones que capaciten al hombre para usar con inteligencia su tiempo libre”, por ejemplo, “los que tuvieran curiosidad científica podrían satisfacerla” o “todo pintor podría pintar sin morirse de hambre”.

A pesar de que la reducción que proponen desde Sumar es insuficiente para las aspiraciones de Russell, cualquier disminución de la jornada laboral seguro que tiene una gran acogida entre los trabajadores, según cree González Marín. Al mismo tiempo, esta filósofa señala una gran brecha entre las pretensiones de Russell y cómo este tiempo libre podría ser ocupado en la actualidad. Mientras que el inglés fantasea con la recuperación de tradiciones pasadas como las “danzas campesinas”, González Marín advierte: “Con el miedo que nos produce en estos tiempos la idea de estar colgados en las redes o de los móviles, si tuviéramos menos horas de jornada laboral probablemente incidiríamos más en este tipo de conductas, algo que podría ser peligroso o incluso más alienante que el propio trabajo”. 

Para que los trabajadores consigan ser más felices y sentirse realizados, González Marín y Fernández Manzano coinciden en que no basta con disminuir las horas diarias trabajadas. El problema, según explica la filósofa, es que no poseemos una estructura que respalde a un trabajador que en su tiempo libre quiera dedicarse a aprender nuevas habilidades. Cree que “además de la reducción de jornada, se debería de favorecer” —mediante el acceso a la educación o la actualización— que las personas dediquen su tiempo libre “a aprender bioquímica o mejorar su informática” para que esto pudiera ser “un fundamento para su propia felicidad”.

“La apertura de espacios y tiempos para poder disfrutar de estas posibilidades va mucho más allá de la reducción de la jornada laboral, que sin duda es un primer paso en la buena dirección, pero insuficiente si no va acompañado de medidas que avancen en la dirección del decrecimiento, la sostenibilidad medioambiental, el reparto del trabajo y la riqueza y en la meta colectiva de propiciar el desarrollo humano en toda su variedad”, explica Fernández Manzano. 

Al mismo tiempo, y esto es algo a lo que Russell no dedica demasiada reflexión, es difícil sobrellevar todo esto si los trabajadores no tienen ayudas económicas, como explica González Marín. “Simplemente es tan terrible como esto”, lamenta. La filósofa apunta a que en un mundo como el actual es idílico pensar en que la simple reducción de la jornada laboral pueda desencadenar un cambio tan grande como el concebido por Rusell.

Un trabajo realizado por investigadores de la Universidad de Granada (UGR) y de la Universidad de Bologna (UNIBO) ha demostrado que la hora del día a la que se realizan los exámenes en la universidad influye directamente sobre las calificaciones que obtienen los estudiantes, debido a sus ritmos circadianos. 

Los ritmos circadianos son oscilaciones de las variables biológicas que se producen en intervalos regulares de tiempo, como el sueño y la vigilia. En virtud de ellos, los científicos utilizan un símil relacionado con las aves: suelen comparar con las alondras a las personas matutinas (cuyas capacidades cognitivas son mejores por la mañana), y con los búhos a los vespertinos (están más espabiladas por la tarde-noche).

En un estudio publicado en la revista The Economic Journal, los investigadores proponen tener en cuenta los ritmos circadianos de los estudiantes (esto es, si son matutinos o vespertinos) para planificar la hora a la que se examinan.

Para ello, los investigadores han empleado el sistema de educación superior empleado en el Reino Unido. Allí, los estudiantes universitarios tienen la restricción de realizar solo un examen por día, en uno de los tres horarios disponibles: 9 a.m. (morning), 1:30 p.m. (early afternoon) y 4:30 p.m. (late afternoon).

Con el fin de obtener estimaciones causales, aprovecharon el hecho de que la hora del examen se asigna casi aleatoriamente por la Oficina de Atención al Estudiante, que se encarga de la programación de exámenes.

“Nuestras estimaciones señalan que el desempeño promedio de los estudiantes, asignados casi aleatoriamente a exámenes en distintos momentos del día, sigue una relación en forma de U-inversa”, explica Alessio Gaggero, investigador del departamento de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa de la UGR y autor principal de este estudio.

Específicamente, los científicos han observado que la hora del día a la que los universitarios tienen un rendimiento máximo y obtienen mejores notas son las 13:30 pm, comparada con el examen de la mañana (a las 9 am). Sin embargo, las notas del estudiantado vuelven a disminuir cuando el examen es a las 16:30 pm.

Después de analizar la relación causal entre la hora del día y el rendimiento cognitivo, es importante entender qué hay detrás de estos resultados, y bajo qué condiciones los efectos de la hora del día son más fuertes.

“Existen dos posibles mecanismos que pueden explicar los hallazgos observados: los procesos circadianos y la privación del sueño. Teniendo en cuenta los procesos circadianos, durante los exámenes matutinos los estudiantes rinden peor al no ser evaluados en el pico de sus capacidades cognitivas. En cuanto al segundo mecanismo, los estudiantes rinden peor en los exámenes matutinos como consecuencia de la privación del sueño”, explica Gaggero.

Para identificar bajo qué condiciones los efectos de la hora del día son más fuertes los científicos sugieren que hay tres factores clave: la exposición a la luz solar, el tipo de tarea cognitiva y la edad del alumno.

“En nuestro estudio encontramos que los efectos de la hora del día son significativamente más fuertes en la sesión de exámenes de invierno, cuando la luz solar de la mañana es limitada. En segundo lugar, encontramos que la hora del día influye casi exclusivamente para los exámenes STEM, los cuales requieren inteligencia fluida, es decir memoria de trabajo, pensamiento lógico, resolución de problemas y razonamiento abstracto. En tercer lugar, encontramos que los efectos de la hora del día son significativamente mayores para los estudiantes menores de 20 años”, apunta el investigador de la UGR.

La principal implicación de este estudio es que las organizaciones que quieren medir la capacidad cognitiva en personas jóvenes podrían obtener resultados sesgados dependiendo de la hora del día a la que realicen la evaluación (esto es, hagan un examen o una entrevista de trabajo, por ejemplo).

“Recomendamos que dichas organizaciones deberían volver a ponderar las calificaciones de los exámenes o reprogramar sus evaluaciones de acuerdo con el patrón del ritmo circadiano. Esto es especialmente importante en escenarios donde hay mucho en juego, como un examen de selectividad o una entrevista de trabajo con resultados que pueden tener efectos duraderos”, señalan los autores.

En general, para los adultos jóvenes, las evaluaciones cognitivas que involucran habilidades de resolución de problemas deben trasladarse a las primeras horas de la tarde, especialmente en épocas del año en que la exposición a la luz solar es limitada. Por el contrario, otros tipos de evaluaciones cognitivas podrían trasladarse al comienzo o al final de la jornada laboral, ya que se ven menos afectados por los efectos de la hora del día, concluyen los autores.

Este artículo fue publicado originalmente en la Agencia Sinc, la agencia de noticias científicas de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.

Radiotelevisión Española (RTVE) ha anunciado este jueves 27 de abril por la noche que ha llegado a un acuerdo con los sindicatos sobre la aplicación de la jornada de 35 horas semanales en la empresa a partir del próximo 1 de mayo de 2023, recoge Europa Press.

Desde la corporación pública han destacado además, en un comunicado, que el acuerdo con el comité de huelga también supone "la recuperación de los derechos sindicales y un compromiso a futuro de incrementar el presupuesto de acción social cuando la normativa lo permita".

En este sentido, la dirección de la empresa valora "muy positivamente" haber alcanzado este acuerdo con las autorizaciones pertinentes, aunque reconoce que "ha sido un proceso difícil, pero muy necesario" y que se ha conseguido "gracias al diálogo y a la colaboración de todas las partes implicadas".

Con la firma de este acuerdo, se desconvocan los paros parciales preavisados por el Comité Intercentros. Los sindicatos convocaron las protestas el pasado 19 y 26 de abril con la reivindicación de la jornada de 35 horas semanales.

La presidenta interina de RTVE y de su Consejo de Administración, Elena Sánchez Caballero, ya avanzó en su comparecencia en la Comisión de Control Parlamentario de RTVE del Senado que abordar la jornada laboral de 35 horas era "sumamente importante" para la empresa, ya que afecta a las personas trabajadoras de la empresa en relación a la organización del trabajo.

Es la madrugada de la discordia. Todos los años adelantamos una hora los relojes entre la rabia por dormir una hora menos y el deseo de que este año sea el último en el que nos roben una hora de sueño. Los olvidos y, sobre todo, las preguntas por el por qué de realizar el simple gesto de mover las manecillas del reloj protagonizarán la noche de este sábado. Una costumbre que cada vez suscita un debate mayor por sus verdaderos beneficios y que podría tener un fin próximo. 

En la noche del sábado 25 al domingo 26 a las 2 de la madrugada, tendremos que adelantar los relojes una hora para entrar en el horario de verano. Por lo tanto, a las dos de la mañana serán las tres, y dormiremos una hora menos. El gesto de adelantar las manecillas del reloj es cada vez menos habitual, ya que los teléfonos móviles y los ordenadores realizan este cambio de forma automática, aunque no nos debemos olvidar de los relojes analógicos para evitar sustos.

El primer cambio al horario de verano en Europa fue en el año 1916 con motivo de la Primera Guerra Mundial. En este contexto, Alemania y el Imperio Austro-Húngaro tomaron la decisión de adelantar la hora para mantener sus fábricas abiertas una hora más y así conseguir ser más eficientes de cara a la contienda. Una medida que pronto copiaron sus enemigos, Holanda, Reino Unido, Francia y Portugal, y a la cual luego se unieron otros países.

En España, la primera experiencia con el horario de verano llegaría unos años más tarde, en 1918, bajo el reinado de Alfonso XIII. El 15 de abril de ese año, a las 23:00 horas, el reloj se adelantaría una hora, hasta las 00:00. Esta práctica continuó al año siguiente, pero después se seguiría de forma irregular hasta la Guerra Civil. Durante el conflicto, cada bando estableció cambios de hora en momentos del año diferentes, lo cual implicó que España se dividiera en dos también a nivel horario. 

Otro aspecto a tener en cuenta es que, durante estos años, los avisos se realizaban de forma muy precipitada, informando a la población con muy poca antelación. Esto producía, en muchas ocasiones, gran confusión. De hecho, en 1929, el Gobierno anunció el cambio con tan solo días de adelanto.

España y todos los países de la Unión Europea cambian su horario regulados por la directiva 2000/84/CE desde el 2001. Este documento tenía como objetivo armonizar el calendario del adelanto de la hora para facilitar el comercio, las industrias, los transportes y las comunicaciones en toda la zona. 

Este cambio se justifica, en teoría, por un mejor aprovechamiento de las horas de sol en los meses veraniegos y de un mayor ahorro energético. Sin embargo, un informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía del Parlamento Europeo publicado después de la Directiva de la Comisión planteaba varias dudas sobre los verdaderos efectos beneficiosos de la medida. Según dicho estudio, el ahorro energético sería marginal y podría variar en función a los Estados miembros, llegando incluso a producir un aumento del consumo de energía en algunos de ellos. En la propia España, ciertas regiones podrían verse favorecidas y otras perjudicadas por el cambio. Así, el informe concluye que es difícil calcular el verdadero impacto de la medida a nivel general.

España, desde 1940, está en un huso horario que no le corresponde. En ese año, el dictador Francisco Franco decidió igualar la hora de nuestro país con la de la Alemania nazi. Existe debate en la actualidad sobre si esta medida fue o no un guiño a Adolf Hitler, pero el hecho es que España tiene una hora más de la que le pertenecería por zona horaria. De hecho, autonomías como Galicia, las cuales por posición geográfica podrían regirse por un huso horario dos horas menor que el actual, tienen el mismo huso horario que países tan lejanos como Polonia. Por este motivo, nuestro ritmo de vida se parece muy poco al de otros países europeos, y con el cambio al horario de verano esta diferencia se acrecienta. 

En los años previos a la pandemia, el debate sobre el cambio de hora tocó techo, no solo en España, sino en toda Europa. De hecho, en el año 2018, la Comisión Europea realizó una consulta en toda la UE donde se preguntaba a más de 4 millones de ciudadanos si les parecía pertinente mantener la hora de verano durante todo el año. El resultado fue contundente: un 84% de los encuestados se mostraron a favor de no realizar el cambio de horario. En España, esta cifra ascendía al 93%, lo que le convertía en uno de los países más favorables a la eliminación del acuerdo actual junto con Finlandia, Polonia y Lituania.

Después de esta consulta, las instituciones europeas iniciaron un debate para suprimir el cambio de hora en el año 2019. Al llegar esa fecha, el plazo quedó pospuesto hasta el año 2021. Sin embargo, la pandemia de covid-19 y el desacuerdo entre los países ha paralizado el asunto. Según el BOE, España mantendrá el ajuste horario hasta, como mínimo 2026, aunque todo estaría pendiente de una nueva propuesta de la Comisión Europea. 

Según los expertos, la principal influencia se produce en los periodos de sueño. Al cambiar la hora, los ciclos de luz solar se modifican y estos afectan a una hormona, la melatonina, cuya secreción regula los estados de vigilia y sueño. Cuanta más luz haya, menos melatonina se segrega y, por tanto, nos dormiremos más tarde, lo cual podría derivar en un mal descanso. Estos cambios hormonales suelen afectar más a niños y a ancianos, por lo que estos grupos serán los que más sufrirían el ajuste horario. 

Añadido a todo ello, el cambio de horario modifica las rutinas diarias establecidas por el trabajo y las horas a las que nos levantamos o nos vamos a la cama, por lo que el reloj biológico puede necesitar un tiempo para adaptarse y recuperar su ritmo habitual. 

Los efectos sobre la salud cambian en función de la persona y del organismo, por lo que es complicado establecer generalizaciones. Además, el cuerpo humano tiene una gran capacidad de adaptación a estos cambios, por lo que los expertos calculan que, en tres días, volvería al estado previo al cambio de hora.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aprovechó el Primero de Mayo para anunciar que un comité de expertos empezará enseguida a elaborar propuestas para redactar el Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI. La ley laboral fundamental española se aprobó en 1980 y desde entonces ha tenido unas cuantas enmiendas, pero precisa de un buen remozado para hacer frente a los múltiples cambios que se han producido en el mundo del trabajo en las últimas décadas. Las nuevas tecnologías, la globalización, la desregulación, las crisis económicas sucesivas han dado al traste con los modelos laborales sobre los que se diseñó aquel Estatuto. Díaz lo ha rebautizado como el “Estatuto del Trabajo”, porque cada vez hay más autónomos y menos asalariados, según dijo este pasado viernes en rueda de prensa.

En cualquier caso, la puesta al día del Estatuto de los Trabajadores es una tarea pendiente desde marzo de 2019, cuando la disposición adicional primera del real decreto que aprobó el registro obligatorio de la jornada ordenó que se constituyera “antes del 30 de junio” de ese año un grupo de expertos para elaborar una nueva ley laboral. Pero las elecciones anticipadas frustraron la iniciativa, que no obstante reapareció en el acuerdo de gobierno firmado por el PSOE y Unidas Podemos. “Previo diálogo con los agentes sociales” y sobre el trabajo de un grupo de expertos, ambos partidos se comprometían a elaborar un nuevo Estatuto que compaginara “la protección de los trabajadores frente a los desafíos sociales, tecnológicos y ecológicos del siglo XXI” y el reconocimiento de nuevos derechos laborales “propios de la realidad económica y social actual”, con la competitividad empresarial y la negociación colectiva.

Lo que entonces se presentó como una tarea que debía iniciarse “de manera inmediata”, se ha retrasado, sin embargo, tres años. Han pasado una pandemia, una reforma laboral y hasta una guerra antes de que siquiera se hayan sentado los expertos a debatir.

Yolanda Díaz ha dado sólo unas pistas de qué habría que cambiar en la ley laboral básica: permitir la entrada de los trabajadores en los consejos de administración de las empresas y reducir la jornada laboral. Los sindicatos, por su parte, entienden que la ley de 1980 necesita una revisión “sin ninguna duda”, que le permita regular “las nuevas formas de trabajar” que están naciendo, explica la secretaria de Acción Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente. Además, no han dejado de recalcar, mientras se aprobaba la reforma laboral de diciembre, que no renunciaban a cambiar otras cuestiones: desde el despido hasta la autorización administrativa de los ERE o la modificación unilateral de las condiciones de trabajo. “Hay que acotar las causas de despido y revisar las cuantías de las indemnizaciones”, apunta el responsable de Política Sindical de UGT, Mariano Hoya. La CEOE, por su parte, ha rehusado detallar a infoLibre qué aspectos cree conveniente modificar en el Estatuto de los Trabajadores. “Aún es demasiado pronto”, aseguran fuentes de la patronal, cuando se acaba de anunciar la iniciativa y ni siquiera se ha convocado el comité de expertos.

Los académicos lo tienen más claro. Se trata de la ley básica del mercado laboral, que debe fijar los límites generales de lo que se puede hacer y lo que no, resume Miguel Ángel Malo Ocaña, profesor de Economía de la Universidad de Salamanca. Y para reformar una ley así es necesario “mucho consenso”, tanto como cuando se piensa en reformar una constitución, subraya. En cuanto al contenido, recuerda que en 1980 apenas existían las comunidades autónomas y España aún no había entrada en la Unión Europea. “No hay [en el Estatuto de los Trabajadores] ninguna referencia al ordenamiento supranacional, que ahora es fundamental para multitud de cuestiones de la regulación laboral”, apunta por su parte Antonio Baylos, catedrático de Derecho del Trabajo en la Universidad de Castilla-La Mancha. Tampoco existe mención alguna a la internacionalización de las empresas, por lo que la protección de los trabajadores que ofrece sigue siendo de ámbito nacional.

Baylos cree que podría recurrirse al “derecho blando” de la OIT en esta materia, también al modelo social europeo, y regular la formación de comités de empresa de ámbito europeo. Malo Ocaña piensa en los convenios de alcance autonómico, inexistentes en 1980, o en una articulación de las políticas activas de empleo –la formación y recualificación profesionales— que es competencia de las comunidades autónomas y considera “anticuada”.

En lo que coinciden sindicatos, gobierno y expertos es en que la nueva ley laboral debe incorporar “nuevos derechos” a la luz de los cambios “bruscos y rápidos” que ha sufrido el mercado de trabajo por la disrupción tecnológica. Las leyes del teletrabajo y de los repartidores, recién aprobadas, regulan dos realidades desconocidas para los legisladores de 1980. Baylos dice que son “parches” que ahora deben “encajarse” en el Estatuto de los Trabajadores. “Cómo se evalúa la labor de los trabajadores de plataformas, si se usan los algoritmos para despedir, si el trabajador tiene derecho a llevarse su historial de información de Uber a Cabify, por ejemplo; es decir, tu prestigio de una empresa a otra…”, enumera Miguel Ángel Malo lo que falta por ordenar.

Las plataformas digitales no sólo son un nuevo modelo de negocio, sino que también han creado un nuevo tipo de trabajador que “se escapa” del derecho laboral, dice Mari Cruz Vicente. Una irrupción que se añade al trabajo a distancia. El derecho a la desconexión digital, quién paga los gastos del teletrabajo, la geolocalización. “Habría que desarrollar el 20 bis del Estatuto de los Trabajadores”, sostiene además Antonio Baylos, en referencia al artículo que reconoce el derecho de los trabajadores a “la intimidad en el uso de los dispositivos digitales puestos a su disposición por el empleador”.

Sobre el despido, en cambio, Malo Ocaña no considera que la regulación implantada en la reforma laboral de 2012 fuera “inadecuada”. “Clarificó muchas cosas”, asegura, “antes había más incertidumbre en a la hora de interpretar las causas de los despidos, que terminaban juzgándose improcedentes”. Además, piensa que no hay consenso suficiente para llegar a un acuerdo en este punto, probablemente el más controvertido cada vez que se habla de reformar las normas laborales. A su juicio, el nuevo Estatuto debería ir en la dirección de “proteger más a la persona que al puesto de trabajo”, pese a que al tiempo cree acertado el mecanismo de los ERTE, encaminado precisamente a proteger los puestos de trabajo.

Antonio Baylos, por el contrario, mantiene que la nueva regulación debería ser lo “más restrictiva posible” con el despido improcedente y con los despidos colectivos. “Para que sean el último recurso”, recalca. Pero también cree que la discusión sobre la cuantía de las indemnizaciones, “si son 33 o 45 días”, es “bastante irrelevante e incluso equivocada”. Según explica, la compensación económica por un despido injusto no puede calcularse sólo con la antigüedad del trabajador. Considera discriminatorio que se indemnice menos a un despedido por el hecho de que lleve menos tiempo trabajando en la empresa. “Habría que establecer una indemnización mínima y luego valorar el daño o lesión generada y aumentarla según las circunstancias –qué tipo de lesión o daño se ha generado, porque el derecho al trabajo es un derecho fundamental del que no se puede privar injustamente–, y al sujeto al que se lesiona”, sugiere.

El catedrático se remite al ejemplo de Italia, donde los jueces dictaminaron que calcular la indemnización según la antigüedad del trabajador, tal y como establecía la ley laboral redacta por Matteo Renzi en 2014, era inconstitucional.

Además, critica que la nulidad de los despidos se haya “vaciado de contenido” progresivamente desde 1994. Sólo se establecen como nulos aquellos que vulneran derechos fundamentales, los casos donde se puede probar que ha habido discriminación. Por eso cree que habría los nulos deberían “ganar terreno” entre los que hoy son considerados improcedentes, como por ejemplo los despidos covid, que fueron vetados durante la pandemia. Si un despido es nulo, el trabajador es readmitido en su puesto de forma automática. Si el despido es improcedente, la empresa elige entre readmitirlo e indemnizarlo. Antonio Baylos piensa que deberían ampliarse los supuestos en que los trabajadores recuperan su empleo. “Sería una buena ocasión para integrar en la ley laboral española el artículo 24 de la Carta Social Europea [que establece el derecho a indemnización si el despido se realiza “sin que existan razones válidas”] y el convenio 158 de la OIT [que enumera los motivos no justificados para despedir]”, plantea.

Otro tanto propone Baylos para los despidos colectivos, legislando contra la deslocalización de las empresas e incorporando la intervención pública que ya se ha “experimentado” con los ERTE: una empresa no puede despedir porque atraviese dificultades temporales, sino que debe acudir a la reducción de jornada o a la suspensión de los contratos.

En cambio, sostiene que el regreso a la autorización administrativa de los despidos, que eliminó la reforma laboral de 2012, sólo debería establecerse para “situaciones muy especiales”.

Mari Cruz Vicente también quita protagonismo a la redefinición de las causas del despido y a la cuantía de las indemnizaciones. “Hay que añadir más cosas y abordar bien la entrada, la permanencia y la salida del mercado de trabajo”, replica, “porque si no, por ahí se nos escapan los falsos autónomos, las falsas cooperativas… las nuevas tecnologías proporcionan subterfugios para huir del Derecho del Trabajo”.

Que los trabajadores participen más en la gestión de las empresas también suscita el acuerdo entre los consultados por infoLibre. En otros países de Europa, como Alemania, Suecia o Dinamarca, los mecanismos para una mayor implicación de las plantillas en el desempeño de las empresas están ya bien engrasados. “No se trata sólo de que entren en los consejos de administración, sino de que participen en la gestión de personal”, aconseja Miguel Ángel Malo. En Alemania, detalla Antonio Baylos, existen los consejos de vigilancia, que tienen derecho de veto sobre determinadas decisiones empresariales. También pueden los trabajadores entrar en el accionariado de las compañías, apunta.

En España, hubo un intento de llevar la cogestión a través de la negociación colectiva, en las empresas del INI (las empresas públicas, el antecedente de la SEPI), que duró muy poco tiempo, “hasta la huelga general de 1988”, lamenta el catedrático. Y en la actualidad, en el País Vasco es un “debate bastante avanzado”, indica Mari Cruz Vicente, quien apunta a la larga tradición cooperativa vasca como una ventaja comparativa. Ya en septiembre de 2018, el Parlamento vasco aprobó una proposición no de ley que instaba al Gobierno autonómico a promover un nuevo modelo de empresa “inclusivo-participativo”, en que los trabajadores puedan incorporarse al capital y a la gestión.

La reducción de la jornada de trabajo que también ha planteado Yolanda Díaz para el nuevo Estatuto del Trabajo la prefieren tanto los sindicatos como los académicos como materia de negociación colectiva. Las nuevas tecnologías, aclara Mari Cruz Vicente, además de crear nuevas formas de trabajo, aumentan la productividad, por lo que es necesario dilucidar “cómo se repercuten los beneficios de esa mejora en la reducción de la jornada y en el reparto del empleo”. Flexibilidad horaria, por supuesto, más aún si, como con el teletrabajo, “la jornada se puede volver infinita”, lamenta Miguel Ángel Malo. Antonio Baylos dice que no se trata sólo de recortar la jornada laboral sino también de cómo se distribuye ésta y de quién la distribuye: la decisión no puede ser unilateral del empresario. Como tampoco debe serlo cualquier modificación sustancial de las condiciones de trabajo. “Eso de que, si no hay acuerdo [con el comité de empresa], impongo mi decisión, no debe continuar”, resalta, en referencia a otro de los cambios introducidos en la reforma laboral del PP.

“No pedimos que se vuelva exactamente a lo que había antes de 2012”, rebate en cualquier caso Mari Cruz Vicente, “por el contrario, creemos que la revisión del Estatuto de los Trabajadores llevará mucho tiempo y requiere de mucha serenidad”. Para incorporar también, por ejemplo, cambios en la regulación de la sucesión de empresas y la subrogación de los trabajadores, otra novedad estimulada por un fenómeno inexistente en los años 80, la externalización de las empresas. La nueva ley fundamental del trabajo, advierte Miguel Ángel Malo, tiene que apuntar al futuro, “dar voz a los trabajadores de hoy, pero también debe pensar en los que no participan en la negociación pero ya están aquí”.

Gobierno, sindicatos y patronal reanudarán en septiembre las negociaciones sobre el anteproyecto de Ley de Trabajo a Distancia, que quedaron suspendidas el pasado día 3 sin acuerdo. El Ministerio de Trabajo ya ha remitido a los agentes sociales una nueva redacción del texto, a la espera de que sea la definitiva. Según las fuentes de la negociación consultadas por infoLibre, el documento apenas incluye modificaciones menores sobre el anterior, ha añadido algunas de las peticiones de los sindicatos –el carácter reversible del teletrabajo– y la patronal –el control de las obligaciones laborales del teletrabajador–, pero mantiene la exclusión del personal laboral de la Administración del ámbito de la ley. Y ésa es una línea roja para UGT y CCOO que impedirá el acuerdo.

Según el borrador que está sobre la mesa, el trabajo a distancia será siempre voluntario y reversible, tanto para el trabajador como para la empresa. Todos los gastos que origine serán sufragados por ésta. No podrá ocasionar ningún perjuicio en el sueldo, la jornada laboral, las posibilidades de formación o de ascenso del empleado. Para que sea considerado teletrabajo, deberá realizarse durante un mínimo del 20% de la jornada durante un periodo de tres meses, un porcentaje –equivale a un día a la semana– que la patronal considera demasiado pequeño. 

Empresa y trabajador tendrán que firmar un acuerdo por escrito, bien en el momento de suscribir el contrato inicial, bien después. Las condiciones en que se prestará esta modalidad de trabajo se establecerán en dicho acuerdo o en el convenio colectivo. Además, en ese documento se hará un inventario de los equipos, consumibles y muebles necesarios para trabajar en remoto, que la empresa suministrará y de cuyo mantenimiento se hará cargo. Finalmente, si un empleado se niega a trabajar a distancia o no se adapta al nuevo sistema o vuelve al trabajo presencial, no podrá ser despedido.

A petición de la CEOE, el Gobierno ha aceptado esta vez que las empresas tomen medidas de vigilancia y control para comprobar que el trabajador cumple sus obligaciones laborales, aseguran las fuentes consultadas. También deberá existir un registro horario del momento en que empieza y acaba cada jornada, además de garantizarse el derecho a la desconexión digital. Pero no podrá registrarse cuándo se enciende y apaga el ordenador, por ejemplo, un punto que habían sido exigido los sindicatos.

Otra novedad respecto a la redacción anterior es la prioridad que se reconoce a los trabajadores en remoto para ocupar vacantes presenciales en la empresa.

Sin embargo, el ministerio mantiene fuera del ámbito de la ley al personal laboral de la Administración, cuyas condiciones y derechos están regulados por el Estatuto de los Trabajadores. Los de los funcionarios, en cambio, se negocian en la Mesa General de la Función Pública. Y éstos pasan a disfrutarlos también los empleados laborales de las administraciones por una especie de efecto dominó. Sin embargo, los meses que tarden en llegar a un acuerdo los sindicatos y la Administración en esa Mesa General pueden ser muchos, lo que deja al personal laboral sin regulación ninguna durante un tiempo que los sindicatos temen excesivo.

El borrador del anteproyecto de ley sólo precisa que, en ese plazo, estos empleados públicos quedarán regulados únicamente por el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores, que no es más que una disposición genérica. Con la agravante de que el personal laboral de ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas sí tienen reconocidas las condiciones del teletrabajo desde hace años. Sólo quedaría en el limbo legal, por tanto, el personal laboral de la Administración General del Estado.

Del 6% al 26% por culpa del covid

La rapidez con que la pandemia está forzando cambios en las condiciones de trabajo apremia a los negociadores. El porcentaje de personas que teletrabajan en España se ha elevado del 6% al 26% durante la crisis del coronavirus, según un estudio elaborado por Fotocasa Research. El perfil del trabajador a distancia es alguien de unos 40 años, que vive en una capital de provincia –el 43%– y gana entre 1.500 y 2.000 euros al mes –el 18%–. El reparto entre mujeres y hombres está muy equilibrado. En comparación con el conjunto de la población, quienes teletrabajan tienen mayores ingresos, son más jóvenes y tienen un nivel de estudios superior a la media En términos territoriales, el peso relativo de Madrid y Cataluña entre los teletrabajadores es muy superior al que les correspondería por su población a ambas comunidades autónomas.

Una encuesta, elaborada por Infojobs, destaca también que, con la pandemia y tras el confinamiento, ha aumentado el porcentaje de españoles que responde llamadas fuera del horario laboral, del 62,5% al 67%. Además, el 11% de los encuestados dice que trabaja más horas y un 10,5%, que necesita estar conectado a todas horas.

En todo caso, antes del coronavirus, España era de los países de la Unión Europea donde menos se teletrabajaba. Al menos con los datos de 2018, sólo practicaban esta modalidad de trabajo el 7,5% de los españoles, mientras que el 20,8% de los británicos se aplicaban en sus casas. Los holandeses, los que más, llegaban al 38,4%. De hecho, hasta ahora, el trabajo en remoto era una actividad ocasional en España. Según un estudio del Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones (ONTSI), dependiente del Ministerio de Economía, hasta el 19% de los españoles habían teletrabajado al menos una vez en 2018, pero sólo el 6% lo habían hecho todos los días; los británicos, en cambio, un 33% durante una jornada y un 9% todo el año.

Sin embargo, el confinamiento y los rebrotes están multiplicando en España la opción del trabajo en remoto. Una encuesta de la Generalitat Valenciana realizada en abril elevaba hasta el 34% el porcentaje de teletrabajadores en esa comunidad autónoma. Es decir, casi cinco veces que la media de 2018.

Las 35 horas están ya en el punto de mira. Mientras el confinamiento se está “levantando progresivamente”, una cohorte de institutos neoliberales ya ha comenzado una gran ofensiva contra la reducción del tiempo de trabajo. Después de que lo hiciera el Instituto Montaigne el jueves 7 de mayo, ahora es el Ifrap, una de las punta de lanza del neoliberalismo en Francia, el que hizo este fin de semana la misma propuesta: eliminar las 35 horas para permitir la “reconstrucción de la economía”. Inmediatamente, en la cadena France Inter, el jefe del grupo parlamentario Les Republicains (LR), Christian Jacob, se unió al estribillo del “yugo de las 35 horas”.

Las cadenas de televisión en bucle y numerosos medios salieron rápidamente al paso haciéndose todo el rato esta falsa pregunta: “¿Hace falta trabajar más para salvar la economía?”. El gobierno mismo había marcado ya el compás al aprovechar el estado de urgencia sanitaria para alargar la duración máxima del tiempo de trabajo de 48 a 60 horas a la semana.

Como de costumbre, esta ofensiva se basa en una apariencia de “sentido común”: para que la economía vuelva a funcionar hay que producir más y, para producir más, hay que trabajar más. Elemental. Sin embargo, en estas propuestas todo parece estar fuera de lugar.

Para entenderlo, primero hay que partir de la situación económica actual. El confinamiento ha impedido físicamente una gran parte del consumo y de la producción. El Estado ha garantizado una buena parte de los ingresos perdidos, pero ya no se contempla la hipótesis de una recuperación rápida por varias razones: la persistencia de la epidemia, que contrae el consumo, las pérdidas de ingresos generadas por el paro parcial y la ausencia de facturación, y la incertidumbre radical sobre el futuro de esta epidemia y del empleo, que paraliza los gastos futuros.

El impacto, en términos del PIB, es para Francia aún muy incierto. El Gobierno prevé un retroceso del 8% en 2020, pero podríamos apostar que el resultado será finalmente más negativo.

Para “reactivar la máquina” más rápidamente, nuestros institutos se concentran sobre la oferta productiva. Permitiendo que cada empresa haga trabajar más –y gratis– a los trabajadores, esperan que se dinamice la producción a un menor coste y por consiguiente que mejore la rentabilidad de las empresas y en consecuencia su capacidad futura para emplear personal e invertir. Pero esta receta, que aparece en cada crisis, apenas considera la situación real de la economía francesa.

Ciertamente, esta crisis tiene la característica de ser una crisis que conjuga la oferta y la demanda. Pero la crisis de oferta no está ligada en ningún caso a una capacidad estructural de menor producción, como sería el caso de una posguerra donde la estructura productiva se habría degradado o modificado. En el caso actual, la estructura productiva ha sido “congelada”, no ha habido destrucción de capital físico, las fábricas, oficinas y tiendas siguen disponibles y la producción sólo ha sido moderadamente reorientada hacia las necesidades sanitarias. Esto significa que cuando la demanda se reinicie, la oferta podrá seguirla.

Es verdad que puede haber algún retraso debido a la implantación de nuevas normas para los locales o a la perturbación de cadenas de valor internacionales, pues los Estados están levantando el confinamiento a ritmos diferentes, pero no parece que el aumento del tiempo de trabajo pueda dar una respuesta a estas dificultades temporales.

En realidad, el verdadero reto actual va a ser más bien volver al nivel de gastos cercano al de antes de la crisis (que era ya poco satisfactorio). En efecto, las familias van a tener que enfrentarse a la posibilidad del paro y a soportar pérdidas de ingresos debidas al confinamiento. También tendrán que tener en cuenta el riesgo sanitario y la posibilidad de un nuevo confinamiento. En esas circunstancias, no sería el momento del consumo sino más bien del mantenimiento de cierto ahorro por precaución. Por consiguiente, la oferta se enfrentaría menos a una subproducción, que conllevaría efectivamente tener que trabajar más para aumentarla, que a una sobreproducción ante una demanda moderada.

En ese caso, entonces, la eliminación de las 35 horas podría ser la peor idea posible. En efecto, el principal riesgo para el empleo es que las empresas ajusten su oferta a un nivel bajo de gastos y en consecuencia hagan despidos masivos. Porque será precisamente esa prolongación del tiempo de trabajo lo que facilite esa dinámica. Será posible reducir aún más puestos de trabajo si a los que se queden se les añade una carga de trabajo suplementaria. El impacto sobre el empleo de medidas como esas sería dramático y contribuirían a comprimir más la demanda, directamente por el aumento del desempleo e indirectamente por el temor a ir al paro.

En ese caso, el aumento del tiempo de trabajo no contribuiría a aumentar la producción, antes al contrario, permitiría en el mejor de los casos mantener la productividad de las empresas. Pero sería un equilibrio muy precario porque, ante la depresión de la demanda y la persistencia del riesgo sanitario, no habría que descartar la posibilidad de un ajuste permanente a la baja. El beneficio extraído por esta medida podría ser pues reducido y como las perspectivas de crecimiento son débiles, no iría de todas formas a la inversión sino más bien a los mercados financieros o a los paraísos fiscales.

Además, ¿por qué habría que invertir cuando sería más fácil hacer trabajar más y gratis al personal? Será escaso el atractivo de una inversión costosa para aumentar la productividad que se puede ajustar tan cómodamente, especialmente porque se puede hacer trabajar más a los empleados con un menor coste. Por consiguiente, el origen de este círculo virtuoso descrito por nuestros institutos en base al único criterio del coste del trabajo es cuando menos dudoso. “Autorizar a los empleadores a aumentar fuertemente los horarios de los trabajadores provocará una nueva oleada de paro y la única recuperación que tendrá lugar será la de los beneficios y dividendos, pero sólo en el corto plazo”, resume Guy Démarets, economista y autor de un libro que aparecerá este año, La deflación competitiva (editorial Classiques Garnier).

La ofensiva generalizada venidera

Al contrario de esa recetas, parece que la reducción del tiempo de trabajo es la mejor manera de mantener el empleo después del confinamiento. Guy Démarest explica que, en efecto, “cuando la duración media de trabajo efectivo baja más rápido que el volumen de trabajo que necesita la actividad económica, es cuando el empleo aumenta”. Porque, en un contexto en el que la productividad y el crecimiento son estructuralmente débiles, la creación de empleo no puede hacerse más que con una disminución del tiempo de trabajo. “La evolución posterior del empleo dependerá en consecuencia de la evolución de la duración media trabajada y, sin una reducción significativa, el empleo crecerá muy lentamente y el desempleo seguirá siendo elevado”, añade Guy Démarest.

Son estos datos los que nuestros institutos parecen ignorar escudándose en la vieja doctrina de Jean-Baptiste Say de que “la oferta crea la demanda” negando cualquier forma de ralentización estructural del capitalismo. Esas viejas recetas recalentadas bajo el pretexto de la urgencia sanitaria no podrán amortiguar el aumento esperado de desempleo, pero ponen en evidencia una forma de “oportunidad desaprovechada” para las élites económicas francesas que, desde comienzos de siglo, están obsesionadas con la cuestión de reducción del tiempo de trabajo y las 35 horas. Porque la ley de 1998 fue percibida como un fracaso por el campo neoliberal, que no ha cesado desde entonces de rebajarla, de crear excepciones y de reducir su alcance. No es que haya supuesto una victoria unilateral de los trabajadores, ni mucho menos, sino que ha representado un compromiso entre el capital y el trabajo que era inaceptable para los partidarios de la competitividad y de la adaptación a la globalización.

La crisis actual ofrece pues al capital una oportunidad para terminar con ello definitivamente y conseguir una brillante victoria sobre el trabajo. Desde este punto de vista, una de las propuestas del Instituto Montaigne es muy elocuente: propone pagar las horas extras trabajadas no en forma de salario sino como participación en los beneficios. Dicho de otra forma, el trabajo ya no sería pagado como un medio de producción, sino únicamente en función de la rentabilidad del capital. Esto sería una derrota para el trabajo, cuya especificidad sería negada: no sería ya más que un aporte equivalente al del capital. Esto no significa por lo tanto nada más que la sumisión completa del trabajo como tal, ya que sería difícil ver a los trabajadores, asimilados a accionistas, discutir con ellos sobre la repartición del valor añadido.

Estas propuestas aparecen pues como el síntoma de esta “Restauración del capital” que va a llegar, donde, tras haber estado mantenido por el Estado con un respirador artificial durante casi dos meses y medio, el capital va a exigir una sumisión completa del trabajo a sus intereses en nombre del “empleo”. Esta estrategia podrá adoptar aspectos “progresistas” al ir acompañada de planes de estímulo keynesianos o de “relocalizaciones” puntuales, de la misma forma que la Restauración de 1815 dio pruebas de “modernidad” para asegurar su política reaccionaria. Por lo demás, la patronal europea reclama a gritos planes de estímulo ambiciosos, como revela el 12 de mayo Les Échos, pero el apoyo público a la demanda irá acompañado de una fiscalidad sobre el capital y de una sumisión creciente del trabajo.

Esta estrategia neokeynesiana es una variante conocida del neoliberalismo y se apoya en la idea de que el Estado deber intervenir, en caso de crisis exógena, para restablecer la rentabilidad del capital y la “normalidad” del funcionamiento de los mercados. Pero esta intervención tiene dos caras. Por un lado, se trata de aumentar el nivel de la demanda global para favorecer el uso de las capacidades de producción y, por otro, hay que favorecer las “reformas estructurales” para mejorar la asignación de capitales y facilitar los “equilibrios del mercado”. Dicho de otra forma, según esta visión, estímulo presupuestario y sumisión del trabajo van de la mano. Sin contar con que ese estímulo acaba siempre por ser pagado in fine por la población, puesto que toda fiscalidad del capital es nociva.

Esta Restauración del capital debería por lo tanto ir acompañada de una reducción de la protección social y de la protección del empleo en nombre de la creación de empleo. El debate podría tomar un rumbo preocupante entre los que desean aumentar el tiempo de trabajo y los que desean fraccionarlo en favor de la precariedad y el tiempo parcial en base al modelo alemán de una reducción del trabajo dirigida por los intereses del capital. En ambos casos, la situación de los trabajadores no podrá más que deteriorarse. En el primer caso, ya se ha visto, por el aumento del desempleo, y en el segundo, por el deterioro de las condiciones de trabajo y de vida.

Es incluso previsible que, en nombre del “empleo”, acabe por imponerse una síntesis de estas dos visiones: el aumento legal del tiempo de trabajo permitiría mejorar la rentabilidad, mientras que la precarización garantizaría al mismo tiempo una baja tasa de paro en apariencia, y una bajada del coste del trabajo. Los que se pudieran quedar en la estacada por el aumento del tiempo de trabajo se verían forzados a aceptar empleos precarios para sobrevivir, reduciendo las exigencias salariales durante mucho tiempo, que es la única salvación del capital en período de estancamiento secular.

Por eso haría falta un seguro de desempleo más estricto y menos generoso, que está al alcance de Francia, donde el gobierno sólo ha “suspendido” la reforma del seguro de desempleo.

Todo tendría entonces sentido: el capital, apoyado incondicionalmente por el Estado, sometería totalmente al trabajo a su propia lógica. El chantaje al empleo y el uso de un “sentido común” de pacotilla serían las dos armas de que dispondría esta ofensiva ante la opinión pública. Estas “propuestas” sobre las 35 horas anuncian por tanto una exacerbación de la guerra social, retomando claramente la que estaba en marcha en Francia antes de la epidemia del coronavirus. Si el mundo del trabajo no es capaz de responder a ello, será el gran perdedor de la crisis venidera.

Traducción de Miguel López.

Texto original en francés: 

La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ha augurado que la correcta implantación del control horario en las empresas supondrá un beneficio a todos los niveles, incluido a las empresas que "pagan correctamente" las horas extra frente a las que no lo hacen, reduciendo así la competencia desleal, informa Europa Press.

A preguntas de los medios, ha avanzado además que en próximos días se publicará una instrucción para que la Inspección de Trabajo pueda realizar el oportuno control de las empresas. Igualmente, ha recordado que sólo dos días después de la entrada en vigor de esta medida, una sentencia de ámbito europeo avalaba la norma e instaba a los Estados miembro "a poner en marcha estos sistemas".

"Es bueno para los trabajadores, para la prevención de riesgos laborales, para la conciliación y para la Tesorería, porque se están haciendo millones de horas que extra que no se cotizan", ha insistido, afirmando que se trata de una estrategia que "sólo tiene beneficios".

Sólo dos días después de que entrara en vigor el decreto del Gobierno que obliga a todas las empresas a registrar la jornada de sus plantillas, el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) dictaminó que éstas deben implantar un sistema “objetivo, fiable y accesible” para saber cuántas horas trabajan sus empleados cada día. El tribunal europeo lo justifica en que es la única manera de que los trabajadores puedan “hacer respetar sus derechos” y demostrar que éstos se han vulnerado si hacen más horas de las legales o si esa extensión de su jornada no se les retribuye.

El preámbulo del decreto que empezó a aplicarse el pasado domingo, además de destacar el registro de la jornada como “elemento de protección” de las plantillas, menciona el perjuicio que el abuso en el tiempo de trabajo causa en los salarios y en las cotizaciones a la Seguridad Social en las cotizaciones a la Seguridad Socialcuando aquél no se paga. Según los cálculos realizados por el Gabinete Económico de CCOO, las horas extraordinarias que no se declaran ni se retribuyen se traducen en una pérdida de cotizaciones de 804 millones de euros al año. Cada hora extraordinaria cotiza por contingencias comunes un 28,3% –un 23,6% a cargo de la empresa y un 4,7% del trabajador–. CCOO le ha añadido la cotización por contingencias profesionales –un 2%–, así como las cotizaciones por desempleo, Fogasa y Formación Profesional, pero descontándole subvenciones y bonificaciones. En total, una cotización del 38,3% –6,4% a cargo del trabajador y un 31,9% a cargo de la empresa–. Legalmente no se pueden hacer más de 80 horas extras al año.

Utilizando la media anual de horas no pagadas desvelada por la Encuesta de Población Activa (EPA) hasta el tercer trimestre de 2018, los trabajadores no cobraron 2.118 millones de euros en sus nóminas por las horas extras que hicieron pero sus empresas no les pagaron. Además, ni éstas ni sus trabajadores ingresaron otros 281 millones por el IRPF de ese exceso de jornada. CCOO incluso calcula cuántos millones deja Hacienda de recaudar por el IVA por ese salario que no se les abonó, suponiendo que el 50% del sueldo se trasladara al consumo, gravado con un 21%, el tipo máximo: 193 millones de euros.

En total, las empresas se ahorran cada año unos 3.000 millones de euros con las horas de más que no abonan a sus trabajadores, mientras que el perjuicio para las arcas públicas asciende a 1.278 millones de euros.

6,4 millones de horas extras cada semana

En España la recesión redujo el número de horas trabajadas en un 18,2% entre el segundo trimestre de 2008, cuando se hicieron 9.213 millones, y el tercer trimestre de 2013, cuando se quedaron en 7.534 millones. Se perdieron 1.679 millones de horas, según los datos de la Contabilidad Nacional ajustados de estacionalidad y calendario. Las horas extraordinarias cayeron de forma simultánea pero con mucha más fuerza. En el primer trimestre de 2008 se hicieron un total de 10,23 millones de horas extras cada semana, que se quedaron en casi la mitad, 5,46 millones en el primer trimestre de 2013.

Hoy, los españoles trabajan 8.610 millones de horas y, con cifras de la EPA del primer trimestre de este año, hacen 5,68 millones de horas extras cada semana –en 2018 la media anual fue superior: 6,4 millones–. Por tanto, pese a haberse recuperado buena parte de las horas trabajadas antes de la crisis –al menos casi son las mismas que en 2009–, las extraordinarias han aumentado pero con mucho menos brío e incluso a día de hoy están por debajo de las realizadas en ese mismo trimestre entre 2015 y 2018.

Durante la crisis, además, entre el cuarto trimestre de 2011 y el cuarto trimestre de 2016, las horas extras no pagadas superaron a las pagadas, encendiendo todas las alarmas. En el primer trimestre de este año, las no retribuidas equivalen al 46,4% de las horas extraordinarias trabajadas, por debajo del 60,6% que llegaron a suponer en lo peor de la crisis, en el primer trimestre de 2014, o el 59,3% de ese mismo periodo de 2013. En cualquier caso, las extras gratis no han dejado de caer durante toda la recuperación, un 27,7% desde 2015.

Lo mismo ha ocurrido con el número de trabajadores que declaran trabajar más allá de la jornada establecida. En el primer trimestre de este año son 735.500 –797.000 en el cuarto trimestre de 2018–, una cifra que ha remontado desde que en el mismo periodo de 2013 cayera a un mínimo de 621.500, la mitad de los que aparecían en la EPA de 2008 –1,24 millones–. Pero de éstos, sólo el 35,3% hacía horas extra que no cobrabasólo, mientras que en 2014 el 60,6% de los que las hacía trabajaba gratis. En 2019 son aún el 43,6%.

Las cotizaciones por horas extras cayeron un 46,7% en la crisis

Esa evolución tiene su reflejo en los ingresos por cotizaciones de la Seguridad Social. Como ocurrió con la recaudación general, las cifras se hundieron durante la crisis. Desde que alcanzaron un máximo en 2008 de 436,26 millones de euros, las cotizaciones ingresadas por horas extraordinarias cayeron un 46,7% hasta hundirse en su mínimo, 232,45 millones de euros en 2013, de acuerdo con el informe económico financiero del Presupuesto de la Seguridad Social para 2019. Desde entonces la recaudación ha crecido, pero a mucho menor ritmo, un 26,4% hasta 2017, el último ejercicio en que la Seguridad Social ofrece datos desglosados. Ese año ingresó un total de 293,96 millones por las horas extras declaradas y pagadas, un tercio menos de lo que recaudó en 2008, antes de la crisis.

Todavía no se conocen los ingresos de la Seguridad Social en 2018, pero el organismo público había presupuestado una recaudación de 314,69 millones de euros para ese año, confiando en el crecimiento del número de afiliados y en la mejora de los salarios. Otro tanto esperan sus gestores para el ejercicio en curso, en el que prevén unos ingresos de 346,9 millones. Aún por debajo de las cifras precrisis, por tanto.

Caixabank se deshará antes de acabar 2020 de un total de 2.023 empleados, el 8% de su plantilla en España. Y Banco Santander acaba de convocar a los sindicatos para negociar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) cuya cifra de afectados se desconoce aún, aunque el año pasado ya se deslizó que el número no será inferior a 3.000 trabajadores.

Desde 2007 los bancos se han desprendido de 25.051 personas, un 22,5% de sus plantillas, y las cajas aún más, 59.589, el 45%. Los bancos también han cerrado 4.559 sucursales, el 29,6% de las que tenían antes de la crisis, mientras que las cajas han prescindido de la mitad de su red, 12.391 oficinas. En 2007 la Asociación Española de Banca (AEB), la patronal bancaria, tenía 100 miembros; en 2017 eran 78. Por lo que se refiere a las cajas de ahorro, agrupadas en la CECA, han pasado de 46 a 13 en esos 10 años.

Pero el recorte no termina. A los despidos de WiZink, BNP Paribas, Ibercaja, Evo Banco y Bankia y BMNen 2018, este año se añaden los dos citados y están pendientes los que puedan producirse cuando culmine la fusión entre Unicaja y Liberbank. En el aire continúan las declaraciones del presidente del BBVA, Carlos Torres, hace dos años cuando dijo que le sobraban 2.800 sucursales. La banca sumó 17.316 millones de euros de beneficios en 2018, un 13,6% más que el año anterior, según el anuario estadístico de la patronal AEB, pero la transformación digital y los estrechos márgenes presionan a las entidades tanto como las exigencias regulatorias de las que no paran de quejarse. El Santander, que ha ganado 1.840 millones en el primer trimestre, aduce razones “organizativas y productivas” para el ERE que negociará las próximas semanas. Los mismos motivos que ha puesto sobre la mesa Caixabank, con 533 millones de euros de ganancias. Las cifras suponen una rebaja del 10% y del 24,3%, respectivamente, en comparación con el mismo periodo de 2018. Lo que no será óbice para que este año repartan 3.734 millones de euros en dividendos –el Santander– y 1.017 millones –Caixabank–, lo que se traduce en un aumento del 4,5% y del 8,3% respecto a 2017.

“Se ha convertido en una mala costumbre”, resume José Luis Romero, de la ejecutiva estatal de CCOO en el Banco Santander cuando se le pregunta por el nuevo ERE. La entidad que preside Ana Patricia Botín ejecutará con el de este año su cuarto despido colectivo desde 2013. El que acaba de pactar el banco de Jordi Gual es el segundo, después del que afectó a 700 trabajadores en 2015 y de dos planes de bajas voluntarias en 2016 y 2017, por los que dejaron la entidad 1.119 y 400 personas, respectivamente.

A partir de los 49 años en Caixabank

Romero explica que la cifra de 3.000 despidos surgió de un documento del servicio de estudios del propio banco que calculaba en 5.000 los trabajadores sobrantes hace dos años. Como ya se redujo la plantilla en más de 1.000 en los servicios centrales con el último ERE, el número resultante es el que se ha manejado extraoficialmente, asegura. Las reuniones que mantendrán la semana próxima los sindicatos y la empresa no suponen aún la negociación propiamente dicha, sino el calentamiento previo para cumplir con el artículo 12 del convenio colectivo de banca, que obliga a las partes a discutir medidas de “flexibilidad interna” –reducción de jornada, excedencias, traslados, modificación de condiciones de trabajo– antes de acometer “procesos de reordenación o reestructuración de plantillas”.

Además, el banco no terminará hasta junio la integración tecnológica de Santander y Popular, el banco que adquirió por un euro en junio de 2017 y que ya sufrió su propio ERE ese año, con 2.592 trabajadores afectados. Por lo que la medida no se acometerá hasta después de las elecciones. Para cuando se sienten a negociar en el Santander, Caixabank ya habrá empezado a anotar los nombres de quienes quieran abandonar el banco. El ERE ofrece la baja voluntaria a trabajadores a partir de los 49 años. Con más de 53 años la indemnización equivale al 57% del salario más una paga de 18.000 a 38.000 euros brutos dependiendo de la edad. Para los empleados de 49 a 51 años, la indemnización equivaldrá a 45 días por año trabajado con un tope de 42 mensualidades. Pagar esas cantidades le va a costar a Caixabank 890 millones de euros.

En el Santander el objetivo declarado de los sindicatos es repetir este año las condiciones del último ERE, en el que los afectados mantuvieron el 80% de su sueldo. Entonces, la medida afectó básicamente a directivos del centro corporativo de Boadilla del Monte. “No vamos a consentir que el staff obtenga mejores condiciones que la tropa”, destaca José Luis Romero, quien además apunta que no existen “razones económicas objetivas” para bajar de ese 80%.

“Antes la banca utilizaba las prejubilaciones como única herramienta de ordenación de la plantilla”, protesta Juan José Paredes, secretario general de la Sección Sindical de CGT en Banco Santander, “pero desde la reforma laboral de 2012 ha optado por los ERE”. José Luis Romero asegura que en el Santander hay “masa suficiente” de mayores de 55 años con que nutrir las prejubilaciones, pero Paredes objeta y teme que sufran despidos trabajadores más jóvenes.

Prejubilaciones de lujo

Los dos ERE se ejecutan, además, mientras las quejas de las plantillas del sector por las horas extraordinarias no pagadas han saltado a los titulares de los periódicos y a los tribunales. Tanto en Santander como en Caixabank los sindicatos no se cansan de denunciar la “desmesurada” carga de trabajo y la intensa “presión comercial” a la que están sometidos los trabajadores. Romero dice que son “dos batallas distintas”, las horas extraordinarias y la tensión laboral que se sufre en las oficinas. Pero coincide con Paredes en que la presión incentiva el deseo de muchos trabajadores de aprovechar los ERE para abandonar las entidades. Ya no se ofrecen las condiciones de antes de la crisis, subraya el responsable de CGT –cuando se mantenía hasta el 90% del sueldo–, pero aun así constituyen prejubilaciones de lujo y tienen un éxito considerable. El banco paga a los trabajadores afectados y cotiza por ellos a la Seguridad Social hasta los 63 años, cuando la inmensa mayoría, por lo general con largas carreras de cotización, se acogen a la jubilación anticipada. Romero precisa que la medida no supone coste alguno para la Hacienda pública “porque el banco debe pagar al Tesoro por las prestaciones de desempleo y cotizaciones de los prejubilados las cantidades establecidas en la Enmienda Telefónica”. Se trata de una obligación para todas las empresas de más de 500 empleados y con beneficios cuando despidan a trabajadores mayores de 50 años.

En cualquier caso, CCOO no ha firmado el ERE en Caixabank, que ha tachado de “purga”. Los traslados a un máximo de 75 kilómetros, denuncia, decididas por una herramienta que utiliza “criterios desconocidos, variables y opacos”, a discreción de la empresa, supone una “amenaza continua de traslado forzoso, por tanto, también de “extinción forzosa”, explica el sindicato en un duro comunicado.

El acuerdo del ERE firmado por el resto de los sindicatos limita el número de sucursales con un solo empleado a 300, con un horario de atención al público reducido. También crea un nuevo tipo de oficina, con dos empleados y para zonas rurales, del que podrá haber hasta un máximo de 450. Caixabank tenía en 2013 un total de 5.647 sucursales, según el anuario estadístico de la CECA, la patronal de las antiguas cajas de ahorros. Cuatro años después, le quedan 4.983. En 2013 su plantilla la componían 30.437 personas; en 2018 se había reducido a 25.068, 29.956 si se incluyen los trabajadores del BPI portugués que terminó de adquirir en 2018.

Pocos empleados por sucursal, muchas horas extras

El Santander cuenta con 32.313 empleados en España, con cifras del cierre de 2018, según su memoria anual. Si Caixabank absorbió durante la última crisis a Banca Cívica, Banco de Valencia, Barclays y BPI, el banco de Ana Patricia Botín integró a Banesto y Banco Popular. “Pero en cuatro años consigue digerir los aumentos de plantilla que supone cada nueva absorción”, destaca Juan José Paredes. Es lo que ha ocurrido con los 8.900 empleados de Banesto y los más de 10.000 del Popular. Según las cifras del anuario estadístico de la AEB, Santander tenía en España 25.864 trabajadores en 2013 y contaba con 21.340 en 2017, cuando se quedó con el Banco Popular.

A diferencia de Caixabank, en el Santander no hay oficinas con un empleado solitario, sino que ha optado por contratar agentes colaboradores, hasta 114 según publica en su informe anual, para atender zonas rurales. De la exclusión financiera alertó el pasado miércoles la subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, en el Encuentro del Sector Financiero organizado por Deloitte y Abc. Pese a que la banca española ha reducido en un 40% el número de sucursales desde 2008 y en un 30% el de empleados, aún tiene más oficinas y trabajadores de por cada 100.000 habitantes que la media de la zona euro. Pero en número de sucursales con pocos empleados sólo la supera Japón, destacó.

Al tiempo que Caixabank y Santander aligeran sus plantillas, los sindicatos negocian el convenio colectivo del sector, que caducó el pasado 31 de diciembre. Uno de los puntos de discusión serán los horarios. Este lunes se hace obligatorio en todas las empresas el registro de las horas de trabajo. Desde que la CGT ganó en la Audiencia Nacional un juicio al Santander, el personal administrativo debe apuntar su tiempo de trabajo “en una hoja de Excel”, explican Paredes y Romero. Un sistema poco o nada efectivo, reconocen, y que deja fuera al personal comercial, precisamente quienes tienen jornadas flexibles y fuera de cualquier control, ademása de componer casi el 80% de la plantilla. En 2015 fue UGT el sindicato que calculó en 30.000 las horas extras diarias que hacían los trabajadores del Santander y que ni se pagaban ni cotizaban a la Seguridad Social. Las denuncias de los sindicatos a la Inspección de Trabajo han llovido por decenas durante los últimos años. Las entidades niegan que las plantillas trabajen ni una sola hora de más.

A la vuelta del verano, el francés BNP Paribas anunció un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en su división de grandes patrimonios, que afectará a 44 personas. Unas semanas después Unicaja comunicaba el suyo, por el que prevé deshacerse de 1.028 trabajadores, el 15% de su plantilla, en los próximos tres años. También WiZink, el banco especializado en tarjetas de créditos que ha pasado de las manos del Popular a las del Santander y de éstas a las del fondo de inversión estadounidense Värde PartnersVärde Partners, quiere despedir a 209 empleados, el 20% de los que posee. Para marzo de 2019, además, Banco Santander prevé comenzar la negociación de su propio despido colectivo, que puede afectar a unos 3.000 trabajadores.

Estos recortes se producen cuando aún no han terminado los negociados en Liberbank, que en 2017 comenzó a dar de baja a 525 de sus 4.000 empleados, y en Bankia y BMN tras la fusión de ambos, que afectará a un total de 2.000 personas. Las 500 bajas pactadas en Ibercaja concluyeron en julio y a primeros de año se consumaron los 239 despidos en Evo Banco239 despidos en Evo Banco, que el pasado septiembre fue vendido por el fondo Apollo a Bankinter. A lo largo de este año Banco Santander se ha deshecho de un millar de trabajadores en virtud del acuerdo que firmó con los sindicatos en diciembre de 2017 tras integrar sus servicios centrales con los del Popular.

Pese a la recuperación y al rescate, los recortes de plantilla y el cierre de oficinas en la banca no se detienen. Desde 2007 los bancos se han desprendido de 25.051 trabajadores, un 22,5% de sus plantillas, y las cajas aún más, 59.589, el 45%. Los bancos también han cerrado 4.559 sucursales, el 29,6% de las que tenían antes de la crisis, mientras que las cajas han prescindido de la mitad de red, 12.391 oficinas. En 2007 la Asociación Española de Banca (AEB), la patronal bancaria, tenía 100 miembros; en 2017 eran 78. Por lo que se refiere a las cajas de ahorro, agrupadas en la CECA, han pasado de 46 a 13 en esos 10 años.

La reconversión del sector financiero ha sido brutal, por tanto. Y cuando parecía haber amainado vuelve otra vez a agitarse el fantasma de los grandes planes de recorte. Ya lo dejó claro el presidente de la AEB, José María Roldán, cuando dijo que la reducción de las plantillas y el cierre de oficinas es “la única palanca que puede usar y controlar una entidad para aumentar su eficiencia”. Mientras no suban los tipos de interés, la rentabilidad de los bancos seguirá por debajo de los niveles precrisis y, mientras continúen “las presiones sobre la rentabilidad”, la medicina serán los recortes de personal y sucursales, subrayó. “El proceso de racionalización de redes”, tal y como lo denominó, “será continuo”. Tanto Unicaja –201,9 millones de euros– y WiZink –151 millones– como BNP Paribas –1,89 millones– y Santander –6.618 millones– tuvieron beneficios en 2017. La rentabilidad sobre recursos propios (ROE) de la banca española era el pasado marzo de 9,66%, superior a la media europea, del 6,77%, pero aún muy por debajo del 21,4% que alcanzó en 2007.

No habrá suficientes prejubilaciones

“Los ajustes no sólo no han terminado sino que van a seguir por la lógica de las patronales de la banca y las cajas”, admite Agustín Nieto, responsable del sector financiero en UGT, “si no es el tamaño de la entidad, es la falta de capital suficiente lo que argumentan para recortar puestos de trabajo; la reforma laboral se lo permite aunque no tengan pérdidas”.

Es lo que ocurre con Unicaja, por ejemplo, que aún no ha concretado las cifras del ERE, “únicamente que necesita movilidad geográfica y quiere traslados a más de los 25 kilómetros de distancia que permite el convenio, y sin compensación económica”, se queja Nieto.

WiZink “no tiene argumento económico [consigue beneficios] ni organizativo después de que culminara la integración [de Citibank y Barclays] hace dos años”, protesta Teo Ortiz, responsable de banca de CGT. Además, el banco digital lleva tiempo externalizando parte de sus actividades. “Sólo en subcontratas hay unos 300 trabajadores”, precisa Ortiz. La plantilla de WiZink la componen 500 personas, más un centenar que opera en Portugal. El representante de CGT advierte de que el ERE recién anunciado será “agresivo”, debido a que son muy pocos los trabajadores con edad suficiente para prejubilarse y temen un alto número de despidos.

En BNP Paribas, por el contrario, las negociaciones están siendo más templadas. La mitad de los 44 trabajadores sobrantes serán prejubilados, explica Teo Ortiz. Pero el que prepara el Santander para el próximo año puede no ser tan amable. Ortiz recuerda que en 2017 el Popular ya se deshizo de 2.592 trabajadores antes de ser adquirido por Banco Santander. Lo que unido al millar –760 procedían del Popular– que salió este año, reduce el número de quienes podrían acogerse a prejubilaciones en 2019. “No dan tiempo a que la plantilla envejezca”, apunta el dirigente de CGT.

Exceso de carga de trabajo y millones de horas extras

La jibarización de las plantillas se está produciendo, además, cuando más arrecian las quejas de los empleados por el exceso de carga de trabajo y las horas extraordinarias no retribuidashoras extraordinarias no retribuidas que se ven obligados a hacer. Según cálculos de UGT, los trabajadores de la banca realizan 14,5 millones de horas extra sin remunerar al año. Mientras, algunas entidades anuncian la apertura de las oficinas por las tardes. Por ejemplo, el Banco Santander empezó el pasado septiembre a abrir por las tardes 500 oficinas Smart Red, pero sólo atienden a los clientes con cita previa. También están probando el horario vespertino Cajamar y Banco Sabadell. Caixabank, Deutsche Bank y Bankia llevan tiempo abriendo después de la hora de comer. Y BBVA negocia con los sindicatos que parte de sus gestores atiendan por teléfono a los clientes durante la tarde. UGT, precisa Agustín Nieto, no firmó los acuerdos que permitieron la apertura por las tardes en Caixabank y Santander.

“Es un contrasentido”, critica el dirigente ugetista, “que después de perder 84.000 empleados durante la crisis, el sector financiero siga destruyendo puestos de trabajo al tiempo que sus trabajadores hacen millones de horas extraordinarias no pagadas”. La batalla de los sindicatos contra la prolongación ilegal de las jornadas de trabajo quedó en suspenso después de que el Tribunal Supremo dictaminara que no es obligatorio el registro de la jornada ordinaria, sólo de las horas extras. En la Comisión de Empleo del Congreso se encuentra “paralizada en el proceso de enmiendas”, recuerda el responsable de UGT, la proposición de ley que presentó en 2017 el PSOE para hacer obligatorio el registro horario de los trabajadores. Mientras, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea debe dictaminar sobre la cuestión prejudicial que le ha planteado la Audiencia Nacional sobre la misma cuestión, iniciada por una demanda de conflicto colectivo contra Deutsche Bank interpuesta por UGT y CCOO.

El año próximo se vislumbra conflictivo para el sector bancario. Hay elecciones sindicales en febrero. También toca renovar el convenio colectivo. Ni UGT ni CGT se atreven a aventurar cuál será la repercusión de la sentencia del Supremo que obliga a la banca a pagar el impuesto de actos jurídicos de las hipotecas, en caso de que se confirme en la reunión que el alto tribunal celebrará el próximo 5 de noviembre. Pero temen que, además de convertirse en comisiones más altas para los clientes, traiga consigo, como mínimo, rebajas salariales para las plantillas.

Como cada año desde aquel octubre de 1974, los españoles (y los europeos) cambiamos la hora. Pasamos del horario de verano al horario de invierno y, en la madrugada del sábado 27 al domingo 28 de octubre, atrasamos una hora los relojes (o, más bien, se atrasarán solos gracias a la tecnología) y a las 3 de la mañana serán de nuevo las 2. Una hora más para dormir, para la fiesta o para el desvelo, según gustos. Más allá de las clásicas dudas que todo el mundo se plantea ante este ajuste ("¿pero entonces tenemos una hora más o una hora menos? ¿Atardece antes o más tarde? ¿Y por la mañana?"), la lista de preguntas se ha ampliado hasta la extenuación con la sorprendente propuesta que en septiembre lanzó la Comisión Europea, consistente en eliminar el cambio de horario, en base a una encuesta calificada de "fantasma".

Si ya cuesta recordar las horas de sol de las que disponemos en cada estación del año, la determinación del Ejecutivo comunitario amplía el abanico de opciones y de dudas: ¿Nos quedaremos con el horario de invierno o el de verano? ¿Afecta esto a nuestro huso horario? ¿Cuándo amanecerá en mi región? ¿Cuándo cambiaremos de sistema? ¿Acabaremos cambiando? Así, en la previa del que podría ser uno de nuestros últimos cambios en nuestras manecillas de la historia del país, infoLibre responde a las cuestiones comunes y las nuevas que han surgido este otoño.

  ¿Por qué se cambia de hora?

Hay que remontarse a 1974 para entender el origen de la decisión. El país, y medio mundo, estaba aún recuperándose de la crisis del petróleo, que había mostrado a Occidente su dependencia del crudo e instaló en el Norte global el temor a que nuevos embargos trastocaran el sistema energético de los países. Se impuso la necesidad de consumir menos energía y fomentar el ahorro y la eficiencia. El objetivo: adaptar los horarios habituales de una sociedad industrializada a los ciclos del sol y a las horas de luz disponibles. Con más luz solar disponible, necesitaremos menos encender la calefacción o las lámparas de casa, pensaron.

Por lo tanto, el ahorro es la principal razón del cambio de hora. Al principio, cada país europeo podía decidir cuándo cambiar la hora, pero rápidamente se evidenció que, en un continente cada vez más globalizado, complicaba las comunicaciones y la logística que cada Estado tuviera una norma. Así que en el año 2000 la Unión Europea unificó criterios y estableció marzo y octubre como las fechas en las que había que mover las manecillas del reloj. Y obligó a cumplir los plazos.

Desde que se impuso el cambio de hora, una cifra ha sido siempre argumentada: el 5% de ahorro energético que conllevaba como beneficio, según los cálculos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). Hoy en día, con un número mayor de jornadas laborales distintas, con la aparición del teletrabajo y de nuevas tecnologías de iluminación –bombillas LED, sistemas inteligentes…–, los expertos coinciden en que el ahorro real es mucho menor y casi inexistente. Incluidos los expertos del IDAE. "Los estudios europeos lo evalúan entre el 0,5% positivo y el 0,5% negativo", aseguraba en septiembre Aitor Domínguez, el responsable del instituto miembro del Comité de Expertos que nombró el Gobierno para estudiar la cuestión.

  ¿Es este el último cambio de hora?

A todas luces, no. Existe la posibilidad de que sea el penúltimo. Según el calendario propuesto por la Comisión Europea, el último será el de marzo de 2019, cuando pasemos de nuevo al horario de verano (GMT+2), ya sea por última vez o para adoptarlo para siempre. Pero las intenciones del Ejecutivo comunitario no siempre se traducen en nuevas normas, porque no es el único poder que juega su papel en la Unión Europea. La medida y el calendario tiene que pasar por el visto bueno del Parlamento Europeo y del Consejo, que tras establecer sus posiciones participarán en el llamado trílogo, es decir, las negociaciones a tres por las que pasa cualquier normativa.

  ¿Y si se cambia de hora, con qué horario nos quedaremos?

La decisión corresponde a cada Estado. Y, para gustos, colores. Hasta la madrugada del 27 al 28 de octubre, nos encontramos con el horario de verano: GMT+2. Es decir, con dos horas de adelanto con respecto al del meridiano de Greenwich (GMT 0), el que en teoría le corresponde al país según su ubicación geográfica. El 29 de octubre volveremos al horario clásico español: GMT +1, el llamado horario de invierno, que abandonaremos de nuevo en marzo. Por lo tanto, el debate está servido: puestos a quedarnos con uno, ¿cuál es mejor? No es fácil y no hay una respuesta clara. Depende de la ubicación de la ciudad donde vivas, de los hábitos personales, de las preferencias... y de la jornada laboral.

Si nos quedamos con el horario de verano (GMT +2), cuyo nombre lo hace mucho más apetecible que el horario de invierno, se alargaría en una las horas de sol por las tardes (desde final de octubre hasta final de marzo), lo que en principio es una buena noticia. La contraprestación, sin embargo, es dura: en A Coruña, por ejemplo, en enero aún sería de noche a las 9 y solo empezaría a amanecer cerca de las 10. En diciembre, la hora a la que sale el sol se retrasaría hasta las 10:05.

El horario de invierno, por el contrario, tendría amaneceres laborales muy cercanos a los amaneceres naturales en todas las longitudes: y son de sobra conocidos los beneficios mentales de despertarse con la luz natural. La contraprestación es que perderíamos una hora de sol por la tarde desde finales de marzo hasta finales de octubre. Ambos modelos tienen una ventaja: no volveríamos a modificar la hora de un reloj, evitando las molestias y los –leves, aunque reales– trastornos sobre la salud y el ánimo durante los días posteriores al paso de un horario a otro.

La mayoría de expertos prefieren el horario de invierno, entendiendo que, puestos a abandonar el cambio de hora, y descartando que el ahorro energético sea un factor relevante a estas alturas, es más saludable despertarse con luz natural que alargar la cerveza en la terraza. Pero en los escogidos para el comité que asesorará al Gobierno en la cuestión hay de todo: quien prefiere el de verano, el de invierno, quien defiende quedarse tal y como estamos. Hay quien incluso defiende volver a GMT 0, el huso horario que usaba España antes de 1940 y que permitiría compartir hora con Reino Unido y Portugal. Dicha opción multiplicaría las opciones: ¿GMT 0 con cambio de hora o sin cambio de hora? Sin embargo, eso parece no estar ni en la agenda del Ejecutivo ni en los pensamientos de la mayoría de los que saben del tema.

  ¿Y si no supone un ahorro, importan los cambios de horario?

El cambio de horario o la modificación del huso que utilizamos conllevan tanto ventajas como inconvenientes, e incluso pueden modificar hábitos tanto personales como laborales, como el aumento de la productividad: aunque dichos hábitos son determinados por otros muchos factores, como la cultura de cada país, las preferencias de cada individuo o los derechos y las condiciones laborales. Sin embargo, no hay que infravalorar el poder de los horarios para llevar, incluso, a tensiones políticas: el ejemplo más paradigmático se encuentra en la experiencia del vecino, Portugal.

En 1992, el primer ministro portugués de la época, Aníbal Cavaco Silva, decidió eliminar el cambio de hora y adaptar los relojes a los de España. Los habitantes de la frontera hispanolusa recibieron con agrado la modificación, pero hubo consecuencias. En invierno a las 9 seguía siendo de noche, y en verano no se iba el sol por completo hasta llegada la madrugada. Hubo un aumento de los suicidios de hasta un 15%, recoge El Mundo, y el asunto llegó a las promesas electorales: el candidato socialista, António Guterres, prometió restablecer "la normalidad" si salía elegido, y cuando alcanzó el poder, en 1995, revirtió los cambios. La hemeroteca demuestra que los cambios, en este ámbito, tienen que estar muy bien pensados.

El tradicional cambio de hora en otoño y primavera podría acabar pronto. Este viernes, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, anunció que propondrá terminar con una medida que se aplica desde hace décadas en la UE y en buena parte del mundo, y el Gobierno español, por boca de su portavoz, la ministra Isabel Celaá, ha mostrado su conformidad con la idea e incluso ha abierto la puerta a cambiar el huso horario de España. Algunos expertos, no obstante, muestran sus dudas respecto a la medida y afirman que, si bien los cambios horarios tienen escasas consecuencias –por ejemplo– en el ahorro energético, suprimirlos puede suponer desequilibrar un escenario que, tal y como está, funciona adecuadamente.

Juncker argumentó que su decisión está basada en la demanda social de eliminar el cambio de hora, una demanda que –señaló– queda demostrada por los resultados de una encuesta llevada a cabo por la UE en la que han participado apenas 4,6 millones de personas de los 500 millones de habitantes de la unión, es decir, menos del 1%. En ese sondeo, realizado entre el 4 de julio y el 16 de agosto, el 84% de los encuestados se mostraron a favor de abolir el cambio de hora y el 76% lo consideraron algo "negativo" o "muy negativo". Dos de cada tres votos se emitieron en Alemania, donde se pronunció un 4% de la población, mientras en España no llegó al 0,2% (de ellos, el 93% apostó por el cambio de hora).

La Comisión se ha mostrado partidaria de mantener en toda Europa el horario de verano a partir de 2020, según ha avanzado Juncker, si bien la decisión final –en el caso de que se aprobase la medida– la tendrían los Estados. Para que entrase en vigor el cambio, la Comisión tendrá primero que poner negro sobre blanco su propuesta para que sea aprobada tanto por el Consejo Europeo (que reúne a los Gobiernos de los países de la UE) como por el Parlamento, dividido en grupos políticos sin adscripción a los Estados miembros.

No obstante, algunos expertos tienen sus dudas con respecto a que cambiar la normativa y eliminar el cambio estacional de hora suponga una ventaja. José María Martín, profesor de Física en la Universidad de Sevilla, explica que cambiar la hora en verano y en invierno no es una costumbre fruto del azar, sino que tiene una explicación: tratar de seguir la evolución natural de las horas de luz."El cambio de hora es una forma moderna de seguir la hora del amanecer, y su objetivo es que cuando despertamos, no lo hagamos muy lejos de cuando comienza el día", explica el experto.

"Como usamos relojes, que no saben de estaciones y de cuándo amanece según el momento del año, de alguna manera el cambio de hora sirve para adaptarlos", señala igualmente Martín, que califica de "preocupante" la propuesta de Juncker. "Como mínimo, parece un poco inopinada", critica el físico, que asegura que "la estabilidad horaria" que ha habido en Europa en las últimas décadas "es buena", entre otras razones, porque los ciudadanos ya están acostumbrados a ella y han adaptado sus horarios a los cambios estacionales. Martín se muestra reacio a ahondar en las consecuencias que tendría abolir el cambio horario porque, señala, sería "predecir el futuro" dado que es una decisión de hondo calado. Pero sí señala que, a nivel social, podrían producirse descoordinaciones fruto de alterar los horarios que la sociedad ya tiene organizados.

El experto pone un ejemplo cotidiano sobre la posibilidad de que se produzcan desajustes. "Digamos, por ejemplo, que nos quedamos en el horario de invierno [GMT +1]. Si lo hacemos, en España va a amanecer en verano entre las 5.15 y las 6 de la mañana. Quizá, si un tendero no cambia de hábitos y abre antes, vaya a encontrarse con problemas en su negocio, así que es posible que se vea obligado a abrir una hora antes para aprovechar las mismas horas de luz que hasta ahora. Pero si el colegio de su hijo no hace lo mismo y los niños siguen entrando a la misma hora, ya no podrá llevarlo", plantea el físico.

Un ahorro energético inapreciable

Por el contrario, la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios en España (Arhoe) ha valorado "positivamente" la decisión tomada por Juncker. "Eliminar el cambio de hora supone acercarnos más y situarnos en el horario que nos corresponde", señaló el presidente de la organización, José Luis Casero, que se mostró partidario de adoptar permanentemente "el horario de invierno, porque el de verano supone desfases creados por amaneceres demasiado tardíos". "Y aunque habría luz por la tarde, no es bueno que los niños lleguen al colegio y los trabajadores se incorporen a sus puestos de trabajo por la mañana y todavía sea de noche", apuntó.

Además, si se opta por abolir el cambio de hora, ¿qué pasa con la energía que, según las autoridades, se ahorra al retrasar y adelantar una hora los relojes dos veces al año? Jorge Morales de Labra, ingeniero industrial y experto en el sector de la energía, asegura que el ahorro energético que se produce con esta medida es "muy pequeño", de "menos del 1%". Y es que las empresas e industrias, que suponen el grueso del consumo, siguen gastando lo mismo en verano que en invierno y haya más o menos luz.

A nivel doméstico tampoco hay grandes cambios. "Es cierto que se reduce el consumo eléctrico producido por la iluminación del interior de edificios, particularmente en el caso de los hogares, porque en las empresas la iluminación suele estar encendida permanentemente", explica Morales de Labra, que sin embargo señala que, en cifras, el ahorro es casi imperceptible. "La iluminación supone en torno al 10% del gasto en energía de una casa, y las casas suponen el 30% del consumo general", por lo que, en ese ejemplo concreto, "al final solo se termina reduciendo el consumo en un 3%".

¿Qué pasa con el huso horario?

El anuncio de Juncker, no obstante, podría generar otros cambios. El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, abrió la puerta este viernes a cambiar el huso horario de España –que actualmente es GMT +1, el mismo que el de países como Alemania o Francia– para adecuarlo al de Reino Unido o Portugal, naciones con una latitud más acorde a la de nuestro país. Horas más tarde, el Gobierno anunciaba la creación de un comité de expertos para estudiar las ventajas e inconvenientes de un asunto que el anterior Ejecutivo ya planteó en 2016. Entonces, algunos miembros del Gobierno argumentaron que este cambio de huso serviría para paliar el "problema de competitividad y calidad de vida en España".

Desde hace años, Arhoe pide que se lleve a cabo este cambio de huso horario. Hace unos meses, la organización recordó algunos de sus principales argumentos: a su juicio, volver al horario GMT facilitaría la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la igualdad efectiva entre mujeres y hombres; haría posible la corresponsabilidad en los hogares; estimularía la tasa de natalidad; aumentaría la productividad en las empresas; permitiría dormir el tiempo suficiente y mejorar la alimentación; mejoraría el rendimiento escolar; disminuiría la siniestralidad doméstica, laboral y de tráfico; fomentaría el voluntariado en asociaciones, fundaciones y ONG y contribuiría a una mejor conexión con el resto de países.

No obstante, el físico José María Martín discrepa radicalmente de los posicionamientos de Arhoe y tacha de "infumable" la idea de que cambiar de huso horario vaya a tener efectos sobre la vida cotidiana. "Es como decir que el tráfico va a cambiar porque el kilómetro 0 de las vías de España pase de la Puerta del Sol a la Puerta de Alcalá", sostiene el experto, que afirma que "la gente va a hacer su vida desde que amanece hasta que anochece", tenga la referencia horaria que tenga. Y tampoco coincide Martín con afirmaciones como que la baja productividad en España se deba a su huso horario. "Aquí, incluso en invierno, hay como mínimo 9,5 horas de luz, por las siete que pueden tener en Reino Unido o Alemania", y eso provoca que las horas de actividad se alarguen y no se comprima tanto la jornada, sostiene el físico.

La madrugada del próximo domingo se producirá el cambio de hora, cuando a las 03.00 horas se retrasarán los relojes y volverán a ser las 02.00, dando así por finalizado el horario de verano.

El cambio de hora de verano a invierno se produce el último domingo de octubre en toda Europa, de acuerdo a la Directiva Comunitaria del Cambio de Hora, que es de obligado cumplimiento con el objetivo de lograr un ahorro energético y el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital recuerda que la directiva no prevé la posibilidad de que un Estado miembro no decida aplicar el régimen de la hora de verano.

Además, según estimaciones del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), el potencial de ahorro en iluminación podría alcanzar en torno a 300 millones de euros, el equivalente al 5% del total. De esa cantidad, 90 millones corresponde al potencial de los hogares españoles, lo que supone un ahorro de 6 euros por hogar y 210 millones restantes se ahorrarían en los edificios del terciario y en la industria.

El cambio de hora empezó a generalizarse a partir de 1974, a partir de la primera crisis del petróleo, cuando algunos países decidieron adelantar el reloj para aprovechar mejor la luz del sol y consumir así menos electricidad en iluminación. Se aplica como directiva desde 1981 y ha sido renovada sucesivamente cada cuatro años.

Si bien, desde la aprobación de la Novena Directiva por el Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión en enero de 2001, el cambio se aplica con carácter indefinido. La Directiva está incorporada al ordenamiento jurídico español por Real decreto 236/2002, de 1 de marzo.

Según recuerda el IDAE, el cambio de hora busca el buen funcionamiento de "algunos sectores", no solo el de los transportes y las comunicaciones, sino también otros ramos de la industria, requiere una programación estable a largo plazo.

La secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, ha afirmado este martes que desde el Ministerio de Hacienda se negocia con los sindicatos la petición de la implantación de las 35 horas semanales en la Administración, si bien ha advertido de que el coste de fijarlo como normativa básica se situaría entre los 800 y los 1.200 millones de euros.

Así lo ha señalado Collado durante su comparecencia en la Comisión de Presupuestos del Congreso para explicar las cuentas de 2017 de su departamento, en la que ha indicado que habría un "problema de sostenibilidad" en la posibilidad de implantar la jornada de 35 horas en la Administración, si bien "de todo se puede hablar".

En declaraciones a los periodistas al término de su comparecencia recogidas por Europa Press, Collado ha explicado que ya se está hablando con las organizaciones sindicales más representativas (CC.OO., UGT y CSIF) sobre la posible implantación de las 35 horas, así como del resto de reivindicaciones, de forma que durante la legislatura se puedan alcanzar acuerdos como el suscrito en materia de empleo público.

No obstante, ha indicado que "no se trata de una recuperación de un derecho", ya que cuando en 2012 el Gobierno fijó la jornada en 37,5 horas de manera general, solo dos comunidades autónomas tenían la jornada de 35 horas (Asturias y Andalucía).

Otras cinco regiones cuentan con una jornada laboral semanal de entre 36 y 37 horas, a la vez que los 500.000 funcionarios del Estado tampoco cuentan con esa jornada. "Es una demanda, pero no es una recuperación de derechos", ha insistido Collado, quien ha añadido que en el resto de Europa solo hay dos países con esa jornada, y uno de ellos "se lo está pensando", mientras que el resto tienen jornadas de más de 40 horas.

Precisamente Andalucía comenzó a aplicar en enero de este año la jornada de 35 horas para sus empleados públicos, por lo que se ha abierto un "mecanismo de entendimiento" que si no culmina con éxito, llevará al Estado a presentar un recurso de constitucionalidad.

Movilidad interna y saturación en DNI y Sepe

Asimismo, ha avanzado que Hacienda trabaja en un plan de concursos permanentes de méritos dentro de la Administración General del Estado (AGE), basado en el sistema que aplica ya Castila y León, que prevé culminar este año con el fin de agilizar la movilidad de los funcionarios y evitar los plazos anuales de cada concurso.

De igual forma, ha anunciado que se ha constituido un grupo de trabajo en el que se analizan los principales problemas a corto plazo, principalmente en cuatro servicios de atención al público (SEPE, DNI, Fogasa y Seguridad Social), para implementar medidas a lo largo de la legislatura que remedien las quejas de los ciudadanos, como la saturación de estos servicios y la falta de personal.

En este sentido, ha recordado que en estos cuatro sectores hay una tasa de reposición del 100%, por lo que, junto a lo que se pueda hacer en materia de distribución de efectivos, en un plazo de dos años se podrían conseguir una nueva organización.

En lo que respecta al SEPE, dado que cuenta con una interinidad temporal inferior al 8%, no estaría incluido en el plan de estabilización de interinos. "No hemos pensado en tasas de reposición adicional en estos sectores, sino en la posibilidad de acumular las tasas", ha añadido. Ha matizado que los interinos con una antigüedad mayor a 2005 también pueden consolidar sus puestos de trabajo.

67.000 nuevas plazas este años

Collado ha pedido el respaldo a los Presupuestos para que vea la luz la convocatoria de empleo público contemplada en las cuentas de este año, que supondrá, al menos, 67.000 nuevas plazas en todas las administraciones públicas (19.000 en el Estado, 28.144 en las CC.AA. y unas 20.000 en la administración local).

En este sentido, ha destacado que el acuerdo con los sindicatos, el primero que se alcanza desde 2009, permitirá abordar un proceso extraordinario de estabilización del empleo temporal que alcanzará a 250.000 plazas interinas, sobre todo en el ámbito de las comunidades autónomas. 

Con esta convocatoria, ha destacado que se reponen al 100% las bajas en los sectores prioritarios de sanidad, educación y justicia, entre otros, a los que se sumarán este año como áreas nuevas la atención al ciudadano en servicios públicos, la prestación directa del servicio de transporte público y la seguridad y emergencias.

Collado también ha subrayado el compromiso alcanzado para emprender un proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal que tiene como objetivo reducir el volumen de personal interino existente en todas las administraciones públicas, y que se sitúa entre el 20% y el 30% en estos momentos, según sectores.

Sólo en las CC.AA., los interinos alcanzan cerca de 300.000, de los que más de 144.000 son personal sanitario (con una tasa de temporalidad del 30%), y 109.000 son docentes, con una tasa del 20%.

El acuerdo para la mejora del empleo público recogido en el proyecto de Ley supone reducir hasta un máximo de un 90% los interinos existentes en la actualidad en un plazo de tres años (2017-2019), y que la tasa de temporalidad resultante no supere el 8% del total de efectivos de cada ámbito.

Esta medida afectará a los sectores de docencia, sanidad y justicia, así como servicios sociales, policía local, gestión tributaria y recaudación, e inspección y sanción de servicios y actividades.

Muface y administración digital

Respecto a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface), ha adelantado que se van a acometer proyectos tales como la receta electrónica, la historia clínica digital, la provisión de las prestaciones a través de sede electrónica, la agilización del procedimiento de reclamaciones sanitarias, y la accesibilidad a las sedes de las 52 direcciones provinciales.

Actualmente se encuentra en vigor el concierto nacional e internacional para los ejercicios 2016 y 2017, en los que se estableció un incremento de la prima a abonar a las entidades de un 3,5%. 

Para este año Collado ha adelantado que se procederá a la convocatoria de un nuevo concierto que garantizará las prestaciones en los próximos años, y cuya incidencia presupuestaria recaerá sobre ejercicios posteriores.

La secretaria de Estado de Función Pública ha informado de que se continuará con el desarrollo e implantación de servicios comunes de TIC en toda la Administración General del Estado y sus organismos públicos para dotarlos de máxima eficacia, con el mínimo coste posible.

En la actualidad, el 85% de los trámites que se realizan en la AGE son de carácter electrónico y solo queda un 15% en papel que va reduciéndose de año en año, ha apuntado. También se desarrollará un plan estratégico de impulso y transformación, con el objetivo de dotar de mayor eficiencia el modelo de gestión pública.

Por su parte, la diputada socialista María Jesús Serrano ha denunciado el deterioro de los servicios públicos y que haya "menos empleados públicos con menores retribuciones", ante unos Presupuestos que "son más de lo mismo", con la "única novedad" de la Oferta de Empleo Público que "hay que agradecérselo a los sindicatos".

"Tras dos años desde el inicio de la recuperación siguen maltratando a los empleados públicos", ha criticado Serrano, quien ha anunciado que desde el Grupo Socialista se presentarán enmiendas parciales a los Presupuestos encaminadas a un mayor incremento salarial y una recuperación de la pérdida de poder adquisitivo de los últimos años.

Desde Unidos Podemos, María Auxiliadora Honorato ha celebrado el acuerdo por el empleo público porque "detiene la hemorragia", si bien ha remarcado que es necesario ir "más allá", mientras que Vicente Ten de Ciudadanos ha lamentado que durante "muchos años" los empleados públicos han sufrido los recortes del PSOE y del PP.