Dubai Unlocked descubrió a decenas de delincuentes convictos, fugitivos de la justicia y políticos corruptos de todo el mundo que residen en el emirato tras haber adquirido allí, sin ningún tipo de traba, carísimas propiedades. Entre ellos hay algunos españoles con cuentas judiciales pendientes. Los documentos obtenidos por el Centro de Estudios Avanzados de Defensa (C4ADS), una organización sin ánimo de lucro que investiga la delincuencia y los conflictos internacionales, que han servido de base para la investigación del consorcio de medios OCCRP, al que pertenece infoLibre, y del periódico financiero noruego E24, han permitido ahora localizar a otro ciudadano español bajo investigación judicial.

El empresario murciano Antonio José Boluda Sánchez puso en 2021 en concurso de acreedores Natural Mining Resources 1926 SL (NMR), una empresa que, tras convertirse en sólo dos años en el mayor operador de carbón del puerto de Gijón, desapareció dejando un reguero de deudas de 190 millones de euros. En estos momentos, Boluda, oculto tras un vasto entramado societario que se extiende de Costa Rica a Dubái y la India, ha acumulado media docena de demandas en juzgados de Madrid y Asturias. Se le acusa de estafa agravada, alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y falsedad en documento mercantil. También se le atribuyen otros dos delitos, relacionados con el propio concurso, de estafa procesal y falsedad en documento mercantil. La Agencia Tributaria le imputa siete delitos contra la Hacienda Pública. Y cinco de sus clientes internacionales –dos empresas marroquíes, dos suizas y una búlgara– han acudido a tribunales de arbitraje en Suiza y Londres para cobrar.

Además, en 2020 y 2021 recibió 6,6 millones de euros públicos, en ocho avales del ICO para paliar los efectos del covid-19, según se puede comprobar en la base nacional de datos de subvenciones.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Pozuelo, que ha acumulado los procedimientos del resto de los juzgados, recibió un informe de la Guardia Civil en la que se detallan las escuchas telefónicas practicadas a Boluda, a David Rodríguez Menéndez, quien figuraba como administrador único de MNR y fue su rostro visible en el tiempo en que operó en El Musel, así como a otros implicados. Los agentes elaboraron 16 oficios policiales entre julio de 2021 y octubre de 2022, de los que se desprende que ambos ocultaron información económica sensible a los auditores y presentaron a los acreedores datos financieros inexactos ya desde el preconcurso. También aseguran que ambos intentaron hacer perdurar las estructuras societarias y mantener el acceso a la financiación bancaria para su lucro personal, no para conseguir la viabilidad de la empresa. “Descapitalizaron” NMR “en su beneficio particular”, recalcan los investigadores en el informe, al que ha tenido acceso infoLibre.

Según los documentos inmobiliarios a los que ha tenido acceso infoLibre, una de las sociedades creadas por Antonio José Boluda, Obsidian Mining & Steel DMCC, consta como propietaria en 2022 de un apartamento de 307 metros cuadrados y tres habitaciones en The Royal Atlantis Resort & Residences, el edificio más vanguardista y lujoso de Dubái. El precio de la operación, firmada en mayo de ese año, fue de 4,5 millones de euros. Pero, dos años después, en los portales inmobiliarios del emirato se ofrecen apartamentos del mismo tamaño en The Royal Atlantis por el doble de esa cantidad.

Obsidian Mining & Steel DMCC fue registrada en abril de 2017 en el Dubai Multi Commodities Center, una de las Zonas Libres del emirato, donde no se pagan impuestos sobre la renta o los beneficios, no hay restricciones de ningún tipo para repatriar capitales y donde se permite a los extranjeros poseer el 100% de las sociedades. Ahora se llama Anchorage International DMCC. Como administrador figura Ahmed Salah Abdelshafy Mohamed Derbala, el mismo que aparece como responsable de Al Daksyd Metallurgies. Esta es una de las múltiples sociedades dubaitíes cuya propiedad atribuye la Guardia Civil a Antonio José Boluda.

En el emirato, Antonio José Boluda tiene o ha tenido registradas al menos media docena de sociedades, según puede comprobarse en los diferentes registros comerciales del emirato. Varias de ellas remiten al supuesto DSA Group suizo con el que NMR se presentó en Asturias para hacerse con las operaciones de carbón en El Musel y después para comprar la fábrica de amortiguadores Vauste: DSA Resources DMCC, DSA Enterprises DMCC y DSA Group DMCC. También figura como administrador de DSA Resources India Private Limited en Nueva Delhi. Según los registros comerciales españoles, DSA Resources DMCC era la propietaria de Graham Automotive SL y Graham Magnesium SL, que fueron utilizadas por Antonio José Boluda para comprar Vauste en noviembre de 2019. Sólo siete meses después de adquirirla, Vauste entró en concurso de acreedores, su plantilla terminó cobrando del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) y entró en liquidación en julio de 2021.

Otras sociedades dubaitíes en las que Boluda figura como administrador son Origin Resources, que aparece con la misma dirección dubaití que Obsidian Mining & Steel, y The Khan Resources FZE.

infoLibre ha preguntado a Antonio José Boluda por el apartamento de Dubái, así como por su residencia fiscal y el estado actual de las demandas legales interpuestas contra él. A través de un correo electrónico enviado desde una cuenta encriptada de Proton Mail, el empresario asegura que “cesó en sus funciones como director de Obsidian Mining & Steel en 2021”, y que se ha “desvinculado” de ella para dedicarse “a otras actividades del sector energético”. Dice que la vivienda nunca ha sido de su propiedad, sino de Obsidian Mining & Steel, de la que indica que es una “empresa con capital y socios emiratíes”.

Sin embargo, en los registros de Cedar Rose, una empresa de inteligencia empresarial especializada en Emiratos Árabes Unidos, Antonio José Boluda figura como administrador de Obsidian Mining & Steel al menos desde enero de 2022, cuatro meses antes de que adquiriera el apartamento en The Royal Atlantis. Desde julio de 2023 aparece también otro administrador, Rawda Hashem Abdulnoor Alajmani. Además, la dirección IP de Anchorage International, el nombre actual de Obsidian, es actualmente la misma que la de otras sociedades como Terranova Commodities, creada en noviembre de 2022 y con dirección en la misma oficina del centro empresarial de La Finca donde Boluda ha domiciliado buena parte de su enorme entramado societario. O como Mercurio Continental Limited, registrada en Londres en enero de 2022 y en la que Antonio José Boluda figura como director y socio mayoritario.

Pero hay otros datos que ligan al empresario murciano con Obsidian Mining & Steel más allá de 2021, cuando dice que cesó como director, y con el apartamento de Dubái. Según los documentos de Dubai Unlocked, el correo electrónico que Obsidian Mining & Steel facilitó en 2022 a una web inmobiliaria del emirato es uno de B26 Group, la marca comercial de NMR. Y la dirección de contacto que aún hoy figura en la página web de B26 Group es la misma del centro empresarial de La Finca donde Boluda tiene domiciliadas buena parte de sus sociedades.

Un indicio más aparece en las conversaciones intervenidas por la Guardia Civil, que se prolongaron hasta octubre de 2022 cuando, a tenor de la respuesta del empresario murciano, ya se había “desvinculado” de Obsidian Mining & Steel. En una grabación de septiembre de ese año, Boluda y el entonces director financiero de NMR, Pedro Hernández Hoffman, hablan de Obsidian como si aún estuviera bajo su control. De hecho, se refieren a una propuesta de David Rodríguez Menéndez para repartirse las empresas: Boluda se queda con DKTK Energy y él con NMR, S & M Explotaciones Mineras y White Clay. Boluda rechaza enérgicamente la oferta y el director financiero habla de “darle DKTK Energy [otra empresa del grupo, propietaria de dos hipotecas sobre terrenos de Vauste] a Obsidian” [...] “pues el dinero de Vauste te lo vas a quedar tú [Boluda]”. “David firmó lo de Obsidian”, afirma Boluda, quien se niega a “regalar NMR” a su exsocio.

La Guardia Civil destaca en su informe que Antonio Boluda llegó a presumir en otra conversación de que tenía “60 millones en Dubái” e incluso de que estaba “en trámites de instaurar otra red de empresas destinada a reintroducir ese capital en España”. Los agentes también ponen en duda la existencia de los “supuestos dubaitíes” cuyas reclamaciones esgrimía una y otra vez el empresario murciano ante sus interlocutores. La Guardia Civil considera “curioso” que los mencione como acreedores cuando el propio Boluda actuaba como representante de la empresa dubaití en otras operaciones.

En las grabaciones realizadas por los agentes, Boluda reconoce que fue precisamente la ampliación de capital de NMR –en realidad, dos en un periodo de sólo seis meses entre 2019 y 2020– de 5,3 a 24,77 millones, lo que alertó a la Agencia Tributaria: la había suscrito otra de sus sociedades dubaitíes, RB Commodities.

Es más, el informe también revela que Boluda y Rodríguez Menéndez utilizaban testaferros. En concreto, la Guardia Civil ve indicios de blanqueo en algunas de las operaciones pergeñadas por ambos, a través de bienes que tenían “titulados en España mediante hombres de paja o directamente en el extranjero”.

La trabajada red societaria urdida por Antonio José Boluda se completa con compañías registradas en Chipre, Reino Unido y Costa Rica. La propiedad y la administración de muchas de ellas las comparte el empresario murciano con su mujer, Bianca de Vlas, e incluso con una de sus hijas, Kelly Boluda de Vlas, quien participó en 2002 en el concurso de talentos Popstars-Todo por un sueño, de Telecinco. Entre las decenas de sociedades que el matrimonio ha ido registrando –y cambiando de nombre a lo largo de los años– la mayoría comparten dos domicilios sociales. Como queda dicho, uno de ellos se ubica en el centro empresarial de La Finca, la lujosa urbanización de Pozuelo de Alarcón (Madrid) donde acostumbran a residir, por ejemplo, los jugadores del Real Madrid, entre otros millonarios.

Pero el currículo de Boluda va más allá del interminable listado de sociedades que ha registrado en España y en otros dos continentes. En 2010, la Audiencia Provincial de Madrid le condenó a él y a su mujer a dos años de cárcel por un delito continuado de estafa agravado por la cuantía, los 3,3 millones de euros que habían robado a Banesto cuatro años antes utilizando otras dos sociedades: Alania Continental Group SL y Megacorp Metal SL. Firmaron con el banco un contrato Banesnet, por el que la entidad adelantaba las cuantías de los recibos emitidos por Alania Continental pese a que no obedecían a ”actividad empresarial alguna”. Por el contrario, dice la sentencia, la intención del matrimonio era “enriquecerse ilícitamente” tras no devolver el importe de los últimos 71 recibos. Boluda y su mujer aceptaron de conformidad la pena solicitada por el fiscal después de reintegrar el dinero al banco.

También falló en su contra la Audiencia Nacional en 2015, cuando dio la razón al Tribunal Económico Administrativo Central y a la Agencia Tributaria, que habían destapado otra operativa ilegal con dos nuevas sociedades, AB Worldwide Corporation SL y Multidynamic Corporation SL. Boluda, dice el tribunal, utilizaba la primera “para vaciar” a la segunda de su responsabilidad patrimonial por las deudas que había contraído. Multidynamic vendió inmuebles a AB Worldwide, por precio inferior al de mercado, para ocultarlos e impedir que fueran embargados por Hacienda. Ambas sociedades eran administradas por Boluda e incluso compartían domicilio social. Esa dirección, así como la propia vivienda de Antonio José Boluda y la de David Rodríguez Menéndez, fueron registradas cuando los dos socios y sus esposas fueron detenidos por la policía años después, en octubre de 2022.

Con estos antecedentes, Natural Mining Resources 1926 SL (NMR) irrumpió en 2018 en Asturias prometiendo millones en inversiones y 3.000 empleos. Sólo un par de años después se había convertido en el mayor operador de carbón del puerto de Gijón. Pese a actuar en un sector tocado de muerte por las cada vez mayores exigencias medioambientales a la industria, en plena fase de descarbonización, NMR presumía en su web de una cifra de negocio de 139,1 millones de euros y 6,1 millones de beneficios en 2019 y de haber ingresado aún más en 2020: 295 millones, que le permitieron ganar nada menos que 46,6 millones de euros durante la pandemia.

Mientras, había comprado una empresa en estado de derribo, Vauste Spain, la fábrica asturiana de amortiguadores y componentes para el automóvil que antes se llamó Tenneco y antes aún Monroe. También había comenzado a explotar dos minas, una de antracita en Pilotuerto, y otra de arcilla en La Espina. La televisión pública asturiana, RTPA, le dedicaba reportajes resaltando sus logros. NMR, fundada sólo unos meses antes de pisar el puerto del Musel, incluso se convirtió en el patrocinador del Real Oviedo en agosto de 2020. Por medio millón de euros, los jugadores carbayones lucieron durante un año las siglas de la empresa en sus camisetas y el estadio pasó a llamarse NMR Carlos Tartiere.

Pero la historia de éxito comenzó a desinflarse enseguida. En junio de 2020, Vauste había entrado en concurso de acreedores y despedido a la mitad de sus trabajadores. Antes de acabar el año, NMR dejó de pagar a su escasa plantilla y a algunos proveedores.

En abril de 2021 NMR solicitó el preconcurso de acreedores y en noviembre, el concurso, con una deuda de 101 millones de euros. La aparición de nuevos acreedores la ha terminado elevando, tres años después, a 190 millones. Una buena parte de esa deuda, 50 millones de euros, son impagos a NMR de otras empresas de Boluda.

Detrás de Natural Mining Resources 1926 SL estaba Antonio José Boluda Sánchez, pero la cara visible de la empresa en Asturias era David Rodríguez Menéndez que, según publicó en su día la prensa local, había pasado de vigilante de seguridad en una mina a primer ejecutivo de la empresa de Boluda. También ha figurado como administrador y socio de un puñado de las sociedades de lo que podría llamarse grupo NMR: NMR Bunkering, NMR Minerals y NMR Maritime Services. Aunque la lista incluye unas cuantas más: NMR White Clay, NMR Energy 1977, NMR Steel & Solid Fuels, NMR Bulk Terminal…

Nacho Fuster, secretario general de Corriente Sindical de Izquierdas (CSI) y miembro del comité de empresa de Vauste, recuerda la visita de David Rodríguez y de Antonio José Boluda cuando el fondo alemán Quantum Partners les vendió la fábrica, en 2019. Antonio José Boluda era quien mandaba. Pidió expresamente reunirse con Fuster y le anunció que iba a ser necesario “reestructurar” la plantilla. En cambio, opina el sindicalista, Rodríguez Menéndez era un “xateru”, como se adjetiva en bable a una persona limitada en cuanto a palabra, forma y modales. “Entonces estaba aprendiendo inglés”, se sonríe Nacho Fuster.

En cualquier caso, el asturiano sigue apareciendo como administrador –y es el socio único desde octubre de 2023– de Natural Mining Resources 1926 SL, la operadora de carbón del Musel, sólo que desde el pasado febrero se llama Special Anthracites SL. Ahora se dedica únicamente a vender el carbón de la mina de Pilotuerto, situada en el concejo asturiano de Tineo. Tiene una página web, íntegramente en inglés, en la que se presenta como la única mina de antracita de Europa y presume sin rubor de etiquetas medioambientales: “Green Today, Sustainable Tomorrow” [Verde hoy, Sostenible mañana]. Ni David Rodríguez ni los responsables de la empresa han atendido a la solicitud de contacto de infoLibre.

La mina de Pilotuerto era explotada por otra sociedad de Boluda, S& M Explotaciones Mineras, que también solicitó el concurso de acreedores, en julio de 2022. Su único socio es Río Blanco Limited, domiciliada en Chipre. La Guardia Civil también la vincula con el murciano a través de la dubaití RB Commodities. El propietario de la mina era el conocido empresario leonés Victorino Alonso, que se la arrendó a NMR y pasó a engrosar la lista de acreedores del concurso con una deuda de 820.000 euros porque no se le abonaba el alquiler. Special Anthracites SL la explota ahora en calidad de propietario.

La ristra de impagos de NMR es larguísima. A Hacienda por el impuesto de sociedades, a la Autoridad Portuaria de Gijón, a las empresas estibadoras del puerto, incluso al Real Oviedo, que no recibió el medio millón comprometido por el patrocinio. Endesa Generación la demandó en 2021 por una venta de carbón excedente de sus centrales térmicas, en proceso de cierre. La empresa de Boluda no pagó la mercancía y la eléctrica lo acusó de estafa. La Fiscalía llegó a pedir cinco años de cárcel para los responsables de la empresa del Musel. Un portavoz de Endesa explica a infoLibre que el procedimiento fue archivado en 2023 porque el juez no consideró acreditada la falsedad documental y la estafa. Pero la compañía energética sigue personada en el concurso de acreedores.

En teoría, NMR había dado con una fórmula aparentemente lucrativa: importaba carbón ruso o kajazo, por ejemplo, que luego mezclaba con otro que se extraía de minas asturianas y con el excedente de las centrales térmicas que se estaban cerrando. Luego lo exportaba a centrales térmicas de Marruecos. Pero la mezcla de carbón de buena calidad con residuos de lavadero, que tienen más cenizas y menos poder calorífico, es más barata y sólo resulta rentable si la bajada de precio se compensa con un aumento del volumen de venta, explica a infoLibre el profesor de la Universidad de León José Camino Llerandi.

El resultado quedó lejos de ser el esperado. Dos empresas marroquíes, Safi Energy Company (Safiec) y la compañía pública de electricidad y agua ONEE no recibieron los cargamentos de carbón contratados con NMR y reclamaron indemnizaciones de 49,8 y 18 millones de euros, respectivamente. Tanto ellas como las empresas suizas MIR Trade AG y Telf AG, dos comercializadoras internacionales de materias primas, las que traían el carbón de Rusia y Kazajstán, tuvieron que acudir al Centro Suizo de Arbitraje y a la Corte Internacional de Arbitraje de Londres para reclamar indemnizaciones a NMR por incumplimiento de contrato. Todos los laudos han sido favorables a las empresas suizas y marroquíes, y reconocidos por el juzgado español donde se dirimen las causas contra la empresa de Boluda.

El comercializador de carbón suizo Kaproben y el búlgaro Stone Sales CZ Ltd también presentaron en 2021 demandas contra NMR en sendos juzgados de Pozuelo de Alarcón: la primera por apropiación indebida y la segunda por estafa. Telf AG, que ya en su día llevó a NMR a los tribunales, acaba de interponer otra demanda contra la empresa pública EBHI (European Bulk Handling Installation), que gestiona la terminal de descarga de graneles del puerto de Gijón, y contra la consignataria Marítima del Principado. Telf AG intenta así recuperar las 160.000 toneladas de carbón –10 millones de euros– que vendió a NMR, pero que está nunca pagó y que desaparecieron de El Musel mientras supuestamente estaban en depósito de EBHI. La compañía suiza acusa a la sociedad pública de apropiación indebida y estafa, según adelantó el periódico Público. En concreto, responsabiliza a su directora general y al director de operaciones de EBHI.

Para los trabajadores de Vauste, la justicia no ha llegado a tiempo. El concurso de acreedores fue declarado culpable en octubre de 2023, cuando la empresa llevaba liquidada más de dos años. El pasado septiembre, un juzgado de lo Mercantil de Gijón adjudicó a un supermercado mayorista las parcelas donde se levanta la antigua fábrica de amortiguadores. Supercash ofreció 3,6 millones de euros por los 10.900 metros cuadrados de terreno. Las fincas estaban hipotecadas a favor de otra de las sociedades de Boluda y su esposa, NMR 1977 –luego DKTK Energy–, que había concedido a Vauste un préstamo de 2,25 millones de euros. Es decir, el empresario era al mismo tiempo prestamista y prestatario.

A día de hoy, el Juzgado de lo Mercantil número 8 de Madrid sigue tramitando el concurso de acreedores de NMR como voluntario. La propuesta inicial de convenio fue rechazada por el juez, que está a la espera de que la Audiencia Provincial de Madrid resuelva el recurso contra esa decisión presentada por NMR, según indica a infoLibre el administrador concursal, AC Ius Aequitas Administradores Concursales.

De Antonio José Boluda ya no queda apenas rastro en Gijón. Aunque Nacho Fuster aún recuerda las protestas de los vecinos por el ruido del helicóptero negro que solían utilizar tanto Boluda como David Rodríguez y que hacían aterrizar cerca de El Musel. O los enormes rusos que una vez le flanquearon la entrada en la caseta de obras que luego se convertiría en 336 metros cuadrados de oficinas, cuya propiedad ha revertido a la Autoridad Portuaria.

El Juzgado Penal 25 de Barcelona ha condenado a la extenista Arantxa Sánchez Vicario a dos años de prisión -que no cumplirá a condición de no reincidir- y a su exmarido Josep Santacana a tres años y tres meses de cárcel por un delito de alzamiento de bienes al ocultar su patrimonio para evitar pagar al Banco de Luxemburgo una deuda de 7,5 millones de euros.

La sentencia, consultada por Europa Press este miércoles, también condena a otros tres acusados a un año y tres meses de prisión por el mismo delito y condena a la extenista y a su exmarido a pagar una indemnización conjunta de 6.620.127,60 euros al Banco de Luxemburgo.

El escrito también acuerda la suspensión de la pena impuesta a Sánchez Vicario y a otro de los condenados durante un periodo de dos años a condición de que no vuelvan a delinquir.

A la vista de las pruebas del juicio la magistrada ha constatado que Sánchez Vicario "disponía y dispuso en todo momento de patrimonio suficiente para hacer frente a la deuda y que, mediante actos de venta y de sustracción a las acciones de embargo, impidió el cobro de la deuda".

También recuerda que la extenista reconoció su participación en los hechos, a la vez que achacó a Santacana la gestión de su patrimonio y afirmó que "ella no tenía ningún conocimiento relativo a la gestión de bienes, y que siempre lo ha confiado a terceras personas, primero a sus padres, y a partir de su matrimonio, y concretamente desde que en noviembre de 2009 se hizo con el control del patrimonio, a su marido".

La magistrada ve acreditado que Santacana gestionó el patrimonio de Sánchez Vicario "y que ideó y llevó a cabo las operaciones de despatrimonialización que comportaron la imposibilidad de pagar la deuda".

Para la jueza, es "absolutamente creíble" que Sánchez Vicario no tuviera conocimiento de gestión patrimonial ni interés en ello, por lo que cedía la gestión de su patrimonio a terceras personas, mientras que Santacana sí tenía conocimiento al haber trabajado en el sector inmobiliario.

El abogado de Satacana, Juan Segarra, ha avisado una vez conocida la sentencia de que la recurrirá, porque a su parecer "no refleja lo que se vio en el juicio".

En declaraciones a los periodistas tras recoger la sentencia en la Ciutat de la Justicia, ha calificado la resolución como "una mera transcripción de los escritos de acusación" y ha afeado a la jueza haber dado credibilidad a la versión de Sánchez Vicario.

Por su parte, el abogado de la extenista, Borja Vives, ha dicho que están satisfechos porque se ha "respetado" su pacto con las acusaciones y se ha suspendido el ingreso en prisión desde este mismo miércoles.

"Como no podía ser de otro modo, el juicio ha sido una fiel imagen de la realidad acaecida y la sentencia ha recogido que el señor Santacana ideó, gestionó y llevó a cabo estos actos de despatrimonialización", ha añadido Vives tras notificársele el fallo.

La Fiscalía ha rebajado su petición de condena a la extenista Arantxa Sánchez Vicario a dos años de prisión (inicialmente reclamaba cuatro) y ha mantenido la petición de cuatro años de cárcel para su exmarido Josep Santacana, informa Europa Press

Lo ha expuesto la fiscal este viernes en el trámite de conclusiones finales del juicio que sigue en el Juzgado Penal 25 de Barcelona, en el que Sánchez Vicario y Santacana están acusados de presunto alzamiento de bienes por ocultar supuestamente patrimonio para evitar pagar una deuda de 7,5 millones de euros al Banco de Luxemburgo.

La fiscal ha valorado que debe añadirse una atenuante de confesión para Sánchez Vicario y también la atenuante de reparación del daño, porque ha devuelto parte de la deuda antes del juicio.

La extenista Arantxa Sánchez Vicario y su exmarido Josep Santacana serán juzgados desde el próximo martes hasta el viernes en el Juzgado Penal 25 de Barcelona por un presunto delito de alzamiento de bienes, según Europa Press.

En el escrito de Fiscalía, consultado por Europa Press este jueves, se pide condenar a la extenista y a su exmarido a cuatro años de prisión por un presunto delito de alzamiento de bienes al supuestamente ocultar su patrimonio a través de un testaferro para evitar pagar al Banco de Luxemburgo una deuda de 7,5 millones de euros.

El fiscal detalla que la tenista actuó "bajo las consignas de su marido" una vez se le notificó la reclamación de la deuda en julio de 2010.

Asegura que la entidad bancaria adelantó a un banco español el dinero que la tenista tenía que abonar como garante de una deuda con Hacienda, y por eso después el Banco de Luxemburgo le reclamó pagar la cantidad que había abonado.

El fiscal sostiene que ambos "idearon un plan consistente en descapitalizar su numeroso patrimonio, frustrando de este modo el cobro de dicha cantidad", por el que vaciaron sus cuentas corrientes.

Hicieron "desaparecer" el dinero que Sánchez Vicario había cobrado en créditos y por reportajes en medios de comunicación, y el fiscal expone que la tenista era propietaria y beneficiaria de al menos cinco empresas y titulares de varios bienes inmuebles que, después de notificársele la deuda con Hacienda, pasaron a estar a nombre de una sociedad uruguaya.

Así, "realizaron numerosas operaciones de venta con el fin de obtener dinero y ocultarlo para frustrar el cobro" de la deuda, y la Fiscalía acusa como cooperadores necesarios a quienes supuestamente hicieron de testaferro quedando como único titular de las empresas de la tenista, además de al jefe y al responsable de la gestoría que hizo las operaciones de estas empresas.

Por todo, la Fiscalía solicita condenarles por un presunto delito de alzamiento de bienes o insolvencia punible: reclama cuatro años de cárcel y 8.640 euros de multa para Sánchez Vicario y Santacana, además de 6,1 millones en responsabilidad civil; y tres años y medio de prisión y multa de 7.560 euros para los cómplices.

Avalmadrid vivió entre 2016 y 2021 unos años turbulentos. La sociedad de garantía recíproca madrileña pasó de ser una empresa dedicada a un trabajo muy técnico y poco conocido, proporcionar avales a pymes y autónomos para que los bancos les prestasen dinero, a situarse en el centro de una tormenta de escándalos que abrió el Banco de España, con un expediente sancionador por incumplir el control de riesgos, y culminó cuando se supo que había perdonado una deuda a los padres de Isabel Díaz Ayuso, tal y como reveló infoLibre [Aquí puede leer las informaciones exclusivas publicadas].

En 2020, el Banco de España sancionó a Avalmadrid y a una quincena de sus consejeros y altos ejecutivos con multas que sumaron más de medio millón de euros por infracciones graves, algunas de ellas aún en fase de recurso. Mientras, la Asamblea de Madrid abría una comisión de investigación sobre las irregularidades y el trato de favor en los préstamos y avales que había concedido la sociedad de garantías entre 2007 y 2018.

Tras un año de comparecencias, la comisión concluyó que Avalmadrid había dado “un trato personalizado y preferente” a la empresa de los padres de la presidenta madrileña y que había llevado a cabo “una gestión negligente en el seguimiento y recobro” del aval de 400.000 euros que le otorgó. También estableció que la sociedad había sido utilizada como “una herramienta de salvamento y socorro de empresas y empresarios vinculados con el Partido Popular, “saltándose a tal efecto las normas internas, los requerimientos del Banco de España y una mínima conducta ética”.

A resultas de tanta agitación, desde 2018 Avalmadrid ha tenido cuatro presidentes y cuatro directores generales.

Pero la falta de diligencia se extendía más allá de la operativa financiera. También afectó a asuntos elementales como la protección de datos. Según la información a la que ha tenido acceso infoLibre, Avalmadrid proporcionó a uno de sus directores generales, Jorge Morán Santor, para fines particulares, la base de datos de sus clientes, con registros de 3.564 pymes y autónomos a los que había concedido avales entre 2008 y 2015, así como la base SABI, que tiene contratada con la empresa Informa para uso interno. Lo hizo en dos ocasiones, en 2017 y en 2019, para que elaborara su tesis doctoral. Además, Morán Santor facilitó los datos a un profesor de la UNED, con quien firmó un artículo en una revista de economía, y a algunos de sus alumnos en Cunef –una institución universitaria de la patronal de banca que depende de la Complutense y donde imparte clases– para que redactaran dos Trabajos de Fin de Máster (TFM). Cuando Morán Santor solicitó por primera vez acceso a ambas bases de datos aún era director general de Avalmadrid; cuando repitió la petición, llevaba fuera de la sociedad poco más de un año.

La base SABI es un software con información de más de 2,9 millones de empresas españolas y 900.000 portuguesas que permite hacer análisis financieros, según describe Informa en su página web. En el caso de la base contratada por Avalmadrid, contenía 161.000 registros de empresas y autónomos de la Comunidad de Madrid. El objeto de la cesión al director general era cruzar la base de datos de clientes de Avalmadrid con la base SABI.

Entre la primera operación y la segunda, en diciembre de 2018, se aprobó la Ley Orgánica de Protección de Datos, que incorporó al ordenamiento español el Reglamento de la UE de 2016 sobre la misma materia. Hasta entonces se aplicaba la ley de 1999, con un régimen muy similar de protección. Las dos diferencias básicas: en 2018 se eliminó el consentimiento tácito de los usuarios, que permitía el tratamiento de datos personales si no mediaba una autorización expresa, y se incorporó a los autónomos al ámbito de protección de la ley.

De acuerdo con el contenido de los correos a los que ha tenido acceso infoLibre, la información facilitada sobre los clientes de Avalmadrid incluía datos financieros, desde el importe del aval solicitado y el finalmente concedido hasta las cuotas pagadas, los fallidos, su periodo medio de pago a proveedores, el circulante, la plantilla o su deuda, entre otros. Y datos personales como el NIF o la fecha de nacimiento en el caso de los autónomos. Los Excel con toda esa información fueron suministrados por correo electrónico en varias ocasiones y con correcciones sucesivas según las iba pidiendo Jorge Morán. El 16 de enero de 2017 recibió un Excel con miles de registros, desglosados entre pymes y autónomos. Ninguno de ellos estaba anonimizado o seudonimizado, las dos técnicas que pudieron haberse utilizado para ocultar la identidad de los clientes de Avalmadrid. Con la primera, se elimina de forma irreversible la identificación del propietario del dato. Con la segunda, se sustituye su identidad por un alias o un seudónimo y es un proceso reversible.

Además, los datos de SABI fueron proporcionados al director general con una justificación falsa. Para analizarlos y elaborar un artículo que debía servir, a su vez, para sustentar la tesis doctoral de Jorge Morán, éste contrató a Rodrigo Martín García, un profesor de Economía de la UNED, donde el director general iba a presentar su trabajo de investigación. “Le he pasado la base de datos que tú me has generado y él tiene dudas que necesita ver contigo”, le dice Morán Santor al responsable de informática de Avalmadrid cuando pone a ambos en contacto el 22 de marzo de 2017. Un mes más tarde, el 27 de abril, el informático advierte a Morán y Martín de que la exportación que le permite hacer Informa de la base SABI es “limitada”. “Me han dicho que como algo excepcional pueden autorizarnos un usuario que permitiría realizar la extracción completa si justificamos el motivo de la extracción, les decimos exactamente qué campos queremos y nos comprometemos a no utilizar esos datos más que para uso interno”, les explica. “Os agradecería”, añade, “que me ayudarais con la justificación”.

Rodrigo Martín le responde asegurando que BvD –Bureau van Dijk, la matriz belga de Informa– “no funciona nada bien” e incluso “falta a la verdad cuando hace la labor comercial”. “Una vez que contrata, limita el acceso a los datos y cada vez utiliza una justificación o un requisito distinto. En realidad, no deberían pedir más compromiso que el de la no utilización comercial por nuestra parte de los datos”. “Pienso que se les puede justificar diciendo que es para un estudio acerca del impacto de la actividad de la entidad, que es exactamente lo que es”, sugiere, y pregunta al director general: “Jorge, ¿te parece bien?”. A continuación, este le pide al responsable de informática que se ponga en contacto con Informa. “Y si te ponen pegas, me vienes a ver para que veamos otras opciones”, concluye.

En efecto, el paper que publicaron Rodrigo Martín y Jorge Morán en junio de 2019 versa sobre los efectos que los avales públicos concedidos por Avalmadrid tuvieron sobre las inversiones y la actividad de las pymes en 2009 y 2011, cuando las restricciones al crédito por culpa de la crisis financiera eran máximas, y durante la fase de recuperación, entre 2012 y 2015. Los autores concluyen que esas garantías públicas funcionaron como un instrumento contracíclico –contrarrestaron los efectos negativos de la crisis–. Aunque el objeto de estudio era Avalmadrid, el artículo no fue encargado o pagado por la sociedad de garantías; su fin era únicamente servir como apoyo a la tesis doctoral del director general. Es decir, el uso que Martín y Morán dieron a la base SABI estaba lejos de ser “interno”.

infoLibre ha preguntado a Informa por esta cesión de los datos que había contratado con Avalmadrid y de la que niega “tener constancia”. “No hay registrada ninguna incidencia al respecto”, asegura un portavoz de la empresa. No obstante, según ha podido comprobar este periódico, en el contrato de licencia de uso de SABI que Informa suscribe con sus clientes, éstos se obligan a “no efectuar trabajos [con la base de datos], cualquiera que fuese la razón, en beneficio de terceros”, puesto que la información está “exclusivamente destinada al uso interno del cliente y por necesidades propias”. Tampoco pueden “utilizar, directa o indirectamente, la información contenida en SABI Informa para la prestación de servicios a terceros o en beneficio de alguna persona o entidad”. Ni pueden “borrar, modificar, desmontar, descompilar, traducir o crear trabajos derivados de SABI Informa sin el consentimiento por escrito de Informa”. Finalmente, como la base de datos incluye información confidencial, los clientes que la contratan “se comprometen a no divulgarla a ninguna persona física o jurídica ajena al objeto del contrato”.

Por tanto, Avalmadrid no sólo mintió a Informa sobre el destino de la extracción de datos, sino que además incumplió el contrato con el suministrador, tratando los datos, algunos de ellos confidenciales, y cediéndoselos a un tercero para un trabajo externo.

El 20 de octubre de 2020, Jorge Morán compareció en la comisión de investigación sobre Avalmadrid. El diputado de Más Madrid Eduardo Gutiérrez le preguntó quién le había autorizado a disponer de los datos de los clientes de la sociedad de garantías o si ese permiso se lo había “concedido a sí mismo”. El ex director general contestó que le había autorizado “la sociedad”, pero no precisó qué persona o cargo concreto. “No le puedo facilitar esa información”, repitió.

infoLibre también ha preguntado a Jorge Morán por los detalles de la cesión de las dos bases de datos. “Tanto para los TFM como para la tesis, incluyendo los estudios de investigación obligatorios o papers, fui autorizado por Avalmadrid con anterioridad a recibir la información, firmando un acuerdo de confidencialidad exclusivo y restrictivo relativo tanto al ámbito académico como de investigación”, explica. Avalmadrid, por su parte, se limita a responder que “todo [respecto a la cesión de las bases de datos] se hizo correctamente, está controlado y claro. No hay ninguna irregularidad de ningún empleado”. Este periódico ha pedido a la sociedad de garantías los acuerdos de confidencialidad mencionados por su ex director general, pero esta se ha negado a mostrarlos o a dar detalles sobre la fecha, la finalidad o los requisitos de esos documentos. “No podemos facilitar información interna”, sostienen.

Jorge Morán subraya que la información fue tratada “siempre en el contexto y bajo las exigencias de la autorización y el acuerdo de confidencialidad” que firmaron todos los que dispusieron de ella. Además, precisa que no recibió “remuneración o contraprestación alguna” por la “tutorización y supervisión de los TFM” de sus alumnos: Creación de un modelo de predicción de default para microempresas y emprendedores y Creación de valor a través de la gestión del riesgo: aproximación a un modelo de scoring. “Tanto los TFM como el paper publicados garantizan en todos sus extremos el cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos”, zanja.

La tesis doctoral, que fue admitida en el programa de doctorado de la UNED en septiembre de 2014, también estudia la gestión de riesgos, pero en el sistema financiero español. Pese al tiempo transcurrido, Jorge Morán no la ha terminado. Abandonó Avalmadrid en febrero de 2018 y fichó por Aliseda, la gestora inmobiliaria del Banco Santander, como director corporativo de negocio. En abril del año pasado comenzó en Diglo Servicer, también del Santander, como director de formación y procesos de negocio, y de donde salió hace apenas un mes. En Cunef lleva dando clases 13 años. Morán Cantor es uno de los directivos de Avalmadrid que fueron sancionados en 2020 por el Banco de España. Tuvo que pagar una multa de 15.000 euros por una infración grave: incumplir los requirimientos del organismo supervisor en materia de control interno, de concentración y seguimiento del riesgo.

En abril de 2019, cuando ya trabajaba en Aliseda, pidió a su antigua empresa, Avalmadrid, que le actualizara los datos proporcionados dos años antes. Lo hizo a través del director financiero, Fernando de la Fuente, que es quien se encarga de solicitar la extracción de datos al departamento de informática. Pero en esta ocasión, a diferencia de la anterior, sí se le hizo firmar un acuerdo de confidencialidad, o al menos un recibí de los datos de clientes avalados y de la base SABI entre 2016 y diciembre de 2018. En el documento, al que ha tenido acceso infoLibre, se precisa que la información sólo podrá ser utilizada “con carácter exclusivo” en la investigación de Jorge Morán “en el contexto del doctorado en Economía y Empresa” que cursaba en la UNED. Además, el ex director general se comprometía a entregar a Avalmadrid el resultado de dicha investigación. El recibí está fechado el 9 de abril, pero el acuerdo de confidencialidad aún no está listo un mes después, según el contenido de los correos a los que ha tenido acceso este periódico. Por entonces, la asesora jurídica de Avalmadrid consulta aún con el delegado de protección de datos si pueden cederle los datos a Jorge Morán para su tesis. Este le replica que deben ser seudonimizados. El informático dice que les ha quitado el CIF y el nombre a los autónomos. “Supongo que la fecha de nacimiento sin un nombre o DNI que lo relacione no sería problema”, responde. Tampoco se elimina la fecha de constitución de las empresas.

Entonces también se envía el acuerdo de confidencialidad/recibí a la presidenta de Avalmadrid, Rosario Rey García, para que lo firme. Rey García abandonó la sociedad en agosto de 2019. Desde octubre de ese año figura como socia directora de Control Management Solutions, una consultora financiera especializada en “estrategia, riesgos y gobierno corporativo” de la que es administrador único Jorge Morán. Al menos así aparece en su perfil de Linkedin. Sin embargo, Morán Santor asegura que la sociedad no tiene actividad y que sus únicos accionistas son él y su mujer. También dice que Rosario Rey incluyó esa referencia en Linkedin por "posicionamiento", pero que no ha hecho ningún trabajo en Control Management Solutions. Cuando se le pregunta si fue ella, como presidenta de Avalmadrid, quien le autorizó la cesión de las bases de datos, responde que no lo recuerda, pero que, en todo caso, la decisión correspondía a la Asesoría Jurídica. A través de esa sociedad, Morán Santor pagó en 2017 al profesor Rodrigo Martín 500 euros por su trabajo en el paper para el que ambos utilizaron los datos de Avalmadrid y SABI.

El 16 de mayo de 2019 el asunto aún seguía pendiente. Ese día interviene por primera vez Pedro Embid, el sucesor de Jorge Morán en la dirección general, quien pide a Fernando de la Fuente “la carta o email” donde el anterior solicitaba las bases de datos. El director financiero le contesta que la petición la hizo Morán Santor por Whatsapp. El 22 de mayo, Embid avisa a la asesora jurídica de que uno de los archivos que se van a proporcionar a Jorge Morán “no está innominado”. El día siguiente, el director general autoriza finalmente la cesión de las dos bases de datos “circunscribiéndola al trabajo académico (doctorado)”. Y, una hora más tarde, De la Fuente remite a Jorge Morán un enlace para que descargue la información.

Sin embargo, una semana después, la asesora jurídica tiene que hacer una nueva consulta, que esta vez hace extensiva a un experto de PB-Cap Consultores, especializados en compliance. Le dice que Jorge Morán pide que se le pasen los datos de los autónomos con el CIF y el DNI, tanto de la base de Avalmadrid como de SABI “para poder cruzarlas”. Unos datos que se habían suprimido. El experto descarta el cambio, “salvo que en los documentos que os firman vuestros clientes esté incluida la finalidad de la cesión de los datos”. “Sería una contravención del artículo 6 del Reglamento General de Protección de Datos”, le advierte también el delegado de protección de datos, “a menos que en el consentimiento prestado [por los clientes] constara específicamente la autorización para ese fin, o se pudiera considerar que existe un interés público o legítimo que prevalece sobre el derecho a la privacidad del interesado”.

Y no es así. La asesora jurídica explica al director general, Pedro Embid, que no hay ningún “consentimiento expreso de los clientes para ceder sus datos con una finalidad académica” en las pólizas de afianzamiento que estos firman. Y que no se les puede pedir ahora a todos y cada uno de ellos esa autorización. De forma que, finalmente, es el informático de Avalmadrid quien cruza las dos bases de datos y así se las entregan a Jorge Morán el 31 de mayo de 2019, aún con las fechas de nacimiento de los autónomos y las fechas de constitución de las empresas.

Jorge Morán asegura a infoLibre que, como ha decidido abandonar la tesis, ha destruido los datos que le fueron proporcionados por su antigua empresa.

El director financiero de Avalmadrid, Fernando de la Fuente, también compareció el 20 de octubre de 2020 en la comisión de investigación sobre Avalmadrid. Como a Jorge Morán, el diputado de Más Madrid Eduardo Gutiérrez le preguntó si había “autorizado la cesión de datos personales y confidenciales de clientes de Avalmadrid a alguna tercera persona que no formaba parte de Avalmadrid”. “Nunca”, respondió De la Fuente. Mentir en una comisión parlamentaria está penado con entre seis meses y un año de prisión, le recordó el diputado.

[Con posterioridad a la publicación de esta información, Avalmadrid se ha dirigido a infoLibre para precisar que el director financiero “no mintió en su comparecencia del día 20 de octubre 2020 en la comisión de investigación, cuando a la pregunta del diputado de Más Madrid Eduardo Gutiérrez sobre si había 'autorizado la cesión de datos personales y confidenciales de clientes de Avalmadrid a alguna tercera persona que no formaba parte de Avalmadrid', respondió que 'nunca', dado que él no autorizó, sino que siguió indicaciones de su superior”].

infoLibre ha consultado a expertos en protección de datos sobre la actuación de Avalmadrid en este caso. El tratamiento de datos, incluidos los “corporativamente relevantes”, debe ser siempre notificado a los clientes. Incluso cruzar los datos, como hizo Avalmadrid, es una forma de tratarlos, explican: “Una empresa no puede disponer de los datos de sus clientes como si fuera su propietaria; lo fundamental es la transparencia, por lo que debe notificarles que los ha cedido o los ha tratado de cualquier manera”. Pero la sociedad de garantías madrileña no comunicó en ningún momento a sus clientes que había proporcionado sus datos a un tercero y que antes los había tratado. La Ley de Protección de Datos de 1999, que estaba vigente en 2017 cuando se hizo la primera cesión, ya establecía que el tratamiento por cuenta de terceros de esa información debe estar regulada en un contrato escrito. Y si ese tercero destina los datos a otra finalidad, los comunica o los utiliza incumpliendo las estipulaciones del contrato, comete una infracción.

Además, las empresas deben asegurarse de que han seguido todos los protocolos éticos “sin generar riesgos”. Porque la anonimización o seudonimización debe ser “robusta y confiable”. Y no siempre es así. Desde 2014 existe un código de buenas prácticas, elaborado por un grupo de trabajo de la Unión Europea, para reducir los riesgos de identificación que se producen al anonimizar y seudonimizar datos confidenciales. Por ejemplo, dejar la fecha de nacimiento, como hizo Avalmadrid, y reemplazar un nombre real por un seudónimo puede ser insuficiente para proteger la identidad de la persona que se pretende anonimizar. “La solución óptima debe adoptarse caso por caso”, recomienda ese dictamen.

Por otra parte, el Reglamento de la UE de 2016 restringe el tratamiento de datos personales con fines distintos de aquellos para los que hayan sido recogidos. Ese tratamiento debe tener en cuenta, entre otras cosas, “las expectativas razonables del interesado”, así como “la naturaleza de los datos personales, las consecuencias para los interesados del tratamiento ulterior y la existencia de garantías adecuadas tanto en la operación de tratamiento original como en la operación de tratamiento ulterior prevista”.

La norma comunitaria, que exige siempre un “tratamiento leal y transparente” de los datos, amplía las cautelas si una empresa pretende tratarlos para un fin que no sea aquel para el que los recogió: debe proporcionar al interesado, “antes de dicho tratamiento ulterior, información sobre ese otro fin y otra información necesaria”. Y esa información debe darse “en el momento en que se obtengan” los datos y antes de que se sometan a ese segundo tratamiento. Como queda dicho más arriba, la asesora jurídica de Avalmadrid reconoció que a sus clientes, en las pólizas, no se les había pedido autorización para un fin como el que dio a sus datos el director general. Tampoco se les informó cuando se cruzaron y cedieron a un tercero.

El reglamento es claro: el consentimiento del propietario de esa información, que debe darse “mediante un acto afirmativo claro que refleje una manifestación de voluntad libre, específica, informada, e inequívoca del interesado de aceptar el tratamiento de datos de carácter personal”, debe cubrir todas las actividades de tratamiento cuando este tenga varios fines.

En definitiva, todas estas cautelas les fueron hurtadas a los clientes de Avalmadrid cuando cedieron sus datos.

Eva Piera, que presidió Avalmadrid entre diciembre de 2006 y septiembre de 2008 y fue vocal de su consejo de administración hasta 2011, además de ejercer como viceconsejera de Economía del Gobierno de Esperanza Aguirre hasta 2012, aseguró entonces a los diputados que, en su paso por Avalmadrid, nunca tuvo conocimiento de operaciones concretas. Pero los correos publicados por este periódico muestran lo contrario: que pidió datos sobre un buen número de operaciones específicas.

Por su parte, Juan Manuel Santos-Suárez declaró que desconocía cualquier dato sobre el aval que Avalmadrid concedió a MC Infortécnica SL, la empresa de la que eran socios los padres de la actual presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, porque no asistía a las reuniones del Comité de Morosidad –la compañía no devolvió los 400.000 euros de la operación, que fue clasificada como fallida–. Sin embargo, este periódico ha publicado el acta de una de esas reuniones firmada de su puño y letra.

En su artículo 502, el Código Penal castiga “con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses” a quien, convocado ante una comisión parlamentaria de investigación, “faltare a la verdad en su testimonio”.

La semana pasada, tanto PSOE como Más Madrid y Unidas Podemos presentaron escritos en la Mesa de la Asamblea donde solicitaban la nueva comparecencia de Piera y Santos-Suárez. En la reunión de este órgano parlamentario Ciudadanos –socio de gobierno del PP en la Comunidad de Madrid– y Vox –que apoyó la investidura de Isabel Díaz Ayuso– respaldaron el regreso de los dos expresidentes de Avalmadrid para que den explicaciones. Sólo el PP se opuso.

Además, los diputados han acordado quiénes completarán la lista de comparecientes en las dos sesiones que la comisión celebrará este mes de marzo. El viernes 13 intervendrá también Carlos Ramos, que era el director de Relaciones Institucionales de Avalmadrid en la época en que le fue concedido el aval a MC Infortécnica SL, la empresa de la que eran socios los padres de la actual presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Correos con Eva Piera y Díaz Ayuso

Como ha publicado infoLibre, Carlos Ramos fue la persona a la que Eva Piera remitió a Díaz Ayuso en julio de 2011 cuando ésta le pidió un contacto en Avalmadrid, cuatro meses después de que la sociedad de garantías le hubiera concedido el aval a la empresa de sus padres. A continuación, Díaz Ayuso envió a Carlos Ramos un correo en el que le proporcionaba los datos de MC Infortécnica SL y le contaba que su familia “no quiere más que estar tranquila, jubilarse y tener una casa donde vivir y llevar la enfermedad” de su padre. “Es todo muy difícil”, concluía. En septiembre de ese año, la entonces diputada le pidió al director de Relaciones Institucionales de Avalmadrid datos confidenciales sobre las empresas de los socios de sus padres –actividad comercial, facturación y clientes–, porque temía que los primeros estuvieran vaciando la empresa para montar otras dedicadas al mismo negocio, el suministro de equipos médicos.

Cuando dos días después de que Piera le facilitara a Carlos Ramos el teléfono de Isabel Díaz Ayuso, éste le pidió a una empleada de Avalmadrid que mirara si la empresa sus socios estaban en un fichero de morosos, escribió como asunto del correo “Datos de MC Infortécnica (Presidencia Comunidad Madrid)”. Ese mismo mes Díaz Ayuso, que hasta entonces trabajaba para Esperanza Aguirre en la presidencia madrileña, pasó a ocupar un escaño en la Asamblea de Madrid junto a Eva Piera.

Carlos Ramos, además de responsable de Relaciones Institucionales de Avalmadrid, era el “principal apoyo” de su entonces presidente, Juan Manuel Santos-Suárez, según reconoció él mismo en su primera comparecencia en la comisión.

Quien estaba en el “día a día” de Avalmadriden el “día a día” de Avalmadrid

También declarará ante los diputados el viernes 13 Juan Luis Fernández-Rubíes, que ejerció como consejero delegado y director general de Avalmadrid entre 2004 y 2016. Fue Fernández-Rubíes el consejero delegado que aprobó el aval de 400.000 euros a MC Infortécnica SL. Según explicó en su primera comparecencia en la comisión el entonces presidente de la sociedad de garantías, Juan Manuel Santos Suárez, no era él, más bien dedicado a las “labores institucionales”, sino Fernández-Rubíes quien estaba en el “día a día” de la sociedad. “Quien de verdad estaba en el Comité de Morosidad era el consejero delegado”, apuntó. De hecho, también dejó claro que cuando él llegó a Avalmadrid, Fernández-Rubíes ya “había montado su equipo directivo”, a cuyo frente lo encontró cuando fue nombrado para el cargo.

Su nombre también aparece entre los directivos que fueron denunciados por la propia sociedad de garantías ante la Fiscalía en abril de 2019, por su presunta implicación en la concesión de avales a empresas vinculadas con consejeros concesión de avales a empresas vinculadas con consejerosde Avalmadrid: Viajes Marsans, grupo Cantoblanco, Casbar y The Tie Gallery. Estas irregularidades fueron desveladas por una inspección del Banco de España, que puso 167 operaciones en el punto de mira y que terminó en un expediente sancionador. El organismo supervisor pide sanciones de 667.000 euros a una quincena de consejeros y directivos de Avalmadrid.

Además, deberá dar cuenta de sus relaciones con Cobralia, la empresa con la que Avalmadrid subcontrató el recobro de los avales morosos. Un informe encargado por la propia sociedad a la consultora PwC destapó una posible duplicidad de pagos a Cobralia y su presidente, Fernando Cañellas de Colmenares.

Finalmente, el día 17 de este mes deberán comparecer en la comisión de investigación Jorge Morán, director general de Avalmadrid entre junio de 2016 y julio de 2019, e Isabel Cruz Oruezabala, que lleva en la sociedad de garantías desde 2006 y trabaja en su departamento jurídico desde 2012.

La Mesa de la Asamblea de Madrid ha aprobado este lunes, con el único voto en contra de los dos diputados del PP, que comparezcan de nuevo los expresidentes de Avalmadrid Eva Piera y Juan Manuel Santos-Suárez en la comisión que investiga las supuestas irregularidades descubiertas en la sociedad de garantías. La fecha en que ambos deberán volver a intervenir ante los diputados regionales la decidirá la propia comisión de investigación cuando se reúna a comienzos de la próxima semana para determinar quiénes serán los comparecientes del mes de marzo.

Entonces deberán aclarar si mintieron en su primera intervención. Eva Piera aseguró a los diputados que, en su paso por Avalmadrid, nunca tuvo conocimiento de operaciones concretas. Pero los correos publicados por infoLibre muestran lo contrario: que pidió datos sobre un buen número de operaciones específicas. Por su parte, Juan Manuel Santos-Suárez declaró que desconocía cualquier dato sobre el aval que Avalmadrid concedió a MC Infortécnica SL, la empresa de la que eran socios los padres de la actual presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, porque no asistía a las reuniones del Comité de Morosidad –la compañía no devolvió los 400.000 euros de la operación, que fue clasificada como fallida–. Sin embargo, este periódico ha publicado el acta de una de esas reuniones firmada de su puño y letra.

La semana pasada, tanto PSOE como Más Madrid y Unidas Podemos presentaron escritos en la Mesa de la Asamblea donde solicitaban una nueva comparecencia de Piera y Santos-Suárez para que aclararan estas “contradicciones”. En la reunión de este órgano parlamentario el lunes tanto Ciudadanos –socio de gobierno del PP en la Comunidad de Madrid– como Vox –que apoyó la investidura de Isabel Díaz Ayuso– respaldaron el regreso de los dos expresidentes de Avalmadrid para que den explicaciones.

Según las fuentes consultadas por este periódico, el PP se opuso alegando que el objeto de la comisión no es determinar si los comparecientes mienten, una competencia que corresponde, precisaron, a los tribunales. En su artículo 502, el Código Penal castiga “con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses” a quien, convocado ante una comisión parlamentaria de investigación, “faltare a la verdad en su testimonio”.

Pero el resto de los grupos replicó que la solicitud de una nueva comparecencia “no prejuzga nada”. Sólo se les pide que expliquen la diferencia entre sus declaraciones y los documentos publicados. Entonces se verá si es necesario acudir a los tribunales o no, subrayan las fuentes.

Las dos próximas sesiones de la comisión de investigación están fijadas para los días 13 y 17 de marzo.

Irregularidades en Avalmadrid

La Asamblea madrileña creó el año pasado una comisión de investigación para aclarar las supuestas irregularidades cometidas en Avalmadrid, una sociedad de garantías donde la Comunidad de Madrid es el accionista mayoritario con más del 26,1% del capital. Entre los capítulos más escandalosos está, según desveló infoLibre, lo ocurrido con el aval de 400.000 euros concedido en 2011 a MC Infortécnica SL, compañía propiedad de cuatro matrimonios, entre ellos los padres de la actual presidenta madrileña. MC Infortécnica SL no devolvió ni un euro, pero Avalmadrid no actuó contra los socios de la empresa, que habían afianzado con todo su patrimonio personal la operación. No sólo eso, sino que también Avalmadrid permitió que los avalistas se deshicieran de todos sus bienes sin responder de los 400.000 euros. [Puedes consultar aquí todas las informaciones de este periódico sobre el caso Ayuso]

Además, tras una inspección del Banco de España en 2012, el organismo supervisor abrió un expediente sancionador contra Avalmadrid y una quincena de sus ejecutivos y consejeros, para los que pedía sanciones por importe de 667.000 euros. Entre las anomalías descubiertas en 167 operaciones destaca la concesión de avales a empresas vinculadas con miembros del consejo de administración de Avalmadrid.

PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos han presentado escritos a la Mesa de la Asamblea de Madrid para pedir que vuelvan a comparecer en la comisión que investiga las supuestas irregularidades de Avalmadrid dos de sus expresidentes, Eva Piera y Juan Manuel Santos-Suárez, a fin de que aclaren si mintieron en sus declaraciones del pasado 17 de diciembre ante los diputados.

La Mesa de la Asamblea verá estas peticiones el próximo lunes. En ese órgano sólo están representados PP, Ciudadanos, PSOE y Vox. PP y Ciudadanos suman mayoría. Fuentes de la formación naranja han asegurado a infoLibre que apoyarán la iniciativa para que los dos expresidentes de Avalmadrid den explicaciones por “unos testimonios que pueden ser falsos”. “Mentir en una comisión parlamentaria es un delito”, subrayan. También Vox quiere que Piera y Santos-Suárez comparezcan de nuevo, según indicó el pasado viernes su diputado José Luis Ruiz Bartolomeu.

En caso de que Ciudadanos y Vox mantengan su postura, la solicitud de los tres partidos de la izquierda madrileña saldría adelante.

Los diputados de la oposición pretenden que ambos directivos aclaren la “contradicción” entre el testimonio que prestaron el 17 de diciembre en la comisión y los correos y actas que infoLibre publicó el pasado día 14 de febrero.

El Código Penal, en su artículo 502, castiga “con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses” a quien, convocado ante una comisión parlamentaria de investigación, “faltare a la verdad en su testimonio”.

Eva Piera puso en contacto a Ayuso con un directivo de Avalmadrid para que le facilitase información sobre la operación de MC Infortécnica SL. Ayuso sabía que la empresa no iba a devolver el dinero y temía que sus padres perdiesen sus propiedades. Esa labor de intermediaria se produjo el 13 de julio de 2011, cuando Piera era viceconsejera de Economía en el Gobierno de Esperanza Aguirre y consejera de Avalmadrid, entidad que había presidido años antes. En sus respuestas a los diputados, dijo hasta en nueve ocasiones que ella jamás había tenido conocimiento de “operaciones concretas”. “No tengo conocimiento ni nunca lo he tenido de operaciones concretas en Avalmadrid”, aseguró una y otra vez. [Puedes consultar aquí la comparecencia íntegra de Eva Piera]

"Pedidos de interés"

Los correos a los que ha tenido acceso este periódico demuestran lo contrario. Eva Piera pedía información de manera habitual sobre determinadas operaciones de Avalmadrid a sus tres principales ejecutivos en aquella época: el consejero delegado, Juan Luis Fernández-Rubíes, que era con quien mantenía una relación más fluida; el presidente, Juan Manuel Santos-Suárez, y el director de Relaciones Institucionales, Carlos Ramos, que fue quien recibió el encargo de atender a Ayuso.

Todos los correos son del periodo que va septiembre de 2011 a febrero de 2012, es decir, justo en la época en que Avalmadrid avaló a MC Infortécnica SL –marzo de 2011–, esta empresa no devolvió ni la primera cuota del préstamo –diciembre de 2011– y el Comité de Morosidad decidió actuar contra los bienes de los avalistas –abril de 2012–, aunque esa decisión jamás se llevó a efecto. En esos correos, Piera se interesa por 18 operaciones concretas, en algunos casos de forma reiterada.

Piera, en uno de los mensajes que intercambia con Fernández-Rubíes, muestra cierto cansancio por la gran cantidad de favores que le toca gestionar: “En fin, ya ves, para la tarde, los recados de siempre... Siento estar tan decaída y transmitirlo con tanta crudeza como lo hice ayer, pero hay días donde ya es mucho el cúmulo del cansancio, los problemas y ni una buena noticia, y los pedidos de interés...”, escribe el 26 de octubre de 2011.

El consejero delegado le contesta en la misma línea: “En definitiva, y también en mi caso el cansancio, los problemas, el no haber una sola buena noticia, los pedidos de interés ‘infumables’ son una constante”.

“Yo no iba a esas reuniones del Comité de Morosidad”

Por su parte, Juan Manuel Santos-Suárez afirmó en la comisión parlamentaria que no tenía dato alguno ni de la operación de aval concedida a MC Infortécnica SL, ni de los motivos por los que el Comité de Morosidad había permitido que los avalistas se deshicieran de su patrimonio sin hacer nada. Y todo ello pese a que el Comité de Morosidad estaba presidido por él mismo. La explicación que dio fue la siguiente: en la operativa diaria estaba el consejero delegado y él ni siquiera acudía a las reuniones del Comité de Morosidad, pese a que era su presidente. “Yo no iba a esas reuniones del Comité de Morosidad”, insistió. La verdad es que la propuesta de la reunión del Comité de Morosidad celebrada el 2 de abril de 2012, en la que se analizó el expediente de MC Infortécnica SL, está firmada por el propio Santos-Suárez.

Santos-Suárez, que ahora es consejero de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), también faltó a la verdad de forma evidente en otro momento de la comisión. El diputado de Más Madrid Eduardo Gutiérrez le preguntó si en el año 2012 se había dirigido a un alto cargo del Gobierno de Esperanza Aguirre “diciendo que Avalmadrid tendría que ser disuelta o bien habría que aportar 10 millones de euros”. “No. Nosotros nunca nos dirigimos...”, respondió el compareciente. Este periódico ha tenido acceso a un correo de Santos-Suárez, enviado a Piera el 24 de julio de 2012, donde le dice exactamente lo que le había planteado el diputado de Más Madrid. [Puedes consultar aquí la comparecencia íntegra de Juan Manuel Santos-Suárez]

La Asamblea madrileña creó el año pasado una comisión de investigación para aclarar las presuntas irregularidades cometidas en Avalmadrid, una sociedad de garantías donde la Comunidad de Madrid es el accionista mayoritario con el 26,1% del capital. Entre los capítulos más escandalosos está, según desveló infoLibre, lo ocurrido con una operación de aval de 400.000 euros concedido en 2011 a MC Infortécnica SL, una empresa de suministros médicos propiedad de cuatro matrimonios, entre ellos los padres de la actual presidenta madrileña. MC Infortécnica SL no devolvió ni un euro, pero Avalmadrid tampoco actuó contra los socios de la empresa, que habían afianzado con todo su patrimonio personal la operación. No sólo eso, sino que Avalmadrid permitió que los avalistas se deshicieran de todos sus bienes sin responder de los 400.000 euros. [Puedes consultar aquí todas las informaciones de este periódico sobre el caso Ayuso]

Este periódico envió a Eva Piera y a Juan Manuel Santos-Suárez una serie de preguntas relacionadas con sus afirmaciones falsas ante la comisión parlamentaria. Piera se negó a responder. Santos-Suárez señaló lo siguiente: “Comparecí en la Comisión cumpliendo con mi responsabilidad y en ella contesté a todas las preguntas según mi recuerdo de lo que sucedió hace ocho años”.

“Fue una decisión operativa mía”, asumió ante los diputados que le preguntaban por ese documento. En la sesión anterior, el pasado viernes, la presidenta de Avalmadrid entonces, Rosario Rey, había dejado claro que el informe no había sido iniciativa suya. En todo caso, Embid aseguró que lo había encargado cumpliendo un mandato de Rey para hacer “un análisis exhaustivo del trabajo de los despachos [que gestionan la recuperación de los avales impagados] y de la situación de cada expediente”. Pero también reconoció que la presidenta no sabía que se había pedido un informe sobre MC Infortécnica SL, la empresa de los padres de Díaz Ayuso que había dejado sin pagar un aval de 400.000 euros concedido en febrero de 2011.

Como ha publicado este periódico, el informe elaborado por Racmo Gestión tiene fecha de 25 de julio de 2019 y una extensión de apenas tres páginas. Su objeto era doble: en primer lugar, determinar cuál era la mejor opción para reclamar por la vía civil y recuperar la deuda pendiente por el aval fallido de MC Infortécnica SL. Y en segundo, “determinar si hay acción penal posible contra los herederos de los deudores fallecidos”. Los autores del documento se refieren a Leonardo Díaz Álvarez, el padre de la presidenta madrileña, y Juan Manuel Pitarch Divar. Los otros seis morosos están vivos. Pero Avalmadrid no preguntó si cabía emprender una acción penal contra ellos.

El diputado de Más Madrid Eduardo Gutiérrez sí preguntó este martes a Pedro Embid por qué el informe se interesaba por posibles acciones penales sólo contra los avalistas fallecidos y no por los demás. Pero el director general fue incapaz de explicarlo. “No creo que se limitara a eso”, replicó. Cuando Gutiérrez le leyó la frase textual del informe reproducida más arriba, esquivó la respuesta aduciendo que no podía “valorar un documento interno de la compañía”.

Los juristas consultados por infoLibre califican de “incomprensible” que se pregunte por unos avalistas y no por otros... salvo que se pretenda a toda costa evitar la vía penal, en cuyo caso lo mejor es no preguntar si es posible ir a dicha jurisdicción.

El informe fue filtrado a Libertad Digital para que lo publicase el 13 de agosto, el primer día de la sesión de investidura en la Asamble de Isabel Díaz Ayuso.

Un despacho sin especialistas penales

El diputado de Unidas Podemos Jacinto Morano quiso saber también por qué Embid le encargó a Racmo Gestión, un despacho especializado en procedimientos civiles y mercantiles, ese informe sobre posibles acciones penales, en lugar de contratar a abogados especializados en Derecho Penal. El director general de Avalmadrid justificó su decisión en el hecho de que Racmo Gestión fuera la adjudicataria del servicio de recobro de expedientes, así como porque se trata de un “despacho grande con especialistas en asuntos penales”.

Sin embargo, Racmo se publicita en su web únicamente como un bufete especializado en “auditoría legal y crediticia, valoración de carteras y gestión de activos”, inmobiliarios, residenciales, comerciales y hoteleros, “así como grandes carteras de deuda”. Pero no menciona que tenga ningún departamento penal.

Además, se da la circunstancia de que a Racmo se le encargó un segundo informe que cargaba sobre Cobralia la responsabilidad por las negligencias cometidas durante siete años en la recuperación del aval impagado de MC Infortécnica SL. Es decir, se contrató el análisis a un competidor de Cobralia que precisamente acababa de sustituirle –desde junio de 2019, apenas un mes antes de que emitiera ambos informes– como proveedor de servicios en Avalmadrid.

Aún faltan por recuperar 270.000 euros de MC Infortécnica SL

La diputada del PSOE Pilar Sánchez Acera preguntó a Pedro Embid si Avalmadrid pensaba reclamar el dinero que aún le adeuda MC Infortécnica SL. “Ya se han llevado a cabo las mejores actuaciones para intentar recuperar esa operación”, le contestó el directivo. “¿Y piensa hacer algo más?”, abundó la representante socialista. “Se analizará qué hacer dentro de lo posible”, continuó Embid, quien repitió dos veces que Avalmadrid “ya ha hecho todas las actuaciones jurídicas que cabía hacer”. Cuando Sánchez Acera se interesó por saber qué “frutos” habían dado esas actuaciones, Embid dijo que no podía revelar datos de operaciones concretas.

La realidad es que Avalmadrid hizo bastante poco desde que MC Infortécnica SL incumplió el primer pago del aval, que debería haber ingresado el 15 de diciembre de 2011. Según consta en el informe elaborado por la auditoría interna de la sociedad de garantías y presentado en la Comisión Mixta de Auditoría y Riesgos el 30 de julio de 2019 –y al que ha tenido acceso infoLibre–, Avalmadrid entregó a Cobralia el expediente de MC Infortécnica SL ocho meses después de que el Comité de Morosidad aprobara ejecutar la hipoteca y a los avalistas. 

Después, la sociedad de garantías sólo entregó a Cobralia un certificado de saldo, pese a que había que interponer dos procedimientos. Además, Cobralia sólo presentó una demanda de ejecución hipotecaria, pero no de ejecución dineraria de los avalistas. “No existe documentación justificativa para la adopción de esta decisión procesal”, explican los auditores. Éstos también señalan las “debilidades” del seguimiento a que sometido el expediente de MC Infortécnica SL: “Hasta enero de 2015 no se conoce que únicamente se había interpuesto procedimiento de ejecución hipotecaria”. Y cuando Cobralia plantea a Avalmadrid dos posibles vías de actuación, la sociedad no responde.

Finalmente, los auditores constatan que Avalmadrid no efectuó hasta junio de 2019 “un análisis profundo” de los inmuebles de los avalistas. De hecho, algunos de esos bienes, concluyen, “ya no se encuentran en el patrimonio de los avalistas”. Aunque el informe no lo dice, los inmuebles habían sido vendidos o donados a familiares y terceros a lo largo de esos siete años a lo largo de esos siete añosen que Avalmadrid no había actuado con la diligencia debida. Entre ellos se encuentran los que pasaron a manos de Isabel Díaz Ayuso y su hermano Tomás.

Hasta el momento, la sociedad de garantías no ha recuperado ni un euro, y sólo le ha sido adjudicada una nave en Arenas de San Pedro (Ávila). Era el único bien hipotecado y no ha sido capaz de venderlo.

Además, hay que tener en cuenta que la operación fue reavalada por la Comunidad de Madrid y por la sociedad pública de reafianzamiento Cersa para cubrir el fallido de MC Infortécnica SL: 102.030,55 euros puso la primera y 206.123,5 euros la segunda. Un total de 308.154 euros. El resto lo ha asumido Avalmadrid en sus cuentas.

No firmó la denuncia como respaldo a su equipo

A Pedro Embid también se le inquirió en la comisión sobre la denuncia en la Fiscalía que Avalmadrid interpuso por acuerdo de su Consejo de Administración en abril de 2019. Tras abrir el Banco de España un expediente sancionador a la sociedad de garantías y a una quincena de sus ejecutivos y consejeros, el Consejo de Administración encargó un informe forense a Forest Partners, que revisó los 167 expedientes donde el supervisor había hallado irregularidades. También encargó un informe a PricewaterhouseCoopers para que analizara las implicaciones penales de las anomalías descubiertas.

Pedro Embid se negó a firmar el escrito de denuncia al fiscal, donde se mencionan los nombres de antiguos ejecutivos de Avalmadrid, entre ellos el de Juan Antonio Chorro García, director de Riesgos en ese momento. Según explicó Embid, firmar esa denuncia hubiera supuesto “invalidar” el “respaldo” que el director general debe dar a su equipo. “No era necesario, menos aún cuando había propuesto una alternativa: que fuera la secretaria del Consejo de Administración, quien instrumenta sus acuerdos, la que lo firmara con un mandato expreso” de ese órgano. Además, detalló, apartó al director de Riesgos de su puesto. “No lo despedí porque pedimos asesoramiento laboral y nos dijeron que debíamos respetar la presunción de inocencia”, respondió a una pregunta de la diputada de Ciudadanos Ana Isabel García García.

Juan Antonio Chorro fue degradadado a subdirector comercial, demandó a Avalmadrid en el juzgado de lo Social por una modificación sustancial de sus condiciones de trabajo el pasado mes de diciembre y ha terminado llegando a un acuerdo con la empresa antes del juicio.

En cualquier caso, Embid negó cualquier tipo de “desavenencia” sobre el envío del escrito al fiscal. Es más, aseguró que ni votó ni dio su opinión sobre ese asunto en el Consejo de Administración, donde se sienta como invitado permanente, con voz pero sin voto. Incluso recalcó que está “de acuerdo con la decisión tomada por el consejo”. Pero cuando la socialista Sánchez Acera le planteó: “Usted se negó a firmar el escrito, pero no niega su contenido…”, su respuesta reabrió las dudas: “Ni lo niego ni lo dejo de negar”.

Destitución ‘fantasma’

Otro punto de fricción se debió a su supuesta destitución, que según el diputado de Más Madrid Eduardo Gutiérrez fue anunciada por el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, en La Sexta en julio de 2019. Pedro Embid, por el contrario, asegura que la presidenta de Avalmadrid sólo le comunicó el 5 de julio que se le estaban buscando posibles sustitutos. “Me pareció bien, sólo le pedí celeridad porque la interinidad no es buena para las empresas y porque se avecinaba un cambio de gobierno que podía dejar descabezada Avalmadrid sin sus dos principales directivos [Rosario Rey y él]”, recordó. Como motivos para su cese, Embid indicó que le habían referido “la reducción del número de operaciones” que estaba sufriendo la sociedad de garantías por el “ruido mediático y el daño reputacional” que le estaban infligiendo las noticias sobre las supuestas irregularidades.

El 29 de agosto de 2019, Rosario Rey fue, en efecto, destituida de su cargo, pero Pedro Embid continuó. “Me tuve que quedar en Avalmadrid para reunirme con los bancos, que estaban alarmados”, después de que ese mismo verano dimitiera el consejero independiente, Orlando García, y otro más “se prejubilara”. “Si me voy en ese momento”, añadió, “Avalmadrid se queda sin firma, no se hubieran podido pagar las nóminas, la luz y los requerimientos de pago de avales de los bancos”. Embid reveló que, como resultado de la alarma suscitada, “algunos bancos” han cerrado los convenios que tenían con la sociedad de garantías para ofrecer condiciones especiales a sus clientes. “El colapso habría sido irreversible”, sentenció.

Según publicó también este periódico, los representantes de Santander y Caixabank, socios protectores de Avalmadrid, abandonaron el Consejo de Administración el año pasado, el primero en septiembre y el segundo en mayo, en los meses de las turbulencias descritas por Pedro Embid. Aunque ambas entidades negaron que su decisión estuviera motivada por la revelación de las anomalías de funcionamiento de la sociedad de garantías.

En realidad, la Consejería de Economía no tardó mucho en reemplazar a Rosario Rey. El 10 de septiembre nombró presidente de Avalmadrid a Isaac Martín BarberoIsaac Martín Barbero, viceconsejero a las órdenes de Manuel Giménez. El vacío de poder duró sólo 12 días.

Casi 63 millones de euros de dinero público desde 2004

Pedro Embid ha sido el único de los comparecientes que hasta el momento ha llevado papeles a la comisión para detallar cifras concretas. También es el primer cargo en activo de Avalmadrid en acudir a la comisión. Así, por ejemplo, cifró en 21,7 millones de euros las cantidades aportadas por la Comunidad de Madrid desde 2004 hasta 2019 para dotar el Fondo de Provisiones Técnicas de la sociedad de garantías. Las contribuciones a los fondos específicos –por ejemplo, para ayudar a pymes o autónomos de ciertos sectores– suman otros 25 millones en ese mismo periodo. Si a esas cantidades se le suman los 16,1 millones que puso la Comunidad de Madrid como capital, la cifra total de dinero público que ha recibido Avalmadrid en los últimos 15 años asciende a 62,8 millones de euros.

También reveló que desde 2017 sólo la Comunidad de Madrid ha realizado aportaciones al Fondo de Provisiones Técnicas, que forma parte del patrimonio de la sociedad y no puede ser inferior al 1% del riesgo vivo –de los avales en vigor– de Avalmadrid. Antes de esa fecha, Caja Madrid –el segundo socio protector tras la Comunidad, relevada por Bankia desde 2010– sumaba contribuciones para ese mismo fondo por importe de 14 millones de euros. “Si al presidente de Avalmadrid lo nombra la Comunidad, si al Fondo de Provisiones Técnicas sólo aporta la Comunidad de Madrid, si los fallidos se reavalan con dinero público, si además tiene vocación de servicio público para ayudar a las pymes y los autónomos, y carece de ánimo de lucro [Embid acababa de explicar que todos sus beneficios pasan a engrosar el Fondo de Provisiones Técnicas]… entonces, ¿cómo se puede negar el carácter público de Avalmadrid?”, le planteó el diputado de Vox José Luis Ruiz Bartolomé. “No voy a valorar esa cuestión”, eludió de nuevo la respuesta Pedro Embid, “soy un profesional, ése es un tema de ustedes”. Las dudas sobre el carácter público o privado de la sociedad de garantías ha ocupado buena parte de las intervenciones y debates en las tres primeras sesiones de la comisión.

Este martes también compareció en la Asamblea Javier Gilsanz, autor del informe que Avalmadrid encargó a PricewaterhouseCoopers sobre las implicaciones penales de las irregularidades destapadas por el Banco de España. Gilsanz se negó a contestar todas las preguntas que le formularon los diputados, amparándose en el secreto profesional.

La expresidenta de AvalmadridRosario Rey aprovechó este viernes su comparecencia en la comisión que investiga las supuestas irregularidades descubiertas en la entidad semipública para desvincularse del informe que la propia sociedad de garantías encargó al bufete Racmo Gestión y que exoneraba de responsabilidad penal a Isabel Díaz Ayuso en relación con el aval concedido a la empresa de sus padres. “Ese informe no lo encargué yo”, declaró tajante Rosario Rey, que presidió Avalmadrid entre octubre de 2015 y agosto de 2019. Según dijo, ese documento tampoco “pasó” por el Consejo de Administración de la sociedad. Cuando los diputados le preguntaron quién lo había encargado entonces, Rey respondió que, si no rebasaba determinado importe, podía pedir un análisis de ese tipo el director general o el Comité de Morosidad.

En 2019 Avalmadrid encargó a Racmo Gestión dos informes a medida con un doble objetivo: evitar la vía penal en el caso Ayuso y echar la culpa de las graves negligencias cometidas durante siete años por los máximos responsables de la entidad a un abogado de Cobralia, la empresa que utilizaba entonces la sociedad de garantías para el recobro de deudas.

Según publicó infoLibre, Racmo Gestión España es la empresa que acababa de firmar –en junio de 2019– un contrato con Avalmadrid para encargarse del cobro de deudas. Es decir, la compañía que ha sustituido a Cobralia en esa tarea. Su presidente, y quien firma los dos documentos es Alfonso Cabeza Navarro-Rubio, hijo del famoso presidente del Atlético de Madrid en los años 80 y abogado con más de dos décadas de experiencia en la gestión del cobro de deudas. No es un penalista. El análisis que hizo sobre la posible responsabilidad penal de los avalistas del aval impagado del caso Ayuso ocupa exactamente 23 líneas, poco más de medio folio.

Además de este informe, la sociedad de garantías también le pidió que se pronunciara sobre la posible actuación negligente de Cobralia, pese a que Racmo Gestión no sólo es uno de sus competidores, sino que además acababa de firmar un contrato con Avalmadrid para prestarle el mismo servicio.

El análisis sobre el aval de MC Infortécnica SL fue filtrado a Libertad Digital, el periódico online de Federico Jiménez Losantos, el 13 de agosto de 2019, el mismo día que Isabel Díaz Ayuso se presentaba a la sesión de investidura como presidenta madrileña.

Ese documento exonera a la presidenta de la Comunidad de Madrid de un delito de alzamiento de bienes. Primero examina la “situación de los avalistas” de MC Infortécnica SL, los cuatro matrimonios dueños de la empresa, entre ellos los padres de Díaz Ayuso. La conclusión es que la “ausencia de solvencia es patente”. Lo curioso es que Racmo sólo analiza la situación de un avalista: Isabel Ayuso Puente , la madre de la presidenta. Después estudia la mejor opción para reclamar a los morosos por la vía civil. Y su conclusión es que procede presentar una demanda de ejecución de títulos no judiciales.

Finalmente, se ocupa de la cuestión penal. Y lo hace de forma llamativa. La cuestión planteada por Avalmadrid fue la siguiente: “Determinar si hay acción penal posible contra los herederos de los deudores fallecidos”. En la actualidad hay dos avalistas muertos: Leonardo Díaz Álvarez, el padre de Díaz Ayuso, y Juan Manuel Pitarch Divar –a quien en el informe unas veces se llama “Pitchar” y otras “Pitcher”, pero nunca por su verdadero nombre–. Los otros seis morosos están vivos. Pero Avalmadrid no preguntó si cabía emprender una acción penal contra ellos. Los juristas consultados por este periódico calificaron de “incomprensible” que se pregunte por unos y no por otros... salvo que se pretenda a toda costa evitar la vía penal, en cuyo caso lo mejor es no preguntar si es posible ir a dicha jurisdicción.

“Riesgo reputacional”

En contraste con el informe encargado a Racmo, Rosario Rey reclamó para sí de forma contundente la iniciativa sobre el informe que la auditoría interna de Avalmadrid elaboró sobre la gestión del recobro del aval a MC Infortécnica SL. “Yo lo pedí”, casi interrumpió a la diputada socialista Pilar Sánchez Acera cuando le preguntó por el documento de julio de 2019 que hizo suyo la Comisión Mixta de Riesgos y Auditoría. Los diputados también le preguntaron por los motivos que le movieron a reclamar ese análisis. Rey explicó que, cuando se publicó en la prensa el supuesto trato de favor concedido a la empresa de los padres de Díaz Ayuso, advirtió en la noticia “aspectos relevantes” que podían suponer un “riesgo reputacional” para Avalmadrid. “Creí que se podía generar un ruido que podía tener un coste de reputación importante para la sociedad”, subrayó.

Aun así, intentó rebajar la importancia del gesto asegurando que había hecho lo mismo con otras operaciones y que el caso de MC Infortécnica SL no lo había comentado en la Consejería de Economía, a la que sí informaba, en cambio, sobre “temas de vital importancia”, o si tenía que tomar “decisiones estratégicas importantes”. Por ejemplo, sí le comunicó el expediente que abrió el Banco de España a Avalmadrid y la denuncia que la propia sociedad presentó ante la Fiscalía a raíz de esa inspección.

Otro tanto ocurrió con los informes que el consejo de administración, que Rosario Rey presidía, encargó a la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC) sobre la venta de la cartera de fallidos a Cobralia. También en esa operación la expresidenta halló aspectos revelantes que podían tener un coste reputacional. De hecho, habló de “posibles irregularidades” que podían “incidir en las cuentas o el patrimonio de Avalmadrid” y conducir a la toma de “medidas penales”. Más adelante declaró terminante que en la época en que ella presidió la sociedad de garantías –2015-2019– “no se vendió ninguna cartera de fallidos”. La operación con Cobralia se firmó en junio de 2012.

El informe de PwC, que lleva fecha de diciembre de 2018, dictamina que son “discutibles” la causa y la finalidad tanto del contrato de venta de la cartera de fallidos como de un contrato de subrogación anterior, de 2010, e igualmente la manera en que fueron formalizados: ambos pueden ser nulos porque su causa fue “ilícita”. Según detalla el documento, en abril y mayo de 2012 Avalmadrid llegó a un acuerdo “presumiblemente verbal” con Fernando Cañellas, presidente de Cobralia, para que éste cobrara los honorarios que la entidad semipública le adeudaba hasta entonces. El esquema consistía en la subrogación de los expedientes y la posterior venta de esa cartera de fallidos, una estructura que resultaba “más favorable fiscalmente” para el presidente de Cobralia, destaca PwC. Si se demuestra que ésa era “la única finalidad de ambos negocios jurídicos”, el contrato de venta y el de subrogación tuvieron “una causa ilícita” y, por tanto, “son nulos de pleno derecho”, concluían los analistas.

“La sociedad debe actuar con total diligencia en el cobro de las deudas”

El caso es que ni Avalmadrid ni Cobralia fueron muy diligentes a la hora de recuperar los 400.000 euros del aval que MC Infortécnica SL dejó sin devolver. Así se lo recordaron los diputados a Rosario Reyes.

La empresa de los padres de Díaz Ayuso no reintegró ni la primera cuota del aval, que debía abonar el 15 de diciembre de 2011. Por entonces ya estaba en quiebra: sólo tres meses después de embolsarse los 400.000 euros dejó de pagar las nóminas de los trabajadores y el 23 de septiembre de aquel año despidió a la práctica totalidad de la plantilla. El 2 de abril de 2012, el Comité de Morosidad de Avalmadrid decidió regularizar el importe vencido e impagado —100.000 euros de principal más los intereses, que en ese momento ya superaban los 6.000 euros—, ejecutar la hipoteca sobre una nave del pueblo abulense de Sotillo de la Adrada y embargar los bienes de los avalistas. Pero no hizo nada. Hasta que en noviembre de ese año entregó el expediente a Cobralia para que recuperara el dinero. En 2015, tres años después, esta empresa pidió instrucciones a Avalmadrid sobre cómo proceder contra los accionistas de MC Infortécnica SL e incluso propuso dos posibles vías de acción. Pero la sociedad de garantías no contestó. El resultado fue que durante siete años Avalmadrid no actuó contra los avalistas morosos, que mientras tanto, en varias operaciones de posible alzamiento de bienes, se han deshecho de todo el patrimonio con el que respaldaron la operación de MC Infortécnica SL.

Al respecto Rosario Rey recalcó que las empresas externas encargadas por Avalmadrid de recuperar las deudas están “obligadas a hace todo lo que les dicta” la sociedad de garantías. Como fue Avalmadrid la que no contestó a las propuestas de Cobralia, la expresidenta expresó su descuerdo con “esa práctica”. “La sociedad debe actuar con total diligencia en el cobro de las deudas”, sostuvo. Lo mismo remachó sobre el Comité de Morosidad: “Lo que aprueba debe cumplirse”.

Eso sí, Rosario Rey respondió con evasivas a una pregunta clave que le planteó el diputado Eduardo Gutiérrez, de Más Madrid: si Avalmadrid lleva ocho años sin actuar contra los avalistas, y de ese periodo Rey fue presidenta durante cuatro años, ¿no le toca acaso una parte alícuota de la responsabilidad por esa actuación negligente?

La denuncia ante la Fiscalía

Tras comunicar el Banco de España los resultados de su expediente y proponer sanciones de 667.000 euros a una quincena de consejeros y ejecutivos, así como a la propia Avalmadrid, el consejo de administración que presidía Rosario Rey encargó un informe más, a Forest Partners. En este caso, la consultora debía analizar los 167 avales en los que el Banco de España había descubierto irregularidades. Ese documento destapó los avales que Avalmadrid había concedido a empresas vinculadas con miembros de su consejo de administración o con el PP. Acto seguido, Avalmadrid presentó una denuncia ante la Fiscalía contra algunas de las personas mencionadas en el expediente del Banco de España. Que el ministerio público terminó archivando al considerar prescritos los posibles delitos.

Sin embargo, ese movimiento no fue pacífico en el interior de la sociedad de garantías. Los diputados le preguntaron a Rosario Rey por qué su director general, Pedro Embid, se negó a firmar aquella denuncia. La expresidenta no contestó y remitió a los grupos al propio Embid. Sólo mencionó unos “motivos personales”. La diputada socialista Pilar Sánchez Acera le mostró su sorpresa por el hecho de que, 10 meses después de aquella discrepancia, Pedro Embid siga siendo el director general de Avalmadrid. “Pero usted ya no esté allí”, apuntó. “Eso debería contestarlo el actual consejo de administración”, se limitó a contestar Rey.

Rotellar no recuerda, Carrasco no conoce

En la comisión también compareció otro presidente de Avalmadrid, José María Rotellar, que apenas contestó a las preguntas de los diputados. “No recuerdo”, “no tengo constancia” fueron las respuestas que dio a casi todo lo que le fue planteado. También aseguró que no estaba en “el día a día” de la empresa, por lo que no podía dar información sobre operaciones concretas. Se trata de la misma línea que siguieron los otros dos expresidentes que comparecieron en la comisión el pasado diciembre, Eva Piera y Juan Luis Santos-Suárez. Así, no recordaba ningún detalle sobre los cinco avales por importe total superior a los tres millones de euros que Avalmadrid concedió al Grupo Cantoblanco, propiedad del expresidente de la patronal madrileña CEIM Arturo Fernández. Es una de las operaciones señaladas por el Banco de España.

Tampoco recordaba nada de los diferentes avales otorgados a empresas participadas por Capital Riesgo Madrid –participada por ImadeImade (Instituto Madrileño de Desarrollo, perteneciente a la Comunidad de Madrid), Caja Madrid, CEIM y la Cámara de Comercio de Madrid, todos ellos a su vez socios protectores de Avalmadrid–, igualmente incluidos en el expediente del supervisor financiero. O del aval aprobado para Madrid Network, una entidad privada que también dirigió Rotellar, cuando éste se sentaba en el consejo de administración de Avalmadrid –entre 2008 y 2014–.

José María Rotellar admitió que mantiene“una cierta amistad” con Isabel Díaz Ayuso desde 2006, cuando la conoció “en Navacerrada”. Con ella “coincidió” en Madrid Network, donde también trabajó la hoy presidenta madrileña.

Antes había comparecido en la comisión Antonio Carrasco Reija, que como secretario general técnico de la Consejería de Economía había ocupado un puesto de vocal en el consejo de administración de Avalmadrid entre 2015 y 2019 y antes había sido interventor de la Comunidad de Madrid. Carrasco negó en dos ocasiones conocer a Jesús Juan Ciro Martín Sanz, vicepresidente de la patronal CEIM, consejero de Avalmadrid y, al mismo tiempo socio –con un 5% del capital– y padre del accionista mayoritario de la empresa Cubenube SL, una de las analizadas tanto por el Banco de España como por la consultora Forest Partners por sus vinculaciones.

Pese a la insistencia del diputado de Vox José Luis Ruiz Bartolomé, Antonio Carrasco rechazó cualquier conexión con Martín Sanz, pese a que ambos compartieron en la misma época, 2016, dos consejos de administración: el de Avalmadrid y el del Centro de Transportes de Coslada, una sociedad pública participada por la Comunidad de Madrid, la Cámara Oficial de Comercio de Madrid y el Ayuntamiento de ese municipio madrileño. Forest Partners dictamina que el aval nunca debió concederse no sólo por las vinculaciones entre la empresa y el consejero de Avalmadrid, sino también porque Cubenube incumplía su plan de negocio y no presentó garantías suficientes.

La comisión de investigación de Avalmadrid ha enviado un escrito de petición de amparo a la Mesa de la Asamblea de Madrid donde reclama acceso a la información sobre la sociedad de garantías que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso le ha denegado alegando que incluye datos de terceras personas. La comisión, que reanuda sus comparecencias el próximo viernes, había cursado 136 peticiones de documentos y datos a la Comunidad de Madrid para investigar las irregularidades en Avalmadrid destapadas por las inspecciones del Banco de España y las informaciones publicadas por infoLibre. El Ejecutivo madrileño ha rechazado una cuarentena de ellas.

Para denegar la entrega de los documentos, el Gobierno de Díaz Ayuso utiliza dos argumentos. El primero, que la información afecta a “terceras personas que no tienen relación con la Comunidad de Madrid”. El segundo, que no dispone de los documentos que se le piden porque están en manos de Avalmadrid, una empresa donde posee una participación “no mayoritaria” y que funciona “con personalidad jurídica propia e independiente de la de sus socios”. No obstante, ésta aparece como una cuestión en el centro de la polémica entre los grupos parlamentarios. Avalmadrid es una sociedad semipública de la que la Comunidad de Madrid posee un 26,1% del capital y Bankia, banco público con un 61,7% en manos del FROB, tiene un 25,3% de las acciones. Así, al presidente de Avalmadrid lo nombra la Consejería de Economía, el accionista mayoritario, y tanto él como los otros dos representantes de la Comunidad en el consejo de administración son altos cargos de ese departamento.

Para las primeras peticiones, un total de seis, la comisión aprobó el pasado jueves, con los votos a favor de PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos, y la abstención de PP, Ciudadanos y Vox, reclamar el amparo de la mesa para obtener acceso a la información solicitada.

Según argumenta el escrito, el reglamento de la Asamblea, en su artículo 18.4, establece un procedimiento para que los diputados puedan acceder a información que afecte a los derechos fundamentales y libertades de terceros: que sean ellos quienes se desplacen a donde se encuentren esos documentos para que puedan examinarlos sin necesidad de copiarlos.

Es el caso de los correos electrónicos y cartas que Avalmadrid está obligado a enviar cada mes a la Dirección General de Economía de la Comunidad con la relación de las operaciones que aprueba. Así lo dispone el convenio de reafianzamiento que la sociedad de garantías firmó en 2011 con la Comunidad de Madrid y por el que hasta el momento ha recibido 2,46 millones de euros para cubrir fallidos. Esa información incluye los números de los avales, los titulares de cada operación, su fecha e importe y si tienen cobertura de la Comunidad de Madrid y de la empresa pública de reafianzamiento Cersa. Por ese mismo motivo también se ha denegado la entrega de los datos correspondientes a los avales cuyo importe no ha sido devuelto por los beneficiarios y fueron reafianzados.

Recurso y nuevos argumentos

Respecto a las peticiones de información rechazadas por tratarse de documentación en poder de Avalmadrid, Más Madrid va a presentar un recurso de reposición contra el acuerdo del Consejo de Gobierno que veta el acceso a esa información con el argumento de que no las tienen. Fuentes del partido denuncian que la “censura” aplicada por el Gobierno de Díaz Ayuso “conculca el derecho de todos los madrileños a saber qué uso se ha hecho de los más de 50 millones de euros” de fondos públicos que se han dedicado a la sociedad de garantías en los últimos 15 años.

Entre los argumentos del recurso de reposición que presentará Más Madrid destaca que "no está justificada la no posesión de las actas" de órganos como el Consejo de Administración de Avalmadrid, por parte de los representantes directos del Gobierno en la sociedad de garantías, especialmente si se tiene en cuenta el control que ejerce la Comunidad sobre Avalmadrid. 

También el PSOE y Unidas Podemos estudian iniciativas por su cuenta para conseguir la entrega de los datos e informes denegados.

La diputada socialista Pilar Sánchez Acera presentará de nuevo en la Mesa de la Asamblea las mismas peticiones de información, pero con nuevos argumentos sobre el carácter público de Avalmadrid, explica a infoLibre. Por ejemplo, se apoyará en la intervención el pasado mes de diciembre en la misma comisión del expresidente de la sociedad de garantías Juan Manuel Santos-Suárez, quien aseguró que, en realidad, él no ocupaba la presidencia de Avalmadrid, sino que ésta correspondía a la Comunidad madrileña. “Yo soy la persona física que representaba a la persona jurídica de la Comunidad”, explicó. “Tenemos derecho a la información que nos deniega el Gobierno sobre Avalmadrid, por lo que vamos a activar todas las acciones posibles para reclamar que nos la entregue”, advierte Sánchez Acera, “no entendemos la falta de transparencia a menos que tengan algo que ocultar”.

Unidas Podemos decidirá este lunes qué iniciativas va a emprender, entre varias posibilidades que están barajando. No descartan acudir al Tribunal Constitucional, adonde recurrirán para que comparezcan en la comisión tanto los expresidentes de la Comunidad de Madrid desde 2007 como la propia Isabel Díaz Ayuso, unas peticiones que también fueron rechazadas.

“Una vez más el Gobierno demuestra que está antes para proteger a Isabel Díaz Ayuso en su escándalo con Avalmadrid que para dar explicaciones y aportar transparencia a la ciudadanía. Primero bloquean las comparecencias de Díaz Ayuso y de los expresidentes de la Comunidad y ahora niegan la información que deben aportar a la comisión como gobierno”, critica Isabel Serra, de Unidas Podemos, quien también acusa a Ciudadanos, socios del PP en el Ejecutivo, de “cerrar puertas para hacer de escuderos de Díaz Ayuso” en lugar de “abrir ventanas” para denunciar la corrupción.

Ni un papel sobre MC Infortécnica, Marsans y Cantoblanco

Entre los documentos rechazadas por estar en poder de Avalmadrid, se encuentra toda la información relativa a MC Infortécnica SL, la empresa de la que eran socios los padres de Isabel Díaz Ayuso y que supuestamente recibió un trato de favor cuando no devolvió el importe del aval de 400.000 euros que se le había concedido en febrero de 2011.

Así, el Gobierno madrileño se niega a facilitar el expediente completo de la concesión del aval, así como las actas y los informes de todos los órganos de Avalmadrid que intervinieron en la operación, incluido el documento que elaboró la Comisión Mixta de Auditoría y Riesgos sobre las actuaciones que llevó a cabo esta empresa semipública para intentar recuperar el aval que MC Infortécnica SL no devolvió. Ese informe tiene fecha de 30 de julio de 2019, una vez que se había hecho público el supuesto trato de favor recibido por la sociedad de los padres de la presidenta madrileña.

Tampoco entregará el acuerdo que aprobó el Comité de Morosidad de Avalmadrid el 2 de abril de 2012, donde se analizó el expediente de MC Infortécnica SL. En la propuesta que analizaron ese día sus miembros se ocultó que Díaz Ayuso era la nueva titular de un inmueble que estaba garantizando la deuda de 400.000 euros avalada por sus padres. Al omitir ese dato, se estaba escondiendo la existencia de un más que probable alzamiento de bienes –sus padres le habían trasladado la propiedad del piso– y el hecho de que una de las personas que había participado en el presunto delito era una dirigente política. [Más Madrid denunció estos hechos ante Anticorrupción, pero la fiscal Belén Suárez archivó el escrito sin realizar investigación alguna y manipulando la jurisprudencia del Supremo sobre el delito de alzamiento de bienes].

Como ha publicado este periódico, Avalmadrid renunció a recuperar el dinero prestado a la empresa al no ejecutar los avales de los accionistas. De hecho, mantiene paralizada desde 2015 la decisión de cómo actuar contra los cuatro matrimonios socios de MC Infortécnica SL. De tal forma que permitió a éstos llevar a cabo operaciones de presunto alzamiento de bienes.

El Gobierno madrileño también rehúsa facilitar a la comisión los expedientes de otras empresas cuyos avales fueron señalados tanto por el Banco de España como por el informe forense encargado por la propia Avalmadrid y que terminó siendo la base para la denuncia que ésta presentó en la Fiscalía: el Grupo Cantoblanco, propiedad del expresidente de la patronal CEIM Arturo Fernández; el Grupo Marsans, del expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán; The Tie Gallery España, cuyo 33% pertenecía a Patricio Rodríguez-Carmona González-Páramo, presidente de la Confederación Española de Jóvenes Empresarios (Ceaje) y vicepresidente de la patronal CEIM; la firma de alquiler de vehículos de lujo Gold Bridge y Alfedel, de la que es dueño el empresario Alfonso Ferrón del Río, imputado en el caso Púnica. La concesión de avales a estas empresas cayó bajo sospecha por las vinculaciones de sus propietarios y administradores con miembros del consejo de administración de Avalmadrid. Excepto Gold Bridge, a la que según el informe de la consultora Forest Partners no debió concedérsele el aval por las deficiencias de su expediente y sobre la que se hallaron indicios de fraude por un incendio y el robo de varios coches de lujo de su flota.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha denegado a la comisión de investigación sobre Avalmadrid todos los datos y documentos que ésta le había solicitado sobre MC Infortécnica SL, la empresa de la que eran socios sus padres y que recibió un supuesto trato de favor cuando no devolvió el aval de 400.000 euros concedido por la sociedad de garantías en marzo de 2011.

Además de solicitar toda una serie de comparecencias, la comisión abierta en la Asamblea de Madrid el pasado mes de diciembre hizo al Ejecutivo madrileño un total de 136 peticiones de documentos relacionados con el funcionamiento y las irregularidades destapadas en Avalmadrid por las inspecciones del Banco de España, el informe forense encargado por la propia sociedad de garantías a una consultora privada y las informaciones publicadas por infoLibre.

El Gobierno ha rechazado una cuarentena. Entre ellas, todas las que se refieren a MC Infortécnica SL. Se niega a facilitar a la comisión el expediente completo de la concesión del aval a la empresa de los padres de Díez Ayuso, así como las actas y los informes de todos los órganos de Avalmadrid que intervinieron en la operación, incluido el documento que elaboró la Comisión Mixta de Auditoría y Riesgos sobre las actuaciones que llevó a cabo esta empresa semipública para intentar recuperar los 400.000 euros del aval que MC Infortécnica SL no devolvió. Ese informe tiene fecha de 30 de julio de 2019, una vez que se había hecho público el supuesto trato de favor recibido por la sociedad de los padres de la presidenta madrileña.

Tampoco entregará el acuerdo que aprobó el Comité de Morosidad de Avalmadrid el 2 de abril de 2012, donde se analizó el expediente de MC Infortécnica SL. En la propuesta que analizaron ese día sus miembrosse ocultó que Díaz Ayuso era la nueva titular de un inmueble que estaba garantizando la deuda de 400.000 euros avalada por sus padres. Al omitir ese dato, se estaba escondiendo la existencia de un más que probable alzamiento de bienes –sus padres le habían trasladado la propiedad del piso– y el hecho de que una de las personas que había participado en el presunto delito era una dirigente política. [Más Madrid denunció estos hechos ante Anticorrupción, pero la fiscal Belén Suárez archivó el escrito sin realizar investigación alguna y manipulando la jurisprudencia del Supremo sobre el delito de alzamiento de bienes].

Como ha publicado este periódico, Avalmadrid renunció a recuperar el dinero prestado a la empresa al no ejecutar los avales de los accionistas. De hecho, mantiene paralizada desde 2015 la decisión de cómo actuar contra los cuatro matrimonios socios de MC Infortécnica SL. De tal forma que permitió a éstos llevar a cabo operaciones de alzamiento de bienes. 

Ni Marsans ni Cantoblanco ni PwC

El Gobierno madrileño también ha denegado a la comisión los expedientes de otras empresas cuyos avales fueron señalados tanto por el Banco de España como por el informe forense encargado por la propia Avalmadrid y que terminó siendo la base para la denuncia que ésta presentó en la Fiscalía: el Grupo Cantoblanco, propiedad del expresidente de la patronal CEIM Arturo Fernández; el Grupo Marsans, del expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán; The Tie Gallery España, cuyo 33% pertenecía a Patricio Rodríguez-Carmona González-Páramo, presidente de la Confederación Española de Jóvenes Empresarios (Ceaje) y vicepresidente de la patronal CEIM; la firma de alquiler de vehículos de lujo Gold Bridge y Alfedel, de la que es dueño el empresario Alfonso Ferrón del Río, imputado en el caso Púnica. La concesión de avales a estas empresas cayó bajo sospecha por las vinculaciones de sus propietarios y administradores con miembros del consejo de administración de Avalmadrid. Excepto Gold Bridge, a la que según el informe de la consultora Forest Partners no debió concedérsele el aval por las deficiencias de su expediente y sobre la que se hallaron indicios de fraude por un incendio y el robo de varios coches de lujo de su flota.

El motivo que esgrime el Gobierno de Díaz Ayuso para denegar los documentos es que estas peticiones están “relacionadas con la actividad de una sociedad mercantil” en la que la Comunidad de Madrid tiene una participación “no mayoritaria” y que “actúa con personalidad jurídica propia e independiente de la de sus socios”. Avalmadrid es una sociedad semipública de la que la Comunidad de Madrid posee un 26,1% del capital y Bankia, banco público con un 61,7% en manos del FROB, tiene un 25,3% de las acciones. Así, al presidente de Avalmadrid lo nombra la Consejería de Economía, el accionista mayoritario, y tanto él como los otros dos representantes de la Comunidad en el consejo de administración son altos cargos de ese departamento.

Es el mismo argumento que le ha servido al Ejecutivo madrileño para no facilitar a la comisión de investigación los informes que la empresa de cobros Racmo Gestión elaboró el pasado mes de julio, a petición de la propia Avalmadrid, sobre las actuaciones de la sociedad de garantías para recuperar el importe impagado del aval de MC Infortécnica SL. Del mismo modo el Gobierno rechaza la entrega de los informes realizados por la consultora PricewaterhouseCoopers sobre la venta de la cartera de fallidos de Avalmadrid a otra empresa de cobros, Cobralia, que también arrojó serias dudas sobre la operación por las conexiones entre directivos de ambas firmas. Al igual que los informes ya citados de Forest Partners y del Banco de España sobre 167 avales con irregularidades.

Nada sobre la inspección del Banco de España

Tampoco tendrá la comisión en sus manos –pese a que como los anteriores han sido profusamente revelados por los medios de comunicación– el expediente que abrió el Banco de España tras inspeccionar dos veces Avalmadrid, que como todas las sociedades de garantía recíproca está sometida a su supervisión. Además, la Comunidad de Madrid no entregará a la Asamblea la lista de personas de Avalmadrid que actuaron de interlocutores con los inspectores del Banco de España, ni las actas e informes relacionados con sus inspecciones, ni los miembros del Gobierno madrileño que a su vez integraban el consejo de administración de Avalmadrid y a los que el organismo supervisor acusó en su expediente, ni siquiera la lista de los 167 avales donde detectó anomalías.

El Gobierno de Díaz Ayuso rehúsa también facilitar a la comisión la lista de los miembros de los consejos de administración y comités ejecutivos de Avalmadrid desde 2007, así como las actas de las reuniones de todos esos órganos, que también habían sido solicitadas por los diputados. O la denuncia que la sociedad de garantías presentó en la Fiscalía el año pasado para dilucidar las responsabilidades de algunos de sus antiguos consejeros y directivos en la concesión de los avales bajo sospecha.

La comisión de investigación quería saber igualmente el número de ejecuciones hipotecarias y de subastas que se han llevado a cabo para recuperar avales impagados de Avalmadrid, pero el Gobierno autonómico lo ha impedido. Ni siquiera facilitará a los diputados una copia de la normativa interna de la sociedad de garantías.

Por último, el Ejecutivo madrileño no permitirá a los diputados acceder a los correos y cartas que Avalmadrid está obligado a enviar cada mes a la Dirección General de Economía de la Comunidad con la relación de las operaciones que aprueba. El motivo, que la información solicitada “afecta a datos de terceros que no han tenido relación con la Comunidad de Madrid”.

La Comunidad de Madrid aportó 29,55 millones de euros de dinero público a Avalmadrid desde noviembre de 2009 hasta febrero de 2019. Así consta en la respuesta que el Gobierno autonómico ha facilitado a la comisión de la Asamblea madrileña que investiga las supuestas irregularidades y el trato de favor en la concesión de avales por parte de la sociedad de garantía recíproca. irregularidades y el trato de favor en la concesión de avalesAvalmadrid es una sociedad semipública de la que la Comunidad de Madrid posee un 26,1% del capital y Bankia, banco público con un 61,7% en manos del FROB, tiene un 25,3% de las acciones. Así, al presidente de Avalmadrid lo nombra la Consejería de Economía, el accionista mayoritario, y tanto él como los otros dos representantes de la Comunidad en el consejo de administración son altos cargos de ese departamento.

El PP y Ciudadanos, que comparten el Gobierno madrileño, sostienen en cambio que Avalmadrid es una empresa privada “que no forma parte del ámbito de la Administración pública de la Comunidad de Madrid, ni está incluida en el sector público autonómico”, un argumento que han utilizado para intentar impedir la creación de la comisión de investigación y para rechazar las preguntas que sobre la sociedad de garantías ha formulado la oposición en la Asamblea.

El año en que con más dinero entregó la Comunidad de Madrid a la sociedad de garantías fue 2017, cuando destinó un total de 12,4 millones de euros en sus presupuestos a Avalmadrid. De esa cantidad, 10 millones corresponden al convenio que ambas instituciones firmaron para constituir un fondo específico destinado a crear y mantener el empleo de los empresarios autónomos. Firmado en diciembre de 2017, cubre el riesgo derivado de conceder avales a autónomos para que puedan pedir préstamos a los bancos con los que hacer crecer o consolidar su negocio, y tiene una vigencia de tres años.

En 2018, el Gobierno madrileño pagó a Avalmadrid cuatro millones de euros, mientras que en 2015 su aportación alcanzó los 3,93 millones y en 2010 ascendió a 3,27 millones.

Buena parte de las aportaciones se hicieron en virtud del Plan de Fomento a la Hostelería y el Plan de Fomento a la Inversión Productiva, aunque también dentro del Plan Renove y el Plan de Apoyo a la Industria. Al menos hasta el año 2011. Ese año la Comunidad de Madrid firmó un convenio de reafianzamiento con Avalmadrid, por el que la Administración autonómica se comprometía a reavalar las operaciones suscritas por la sociedad de garantías hasta en un 75%. Desde entonces, la Comunidad de Madrid ha abonado un total de 2,46 millones de euros para cubrir 51 fallidos.

A partir de 2014, el dinero público le ha llegado a Avalmadrid en forma de subvenciones nominativas: dos millones de euros en 2015, y un millón anual en 2017, 2018 y 2019. También se le han pagado otras destinadas al fondo de provisiones técnicas –que está obligada a tener la sociedad por una cuantía mínima equivalente al 1% del riesgo vivo que soporte– y mediante el citado convenio para crear un fondo específico de ayuda a los autónomos.

La página web de Avalmadrid donde se detallan las aportaciones realizadas por la Comunidad de Madrid entre los años 2005 y 2009.

Esos 29,55 millones se corresponden con el periodo 2009-2019. Pero, con anterioridad, Avalmadrid también recibió importantes cantidades de dinero público. Así consta en la propia página web de la sociedad de garantías y en sus informes anuales.

Avalmadrid explica que, en virtud del convenio que firmó con la Comunidad de Madrid y Caja Madrid en 2005, ambas instituciones aportaron un total de 48 millones de euros hasta 2008, a partes iguales: 24 millones cada una, a razón de ocho millones anuales.

En 2009, según esas mismas fuentes, la Comunidad de Madrid volvió a aportar ocho millones de euros a Avalmadrid, y Caja Madrid otros tantos. Ese mismo año, la web informa de otras subvenciones: 1,5 millones de euros a través de los Programas de Apoyo a las Mujeres Empresarias y 600.000 euros a través del Programa de Innovación Tecnológica. “Se establece así una estrecha vinculación entre la financiación pública y la política de productos promovidos por Avalmadrid”, resalta la página web. Estas cantidades, sin embargo, no aparecen en la relación de partidas suministradas por la Consejería de Economía a la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid.

La comisión de investigación vuelve el día 14

La comisión, que reanudará sus comparecencias el próximo día 14, investiga las irregularidades en la concesión de avales que desveló el Banco de España tras inspeccionar Avalmadrid, así como las denuncias publicadas por infoLibre sobre el aval de 400.000 euros otorgado a la empresa de la que eran socios los padres de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Un aval que nunca fue devuelto y cuyo importe terminó siendo cubierto con dinero público procedente de la Comunidad de Madrid y de la empresa estatal de reafianzamiento Cersa.

El pasado mes de enero, el Banco de España hizo públicas las primeras sanciones impuestas a Avalmadrid por las irregularidades descubiertas en sus inspecciones: 95.000 euros para la sociedad de garantías por una infracción grave, no aplicar en tiempo y forma un requerimiento para reducir la elevada concentración de riesgo que había detectado el supervisor ni mejorar sus mecanismos de seguimiento del riesgo como se le exigió. También sancionó a dos consejeros: la Cámara de Comercio de Madrid con 38.400 euros, y al expresidente de la patronal madrileña Juan Pablo Lázaro, con 10.400 euros más. Aunque el expediente sancionador sigue abierto contra una quincena de consejeros y ejecutivos que han presentado recursos contra la propuesta de sanción del organismo.

Además, la propia Avalmadrid encargó un informe a una consultora, Forensic Partners, que revisó los 167 avales donde el Banco de España había descubierto anomalías. El resultado de esa segunda investigación sirvió a la dirección de la sociedad de garantías para presentar una denuncia en la Fiscalía contra algunos de sus antiguos directivos y consejeros, que fue archivada por haber prescrito los hechos. No obstante, quedaron así al descubierto las vinculaciones entre algunos de estos ejecutivos y consejeros con las empresas a las que Avalmadrid concedía avales.

infoLibre desveló el año pasado las irregularidades relacionadas con el aval de MC Infortécnica SL, la empresa de suministros médicos propiedad de los padres de Díaz Ayuso. Avalmadrid renunció a recuperar el dinero prestado a la empresa al no ejecutar los avales de los accionistas. De hecho, mantiene paralizada desde 2015 la decisión de cómo actuar contra los cuatro matrimonios socios de esa sociedad. De tal forma que permitió a éstos llevar a cabo operaciones de alzamiento de bienes. Su comité de morosidad también ocultó la donación fraudulenta a Isabel Díaz Ayuso del piso propiedad de sus padres.

La infracción se refiere al incumplimiento por parte de Avalmadrid de un requerimiento en materia de control interno que el Banco de España le hizo en 2012, tras una inspección: no aplicó en tiempo y forma un mandato para reducir la elevada concentración de riesgo que había detectado el supervisor ni mejoró sus mecanismos de seguimiento del riesgo como se le exigió.

El Banco de España resuelve así parte del expediente que abrió entonces a la sociedad de garantías, por el que reclama sanciones por importe total de 667.000 euros para 16 consejeros y ejecutivos de Avalmadrid. De momento, sólo ha resuelto sobre la propia sociedad y los dos consejeros citados. El resto está pendiente aún de los recursos que han presentado contra las sanciones. La resolución definitiva se conocerá en las próximas semanas. Tanto la Cámara de Comercio con el presidente de CEIM se han beneficiado de una reducción de cuantía del 20% por pago voluntario. Han preferido no recurrir y abonar la multa.

Una comisión de la Asamblea de Madrid investiga las irregularidades descubiertas por esa inspección del Banco de España en Avalmadrid, así como las publicadas por infoLibre que implican a la presidenta de la Comunidad madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Historia de una inspección

Tras una primera inspección a Avalmadrid en 2012, el Banco de España encontró irregularidades tanto en la concesión como en el seguimiento de los avales, también en su recuperación si el avalado no devolvía el préstamo. Fue entonces cuando le instó a mejorar sus políticas de concentración de riesgos y de seguimiento de las operaciones.

En noviembre de 2016 volvió a abrirle una inspección, tras detectar gracias a su plan supervisor del año anterior un aumento de 16 millones de euros en fallidos, un 30%, así como un alza de 13 millones de euros en los saldos dudosos, un 56%. En los 167 avales analizados por los inspectores, que fueron concedidos entre 2008 y 2016, los inspectores encontraron deficiencias en las fases de seguimiento y recuperación.

Por ejemplo, la revisión de riesgos no se efectuaba con la periodicidad establecida en la normativa interna de Avalmadrid: anual para los riesgos a partir de 200.000 euros y semestral para los mayores de un millón. Un total de 46 operaciones padecían esta deficiencia. Además, los informes de seguimiento eran “deficientes para explicar la situación actual y evolución del negocio avalado”. Por el contrario, aseguraba el informe del Banco de España, se limitaban a actualizar “el rating interno –que presenta un calibrado deficiente–” y las partidas contables más importantes, pero sin analizarlas. Tampoco recogían aspectos relevantes para determinar la capacidad de pago del avalado, como una comparación detallada entre los flujos de caja generados y los pagos a los que debía hacer frente. Finalmente, los informes de seguimiento carecían de “decisiones y conclusiones claras, incluso en los casos en que se constata un deterioro evidente del avalado”. Los inspectores encontraron estos fallos en 64 operaciones.

En otros 52 avales, los informes de seguimiento sólo mencionan el incumplimiento de pagos y la dificultad de su recuperación, “sin apenas aportar más información sobre la posibilidad de obtener o ejecutar garantías”. En los expedientes que incluyen propuestas de negociación con el socio, tampoco se aporta información detallada o un análisis, lamenta el Banco de España. Por último, en 12 operaciones más la clasificación crediticia se hizo “con mucho retraso” y, en algún caso, destaca el informe, “a instancias de la auditoría externa”.

Entre los avales donde se descubrieron estas deficiencias de control se encuentran los concedidos al Grupo Marsans, entonces propiedad del expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, y al Grupo Cantoblanco, del expresidente de la patronal madrileña CEIM Arturo Fernández.

En la última fase, la de recuperación de los impagados, el Banco de España igualmente descubrió fallos en los informes que el Departamento de Seguimiento y Recuperaciones presentaba mensualmente al Comité de Seguimiento y Morosidad.

El aval a la empresa de los padres de Díaz Ayuso

En cualquier caso, los 167 avales que pasaron bajo el escrutinio del Banco de España son una muestra no aleatoria de las operaciones cerradas por Avalmadrid entre 2008 y 2016; es decir, fueron seleccionados por los inspectores del supervisor financiero de acuerdo con un perfil muy determinado. Entre ellos no se encontraba el concedido a MC Infortécnica SL, la empresa de la que eran socios los padres de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Como ha publicado este periódico, Avalmadrid dio un trato de favor al expediente de MC Infortécnica SL: renunció a recuperar el dinero prestado a la empresa al no ejecutar los avales de los accionistas y, de hecho, mantiene paralizada desde 2015 la decisión de cómo actuar contra los cuatro matrimonios socios de esa sociedad. De tal forma que permitió a éstos llevar a cabo operaciones de alzamiento de bienes. Su comité de morosidad también ocultó la donación fraudulenta a Isabel Díaz Ayuso del piso propiedad de sus padres. Esta lista de irregularidades se produjeron durante la fase de recuperación del aval concedido a MC Infortécnica SL en febrero de 2011 para que Caja España les concediera un préstamo de 400.000 euros que no pudo devolver. Y que finalmente ha sido cubierto en buena parte por la Comunidad de Madrid y Cersa, la compañía pública de reafianzamiento.

La Compañía Española de Reafianzamiento (Cersa) pagó el 31 de octubre de 2015 a Avalmadrid 206.123,5 euros por el aval concedido a MC Infortécnica SL, la empresa de la que eran socios los padres de la presidenta de la Comunidad madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Según la información proporcionada por la propia compañía pública a infoLibre través del Portal de Transparencia, esa cantidad equivale al 50% del préstamo de 400.000 euros afianzados por Avalmadrid, más los intereses devengados en aquel momento. MC Infortécnica SL no devolvió ni un euro.

Cersa actuaba como reavalista, es decir, afianzaba al primer avalista, que era Avalmadrid. Cersa es una sociedad con un 98% de capital público y dependiente del Ministerio de Industria: el 74% de sus acciones son de Patrimonio del Estado y el 24% del ICO (Instituto de Crédito Oficial). Es la encargada de otorgar el respaldo del Estado a los riesgos asumidos por las 18 sociedades de garantía recíprocas que existen en España. Firma cada año un acuerdo con éstas, para reavalar las operaciones, con un importe entre el 35% y el 80%, suscritas con pymes en todo el país. 

Como desveló infoLibre hace tres semanas, lo mismo hizo la Comunidad de Madrid, que en su caso reavaló el 25% de los 400.000 euros de la operación de MC Infortécnica SL. Así que el 3 de marzo de 2016 tuvo que pagar un total de 102.030,55 euros. En 2011, el Gobierno que entonces presidía Esperanza Aguirre suscribió un convenio para complementar los reavales de Cersa.

En definitiva, la pregunta de quién pagó realmente los 400.000 euros que no devolvieron los padres de Ayuso y sus socios en MC Infortécnica SL, tiene la siguiente respuesta a día de hoy:

– 206.123,5 euros los abonó Cersa. Como es una compañía pública en un 98%, el dinero salió prácticamente en su totalidad de los impuestos de todos los españoles.

– 102.030,5 euros los pagó la Comunidad de Madrid. En este caso el dinero salió íntegramente del bolsillo de los madrileños.

– 125.198,0 euros los asumió finalmente Avalmadrid. Esa es la cantidad resultante de restar a los 433.352 euros que tuvo que poner inicialmente –el importe del préstamo más intereses y otros gastos–, los 308.154 euros que percibió de los reavalistas. Un dinero que también sale parcialmente de los contribuyentes madrileños, puesto que la Comunidad es el principal accionista de Avalmadrid (a 31 de diciembre de 2018 controlaba el 26,14% del capital).

En definitiva, el 78% del dinero que no pagaron los padres de Ayuso y sus socios, lo pusieron los contribuyentes. En cifras absolutas 336.758 euros, distribuidos así: 202.001 euros vía Cersa, 102.030 euros directamente a través de la Comunidad y 32.727 euros vía Avalmadrid.

  Improbable que se recupere el dinero

Esas son las cuentas a día de hoy, ¿pero pueden cambiar en el futuro?

MC Infortécnica SL, una empresa de suministros médicos, dejó de pagar en diciembre de 2011 el préstamo que le había concedido Caja España gracias al aval de Avalmadrid. Justo cuando debía hacer frente al primer plazo de su devolución. El 2 de abril de 2012, el Comité de Morosidad de la sociedad de garantías madrileña acordó abonar a Caja España el importe impagado, además de ejecutar las garantías que habían puesto los socios de la empresa para solicitar el aval: una nave industrial en Sotillo de la Adrada (Ávila) y los bienes personales de los cuatro matrimonios asociados en MC Infortécnica SL.

Pero hasta el 26 de noviembre de 2012 no entregó a Cobralia, la firma que tenía contratada para recuperar fallidos, el expediente de la empresa a fin de que reclamara en los juzgados la nave y los bienes de los avalistas. En 2013 los abogados de Cobralia pidieron al juez el embargo del local, que no fue subastado hasta abril de 2018. Es decir, dos años y medio después de que Cersa cubriera el fallido y dos años después de que lo hiciera la Comunidad de Madrid. El precio de adjudicación fue de 272.000 euros, aunque el valor de mercado de la nave de Sotillo es muy inferior.

Además, jamás se ejecutaron los bienes de los cuatro matrimonios asociados en MC Infortécnica. De hecho, Avalmadrid permitió con su falta de diligencia que los morosos fueran traspasando sus bienes. Cuando le entregó el expediente a Cobralia habían desaparecido del patrimonio de los socios de la empresa siete de los 14 bienes inmuebles que tenían en propiedad en el momento de solicitar el préstamo. Esos siete inmuebles cambiaron de titular a través de donaciones o ventas prohibidas por la ley y los restantes ya estaban hipotecados, así que les fue imposible venderlos o donarlos. Los padres de Isabel Díaz Ayuso fueron los primeros en traspasar su patrimonio, mediante donaciones a sus hijos y la venta de la nave en Sotillo de la Adrada a terceros ajenos a la familia.

Tanto Cersa como la Comunidad de Madrid tienen derecho a recuperar los importes pagados a Avalmadrid por los fallidos que reafianzan. También el de MC Infortécnica SL. Deben percibir su porcentaje sobre el precio que Avalmadrid obtenga de la venta de los activos que embargue a los morosos. Pero en el caso de MC Infortécnica SL, la sociedad madrileña sólo ha conseguido hacerse con una nave que debería vender para devolver a Cersa y la Comunidad de Madrid sus reavales. Y, aun así, sólo podría reintegrar una mínima parte del dinero pública aportado por ambas.

Así que la respuesta a la pregunta de si puede cambiar la situación en el futuro es la siguiente: es muy improbable. Los avalistas se deshicieron de sus bienes inmuebles y la nave en el pueblo de Ávila tiene escaso valor. Si Avalmadrid consigue venderla, o si termina actuando contra los avalistas solidarios y encuentra algún bien, las cantidades que se ingresen tendrán que repartirse de la siguiente forma: 50% para Cersa, 25% para la Comunidad y 25% para Avalmadrid. 

La consejera delegada de Cersa, Ana Vizcaíno Ochoa.

  Si no pagaba nóminas, no debió ser reavalada

La consejera delegada de Cersa, Ana Vizcaíno Ochoa, compareció el pasado martes en la comisión de la Asamblea madrileña que investiga las irregularidades descubiertas en Avalmadrid tras una inspección del Banco de España y las informaciones publicadas por este periódico. A preguntas de la diputada de Unidas Podemos Soledad Sánchez Maroto, explicó que si una empresa reavalada suspende el pago de las nóminas a su plantilla, Cersa puede negar el abono del reafianzamiento a la sociedad de garantías que la avaló. La compañía pública revisa las operaciones que le presentan, centrándose en la “elegibilidad” de las empresas avaladas, indicó Ana Vizcaíno. Por ejemplo, si resulta que no es en realidad una pyme, o que no es una empresa nueva, o si incumple sus obligaciones con la Seguridad Social, Cersa no paga. Tampoco puede reavalar a empresas en concurso de acreedores o que se encuentren en causa de que un tercero inste el concurso.

Ése fue el caso de MC Infortécnica SL, que dejó de pagar las nóminas de sus 40 empleados en junio de 2011, apenas tres meses después de serle concedido el aval y haber recibido un préstamo de 400.000 euros. En septiembre despidió a la mayor parte de la plantilla. Los trabajadores tuvieron que recurrir al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) para cobrar sus salarios y reclamar sus indemnizaciones de despido.

Pero para que Cersa pudiera haber negado el abono del 50% del aval, Avalmadrid debería haberle informado de que MC Infortécnica había incumplido sus obligaciones con la plantilla. Está obligada a enviarle un informe sobre cada una de las operaciones reafianzadas que hayan resultado fallidas, según consta en el contrato que firman cada año, y paga el importe de la cobertura establecida “como máximo en el mes siguiente a la fecha de la recepción” de ese documento.

“No me enteré de nada de esa operación, no tuve conocimiento entonces ni la tengo ahora. No revisé el informe de análisis”. El presidente de Avalmadrid entre 2008 y 2014, Juan Manuel Santos-Suárez, aseguró este martes en la comisión que investiga las supuestas irregularidades de la sociedad de garantías madrileña que, pese a formar parte de los comités ejecutivo, de morosidad y directivo, no asistía a los dos últimos, y desconocía por completo la concesión del aval de 400.000 euros a MC Infortécnica SL, la empresa de la que eran socios los padres de la actual presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

También respondió a la diputada socialista Pilar Sánchez Acera que le “extrañaba” que su nombre figurara en los documentos que dan fe de las reuniones de los comités directivo y de morosidad donde se trató sobre el aval de MC Infortécnica y su posterior impago. “Si hay un acta figurarán los asistentes, y yo no asistí. El que iba era [Juan Luis] Fernández-Rubíes”, señaló en referencia al entonces consejero delegado y después director general de la sociedad de garantías.

En los documentos de dichos órganos a los que ha tenido acceso infoLibre, figura claramente el nombre de Santos-Suárez, así como los de Fernández-Rubíes, Alejandro Gómez Vivas (director de Operaciones), Borja Cubillo (director comercial) y Antonio Chorro (director de Riesgos), en la resolución que aprueba el aval el 2 de febrero de 2011. Y, además de los tres primeros, los de Darío B. Hernández Martínez (responsable de Recuperaciones) e Isabel Parga Raventós (director de Seguimiento del Riesgo), en las resolución que cancela el aval y ordena ejecutar la hipoteca y actuar contra los avalistas, adoptada el 2 de abril de 2012 y de nuevo el 16 de noviembre de aquel año. Pese a estos acuerdos, Avalmadrid jamás actuó contra los avalistas del préstamo, entre los que estaban los padres de Ayuso.

La tónica de la comparecencia de Santos Suárez en la Asamblea de Madrid se movió entre las apelaciones a la desmemoria –“No me acuerdo”– y el señalamiento de las responsabilidades ejecutivas hacia el entonces consejero delegado de Avalmadrid. Según indicó en varias ocasiones, era Fernández-Rubíes quien estaba en el “día a día” de la sociedad, mientras que él se dedicaba a “labores institucionales”. “Quien de verdad estaba en el comité de morosidad era el consejero delegado”, apuntó. De hecho, también dejó claro que cuando él llegó a Avalmadrid, Fernández-Rubíes ya “había montado su equipo directivo”, a cuyo frente lo encontró cuando fue nombrado para el cargo.

El expresidente de Avalmadrid Juan Manuel Santos-Suárez, en la comisión de la Asamblea de Madrid.

Al igual que Eva Piera poco antes, Juan Manuel Santos-Suárez aseguró que no estaba al tanto de avales concretos. En el caso de MC Infortécnica SL, recalcó que “desconocía completamente” la operación. “Nunca la analicé”. Tampoco conocía ni conoce a Díaz Ayuso. Incluso dijo que ignoraba si era un aval para apoyar una inversión o para garantizar el circulante de la empresa. Pero en otro momento aseguró que el piso que los padres de Díaz Ayuso le donaron –para que no fuera embargado por Avalmadrid– no formaba parte de las garantías aportadas por los socios de MC Infortécnica SL. Así era, en efecto: integraba el patrimonio de los avalistas –los cuatro matrimonios socios de la empresa–, como también aclaró después. Un patrimonio con el que tendrían que haber respondido al dejar impagado el crédito. Sostuvo que sería relevante si Avalmadrid lo hubiera sabido. “Pero me extrañaría que lo pudiera saber”, concluyó, en contra de toda evidencia puesto que las donaciones y ventas realizadas por los avalistas se inscribieron en los respectivos registros de la propiedad, que son públicos y cuya consulta realizan de forma habitual los gestores de Avalmadrid.

De igual modo ignoraba el expresidente de la sociedad de garantías por qué ésta no actuó para recuperar el aval impagado por MC Infortécnica SL. Como ha publicado este periódico, Avalmadrid lleva siete años incumpliendo los acuerdos de su comité de morosidad –ésos en los que figura el nombre de Santos-Suárez, pese a que dice que no asistió a las reuniones– y hasta el momento sólo ha conseguido embargar una nave en Sotillos de la Adrada (Ávila). Mientras, los avalistas donaron a familiares o traspasaron a terceros los inmuebles que debería haber embargado Avalmadrid para cubrir el fallido de MC Infortécnica SL.

El mismo desconocimiento esgrimió Juan Manuel Santos-Suárez respecto a si la empresa de los padres de Díaz Ayuso cumplió el fin para el que se le concedió el aval: comprar unos equipos para acudir a un concurso del Servicio Vasco de Salud. También ignora la información que Carlos Ramos proporcionó a Isabel Díaz Ayuso tras serle facilitado su contacto por la exviceconsejera de Economía Eva Piera Rojo. Pese a que Ramos, según él mismo destacó en la comisión, era su “principal apoyo”. “Le sigo viendo ahora y seguimos manteniendo una amistad”, indicó. En todo caso, al expresidente de Avalmadrid le parece “muy mal” que un empleado de la sociedad de garantías dé información que ha conocido “en razón de su cargo o por razón de una operación, a cualquier persona, porque está cubierto por el secreto”.

Un recuerdo vago de la venta a Cobralia

Santos-Suárez negó después que conozca a Gerardo Díaz-Ferrán, expresidente de la CEOE y propietario de Marsans, al que Avalmadrid concedió ocho avales por importe total de 3,3 millones de euros en 2010, apenas cuatro meses antes de que el grupo se declarara en concurso. Estos avales fueron señalados primero en el expediente del Banco de Españael expediente del Banco de España y después en el informe que la propia Avalmadrid encargó a una consultora y que sirvió de base para la presentación de una querella ante la Fiscalía que fue archivada al considerar el posible delito prescrito.

El expresidente de la sociedad de garantías precisó a los diputados que el aval no se había concedido al grupo Marsans, en comprometida situación económica, sino a una pyme del grupo que no tenía problemas. Y tras aprobar un informe positivo elaborado por el equipo de analistas de riesgos de Avalmadrid.

Por el contrario, sí que conoce Santos-Suárez a Arturo Fernández, presidente de la patronal madrileña CEIM y dueño del Grupo Cantoblanco, otra empresa sospechosa de haber sido favorecida en la concesión de avales.

Pero a quien apenas recordaba tampoco era a Fernando Cañellas, fundador de Cobralia, la empresa a la que Avalmadrid vendió su cartera de fallidos en junio de 2012. Según sostuvo el expresidente de Avalmadrid, se trató de una operación “no muy importante”. “La recuerdo muy vagamente”. Esa venta fue también objeto de un informe realizado por PricewaterhouseCoopers (PwC) en 2018 que advertía de una posible duplicidad de pagos a Cobralia y a su presidente, Fernando Cañellas, que cobró 270.245 euros por sus servicios jurídicos.

“Las cartas no me influyeron nada”

En la misma desmemoria han caído también las cartas que Antonio Beteta y el propio Arturo Fernández le remitieron para interceder en favor de la concesión de avales a Marsans y Cantoblanco. Santos-Suárez no recordaba si había recibido otras cartas del mismo tenor, pero sí que las dos citadas se habían incluido en los respectivos expedientes. “Pero no me influyeron nada”, rechazó, “llegaron después de que recibiéramos los informes sobre ambas empresas”.

De igual modo Juan Manuel Santos-Suárez negó al diputado de Más Madrid Eduardo Gutiérrez que hubiera informado a ningún alto cargo de la Comunidad de Madrid que Avalmadrid se encontraba en riesgo de disolución en 2010 si no se aportaban 10 millones de euros al capital. El expresidente sí admitió que ese año había bajado la solvencia “rápidamente y de forma extraña” hasta el 10%, por lo que se acercaba peligrosamente al 8% establecido como límite, mientras aumentaba la morosidad por efecto de la crisis. Pero atribuyó la caída a un “error informático” que “no pudieron detectar ni KPMG ni el Banco de España”. Lo describió como un problema “con un paréntesis antes o después de una cifra”. “Por eso pedimos el reafianzamiento y el aumento del fondo de provisiones técnicas”, recordó, en referencia al convenio que Avalmadrid firmó en 2011 con la Comunidad de Madrid para que ésta complementara los reavales de la compañía pública Cersa.

Juan Manuel Santos-Suárez comenzó su intervención resaltando que él no ocupaba la presidencia de Avalmadrid, sino que ésta correspondía a la Comunidad madrileña. “Yo soy la persona física que representaba a la persona jurídica de la Comunidad”, alegó. La diputada de Unidas Podemos Isabel Serra utilizó el matiz para reclamar que acudan a comparecer a la comisión los presidentes madrileños desde 2008, una petición que fue rechazada en su día por el PP y Ciudadanos.

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Eva Piera Rojo, que presidió Avalmadrid entre diciembre de 2006 y septiembre de 2008 y fue vocal de su consejo de administración hasta 2011, además de ejercer como viceconsejera de Economía del Gobierno de Esperanza Aguirre hasta 2012, admitió este martes que pidió al director de Relaciones Institucionales de la sociedad de garantías, Carlos Ramos, que facilitara información a Isabel Díaz Ayuso sobre la empresa de la que eran socios sus padres. “Yo no doy mandatos, sólo le pedí que atendiera a una persona [la actual presidenta de la Comunidad de Madrid] que quería información”, explicó Piera Rojo en la comisión de la Asamblea madrileña que investiga las supuestas irregularidades en Avalmadrid, desveladas en su mayor parte en diversas informaciones de infoLibre.

Piera relató que, Ayuso, "cuando aún no ocupaba ninguna responsabilidad política" –fue elegida diputada autonómica el 15 de julio de 2011–, le pidió un “contacto” en Avalmadrid porque quería “asesoramiento respecto a la empresa de sus padres”. Lo hizo “en persona, en una conversación fuera de mi despacho”. Según recordó, Díaz Ayuso fue “escueta” y ella misma, “empática con una persona preocupada por una empresa familiar”. “Nunca me envió un correo”, abundó después. “Y le di el contacto como hacía con cualquier persona que se me acercaba y se interesaba por las ayudas e instrumentos de financiación de la Comunidad de Madrid”, explicó la exviceconsejera, quien describió la consulta como una más de las 16.000 que recibe anualmente la sociedad de garantía recíproca madrileña en busca de “asesoramiento e información”.

Esta explicación, sin embargo, no se corresponde con la realidad en el caso de Ayuso, que no necesitaba ningún asesoramiento sobre "los instrumentos de financiación" de Avalmadrid, puesto que la sociedad de garantías ya había afianzado un crédito de 400.000 euros de la empresa de sus padre el 15 de marzo de 2011. Y la petición a Piera fue cuatro meses después. Lo que quería saber Ayuso es qué ocurriría en el caso de que dicha empresa no devolviera el dinero, puesto que sus padres eran avalistas solidarios, y temía que pudieran perder su patrimonio. La compañía efectivamente no devolvió ni un euro. Y los padres de Ayuso salvaron su patrimonio donándoselo a sus hijos, lo que permitió a la ahora presidenta madrileña apropiarse de un piso que en caso contrario habría tenido que responder de la deuda con Avalmadrid.

A preguntas de los diputados, Eva Piera subrayó que no sabía ni el nombre de la empresa, MC Infortécnica SL, y repitió en varias ocasiones que desconocía los detalles concretos de la operación. Tampoco hizo un seguimiento de ésta, ni volvió jamás a hablar del asunto con Díaz Ayuso, añadió, pese a que ambas fueron compañeras de grupo desde julio de 2011 hasta febrero de 2013.

Los diputados le preguntaron igulamente por el correo electrónico que envió al director de Relaciones Institucionales el 13 de julio de 2011, desvelado por infoLibre, donde le daba “mil gracias otra vez por anticipado” por atender a Ayuso y le proporcionaba el número de móvil de quien había sido su compañera en las listas del PP y dos días después se iba a convertir en compañera de escaño. Para entonces, y pese a que Piera reiteró en la comisión que Díaz Ayuso sólo buscaba "asesoramiento financiero", Avalmadrid ya había concedido a la empresa de sus padres el aval de 400.000 euros que después no devolvió. 

Un día después de que Eva Piera hiciera de intermediaria ante Carlos Ramos, Ayuso envió a éste un correo en el que le facilita los datos de MC Infortécnica SL y le cuenta que su familia “no quiere más que estar tranquila, jubilarse y tener una casa donde vivir y llevar la enfermedad de mi padre. Es todo muy difícil”. En septiembre de ese año, Díaz Ayuso le pide a Carlos Ramos datos confidenciales sobre las empresas de los socios de sus padres –actividad comercial, facturación y clientes–, porque teme que los primeros estén vaciando la empresa para montar otras dedicadas al mismo negocio, el suministro de equipos médicos.

La expresidenta de Avalmadrid dijo desconocer “qué información pidió Díaz Ayuso” e incluso aseguró que no ha hablado con ella desde hace “bastantes años”, a excepción de una breve conversación que mantuvieron al encontrarse hace escasas fechas en en la Copa Davis celebrada en Madrid y que patrocina su actual empresa, Mapfre Seguros. Negó que proporcionarle el contacto de Carlos Ramos fuera “un favor” y se desentendió del hecho de que éste hubiera incluido “Datos de MC Infortécnica (Presidencia Comunidad Madrid)” como “asunto” del correo que sólo dos días después de haberle dado el teléfono de Díaz Ayuso, el 15 de julio, envió a una empleada de Avalmadrid para pedirle que mirara si la empresa y sus socios estaban en un fichero de impagados.

Carlos Ramos, además de director de Relaciones Institucionales de Avalmadrid, era el “principal apoyo” de su entonces presidente, Juan Manuel Santos-Suárez, según reconoció él mismo minutos después en la misma comisión.

La culpa fue de la Gran Recesión

Eva Piera defendió en todo momento la gestión realizada en Avalmadrid durante los años en que estuvo a su frente y sentada en su consejo de administración. Pese a que formó parte durante años de su comisión ejecutiva, que aprobaba los avales superiores a 500.000 euros y los vinculados con consejeros o socios protectores –además de la Comunidad de Madrid, Bankia, Cámara de Comercio de Madrid, la patronal CEIM, posteriormente también Banco Santander y Caixabank–, rechazó una y otra vez que tuviera conocimiento de ninguna operación concreta. En varias ocasiones, aseguró que no recordaba los nombres de los responsables de algunos departamentos por los que le preguntaron los diputados.

La expresidenta de Avalmadrid rechazó también que el consejo de gobierno de la Comunidad le hubiera dado ningún tipo de indicación sobre la concesión de avales. O de cartas, como la que el entonces consejero de Economía, Antonio Beteta, mandó a Juan Manuel Santos-Suárez, invitándole a tener en cuenta los muchos empleos que el Grupo Marsans creaba en la región, a la hora de discutir en un próximo consejo de administración el aval que le había solicitado la empresa del expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán. Pese a la mala situación económica en que se encontraba Marsans, Avalmadrid le concedió avales por un importe total de 3,3 millones de euros. Cuatro meses después, el grupo se declaró en concurso de acreedores. Eva Piera reveló que no sabía si Avalmadrid se había personado en ese concurso para intentar cobrar los avales adeudados. “No estaba en la comisión ejecutiva en ese momento”, alegó. Los avales a Marsans son algunos de los que la propia Avalmadrid llevó a la Fiscalía años después, en abril de 2019, tras ser señalados primero en el expediente abierto por el Banco de España y después en un informe realizado por la consultora Forest Partners.

Eva Piera precisó que la comisión ejecutiva aprobaba “prácticamente todos” y “por unanimidad” las propuestas de aval que realizaba el equipo de analistas de riesgos de Avalmadrid. “En ningún caso nos oponíamos a lo que dictaban los analistas, aunque a veces sí pedíamos que se reforzaran las garantías, se concediera un plazo adicional o se modificara algún aspecto de la propuesta”, concedió. Si, después, los avales no se devolvían porque las empresas quebraban, argumentó, se debió sólo a la Gran Recesión, unos años en que los concursos de acreedores eran una constante y la morosidad, por tanto, se cuadriplicó.

En un escrito que firma la teniente fiscal Belén Suárez Pantín y al que ha tenido acceso infoLibre, el ministerio público descarta la existencia de los delitos de administración desleal y tráfico de influencias en el aval de 400.000 euros que Avalmadrid concedió a la citada empresa, propiedad de los padres de Díaz Ayuso y de otros tres matrimonios, tampoco en el hecho de que la sociedad de garantías no actuara para reclamar su devolución cuando quedó impagado ni en las gestiones que la hoy presidenta madrileña hizo ante la entidad semipública, primero para que fuera aprobado el préstamo y después para obtener información sobre los socios de sus progenitores. Al tiempo,  rechaza que las donaciones y ventas de inmuebles llevadas a cabo los dueños de MC Infortécnica SL constituyan un delito de alzamiento de bienes.

La teniente fiscal sustenta el archivo en que las donaciones de los padres de Díaz Ayuso se realizaron “dos meses antes” de que se produjera el impago del préstamo, el 15 de diciembre de 2011. El aval había sido concedido el 15 de marzo de ese año. Según argumenta, la jurisprudencia requiere que el crédito sea “vencido, líquido y exigible”, pero lo cierto es que el Tribunal Supremo deja claro en un buen número de sentencias que “es frecuente que el defraudador se adelante en conseguir una situación de insolvencia ante la conocida inminencia de que los créditos lleguen a su vencimiento, liquidez o exigibilidad, porque nada impide que, ante la perspectiva de una deuda, ya nacida pero todavía no ejercitable, alguien realice un verdadero y propio alzamiento de bienes”, como consta, por ejemplo, en tres de sus pronunciamientos de 2002, 2005 y 2019. Además, asegura la Fiscalía que para que se produzca ese delito no deben “quedar bienes, o sean insuficientes, en el patrimonio del deudor para hacer frente al crédito”.

Y ése es precisamente el caso de MC Infortécnica SL, que sigue debiendo a Avalmadrid 270.000 euros de los 400.000 que le aprobaron porque la sociedad de garantías sólo pudo ejecutar la garantía hipotecaria de una nave situada en Sotillo de la Adrada (Ávila), pero no consiguió embargar los inmuebles propiedad de los avalistas –los padres de Díaz Ayuso y otros tres matrimonios– porque éstos ya los habían cedido a sus hijos o vendido a terceros.

Siete años sin actuar no es administración desleal

A su vez, no pudieron embargar estas propiedades porque Avalmadrid tardó demasiado tiempo en actuar. La teniente fiscal desecha también que esa falta de diligencia de la sociedad de garantías constituya un delito de administración desleal, porque hubo “acuerdos” para “ejecutar el crédito debido”, se cedió la ejecución a Cobralia y esta empresa subcontratada por Avalmadrid presentó una demanda para embargar la nave de Sotillo de la Adrada. Según el ministerio público, para que exista administración desleal la empresa semipública debería haber actuado “en beneficio propio o de un tercero” y haber causado un “perjuicio patrimonial”. Igualmente esgrime que no puede hablarse de que exista una “voluntad” de la sociedad de garantías de abandonar el cobro de la deuda de MC Infortécnica, puesto que aún tiene pendiente su reclamación a los avalistas.

Sin embargo, lo cierto es que Avalmadrid fue de todo menos diligente en el recobro de la deuda de MC Infortécnica SL. De hecho, lleva más de siete años incumpliendo el acuerdo de su comité de morosidad, que decidió en abril de 2012 embargar los bienes de los ocho socios de esta empresa. Tenía 15 días para judicializar el asunto, pero tardó siete meses en hacerlo. Hasta el 26 de noviembre de 2012 no entregó el expediente a Cobralia, la empresa de cobros a la que tenía subcontratada, que finalmente inició el procedimiento de ejecución hipotecaria de la nave abulense. Ya en ese momento, siete de los 14 inmuebles presentados por éstos para garantizar su solvencia cuando solicitaron el aval habían cambiado de titular a través de donaciones o ventas. No quedan más bienes que embargar. Como queda dicho, la entidad semipública sólo pudo quedarse con la nave de Sotillo de la Adrada, por lo que la deuda aún vigente es de 270.000 euros. Y como una parte fue reavalada por la Comunidad de Madrid y por CersaCersa, la sociedad pública de reafianzamiento, esa cantidad terminará siendo abonada por los contribuyentes. Es decir, sí se ha producido un daño patrimonial.

La fecha de los correos de Ayuso

Por último, la Fiscalía rechaza que las gestiones realizadas por Isabel Díaz Ayuso constituyan un delito de tráfico de influencias porque los correos electrónicos aportados por Más Madrid en su denuncia son “todos ellos anteriores” a la fecha en que la hoy presidenta de la Comunidad consiguió su escaño como diputada de la Asamblea de Madrid, el 15 de julio de 2011. Sólo en ese momento Díaz Ayuso pasa a tener la consideración de “autoridad” para el Código Penal y puede cometer un delito de tráfico de influencias de acuerdo con su artículo 428. Sin embargo, también hay correos posteriores, al menos hasta el 14 de septiembre también hay correos posteriores, al menos hasta el 14 de septiembrede ese año. En ellos, Díaz Ayuso pedía a un directivo de Avalmadrid, cuyo contacto le había proporcionado Eva Piera, viceconsejera de Economía y expresidenta de la sociedad de garantías, información confidencial sobre las empresas propiedad de los socios de sus padres en MC Infortécnica SL. Para la teniente fiscal, los datos solicitados por Díaz Ayuso no son “información privilegiada” puesto que “no se encuentran en un ámbito reservado cuyo conocimiento se tenga por el cargo o puesto de trabajo”, sino que se pueden obtener a través de internet o en el Registro Mercantil.

En realidad, la entonces diputada autonómica del PP sí pidió información que no puede encontrarse ni en la Red ni en el Registro: además de la facturación y la deuda, que sí pueden conseguirse en internet y en el Registro Mercantil, preguntó quiénes eran los clientes de las empresas de esos tres matrimonios –información confidencial–,de los que sospechaba que estaban vaciando MC Infortécnica SL y desviando activos a otras empresas suyas y de sus hijos.

La Fiscalía asegura también que de los correos aportados no puede concluirse que Díaz Ayuso ejerciera “presión o sugestión” alguna sobre sus interlocutores. Sin embargo, los correos electrónicos muestran que la sociedad de garantías trató el asunto como si fuera un encargo de la Presidencia de la Comunidad de Madridcomo si fuera un encargo de la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Además, la teniente fiscal dice desconocer la identidad del “influido”, del directivo de Avalmadrid. Una identidad que ha decidido dejar sin investigar.

Una vez archivada la denuncia, Belén Suárez Pantín informa a Más Madrid de que puede recurrir a los tribunales para interponer una querella. Además, está a punto de emprender sus trabajos en la Asamblea de Madrid la comisión de investigación sobre este caso y el resto de las irregularidades descubiertas en Avalmadrid por una inspección del Banco de España y las informaciones publicadas por infoLibre [que se pueden consultar aquí y aquí]. ________________________________

A continuación puedes consultar el texto íntegro de la Fiscalía mediante el cual archiva la denuncia:

  Escrito de la Fiscalía que archiva la denuncia de Más Madrid contra Díaz Ayuso y Avalmadrid by infoLibre on Scribd

Este martes arranca en la Asamblea de Madrid la comisión que investigará el “presunto trato de favor y las irregularidades” cometidas por la sociedad semipública Avalmadrid en la concesión de garantías a empresas y su posterior recuperación cuando no eran devueltas. Como ha quedado al descubierto por las inspecciones del Banco de España y las informaciones publicadas por infoLibre, un buen número de avales se otorgaron a personas vinculadas con el PP o con consejeros personas vinculadas con el PP o con consejerosde la propiedad Avalmadrid, que después no actuaba con la debida diligencia si tenía que reclamar su reintegro.

Los socialistas presentarán un candidato para presidir la comisión, Modesto Nolla, que el grupo confía en sacar adelante con el apoyo de al menos el resto de los grupos de la izquierda. También intentarán, según han explicado a este periódico, que se apruebe cuanto antes el plan de trabajo de la comisión; en el caso de que no sea este mismo martes, sí en una sesión extraordinaria de carácter técnico antes incluso de ratificar la lista de comparecientes, para lo que acaba el plazo el próximo martes, día 29. Esa lista “amplia”, indican fuentes socialistas, la integrarán desde los máximos responsables políticos –presidentas de la Comunidad de Madrid, consejeros– hasta los miembros del consejo de administración de Avalmadrid entre 2007 y 2018, así como el equipo técnico y directivo de esta sociedad de garantías, el Banco de España e incluso las empresas a las que se concedieron avales.

Por su parte, Más Madrid va a solicitar que se pongan a disposición de todos los miembros de la comisión las actas de todos los consejos de administración, el comité ejecutivo y los diferentes comités de Avalmadrid –auditoría, nombramientos, riesgos, gestión, recuperación y seguimiento– entre 2007 y 2018.

La comisión tendrá 18 miembros, tres por grupo parlamentario, pero su voto será ponderado, por lo que, si votan conjuntamente, la mayoría estará en manos de PP, Ciudadanos y Vox. Así, por ejemplo, los grupos de la oposición temían que los conservadores pusieran obstáculos a la comparecencia de los técnicos del Banco de España que han investigado Avalmadrid.

El organismo supervisor, que inspeccionó la entidad en 2012 y 2016, abrió expediente sancionador en junio de 2018 no sólo a la sociedad de garantías madrileña, sino también a todos los que habían sido sus consejeros y directores generales desde 2013. Finalmente, pide sanciones para un total de 16 altos cargos16 altos cargos, por importe de 667.000 euros.

Los inspectores del Banco de España descubrieron “deficiencias de control” continuadas detrás de un aumento del 30% en los fallidos –16 millones de euros– y del 56% en los saldos dudosos –13 millones más–. Llegaron a esas conclusiones tras seleccionar una muestra de 167 avales. Entre los que consideraron irregulares se encuentran los otorgados al Grupo Marsans, entonces propiedad del expresidente la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, y al Grupo Cantoblanco, del expresidente de la patronal madrileña, (CEIM), Arturo Fernández. Avalmadrid está participada en un 26,1% por la Comunidad de Madrid, en un 25,3% por Bankia y en porcentajes menores por la propia CEIM, la Cámara de Comercio de Madrid, Santander, Caixabank y Plus Ultra Seguros.

Trato de favor, alzamiento de bienes

Pero Marsans y Cantoblanco no eran los únicos favorecidos. El mismo patrón irregular se había seguido también con la empresa de la que eran socios los padres de la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. MC Infortécnica SL, dedicada a la distribución de suministros médicos, había obtenido un aval por importe de 400.000 euros en marzo de 2011, del que no devolvió ni un euro. Es más, como desveló este periódico, durante años Avalmadrid no hizo nada por cobrar esa deuda. Una pasividad que permitió a los padres de Díaz Ayuso y a otros cuatro avalistas desprenderse del patrimonio con el que habían presentado para obtener la garantía. Es lo que el Código Penal califica como alzamiento de bienes. Lo comete quien enajena u oculta patrimonio para evitar que un acreedor cobre su deuda. Y quien lo adquiere es considerado cooperador necesario si conoce el propósito de la transmisión de bienes.

Ése es el caso de Isabel Díaz Ayuso. A ella sus padres le donaron una vivienda de 90 metros cuadrados en el barrio madrileño de Chamberí y a su hermano, una vivienda unifamiliar de 212 metros en Sotillo de la Adrada (Ávila). Unos meses más tarde, también les donaron el 100% de las participaciones de Sismédica SL, otra de sus empresas, propietaria a su vez de un local por el que ninguno de los hermanos ha pagado el IBI durante cinco años. Entre otros, ésos eran los bienes que Avalmadrid debería haber embargado para recuperar los 400.000 euros del aval que MC Infortécnica SL no devolvió.

Aunque las relaciones sospechosas entre Díaz Ayuso y Avalmadrid habían comenzado antes. En finales de 2010 o principios de 2011, según confesó ella misma, la hoy presidenta madrileña preguntó en la sociedad de garantías “con qué persona” había que hablar para conceder un aval a la empresa de la que sus padres eran socios junto con otros tres matrimonios. Isabel Díaz Ayuso llevaba desde 2006 trabajando para el PP e incluso había estado adscrita al Gabinete de Presidencia de Esperanza Aguirre. A pesar de que el coordinador del departamento de Riesgos de la entidad advirtió de que parte de la nave de Sotillo de la Adrada, uno de los bienes presentados como garantía por los socios de MC Infortécnica SL, podía ser derribado, el consejero delegado de Avalmadrid obvió el riesgo y le pidió que siguiera adelante con el aval. Así que la operación se escrituró. Tres meses después de recibir los 400.000 euros, la empresa dejó de pagar las nóminasla empresa dejó de pagar las nóminas.

En julio, Díaz Ayuso contactaba, por intermediación de la entonces viceconsejera de Economía, Eva Piera, con un directivo de Avalmadrid, a quien pidió información sobre la solvencia económica del grupo de empresas del que formaba parte MC Infortécnica SL. Al día siguiente de esa gestión ocupaba su escaño en la Asamblea de Madrid como diputada del PP. En septiembre repitió el contacto con el directivo, esta vez para solicitarle información confidencial –facturación y clientes– de las empresas de los socios de sus progenitores. Sospechaba que estos tres matrimonios querían dejar morir MC Infortécnica SL y montar otras sociedades. Ese mismo mes, MC Infortécnica despidió a casi toda su plantilla. Y en diciembre no devolvió el primer plazo del aval, 100.000 euros del principal más 3.292 euros de intereses.

Ni una actuación en siete años

Avalmadrid decidió en abril del año siguiente cancelar el préstamo, ejecutar la única garantía hipotecaria que existía –la nave de Sotillo de la Adrada– y proceder contra los socios de la empresa morosa. Pero para entonces ya había desaparecido el patrimonio que podría haberse embargado: el piso de Madrid había sido donado a Isabel Díaz Ayuso y la vivienda de Sotillo, a su hermano Tomás. Otra nave en ese pueblo abulense se había vendido a una tercera persona.

Los gestores de la sociedad de garantías no movieron un dedo para ejecutar lo que había aprobado: no llevaron al juzgado el expediente de MC Infortécnica SL pese a que su normativa interna les obliga a hacerlo en un plazo de 15 días. Tampoco hicieron nada en noviembre de 2012, cuando el comité de morosidad examinó de nuevo el expediente. En esa fecha ya habían desaparecido siete de los 14 inmuebles que los socios de la empresa de suministros médicos habían presentado como garantía para que se les otorgara el aval. Todos los que podían enajenar, ya que el resto estaban hipotecados.

De hecho, hasta enero de 2013 Cobralia, la firma de cobro de deudas contratada por Avalmadrid, no puso el caso en manos del juzgado. Pero como el procedimiento no avanzaba, en marzo de 2015, más de dos años después, Cobralia preguntó a Avalmadrid cuál debía ser el próximo paso. La sociedad de garantías no respondió. Ni entonces ni nunca. Así que, transcurridos siete años sin que la sociedad de garantías actuara, la deuda de MC Infortécnica SL permanece sin cobrar: a 30 de junio de 2019 ascendía a 270.000 euros.

Desde que se hicieron públicos estos detalles, la presidenta madrileña ha negado siempre que mediara o presionara para que Avalmadrid otorgara el aval a la empresa de sus padres, porque entonces carecía de poder político. Y ha justificado la distracción de los bienes familiares: “A mi padre le preocupaba que el poco patrimonio que él tenía lo heredáramos”.

Del Banco de España al análisis forense y a la denuncia en la Fiscalía

Los partidos de la oposición pedirán –tienen un plazo de cinco días para elaborar una lista– la comparecencia de Isabel Díaz Ayuso en la comisión, como también de los inspectores del Banco de España que desvelaron las deficiencias en el funcionamiento de Avalmadrid. Según explican éstos en sus informes, la sociedad de garantía recíproca no revisaba los riesgos con la periodicidad a que le obligaba su propia normativa interna –ocurrió en 46 de los 167 avales verificados– y redactaba informes de seguimiento deficientes, sin evaluar la capacidad de pago del avalado y sin incluir “decisiones y conclusiones claras” –en 64 operaciones–. En otros 52 informes de seguimiento no se menciona cómo obtener o ejecutar garantías y en 12 más la clasificación crediticia del avalado se hizo con tanto retraso que hubo que esperar a que lo señalara la auditoría externa.

En vista de estas anomalías, Avalmadrid encargó a la firma Forest Partners un análisis forense sobre esos mismos 167 avales investigados por el Banco de España. Y aunque Forest Partners sólo examinó la fase de concesión de las garantías, los resultados fueron demoledores. Avalmadrid había concedido avales a proyectos de capital riesgo donde participaban fondos y sociedades gestoras vinculadas a algunos de los socios protectores –como se ha explicado más arriba, Comunidad de Madrid, Bankia, CEIM, Cámara de Comercio de Madrid–. Además, esas operaciones generaron “importantes pérdidas”, por lo que los analistas concluyen que Avalmadrid “no debería haber entrado” en ellas. Si se aprobaron, resaltan, fue por los “intereses cruzados de determinadas entidades y profesionales con capacidad de decisión o influencia en los órganos de decisión” de la sociedad semipública. La sociedad de garantías también otorgó avales a empresas en dificultades que estaban ligadas igualmente a miembros de su propio consejo de administración. Y, en otros casos, las garantías infringían las normas sobre importes o plazos, carecían del preceptivo reaval o éste era muy bajo.

Ese análisis forense sirvió de base para que el pasado mes de abril la entonces presidenta de Avalmadrid, Rosario Rey García, presentara una denuncia ante la Fiscalía de Madrid contra una quincena de antiguos directivos y consejeros de la entidad por la posible comisión de “ilícitos de carácter patrimonial” en perjuicio de la sociedad con los avales concedidos a Rural Tours Viajes SA y Trapsa –del Grupo Marsans–, Grupo Casbar, The Tie Gallery España SL y Grupo Cantoblanco. Según destacaba la propia Avalmadrid en su denuncia, las operaciones se habían aprobado “sin atender a razones de lógica económica y con apariencia de discrecionalidad”, existían vinculaciones de miembros del consejo de administración y socios protectores con las empresas avaladas y las operaciones causaron un “perjuicio económico” a la sociedad de garantías. La Fiscalía archivó la denuncia porque consideró prescritos los posibles delitos, cometidos entre 2009 y 2013.

Pero el ministerio público tiene aún que decidir si abre diligencias por la denuncia que Más Madrid ha interpuesto ante la Fiscalía contra la presidenta de la Comunidad por alzamiento de bienes, trato de favor y tráfico de influencias, y contra la cúpula de la sociedad de garantías por trato de favor y administración desleal. 

A día de hoy, Rosario Rey no es ya la presidenta de Avalmadrid.  Y Ciudadanos se ha hecho cargo de la Consejería de Economía, que es quien nombra al máximo responsable de la sociedad semipública y ha puesto a su frente a Isaac Martín. Al tiempo, el vicepresidente de la Comunidad, Ignacio Aguado, también de la formación naranja, ha dado orden de abrir el procedimiento para desvincularse de Avalmadrid por la “sombra de corrupción” que la acecha. Ese proceso será simultáneo a los trabajos de la comisión, que debe concluirlos antes de diciembre de 2020.

El PSOE pidió que se retirara esa alusión, pero su propuesta sólo recibió el apoyo de Vox. Ciudadanos y el PP la rechazaron. Como faltó a la reunión uno de los tres diputados del PP, la votación terminó en empate. La Mesa volverá sobre el asunto el próximo lunes, ya con los tres miembros del PP presentes, por lo que lo más probable es que la iniciativa salga adelante entonces tal y como está redactada, según explican fuentes parlamentarias.

Es habitual que las comisiones de investigación incluyan una salvaguarda para que su trabajo no obstaculice procesos judiciales en curso o las investigaciones de la Fiscalía. También en la de Avalmadrid se ha incorporado, aludiendo a esa “prudencia necesaria” que deberá guiar a la comisión “en todo lo relacionado con las competencias de la Administración de Justicia y la Fiscalía”. Pero a continuación Ciudadanos ha “colado” la referencia a “órganos institucionales autónomos” y ha hecho saltar las alarmas en los grupos de la oposición. “No entiendo que Ciudadanos haya puesto esa cortapisa”, admite a infoLibre la portavoz socialista, Pilar Sánchez Acera, quien teme que suponga una traba para la comparecencia del Banco de España.

La comisión, que deberá constituirse antes de que termine este mismo mes de octubre, estará compuesta por 18 diputados, tres de cada uno de los grupos –PP, Ciudadanos, PSOE, Más Madrid, Unidas Podemos y Vox–. Podrá requerir la presencia de cualquier persona o entidad, pública o privada, que quedarán obligados a comparecer. También podrá recabar cualquier tipo de información y documentación que considere necesaria. Y deberá concluir sus trabajos en diciembre de 2020, aunque podrá pedir una prórroga. Treinta días después, como máximo, tendrá que haber emitido un dictamen.

La Consejería de Economía, en manos de Ciudadanos

El pasado 10 de septiembre el presidente de la Asamblea, Juan Trinidad, rechazó la pretensión del PP de solicitar un informe a los servicios jurídicos de la Cámara sobre si la comisión de investigación era competente, el último intento de los conservadores para intentar frenar la iniciativa. Avalmadrid es una sociedad de garantía recíproca participada en un 26,1% por la Comunidad de Madrid, que está representada en su consejo de administración a través de la Consejería de Economía. Y en el reparto de departamentos entre el PP y Ciudadanos, esa consejería ha quedado en manos de la formación naranja. Su responsable, Manuel Giménez, nombró ese mismo día al nuevo presidente de Avalmadrid, su viceconsejero Isaac Martín, así como a Rodrigo Tilve, director general de Economía, como vocal en el consejo.

Con anterioridad, el vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, también de Ciudadanos, repetía su intención de “desvincular” a la Comunidad de Avalmadrid e incluso anunció que había iniciado los trámites administrativos para hacerlo. A su juicio, Avalmadrid no sólo es una “marca agotada” sino que además está “manchada por la presunta corrupción”.