Dos hombres armados asaltaron durante la madrugada del domingo al lunes el vehículo en el que viajaban la presidenta de Eulen, María José Álvarez, y su escolta, que llegó a efectuar varios disparos, según han informado a Europa Press fuentes policiales.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 01.50 horas del lunes en la calle José Bastos, en el distrito de Moncloa-Aravaca, cuando el coche en el que iban la empresaria y su escolta fue interceptado por dos vehículos que les cortaron el paso.

Dos personas con armas cortas se bajaron de ellos y el escolta de la empresaria llegó a efectuar disparos. Los atacantes lograron huir del lugar a bordo de sus vehículos.

Como consecuencia del incidente, el escolta privado de la empresaria impactó contra una farola y el vehículo sufrió un impacto en el lateral. Sanitarios del Samur-Protección Civil acudieron al lugar para atender a la presidenta de Eulen debido a que había sufrido un ataque de ansiedad, han indicado a Europa Press fuentes de Emergencias Madrid.

El Ministerio de Trabajo no renovará el acuerdo marco con las agencias privadas de colocación que firmó y prorrogó el anterior Gobierno para encontrar trabajo a los parados, en competencia con los servicios públicos de empleo. Así lo han avanzado a infoLibre fuentes oficiales del departamento dirigido por Magdalena Valerio. El acuerdo, que empezó a funcionar en 2014, llegó a su fin el pasado 16 de junio.

En estos cuatro años, el Gobierno ha pagado a las agencias privadas de colocación un total de 681,7 millones de euros. El triple de lo que ha destinado en ese mismo plazo a mejorar y modernizar las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), 215 millones, según se desprende de las partidas que cada ejercicio han destinado a las agencias privadas los Presupuestos Generales del Estado.

La puesta en marcha de este modelo de colaboración público-privada fue accidentada. Aunque el decreto que regula la actividad de las agencias de colocación se remonta a diciembre de 2010, con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, el acuerdo marco que sustentaba el modelo no se aprobó hasta agosto de 2013. En las comunidades autónomas empezaron a trabajar con los desempleados en 2014, pero las del concurso nacional no se pusieron a ello hasta enero de 2016. La razón fueron los sucesivos recursos interpuestos por las agencias que competían por los contratos, que paralizaron el concurso una y otra vez.

Después, el SEPE ha prorrogado el acuerdo marco dos veces, hasta hoy. Mientras, algunas comunidades autónomas han terminado descolgándose del modelo: Cantabria, Extremadura, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Navarra, La Rioja y Baleares. Cataluña, País Vasco y Andalucía se desentendieron desde el primer momento.

Ya en septiembre de 2017, la Conferencia Sectorial de Empleo, que reúne a las comunidades autónomas, acordó eliminar el desempeño de las agencias privadas de colocación como uno de los indicadores que deciden el reparto de los fondos para las políticas de empleo. Se lo habían pedido a la ministra Báñez 10 comunidades autónomas, a cambio de darle su apoyo a la aprobación del Plan Prepara, que había sido anulado por el Tribunal Constitucional por invadir las competencias autonómicas.

Según explica el ministerio, el planteamiento ahora es “dar más flexibilidad a las comunidades autónomas para que contraten con las agencias que ellas elijan el servicio de colocación de sus desempleados. “En la Conferencia Sectorial se distribuirán fondos para políticas activas de empleo, pero no habrá partidas específicas para agencias privadas de colocación como hasta ahora”, precisan fuentes del departamento.

Este nuevo modelo es del agrado de las pequeñas agencias de colocación. La asociación que las agrupa, ANAC, siempre se ha quejado de que el acuerdo marco estableció un “filtro-embudo” al seleccionar sólo a 80 agencias de las 1.728 autorizadas por el ministerio. Y de ellas, sólo podían operar en una comunidad las que estaban radicadas en ese territorio. De forma que el número de las que han estado funcionando estos años al amparo del acuerdo marco no superan las 40, asegura ANAC. “Nos parece adecuado que se descentralice el sistema y que cada comunidad autónoma elija con qué agencia quiere trabajar, en concurrencia competitiva, como ya está haciendo Castilla-La Mancha, y que no se prime el volumen de facturación, sino el de inserción de trabajadores o con qué experiencia en determinados colectivos cuenta una agencia”, explica su presidenta, Yojana Pavón. De esta forma, añade, las pequeñas agencias tienen alguna posibilidad de competir frente a los gigantes de la gestión de recursos humanos, como Manpower, Adecco, Randstad y Eulen.

Al secretario general de Adecco, Santiago Soler, tampoco le disgusta que se descentralice la colaboración público-privada en materia de inserción laboral. Es más, se queja de las “muchas deficiencias” que poseía el acuerdo marco, “una experiencia muy mejorable”. Soler es muy crítico con los resultados de estos cuatro años: “Tengo una biblia de incidencias”, asegura, en alusión a cómo tuvieron que desarrollar su trabajo. De manera que el resultado, subraya, “ha sido peor del deseado por nosotros, dista mucho de la intermediación que podría haberse realizado aunque, en términos objetivos, ha sido mejor para el ciudadano”. En cualquier caso, dice que no se puede dudar de que sus tasas de intermediación son “superiores” a las conseguidas por los servicios públicos de empleo.

Adecco se hizo cargo de uno de los lotes del segundo contrato, el que incluía a parados con entre tres y seis meses sin empleo. Pero ha desistido de participar en buena parte de los concursos convocados por las comunidades autónomas. “No compartíamos el modelo”, revela Soler. Eso sí, teme que cada comunidad autónoma implante un sistema distinto y terminen reproduciéndose los problemas sufridos hasta ahora. El acuerdo marco, no obstante, “es lo de menos”. “Queremos participar en el diseño del modelo de colaboración público-privada, con acuerdo marco o sin él”, se ofrece, “y compartir nuestro diagnóstico con todos los implicados para corregir el modelo anterior y sentar una bases nuevas”.

El programa electoral del PSOE prometía crear una Agencia Pública de Empleo y Cualificación “para una gestión mejor y más ágil de los recursos del sistema, con la sustitución automática del actual SEPE, y una mayor coordinación con las comunidades autónomas”. A este nuevo organismo le debería corresponder “una verdadera acción pública de colocación, que propicie el encuentro entre las empresas y los trabajadores y trabajadoras”. El argumento que esgrimía el anterior Gobierno para recurrir a las agencias privadas de colocación era el bajo nivel de eficacia de los servicios públicos de empleo, que sólo son capaces de gestionar el 2% de las ofertas de empleo.

A juicio de Santiago Soler, “no es incompatible” que se apueste por reforzar el servicio público y se mantenga la colaboración con las agencias privadas. “Aunque parezca paradójico, estamos de acuerdo en que el SEPE necesita refuerzos en muchas cosas, y una parte de ese refuerzo pueden ser las agencias privadas de colocación”, apunta.

La breve y complicada historia de las agencias privadas

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) suscribió dos contratos con las agencias privadas de colocación. El primero, prorrogado por dos años el 13 de mayo de 2016, fue adjudicado a seis agencias para colocar a los beneficiarios del Plan Prepara en todo el territorio nacional y a los desempleados de Ceuta y Melilla. El segundo se lo concedió a otras cuatro para que encontraran empleo a parados distribuidos según el tiempo que llevaran sin trabajar.

Pero hasta ese momento, el camino estuvo jalonado de tropiezos. Primero fue la lista de las 80 agencias de colocación seleccionadas la que sufrió cambios, entre acusaciones de las grandes ETT y las pequeñas agencias. Después los problemas se repitieron en el concurso convocado por el SEPE para colocar a los beneficiarios del Plan Prepara y a los parados de Ceuta y Melilla. La lista de adjudicatarios sufrió hasta cuatro vuelcos, como consecuencia de los recursos presentados por las empresas que habían sido excluidas.

En un primer momento el SEPE dejó fuera a las empresas de formación que consiguieron liderar el concurso tras hinchar supuestamente su red de oficinas hasta superar en algunos casos el millar de sucursales. Ese número era el criterio determinante para la adjudicación.

Después fueron apeadas las grandes empresas de recursos humanos –Manpower, Eulen y Adecco–, además de las divisiones de formación de Telefónica y la ONCE, que se habían hecho con la concesión provisional. Finalmente, fueron seis empresas dedicadas a la formación las se quedaron con los lotes: Grupo Adalid Inmark el de Galicia, Asturias y Cantabria; la UTE T-Talento, el de la Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares; Master Cum Laude, Aragón y Cataluña; Consultora San Román, Madrid y Castilla-La Mancha; Ibecom 2003, Extremadura, Castilla y León, La Rioja y Navarra, y la Fundación Vértice, Andalucía, Ceuta y Melilla. En total, se les encargó atender a 11.000 parados.

En vista de los problemas acumulados con la primera convocatoria, el SEPE optó por un concurso negociado sin publicidad para adjudicar el segundo contrato. Sólo fueron invitadas cinco empresas, de las 80 preseleccionadas por el SEPE en 2013. Al principio, Empleo convocó a firmas con oficinas en las 17 comunidades autónomas. Pero sólo tres cumplían ese requisito: Eulen, Manpower y la Asociación Salesiana. Así que el ministerio abrió el concurso a empresas con presencia en 16 comunidades, lo que permitió acceder a Adecco y a la Fundación Laboral de la Construcción –integrada por la patronal del sector y los sindicatos UGT y CCOO–, que finalmente declinó presentarse.

A estas tres grandes ETT y a los salesianos, las ganadoras, se les encomendó atender a 30.555 desempleados, divididos según el tiempo que estaban inscritos en el paro: Adecco se encargaba de quienes sólo llevaban de tres a seis meses sin trabajar; Eulen, de quienes hubieran pasado entre seis meses y un año sin empleo; los salesianos, de desempleados con entre uno y dos años de antigüedad en los registros de los servicios públicos, y Manpower, de quienes superaran los dos años.

Las vencedoras de este último concurso ofrecieron rebajas de hasta el 60% sobre las tarifas iniciales establecidas en el acuerdo marco, que ya permitía un descuento del 30%. Los precios originales oscilaban entre los 300 y los 3.000 euros por parado colocado, dependiendo del grado de dificultad de la inserción.

Prórroga con una evolución incompleta

También fue controvertida la evaluación a la que están obligadas a someterse las agencias privadas de colocación. Pese a que legalmente debería haberse elaborado un informe sobre su desempeño y sometido a una comisión de seguimiento, la prórroga del primer contrato se suscribió antes de que esa comisión llegara a constituirse y con un informe que sólo era provisional. El segundo se prolongó cuando la comisión de seguimiento del acuerdo marco no se había reunido aún por segunda vez. El SEPE debería este verano presentar la segunda evaluación del trabajo de las agencias privadas.

De momento, los datos que el SEPE ha facilitado sobre la actuación de las agencias privadas no son detallados. Según constaba en el primer informe, hasta 2016 el SEPE remitió a las agencias los nombres de 189.879 parados –en España aún hay 3,79 millones, según la última EPA–, de los que sólo atendieron a 81.635, el 43%. La gran disparidad entre ambas cifras la explica el organismo público por el hecho de que los datos de que disponía sobre muchos de esos desempleados eran erróneos. Así, por ejemplo, las agencias privadas tuvieron grandes dificultades para localizar a algunos de ellos. En un buen número de casos, el SEPE les envió listados tan poco actualizados que incluían a trabajadores ya jubilados y hasta fallecidos.

De esas 81.635 personas atendidas, sólo 8.051 encontraron un trabajo durante al menos seis meses en un plazo de ocho. Son el 4,2% del listado remitido por el SEPE y el 9,8% de los que fueron atendidos. Estas cifras le sirvieron al SEPE para elogiar el trabajo de las agencias, por cuanto el índice de inserción de las oficinas públicas de empleo no supera el 2%.

En cualquier caso, los porcentajes también eran dispares, según la comunidad autónoma o el contrato. Murcia fue la que mejores resultados obtuvo, con un 25,6% de personas con empleo. En Castilla y León fueron el 10,5%. En los dos contratos firmados por el SEPE para el Plan Prepara, Ceuta y Melilla, y el distribuido según el tiempo que los parados llevan sin trabajar, el grado de éxito ha sido del 13,3%. El organismo no dio más detalles ni desagregó los datos por perfiles de parados, ni dijo qué tipo de empleos se ofertaron.

Sí precisó que las agencias manejaron 65.746 ofertas de empleo, realizaron 84.334 “acciones de información”, sin explicar en qué consistieron; 129.852 acciones de orientación y 16.212 acciones de formación.

Incidencias

Las agencias privadas tenían la obligación de comunicar cualquier tipo de “incidencia” que surgiera con los desempleados a los que atendían. Así, decían que 9.330 parados no comparecieron tras ser llamados, 1.138 rechazaron las acciones de orientación que les propusieron, 106 rechazaron las de formación y 287 rechazaron los puestos de trabajo ofrecidos. Los desempleados están obligados a aceptar una “oferta de empleo adecuada” si no quieren perder la prestación o el subsidio que cobran.

El SEPE considera “oferta de empleo adecuada” la profesión que demanda el desempleado, la que desempeñaba habitualmente u otra que se ajuste a sus aptitudes físicas y formativas. También la última que ejerció si duró al menos tres meses. No obstante, si ha cobrado prestaciones, se entenderá que es adecuada cualquier profesión. Finalmente, la oferta de empleo no podrá suponer un desplazamiento a más de 30 kilómetros de distancia.

En el caso de los programas de ayudas ligados a formación, como el Plan Prepara, los beneficiarios no pueden rechazar los cursos que les ofrecen.

Además, el acuerdo marco permitía a las agencias cobrar un incentivo de hasta el 15% por cada parado a quien descubrieran percibiendo indebidamente la prestación y fuera sancionado por los servicios públicos de empleo. Sin embargo, el informe provisional del SEPE no hacía mención alguna a este tipo de incidencia.

Las empresas de trabajo temporal (ETT) viven un momento dulce. Los contratos de puesta a disposición de trabajadores que ellas gestionan casi se han duplicado desde 2012. Según las estadísticas del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE), en 2017 las ETT firmaron 3,85 millones de contratos, un 90,45% más que cinco años antes. En 2012 la crisis económica hundió el empleo en general y, con él, también el negocio de estas empresas, suministradoras de trabajadores para otras. Con la recuperación económica, las ETT no sólo han superado el bache sino que incluso han disparado sus contratos un 74,5% por encima de los que gestionaban en 2008.

Es decir, los contratos gestionados por las ETT han crecido el doble que el volumen total de contratos temporales, tanto desde antes de la crisis –cuando se disparó un 33,1%– como desde 2012 –un 54,3%–.

Así, su cuota de negocio también ha crecido considerablemente: del 13,3% en 2008 al 18% nueve años después. En España se firmaron en 2017 un total de 21,5 millones de contratos. El 91% de ellos fueron temporales. Como se sabe, España es el segundo país de la UE con mayor tasa de empleo temporal, un 26,1%, sólo superada por Polonia.

Este auge de las ETT se produce pese a que se ha recortado el número de estas empresas, que para operar necesitan una autorización administrativa y están inscritas en el registro correspondiente. En 2017 funcionaban 259, un 12,5% menos de las que había en 2012 y un 28,6% menos de las que existían cuatro años antes. Desde 2008 han desaparecido del sector un total de 104 ETT.

En cambio, no ha dejado de crecer la cifra de trabajadores que pasan por estas empresas. El año pasado fueron 708.613, un 72,5% más que en 2012 y un 7,5% más que antes de la crisis. La mayor parte de ellos son cedidos por las ETT a la industria, un 28,7%. A la hostelería, el comercio y el transporte, un 14% en cada sector. Las empresas suelen recurrir a las ETT para cubrir picos de producción o ventas. De ahí que el 55% de los contratos que gestionan sean temporales por circunstancias de la producción. Los de obra y servicio les siguen por su cuantía, el 43%. De interinidad sólo firmaron un 1,8% y de formación y prácticas, un exiguo 0,09%. También registraron contratos indefinidos, pero sólo un 0,05%.

Además, la mayoría de los trabajadores que emplean son varones, el 60,7%, según los datos de 2017. Y con estudios primarios y secundarios: el 73,5%. Casi dos de cada tres de los puestos que cubren son de peones, tanto en el sector primario como en la industria y los transportes, o de trabajadores no cualificados del sector servicios.

“Somos un sector termómetro de la economía”

“Somos un sector termómetro de la economía”, resume José Costanzo, jefe del gabinete técnico de Asempleo, la patronal que agrupa a las mayores ETT. Si crece la actividad económica, las ETT también aumentan el número de los servicios que prestan a unas empresas con cada vez mayor producción. Lo que no evita que incluso el propio sector se muestre “sorprendido” por la buena marcha del negocio. “En 2015 ya pensamos que estábamos en nuestro mejor momento, pero lo cierto es que no hemos dejado de crecer y, según las cifras de este mismo año, la tendencia al alza va a continuar”, asegura Costanzo. Los contratos gestionados por ETT entre enero y marzo, las últimas cifras que publica el SEPE, muestran un crecimiento del 6,4% respecto al mismo trimestre de 2017. El número de trabajadores, un alza del 8,7%.

Los contratos de menos de siete días deben pagar un recargo del 36% en las cotizaciones a la Seguridad Social. Con la medida se intenta desincentivar este tipo de empleos hiperbreves. “Pero está claro que no funciona”, lamenta Carlos Martín, responsable del gabinete económico de CCOO. A su juicio, a los empresarios les compensa abonar esa penalización, a la que deben añadir la comisión que les cobra la ETT por cederles el trabajador. Costanzo explica que, cuando las empresas necesitan con urgencia un empleado para hacer frente un pico de demanda, acudir a una ETT les supone un “ahorro” si ésta lleva a cabo en su lugar el proceso de selección y le suministra “el candidato idóneo en el menor tiempo posible”.

A su juicio, los cambios en la regulación han tenido menos que ver con el aumento de negocio. Con la llegada del PP al Gobierno, a las ETT se les permitió gestionar contratos de formación y prácticas, también de primer empleo para jóvenes, así como añadir agencias de colocación, actividades de formación y de consultoría de recursos humanos a su actividad. Además, desaparecieron las limitaciones territoriales a su negocio. Desde 2011, las ETT pueden contratar también con las administraciones públicas, un campo que tenían vedado desde que comenzaron a operar, en 1994.

Las ETT deben pagar a ese trabajador el mismo sueldo que para un empleado indefinidoestablece el convenio colectivo de la empresa receptora o de su sector. Sin embargo, al abrigo de la reforma laboral de 2012, que determinó la prevalencia del convenio de empresa sobre el sectorial, han nacido multitud decompañías multiservicios, que también ceden trabajadores a otras, pero con un convenio propio de salarios muy inferiores a los de éstas. Algunas de ellas han sido creadas incluso por ETT: Adecco, Eulen, Randstad, Ilunion, Grupo Norte y Constant, por ejemplo, tienen sus propias divisiones o filiales multiservicios. El papel de las ETT, argumenta el economista de CCOO, es “razonable”, pues proporcionan trabajadores para picos de producción, por ejemplo, y lo hacen “de una forma que está perfectamente regulada sin aumentar la temporalidad estructural”. En cambio, las empresas multiservicios son “competencia desleal”, apunta. Pese a que al menos una cincuentena de convenios de estas firmas han sido impugnados en los tribunales, se trata de un sector en apogeo. Y polémico: las camareras de piso, las kellys, lo han puesto en el centro de atención de los medios de comunicación y de los políticos por las condiciones abusivas en que las obligan a trabajar.

Contratos ultrabreves al alza

“No somos un buen medidor de los efectos de la reforma laboral”, replica el responsable de Asempleo, quien también desliga a su sector del abuso endémico de los contratos temporales en España. “Nuestra temporalidad siempre está justificada, nuestros contratos siempre tienen una causa”, recalca. De hecho, las ETT españolas sólo gestionan el 18% de los contratos temporales, muy por debajo del 90% que pasa por las manos de las ETT francesas, apunta Costanzo. En Francia la tasa de temporalidad es del 16,7%, casi 10 puntos porcentuales menos que en España.

Además, las ETT presumen de que uno de cada tres de sus trabajadores terminan con un contrato indefinido en la empresa a la que han sido cedidos. Carlos Martín, por su parte, culpa a las empresas multiservicios de la proliferación de los contratos ultrabreves de menos de siete días, antes que a las ETT. Aun así, el 37% de los que firman éstas duran menos de una semana, de acuerdo con los datos del SEPE relativos a 2016, los últimos publicados. De los llamados de obra y servicio –cuya duración es indeterminada, se alarga tanto como esa obra o servicio–, gestionan otro 39%. “El 90% dura menos de un año”, reconoce José Costanzo.

Las empresas españolas no han dejado de abusar del empleo temporal desde 1986, pero en los últimos años, además, han crecido aún más los contratos de menor duración. En 2017, se registraron 5,57 millones de contratos de menos de siete días, el 26%, y un 37,8% los que duraron menos de un mes. En 2012, los de menos de una semana eran el 22,2% y los de menos de un mes, el 36,4%. En 2008, con la actividad económica aún en expansión, los contratos por debajo de siete días eran sólo 16,6 millones, un 16,3%, y los que no llegaban a un mes, el 14%. Es decir, en la última década los de menos de un mes se han duplicado y los de menos de una semana se han disparado un 59%.

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TARC) ha suspendido el plazo de presentación de ofertas para el concurso que debe adjudicar los servicios de vigilancia privada de los aeropuertos españoles. El sindicato USO presentó un recurso especial el pasado 25 de enero y AENA está ahora “rectificando” los pliegos del concurso tras haber “detectado la necesidad de modificarlos”, según publicó este miércoles el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El gestor aeroportuario ha reconocido a infoLibre que el plazo de presentación de ofertas, que inicialmente debía cerrarse este viernes, queda suspendido hasta que se pronuncie el TARC, que depende del Ministerio de Hacienda, sobre el recurso presentado por USO. El macrocontrato, por importe de 359,46 millones de euros, debe servir proveer de vigilantes privados a los 27 aeropuertos de mayor tráfico de AENA durante los dos próximos años. El gestor también ha abierto otro concurso, de 10,86 millones de euros, para los 20 aeropuertos de menos de 400.000 pasajeros.

Ambos contratos se licitaron el pasado diciembre, poco después de que los ministerios de Fomento y Empleo firmaran con la patronal y los sindicatos de la seguridad privada un acuerdo para garantizar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales en las empresas estatales de transporte. La huelga de los vigilantes de Eulen el pasado mes de agosto en el aeropuerto de El Prat había destapado el recorte salarial que sufrían por culpa de las adjudicaciones a la baja de AENA y sentó a la mesa de negociación a todos los actores implicados.

Ese acuerdo obliga a las empresas dependientes de Fomento –aunque la intención de las partes es extenderlo a toda la Administración pública– a elaborar “presupuestos adecuados” al licitar los servicios de seguridad privada y a adjudicarlos puntuando el criterio de calidad con “al menos el 51%” de la nota final. En concreto, el pacto obliga a incluir en los pliegos de los concursos una serie de cautelas: incumplir las condiciones salariales o no pagar los sueldos será motivo para resolver el contrato con el adjudicatario; éste debe enviar cada mes un certificado de que ha abonado tanto las nóminas como las cotizaciones a la Seguridad Social; la obligación de respetar el convenio colectivo del sector debe establecerse como “condición especial de ejecución” del contrato, y el adjudicatario debe informar al organismo contratante sobre las condiciones de los contratos de sus trabajadores.

Sin embargo, el sindicato USO alega en su recurso que los pliegos del concurso de AENA “sorprendentemente” no incluyen algunas de estas medidas. Y reclama que en ellos se introduzca “expresamente” la obligación para el adjudicatario de cumplir el convenio colectivo sectorial, pues “ése es el espíritu literal”, asegura, “de la nueva Ley de Contratos del Sector Público”. Aprobada el pasado noviembre, la norma entrará en vigor en marzo y obliga a las empresas candidatas a respetar las condiciones salariales del convenio sectorial.

Omisiones en los pliegos

AENA replica que el acuerdo “sí está incluido”, aunque “en general a lo largo de todo el pliego de la licitación, donde se recogen las especificaciones” del documento firmado en noviembre. “Entre otros asuntos, se tienen en cuenta los nuevos pluses para vigilantes vinculados al desarrollo de determinadas actividades”, asegura. “Lo que ha hecho AENA es calcular el coste de los pluses y aumentar el precio global de la licitación, pero no hay referencia explícita a esos complementos”, rebate a la empresa el secretario general de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de USO, Basilio Flebes. El sindicato teme que empresas que no están integradas en la patronal del sector, Aproser, se nieguen a pagar unos pluses que no aparecen como tales ni en los pliegos ni en el convenio colectivo sectorial. Se trata del plus de aeropuerto, de radioscopia, de filtro y el variable ligado al cumplimiento de objetivos. Los tres primeros suponen unos 330 euros mensuales. El cuarto es un porcentaje de la remuneración variable que recibirá el adjudicatario. “La manera de consolidarlos es que se incluyan en los pliegos del concurso”, subraya Febles.

USO advierte de que AENA también ha omitido el último de los plus citados, el variable ligado a objetivos, pese a que el acuerdo de noviembre obliga a incluir “un compromiso de creación” de este complemento salarial en los pliegos. Basilio Febles explica que ni se fija su cantidad ni se establece una fórmula para calcularlo.

En su recurso, el sindicato pide, además, que se elimine la subasta electrónica, que consideran un “procedimiento de puja eminentemente económica, a cuyo mejor postor se le atribuye la adjudicación”. “Una forma de bajar el precio”, resume Basilio Flebes, “por lo que al final nos encontraremos con el mismo problema que queríamos solucionar”. Que el único “componente disuasorio” sea el precio, prescindiendo de otros “de especial relevancia”, queda “muy lejos del espíritu de la directiva europea y la nueva Ley de Contratos Públicos, que pretende dar una ponderación importante a otros criterios sociales y de calidad”, critica. El sindicato solicitó este mismo miércoles una entrevista con el director de Seguridad de AENA para que explique los cambios que se van a introducir en los pliegos.

En cualquier caso, no será la primera modificación. El gestor aeroportuario ya tuvo que cambiar las cláusulas particulares del concurso el pasado 3 de enero para incluir “el mínimo de calidad técnica”, que en un principio no figuraba y ahora se ha fijado en un 70% de la nota final.

Competencia desleal, impago de nóminas

El acuerdo firmado por el Gobierno con la patronal y los sindicatos el pasado 21 de noviembre pretende evitar que consigan contratos públicos empresas que, amparadas en sus propios convenios colectivos, pagan salarios por debajo del convenio sectorial. Una posibilidad permitida desde 2012, cuando la reforma laboral concedió prioridad de aplicación a los convenios de empresa en esta y otras materias. Con sueldos hasta un 40% inferiores a los fijados para el sector, estas empresas logran adjudicaciones en las que prima siempre el criterio del precio más bajo.

Debido a los recortes en el gasto público, la licitación de contratos a la baja ha sido la tónica durante los últimos años. Los rivales de estas firmas low cost les acusan de competencia desleal y los sindicatos, de explotar a los trabajadores pagando sueldos de 800 euros. En muchos casos, además, las plantillas están teniendo problemas para cobrar sus exiguas nóminas. Es lo que les ocurrió a los vigilantes del Ministerio de Defensa –Marsegur– y están sufriendo ahora los vigilantes del Metro de Madrid y de las instituciones que guarda Seguridad Integral Canaria en el archipiélago, o de la Tesorería de la Seguridad Social en Jaén, a cargo de Sinergias de Vigilancia y Seguridad.

José Manuel Vargas presentó este martes su dimisión cinco años después de acceder a la presidencia de AENA y apenas mes y medio después de que la huelga de los vigilantes privados del aeropuerto de El Pratla huelga de los vigilantes privados del aeropuerto de El Prat dirigiera la atención del país hacia la empresa semipública. Vargas se va cuando acaba de desactivarse otra huelga, previsiblemente mucho más seria –25 días–, a la que fueron convocados por CCOO, UGT y USO, en la estela de los guardias de Eulen, los 8.500 trabajadores del gestor aeroportuario para protestar por la devaluación de sus salarios.

El ejecutivo, de 47 años y procedente del grupo Vocento, editor del Abc, entró en AENA a la llegada del PP al Gobierno, en 2012, y con la vista puesta en ordenar la empresa para privatizarla. Una idea que ya había puesto sobre la mesa el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero al crear en 2011 la sociedad mercantil AENA Aeropuertos. De ahí que su primera medida de calado fue el que pudo haber sido el mayor Expediente de Regulación de Empleo (ERE) ejecutado en una empresa pública. Pensado para un máximo de 1.600 trabajadores, se cerró en enero de 2013 con la baja voluntaria de 1.260 personas.

Entonces AENA perdía 220 millones de euros y tenía una deuda de 12.313 millones. El ERE formaba parte del Plan de Eficiencia Aeroportuaria, que la ministra de Fomento, Ana Pastor, presentó en junio de 2012 e incluía la reducción de la actividad en los aeropuertos deficitarios con menos de medio millón de pasajeros, con el objetivo de recortar sus pérdidas a la mitad.

Dos años después, el Consejo de Ministros aprobó la privatización del 49% del capital de AENA –en principio se llegó a pensar en el 60%–. De esta forma, el Estado, a través de empresa pública Enaire, mantiene la mayoría del capital social, y por tanto el control, de la empresa. Salió a Bolsa el 11 de febrero de 2015, a 58 euros la acción. Antes de que el valor cayera un 2,3% este martes tras el anuncio de la dimisión de Vargas, los títulos de AENA cotizaban a casi 155 euros. Hasta la huelga de los vigilantes de Eulen el pasado agosto, llegaron a 166 euros. Es decir, casi han triplicado su valor.

En 2015 entraron en el capital de la empresa el fondo de capital riesgo británico The Children Investment Fund Management (TCI), que posee un 11,3%; HSBC Holdings, con un 5,2%; Deutsche Bank, que tiene el 4,4%; Bank of America, que cuenta con un 3,9%; Morgan Stanley –3,6%– y el fondo Fidelity –1,3%–. Si se hace el cálculo con la acción a 166 euros, el fondo TIC ha obtenido en este tiempo una plusvalía de 1.080 millones de eurosuna plusvalía de 1.080 millones de euros. Una cifra a la que deben añadirse los 75 millones en concepto de dividendos –la compañía ha repartido dos hasta ahora– que le corresponden. La capitalización bursátil de AENA ronda los 25.000 millones de euros, lo que la convierte en la séptima compañía del ÍBEX 35.

Ya en 2013 Vargas devolvió a los números negros a AENA, que al año siguiente ganó 479 millones de euros. En 2015 aumentó sus beneficios un 74% y el ejercicio pasado alcanzó los 1.164 millones de euros. El mismo lustre lucen sus cifras de pasajeros, con un récord de 244,8 millones en 2016. Al ser preguntado por la dimisión del máximo ejecutivo de AENA, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, alabó su “gran gestión”, que a su juicio ha convertido al gestor aeroportuario en “una de las mejores empresas del sector público”.

Pero lo cierto es que no todo era tan idílico en AENA. Por un lado, los sindicatos clamaban contra un presidente que “únicamente se preocupa por los resultados económicos” y por beneficiar a los fondos de inversión, dejando de lado el servicio público y olvidando a sus trabajadores, como denunciaba CSI-F. Según sus cálculos, los trabajadores de la compañía han perdido un 8% de poder adquisitivo desde el comienzo de la crisis y un 2,8% desde 2013, el primer año en que volvió a tener beneficios. Además, echan en falta al menos 700 empleados para cubrir las necesidades de personal. De ahí la convocatoria de huelga si no se les subía el sueldo un 1% anual y se les hacía partícipes de la buena marcha de la empresa con una paga lineal vinculada a los beneficios.

Fuga del control público

Por otro lado, la pugna entre los intereses de los propietarios privados y los condicionantes de la gestión pública ha sido la constante de los últimos tres años de José Manuel Vargas al frente de AENA. El presidente de la empresa encabezaba la presión ante el Gobierno para que se ampliara la participación privada en el capital social. Con el 51% en manos del Estado, AENA sigue sometida a las reglas de funcionamiento de cualquier otra empresa estatal, desde los sueldos de sus directivos hasta la necesidad de que las decisiones capitales tengan que ser aprobadas por el Consejo de Ministros. Pero si escapara de ese control, AENA quedaría libre para moverse como cualquier otra empresa privada, lanzándose, por ejemplo, a la expansión internacional.

Así, AENA se negó a rebajar las tasas aeroportuarias como quería el Gobierno, una disputa que no se cerró hasta este verano. También se quejaba públicamente José Manuel Vargas de que su sueldo, y el de sus ejecutivos, quedara limitado por ley como en el resto del sector público estatal. En una de sus primeras medidas de austeridad, el Gobierno del PP topó los salarios de los altos cargos públicos. En el caso de las empresas estatales, no pueden superar los 105.000 euros en su parte fija y otro tanto en su parte variable. Vargas ganaba 166.000 euros anuales en 2016, lo que convierte su sueldo en el más bajo de todo el ÍBEX 35. Aun así, más que duplica el del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Pero donde mejor quedó retratada la tensión entre Vargas y el Ejecutivo fue en el intento del primero por lanzar una contraopa para hacerse con Abertis. Una compañía italiana, Atlantia, presentó una OPA para hacerse con la gestora de autopistas catalana. Y la operación le interesaba al mayor inversor privado de AENA, el fondo TCI. Pero el Gobierno la rechazó de plano el pasado mes de julio. La gestora de autopistas acumula una deuda de 15.000 millones de euros, lo que habría engordado a su vez el endeudamiento de AENA. Además, Abertis pleitea en los tribunales con el Estado por diferentes concesiones, entre ellas la de la autopista AP-7, por la que le reclama 1.495 millones de euros.

Ausente en la huelga, opaco en sueldos y contratos

Y en esto llegó la huelga de los vigilantes de El Prat. En pleno agosto, cuando la afluencia de turistas alcanza sus máximos del año. AENA, amparándose en que la responsabilidad sobre los trabajadores era únicamente de la concesionaria del servicio, la empresa Eulen, no apareció durante todo el conflicto. La ausencia de José Manuel Vargas fue suplida por el propio ministro de Fomento, que fue quien dio explicaciones públicas y terminó recurriendo a la Guardia Civil para sustituir a los huelguistas en los puestos de control del aeropuerto. Quizá el aún presidente de AENA –su dimisión no será efectiva hasta el próximo 15 de octubre– ya se encontraba en retirada: De la Serna se ha apresurado a revelar que Vargas le había planteado, nada más tomar posesión en el ministerio, en noviembre de 2016, que quería dejar la presidencia de AENA “por motivos personales”. Y que fue el pasado junio cuando ambos acordaron su salida.

El caso es que tanto el PSOE como la CSI-F no han cesado de pedir la dimisión de José Manuel Vargas por el “pelotazo” que dieron los fondos de inversión al privatizarse AENA, mientras los contratos con los concesionarios –limpieza, información, seguridad privada– se recortaban tanto que dejaban los salarios de los trabajadores subcontratados bajo mínimos, y los de la plantilla de la empresa permanecían congelados. Según el sindicato, las arcas públicas han perdido 7.791 millones al vender su 49% en 2014, ya que sólo ingresó entonces 4.263 millones y ahora ese porcentaje vale en Bolsa 12.054 millones de euros.

Los grandes números avalan la gestión de José Manuel Vargas en AENA, una empresa que, en cualquier caso, opera en régimen de monopolio: es decir, puede imponer sus condiciones tanto a clientes como a proveedores. Pero no salvan otros puntos oscuros. Como la opacidad sobre los salarios que cobran sus ejecutivos –que el Gobierno ha sustraído al control de las Cortes–, o los 75 contratos sin concurso por más de 300 millones de euros que convocó en pleno agosto de 2016. Sólo ese mes licitó más de una tercera parte de su volumen de contratación anual. Y lo hizo mediante un procedimiento en teoría excepcional: el negociado. Entre ellos, las adjudicaciones más sustanciosas, como los servicios de seguridad de sus mayores aeropuertos, por importe de 101 millones de euros.

Nuevo revés judicial para una empresa de seguridad low cost. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha condenado a Sinergias de Vigilancia y Seguridad a pagar a los 63 vigilantes destinados en la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor (ARRMI) de la Comunidad de Madrid y en sus centros los salarios fijados en el convenio estatal del sector y, por tanto, a dejar de aplicar el convenio de la propia empresa.

La sentencia tiene fecha del pasado 5 de junio. Un mes más tarde, la Audiencia Nacional anuló el convenio de Sinergias de Vigilancia y Seguridad por haber sido negociado de forma ilegal: utilizando unos pocos delegados de personal de un puñado de centros de trabajo que firmaron un texto que la empresa aplica a toda su plantilla repartida por España. Ese convenio, pactado en junio de 2015, tiene una vigencia inusual: 10 años. Y condiciones laborales y salariales que los sindicatos no se han cansado de denunciar. Sinergias paga un 40% menos que las empresas acogidas al convenio estatal. Su salario base es de sólo 660 euros mensuales brutos, por 901,93 euros el del convenio del sector. Como plus de nocturnidad paga seis céntimos la hora, 18 veces menos. En total, el salario bruto de un vigilante de seguridad de esta empresa se sitúa entre 9.660 y 11.299 euros brutos al año como máximo.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirma una sentencia anterior del Juzgado de lo Social número 30, instada por una demanda de conflicto colectivo que interpuso CCOO, y recurrida por la empresa. Sinergias de Vigilancia y Seguridad se hizo con el contrato de la Comunidad de Madrid, antes en manos de CIS Compañía Integral de Seguridad, que sí aplicaba el convenio del sector. El 31 de diciembre de 2015 envió a los 63 vigilantes una carta en la que les anunciaba que, a partir de esa fecha, sus condiciones laborales serían las del convenio de la empresa, inferiores a las del convenio sectorial.

El TSJM dictamina que Sinergias de Vigilancia y Seguridad está obligada a “respetar al trabajador todos los derechos laborales que tuviese reconocidos en su anterior empresa, incluida la antigüedad”, tal y como establece el artículo 14 del convenio colectivo del sector. También se apoya en la doctrina del Tribunal de Justicia de la UE para dejar claro que la sustitución de un convenio por otro “no puede determinar la reducción, inmediata y por una decisión empresarial unilateral, de los derechos salariales” de los trabajadores. Permitirlo equivaldría a “dar carta de naturaleza a un empeoramiento de las condiciones de trabajo, que se habría producido exclusivamente como consecuencia del hecho mismo de la transmisión”.

Los jueces se apoyan también en una sentencia de la Audiencia Nacional que anuló la bajada salarial sufrida por los trabajadores de Banco Mare Nostrum que fueron subrogados por Energía Web SAU, una filial de Accenture, en 2014. Se les bajó el sueldo hasta un 35%, se les aumentó la jornada anual, les fueron recortados los días de vacaciones y se quedaron sin plan de pensiones. Igualmente acuden a cuatro sentencias del Tribunal Supremo que anularon las rebajas salariales aplicadas a los vigilantes de Eulen que fueron subrogados por Ombuds Compañía de Seguridad en junio de 2012.

Lista de reveses judiciales

Este fallo se une al del Tribunal Supremo que declaró nulo el descuelgue salarial que Seguridad Integral Canaria intentó aplicar a su plantilla en 2015, y a los de la Audiencia Nacional que han tumbado dos convenios consecutivos de Marsegur. La empresa ha recurrido las sentencias ante el Supremo, por lo que sigue sin pagar a sus trabajadores los sueldos del convenio sectorial. Otros juzgados y tribunales también han dado la razón a los trabajadores de estas empresas cuando han reclamado el pago de los salarios que cobraban antes de que las low cost se hicieran con los servicios públicos que prestaban.

Tanto Seguridad Integral Canaria como Sinergias de Vigilancia y Seguridad y Marsegur pertenecen a la misma patronal, Acosepri, integrada únicamente por mercantiles relacionadas con Miguel Ángel Ramírez: las citadas y Power SIC, perteneciente a Ralons, el grupo de cabecera del empresario canario. En Sinergias figuró hasta agosto de 2016 como apoderado el padre del empresario, Francisco Segundo Ramírez Méndez, y aparece como administradora Alicia Rosa Pérez Sánchez, quien a su vez es apoderada de Marsegur. Además, Gladys Jesús Acosta García, otra apoderada de Marsegur, es la administradora única de MAR Asesores y Consultores, de la que también fue administrador único Miguel Ángel Ramírez. Todas ellas están domiciliadas en Las Palmas.

Casi 3,8 millones de euros en poco más de un mes

Este lunes patronal, sindicatos y representantes de los ministerios de Empleo, Fomento e Interior han celebrado la primera reunión del grupo de trabajo que debe solucionar los problemas del sector de la seguridad privada puestos de manifiesto con la huelga de Eulen en el aeropuerto de El Prat este verano.

Los sindicatos reclaman que las medidas se hagan extensivas a todos los guardias jurados, no sólo a los que vigilan instalaciones de Fomento. Uno de los ejes de las negociaciones será la necesidad de cambios en las normas de contratación pública para garantizar que las empresas cumplen el convenio estatal del sector. Mientras, las low cost siguen ganando concursos de las administraciones. Sólo en agosto y lo que ha transcurrido de septiembre, Marsegur ha sumado concesiones públicas por importe de 2,37 millones de euros. Los adjudicatarios son el Principado de Asturias, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el Ministerio de Economía y Hacienda y la Comunidad de Madrid. Sinergias de Vigilancia y Seguridad ha conseguido 1,4 millones de euros en contratos públicos, del Ministerio de Empleo y del Servicio Canario de Empleo.

Seguridad Integral Canaria, por su parte, anunció hace escasas semanas que abandona la vigilancia presencial y se centrará en el transporte de fondos y los sistemas de alarmas. Su intención es ceder los contratos de vigilancia, tanto públicos como privados, que posee antes de acabar el mes de octubre. Los sindicatos vigilan que no los traspase a sus dos marcas blancas, Sinergias y Marsegur, o a otras empresas que no respetan el convenio del sector.

Los vigilantes de Marsegur asignados a las instalaciones del Ministerio de Defensa en Madrid, Toledo, Guadalajara, Cantabria, Lugo y Aragón llevan desde mayo trabajando sin armas por irregularidades en la documentación y el depósito de los revólveres. Marsegur, una de las empresas low cost de seguridad denunciadas por pagar salarios por debajo del convenio sectorial, acumula por este motivo, y otros, hasta 170 actas de infracción del propio ministerio, según denuncia el sindicato USO, que va a poner las irregularidades en conocimiento del Ministerio del Interior a través de la Unidad Central de Seguridad Privada.

Marsegur comenzó a prestar servicio el pasado mes de mayo en las instalaciones que el Ministerio de Defensa posee en toda España, desde oficinas y hospitales militares hasta acuartelamientos y polvorines. Se hizo con un macrocontrato por importe de 16 millones de euros y un año de duración que hasta ese momento ejecutaba Seguridad Integral Canaria, propiedad del empresario canario Miguel Ángel Ramírez. Y desde el primer momento de la transición se han sucedido los problemas. Seguridad Integral Canaria no ha pagado a los trabajadores, unos 500, la última nómina ni el finiquito. Esos vigilantes han sido subrogados y siguen prestando el mismo servicio, pero para Marsegur, que paga sueldos un 30% por debajo del resto del sector, aplicando un convenio de empresa que ha sido anulado por la Audiencia Nacional.

Según explica USO, Defensa dio a Marsegur un mes de plazo para poner en regla la documentación sobre las armas que deben portar los vigilantes de buena parte de estas instalaciones. El plazo fue prorrogado otro mes más, pero la empresa, continúa el sindicato, sigue aún hoy sin poner al día los papeles y los armeros, donde los revólveres deben quedar depositados una vez que el vigilante acaba su turno. En algunos casos, la Guardia Civil, responsable de vigilar el cumplimiento de las normas sobre las armas, se las ha retirado a los vigilantes.

Los revólveres cuentan con una guía de pertenencia, que documenta quién es el propietario y está expedida a nombre de la empresa. En el caso de Defensa, muchas de estas armas siguen aún a nombre de Seguridad Integral Canaria. Cuando no se utilizan, los revólveres y la munición quedan depositados en sus correspondientes armeros, que deben reunir unas determinadas condiciones de seguridad. Según USO, la Guardia Civil ha cerrado también algunos de estos depósitos. Además, Marsegur ha contratado a vigilantes sin licencia de armas, que por tanto no pueden prestar el servicio por el que el ministerio está pagando a la empresa –los trabajadores cobran un plus si tienen este permiso–.

Soldados para sustituir vigilantes privados

Ésta es la situación en el aeródromo de Las Rozas (Lugo), el Museo del Ejército en Toledo, los acuartelamientos Capitán Arenas de Guadalajara y de Santoña (Cantabria), así como el Gobierno militar de Barcelona, entre otras instalaciones. El sindicato recuerda que el país se encuentra en alerta antiterrorista de nivel cuatro. Y que en muchos casos se está prestando un servicio sin armas que por ley es obligatorio que se preste armado. Las instalaciones estratégicas de Defensa, como el propio ministerio o los cuarteles generales, son custodiadas por personal militar.

Al cierre de esta información, el Ministerio de Defensa no ha contestado a las preguntas de infoLibre sobre Marsegur. El director general de la empresa, Antonio Redondo, dice no estar al tanto las 170 actas de infracción levantadas por Defensa –“Eso lo lleva el departamento jurídico”– y asegura que en el traspaso del contrato sólo se han producido “los problemas naturales cuando una empresa se hace cargo de un servicio de esa envergadura”. “Todo está regularizado”, zanja.

USO también denuncia otras irregularidades. Por ejemplo, Defensa ha suplido con soldados bajas que Marsegur no ha podido cubrir por falta de vigilantes. “Todos son incumplimientos del pliego del concurso, por lo que la empresa debería ser sancionada e incluso se le debería rescindir el contrato”, resaltan fuentes del sindicato.

Los vigilantes se movilizan

Los vigilantes privados han sido convocados este jueves por USO a manifestarse en toda España en protesta contra las empresas low cost y para presionar en la negociación del convenio colectivo del sector. La reunión para reanudar las conversaciones, prevista para el pasado martes, fue suspendida a la espera de que se constituya el próximo día 11 el grupo de trabajo sobre seguridad privada pactado por Fomento con los sindicatos y la patronal tras la huelga de los vigilantes de Eulen en el aeropuerto de El Prat.

Además, en Canarias, tanto USO como el resto de los sindicatos, desde UGT, CCOO y CSI-F hasta los minoritarios, han llamado a la huelga a los trabajadores de las empresas de Miguel Ángel Ramírez, polémico empresario condenado por el Tribunal Supremo, indultado por el Gobierno del PP y denunciado por los sindicatos por los bajos salarios que paga a sus trabajadores. La Delegación del Gobierno de Canarias ha impuesto a los vigilantes unos servicios mínimos que el comité de huelga ha condenado por abusivos. Excepto en Correos y en los centros públicos, con un 50%, el resto de los servicios son del 100% de la plantilla.

La huelga ha sido convocada tanto en Seguridad Integral Canaria como en Marsegur y Sinergias de Vigilancia y Seguridad, también vinculadas a Miguel Ángel Ramírez. Aunque él niega cualquier relación con estas dos últimas, en Sinergias figuró como apoderado hasta agosto de 2016 su padre, Francisco Segundo Ramírez Méndez, y su administradora hasta 2015, Alicia Rosa Pérez Sánchez, es apoderada de Marsegur. Ambas empresas están domiciliadas en Las Palmas y son miembros de Acosepri, una patronal integrada también por Seguridad Integral Canaria y PowerSIC, empresa igualmente del Grupo Ralons, propiedad de Miguel Ángel Ramírez.

Ramírez sólo quiere blindados y alarmas

Hace una semana el empresario canario anunció que abandona los servicios de vigilancia privada para concentrarse en los de transportes de fondos y sistemas de alarmas. Su plan es ceder los contratos de este tipo, tanto públicos como privados, a otras empresas antes del 1 de octubre. Y quedarse con 1.000 de sus 4.000 vigilantes. Muchos de ellos llevan meses sufriendo problemas para cobrar sus nóminas. Es lo que ha pasado con los vigilantes del Metro de Madrid, que llegaron a convocar paros en protesta por el retraso en el pago de sus sueldos. Lo mismo ha ocurrido con los trabajadores del grupo Ralons –el grupo de servicios propiedad de Miguel Ángel Ramírez– en Canarias o de Adif en Andalucía. Según fuentes sindicales, la empresa no garantiza a los trabajadores el pago de las nóminas en plazo, sólo dependiendo de que tengan liquidez.

Los sindicatos vigilan ahora el traspaso de esos contratos de vigilancia, pues temen que las empresas beneficiarias sean las marcas blancas de Ramírez, Marsegur y Sinergias. En Seguridad Integral Canaria, el empresario intentó aplicar un descuelgue de las tablas salariales del convenio sectorial, que fue anulado por el Tribunal Supremo. El motivo fue el mismo por que la Audiencia Nacional ha declarado nulos los convenios de Marsegur y Sinergias: fueron negociados de forma irregular, sentando a la mesa sólo a un puñado de delegados de personal –normalmente mandos intermedios de la empresa– que no representaban a toda la plantilla y a todos los centros de trabajo. Por consiguiente, en Seguridad Integral Ramírez paga los salarios del convenio. En las otras dos, apenas superan los 800 euros al mes.

El comité de huelga de los trabajadores de Eulen en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat denunció ante la sala tercera del Tribunal Supremo (TS) el laudo arbitral por considerarlo "inconstitucional" y convocó a los empleados a una asamblea este lunes, en la que previsiblemente se desconvocará la huelga prevista para el viernes 8 de septiembre y se decidirán posibles futuras actuaciones, informa Europa Press.

El abogado del comité de huelga, Leopoldo García Quinteiro, indicó este sábado en rueda de prensa que la denuncia se interpuso el lunes 28 de agosto y valoró que el Consejo de Ministros impuso un laudo forzoso que calificó de inconstitucional, ya que el conflicto "no cumple con los requisitos que la ley recoge para aplicar un laudo arbitral".

Así, aseguró que "algunas de las circunstancias que habilitarían el laudo son falsas", como por ejemplo que hubiese una huelga solapada, y también apuntó que esta medida arbitral se fundamenta en aspectos, a su juicio, ineficientes e inexistentes, como que la marca España se ve afectada por la huelga.

Tanto el abogado como el asesor del comité de huelga de Eulen, Juan Carlos Giménez, destacaron la precarización y las condiciones de los trabajadores, que describieron como "insufribles", ya que no se les permite ir al servicio o ir a comer durante los turnos de trabajo, lo que provoca infecciones y desmayos, aseguraron.

En cuanto al contenido del laudo, el abogado del comité de huelga acusó al árbitro designado por el Gobierno, Marcos Peña, de copiar la propuesta de la empresa sin tener en cuenta las de los trabajadores, y mencionó que la posición de la Generalitat era errónea, puesto que se situó como árbitro y eso "no le correspondía en absoluto".

Asimismo, García Quinteiro recordó que hubo cuatro reuniones en las que no sólo la empresa mejoró su propuesta, sino que los trabajadores también rebajaron sus pretensiones, por lo que sentenció que "no había evidencia de que hubiera un estancamiento total de la negociación", uno de los motivos por los que se opta por encontrar una solución mediante el laudo arbitral.

"Falsa" subida salarial

Respecto a la subida salarial de 200 euros que propone el laudo, el abogado de los trabajadores apuntó que no hay una motivación que justifique esa cifra y no otra, mientras que el Giménez aseguró que se trataría de una subida "falsa", puesto que los trabajadores ya contaban con un plus de 100 euros, a los que se sumarían otros 100 para cumplir con lo que recoge el laudo arbitral.

Ambos apuntaron que el problema se dilatará en el tiempo, ya que en 2018 Aena puede licitar el servicio de los controladores con otra empresa, a la que no se le aplicaría la resolución del laudo arbitral, lo que supondría que volverían a partir de las condiciones previas a la huelga, las negociaciones y el laudo.

Giménez se remitió a la asamblea de trabajadores, que se celebrará este lunes, donde decidirán si asumen lo dictado por el laudo, que recordó que es de obligado cumplimiento, y explicó el martes también habrá una reunión en la Conselleria de Trabajo de la Generalitat.

Por último, el asesor de los trabajadores de Eulen hizo un llamamiento a todos los vigilantes de seguridad de España para que "se apunten a luchar por sus derechos", ya que los salarios de los mismos son míseros, en palabras de Giménez.

El laudo del presidente del Consejo Económico y Social (CES), Marcos Peña, árbitro designado por el Gobiernopara poner fin al conflicto laboral entre Eulen y sus trabajadores en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat, establece que la empresa deberá pagar un complemento de 200 euros en 12 mensualidades a los trabajadores de los filtros de seguridad en el control de pasajeros. Repite así el resultado de la mediación ejercida por la Generalitat, que el escrito de Peña alaba por su “rigor técnico y ponderación en equidad”. Hay que recordar que los vigilantes rechazaron en su momento la cuantía fijada por los mediadores del Gobierno catalán.

El presidente del CES también deja sin efecto las sanciones impuestas a los trabajadores y ordena el cierre de los expedientes abiertos con motivo de la huelga que los vigilantes de El Prat llevaron a cabo durante este mes de agosto, en protesta por el recorte de sus sueldos y el exceso de carga de trabajo desde que Eulen sustituyó a Prosegur en el servicio subcontratado con AENA.

Marcos Peña ha entregado este jueves a los representantes de la compañía y al comité de huelga el laudo de obligado cumplimiento para las partes. Los trabajadores no harán una valoración del laudo hasta el próximo sábado, pero cuando el Gobierno anunció que recurría a un arbitraje obligatorio avanzaron que cumplirían el laudo al tiempo que lo denunciarían en los tribunales. Además, el pasado domingo convocaron nuevos paros a partir del 8 de septiembre en protesta por las sanciones y despidos disciplinarios de Eulen durante la huelga. Ahora, esas medidas disciplinarias han quedado anuladas.

El laudo también dispone que se aumente la plantilla, con cinco trabajadores –uno más que ahora– por filtro de seguridad durante la temporada alta –desde el 31 de marzo hasta el 30 de octubre, así como en Navidad, Semana Santa, el puente de la Constitución y el Mobile World Congress– y 25 vigilantes de refuerzo en las franjas de máxima afluencia y horas punta. Durante la temporada baja también deberán garantizarse los descansos de la plantilla. Y nunca podrá haber más de 50 vigilantes de vacaciones por mes.

Complementos absorbidos

Marcos Peña fija los efectos retroactivos de su laudo en el pasado 4 de agosto, cuando se celebró la mediación de la Generalitat, al tiempo que delimita sus efectos a futuro. En consecuencia, deja en manos de la negociación colectiva sectorial la evolución de la cuantía de los 200 euros de complemento salarial –si se sube según lo haga el IPC, por ejemplo–, también su cálculo para las pagas extraordinarias. Sí precisa que ese complemento absorbe los anteriores complementos de puestos de trabajo y de puesto de trabajo de AENA, a diferencia de lo establecido por los mediadores de la Generalitat.

En cambio, el laudo asume la mediación catalana en lo que al plus y la formación en radioscopia se refiere. El primero será fijado por los tribunales, ante los que presentaron una demanda los trabajadores. Y la empresa deberá formar a los vigilantes en la segunda.

Además, Eulen tendrá que actualizar la evaluación de riesgos laborales de los puestos que en El Prat se ejecuten en los filtros de pasajeros, especialmente “los relacionados con la protección de la maternidad y el embarazo”. Y los resultados de ese análisis deberá aplicarlos en la organización del trabajo. Ésta era precisamente una de las quejas de los vigilantes: los riesgos para la salud de las mujeres de los equipos de rayos X.

Otra de las obligaciones que deberá cumplir la empresa es la creación de un canal de comunicación con la plantilla “para consultas y peticiones”, a través del correo electrónico, que tendrá que contestar en un plazo de 72 horas. Igualmente, deberá “dar cumplimiento estricto” al artículo del convenio sectorial contra el abuso de autoridad de los jefes.

Finalmente, Eulen tendrá que elaborar un cuadrante de horarios para permitir la conciliación de la vida laboral y familiar.

Equidad, no razonamientos jurídicos

Marcos Peña comienza su escrito dejando claro que su laudo no tiene por objeto “solucionar un conflicto jurídico, sino un conflicto de intereses o de regulación”. Por eso, asegura, “debe fundamentarse en la equidad y no en razonamientos jurídicos”. Según destaca, además, el laudo “ocupa el lugar de un acuerdo colectivo”, por lo que debe insertarse “en la dinámica normal de aplicación del convenio del sector”. Pero aún se desconoce cómo ha sido recibido el texto por las partes.

Tras recibir el documento, el director general de Eulen, Emilio García, adelantó que la empresa “lo acatará y lo pondrá en marcha”. Por su parte, el asesor del comité de huelga de Eulen, Juan Carlos Giménez, se ha remitido a la rueda de prensa que los vigilantes han convocado para el sábado y a la asamblea que celebrarán el lunes. Entonces considerarán si el laudo es “suficiente” o no soluciona aspectos que deben tratarse con la empresa, informa Europa Press.

Mariano Rajoy había convocado para el miércoles 16 de agosto un Consejo de Ministros extraordinario (obsérvese el oxímoron que ya supone la organización anticipada de una reunión supuestamente “extraordinaria”) en previsión de que la Mesa del Parlament iniciara la tramitación de la ley del referéndum, para recurrirla de inmediato ante el Tribunal Constitucional. A falta de esa iniciativa, aplazada por los independentistas hasta ocasión más propicia a sus intereses (o menos arriesgada judicialmente para sus dirigentes), el Gobierno aprovechó la cita para tomar otra decisión “extraordinaria”: decretar que fuera un árbitro o mediador quien resolviera el conflicto de El Prat por la huelga de los vigilantes de Eulen, empresa adjudicataria de los servicios de seguridad en el aeropuerto barcelonés, donde ya no hay enormes colas ante los arcos metálicos de filtro de pasajeros tras la imposición por el Gobierno de servicios mínimos del 90% y la sustitución de los huelguistas por guardias civiles. El "árbitro" nombrado por el Gobierno, Marcos Peña (presidente del Consejo Económico y Social), deberá tener listo este mismo miércoles un laudo que los sindicatos ya han advertido que denunciarán en los tribunales.

Todo eso ocurrió en vísperas de los atentados de Barcelona, hace menos de dos semanas, aunque la gravedad de los mismos y la intensidad con la que vivimos cada minuto de los hechos y las reacciones posteriores instalen la sensación colectiva de que hace siglos de "lo de El Prat". Observado desde la simplicidad con la que conviene analizar las decisiones guiadas por la eficacia política, el conflicto de El Prat era una golosina veraniega para cualquier Gobierno: los seguratas de una empresa privada fastidian las vacaciones a miles de ciudadanos con el fin de presionar para lograr mejoras salariales. Una vez producido el grado suficiente de “alarma social” o encabronamiento colectivo, acude entonces el Gobierno con su porra en forma de guardia civil y de laudo obligatorio para garantizar la tranquilidad de los sufridos pasajeros-ciudadanos-votantes.

El inconveniente político principal del uso de la porra es que debe tener carácter realmente “extraordinario” para no volverse contraproducente. El Gobierno lo sabe, y ante la firme posibilidad de que los conflictos laborales a imitación de El Prat se sucedan, declaró ese mismo miércoles su disposición a crear un “grupo de trabajo” que aborde las condiciones del sector de la seguridad privada en las diferentes contrataciones con la Administración (no sólo aeropuertos sino todo tipo de edificios que albergan servicios públicos). Ya se sabe que anunciar la creación de un “grupo de trabajo” equivale a soltar un patadón a la pelota o problema lo más lejos posible en el espacio temporal, es decir hasta más allá de la fecha en que sea posible recoger los frutos electorales del uso previo (y extraordinario) de la porra. Los vigilantes privados de El Prat, que habían suspendido los paros a los pocos minutos de los atentados, votaron este domingo una nueva huelga a partir del 8 de septiembre, y los sindicatos del gestor aeroportuario público-privado Aena tienen anunciada también  su intención de ir a la huelga a partir del 15 de septiembre y durante todo el otoño-invierno en las fechas más complejas para el tráfico de pasajeros. El Gobierno sabe que si se dedica a tirar de la porra cada dos semanas llegará un momento en que será considerado, con razón, inútil para la resolución razonable de los problemas o para anticiparse a los mismos.

Lo que esconde el conflicto de El Prat

En realidad al fondo del conflicto de El Prat asoman dos cuestiones graves y muy significativas de lo que ha sido la gestión política de la crisis económica y lo que está siendo la presunta y desigual “recuperación”. Por un lado, las reivindicaciones de los empleados de Eulen son perfectamente legítimas: su salario medio se ha recortado desde 2012 casi un 12%, se han eliminado pluses de antigüedad y los nuevos contratos suponen un sueldo que no llega a los 900 euros mensuales. Mientras tanto, como hemos contado en infoLibre, los sueldos de los administradores de la sociedad que gestiona esos filtros de pasajeros en 21 aeropuertos crecían un 20%, y la empresa declaraba constantemente pérdidas pese a ingresar entre 2012 y 2016 casi 926 millones de euros. De modo que los seguratas de Eulen (que no son los vigilantes que peores condiciones laborales sufren) vienen a simbolizar lo que ha ocurrido con millones de trabajadores de todos los sectoresno son los vigilantes que peores condiciones laborales sufren, que han visto disminuir sus rentas de forma contundente, al tiempo que las de sus máximos ejecutivos aumentaban. Además, los procesos de privatización de empresas públicas o de externalización de servicios públicos han significado una precarización clara de las condiciones laborales sin aportar tampoco una mejora de la calidad de esos servicios. (Podrían citarse decenas de ejemplos, uno de los más sonoros el de las empresas adjudicatarias de los servicios de limpieza de las calles de Madrid y la recogida de basuras, cuyo deterioro galopante llevó a una huelga en tiempos de Ana Botella que desveló los recortes y el exclusivo negocio de las sociedades beneficiadas).

Por otro lado, el conflicto de El Prat deja en evidencia los tics autoritarios de la legislación vigente sobre el derecho a la huelga, como apuntaba nuestra compañera Elena Herrera tras contrastar los datos con expertos en materia laboral. Esa legislación se basa en un decreto de 1977, preconstitucional, que ha sido reinterpretado en fallos posteriores pero que sigue otorgando al Ejecutivo un estatus de juez y parte en asuntos capitales como la capacidad de determinar qué actividad es esencial para la ciudadanía, qué porcentaje de servicios mínimos fija o la utilización a capricho del arbitraje obligatorio. El Tribunal Supremo ha anulado los laudos obligatorios impuestos por el Gobierno en casos como huelgas de pilotos de Iberia o de empleados de gasolineras, pero lo ha hecho con años de retraso, de modo que esas decisiones son papel mojado, como denuncian con razón los sindicatos. El propio Comité Europeo de Derechos Sociales y los tribunales de justicia de la Unión Europea han denunciado y sentenciado reiteradamente los incumplimientos del Estado español en materia de derechos laborales. (Puede leerse aquí un detallado informe de Belén Cardona sobre los atropellos a la Carta Social Europea o aquí un análisis de Luz Rodríguez sobre la absoluta precariedad en la contratación por las administraciones públicas).

Lo que asoma por tanto al fondo del conflicto de El Prat es la consecuencia de unas políticas austericidas y privatizadoras que han precarizado las condiciones laborales de los trabajadores y deteriorado los servicios públicos. El recurso a la porra administrativa por parte del Gobierno demuestra una vez más las enormes lagunas en la protección de derechos fundamentales como el de huelga, que queda anulado de facto por las decisiones que puede tomar la autoridad competente, por ilegales que se demuestren demasiado tarde.

Entre las muchas y graves consecuencias del proceso independentista en Cataluña, algún día habrá que analizar su descarada utilización (en Cataluña y en Madrid) para desviar los focos de asuntos tan trascendentes como la precarización generalizada tras la crisis o el progresivo debilitamiento de los derechos sociales y laborales. Esos sí que son fenómenos de carácter “extraordinario” que amenazan con convertirse en crónicos.

Este domingo los vigilantes privados del aeropuerto de El Prat votaron a favor de una nueva huelga a partir del 8 de septiembre en protesta por las sanciones que la empresa Eulen les ha impuesto por incumplir los servicios mínimos durante los paros de principios de agosto. El próximo día 30, el presidente del Consejo Económico y Social (CES), Marcos Peña, deberá tener listo el laudo arbitral sobre el conflicto que mantiene Eulen con sus trabajadores del aeropuerto barcelonés, que reclaman una subida salarial de 250 euros mensuales en 15 pagas. Los sindicatos ya han advertido de que denunciarán el laudo en los tribunales, cuyo carácter obligatorio rechazan. Ocho días más tarde, los trabajadores de otra empresa del sector, Seguridad Integral Canaria, están llamados a la huelga en protesta por su “cese de actividad”“cese de actividad” anunciado el pasado miércoles y por el reiterado retraso en el pago de sus nóminas. En septiembre también serán convocados a parar los más de 500 empleados de Marsegur, una firma tachada de “pirata” por los sindicatos, que vigilan las instalaciones del Ministerio de Defensa en toda España.

El comienzo del curso se prevé, pues, agitado en el sector de la seguridad privada, que además reanudará ahora la negociación del convenio colectivo estatal, donde los sindicatos pelean por subir salarios y la patronal quiere eliminar la antigüedad y recortar las bajas laborales.

La temperatura del conflicto dependerá en buena parte de la mesa de diálogo en la que los Ministerios de Interior, Fomento y Empleo discutirán con las organizaciones empresariales y sindicales cómo mejorar las condiciones laborales de los vigilantes privados en los aeropuertos. “Si en la mesa no hay voluntad de solucionar los problemas, el otoño será caliente”, advierte Basilio Febles Armas, secretario general de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de USO. “Vamos a intentar que no lo sea”, replica Ángel Córdoba, presidente de la principal patronal del sector, Aproser, “si nos dejan solucionar los temas en la mesa y tenemos el apoyo del Gobierno…”.

Esa mesa de diálogo deber servir para encontrar “una solución global”, no sólo para los servicios privatizados de los aeropuertos, apunta por su parte Diego Giráldez, responsable de Seguridad Privada de UGT. El resultado debe valer y extenderse a todas las administraciones públicas. “Si la mesa se convierte en un brindis al sol, trasladaremos el conflicto a la calle”, añade, “para conseguir un nuevo modelo de seguridad privada, para luchar contra la nefasta política de contratación pública y para combatir el retroceso salarial que pretende la patronal en el convenio”.

Salarios precarios en las subcontratas públicas

La huelga de los vigilantes de Eulen en El Prat ha llevado a las primeras páginas los sueldos de los guardias privados en España. Aunque no son precisamente los empleados de este grupo de multiservicios, uno de los mayores del país, quienes tienen peores condiciones laborales. Eulen les aplica el convenio estatal, al igual que el resto de las otras nueve grandes empresas pertenecientes a la patronal Aproser. Sin embargo, el 96,4% de las 1.534 empresas habilitadas por las administraciones son firmas con menos de 500 trabajadores. USO calcula que el 17% de los trabajadores del sector –13.155 personas– están empleados en empresas que no aplican el convenio estatal. Son conocidos los casos de Marsegur y Sinergias de Vigilancia y Seguridad, ambas vinculadas con el empresario canario Miguel Ángel Ramírez. Pero hay muchos más. Un total de 19 empresas tienen sus propios convenios, con salarios hasta un 40% inferiores al marco estatal. Entre ellas, cabe citar Seguriber, la firma de la expresidenta del Círculo de Empresarios, Mónica Oriol. Otras 11 han firmado descuelgues del convenio sectorial –no aplican determinadas cláusulas, básicamente las salariales– y seis más lo “incumplen reiteradamente”, indica USO, sin haber negociado descuelgue alguno.  

El convenio de Sinergias establece un salario base de sólo 660 euros mensuales brutos, un 27% inferior al establecido en el convenio del sector. Además, sólo paga de plus de nocturnidad seis céntimos la hora, 18 veces menos que las empresas acogidas al marco estatal. En total, el salario bruto de un vigilante de seguridad de esta empresa se sitúa entre 9.660 y 11.299 euros brutos al año.

En Marsegur el sueldo base alcanza los 726 euros mensuales y el tope bruto anual, los 10.768 euros, un 32% por debajo del convenio sectorial. El plus de nocturnidad, 10 céntimos la hora, es 11 veces inferior al fijado en el marco estatal.

Con estos salarios mínimos las empresas ganan con facilidad los concursos de las administraciones públicas, abocadas por el imperativo de recortar el déficit a bajar los presupuestos de licitación y primar el precio sobre el resto de los criterios para adjudicar los contratos. Así, la patronal Aproser asegura que sólo el 20% de su facturación procede de concesiones públicas. Ése es, por el contrario, el terreno en que mejor se mueven estas empresas medianas y menos escrupulosas con los gastos de personal. Cuando el 85% de los costes de un servicio corresponden a los salarios y cargas sociales de la plantilla, como ocurre con la vigilancia privada, una rebaja salarial concede a estas empresas una ventaja insuperable en las mesas de contratación. Aproser asegura que el 50% de los contratos de seguridad privada en el sector público se los llevan firmas que no cumplen el convenio estatal. “Por debajo de 16 euros la hora, las empresas de Aproser no concursan porque no les sale rentable”, explica Basilio Febles. En muchas licitaciones de la Comunidad de Madrid, Marsegur y Sinergias han ofrecido sólo 13 euros la hora, asegura.

Algunas administraciones –como el Ayuntamiento de Madrid– han introducido “cláusulas sociales” en los pliegos de sus concursos, y otras –como la Junta de Castilla-La Mancha– han rescindido contratos porque la empresa no aplicaba las tablas salariales del convenio sectorial. Pero, para los sindicatos y la patronal, esos gestos no bastan y exigen un cambio en las normas de contratación pública que conceda mayor peso a los criterios sociales y de calidad del servicio en la nota final de las adjudicaciones. “La economía va mucho mejor ahora, no tiene sentido seguir primando el precio”, resalta Ángel Córdoba.

Sin acuerdo en la negociación del convenio

Según las cifras que aporta Aproser, en España trabajan 78.200 vigilantes privados, de los que el 82% cuentan con contratos indefinidos. Aunque no cambian de puesto de trabajo, sí lo hacen de empresa cada pocos años, cada vez que su servicio sale a concurso y gana un nuevo adjudicatario. El empleo es fijo, por tanto, pero sus condiciones no, y pueden empeorar, como les ha ocurrido a los vigilantes de El Prat: pasaron de cobrar 1.300 euros al mes con Prosegur a 1.100 con Eulen, que además redujo personal y aumentó la carga de trabajo de quienes continuaron. O a los vigilantes del Ministerio de Defensa, que en mayo cambiaron de Seguridad Integral Canaria a Marsegur. Cobraron con retraso la última nómina, no se les abonó la liquidación de la primera empresa y la segunda les ha recortado un 30% el salario.

Pero aun respetando el convenio estatal, los sueldos no son para lanzar cohetes. La líder del sector en España, Prosegur, es la empresa cotizada con el salario medio más bajo: 15.716 euros anuales. Por debajo de Inditex, que paga una media de 23.575 euros al año a su enorme plantilla de dependientas.

“Llevamos ocho años con los sueldos congelados, así que ahora toca revisarlos”, expone Rafael Saldaña, secretario general del Sindicato Libre de Seguridad (SLS), una de las organizaciones minoritarias del sector que no participa en la negociación del convenio. Aunque la patronal no se niega a subir sueldos, precisa que quiere vincular cualquier alza a la productividad. Por eso reclama la congelación de la antigüedad y el recorte en la cobertura por incapacidad temporal, apoyada en el aumento del absentismo. “Son temas sagrados para nosotros”, se opone Rafael Saldaña, “la antigüedad es el único concepto de la nómina que se consolida”.

En su momento los sindicatos pidieron un aumento salarial del 3%. Ahora, si el Gobierno accede a cambiar las normas de contratación pública, el verdadero caballo de batalla del sector, están dispuestos a aceptar un convenio con “subidas razonables”, concede Basilio Febles. Ángel Córdoba contrapone el hecho de que el 50% de las empresas del sector tiene pérdidas y que la facturación, aunque ha crecido en 2015 y 2016, en este último año el alza es “inferior al aumento del PIB [un 3,2%]” y aún no ha recuperado las cifras de 2007. En 2015 el volumen de negocio ascendió a 3.481 millones de euros.

Una patronal contra los convenios de empresa

Los detalles se discuten pero el convenio sectorial se ha convertido en un blindaje que defienden a capa y espada tanto sindicatos como patronal. De hecho, Aproser pide que se cambie la reforma laboral de 2012 para eliminar la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los sectoriales, precisamente una de las banderas de la política desarrollada por el Gobierno del PP. “Es una medida que ya no tiene sentido; en el sector servicios, donde el principal coste son las nóminas, sólo origina competencia desleal”, protesta Ángel Córdoba.

La Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo han anulado ya un buen número de estos convenios de empresa, no por su contenido –precarias condiciones para los trabajadores–, sino porque fueron negociados de forma ilegal. Es el caso de los convenios de Viriato, Ariete y de las citadas Marsegur y Sinergias de Vigilancia y Seguridad, donde el empresario negoció sólo con los delegados de personal de unos pocos centros de trabajo las condiciones de toda la plantilla. Además, esos delegados suelen ser mandos intermedios de la empresa, y la negociación, simulada: en un par de días se aceptaban y firmaban las leoninas condiciones ofertadas por la empresa. Pero, aun habiendo sido anulados por los tribunales, y pese a que esas sentencias son inmediatamente ejecutivas –según dicta la ley–, las empresas continúan aplicando los convenios. Y las administraciones, adjudicándoles contratos, lamentan los sindicatos.

Otro foco de atención de los sindicatos este otoño va a ser Seguridad Integral Canaria. La empresa de Miguel Ángel Ramírez abandona los servicios con vigilantes porque dice que no le salen rentables y va a centrarse en el transporte de fondos y los sistemas de alarmas, según acaba de anunciar. Por eso, va a desprenderse de la mitad de sus casi 3.000 trabajadores, que pasarán a otras empresas. “Vamos a vigilar a cuáles y en qué condiciones”, adelanta el dirigente de USO, para que no ceda los contratos a sus “marcas blancas” o a otras compañías que no aplican el convenio sectorial, pero también por si se produce algún “ilícito penal”: que la nueva prestadora del servicio cobre lo mismo de la administración que la anterior, pero pague un 30% menos a la plantilla y aumente en el mismo porcentaje su beneficio. Aunque Diego Giráldez teme que el de Seguridad Integral Canaria se sume a los abandonos de Esabe, Segur Ibérica, LPM o Sequor, que en los últimos años fueron liquidadas y sus trabajadores, despedidos. “Curiosamente, estas empresas eran de las que más contratos públicos tenían”, deja caer el responsable de UGT.

Transporte de fondos, más vigilancia privada

El transporte de fondos es uno de los puntos cuya regulación puede cambiar en el reglamento de la Ley de Seguridad Privada, que lleva ya tres años elaborando el Gobierno. Con la ley, tanto patronal como sindicatos se declaran satisfechos, pero el único borrador del reglamento que ha circulado hasta ahora levanta suspicacias. Los empresarios hablan de inseguridad jurídica y los representantes de los trabajadores temen que se liberalice el transporte de dinero, permitiendo a otros operadores ajenos al sector, como las empresas de mensajería, entrar en el mercado. Tampoco están de acuerdo en que se relajen los controles sobre el depósito de armas o que se recorten las horas de formación de las plantillas.

Por el contrario, piden más campo de acción para la seguridad privada. Frente a quienes critican que los guardias jurados hayan sustituido a los guardias civiles en los controles de los aeropuertos o se dediquen desde tiempos recientes a vigilar el perímetro exterior de las cárceles, empresas y trabajadores creen que aún les quedan espacios adicionales por cubrir. “Estamos capacitados”, interviene Basilio Febles, “para vigilar en espacios abiertos, en el exterior de centros comerciales, por ejemplo. “En el resto de los países de Europa, los vigilantes privados tienen muchas más competencias que en España, y funcionan bien”, destaca Diego Giráldez. Según los datos de Aproser, en España la ratio es de un vigilante por cada 594 habitantes, mientras que en el resto de la UE es de uno por cada 264. “Es decir, que habría que duplicar el número de guardias privados para equipararnos”, invita el presidente de la patronal.

Los trabajadores de seguridad de Eulen en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat volverán a la huelga el viernes 8 de septiembre para protestar por las sanciones que la empresa aplicó a algunos empleados por, supuestamente, haber incumplido los servicios mínimos, informa Europa Press.

Lo anunció el asesor del comité de huelga, Juan Carlos Giménez, en declaraciones a los medios tras la asamblea que los trabajadores celebraron en El Prat de Llobregat (Barcelona) este domingo, en la que participaron 115 y unánimemente todos votado a favor de convocar la protesta.

Los paros serán todos los viernes desde las 10.30 hasta las 11.30 horas y también entre las 18.30 y las 19.30 horas, pero podrían ampliarse, advirtió Giménez.

Después de haber fijado unos servicios mínimos del 90% y de haber sustituido a los huelguistas por guardias civiles, el Consejo de Ministros se reunió el 17 de este mes de forma extraordinaria para poner en marcha el mecanismo excepcional que fuerza un "arbitraje obligatorio"en la negociación entre los empleados y Eulen, la compañía a la que la empresa semipública Aena adjudicó este servicio por 23,1 millones de euros a partir del 1 de junio de 2016 y con una duración de dos años. El árbitro –que será designado por el Gobierno en el caso de que no haya acuerdo entre las partes– será quien en última instancia determine si mejoran o no las condiciones de los empleados y de qué manera. 

Por su parte, el comité de huelga de Eulen aseguró que no propondría ningún árbitro para el laudo de obligatorio cumplimiento y remarcó que denunciará este procedimiento tras calificarlo de "ilegal".

La huelga general empezó el pasado lunes 14 después de que la asamblea de trabajadores de seguridad rechazase la propuesta salida de la mediación de la Generalitat entre representantes de los empleados, la empresa y Aena para poner fin al conflicto laboral. Los huelguistas interrumpieron su protesta tras los atentados en Barcelona y Cambrils. 

Seguridad Integral Canaria ha planteado un cese de actividad como solución a los 7,2 millones de euros en números rojos que dice sufrir. La empresa de Miguel Ángel Ramírez, conocido por su política salarial low cost y por sus múltiples problemas judiciales, ha sido una de las principales adjudicatarias de contratos públicos en los últimos años. Unos servicios que ahora pretende ceder a otras empresas, con la promesa de que sus trabajadores serán subrogados por los nuevos concesionarios y no perderán sus empleos. Sólo en lo que va de año, ha conseguido contratos por importe de 4,37 millones de euros, con un considerable aumento respecto a 2016 pero muy por debajo de la que sumó en 2015: 15,65 millones, según los datos publicados en la Plataforma de Contratación del Estado.

Entre sus principales adjudicadores figuran los ministerios de Defensa y Empleo, pero también grandes corporaciones públicas como ADIF –2,04 millones– y RTVE o el Metro de Madrid. Además de las innumerables adjudicaciones del Gobierno canario –1,1 millones de la Consejería de Empleo– y otras entidades de las islas.

Ahora, esos departamentos públicos deberán autorizar el cambio de empresa y firmar un contrato de urgencia con otra para cubrir el servicio mientras convoca un nuevo concurso y formaliza la adjudicación, explican fuentes sindicales.

Según explicó a los sindicatos este martes el administrador de Seguridad Integral Canaria, los pagos de las administraciones por esos servicios no permiten a la empresa cubrir los costes de personal, los salarios de los vigilantes, por lo que ha decidido prescindir de esa área de trabajo. No sólo porque con la crisis y los recortes presupuestarios han caído los precios de licitación de estos contratos, sino porque, además, las administraciones “pagan tarde y mal”. Cuando Seguridad Integral Canaria apareció en la lista de morosos de Hacienda el pasado junio, con una deuda de 2,9 millones de euros, la empresa se apresuró a replicar que las administraciones le debían a ella 16 millones.

Ramírez se queja de los elevados costes de personal pese a que él ha sido el adalid de los salarios low cost en el sector. El Tribunal Supremo anuló en 2015 el descuelgue del convenio sectorial que Ramírez intentó aplicar a los trabajadores de Seguridad Integral, un recorte salarial de hasta 400 euros mensuales. Hasta ese momento, la empresa se había ahorrado seis millones de euros gracias a esa rebaja de sueldos. Así que desde la decisión judicial, Seguridad Integral Canaria debe pagar a su plantilla los salarios establecidos en ese convenio estatal.

Al empresario canario, también presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, se encuentran vinculadas otras dos empresas, Sinergias de Vigilancia y Seguridad y Marsegur, ambas tildadas de piratas por los sindicatos. En la primera figuró hasta agosto de 2016 como apoderado el padre del empresario, Francisco Segundo Ramírez Méndez, y su administradora hasta 2015, Alicia Rosa Pérez Sánchez, es apoderada de Marsegur. Ambas empresas están domiciliadas en Las Palmas. Las dos pagan sueldos inferiores al convenio del sector hasta en un 40% en virtud de unos convenios que han sido anulados por los tribunales –fueron negociados con el mismo sistema ilegal con que se firmó el descuelgue salarial de Seguridad Integral–. Pese a ello, los ha seguido aplicando a los trabajadores que prestan sus servicios a las administraciones públicas, sin que éstas hayan reaccionado. Sólo la huelga de los vigilantes de Eulen –que sí aplica el convenio sectorial– en el aeropuerto de El Prat ha activado una respuesta oficial, y tardía. Desde el principio, AENA se desentendió de las condiciones laborales de estos trabajadores –es una plantilla ajena– y los ministerios responsables sólo han intervenido después alarmados por el daño al turismo que infligían las largas colas de viajeros ante los controles de seguridad.

Marsegur y Sinergias de Vigilancia

Pues bien, mientras Seguridad Integral Canaria iba reduciendo su volumen de adjudicaciones, Marsegur y Sinergias de Vigilancia y Seguridad sumaban, sólo en 2016, un total de 22,12 millones de euros en contratos públicos, según consta en la Plataforma de Contratación del Estado. En esa cifra no se incluyen los otorgados por los gobiernos autonómicos, principalmente de Madrid y Canarias. De los 22,12 millones de euros citados, 16 millones corresponden al macrocontrato para vigilar las instalaciones del Ministerio de Defensa en toda España, que fue adjudicado el pasado 30 de diciembre. Curiosamente, este mismo servicio lo prestaba hasta ahora la empresa de bandera de Miguel Ángel Ramírez, Seguridad Integral Canaria.

Descontado ese concurso, la mitad de las adjudicaciones conseguidas por estas dos empresas llevan la firma del Ministerio de Empleo. Casi tres millones de euros. Los vigilantes de seguridad del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) y de los Centros de Acogida a Refugiados (CAR) de Alcobendas y Vallecas (Madrid), Mislata (Valencia) y Sevilla son de Sinergias, mientras que los del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y el Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) en Madrid, la Tesorería de la Seguridad Social en Las Palmas y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en Tenerife los pone Marsegur.

Para cerrar estas adjudicaciones a ambas compañías no ha sido óbice que el propio Ministerio de Empleo fuera quien demandara a Marsegur ante la Audiencia Nacional pidiendo la anulación de su convenio colectivo. O que esta empresa pague a sus vigilantes un sueldo base de sólo 726 euros mensuales con un tope bruto anual de 10.768 euros, un 32% por debajo del convenio sectorial. O un plus de nocturnidad de 10 céntimos la hora, 11 veces inferior al fijado en el convenio estatal.

El favorito de Defensa

Cuando el macrocontrato con Seguridad Integral Canaria para vigilar las instalaciones de Defensa en toda España llegaba a su fin, el ministerio volvió a sacar a concurso el servicio. Pero la adjudicación a Marsegur fue recurrida por otra de las empresas concursantes. Mientras se resolvía la impugnación, Defensa necesitaba que se siguiera cubriendo la vigilancia, por lo que adjudicó a dedo 100 contratos menores –por importe inferior a 18.000 euros– a Seguridad Integral Canaria. En total, el departamento que encabeza María Dolores de Cospedal le pagó a Miguel Ángel Ramírez 1,32 millones de euros por estos contratos en sólo cuatro meses.

Para que los contratos no superaran los 18.000 euros que marca la ley, Defensa los fraccionó por quincenas o incluso por semanas, también por servicios dentro de una misma instalación –un hospital militar, por ejemplo–. La mayoría de ellos tiene un importe de 17.458 euros. Incluso en algún servicio el contrato se valoró exactamente en 17.999,99 euros.

El caso es que, una vez concluido el macrocontrato, Seguridad Integral Canaria se demoró en el pago de la última nómina a los 500 vigilantes que tenía destinados a Defensa y no ha pagado sus finiquitos. Una práctica, el retraso en el abono de los sueldos, que se extiende al resto de los servicios que presta la empresa. Los trabajadores asignados al Metro de Madrid, los de Adif en Andalucía o los que asignados a distintos organismos públicos de Canarias han convocado huelgas para pedir el pago de sus nóminas de julio, que aún no les han sido ingresadas en sus cuentas.

Pero a partir de ahora los empleados de Seguridad Integral deberán estar pendientes, además, de si son subrogados o no. La empresa se comprometió este martes a pagarles los sueldos adeudados, pero nada ha garantizado sobre el futuro de sus puestos de trabajo. Los contratos que Seguridad Integral tiene con otras empresas privadas puede cederlos a sus otras dos empresas, Marsegur y Sinergias, explican fuentes sindicales, o bien venderlos a otras firmas del sector interesadas. Los contratos públicos, en cambio, pueden incluir cláusulas que prohíban la subrogación, añaden. Si tanto unos como otros son liquidados, los vigilantes afectados se quedarán en la calle. En cualquier caso, las administraciones públicas que concedieron a Seguridad Integral Canaria contratos tan suculentos tendrán ahora que abrir nuevas licitaciones para cubrir los servicios que Miguel Ángel Ramírez dice no ser capaz de atender.

El administrador de Seguridad Integral Canaria, Héctor Jesús de Armas ha anunciado a los representantes de los trabajadores del cese de actividad de la firma, propiedad del empresario canario Miguel Ángel Ramírez. Condenado por el Tribunal Supremo, luego indultado por el Gobierno, Ramírez apareció como donante del PP en la contabilidad del partido y se ha convertido en la bestia negra de los trabajadores de la vigilancia privada por los bajos salarios que paga. Pese a que no aplica el convenio estatal del sector, es uno de los principales adjudicatarios de contratos de seguridad para las administraciones públicas.adjudicatarios de contratos de seguridad

Según ha comunicado el comité de empresa de Tenerife a la plantilla en una nota a la que ha tenido acceso infoLibre, los contratos que mantiene con compañías privadas serán “liquidados, vendidos o cedidos” el 1 de septiembre y los públicos, el 1 de octubre. El administrador de Seguridad Integral Canaria se ha comprometido ante los representantes sindicales a “pagar a los trabajadores, proveedores y bancos”. Según ha informado el sindicato USO, Héctor de Armas explicó al comité que la empresa debe 7,2 millones de euros, de los cuales la mitad corresponden a la compra de la sede de la firma en Las Rozas (Madrid) y el resto a reclamaciones de cantidades que debe atender por sentencias judiciales a favor de sus trabajadores. Además, ha indicado que antes del 30 de octubre pretende haber “traspasado todos los servicios, tanto públicos como privados” a otras empresas. Alternativa Sindical habla de la “venta de unidades productivas de la empresa a terceros” e incluso de un posible concurso de acreedores.

Según las fuentes consultadas por este periódico, De Armas adelantó al comité que la dirección de la empresa quiere “redirigirla”, “cambiando de estrategia”. “En España hay 1.500 empresas de seguridad, pero sólo cuatro se dedican al transporte de fondos [en camiones blindados] y nosotros somos una de ellas”, detalló el administrador. Así, la intención de Seguridad Integral es “profundizar en ese sector en la Península y prescindir del área de vigilancia como fuente de ingresos”. Héctor de Armas destacó que los pagos en los concursos no permiten a la empresa cubrir los costes de que suponen los vigilantes. Sobre todo, porque las administraciones “pagan tarde y mal”, dijo. “Por eso vamos a ceder los contratos de vigilancia a otras empresas”, concluyó.

Por su parte, un portavoz de Seguridad Integral Canaria ha negado a este periódico que la empresa vaya a cerrar o entrar en concurso de acreedores. “En los últimos meses sus responsables han reflexionado sobre la situación del sector de la seguridad en España y sobre la situación de la empresa, y este miércoles se reunirán para tomar decisiones que garanticen su viabilidad”, explicó.

Un cese de actividad no es lo mismo que la extinción de una sociedad. En el primer caso, la empresa suspende temporalmente la actividad pero mantiene su personalidad jurídica y debe seguir elaborando la contabilidad, legalizar los  libros y depositar las cuentas en el Registro Mercantil. También tiene que continuar pagando el Impuesto de Sociedades. Sin embargo, no puede emitir facturas y debe despedir a la plantilla.

Impagos y retraso de cobro de nóminas

La plantilla de Seguridad Integral Canaria en toda España alcanza los 4.000 trabajadores. Muchos de ellos llevan meses sufriendo problemas para cobrar sus nóminas. Es lo que ha pasado con los vigilantes del Metro de Madrid, que llegaron a convocar paros en protesta por el retraso en el pago de sus sueldos. Lo mismo ha ocurrido con los trabajadores del grupo Ralons –el grupo de servicios propiedad de Miguel Ángel Ramírez– en Canarias, que no han cobrado aún la nómina de julio o de Adif en Andalucía. De hecho, la reunión en Tenerife se celebró tras reclamarla la presidenta del comité de empresa, para pedir explicaciones sobre la falta de abono a día 21 de agosto de los sueldos de julio.

Seguridad Integral Canaria tampoco ha abonado los finiquitos a los 500 trabajadores que vigilaban hasta el pasado mayo las instalaciones del Ministerio de Defensa en toda España. El contrato, en cualquier caso, lo ejecuta desde esa fecha otra de las empresas vinculadas a Ramírez, Marsegur.

Seguridad Integral Canaria apareció también en la lista de morosos que Hacienda publicó el pasado junio, con una deuda de 2,9 millones de euros. Entonces, Ramírez aseguró que había pagado ya esa cantidad y culpaba a las administraciones de sus problemas de liquidez: cifraba en 16 millones de euros el dinero que éstas le debían por los servicios que les presta.

Por el contrario, los sindicatos denuncian que Ramírez lleva tiempo “vaciando” Seguridad Integral Canaria y traspasando el negocio a sus marcas blancas, Marsegur y Sinergias de Vigilancia y Seguridad. La Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo han anulado los convenios colectivos de ambas empresas, que fueron negociados de forma ilegal y establecen salarios hasta un 40% por debajo del convenio estatal. Si los vigilantes de Eulen en el aeropuerto de El Prat cobran 1.000 euros al mes, los de estas dos empresas no llegan a los 800.

El comité de huelga de Eulen aseguró este jueves que no propondrá ningún árbitro para el laudo de obligatorio cumplimiento que inició el Gobierno central, y remarcó que denunciará este procedimiento tras calificarlo de "ilegal".

Así lo dijo el asesor del comité de huelga, Juan Carlos Giménez, en una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, en la que sostuvo que "no da tiempo a proponer un nombre en 24 horas".

"Aunque propongamos un nombre, que no lo haremos, quien lo pondría finalmente sería el Gobierno", lamentó, y añadió que en ningún momento se ha pensado en un árbitro por falta de tiempo.

En referencia a la posibilidad de denunciar el laudo, Giménez explicó que el vocal del comité de huelga "ya está trabajando en el tema", y auguró que la justicia les dará finalmente la razón porque ,según él, el Gobierno vulnera los derechos de los trabajadores.

"Está demostrado que utilizan las leyes como quieren y están aplicando un laudo ilegal", dijo en una entrevista en La Sexta recogida por Europa Press.

Además de estas críticas, Giménez también alertó de que ahora "las cosas en el Prat van demasiado rápido", y cuestionó la seguridad actual en los filtros del Aeropuerto de Barcelona.

Agradecidos a la Generalitat

Después de no llegar a un acuerdo con el Govern, desde Eulen agradecieron a la Generalitat su predisposición al diálogo y su "comportamiento correcto". "Íbamos a llegar a un acuerdo con la Generalitat, pero me imagino que recibieron presiones", afirmó Giménez.

Por contra, sobre el Gobierno de España dice que lo único que le importa es que "sus amigos llenen los bolsillos a costa de sus trabajadores" y que con los recortes que hicieron "al trabajador no le queda mucho más que la huelga para denunciar los acosos laborales que sufren".

El conflicto laboral en el aeropuerto de El Prat (Barcelona), donde los trabajadores encargados de los filtros de pasajeros en los arcos metálicos están en pie de guerra para reclamar mejoras salariales, ha puesto los focos sobre la reglamentación de la huelga en España, un derecho fundamental recogido en la Constitución pero que en su regulación mantiene ciertos tics "autoritarios". Al menos, esa es la valoración que hacen sindicalistas y catedráticos de Derecho del Trabajo consultados por infoLibre. 

El esqueleto de la regulación del derecho de huelga en España es un real decreto de 1977, por tanto, preconstitucional. "Ese texto fue redactado en un momento muy particular de la historia de España, en plena Transición, poco después de la matanza de los abogados laboralistas de Atocha y apenas un mes antes de la legalización del Partido Comunista de España", recuerda el catedrático Jaime Cabeza. No obstante, su contenido fue ajustado a la Carta Magna por una sentencia del Tribunal Constitucional de 1981 y ha sido reinterpretado desde entonces por fallos posteriores tanto de ese mismo tribunal como del Supremo. "No creo que la legislación sea anticonstitucional, pero sí tiene ciertos aspectos autoritarios, está demasiado depositada en el Gobierno, hay un tufo de parcialidad...", añade este especialista.  

Lo cierto es que el actual marco normativo otorga a la autoridad gubernativa un estatus de juez y parte en algunas cuestiones fundamentales. Por ejemplo, el Gobierno tiene la capacidad de fijar los servicios mínimos que estime oportunos sobre aquellas actividades que se consideran esenciales. El Constitucional ha señalado que ese porcentaje no puede "vaciar de contenido el derecho de huelga" por la vía de hacerla impracticable, recuerda la catedrática Belén Cardona, quecree que en una hipotética reforma "sería el momento de dar carta de naturaleza a la participación de los sindicatos en la determinación de los servicios mínimos". 

Pero la cuestión es que el Gobierno también puede determinar qué servicios son "de reconocida e inaplazable necesidad", así como "acordar las medidas necesarias" para el funcionamiento de esos servicios. En el caso de El Prat, por ejemplo, el Ejecutivo ordenó a la Guardia Civil sustituir a los huelguistas sobre la base del estado de alerta terrorista en el que se encuentra el país, una alegación que, a juicio del catedrático Antonio Baylos, supone "una clara distorsión" que se emplea realmente con la única finalidad de impedir el ejercicio del derecho de huelga de los trabajadores. Cabeza, por su parte, habla directamente de "esquirolaje". 

En relación a los servicios esenciales, el TC se ha limitado a reseñar de forma poco detallada que son los que garantizan "derechos fundamentales, libertades públicas y bienes jurídicamente protegibles". Cardona recuerda a este respecto la consideración más restrictiva que hace sobre este concepto la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que determina que son "aquellos cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en todo o parte de la población". 

Por otro lado está la cuestión del "arbitraje obligatorio" al que la la autoridad administrativa puede recurrir "teniendo en cuenta la duración o las consecuencias de la huelga, las posiciones de las partes y el perjuicio grave de la economía nacional", tal y como detalla el citado real decreto de 1977. "El arbitraje obligatorio es una salida autoritaria, excepcional, que pretende fundamentalmente impedir la huelga convocada, que si persiste tras la emisión del laudo arbitral, se consideraría ilegal y por tanto podría dar lugar a sanciones disciplinarias", señala Baylos. 

Carlos Gutiérrez Calderón, miembro de la ejecutiva de CCOO, también cuestiona la "naturaleza autoritaria" de la legislación sobre el derecho de huelga. Critica que sea el Gobierno, de forma unilateral, el que decida qué servicios mínimos se fijan en actividades esenciales, así como la posibilidad que tiene de recurrir al "arbitraje obligatorio" para zanjar conflictos. De hecho, recuerda que los tribunales han dado la razón a las organizaciones sindicales en reiteradas ocasiones cuando han recurrido estas cuestiones. No obstante, cualquier reforma legislativa debería hacerse "de forma pausada y en frío" y no en medio de un conflicto como el de El Prat, sostienen en CCOO. 

La realidad es que las organizaciones sindicales no han mostrado en los últimos años demasiado interés en abordar una nueva regulación del ejercicio de derecho de huelga, quizá temerosas de una reforma regresiva para los intereses de los trabajadores. De hecho, el único proyecto de reforma del marco legislativo data de 1992, cuando los socialistas propusieron una reforma en la que incluyeron una lista de los servicios que debían considerarse esenciales (transporte, defensa, suministro y producción de energía, agua y combustibles...). El texto no prosperó por el adelanto de las elecciones generales de 1993.

Conflicto de El Prat  

En el caso de El Prat, después de haber fijado unos servicios mínimos del 90% y de haber sustituido a los huelguistas por guardias civiles, el Consejo de Ministros se reunió este miércoles de forma extraordinaria para poner en marcha el mecanismo excepcional que fuerza un "arbitraje obligatorio" en la negociación entre los empleados y Eulen, la compañía a la que la empresa semipública Aena adjudicó este servicio por 23,1 millones de euros a partir del 1 de junio de 2016 y con una duración de dos años. 

El árbitro –que será designado por el Gobierno en el caso de que no haya acuerdo entre las partes– será quien en última instancia determine si mejoran o no las condiciones de los empleados y de qué manera. Por el momento, los trabajadores mantienen que los nuevos contratos son precarios al no alcanzar los 900 euros mensuales y que se han recortado pluses a los de más antigüedad. Hasta la fecha, Eulen ha considerado "inadmisible y desproporcionada la petición de incremento inmediato salarial superior al 31%" que exigen los trabajadores. La última cifra que aceptó la empresa fue un incremento salarial de 200 euros por 12 pagas.

El fin último de este arbitraje es acabar con la huelga indefinida convocada, un paro que, por otro lado, apenas está teniendo consecuencias para los viajeros desde el pasado lunes por la sustitución de los huelguistas por guardias civiles decretada por el Gobierno. Aunque puede ser impugnada judicialmente, la decisión del árbitro es de obligado cumplimiento. De hecho, si la huelga convocada continuara tras la emisión del laudo arbitral, ésta se consideraría ilegal y los trabajadores podrían ser sancionados. 

No obstante, el carpetazo al conflicto de El Prat podría ser un cierre en falso. Este miércoles, los sindicatos CCOO, UGT y USO registraron una convocatoria de 25 días de huelga a partir del 15 de septiembre en todos los centros de trabajo de Aena, el gestor aeroportuario que tiene en propiedad la gran mayoría de los aeródromos del país. De llegar a celebrarse, las fechas coincidirían con la operación regreso de septiembre y con los días previos a los festivos de octubre, noviembre y diciembre. Por otro lado, empleados de seguridad de los aeropuertos de Madrid, Valencia y Alicante también se plantean iniciar movilizaciones. 

Así, de la Serna explicó que la decisión de optar por el arbitraje se debe a la concurrencia de una serie de "circunstancias". En concreto, se refirió a la duración de la huelga y las "posiciones irreconciliables" mantenidas por las partes durante el proceso de negociación, así como al "perjuicio" que el conflicto habría supuesto "para la economía nacional" y el "deterioro de la marca España" dadas sus consecuencias en el turismo.

Por su parte, el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) mostró su rechazo al anuncio de laudo por parte del Gobierno para acabar con el conflicto en el aeropuerto de Barcelona-El Prat con la empresa de seguridad Eulen, ya que, en su opinión, "atenta contra el derecho de huelga y de negociación colectiva".

La organización explicó que el nombramiento de un árbitro para resolver mediante un laudo obligatorio esta confrontación representa una "respuesta autoritaria del Gobierno" que ataca al ejercicio de derechos como el de huelga y de negociación colectiva.

Para el sindicato, esta medida, junto con la determinación de servicios mínimos "claramente abusivos" y la utilización de la Guardia Civil, supone una "conculcación de los derechos fundamentales" y señaló que el problema de fondo es la utilización de la subcontratación de actividades como fórmula de precarización de las condiciones de trabajo.

"Las Administraciones Públicas se han puesto a la cabeza de esa dinámica. Esta forma de externalizar actividades para disminuir costes, y por tanto salarios, es especialmente perversa cuando nos referimos a servicios especialmente delicados, como son los que tienen que ver con la seguridad aérea", añadió la organización sindical.

Además, recordó que a esta situación hay que añadir las consecuencias de la reforma laboral que, desde que se pusiera en marcha, permite suscribir convenios de empresa que "empeoren" las condiciones salariales de los del sector. Algo que, según CCOO, ha sucedido en el servicio de seguridad de las líneas del aeropuerto de Barcelona-El Prat.

"Este modelo laboral low cost va a seguir provocando caídas de los salarios y crecientes movilizaciones que podrán afectar a este o a otros sectores", apuntó, al tiempo que hizo un llamamiento para que se aborde de forma integral la precarización del empleo y los salarios en el sector de la seguridad y en otros.

Además, reclamó que se reviertan los procesos de externalización de actividades que el propio Gobierno "ahora" considera de interés general para justificar los servicios mínimos o la intervención de la propia Guardia Civil.

Igualmente, pidió la derogación del artículo 84.2 del Estatuto de los Trabajadores, que desde la Reforma Laboral del año 2012 contempla que la regulación de las condiciones establecidas en un convenio de empresa, que podrá negociarse en cualquier momento de la vigencia de convenios colectivos de ámbito superior, tendrá prioridad aplicativa respecto del convenio sectorial estatal, autonómico o de ámbito inferior en materias como los salarios.

El Gobierno acepta la propuesta de sindicatos

El Gobierno además aceptó este miércoles la propuesta de los sindicatos y analizará en una mesa de trabajo las condiciones laborales de la seguridad privada, según anunció de la Serna.

La propuesta, lanzada este miércoles por UGT y CCOO, fue valorada positivamente por el ministro de Fomento, que aseguró convocará "en unos días" a las organizaciones sindicales para constituir este grupo de trabajo.

"Nos parece bien. Recogemos el guante", expresó el ministro, que explicó que la propuesta formulada incluía el análisis de cuestiones como la formación, la calidad del servicio, la productividad y las condiciones laborales y salariales.

El titular de Fomento señaló que el objetivo es que este grupo de trabajo "acelere el establecimiento de un marco global de ámbito nacional" en el sector de la seguridad privada y que "determine condiciones concretas", evitando así que haya empresas que se desmarquen de los pactos sectoriales.

En todo caso, abundó De la Serna, este grupo de trabajo no sustituirá a la mesa sectorial entre empresas y sindicatos del sector, pero cree positiva su inclusión. "Pensamos que contribuirá a realizar y a establecer un marco de carácter general al que tendrán que acogerse las distintas áreas que conforman la seguridad privada en nuestro país", aseveró.

UGT reclama abordar "con urgencia" un convenio colectivo

UGT, una de las organizaciones sindicales que lazó este miércoles la propuesta de crear una mesa de trabajo de la seguridad privada, reaccionó minutos después de las palabras del ministro para pedir que dicho grupo "debe abordar con urgencia un convenio colectivo de avance" en el sector.

"UGT acudirá solicitando desde su inicio mejorar las condiciones sociales y laborales actualmente existentes, así como un giro en la forma de contratar los servicios de seguridad por parte del Gobierno", manifestó el sindicato a través de un comunicado. En este sentido, reclamó que se establezca "un modelo de contratación de los servicios de seguridad que garantice condiciones laborales y de calidad de servicios públicos".

Del mismo modo, señaló que "valora en principio el giro dado por el Gobierno" al anunciar la apertura de esta mesa de trabajo. "Durante las reuniones veremos el grado de voluntad política existente para dar solución al problema suscitado", apostilló.

Eulen Seguridad SA, la empresa que gestiona los filtros de pasajeros en los arcos metálicos de 21 aeropuertos españoles y que ha estado en el foco de la polémica en los últimos días por el conflicto laboral en El Prat (Barcelona), ha ingresado en los últimos cinco años 925,8 millones de euros. A pesar de esta cifra de facturación, la compañía declaró pérdidas globales de 15,9 millones de euros durante todos los ejercicios entre 2012 y 2016, tal y como ha comprobado infoLibre a través de la información depositada en el Registro Mercantil. Las empresas que declaran pérdidas están exentas del impuesto de sociedades, pues este tributo grava los beneficios. Eulen Seguridad SA es una de las nueve filiales con las que opera el grupo Eulen SA.

La sociedad, que se define como "pionera en la externalización de servicios generales a empresas", ingresó el año pasado 199,7 millones de euros, un 14,5% más que 2015, cuando su facturación alcanzó los 185,2 millones de euros. En 2014 su cifra de negocio llegó a los 180,0 millones de euros, en 2013 se situó en 175,6 y en 2012 alcanzó 185,2 millones. Aunque declara pérdidas en todos los ejercicios analizados sí es cierto que consiguió ir reduciéndolas de forma progresiva: 5,7 millones de euros en 2012, 3,7 en 2013; 2,7 en 2014; 1,4 en 2015; y 2,4 en 2016, cuando se produjo un repunte respecto al año anterior. 

Precarización 

Este martes tuvo lugar la segunda jornada de huelga total de los vigilantes de El Prat, un paro que apenas está teniendo consecuencias para los viajeros por la presencia de la Guardia Civil en los filtros de seguridad. Los trabajadores mantienen que en los controles de seguridad del aeropuerto falta personal, que los nuevos contratos son precarios al no alcanzar los 900 euros mensuales y que se han recortado pluses a los trabajadores de más antigüedad. Hasta la fecha, Eulen ha considerado "inadmisible y desproporcionada la petición de incremento inmediato salarial superior al 31%" que exigen los trabajadores.

El análisis comparado de los datos de gastos de personal que declara Eulen Seguridad SA en relación al número de trabajadores permite comprobar cómo se han precarizado las condiciones laborales de sus empleados. En 2012 la compañía, con un total de 5.760 trabajadores, declaró haber gastado 128,0 millones de euros en sueldos. El salario medio, por tanto, se situó en los 22.222 euros brutos. En 2016 la cifra de empleados ascendió a 6.536 (776 más) pero el gasto en salarios apenas se incrementó en 297.000 euros, hasta los 128,3 millones de euros. En consecuencia, el sueldo medio de los trabajadores deEulen Seguridad SA se situó en 19.629 euros, consolidándose así un recorte del 11,7%. 

Por otro lado, entre 2012 y 2016, los gastos declarados por Eulen Seguridad SA en relación a las cargas sociales se incrementaron en un 15,4%: de 38,4 millones de euros a 44,3.

Asimismo, la información depositada en el Registro Mercantil también muestra cómo en el último lustro ha aumentado el porcentaje de trabajadores de la compañía con contratos temporales: han pasado de ser el 17,8% del total en 2012 al 24,8% en 2016.  

Los sueldos precarios que denuncian los operarios de Eulen están muy alejados de los salarios de los dos administradores de la compañía, los hermanos María José y Jesús David Álvarez Mezquíriz, que ejercen como presidenta y vicepresidente, respectivamente. Entre los dos cobraron en 2016 un total de 288.000 euros, tal y como se recoge en la memoria de Eulen Seguridad SA. Esta cantidad es un 20% superior a la consignada en 2015, cuando la remuneración conjunta de ambos ascendió a 239.000 euros. 

Provisiones 

Por otro lado, en su memoria de 2016, la sociedad también recuerda que tiene abiertos a inspección todos los impuestos principales que le son aplicables de los últimos cuatro ejercicios.

Ese año la compañía provisionó en sus cuentas 1,18 millones de euros para hacer frente a posibles litigios interpuestos en vía administrativa, ante la autoridad laboral, ante la Tesorería General de la Seguridad Social o por la vía de lo social.

Esta cantidad incluye una provisión de 72.000 euros para posibles costes futuros derivados de reclamaciones en curso presentadas por los trabajadores de la sociedad, que demandan un mayor importe de remuneración por las horas extraordinarias realizadas en los ejercicios 2005, 2006, 2007 y durante los primeros dos meses de 2008. Según explica la compañía, estas demandas se han producido porque la sociedad realizó el cálculo del coste de las horas extras a pagar a los trabajadores según el convenio colectivo vigente desde 2005, que fue anulado parcialmente por el Tribunal Supremo el 21 de febrero de 2007.

Según los registros oficiales, Eulen Seguridad acumula hasta 38 procedimientos judiciales: siete por incidencias con las Administraciones Públicas y 31 de tipo laboral ante juzgados de lo social, aunque por importes menores. 

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, anunció que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, convocará un Consejo de Ministros extraordinario este miércoles por la tarde para avanzar en el arbitraje que zanje la problemática entre Eulen y los trabajadores de los filtros de seguridad del Aeropuerto de Barcelona-El Prat.

Así lo explicó este lunes en rueda de prensa tras la celebración de una comisión de seguimiento en la Delegación del Gobierno en Cataluña, en la que participó también el conseller de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, Josep Rull, y el alcalde accidental del Ayuntamiento de Barcelona, Jaume Collboni, según informó Europa Press.

De la Serna concretó que en el Consejo de Ministros extraordinario se evaluarán los informes de la Abogacía del Estado y comenzarán los plazos para designar al árbitro que determinará las soluciones para finalizar el conflicto de los filtros de seguridad de El Prat.

"En el momento en el que finaliza un proceso de mediación sólo queda el recurso del arbitraje y el Gobierno no podía hacerlo antes porque, si no, hubiéramos acaparado otras competencias", explicó, y añadió que aún no se pueden determinar plazos sobre la designación del árbitro ya que primero los ministros deben evaluar todos los informes técnicos que les presente la Abogacía del Estado.

De la Serna detalló que, una vez se celebre el Consejo de Ministros Extraordinario, el Gobierno evaluará la situación y pondrá en marcha un proceso para que Eulen y la plantilla decidan un arbitro que desencalle el problema: "Si no llegan a un acuerdo, el Gobierno designaría el árbitro y, a partir de aquí, se le daría un tiempo para que formulara una propuesta de laudo".

Preguntado por los plazos del arbitraje y de la propuesta de laudo, el titular de Fomento dijo que "no hay un plazo concreto", pero que se hará con la mayor celeridad posible.

Presencia de la Guardia Civil

De la Serna sostuvo que el Aeropuerto de Barcelona-El Prat "ha recuperado la normalidad" y puso en valor la tarea de la Guardia Civil, que por primera vez este lunes desde la convocatoria de la huelga, estuvo presente en los filtros de seguridad de las instalaciones.

"El efectivo de la Guardia Civil ha funcionado", dijo, y celebró que las colas en El Prat hayan desaparecido a pesar de la convocatoria de huelga indefinida por parte de los trabajadores de Eulen.

Preguntado por los presuntos acosos que recibieron algunos empleados por parte de la Benemérita y que pusieron en conocimiento el comité de huelga, el ministro defendió al cuerpo policial y aseguró que "no ha habido ningún problema con los trabajadores ni lo habrá".

A la comisión de seguimiento también asistieron el delegado del Gobierno en Catalunya, Enric Millo; el jefe de la comandancia de Barcelona de la Guardia Civil, el coronel Mariano Martínez; el presidente de Aena, José Manuel Vargas, y la directora del Aeropuerto de Barcelona, Sonia Corrochano.

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, negó este lunes "rotundamente" que se hayan ejercido presiones sobre los trabajadores de Eulen en el aeropuerto de Barcelona-El Prat, ni sobre "ninguna de las partes" del conflicto laboral para que aceptaran la propuesta de la Generalitat en el proceso de mediación.

El ministro, en declaraciones a RNE y Onda Cero recogidas por Europa Press, subrayó que es obligación del Gobierno garantizar la seguridad y el orden público en el aeropuerto estando España en alerta 4 en materia terrorista, y calificó de "inmovilista" la actitud de los trabajadores de Eulen durante todo el proceso negociador. "Así es imposible llegar a un acuerdo", reiteró.

De ahí, dijo, que se haya puesto en marcha desde el Gobierno un procedimiento para la aprobación de un laudo de arbitraje obligatorio del conflicto laboral de los trabajadores de seguridad de Barcelona-El Prat. Este laudo, explicó, no podía ponerse en marcha hasta que no finalizara el proceso de mediación de la Generalitat.

"Ante una huelga de 24 horas, mucho más dura y con carácter indefinido, siendo una infraestructura estratégica del Estado, como es el aeropuerto de El Prat, el Gobierno debe garantizar la seguridad y el orden público ante los daños que este conflicto está produciendo a los ciudadanos y a los turistas", justificó De la Serna.

Sobre el laudo arbitral, explicó que la Abogacía del Estado ya está trabajando en la documentación necesaria para trasladarla a Empleo y elevar su aprobación al Consejo de Ministros. A partir de ahí, indicó, se buscará un árbitro por acuerdo de las partes y, si no fuera posible, será el Gobierno quien designe un árbitro de "prestigio e independiente", al que se le daría unos días para establecer una propuesta de arbitraje que será vinculante para las dos partes.

Preguntado por la posibilidad de que se lleve este asunto al Consejo de Ministros este viernes próximo, De la Serna aclaró que el proceso está en sus pasos iniciales y a la espera de los informes pertinentes, por lo que es "difícil ponerle una fecha". "Hay que respetar los procedimientos y los tiempos", indicó.

Por razones de seguridad

De la Serna señaló que la presencia de la Guardia Civil hizo que vuelva la "normalidad" al aeropuerto e indicó que ésta "se antoja absolutamente necesaria" por razones de seguridad y tras el fracaso de la negociación entre las partes y de un largo proceso de mediación en un conflicto laboral. "Fracasada esta fase, ya no quedan más", apuntó.

El ministro negó que los efectivos de Guardia Civil desplegados estén sustituyendo a los trabajadores de la empresa Eulen, que "están cumpliendo con los servicios mínimos", sino que su objetivo es garantizar la seguridad y el orden público con competencia para ello, e indicó que por el momento son "suficientes", aunque si fuera necesario se aumentarían. 

Asimismo, explicó que se trata de una presencia de "carácter transitorio", que durará "todo lo que sea necesario", hasta que finalice el conflicto, y puso en valor que con su presencia el aeropuerto de El Prat recobró la normalidad durante las primeras horas del día.

No obstante, informó de que este lunes presidirá una reunión del comité de seguimiento en la Delegación del Gobierno de Cataluña, en coordinación con la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona. El ministro indicó que los Mossos ya tienen presencia en El Prat en la parte externa a los filtros de control para garantizar la seguridad ciudadana, donde tienen competencia, mientras que a partir de las líneas de control le corresponde a la Guardia Civil.

Finalmente, De la Serna reiteró que el Gobierno "no puede permanecer inactivo, ni permitir que se produzcan algomeraciones en una situación de alerta 4 sin tener en consideración el riesgo de seguridad, ni las consecuencias y "el daño terrible que huelgas encubiertas y la huelga indefinida están provocando a miles de personas".

Por su parte, el portavoz del Partido Popular en el Parlamento de Cataluña, Alejandro Fernández, criticó la "instrumentalización política" que ha hecho la Generalitat de Catalunya de la huelga de trabajadores de Eulen en el aeropuerto de El Prat. En declaraciones a COPE, recogidas por Europa Press, Fernández destacó que ha habido huelgas en todos los gobiernos y es la "primera vez" que se utiliza una para hacer "interpretaciones políticas que enrarecen el ambiente". "Hubo una huelga en el metro de Barcelona y a nadie se le ocurría hacer interpretaciones políticas diciendo que la ciudad condal tenía que independizarse", añadío el portavoz conservador.

El Aeropuerto de Barcelona-El Prat se despertó sin largas colas en el primer día de huelga indefinida de los trabajadores de Eulen. El tiempo máximo de espera se situó a las 4:00 horas de este lunes, cuando se superó ligeramente la media hora de cola, llegando a los 38 minutos, según informaron fuentes de Aena a Europa Press y confirmaron algunos testimonios.

Una vez superado este tramo, la situación se normalizó por completo, registrando unos tiempos de espera en muchos momentos inferiores a los 10 minutos y que no superaron el cuarto hora en las franjas de máxima afluencia de pasajeros, siendo la circulación por los filtros fluida en todo momento.

La mayor presencia de la Guardia Civil, controlando el estricto cumplimiento de los servicios mínimos fijados en un 90%, fue evidente durante toda la mañana.

El aeropuerto de El Prat tiene previsto operar 500 salidas este lunes, con 91.800 pasajeros.