El profesor de Fundamentos del Análisis Económico Miguel Sebastián (Madrid, 1957) fue ministro de Industria, Turismo y Comercio en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Acaba de publicar su último libro, El virus interminable, centrado en el seguimiento que realizó de la crisis del coronavirus. En su opinión, debe extraerse una conclusión principal de lo ocurrido: "No hay dilema entre salud y economía, como siempre se ha planteado. Lo que es bueno para la salud es bueno para la economía". Además, entiende que "todo Occidente debe aprender a reaccionar rápido si se repite" porque "si hubiéramos cerrado las fronteras a tiempo no hubiéramos tenido que pasar por todo lo que hemos pasado". También mantiene que "lo que ha tenido un enorme coste, aparte de las vidas humanas, es la duración de la pandemia, que ha sido eterna, frente a un virus que solamente vive 14 días". 

"España, como todos los países que importan energía, gas y petróleo, está sufriendo lo que llamamos los economistas un choque de oferta, que es un aumento de costes que te hace que tengas más inflación y menos crecimiento. Pero dentro de los problemas que estamos teniendo en toda Europa, creo que España lo está manejando relativamente mejor. Al contrario de lo que ocurrió en la pandemia, que nos golpeó más duro. Esta crisis nos está afectando menos porque hemos hecho una política energética más razonable. Primero, por tener suministro de gas garantizado. Segundo, por la apuesta por las energías renovables. Y tercero, por la excepción ibérica, es decir, por evitar que el precio del gas contamine todas las tecnologías de generación eléctrica. Ha sido una muy buena solución y estoy plenamente convencido de que el resto de Europa nos va a copiar".

"La inflación va a seguir bajando en todo el mundo. En el caso de España, está yendo mucho mejor que en el resto de Europa. Somos el país, ahora mismo, con menos inflación, fundamentalmente por la excepción ibérica. Hemos conseguido evitar que se traslade el precio del gas completamente, como ocurría antes, al de la de la electricidad. Pero ahora creo que nos van a llegar mejores episodios de inflación. Primero, porque el precio del petróleo se ha estabilizado, incluso sigue bajando. Y luego, en China tienen ya deflación, caída de los precios industriales, y toda Europa importa muchos bienes industriales procedentes de este país. Sí que soy optimista: la inflación va a acabar este año por debajo del 6% y creo que 2023 lo terminaremos en el dos y pico. Es decir, prácticamente podremos decir que el problema de la inflación se habrá resuelto a finales del próximo año". 

"Nuestra economía se puede permitir muchas cosas, incluso la subida de pensiones prevista. El problema es el sistema de la Seguridad Social que tenemos: es difícilmente sostenible respecto a la demografía porque entre los años 2040 y 2050 tendremos el pico del problema. Toda la base de la pirámide, que ahora está en torno a los 50 o los 60 años, ya estará arriba del todo. Tendremos, por tanto, un problema importante de recursos para financiar las pensiones. Yo hubiera llevado a cabo una subida de las pensiones más gradual, no haberlo hecho todo este año sino haberlo separado en varios, exceptuando las mínimas que sí que tienen que subir con la inflación. Pero las más altas podían haber subido de forma gradual y repartida en el tiempo. Eso hubiera ayudado a la sostenibilidad". 

"La evolución del mercado energético va a depender fundamentalmente de la guerra. Soy optimista, esta guerra va a terminar pronto. Empieza a haber ya un clima de que hay que sentarse a negociar. Eso llevará tiempo y tendremos sustos, pero después del invierno las condiciones van a ser favorables para una negociación. Y, si la guerra termina, el precio de la energía va a volver a caer donde estaba antes de la pandemia. Ahí vamos a notar muchísimo alivio en toda Europa. Mientras tanto, tenemos que seguir con la excepción ibérica y habría que prorrogarla mientras dure la situación de Ucrania. En cambio, la subvención de los 20 céntimos a la gasolina y al gasóleo ahora ya no tiene sentido. Es muy cara, alrededor de 6.000 millones de euros al año y se podría retirar porque el precio del petróleo ya está en unos niveles que nos podemos permitir".

"El economista Juan Francisco Gimeno puso un tuit que decía que llevaba 30 años estudiando el mercado de trabajo y que ahora no entendía lo que está pasando y yo tampoco, en sentido positivo. El empleo está yendo muy bien comparado con lo que pasaba en otras crisis, cuando el empleo era lo primero que se destruía, incluso antes de que la actividad económica empezara a caer. Ahora, en cambio, estamos teniendo unos datos muy buenos, que indican que la economía española no se está desacelerando tanto como algunos decían. Al final, en la previsión de crecimiento de este año, todo el mundo se ha equivocado y va a estar en torno al 4,7, cuando todos decían 4 ó 4,2. Para el año que viene, la previsión va a estar más cerca del 2,1 que dice el Gobierno, que de lo que dice el Banco de España, que es un 1,4. Va a acertar más el Ejecutivo". 

"Cuando tienes una situación de inflación, bajar los impuestos lo que hace es echar más leña al fuego y recalienta la economía. Es el peor momento para bajar impuestos. Y este era el empeño del PP. Creo que estábamos todos los economistas en contra, pero los de Feijóo seguían manteniéndolo hasta que ocurrió lo del Reino Unido y ahí se dieron cuenta de que era un disparate completo. Han retirado toda la artillería. Lo que no puede ser es que siempre la solución sea bajar los impuestos. Tenemos una pandemia, bajar los impuestos; unas inundaciones, bajar los impuestos; hay un volcán, bajar los impuestos; una crisis del petróleo, bajar los impuestos; gana el Barça la Liga, bajar los impuestos. Siempre proponen lo mismo y no tiene ningún sentido porque la política fiscal se tiene que acomodar al ciclo económico y a un diagnóstico serio de la realidad económica. Y el PP no lo ha hecho". 

"Son unos presupuestos bastante expansivos y que, por supuesto, tratan de cubrir todos los costes de la guerra en la parte de la sociedad más vulnerable, más dañada, y de apoyar a buena parte de las empresas, por ejemplo, en el sector del transporte o en el agrícola. Creo que esa parte es bastante razonable. A mí, lo que me preocupa es que tenemos que empezar ya a plantearnos que hay que bajar la deuda pública ya que en España la tenemos muy alta. Este año está justificado, pero debería ser el último en el que tuviéramos un presupuesto tan expansivo porque lo hemos tenido en los últimos tres años. Ahora, deberíamos empezar a pensar en tener unas cuentas más ajustadas para quitarnos deuda pública en términos de PIB, porque es uno de los retos que tenemos en la economía española. No podemos tener ese nivel de endeudamiento". 

"La economía siempre juega un papel fundamental de cara a las elecciones pero, como la economía creo que no va a ir tan mal como esperaba la oposición, el PP va a tener que cambiar el discurso. Hasta hace muy poco, estaba centrado en la economía y creían que con eso iba a ser suficiente. Criticar al Gobierno de Sánchez por la evolución económica era lo fácil, aunque la evolución económica no tuviera que ver ni mucho menos con su gestión sino que venía dada por factores externos. El PP ya se está dando cuenta de que la economía no va a tener rendimiento electoral y ahora busca y rebusca otros temas. No soy politólogo y no tengo idea de eso, pero la situación de la economía no va a ser tanto como el PP esperaba para tenerla de baza electoral en 2023. Las municipales y autonómicas serán el primer test. Pero luego, a final de año, cuando sean las generales, la economía va a ir incluso mejor que en la primera mitad del año". 

"El ambiente es realmente deprimente en el Congreso de los Diputados y en muchos parlamentos regionales. La clase política no se da cuenta del daño que se está haciendo a sí misma. Es sorprendente el nivel de agresividad e insultos que tenemos en el Congreso, sobre todo en estas fechas con el aniversario de la Constitución. Pero también creo que tiene un coste electoral limitado, porque si lo tuviera, tendrían más cuidado. Es muy deprimente que, por ejemplo, acabemos de vivir una pandemia, que es un acontecimiento absolutamente horrible, externo y que no tiene nada que ver con ningún Gobierno, y no hemos sido capaces de unirnos, de hacerle frente juntos. Es muy triste y creo que algo de factura política les va a pasar a los que más insulten". 

"Es un poco deprimente que hayamos pasado de salir a aplaudir a los sanitarios a las ocho de la tarde al balcón a, ahora, de repente, ver cómo muchos políticos los maltratan e incluso los descalifican. Una de las enseñanzas de la pandemia, y lo digo en el libro, es que la sanidad pública se tiene que reforzar y creo que esto era un consenso de todos porque ha sido la que nos ha salvado de una crisis mucho mayor. Y, además, es que estamos en una sociedad con un enorme envejecimiento y tenemos lo que se llama la curva J, que implica que, a medida que envejecemos, vamos a tener un gasto sanitario que va a crecer exponencialmente. Ya se empieza a notar que las costuras del traje sanitario se están empezando a romper y, por lo tanto, hay que hacer una apuesta mucho más decidida por la sanidad pública de la que se está haciendo ahora". 

El economista Miguel Sebastián (Madrid, 1957) fue ministro de Industria, Turismo y Comercio en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero entre 2008 y 2011. Le tocó enfrentarse dentro del Ejecutivo a la histórica crisis económica que cambió buena parte de los modelos políticos y económicos del mundo occidental. En la actualidad, como profesor universitario, se dedica al análisis económico desde el INCAE (Instituto Complutense de Análisis Económico). Además, es colaborador asiduo de Al rojo vivo en laSexta.

“Hay dos tipos de inflación. Por un lado, la que llamamos de demanda, que ocurre cuando la economía está recalentada o hay burbujas como la burbuja inmobiliaria, la de crédito, la de las bolsas, etcétera. Ese tipo de inflación es fácil de controlar mediante una contracción monetaria o una fiscal, es decir, una contracción de la demanda. Sin embargo, la inflación que estamos viviendo ahora es una inflación de oferta. Como consecuencia de la subida de los precios de la energía y de los alimentos, las empresas tienen más costes, los consumidores sufren una subida de costes y esa inflación es más difícil de controlar porque viene acompañada de menos crecimiento económico. Entonces si tratas de enfriar la inflación, también se enfría más el crecimiento económico. Por lo tanto, ahí se te plantea un dilema, ya que si quieres menos inflación tendrás menos crecimiento y si quieres que no tenga tanto impacto sobre el crecimiento, todavía tendrás más inflación. Esta es en la que estamos ahora, que es más difícil de controlar”.

“El que diga que sabe cuánto va a durar esta burbuja probablemente esté mintiendo, porque es una inflación que viene del primer corte de suministro de gas que hizo Rusia el 20 de septiembre del 2021, justo en la víspera del otoño. Estaba muy bien calculado. Ahí desató la escalada del precio del gas y luego vino la invasión de Ucrania. Y también estaba la escalada del precio del petróleo. Si sigue la guerra, más allá del destrozo de vidas, es un destrozo económico y un desastre. Seguirán las sanciones contra Rusia y el riesgo de que responda con un bloqueo de sus exportaciones de gas a Europa. Si al final hay, de una forma u otra, un acuerdo, creo que toda la burbuja de precios energéticos y de alimentos que tenemos ahora se vendrá abajo. Habrá una reducción de la inflación relativamente rápida, sin necesidad de que los bancos centrales suban los tipos de interés, que es el riesgo que tenemos si la inflación permanece alta durante mucho tiempo”.

“España tiene unos factores diferenciales muy importantes con respecto a otros países. Tenemos la suerte de contar con el gas que viene de Argelia directamente y tenemos una buena red regasificadora para los barcos que traen el gas licuado. Por la parte del suministro, estamos bien cubiertos. Pero eso da igual para el precio, que es internacional y sube para todos. Después, España tiene unas características muy especiales. La primera es una gran dependencia energética, a pesar de todo lo que hemos hecho en renovables porque somos probablemente el país del mundo que tiene más transporte de mercancías por carretera. Además tenemos un tejido empresarial que no es muy competitivo. Siempre se habla del sector eléctrico o de las constructoras que hacen colusión y se ponen de acuerdo para fijar precios. Quizás, el único sitio donde no tenemos ese problema es en la banca. Ahí, probablemente, lo que tengamos es un exceso de competencia. Es decir, tenemos justo un exceso de competencia donde no deberíamos tenerla y hay una falta de competencia en el resto de la economía”.

“La actual crisis es de oferta, es decir, una crisis en la que suben los costes para las empresas y en la que suben los precios de la electricidad y de los alimentos para los consumidores. Esto hace que se consuma menos porque se pierde poder adquisitivo. Nada que ver con la de 2008. Entonces veníamos de unos años de un boom, probablemente excesivo, causado por una burbuja de crédito. Una burbuja financiera que, en el caso de España, además se unía a una inmobiliaria. Ahora, en cambio, estamos en una situación donde han aumentado los costes y, por tanto, tenemos más inflación y menos crecimiento. Y además tenemos este dilema de política monetaria, que es muy difícil de resolver y probablemente nos da un margen de maniobra muy escaso. Solamente podemos actuar por la oferta, que quiere decir conseguir un pacto de rentas, bajar algunas tasas o costes a las empresas y un buen plan de ahorro energético. Algo que estoy echando de menos en el debate político”.

“La Unión Europea tiene que hacer caso a la Agencia Internacional de la Energía y preparar un buen plan de ahorro energético dirigido a las importaciones que hace de Asia y de petróleo de Rusia. Pero también, en general, de ahorro energético. Y, por supuesto, tiene que ayudar a los países a que protejan a su población más vulnerable. Creo que lo segundo sí que se está haciendo de alguna forma. Pero echo de menos un plan de ahorro energético que sea vinculante para todos los países, que sea serio y que nos permita afrontar el otoño y el invierno con una mayor tranquilidad en caso de que la guerra y, por tanto, la crisis energética continúen. Va a ser muy difícil que la Unión Europea frene la subida de los tipos de interés. Pero sí que me parece buena la medida que ha tomado el BCE para que no se castigue como en el 2010 a los países del sur de la zona euro, Grecia, Portugal, Italia, Grecia y España, y que todos los países sufran la misma subida de los tipos de interés”.

“El Gobierno tiene muy poco margen de maniobra. Y se debería explicar y decírselo claramente a la población. No tenemos por qué tener una crisis más gorda que la que va a tener el resto de Europa. No tenemos herramientas, como tampoco las tiene ningún país europeo, para atajar esta solución, más allá de que se finalice la guerra de Ucrania lo más rápido posible. Y eso no está en las manos de un solo Ejecutivo. Evidentemente, el Gobierno español tiene que seguir la política europea, que consiste en defender a Ucrania, y sancionar a Moscú, sabiendo que se perjudica mucho a Rusia pero también a nosotros. Lo que pasa es que esta es una guerra distinta a las habituales. En nuestro caso, es una guerra económica, pero estamos en guerra”.

“Es un poco pronto para evaluar la medida. Además, justo cuando se ha establecido el tope del precio del gas en la generación eléctrica, ha coincidido con una subida de su precio por el deterioro de la situación geopolítica. Por tanto, aquí la comparación relevante no es el precio de la electricidad antes y después de la medida, sino cuál sería si no se hubiera tomado. Esto es lo que hemos hecho desde el INCAE. Y lo que nos sale es que, si no se hubiera tomado la medida, el precio de la electricidad hoy sería un 21% más caro. Esto irá cambiando con el tiempo, según la evolución del precio del gas, pero sí que es verdad que ha tenido un impacto positivo. No sé si el que se esperaba”.

“¿Por qué no se valoran las medidas que toma el Gobierno? Lo leí en una encuesta hace poco y me llamó mucho la atención. No soy politólogo, pero considero que es porque la mayoría de la gente cree que, aunque su situación personal no va mal, el país sí va mal. La gente, que es mucho más lista de lo que muchos piensan, sabe que algunas de las medidas no son buenas, pero otras sí. A mí, por ejemplo, la que menos me gusta es la subvención de 20 céntimos del gasóleo y gasolina a todos los consumidores. Es regresiva, es decir, que ayuda más a la gente con más renta. Es ineficiente porque no ayuda al ahorro energético. Es muy costosa porque cuesta 6.000 millones de euros al año. En cambio, suprimiendo esta medida podríamos tener el transporte gratuito para toda España. Y estoy plenamente convencido de que si el Gobierno retirara los 20 céntimos y a partir de ahora el transporte público fuera gratuito, el coste sería el mismo pero la gente la percibiría mejor”.

“Siempre he sentido que había diferencias de opinión dentro de los Gobiernos. En el Ejecutivo del que formé parte había muchas y a mí eso no me parece malo. Lo que me parece mal es que trasciendan al debate público. Que haya discrepancias es bueno, porque ayuda a mejorar las medidas que se toman. Eso nos pasa a todos cuando debatimos: se mejora nuestras opiniones, se aclaran nuestras ideas, se fortalecen a lo mejor las dudas y se renuncia a algo que teníamos muy claro pero que a lo mejor no lo era tanto. El debate me parece muy sano y ayuda a que las medidas mejoren, pero no me gusta que trascienda porque da una imagen de división y de guirigay interno. Y esto no es bueno porque la gente percibe que estamos en una situación complicada, le gusta tener Ejecutivos que estén fuertes y que estén preocupados en hacer frente a la situación más que en las peleas internas”.

“No han entendido cuál es el choque económico al que se enfrenta la economía española. Tenemos una crisis de oferta, no de demanda. Estamos ante una caída de la oferta y, por tanto, salvo algunas tasas, a lo mejor las cotizaciones o costes para las empresas que podrían ser aliviadas, una bajada generalizada de los impuestos no ayuda a la inflación. Al revés, la empeora, porque aumenta más la demanda. Por tanto, se tienen que hacer propuestas, pero sensatas. Pero sí que es verdad que debería haber más diálogo entre los partidos, como se hizo con los Pactos de la Moncloa. No fue un pacto sólo de agentes sociales para buscar el pacto de rentas, que es lo que necesitamos ahora”.

“La derecha no entiende el papel que tienen la educación y la sanidad como dos pilares tanto para mejorar la eficiencia como la equidad y que son buenas para la economía en su conjunto. Hay lo que se llama una externalidad positiva y, en segundo lugar, mejora la igualdad de oportunidades. La igualdad de oportunidades es muchas veces muy difícil de conseguir y uno de los canales clave es a través de las becas. La propuesta de Ayuso plantea que la universidad ya es prácticamente gratuita, incluso para los ricos. Ahora, añaden otro problema más, empeorando la justicia, la equidad y la eficiencia del modelo educativo, diciendo que las becas también se den a los ricos. Es algo realmente que creo que no entienden: ¿Cuál es el papel que desempeñan las becas en nuestro sistema?”.

“¿Por qué es tan difícil un pacto de rentas? Es una pregunta que me hago con frecuencia porque es difícil de entender. El ambiente político no es como el que teníamos en 1977 cuando se negociaron los Pactos de la Moncloa. En la actualidad, parece que se ha instalado la idea de que cuanto peor le vaya al Gobierno y, por tanto, a España, mejor para el partido de la oposición, porque así tendrá un mejor resultado electoral. Y esto es un desastre, porque al final lo que se ve es que si al Gobierno le va mal, le va mal a toda España. Si el PP se sienta para favorecer unos pactos de rentas, unos nuevos pactos de la Moncloa, será bueno también para ellos. Al PSOE no le pasó factura firmarlos. Esos pactos ayudaron a bajar la inflación y fueron exitosos para todos los partidos, no solamente para el Gobierno”.

“Una de las grandes buenas noticias es Europa. El Banco Central Europeo de ahora no tiene nada que ver con el del 2008. Lo ha demostrado durante la pandemia y lo sigue haciendo con la guerra de Ucrania. Es una muy buena noticia que la UE sabe que ahora tiene que haber un aumento del déficit como consecuencia de esta guerra y que tiene la necesidad de proteger a la población más vulnerable y ayudar a muchos sectores empresariales afectados por la crisis. En el caso concreto de la economía española, tenemos algunas señales positivas que no se ponen en valor. Tenemos un crecimiento económico de más calidad que los de otros países. Está creciendo la inversión, la buena, la inversión en equipo, la productiva, no tanto el ladrillo. Y están creciendo mucho las exportaciones. Y esto es una buena noticia. La otra es que la reforma laboral ha conseguido mejorar el problema de la temporalidad. Nos queda saber si, en caso de un choque negativo como el que podríamos tener, sobre todo en el otoño o en el invierno, va a haber más flexibilidad salarial y menos ajuste de empleo que otras veces”.

Julio Corrochano, director de seguridad del BBVA hasta que se jubiló en abril de 2018, informó puntualmente a su presidente, Francisco González, sobre el espionaje encargado al comisario Villarejo a través de su empresa Cenyt para abortar el desembarco del grupo inmobiliario Sacyr en el banco. Así lo demuestran las grabaciones que el propio Villarejo hacía de sus conversaciones con terceros y que constituyen uno de los elementos clave para que la Fiscalía Anticorrupción sitúe a Francisco González como la figura decisiva en la cadena de contratos "ilícitos" con Villarejo.

Entre las grabaciones que destapan el papel jugado por González, conocido como FG en el mundo financiero, figura la efectuada por el propio Villarejo el 1 de abril de 2005. A lo largo de la conversación, y así consta en la transcripción incorporada al sumario, el policía y Julio Corrochano charlan sobre un extenso informe relativo a la marcha del dispositivo contra aquellos a quienes, como el político socialista Miguel Sebastián o el empresario Luis del Rivero, vigiló y hostigó Cenyt entre 2004 y 2005 para evitar la entrada de Sacyr en el accionariado. Corrochano trata de convencer al policía de que no necesita páginas y más páginas –"Pepe, es una novela, entiéndeme, coño", llega a decirle– sino un relato directo y conciso. Y en un momento dado resume así su posición: "Yo lo que quiero son los tres o cuatro folios que no tiene que leer nadie nada más que mi presidente".

Aquel encargo hecho por el BBVA en diciembre de 2004 y con el que Corrochano, expolicía y amigo de Villarejo, buscaba satisfacer las expectativas de su jefe máximo fue el primer eslabón de una cadena de contratos que Anticorrupción define como de "naturaleza ilícita" y que "vulneraron" los derechos fundamentales de los espiados. Le costaron al banco 10,28 millones hasta diciembre de 2017.  Villarejo bautizó aquel primer proyecto como "Operación Trampa". Su objetivo pasaba por frenar al "Grupo Hostil" que capitaneaba Sacyr. O lo que es lo mismo, el "GH" que aparece en documentos internos de la trama que dirigía el policía.

De la importancia de aquel contrato inaugural con Cenyt hablan varios documentos incorporados a la causa y cuyo contenido prueba dos hechos de trascendencia. El primero, que el BBVA ocultó toda la información sobre tal contrato a la CNMV cuando en octubre de 2018 le reclamó datos sobre las relaciones del banco con Villarejo, como adelantó la semana pasada elindependiente.com.

El segundo hecho puede resumirse así: una vez que en enero de 2019, el digital moncloa.com desveló que Sebastián, Rivero y otros como el vicepresidente de la CNMV, Carlos Arenillas, habían sido víctimas de un dispositivo que incluyó espiar 15.000 llamadas telefónicas, el organismo supervisor mandó un segundo requerimiento al BBVA donde le lanzó un aviso contra los datos "inexactos o no veraces". En esa segunda ocasión, la entidad sí remitió a la CNMV todos los contratos con Cenyt anteriores a 2013 y los pagos efectuados hasta esa fecha, nada menos que cinco millones omitidos en su primera respuesta. Pero hubo algo que no le facilitó tampoco ahora: los informes –o "entregables", en la terminología empleada en estos casos– que se correspondían con los contratos signados entre 2004 y 2007. Y esa serie de contratos arrancaba con el de la Operación Trampa.

"Dado el tiempo transcurrido –adujo el banco el 23 de enero de 2019–, no consta en los archivos de BBVA soportes documentales de los servicios prestados a los que corresponden dichas facturaciones". En esa fecha, FG ya había dado el relevo en la cúspide de la entidad a Carlos Torres aunque conservaba la presidencia honorífica. Este lunes, infoLibre preguntó a los portavoces del BBVA por qué en los archivos del banco se conservan los contratos con Cenyt y las facturas que emitió pero no los informes que acreditarían la prestación de los servicios encomendados a la empresa de Villarejo. El banco se limitó a responder así: “Con fecha 23 de enero de 2019, BBVA dio cumplida respuesta al requerimiento remitido por la CNMV el 11 de enero”.

Qince años antes de esa "cumplida respuesta", al entonces director de seguridad del BBVA, expolicía y amigo de Villarejo, le preocupaba que el hombre que al inicio del nuevo siglo se había convertido en presidente de la segunda entidad financiera del país considerase inútil el primer contrato con Cenyt. Un contrato suscrito, como los posteriores, por el socio de Villarejo, Rafael Redondo, y en cuya ejecución –subraya la Fiscalía y atestiguan ya distintos indicios recopilados por la Audiencia Nacional en 14 meses de investigación secreta– el comisario y su equipo utilizaron "medios ilícitos para la obtención y acceso a información reservada de particulares". 

"Putadas" para dejar al jefe seguro de no haber tirado el dinero

¿Sabía entonces FG que el poderoso comisario y su grupo afín podía obtener de compañías telefónicas listados de llamadas sin orden judicial? González niega tajante haber participado o conocido cualquier delito. Pero en la conversación referida en el segundo párrafo de este texto, Julio Corrochano ya se mostra inquieto ante la posibilidad de que FG tomase a Cenyt por ineficaz en el cumplimiento de los objetivos: "emplear toda la energía posible en buscar elementos de presión, contra los diferentes miembros del GH para obligarles a huir". 

"Mi jefe –había transmitido Corrochano de viva voz a Villarejo el 1 de abril de 2005– tiene un mosqueo que te cagas con esta movida, te lo dije, el otro día, se reunió con mi director general [el jefe directo de Corrochano, Ángel Cano, luego consejero delegado] y piensa que hemos hecho el indio, te lo digo así".

A partir de ahí, lo que los dos interlocutores dijeron sella cualquier atisbo de duda sobre quién, según Corrochano, sufría ese "mosqueo": 

– Villarejo: ¡Qué cabrones son, macho!

– Corrochano: Bueno, pues piensa que hemos hecho el indio...

– Villarejo: Cuando están, cuando están jodidos...

– Corrochano: Pepe... no, no, no olvídate de mi jefe, digo el presidente, ¿sabes?

Para inclinar a FG hacia su posición y la de su amigo Villarejo, Corrochano ideó una estrategia: resumir por un lado, aunque también en "dos folios", las cosas que se hacen "que son limpias (...) no sé cuantas vigilancias, no sé cuantos seguimientos, no sé cuantas captaciones de información de fuentes abiertas..." y reservar para FG la narración de los mayores logros. O, por usar los términos que emplea Corrochano, "las putadas". ¿Por qué? Porque "las putadas" son las que "le puedan dejar la conciencia tranquila, porque eso lo lleva muy claro, porque no le gusta tirar ni un duro". Ahí tercia de nuevo Villarejo y de nuevo Corrochano insiste en su idea:

– Villarejo: Ajá.

– Corrochano: Ni un puto duro, macho (...), lo controla todo, de que le quede la conciencia tranquila de que se han hecho una serie de putadas que justifiquen el tema.

Las "putadas" ya aparecen en el sumario a modo de listado en un documento denominado "Proyecto FG". La larga nómina de acciones ahí enumeradas detalla desde intoxicación a medios informativos a reuniones con miembros de los servicios de información e inteligencia del Gobierno e intentos de destrozar reputaciones sacando a la luz episodios de la vida privada de los investigados.

El departamento de prevención de blanqueo del BBVA ya sabía en 2014 que Cenyt, la empresa cuyo espionaje a políticos y empresarios ha sacado a la luz la investigación judicial, pertenecía a José Manuel Villarejo pero ignoraba entonces, porque "en ningún sitio consta", que fuera policía en activo. Eso, exactamente, es lo que el representante legal del BBVA, Adolfo Fraguas, declaró el 20 de noviembre ante el juez que investiga el caso. La versión del banco sobre cuándo se enteró de que Villarejo estaba tras el grupo de investigación privada había permanecido hasta ahora en el ángulo ciego de una historia de espionajes a políticos y empresarios con medios policiales y parapoliciales por los que el BBVA pagó 10,28 millones.

Lo dicho por Fraguas dibuja una línea de defensa frente a la acusación central de la Fiscalía Anticorrupción: que los contratos con Villarejo, en cuya plasmación sitúa la Fiscalía al expresidente Francisco González como figura decisiva e inculpa al propio banco como persona jurídica, se hicieron "a sabiendas" de su condición policial. Se llevaron a cabo, dice el ministerio público en uno de sus informes, mediante "la utilización por éste [Villarejo] de medios ilícitos para la obtención y acceso a información reservada de particulares con vulneración de sus derechos fundamentales". 

Fraguas, quien admitió que se había producido un quebrantamiento de las normas de contratación del banco y que consideró "lógico" que el presidente conociera el contrato para investigar a Ausbanc y su fundador, Luis Pineda, lanzó por sorpresa su relato sobre lo sucedido en 2014.

A raíz de una pregunta sobre un contrato de diciembre de 2014 sobre cuyo objeto real manifestó sus dudas el fiscal Ignacio Stampa, Fraguas hizo una afirmación por completo inesperada: que en 2014 el departamento de blanqueo de capitales supo quién era "el titular real" de Cenyt porque así figuraba en la "declaración de actividades económicas". Y  añadió aquí un pero: "En ningún sitio consta que sea policía. Blanqueo no sabía que fuera policía".  Como el banco levanta "murallas chinas" como medida de protección de datos –siguió argumentando el representante del BBVA– tampoco Blanqueo comunicó a ningún otro departamento la identidad del propietario de Cenyt. 

En resumen, la versión oficial sostiene que el entonces director de seguridad de la entidad, Julio Corrochano, conocía la doble trayectoria profesional de Villarejo pero el banco como tal, no. En cuando a Corrochano, Fraguas no descartó que recibiese instrucciones aunque no precisó de quién o quiénes.

Pero tres meses después de la firma del contrato de diciembre de 2014 con Cenyt, contrato del que deriva un pago de 211.750 euros que podría estar conectado al encargo de investigar a Pineda, ocurrió algo que metió a Fraguas en un callejón de difícil salida. El 10 de marzo de 2015, el principal diario español, El País, llevó a portada una amplia información con el siguiente titular: "El comisario Villarejo participa en 12 sociedades con 16 millones de capital".  

Y aquí comenzó uno de los más importantes forcejeos dialécticos del interrogatorio. Porque el fiscal Ignacio Stampa le preguntó si el BBVA tuvo conocimiento en tiempo real de aquel artículo, firmado por el exdirector de comunicación del BBVA, Javier Ayuso. Fraguas respondió así: "Bueno, no sé quién tuvo ese artículo, pero luego hay un artículo de un mes posterior en el que se dice que la Policía ve compatibles los negocios privados de Villarejo".

El fiscal no se detuvo. "¿Y ustedes se quedaron tranquilos con eso?", inquirió cuando Fraguas invocó aquella segunda noticia. "No –respondió– si lo que me dice es que debiera haber preocupado que un policía estuviera prestando unos servicios, llevando a cabo una actividad incompatible, pero lo que se dice es que el Ministerio del Interior lo ha investigado y es compatible".

En efecto, el 21 de abril de 2015, El País había publicado una segunda información compartida por otros medios cuyo titular corroboraba lo dicho por Fraguas: "Interior considera compatibles los negocios privados de Villarejo". Pero el texto incorporaba un entrecomillado de relevancia. Que Villarejo tuviese empresas privadas se consideraba compatible, aseveraba el informe policial realizado tras la noticia de Ayuso, si su actividad privada “no tiene relación con asuntos relacionados o que se refieren a las actividades que desarrolla en el Cuerpo Nacional de Policía o que sean de su competencia". ¿Podía un policía, tanto si operaba como agente encubierto como si no, dedicarse a la investigación privada? Anticorrupción y el juez instructor del caso, Manuel García Castellón, creen de forma tajante que no.

Lo que no consigió Stampa es que Fraguas explicase por qué el BBVA no hizo alguna averiguación directa a través del Ministerio del Interior y se conformó con una noticia de prensa. 

Desde que en diciembre de 2004 el BBVA contrató a Cenyt para espiar, entre otros, al político socialista Miguel Sebastián y al empresario Luis del Rivero para abortar el desembarco de la inmobiliaria Sacyr en el accionariado, la empresa de Villarejo hizo valer sus poderes a través de la marca "V&V Developments". Su carta de presentación, y así lo subraya la Fiscalía en su informe, la definía como "la división de inteligencia empresarial de Cenyt",  una organización "dirigida y coordinada por miembros de Seguridad del Estado en situación administrativa de disponibilidad". 

El levantamiento del secreto en la pieza del caso Villarejo donde la Audiencia investiga su relación con el BBVA ha sacado a la luz un informe de Anticorrupción –al que ha tenido acceso infoLibre– que señala al expresidente del banco, Francisco González, como quien ordenó  los contratos con el policía pese a que desde el primer momento el banco conocía su "naturaleza ilícita". Entre esos contratos figuran el que convirtió en espiados al político socialista Miguel Sebastián y al empresario Luis del Rivero o el que, según un documento interno de un directivo del banco, derivó en la presentación de una "denuncia anónima" contra el fundador de Ausbanc, Luis Pineda, tras una comida que González mantuvo con la "cúpula de la Policía" en enero de 2015. Pineda es ahora el principal acusado en el recién iniciado juicio donde se le atribuyen delitos de extorsión a distintas instituciones, una de ellas el BBVA.

Con un coste global para la entidad financiera, la segunda del país, de 10,28 millones, el primero de esos contratos se remonta a diciembre de 2004 mientras que el último no se dio por resuelto hasta 11 días después de que Villarejo fuese detenido el 3 de noviembre de 2017. Y todo indica, subraya la Fiscalía, que esos contratos se llevaron a cabo "con la presunta participación coordinada de múltiples áreas del banco a sabiendas de la condición policial" de Villarejo y de que para los trabajos a través de su empresa Cenyt utilizaba "medios ilícitos para la obtención y acceso a información reservada de particulares con vulneración de sus derechos fundamentales".

Fechado el pasado 11 de noviembre, el informe de los fiscales Miguel Serrano e Ignacio Stampa ofrece abundantes datos sobre el papel protagonista de Francisco González, conocido en los ámbitos financieros como FG. Relata, por ejemplo, cómo distintos archivos de audio grabados entre los meses de diciembre de 2004 y junio de 2005 recogen conversaciones mantenidas por Villarejo, su socio Rafael Redondo, el comisario Enrique García Castaño y el entonces director de seguridad de la entidad, el expolicía Julio Corrochano. En esas conversaciones "se desarrolló y evaluó" el denominado Proyecto Trampa, que inauguró la simbiosis entre el BBVA y Villareno y tenía por objeto abortar el desembarco del grupo inmobiliario Sacyr en el accionariado del BBVA. En la transcripción de esas conversaciones, dice el informe, "se constata cómo Julio Corrochano daría cuenta del resultado de las gestiones desarrolladas por Cenyt al presidente", es decir, a Francisco González, y al consejero delegado, Ángel Cano.

El Proyecto Trampa implicó seguimientos, pinchazos telefónicos, múltiples medidas de presión, de intoxicación a medios informativos e incluso –desvela el sumario– reuniones con miembros de los servicios de inteligencia para bloquear la entrada de Sacyr en el BBVA. El espionaje se realizó contra personalidades como Miguel Sebastián, entonces director de la Oficina Económica del Gobierno Zapatero y luego ministro; Luis del Rivero, que presidía Sacyr; o Carlos Arenillas, en aquel momento vicepresidente de la CNMV. Diversas técnicas de "hostigamiento sostenido" –remarcan los fiscales– afectaron "a su libertad, intimidad, reputación, carrera profesional, y a la esfera más privada de su vida personal y familiar".

El testimonio de Corrochano y de otro de los exdirectivos imputados, Antonio Béjar, ha resultado también decisivo para que Anticorrupción coloque el foco sobre Francisco González. 

FG en Canillas

El informe de Anticorrupción desvela un hecho por completo desconocido hasta ahora. En un documento denominado "Relatorio", el que ocupó el cargo de director de los servicios jurídicos contenciosos, Eduardo Ortega, narró lo que la Fiscalía resume así: que Ortega "participó junto al Presidente Francisco González Rodríguez en un almuerzo en el Complejo Policial de Canillas el día 7 de enero de 2015 junto a la cúpula del Cuerpo Nacional de Policía, tras la cual se decidió la redacción de una denuncia que se interpondría de forma anónima contra Ausbanc ante la UDEF del Cuerpo Nacional de Policía para proceder a la investigación de dicha asociación". La denuncia, prosigue la Fiscalía tomando como fuente el citado "Relatorio", la redactó el propio Eduardo Ortega, que se la habría entregado a Corrochano. "Y este a su vez a José Manuel Villarejo, que la presentaría ante la UDEF, dando lugar posteriormente" a las diligencias contra el fundador de Ausbanc, Luis Pineda, y otros miembros de su grupo. 

Pineda y otros 10 acusados a raíz de aquella denuncia anónima comparten banquillo en un juicio cuya primera sesión de interrogatorios se celebra este jueves y en el que se arriesgan a elevadas penas de cárcel por delitos de extorsión: para Pineda, la Fiscalía pide 119 años. Su abogado, Miguel Durán, sostiene que el caso es solo un "montaje policial" urdido por Villarejo de la mano del BBVA.

Por lo que ha podido averiguar este periódico, el documento "Relatorio" fue localizado en el ordenador de Ortega, aunque infoLibre ignora si el BBVA ha ofrecido datos fehacientes sobre en qué fase de su investigación interna se produjo el hallazgo, quiénes lo hicieron y por qué procedimiento.

El dictamen de la Fiscalía sobre el proyecto de espionaje contra Pineda, el llamado "Proyecto Pin", resulta demoledor: "Constan incorporados múltiples documentos relacionados con la obtención de información con vulneración de derechos fundamentales de Luis Pineda Salido y su familia y las actividades de Ausbanc, como tráficos de llamadas y análisis de cuentas corrientes, abarcando varios años". Durante ese periodo, supervisaron "el proyecto" cinco directivos del BBVA: Francisco González y cuatro de sus subordinados.

“Adam Smith decía que los impuestos deberían ser eficientes, ciertos, convenientes y justos. Por el contrario, las políticas fiscales actuales son una chapuza imperdonable”, se despachaba la revista británica The Economist el año pasado para a continuación pedir una remodelación total de los sistemas tributarios nacionales. A su juicio, las normas fiscales que gravan a empresas y particulares se han quedado obsoletas y son ineficientes e injustas: los impuestos ni recaudan lo que debieran y necesitan las administraciones públicas para cumplir con sus compromisos con los ciudadanos, ni gravan más a quien más tiene o gana. De modo que fallan a la hora de mitigar las desigualdades.

Reformas fiscales se han aprobado decenas, cuestión distinta es abordar una remodelación total del sistema. En los años 80 del pasado siglo nació en Estados Unidos la idea de un nuevo modelo fiscal basado en un impuesto progresivo al consumo. Una construcción teórica que ningún país ha llevado aún a la práctica. “No es descabellado, pero sí tendría una gestión muy delicada”, concede Juan Antonio Gimeno, catedrático de Economía Aplicada de la UNED. Gimeno formó parte del grupo que, en el seno de la Fundación Alternativas y por encargo del PSOE, formuló en 2002 una propuesta para reformar el IRPF tras analizar diferentes alternativas, entre ellas la aplicación de “un tipo único acompañado de otro complementario para las rentas más elevadas”, que a juicio de los 17 expertos convocados, aumentaría su “equidad, eficiencia y simplicidad”. Otra alternativa era el impuesto progresivo al consumo. Que fue desechado. “Lo veíamos demasiado complicado”, recuerda el catedrático de la UNED.

El impuesto progresivo al consumo supone un cambio radical de modelo. Tanto empresas como particulares tributan sobre una base imponible que viene determinada por el consumo, por el resultado de restar las inversiones o gastos de  los ingresos. Así, el contribuyente tributa al cabo del año por la diferencia entre lo que ha ingresado y lo que ha gastado e invertido. Y el tipo al que lo hace es el mismo para este nuevo IRPF que para el nuevo impuesto de sociedades –el que pagan las empresas por sus beneficios–, de modo que desaparecerá el incentivo actual a escapar del primero –con un tipo de hasta el 45% para las rentas más altas– hacia el segundo –con un tipo más bajo, del 25%–. Al mismo tiempo se aplica un mínimo exento más alto que el actual –en España por debajo de 14.000 euros anuales de ingresos no se tributa– para garantizar la progresividad de la pata salarial del nuevo impuesto.

Para Juan Antonio Gimeno, ese impuesto sobre las rentas con un mínimo exento amplio debería, además, estar muy ligado al impuesto del patrimonio y al de sucesionesimpuesto del patrimonioal de sucesiones. “Exigiría un control muy potente de los patrimonios”, explica. Y no debería sustituirse el IVA.

En cambio, Javier Collado Muñoz, profesor del Master de Tributación de la Universidad a Distancia de Madrid (Udima) e inspector de Hacienda, ve bien, al menos como “figura utópica”, un impuesto que grave el consumo y no dependa del tipo de producto como el IVA actual –un 4% los alimentos básicos, pero un 21% los artículos de lujo, por ejemplo– sino del precio. “Sería progresivo porque no es lo mismo comprarse un utilitario para trabajar que, digamos, un Rolls Royce, y a los dos tienen el mismo IVA del 21%”, destaca. Aunque también reconoce que sería difícil de aplicar: siempre habría quien pusiera como precio un céntimo menos del fijado para evitar subir de tramo. “El control necesario desbordaría a la Agencia Tributaria, cuando ya de por sí es complicado controlar el IVA”cuando ya de por sí es complicado controlar el IVA, advierte.

Además, el Impuesto sobre el Valor Añadido se rige por una directiva de la Unión Europea, lo que implica que cualquier modificación debe aprobarse en Bruselas.

  La declaración “cabría en una tarjeta postal”

Benja Anglès, profesor de Derecho Financiero y Tributario de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), apunta que los impuestos deben considerarse siempre en su conjunto y que, además de progresivos, deben ser “equilibrados”. Eso significa que, aun no siendo cada uno de ellos progresivo, el total sí debe cumplir con esa regla “para no asfixiar a determinadas rentas y que todo el peso de la tributación recaiga sobre los mismos contribuyentes”. En teoría, también el mínimo exento es una garantía de progresividad. Pero depende de dónde se ponga el límite. Subirlo demasiado, continúa Benja Anglès, reduce la progresividad, por cuanto “habría quien no pagara absolutamente nada en ningún impuesto”.

Juan Antonio Gimeno cree viable un impuesto sobre la renta general que podrían recaudar las comunidades autónomas más otro complementario sobre el gasto con un mínimo exento muy alto y donde no sería necesario un tipo único. Pero con un tributo sobre el patrimonio y otro de sucesiones “fuertes”. El problema, tal y como lo vio el grupo de expertos que lo estudió en 2002, es que con el tipo único aumenta la carga sobre los primeros tramos de contribuyentes inmediatamente por encima del mínimo exento y “se agravaría el efecto de que la mayor parte de la recaudación procede de las clases medias que trabajan por cuenta ajena”. “La progresividad se resiente”, resume el catedrático de la UNED, “y la supuesta simplificación que aporta ese nuevo modelo es mentira”.

Por el contrario, los economistas estadounidenses que desarrollaron este sistema de tipo único, Robert Hall y Alvin Rabushka, defienden que su modelo es tan sencillo que la declaración de impuestos “cabría en una tarjeta postal”, como recuerda el catedrático de la Universidad Carlos III Javier Ruiz-Castillo en un trabajo en defensa del impuesto progresivo al consumo publicado en 2004. También lo cree así Javier Collado: “La gestión sería más sencilla para la Agencia Tributaria”. Y Benja Anglès: “La gestión del IVA ya está implantada, aumentaría el número de contribuyentes, pero sería escalable, [la Agencia Tributaria] no tendría que inventar nada nuevo”. Además, haría falta menos que una tarjeta postal, bromea. “Ahora ya basta con un click”.

  Un riesgo para la recaudación y el consumo

La dificultad es otra, en opinión de ambos expertos. “Falta voluntad política”, coinciden. Dudan de que ningún partido vaya a atreverse a proponer una “revolución” de semejante calado. “La única manera de venderlo”, subraya el profesor de la UOC, “es asegurando que va a suponer un ahorro para el contribuyente o que al menos, no le va a perjudicar”. Javier Collado considera “más justo” un impuesto “genérico” con un mínimo exento alto y con tipos igualmente elevados de un 25% –el tipo nominal del impuesto de sociedades–, que el actual sistema de tramos. También sostiene que es más progresivo ampliar el mínimo exento que aplicar un impuesto sobre la renta con muchos tramos pero sin mínimo exento. Aunque al tiempo descarta que se acompañe de un impuesto sobre el patrimonio y sobre las herencias al modo que pide Juan Antonio Gimeno. De hecho, es un enemigo declarado de ambas figuras, que tilda de “aberración”.

Hall y Rabushka fijaron en un 19% el tipo único sobre todas las clases de consumo si se implantaba su modelo fiscal en Estados Unidos, acompañado de una exención “generosa”, decían, de 12.600 dólares –11.307 euros al cambio actual– para una familia de cuatro miembros. Unas cifras que habría que traducir a la realidad económica nacional 40 años después.

Benja Anglès advierte además de incovenientes adicionales que deberían calibrarse. Un IVA sobre el precio puede limitar el acceso de los consumidores a determinados productos, que se encarecerían, y terminar reduciendo el nivel de consumo general. También puede perjudicar la posición competitiva en precios con el resto de los países si los cambios se adoptan de forma unilateral, beneficiando a los Estados con menor fiscalidad. Finalmente, el periodo transitorio necesario para pasar de un sistema a otro puede ser problemático e “injusto” si se hace “pagar dos veces” a algunos contribuyentes.

Sin mencionar el efecto del nuevo modelo sobre la recaudación. Javier Collado no duda de que el sistema tributario sufriría “una travesía del desierto durante mucho tiempo” hasta que finalmente subieran los ingresos del fisco. Lo que ocurriría “a largo plazo”, asegura, cuando los tipos más bajos fueran lo bastante atractivos como para que los grandes patrimonios se quedaran o regresasen de los países adonde se trasladaron en busca de ventajas fiscales. Benja Anglès, por el contrario, piensa que la recaudación subirá “de entrada”, aunque expresa también sus sospechas sobre el comportamiento del consumidor: “Ni los aumentos ni las rebajas fiscales se traducen automáticamente en alzas de la recaudación”.

  Republicanos, PSOE y Vox

En cualquier caso, el profesor de la UOC recuerda que desde su nacimiento en los años 80 –durante la presidencia de Ronald Reagan y con el objetivo de aumentar la recaudación–, hasta la actualidad, el impuesto progresivo sobre el consumo no ha llegado a convertirse siquiera en una propuesta seria fuera del nivel académico. En Estados Unidos sólo ha convencido a algunos republicanos. En España, políticos del PSOE, como Miguel Sebastián o David Taguas, coquetearon en su día con la idea del tipo único o de un número limitado de tipos en el IRPF.

Y en las pasadas elecciones de abril, Vox presentó una propuesta fiscal donde sustituía los actuales cinco tramos del IRPF por una “linealización de la tarifa” del impuesto, de forma que quienes ingresaran hasta 60.000 euros al año tributarían a un tipo del 22% y, a partir de esa cifra, a un tipo del 30%. Es decir, sólo dos tramos. Según sus cálculos, la recaudación se rebajaría entre 6.436 y 8.648 millones de euros, dependiendo del comportamiento de los contribuyentes. El impuesto de sociedades debería igualmente reducirse a ese mismo tipo del 22%, lo que encogería la recaudación en otros 2.645 millones de euros. Finalmente, establecía el mínimo exento en 7.000 euros al año para para una persona hasta los 65 años y 18.520 euros para un matrimonio con cinco hijos. Es decir, a partir de esos 7.000 y 18.520 euros –y hasta 60.000–, ambos tipos de contribuyentes deberían tributar por el 22% antes citado.

“El impuesto único fracasó como idea”, concluye Juan Antonio Gimeno, quien no obstante celebra que se debata “a fondo” cómo reformar el sistema tributario. Una remodelación que, a su juicio, debería acometerse al mismo tiempo que la del sistema de financiación autonómica:“Eso nunca se ha hecho hasta ahora”.

Los audios que se han ido conociendo y que destapan qué tipo de espionajes y seguimientos hizo el comisario José Manuel Villarejo para el BBVA. La imputación de Francisco González, FG, el hombre que hasta diciembre fue el más poderoso de la segunda entidad del país. La imputación del propio banco como persona jurídica por indicios de graves delitos como cohecho, descubrimiento y revelación de secretos, y corrupción en los negocios. Todo ello y algunos otros elementos de impacto han eclipsado una pieza del puzle. Una pieza de apariencia menor si se la compara con lo que diversas informaciones han ido sacando a la luz pero que genera nuevas incógnitas a medida que avanza la instrucción: la investigación interna –el forensic– forensi que el banco asegura haber iniciado en junio de 2018 y que en los últimos días ha introducido en el caso una sorpresa de relieve.

Por lo que ha podido conocer infoLibre, en las dos declaraciones judiciales prestadas en menos de 10 días –la segunda, este jueves–, el representante legal del banco, Adolfo Fraguas, ha aducido que no podía dar explicaciones sobre el forensic porque ignora el contenido de buena parte de la investigación interna, como son las entrevistas efectuadas y muchos de los documentos entregados al juez Manuel García Castellón. Fraguas ya lleva sumadas casi 10 horas de interrogatorio. Y declarará de nuevo por tercera vez en una fecha que aún no ha trascendido.

El BBVA afirma de manera oficial que Fraguas sí conoce el contenido del forensic, pero sostiene también que no puede pronunciarse sobre su declaración judicial porque la causa está secreta. Una vez se levante el secreto de sumario, todas las partes personadas accederán a los audios de las declaraciones prestadas por el representante del banco. Y, muy posiblemente, se conozcan los hitos de la investigación interna que de manera oficial comenzó en junio de 2018 tras la primera información del caso, difundida por publico.es, y que por ahora no se sabe cuándo terminará. No se sabe pese a que el Banco Central Europeo (BCE), el Banco de España y la CNMV llevan meses pidiendo a la entidad que se apresure. El último en hacerlo fue Sebastián Albella, presidente de la CNMV. "La investigación interna del BBVA está tardando demasiado", disparó el 8 de julio en una entrevista con el diario El Mundo.

Con una denominación –forensic– que sugiere técnicas de elevada precisión y solo al alcance de los muy iniciados, la investigación del BBVA constituye en efecto otra pieza de un puzle de violentos colores donde, a tenor de lo investigado y en espera de que todo ello se acredite, Villarejo emerge con el sello que le ha hecho célebre: interviniendo entre 2004 y 2005 nada menos que casi 4.000 teléfonos y espiando al hoy exministro Miguel Sebastián así como al empresario Luis del Rivero entre otros para impedir que la constructora Sacyr entrase en el accionariado del BBVA. O ya en esta década, escudriñando con métodos supuestamente ilegales las propiedades de grandes deudores del banco como Fernando Martín (Martinsa) y Luis Portillo (Colonial). O investigando igualmente, en 2013 y por vías más que extraoficiales a Ausbanc, la ya extinta asociación de usuarios de banca enzarzada durante años en una guerra de ataques cruzados con el banco. Los antiguos directivos de Ausbanc se encuentran, junto con los de la asociación o seudosindicato ultra Manos Limpias, pendientes de juicio acusados de extorsionar a determinadas personas e instituciones: una de ellas, el BBVA. Son precisamente los contratos que respaldan esos trabajos y por los que cobró más de 10 millones el antaño poderoso comisario, en prisión preventiva desde hace dos años, lo que el BBVA debe indagar a través del forensic.

Fechas, contradicciones y doble papel

En la secuencia de hechos sobre la investigación interna juega un papel determinante el bufete Garrigues, con el que el BBVA mantiene una larga relación profesional. Una de sus socias, la exfiscal Helena Prieto, dirige el equipo que desarrolla el forensic, del que también forman parte el bufete Uría y la consultora PriceWaterhouseCoopers (PwC) y cuyas conclusiones, como las de cualquier examen de tal naturaleza, corresponde alcanzarlas a expertos independientes. De manera simultánea, Prieto capitanea el equipo de abogados defensores del banco en la causa judicial. El 20 y el 27 de noviembre acompañó a Fraguas a la Audiencia Nacional y estuvo presente en su declaración.

Fue el 10 de enero cuando el banco difundió un comunicado [puedes consultarlo aquí] donde anunciaba que seis meses antes, junio de 2018, había emprendido sus propias pesquisas tras las primeras noticias sobre los contratos con Villarejo y su empresa Cenyt. Y que había solicitado "a un despacho externo de abogados una revisión independiente de los hechos y de la documentación disponible". "Si en las investigaciones se acreditara la existencia de irregularidades –agregaba el texto– BBVA tomará las medidas internas que procedan y llevará a cabo las acciones judiciales pertinentes".

El 14 de enero, Carlos Torres, el nuevo presidente del BBVA y que había sido consejero delegado desde que en mayo de 2015 sucedió en ese puesto a Ángel Cano, uno de los 14 directivos imputados, envía una carta a los empleados [puedes consultarla aquí]. En su misiva, Torres formula una afirmación que difiere de lo publicitado en la nota de cuatro días antes. Esa afirmación es la siguiente: que en la investigación abierta desde junio de 2018 "se ha comprobado que efectivamente dicho grupo [el de las empresas de Villarejo] prestó servicios diversos al banco, pero no se ha encontrado ninguna documentación que refleje el seguimiento e intervención de comunicaciones privadas a la que se refieren las noticias publicadas en los medios de comunicación desde el 9 de enero". Las noticias aludidas por el máximo responsable del BBVA eran las divulgadas por la web moncloa.com sobre la operación destinada a impedir el desembarco de la constructora Sacyr en el accionariado del banco. ¿Habían bastado cuatro días para descartar la existencia de documentos reveladores de "irregularidades"? Esa es una incógnita.

Nueve días más tarde, el 23 de enero, el banco confirma a los periodistas desplazados a Suiza para seguir el Foro de Davos un dato sobre quiénes participan en la investigación interna: "La entidad financiera –se lee en la crónica de El Mundo– había contratado ya a Garrigues como apoyo externo de la investigación y ha decidido sumar al bufete Uría y, sobre todo, al departamento de investigación forensic de PriceWaterhouseCoopers". 

Los comunicados del 10 y 14 de enero no son los únicos que entrañan dudas sobre la marcha de la investigación interna. El 15 de agosto, tras los avisos lanzados desde enero por las altas instancias financieras –el Banco Central Europeo, el Banco de España y la CNMV– para que se apresurase con el forensic, el BBVA difundió una nueva nota donde aseguraba que "las líneas de investigación originales" del forensic ya habían finalizado "sin perjuicio de otras líneas que se puedan iniciar mientras la investigación judicial siga en curso". La semana pasada, y a preguntas de infoLibre, fuentes oficiales del banco respondieron que el forensicno se cerrará mientras la instrucción judicial permanezca abierta. A día de hoy no se conoce el porqué de ese cambio respecto de lo que el 15 de agosto parecía un mensaje tan claro que buena parte de los medios, tanto en papel como digitales, tituló sin matizaciones ni rectificaciones posteriores que la investigación había finalizado. No es así.

Pero surge entonces otro pero. Y se localiza en lo que el banco comunica a la CNMV cuando incorpora el caso Villarejo como riesgo en su folleto de renta fija. Sobre esa comunicación, el diario El Mundo publicó ese mismo 15 de agosto que el banco había comunicado al organismo supervisor que el procedimiento interno "sigue su curso".  ¿Cuándo y por qué se habían abierto esas "otras líneas" que el comunicado volcado en su web calificaba como posibles pero sin que ningún dato permitiera aventurar que ya estaban en marcha? El comunicado ya no se encuentra disponible en el apartado de su web que el BBVA dedica al caso Villarejo. 

A ese interrogante se suman otros que la instrucción de la causa terminará probablemente por resolver. Por ejemplo, ¿podría o debería el banco haber abierto esa investigación en noviembre de 2017, cuando Villarejo fue detenido y enviado a prisión? ¿Quiénes sabían entonces que el policía había dado servicios al banco, con independencia de la finalidad de los contratos y de su potencial ilegalidad? ¿Estaban al tanto de esos contratos solo el jefe de seguridad, el expolicía Julio Corrochano, y el director de la división inmobiliaria, Antonio Béjar, como mantiene el banco? ¿Nunca fueron informados el presidente y los consejeros delegados sobre contratos de elevada magnitud económica y que requerían la autorización de más de un departamento interno según quienes conocen el caso? Mientras el secreto de la causa permanezca en vigor, esas preguntas quedan sin respuesta.

Una semana después de que la Audiencia Nacional imputase al expresidente del BBVA, Francisco González, por los contratos con el comisario José Manuel Villarejo, que espió para el banco a políticos y empresarios, la segunda entidad financiera del país sigue sin aclarar una cuestión clave: la de si ha entregado al juez Manuel García Castellón los informes de cualquier naturaleza que la consultora Price Waterhouse (PwC) haya ido suministrándole desde que en enero fue contratada para elaborar un forensic sobre los 15 años de relación con el policía más controvertido del país. El forensic es una investigación privada que usa técnicas cuasi policiales y que permite a una empresa detectar las ilegalidades que hayan podido producirse en su seno, examinar su alcance en todos los ámbitos –desde lo temporal a las personas implicadas– y, a partir de ahí, extraer conclusiones. 

El propio banco se cuenta entre los imputados, en este caso como persona jurídica. Y lo sucedido este miércoles apunta a que el juez de la Audiencia Nacional que investiga las actividades de Villarejo en la Operación Tándem, Manuel García Castellón, mantendrá viva por el momento esa imputación. García Castellón tomó declaración durante cuatro horas al representante legal del BBVA. Y su comparecencia proseguirá el día 29 porque el interrogatorio no ha concluido. ¿Interrogarán la Fiscalía o el juez al representante del BBVA, Adolfo Fraguas, por esos informes? Esa es una de las incógnitas de una pieza que se investiga bajo secreto y que coloca en una posición complicada al banco.

Aunque la causa judicial permanece bajo secreto, que no existe todavía un informe final del forensic de Price Waterhouse está fuera de duda. Porque, como el propio banco anunció en agosto, "las líneas de investigación originales del forensic ya han sido finalizadas"forensic. Pero eso es así, dice el texto, "sin perjuicio de otras líneas que se puedan iniciar mientras la investigación judicial siga en curso". Buena parte de los medios interpretó, sin que nadie emitiese una rectificación, que ese comunicado implicaba el fin de la investigación interna. No es así, sostiene ahora el BBVA.

¿Qué tipo de borradores o informes explicativos de los hallazgos localizados ha ido aportando PwC a su cliente? No se sabe. En septiembre, el banco ya había pasado a engrosar la lista de imputados, donde ya figuran varios de sus altos directivos, que en su mayoría se han acogido al derecho a no declarar y cuyas defensas corren a cargo del seguro que la entidad destina a sus cargos.

El BBVA sí repite abiertamente uno de sus mensajes fundamentales: que ha remitido al juez todos los documentos relevantes hallados gracias al forensic, pero no explica qué criterio ha aplicado para distinguirlos de los irrelevantes ni si ha transmitido al juez cómo interpreta PwC lo que ha ido descubriendo en su investigación. ¿Entiende el BBVA que fueron directivos de segundo nivel quienes contrataron a Villarejo o considera que actuaban siguiendo instrucciones? La respuesta a esas dos preguntas formarían parte de modo inexorable de un forensic. Aunque PwC declina ofrecer datos como cabía esperar dada su posición, otros expertos en la materia consultados por infoLibre sostienen que lo habitual es ir facilitando al cliente informes escritos a modo de borradores del informe final que se van ampliando a medida que avanzan las investigaciones. En esos borradores no solo se aborda de manera ordinaria el carácter de las pesquisas efectuadas sino otros elementos sustanciales. Por ejemplo, la aparición de nombres que, en opinión de los analistas, deban ser investigados de manera especial. Una vez Fraguas abandonó la Audiencia Nacionl pasadas las seis de la tarde, el BBVA emitió un comunicado donde remarca que el responsable de los Servicios Jurídicos de BBVA España, había "respondido a todas las preguntas planteadas por el juez y los fiscales". Y "defendido que de los hechos investigados no se deriva responsabilidad para la entidad".

El proceso judicial –continúa la nota–  sigue sujeto a secreto de sumario, "lo que limita la información que la entidad puede difundir públicamente sobre este caso, dada la exigencia de no interferir en la investigación judicial".

El comunicado reitera que el presidente de BBVA, Carlos Torres Vila, ha lanzado un recordatorio: "Nuestra prioridad es el esclarecimiento de los hechos colaborando con la Justicia, como hemos hecho hasta ahora. Somos un banco con fuertes valores y principios que guían nuestro comportamiento cada día".

La pieza sobre el BBVA estalló en 2018 cuando trascendió que Villarejo había puesto en marcha una operación en 2004 destinada a evitar la entrada de la constructora Sacyr en el accionariado del banco. Y que esa operación implicó el espionaje de políticos y empresarios, entre ellos el hoy exministro socialista Miguel Sebastián.  Otras operaciones de supuesto espionaje se sucedieron hasta 2016. A día de hoy, más de una decena de directivos y exdirectivos del banco están investigados por delitos de cohecho y revelación de secretos.

El exministro Miguel Sebastián se ha personado como acusación particular en la causa que el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional sigue contra el excomisario José Manuel Villarejo por la Operación Trampa, el espionaje que supuestamente le encargó el BBVA en 2004 y 2005 para frenar el intento de control del banco por parte de la constructora Sacyr. Sebastián, que en esa época era secretario de Estado y director de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, se une así a otros espiados, como el exvicepresidente de la CNMV Carlos Arenillas, el expresidente de Sacyr Luis del Rivero, el ex consejero del BBVA José Domingo Ampuero y el ex director general adjunto y consejero de Sacyr Vicente Benedito, que han interpuesto denuncias en el mismo juzgado contra el expolicía y contra los responsables del banco.

En un escrito presentado ante el juez al que ha tenido acceso infoLibre, Miguel Sebastián explica que fue objeto de “seguimientos y vigilancias continuadas” por parte de “grupos operativos coordinados” por Villarejo, quien además intervino sus comunicaciones telefónicas, tanto privadas como oficiales, e incluso “construyó un falso relato en torno a su persona” para “desacreditarlo ante los demás y torcer su voluntad”. En concreto, resalta que de las 15.000 llamadas pinchadas, 65 tenían su origen o su destino en la Presidencia del Gobierno, el Ministerio de la Presidencia o el palacio de la Moncloa. “Y en 60 de las 65 ocasiones aparece el móvil corporativo que tenía Miguel Sebastián en aquel momento”, apunta.

El exministro de Industria asegura que se utilizaron “recursos del BBVA” para defender “posiciones internas de poder en perjuicio de accionistas minoritarios”. Sebastián se refiere a que el entonces presidente del banco, Francisco González, intentaba impedir que Sacyr obtuviera una participación significativa de las acciones de la entidad financiera. Y González creía que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero apoyaba la operación. “De resultar finalmente probados, [estos hechos], podrían constituir el mayor escándalo de corrupción corporativa de la democracia española”, subraya Miguel Sebastián.

Además, esos “grupos operativos” contratados por Villarejo, añade en su denuncia el exministro socialista, parecen tener “una estrecha relación con personas pertenecientes a cuerpos policiales, lo que les habría permitido acceder a informaciones privadas y reservadas especialmente protegidas”.

Investigación interna “absolutamente ineficaz”

Sebastián también reprocha al BBVA que ninguno de sus representantes se haya “disculpado públicamente” por esta operación ni se haya dirigido a él para informarle de las “medidas internas que piensa adoptar” o para prestarle ayuda y colaborar en la identificación de los responsables y en defensa de los derechos de los perjudicados por el espionaje. A su juicio, el banco incumple así “la más elemental política de compliance [cumplimiento normativo]”. “Tampoco se ha adoptado una sola medida de apartamiento o suspensión cautelar de las personas presuntamente implicadas y que todavía desempeñan ciertas tareas de representación institucional del BBVA”, destaca. Aunque Francisco González abandonó su cargo como presidente el 31 de diciembre pasado, continúa como presidente de honor del banco que dirigió durante 18 años. El exministro señala igualmente en su escrito al jefe de Seguridad del BBVA, Julio Corrochano, que trabajaba directamente para González y recibía los informes de Villarejo.

Para terminar, pone en duda los resultados de la “supuesta investigación interna” que sobre el espionaje abrió el BBVA el pasado mes de junio. A su juicio, será “absolutamente ineficaz” porque la persona al frente de la auditoría interna del banco, Joaquín Gortari, fue jefe de gabinete de Francisco González y las firmas que la llevarán a cabo –PwC, Uría Menéndez y Garrigues– tienen “un claro conflicto de intereses” por sus “previas vinculaciones personales y profesionales” con los implicados en el caso. Sebastián advierte de que la investigación no concluirá antes del verano, con posterioridad a la Junta General de Accionistas del BBVA, por lo que a éstos “se les sustraerá el conocimiento o resultado” de las indagaciones.

El exvicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Carlos Arenillas va a interponer una querella en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional por el espionaje al que supuestamente le sometió el comisario José Manuel Villarejo por encargo del expresidente del BBVA Francisco González. Así lo ha anunciado Arenillas en sendas cartas que ha enviado al gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, y al presidente de la CNMV, Sebastián Albella, y a las que ha tenido acceso infoLibre. Ese juzgado, a cuyo frente se encuentra el magistrado Manuel García Castellón, es el que investiga el presunto espionaje.

En ambos escritos, quien fue el número dos del órgano regulador de los mercados entre 2004 y 2008 pide tanto al Banco de España como a la CNMV que revelen “cuál será su posición” ante el procedimiento judicial que investiga los trabajos por los que el comisario Villarejo cobró casi seis millones de euros.

Según las informaciones publicadas por Moncloa.com y El Confidencial, el expolicía siguió y fotografió dos vehículos oficiales de la CNMV. En las cartas enviadas el pasado día 14, Arenillas asegura que tanto su teléfono como el de algunas personas de su entorno fueron intervenidos por Villarejo y su domicilio, fotografiado. También destaca el ex número dos de la CNMV que ese teléfono lo empleaba para sus comunicaciones personales, pero “sobre todo para las profesionales”. De forma que no sólo se violentó su intimidad personal sino que, además, pudo haberse visto “comprometida información confidencial” derivada de su cargo institucional.

Es decir, quien escuchó las conversaciones que Arenillas mantuvo mientras fue pinchado su teléfono –en 2004 y 2005, precisa en su carta– pudo haber obtenido información privilegiada de operaciones societarias o bursátiles en marcha sobre las que tenía competencia el exvicepresidente de la CNMV. Manuel Arenillas también pide la implicación del Banco de España y de la propia CNMV destacando que quien ha visto intervenidas sus comunicaciones –él mismo– ha sido consejero del primero y vicepresidente del segundo. Y que la entidad bancaria implicada –en ningún momento cita al BBVA por su nombre– es supervisada por ambos organismos.

El espionaje a Arenillas se produjo en plena ofensiva del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y la constructora Sacyr José Luis Rodríguez ZapateroSacyrpara tomar el control del BBVA. Según El Confidencial, a González no sólo le interesaba el número dos de la CNMV por su pasado en Intermoney, “la misma agencia de valores por la que también pasó el entonces jefe de la Oficina Económica de Moncloa, Miguel Sebastián, el dirigente del PSOE más implicado en el asalto a BBVA. Al presidente de la entidad financiera le inquietaba, sobre todo, lo que podía hacer Arenillas con una denuncia que el regulador había recibido en plena ofensiva”.

La Operación Trampa, como se bautizó el encargo del BBVA a Villarejo, incluyó más de 15.000 pinchazos telefónicos y, como puede comprobarse con las fotos del domicilio y los vehículos de Carlos Arenillas, también seguimientos. Entre los espiados se encuentra igualmente el presidente de la CNMV en esos años, Manuel Conthe.

La limitada reacción de los reguladores

Hace poco más de una semana, sin embargo, el actual responsable de ese órgano regulador, Sebastián Albella, dio por prescritos los delitos derivados del presunto espionaje, pese a que la investigación judicial, de carácter secreto, arrancó hace menos de un mes y ni siquiera se sabe, por tanto, en qué infracciones penales han incurrido los involucrados. La CNMV anunció entonces que no va a emprender acciones legales ni acometerá una investigación interna.

“Es un caso que ocurrió hace más de 12 años, por lo que creemos que ha prescrito. Yo fui nombrado en 2016 y ahora mismo tenemos muchas otras prioridades que eso, así que no vamos a tomar ninguna medida legal”, aseguró Albella el pasado día 7. “No soy muy partidario”, añadió, “de preocuparme ahora más de la cuenta o dedicar recursos a algo que ocurrió hace 12 o 13 años, por lo que mi inclinación a hacerlo [investigar] es limitada”. Tampoco se ha planteado aún la CNMV si se personará en el caso Villarejo como parte afectada, ya que sus más altos cargos fueron espiados e incluso, como sugiere Arenillas en sus cartas, es posible que se filtrara información confidencial sobre operaciones o empresas que pudo haberse usado como información privilegiada en beneficio de terceros.

De momento, la respuesta de la CNMV al escándalo consistirá en “permanecer muy vigilante” para que el BBVA facilite al mercado información correcta y suficiente. Sebastián Albella entiende que esa información debe ser transparente respecto de los riesgos que afronta el BBVA. Y que debe incluir una “mención específica a los relacionados con la corrupción”. No obstante, considera que el banco “está haciendo el trabajo que tiene que hacer”.

El Banco de España, por su parte, se ha limitado a reclamar una investigación “con total profundidad y con la mayor prontitud posible”, a fin de “eliminar y minimizar el riesgo reputacional potencial” para el BBVA, según declaró el gobernador Hernández de Cos a preguntas de los periodistas en el Congreso. Además, ha trasladado al Banco Central Europeo (BCE) la denuncia contra González y el BBVA interpuesta por el pseudosindicato Manos Limpias por este caso, según publicó El Independiente.

El juez de la Audiencia Nacional que investiga la Operación Tándem ya tiene en su poder los informes que el excomisario José Manue Villarejo realizó para el BBVA a lo largo de, al menos, 15 años. O, al menos, una parte de esos informes. Fuentes jurídicas conocedoras del caso aseguran que el banco ha cumplido el requerimiento de entrega lanzado a mediados de la semana pasada por el magistrado Manuel García Castellón y que expiraba este lunes. Por lo que se sabe a día de hoy, y utilizando su agencia privada de investigación, Grupo Cenyt, Villarejo cobró del BBVA más de seis millones de euros. El policía permanece en prisión preventiva desde noviembre de 2017 bajo sospecha de graves delitos, entre ellos el de extorsión.

La reclamación judicial al BBVA, de la que diversos elementos indican que se trata de la primera, se produce después de que los digitales moncloa.com y elconfidencial.com desvelasen el 10 de enero que, a través de su agencia privada de detectives, Villarejo había espiado entre 2004 y 2005 a políticos, empresarios y periodistas por encargo del BBVA para desactivar el aterrizaje de la promotora Sacyr en su accionariado.

El operativo desarrollado por Villarejo incluyó el pinchazo de 15.000 llamadas de 3.925 teléfonos diferentes. Entre los espiados figuran el exministro socialista Miguel Sebastián; los empresarios Luis del Rivero, en 2004 presidente de Sacyr, y Juan Abelló; y quienes en aquellas fechas ostentaban la presidencia y la vicepresidencia de la CNMV, Manuel Conthe y Carlos Arenillas.

Aunque las fuentes no precisaron cuántos documentos ni de qué tipo ha hecho llegar el banco a la Audiencia Nacional, los datos conocidos hasta ahora indican que, como mínimo, el antiguo mando policial recibió tres encargos del BBVA en la etapa de Francisco González, que a día de hoy mantiene el cargo de presidente de honor de la segunda entidad financiera del país. Esos tres encargos son el ya mencionado sobre Sacyr; el efectuado a comienzos de esta década para desentrañar la estructura societaria de Ausbanc, la sedicente asociación de consumidores desmantelada en abril de 2016; y la elaboración de un informe de los llamados "riesgo-país" sobre la seguridad en la zona del Egeo, por la que en 2016 surcaría un crucero entre cuyos pasajeros había de contarse Francisco González.

Ni registros ni requerimientos previos

Bajo el argumento de que la causa permanece secreta, los portavoces del BBVA declinaron confirmar este lunes la entrega de documentación. Y se limitaron a corroborar que la investigación interna encomendada a Garrigues con el apoyo de un segundo bufete –Uría– sigue abierta. Esa investigación incluye un forensic contratado con la consultora PwC y en el que participan más de medio centenar de técnicos que rastrean archivos de papel y digitales así como cuentas de correo del banco. 

Hace una semana, el BBVA admitió ya por escrito que el caso Villarejo puede entrañar un riesgo real para el banco. "El Grupo –dice su informe de gobierno corporativo– podría estar igualmente inmerso en investigaciones por las autoridades judiciales sin que, hasta el momento, se haya recibido ninguna notificación formal al efecto, en relación con la contratación de actividades presuntamente irregulares que, de confirmarse, podrían tener un impacto reputacional negativo para el Banco. El Banco está llevando a cabo una investigación interna, no siendo posible predecir en este momento el ámbito o duración de dichas investigaciones ni su posible resultado o implicaciones para el Grupo".

Remitido a la CNMV el pasado 13 de febrero, el informe confirma así que el BBVA no había sido hasta ese momento objeto de registros policiales ni de requerimientos de documentación  [puedes leer el informe pinchando aquí]. Confirma, en resumen, que en esa fecha no sabía, formal y oficialmente, que un juez estuviera investigando los contratos que adjudicó a Villarejo.

Pese al absoluto sigilo con que se desarrolla, la investigación sobre las relaciones entre Villarejo y el BBVA ha ido avanzando desde el pasado mes de junio. Fue entonces cuando el juez que entonces instruía la causa, Diego de Egea, abrió una pieza sobre los trabajos de inteligencia que, en relación a la pretendida asociación de consumidores Ausbanc, efectuó Villarejo para el equipo de Francisco González a comienzos de la actual década. Ese trabajo consistió en diseccionar la red societaria tejida por Luis Pineda, fundador y presidente de Ausbanc.

Al igual que Villarejo, Pineda se encuentra en prisión preventiva. Y ya en espera de juicio por varios delitos, entre ellos también el de extorsión.

El BBVA sostiene que la ya extinta Ausbanc extorsionó durante años al banco para que financiara la asociación que presidía Pineda. El banco, de hecho, pidió al Gobierno que expulsara a Ausbanc del Registro de Asociaciones de Consumidores. Documentos a los que ha tenido acceso infoLibre indican que parte del soporte probatorio esgrimido por el BBVA fue aportado por Cenyt, la agencia de detectives de Villarejo. El caso penal contra Ausbanc comenzó con una denuncia anónima que el entorno de Pineda atribuye a Villarejo. Los investigadores del caso no consideran que esa afirmación haya sido aún acreditada.

La primera noticia de que el funcionario público José Manuel Villarejo había prestado servicios privados al BBVA vio la luz el 27 de mayo de 2018. Ese día, publico.es reveló que la entidad había suscrito un contrato con la agencia Cenyt. Y que el objetivo del contrato era Ausbanc. Al mes siguiente, la Audiencia abrió una pieza sobre esa materia en la Operación Tándem. Y el BBVA inició su investigación interna.

El jueves 17 de enero, cuando al excomisario José Manuel Villarejo ya lo llevaban de vuelta a la cárcel madrileña de Estremera tras declarar durante dos horas por la Operación Tándem, su abogado habló con los periodistas frente a la Audiencia Nacional. Y remitiéndose a lo que su cliente acababa de transmitirle al juez, dijo literalmente lo que sigue: "Ha manifestado un especial interés en declarar en el caso del BBVA y [lo] ha manifestado por la gran trascendencia que tiene en luctuosos acontecimientos acaecidos en la vida española. Y que él necesita aclarar esa situación, que nada tiene que ver con lo que se ha publicado pero que [esos hechos] tienen una gran relevancia y que él cree que deben ser conocidos por todos los españoles".

Los documentos publicados por las webs moncloa.com y elconfidencial.com y a los que la trayectoria del policía como –supuesto– espía y extorsionador para clientes privados otorgan una cierta presunción de veracidad, al menos en el sentido de que realmente fueron elaborados por el policía, indican esto: que Villarejo fue contratado por el BBVA tras una petición formal efectuada el 1 de diciembre de 2004. Y que el objetivo era desactivar la entrada de Sacyr en el accionariado del banco.

La constructora fracasó en el intento. Pero, desde luego, en ningún caso cabría definir como "luctuosas" las maniobras desplegadas en el llamado Proyecto Trampa por Villarejo y su red, incluida la interceptación de llamadas en Moncloa durante los primeros meses de gobierno del entonces recién elegido presidente Zapatero. Entre los espiados figura el exministro Miguel Sebastián.

¿Se refería entonces el abogado Antonio García Cabrera a los atentados del 11-M? Cuando uno de los informadores preguntó si estaba hablando del 11-M, el abogado y portavoz del policía cruzó los brazos y se remitió a la nueva declaración que su defendido prestará este lunes por la mañana. Entre algunos de los informadores que siguieron en directo sus palabras quedó la certeza de que, en efecto, García Cabrera las había elegido cuidadosamente. Y de que al utilizar el adjetivo "luctuoso", que es tanto como triste, fúnebre y digno de llanto, Cabrera apuntaba a la matanza de Atocha. Pero que lo había hecho como quien dispara al aire un cohete sin la seguridad de que dentro haya una monumental y ruidosa traca de gran alcance o solo unos coloridos fuegos de artificio. 

Los papeles difundidos por moncloa.com y elconfidencial.com como copia de los informes originales que Villarejo fue elaborando para el BBVA para abortar el desembarco de Sacyr en el banco presidido entonces por Francisco González aportan una fecha relevante sobre la relación entre el comisario y el banco: "Después de varios contactos preliminares –se lee en uno de los sedicentes informes–, en reunión mantenida el 1.12.04, se solicita formalmente por parte de K, una colaboración profesional de este GIA". GIA son las siglas con que Villarejo definía de manera ampulosa su equipo, Grupo de Inteligencia y Análisis. A quién identifica la letra K es una incógnita para este periódico.

Pero si la situación que, según su abogado, "necesita aclarar" Villarejo "nada tiene que ver con lo que se ha publicado", la pregunta regresa al primer plano: ¿cuál es realmente, o cuál dice Villarejo que es, el nexo entre el BBVA y los "luctuosos acontecimientos" acaecidos en España? 

Acorralado por la investigación

Salvo viraje inesperado, este lunes resolverá la incógnita el hombre que durante al menos dos décadas acumuló un poder casi omnímodo dentro de la Policía y a quien la Audiencia ha denegado su excarcelación en 12 ocasiones desde que en noviembre de 2017 adquirió la condición de preso preventivo.

Cada vez más acorralado por sus investigaciones para particulares y por sus operaciones al servicio de las cloacas del Estado, categoría en la que se encuadra el proyecto Kitchen, destinado –supuestamente– a robar a Luis Bárcenas documentos potencialmente incriminatorios para el PP, Villarejo ha visto hasta ahora fracasar lo que políticos y operadores jurídicos consideran intentos de chantajear al Estado.

¿Está realmente dispuesto el expolicía a desvelar ahora alguna información de importancia y, sobre todo, verificable, o se limitará a lanzar un vistoso anzuelo como maniobra de distracción?

A diferencia de lo sucedido con las grabaciones a Corinna zu Sayn Wittgenstein y sus acusaciones contra el rey emérito, se supone que lo que Villarejo diga sobre el BBVA, si finalmente lo hace, tendrá en principio la categoría de información de primera mano: la suya.

Pero tampoco eso ofrece garantías de veracidad. Incluso en el entorno de sus antiguos socios y colaboradores prospera hoy la tesis de que Villarejo es un "mentiroso compulsivo". Un "fabulador", resume una fuente jurídica. Todo lo que cuente pasará, por tanto, a una fase de cuarentena a menos que aporte pruebas sólidas. O pistas capaces de conducir a ellas. "Toca la flauta como el flautista de Hamelín y todos los ratoncitos bailan tras él", se quejaba días atrás – y en alusión a la repercusión mediática de todo lo tocante a los trabajos de Villarejo– alguien que conoce el caso desde otro ángulo.  

Que Villarejo se ha convertido -o lo era ya- en un experto en cebos mediáticos parece fuera de duda. Por ejemplo, si realmente lo que quiera desvelar sobre el BBVA en nada se relaciona con el 11-M, su abogado podría haber respondido con un simple "no" cuando recibió la pregunta. No lo hizo. Y su silencio alimenta así y de nuevo ceba la expectación sobre si acaso el policía posee datos respecto de algún aspecto relacionado con la peor masacre terrorista sufrida por España. Aquella cuya autoría intentó primero endosar a ETA el Gobierno de José María Aznar tres días antes de las elecciones generales de 2004 y pese a que desde el primer minuto todo descartaba la intervención de la banda. Aquella masacre también derivó luego en una larga y dilatada serie de insinuaciones contra el PSOE alimentadas por medios afines al PP y colectivos como los llamados "peones negros".

A punto de terminar aquel año, y durante su comparecencia en el Congreso ante la comisión de investigación del 11-M, el propio Aznar demostró el 29 de noviembre de 2004 no solo que no estaba dispuesto a admitir un solo error sino que, pese al abrumador alud de pruebas, planeaba seguir cuestionando quiénes y por qué estaban tras la matanza. El Diario de Sesiones de la Cámara guarda sus palabras de aquel día: "Sinceramente, no creo que los autores que usted llama intelectuales de esos atentados, los que hicieron esa planificación, los que yo antes he preguntado cuándo, quién y por qué deciden ese día, precisamente ese día, anden en desiertos muy remotos ni en montañas muy lejanas, no lo creo. Creo que sí hubo esa planificación estratégica y creo que hay algunos que la aprovecharon al máximo. Pero con el tiempo todo se sabrá, estoy seguro, y en la medida de mis posibilidades estoy a su disposición para contribuir a que se sepa". 

Eugenio García Castaño, hasta hace dos años jefe del departamento policial encargado de las escuchas telefónicas, la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), declarará este viernes como imputado en tres piezas de la Operación Tándem, donde la Audiencia Nacional investiga la red de negocios y –presunta– extorsión dirigida por el excomisario José Manuel Villarejo.

También investigado en Kitchen, una pieza de gran envergadura por cuanto ya ha desvelado el uso de fondos reservados para robar a Luis Bárcenas documentos que pudieran resultar comprometedores para el PP, García Castaño declarará hoy por otras dos ramas del caso: Iron, por el que fue imputado el pasado día 10, y Land, donde adquirió de nuevo el rango de investigado al día siguiente, 11 de enero. 

El interrogatorio sobre Kitchen comenzó este jueves y proseguirá hoy. Tanto Castaño como Villarejo comparecieron ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón por espacio de dos horas cada uno de ellos. Fue a la salida del juzgado cuando el abogado de Villarejo, Antonio García Cabrera, lanzó un enigmático aviso en línea con la estrategia de cebos informativos seguida por su cliente: que el lunes, una vez se reanude su declaración ante García Castellón, el policía retirado contará todo sobre el BBVA y su "trascendencia en luctuosos acontecimientos" para España.

El juez ya está investigando la contratación de Villarejo por el BBVA para que, presuntamente, desactivase el intento de entrada de Sacyr en el accionariado del banco. Por lo que ha trascendido hasta ahora, la actuación de Villarejo incluyó el espionaje a distintas personalidades de la vida pública. Entre ellas, el exministro socialista Miguel Sebastián.

En comparación con lo que ya se conoce sobre Kitchen y la Operación Trampa del BBVA, Iron y Land constituyen dos piezas menores dentro de la constelación nucleada en torno a Villarejo.

La primera se centra en la investigación que sobre sus rivales encargó el bufete Herrero y Asociados al policía, en prisión preventiva desde noviembre de 2017. Por esos hechos, hay cinco policías investigados y un exfuncionario de Hacienda. Según la investigación, todos ellos utilizaron su acceso privilegiado a datos confidenciales para ponerlos al servicio de la red de espionaje y extorsión.

Y Land versa sobre su contratación por parte de Susana García Cereceda para, supuestamente, espiar a su hermana Yolanda en relación a la millonaria herencia del padre de ambas: Luis García Cereceda, fundador de la urbanización La Finca de Pozuelo de Alarcón. Además de a García Castaño, el juez ha imputado a cuatro funcionarios.

Fuentes relacionadas con el caso aseguran que uno de ellos ocupa un cargo medio en la estructura funcionarial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero este periódico no ha podido verificarlo y omite por tanto su nombre.

Conocido como El Gordo en los ambientes policiales, los investigadores consideran a García Castaño una pieza de gran relevancia en el entramado tejido por Villarejo gracias a su poder a lo largo de décadas. El exjefe de la UCAO ha pedido declarar sobre distintos secretos oficiales.

El ex ministro del PSOE Miguel Sebastián ha criticado "la catadura moral y la falta de escrúpulos" de los directivos del BBVA que contrataron los servicios del excomisario José Manuel Villarejo y ha negado que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, del que formó parte, tratara de controlar el banco.

En una declaración ante la prensa antes de participar en un desayuno informativo en Madrid protagonizado por el director de la Guardia Civil, Félix Azón, el exministro Sebastián ha calificado de "extrema gravedad" las informaciones que apuntan a que Villarejo elaboró informes por encargo del BBVA, algo que ha confirmado el banco, aunque negando que se tratara de espionaje.

"Todo este asunto es de una extrema gravedad, por eso están mis abogados estudiándolo", ha dicho. Según Sebastián, "demuestran la catadura moral y la falta de escrúpulos de quien ha organizado y financiado todo esto".

El ex ministro se ha referido a las informaciones publicadas por Moncloa.com y El Confidencial en las que aparecen audios e informes de Villarejo, en concreto una noticia de este miércoles que señala que excomisario actualmente encarcelado trató de desprestigiar a Sebastián aludiendo a su vida privada.

"En cuanto a lo que se ha publicado hoy, es sencillamente patético y grotesto. La pregunta es si realmente se han gastado cinco millones de accionistas del banco BBVA en todo esto", ha comentado.

Al terminar su declaración, la prensa le ha preguntado si el Gobierno de Zapatero trató de controlar el BBVA. "Por supuesto que no", ha contestado.

Nuevas revelaciones

El BBVA que presidía Francisco González ordenó al comisario José Manuel Villarejo que investigara la vida privada de Miguel Sebastián y otros altos dirigentes del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero dentro de su plan de neutralizar la operación de asalto al banco de finales de 2004. Informes elaborados por el policía señalan que dentro de la llamada operación Trampa se indagó en supuestas relaciones sentimentales del entonces jefe de la Oficina Económica de Moncloa y también se rastrearon cuestiones íntimas del ministro de Asuntos Exteriores en aquella etapa, Miguel Ángel Moratinos. Es lo que revelan este miércoles Moncloa.com y El Confidencial en sendas informaciones en las que

El jefe de Seguridad de BBVA, Julio Corrochano, habría pedido a Villarejo que pusieran en marcha “acciones agresivas” y “desestabilizadoras” que afcetaran a los protagonistas de esa operación para conseguir el control del banco.

Ninguna esfera ha logrado escaparse de los tentáculos de José Manuel Villarejo. Ni la judicial, ni la política, ni tampoco la financiera. En 2004, el BBVA contrató los servicios del excomisario de la Policía Nacional para intentar tirar por tierra el movimiento iniciado por la constructora Sacyr para hacerse con el control del banco y forzar la salida de Francisco González de la presidencia de la entidad, según ha revelado una investigación conjunta de El Confidencial y Moncloa.com. Las pesquisas de Villarejo, que se prolongaron al menos durante tres meses, se articularon en forma de espionaje masivo sobre todos aquellos actores implicados en la operación para intentar inutilizar el asalto. Las maniobras del presunto cerebro de la operación Tándem, que se encuentra en prisión provisional desde hace más de un año, están siendo analizadas tanto por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) como por el propio BBVA, que en verano abrió una investigación sobre la contratación y los servicios prestados por el excomisario.

Los afectados del espionaje político-financiero, por su parte, estudian la posible interposición de una querella colectiva contra Villarejo y la entidad. En este sentido, y a raíz de las informaciones conocidas hasta el momento, el catedrático de Derecho Penal Joan Josep Queralt entiende que podrían haberse cometido varios delitos. Por un lado, pone la lupa sobre la “intercepción de las comunicaciones” y el “tráfico de las comunicaciones”. Por otro, entiende que habría que analizar si se emitieron facturas falsas en relación con todos esos trabajos o si las escuchas ilegales realizadas han servido para “obtener información confidencial” o para “realizar alteraciones de la competencia”, así como si han sido utilizadas para “amenazas” o “chantajes”.

  La operación por la que se fichó a Villarejo

La operación de Sacyr Vallehermoso sobre el BBVA arrancó a finales de noviembre de 2004, cuando el consejo de la constructora dio su autorización al entonces presidente del grupo, Luis del Rivero, para tomar una participación en la entidad financiera pero poniendo como condición previa la consecución de una declaración de “no oposición” del Banco de España. Con la iniciativa en marcha, Sacyr puso sobre la mesa de la CNMV su idea de hacerse con una participación del 3,1%, a la que se podría sumar otro 0,5% que tenían intención de adquirir sus consejeros Demetrio Carceller y Juan Abelló, algo que rechazó de plano el regulador de los mercados al entender que era incompatible la presencia de un mismo consejero en dos compañías rivales –Abelló también estaba en el consejo de administración del Banco Santander–. El Banco de España, por su parte, evitaba pronunciarse sobre la validez de una operación que Sacyr definía como “estrictamente empresarial”.

El enfrentamiento a cara de perro estaba servido. Veinticuatro horas después, la entidad remitió un duro comunicado a la CNMV en la que el consejo apoyaba la gestión de su presidente y despreciaba la intención de la constructora de entrar en el órgano de gobierno del banco. Pocos días después, González insistía en su rechazo a accionistas “que resten o dividan”, mientras que Sacyr reiteraba que el movimiento sería beneficioso para ambas empresas. En enero de 2005, la política entró en juego. El entonces ministro de Economía, Pedro Solbes, que semanas atrás había negado cualquier interferencia política en el proceso, pidió a ambas partes encontrar una solución negociada que preservase la “españolidad” y “estabilidad” de la entidad. Una semana después, la CNMV comenzó a investigar la venta de FG Valores, la firma de Bolsa de González, a Merrill Lynch en 1996, pesquisas que acabaron archivadas. Finalmente, en febrero, Sacyr desistió en su intento de asaltar el BBVAasaltar.

  El espionaje del excomisario

El objetivo final del movimiento empresarial de Sacyr era entrar en el órgano de dirección del banco para desbancar a Francisco González al frente del mismo. Natural de Chantada (Lugo), el bróker asumió el cargo de presidente de Argentaria en mayo de 1996, un par de meses después de vender al banco de inversiones norteamericano la firma bursátil que creó en la década de 1980. El suyo fue el primer cambio en las empresas públicas impulsado por el Gobierno de José María Aznar, interesado en abordar la privatización total de la entidad. González no dudó en aceptar la propuesta que puso sobre su mesa el entonces ministro de Economía, Rodrigo Rato. Y en el cargo, primero de Argentaria y luego del BBVA, se mantuvo el lucense hasta finales del pasado diciembre, cuando abandonó la presidencia con una pensión multimillonaria: 79,7 millones de euros.

Para tratar de frustrar las intenciones de la constructora, el BBVA contrató los servicios del excomisario Villarejo. El acuerdo se selló a través de varios contratos entre el banco y una de las firmas que dependían del holding montado por el agente –los primeros están fechados cinco días después de que Sacyr anunciara a la CNMV sus planes–. Comenzó así la denominada operación Trampa, por la que según la documentación confidencial la entidad se habría comprometido a pagar al comisario un mínimo de 360.000 euros más IVA, más otro pago adicional de 120.000 euros a abonar cuando se hubiera conseguido frenar la ofensiva. El policía, que entonces estaba en activo, inició entonces un espionaje masivo a todos los protagonistas de la maniobra realizada por la constructora –así como a su entorno más cercano– con el objetivo de descubrir trapos sucios que filtrar a los medios para desprestigiar la entrada de Sacyr en el órgano de dirección de la entidad financiera.

Para ello, Villarejo recurrió a los pinchazos telefónicos, aunque fuentes pulsadas por infoLibre no descartan que se hubieran realizado también seguimientos sobre la vida privada de los investigados. En sólo tres meses, según los datos publicados, el agente podría haber accedido presuntamente al contenido de 15.000 conversaciones. En el listado de pinchazos, casi 4.000 teléfonos distintospinchazos. Algunos son del Congreso de los Diputados. Otros, del Ministerio de Asuntos Exteriores, Economía e, incluso, de la sede del PSOE en la calle Ferraz. Entre los afectados, el entonces presidente de Sacyr, Luis del Rivero; el exconsejero de la constructora Juan Abelló; el que fuera abogado del grupo Prisa Matías Cortés; o los entonces presidente y vicepresidente de la CNMV, Manuel Conthe y Carlos Arenillas, respectivamente. El excomisario también habría proporcionado al BBVA conversaciones en las que participaron el entonces jefe de la Oficina Económica de Moncloa y la vicepresidenta del Gobierno, Miguel Sebastián y María Teresa Fernández de la Vega.

Los afectados, aunque reconocen la existencia de esas llamadas, no pueden confirmar que las conversaciones fueran tal y como las refleja el excomisario en las transcripciones remitidas a la entidad financiera. No se descarta que Villarejo pudiera haber manipulado a su antojo las conversaciones.

  La relación del BBVA con el policía

La relación del BBVA con Villarejo se prolongó durante años, convirtiéndose la entidad financiera en uno de los clientes más preciados de un comisario que también estaba a sueldo de otras tantas empresas del Ibex 35, como por ejemplo Iberdrola, que en 2004 le habría pagado 116.000 euros por “servicios de inteligencia”, tal y como desveló Público. Además del espionaje masivo para frenar la operación de Sacyr, el banco habría contratado, según reveló en su momento El Confidencial, a una de las empresas de Villarejo para investigar a la asociación Ausbanc y a su presidente, Luis Pineda, detenido junto con el líder del sindicato ultra Manos Limpias, Miguel Bernard, por extorsionar presuntamente a empresas o entidades financieras. Preguntado por El País Semanal, González no ha desmentido los pagos al excomisario, pero sí afirma que no estaba al corriente de ellos: “Yo sabía que el banco llevaba a cabo trabajos de inteligencia para defenderse. Hasta donde sé, se han hecho las cosas como hay que hacerlas”.

Este martes, pocas horas después de conocerse el espionaje político-financiero, la entidad financiera ha asegurado que lleva meses investigando las relaciones del banco con firmas del presunto cerebro de la operación Tándem. “En relación con las informaciones publicadas sobre el Grupo Cenyt, que de ser ciertas revestirían una indudable gravedad, BBVA manifiesta que en junio de 2018 inició una investigación sobre la contratación y los servicios prestados por dicha empresa. Además solicitó a un despacho externo de abogados una revisión independiente de los hechos y de la documentación disponible. Ambas actuaciones están en curso en la actualidad”, señaló el banco en un comunicado, en el que añadió que si de las pesquisas “se acreditara la existencia de irregularidades” se tomarán “las medidas internas que procedan” y “las acciones judiciales pertinentes”.

  Investigaciones y posibles delitos

También se ha puesto manos a la obra la CNMV. El regulador de los mercados se encuentra estudiando el impacto que puede haber tenido el espionaje de Villarejo. Y lo está haciendo desde una doble perspectiva. Por un lado, pone el foco en que la responsabilidad patrimonial que este caso pueda tener para el banco tenga un reflejo adecuado en sus cuentas. Y, por otro, en lo relativo a la seguridad de sus comunicaciones internas, el organismo se está centrando en averiguar si puede haber agujeros en la misma tras conocerse que entre los espiados figuran un presidente y un vicepresidente de la CNMV. “Creemos que no, ha pasado ya algún tiempo y los protocolos y herramientas de ciberseguridad han mejorado mucho, pero hay que analizarlo”, explicaron a Europa Press fuentes del regulador, que añadieron que por cuestión de competencias no pueden ir “más allá” y aseveraron que si de las pesquisas se deriva alguna actuación judicial, se colaborará con la justicia.

Los afectados, por su parte, están estudiando la posibilidad de interponer una querella colectiva en relación con las intervenciones, que según explican a infoLibre fuentes de Anticorrupción se encuentran incorporadas “en el procedimiento de Villarejo”, por lo que el juzgado que instruye la causa “ya conoce de ello”. Joan Josep Queralt, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona, entiende que, con las informaciones conocidas hasta el momento, podrían haberse cometido varios delitos. En primer lugar, pone el foco en la intercepción de las comunicaciones y el tráfico con las comunicaciones. “Luego, habría que ver cómo se ha pagado y si se ha declarado, porque si no se han declarado los objetos reales hablaríamos de facturas falsas. Además, habría que analizar si [las escuchas] han servido para obtener información confidencial o para alterar los precios de las cosas, alteraciones de la competencia”, analiza Queralt, que tampoco descarta otros como “amenazas o chantaje”.

El comisario Villarejo facilitó al BBVA que presidía Francisco González, en plena operación de Sacyr para tomar el control del banco, el contenido de supuestas conversaciones telefónicas en las que participaron el entonces jefe de la Oficina Económica de Moncloa, Miguel Sebastián, y la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega. Es lo que revelan este viernes Moncloa.com y El Confidencial en una nueva entrega que revela el supuesto encargo del banco al excomisario de espiar a todos los protagonistas de la operación que intentó, sin éxito, descabalgar a Francisco González de la presidencia del BBVA, operación que se denominó Trampa.

Según consta en la documentación a la que han tenido acceso estos dos medios digitales, Villarejo accedió al contenido 15.000 conversaciones teléfonicas entre noviembre de 2004 y febrero de 2005 por encargo del banco. Y entre esas conversaciones destaca una a tres bandas: Ignacio Rupérez, que en ese momento era jefe del servicio de estudios del Banco Santander; Pablo Sebastián y María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta del Gobierno. Rupérez estaría implicado, según las sospechas de Villarejo, en el operación avalada por el Gobierno de asalto a la entidad y haría de enlace entre Emilio Botín, presidente del Santander, y otros protagonistas de la operación, como el entonces presidente de Sacyr, Luis del Rivero, y el industrial Juan Abelló.

Rupérez contactó el 18 de enero de 2005 con un teléfono de Presidencia del Gobierno. Al otro lado del teléfono estaba Sebastián. Ese día es muy significativo ya que se presentó ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores una denuncia contra Francisco González por presuntas irregularidades en la venta de su sociedad de bolsa, FG Valores, a Merrill Lynch en 1996. González sospechaba que Rupérez y Sebastián estaban detrás de la denuncia.

“Perdona, que antes no podía atenderte...”, comenzó disculpándose Sebastián con Rupérez, según la transcripción publicada por los dos digitales. “He comentado con el jefe y anda en otros temas...”, respondió Rupérez. El "jefe" sería Botín. “Si esto no le parece importante... no sé...”, contestó Sebastián. Rupérez comentó entonces que esa denuncia ante la CNMV provocaría la dimisión de González: “Con esto, el mercado le echa sin hacer más... Aunque Matías, cuando se lo conté... me dijo que no esta claro lo que va a hacer Manolo con la patata”. "Matías" sería Matías Cortés, abogado entonces de Prisa e implicado en la operación, y "Manolo" no sería otro que Manuel Conthe, presidente en ese momento de la CNMV.

Sebastián interrumpió a Rupérez para decirle que le iba a pasar el teléfono a otra persona. “María Teresa quiere comentarte algo... luego seguimos”. Era la vicepresidenta del Gobierno. “Cómo estás, Ignacio... y me cuenta Miguel [Sebastián] que Emilio está preocupado por su tema... [la Audiencia había abierto juicio oral contra Botín por el escándalo de las cesiones de crédito]”. “Transmítele que ya está hablado y no habrá problemas... aunque ya sabes cómo son en ese ministerio”, dijo De la Vega. “Vicepresidenta, me tranquilizan tus palabras y ahora mismo se las transmito al jefe, y del otro tema ya sabe Miguel que podéis seguir contando con nosotros...”, contestó Rupérez.

Ese "tema" no era otro que la ofensiva para controlar el BBVA. De la Vega calmó a su interlocutor: “Te dejo con Miguel y tranquiliza a todos... y tenéis el apoyo del presidente [José Luis Rodríguez Zapatero]". Sebastián cogió el teléfono y retomó la conversación con Rupérez. “Estamos todos muy nerviosos y el que tiene que estar preocupado es el calvo...”, concluyó el entonces jefe de la Oficina Económica del Gobierno.

El exministro socialista de Industria Miguel Sebastián se mostró partidario de que "se abra un proceso de reflexión en el PSOE" para debatir sobre la posibilidad de poner encima de la mesa "condiciones muy duras" a cambio de que los socialistas se abstengan en la investidura de Mariano Rajoy para evitar así terceras elecciones.

En declaraciones a La Sexta recogidas por Europa Press, destacó "los cambios obvios" que se produjeron en el proceso de negociaciones para conseguir superar un debate de investidura y así formar Gobierno, después de que, a su juicio, Ciudadanos "se haya entregado" a los conservadores "por un muy pequeño plato de lentejas".

Ante ese cambio en la situación, sostuvo que "se tendrá que abrir un proceso de reflexión" en las filas del PSOE, a pesar de que el Comité Federal ya ratificó el 'no' a una investidura de Rajoy y a que el líder de los socialistas, Pedro Sánchez, insistió este viernes en que votará en contra, también de los Presupuestos.

Al respecto, Sebastián señaló que "es muy difícil cambiar el voto negativo" del PSOE debido a la actitud "chantajista" del jefe del Ejecutivo, quien apela a la responsabilidad de los socialistas para que faciliten un Gobierno del PP alegando que, si no, habrá nuevos comicios. De hecho, cree que "mientras el PP no cambie de actitud", su partido debe seguir en el 'no' aunque abra un debate interno.

Ante este escenario, el exministro y exdirector de la oficina Económica de José Luis Rodríguez Zapatero opinó que la solución "quizá" esté en que el PSOE "ponga condiciones sustanciales" al PP para que llegue a abstenerse: "Condiciones muy duras", añadió, rechazando las medidas anticorrupción pactadas por Ciudadanos y el PP este viernes.

El ex ministro socialista, Miguel Sebastián, ha confesado este viernes que hay cosas que le gustan de todos los partidos. "En España tenemos la suerte de tener estos cuatro partidos, razonables, mientras en Europa hay sitios donde hay partidos que me dan miedo y cada vez tienen más peso", ha comentado a preguntas de los periodistas, para después manifestar que estos partidos "están dando una muestra de moderación".

Sebastián también se ha pronunciado sobre la situación de Cataluña y ha abogado por un referéndum, ya que considera que "la resistencia a hacerlo crea independentismo".

A su juicio, "es difícil a la gente joven explicarle que no se les deja votar", para después dejar claro que en ese referéndum no valdría el 50-50, sino que para meterse en ese proceso de secesión "tendría que haber una mayoría superior".

Plenamente convencido de hacer ese referéndum, Sebastián asegura que lo ganarían los soberanistas "y por una temporada se acabaría el problema y nos pondríamos a hablar de otras cosas, que ya toca".

En otro orden de cosas, al ser preguntado sobre un hipotético relevo de tropas españolas al despliegue de Francia en Malí y República Centroafricana, el ex ministro ha manifestado que "todo lo que pueda hacer España se tiene que hacer con consenso, en el marco de una acción concertada no solo con estos países europeos, sino que tiene que haber un proyecto de dimensión multilateral con EEUU y la propia Rusia; pero todo lo que se haga hay que hacerlo rápido y de forma coordinada".

Energías renovables

En clave económica, Sebastián ha abogado por procurar que las energías renovables "tengan una rentabilidad razonable, que es lo que siempre hemos buscado, de manera que esa rentabilidad permita que el recibo de la luz que pagan los ciudadanos también sea razonable".

Así, propone que parte de esos costes "pasen al presupuesto, tanto primas a las energías renovables como la compensación por la generación eléctrica y las ayudas al carbón".

En su opinión, "no tiene mucho sentido el IVA al 21% en la electricidad si reconocemos que la luz es un bien necesario". Con estas medidas "se podría bajar el precio de la luz y sería bueno", ha concluido.

El ex ministro ha hecho estas declaraciones momentos antes de participar en el Foro Nueva Murcia, donde presenta su libro La falsa bonanza.

Miguel Sebastián (Madrid, 1957) tiene nuevo libro: La falsa bonanza (Ediciones Península). Un volumen donde el exministro del PSOE analiza los años previos al estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis económica, y refuta lo que califica de "leyenda urbana": que el PP gestiona bien la economía. "¡Y no, son un desastre", exclamó ya en un acto de presentación celebrado el pasado martes, donde compareció rodeado de otros seis integrantes de los gabinetes socialistas, del propio Zapatero, y de Pedro Sánchez.

Licenciado en Económicas y profesor en la Complutense, Sebastián fue director del Servicio de Estudios de BBVA y de ahí saltó a la Oficina Económica del presidente Zapatero. Fracasó en su intento de alcanzar la Alcaldía de Madrid en 2007 pero, poco después –aunque anunció que dejaba la política–, fue repescado como ministro de Industria, cargo que ocupó entre 2008 y 2011. Ahora admite el error de no haber visto venir la crisis y de no haber anticipado, "ni mucho menos", la magnitud de la misma, aunque subraya este no es un libro sobre la crisis.

El texto, comenta su autor, analiza cómo hemos llegado hasta aquí y da consejos para evitar que la historia se repita. Lo cierto es que no elude la crítica hacia la gestión de los socialistas en el poder, aunque la matiza. Defiende los recortes del Zapatero de 2010 y dice que plantear antes esos sacrificios no habría sido posible. Sostiene que en el pasado nos creímos los amos del mundo, censura las frases grandilocuentes como el "España va bien" o aquella de "los bancos españoles son los más solventes del mundo", y apunta a la economía sumergida como uno de los grandes problemas. "El tiempo –concluye– no tardaría en bajarnos los humos".

La gestación, los desequilibrios

Pregunta: Así que incluso antes de la crisis, España no iba bien.

Respuesta: En 1997, cuando Aznar dijo la frase por primera vez, probablemente era correcta. Estábamos reduciendo la deuda pública, la privada estaba muy baja, la economía estaba saneada, se estaba reduciendo el desempleo, la economía estaba empezando a crecer o ya crecía y se habían corregido desequilibrios como el de la balanza de pagos. Claro que no los corrigió Aznar, sino que se corrigieron en la última etapa del Gobierno de Felipe González, tras el estallido de la crisis del 92. Sin embargo, a partir de 1998, seguramente a partir de la entrada en el euro, se producen desequilibrios que se resumen en dos: la deuda privada y el déficit exterior, que es la deuda externa.

P: Una época que protagonizó, entre otros, Rodrigo Rato, el mejor ministro de Economía para el PP.

R: Hasta hace bien poco repitieron eso mismo, ahora ya parece que no tanto.

P: ¿Qué opina de Rato?

R: Además de todo el daño económico que ha hecho, uno de los productos indeseable de aquella falsa bonanza es la cantidad de corrupción que ha generado. Lo que me sorprende, porque yo no me lo esperaba, es que Rato fuera protagonista de esto. Yo creía que había sido únicamente quien lo había permitido, pero que haya sido protagonista personal me ha sorprendido. De lo que pasó, y aunque muchos de los temas judicializados tienen que ver con su etapa en Bankia, me parece políticamente más grave lo que pasó cuando era vicepresidente, que presuntamente tuviera un trato de favor de un banco al frente del cual había puesto a un amigo.

La burbuja, los excesos

P: Y después del PP, el PSOE. A toro pasado es siempre más fácil hablar pero, ¿por qué no se pinchó la burbuja?

R: Con las burbujas hay tres problemas: el diagnóstico, las herramientas y el coste político. El primero es cómo estar seguro de que hay una burbuja o no. Newton se arruinó en una burbuja y era uno de los hombres más inteligentes del mundo, así que no debe ser tan fácil. La prima de riesgo, el paro o el PIB se miden, pero una burbuja es una construcción teórica. Después, suponiendo que estemos de acuerdo en el diagnóstico, tenemos un problema de herramientas. La clásica es que el banco central suba los tipos de interés, pero el Banco Central Europeo (BCE) no sólo no los subió, sino que los bajó entre 1999 y 2006, y alimentó la burbuja. Y el tercer problema es el coste político.

P: ¿Qué medidas se pudieron tomar entonces?

R: Podríamos haber hecho cosas y hago autocrítica: a nadie se nos ocurrieron. Por ejemplo, la dación en pago. La dación en pago la tendríamos que haber puesto en 2004, o bueno, en realidad siempre, pero a partir de 2004 deberíamos haberla permitido. La dación en pago hubiera frenado la burbuja, pero se hubieran dado menos créditos y más caros. Y vuelvo al coste político: habría sido tremendamente impopular. O imaginémonos el loan to value, que significa limitar el porcentaje del importe de la casa que se puede pedir para una préstamo: impopular. O impedir determinados proyectos inmobiliarios de Comunidades Autónomas: tremendamente impopular, y quien sabe si incluso ilegal ante el TC.

P: Nadie quería parar aquello. 

R: Es difícil si no tienes un banco central que suba los intereses. De la burbuja no sólo vivían los bancos y el sector inmobiliario, estaban las eléctricas, telefónicas, fabricantes de muebles, decoradores, registradores, arquitectos, el sector de la madera, las ferreterías… muchísima gente que estaba viviendo de la burbuja. Pinchar la burbuja si no hay un diagnóstico clarísimo y una determinación del conjunto de la sociedad de que es lo tenemos que hacer, es políticamente imposible. El político siempre piensa en que arree el siguiente.

P: ¿Qué papel pudo jugar el Banco de España en ese momento?

R: Ya hemos dicho que es muy difícil pinchar una burbuja, así que lo mejor es que no se cree. Y para eso hay que hablar de ella, pero necesitas una institución independiente que te diga "ojo, se está creando una burbuja". ¿Lo podía haber hecho el Banco de España? Sí, perfectamente, pero no lo hizo. Aún estoy esperando la autocrítica del Banco de España, espero que algún día la haga.

P: ¿Habría que recortar el AVE?

R: Yo soy fan del tren, pero fundamentalmente de los servicios de Cercanías y del transporte ferroviario de mercancías. El transporte de viajeros en alta velocidad es muy caro. Yo no digo que haya que pagar la inversión con la explotación de la infraestructura, pero que la gestión de la línea debe ser rentable. Eso ocurre en la línea Madrid-Barcelona, que ha sido un éxito, la de Madrid-Sevilla también funciona bien, pero del resto tengo mis dudas de que esas líneas sean rentables y de que se deban poner en marcha. Si vas a perder dinero todos los años, no tiene ningún sentido económico. Además, invertir tanto en AVE significa renunciar a otras actividades. ¿Merece la pena? 

P: Así que cree que nos vinimos un poco arriba planificando…

R: Totalmente, y no sólo con eso. En España decimos eso de "hemos construido más vivienda que franceses y los alemanes juntos" y, en vez de decir que algo falla, nos hacemos los chulos. Es muy del discurso del político español y creo que hay que hacer autocrítica.

P: ¿Fueron las renovables otro exceso?

R: Las renovables en sí no son malas, pero hubo excesos. El decreto de 2007 fue un desastre. Se pensó en instalar 400MW y acabamos instalando 3000MW a un coste muy elevado, porque no esperamos a los avances tecnológicos que abarataron los paneles. Al final le hemos subido la luz a los particulares y a la industria, que ha pagado con su competitividad parte de las facturas de las renovables. 

El despertar, la crisis, las reformas

P: ¿Es justa la percepción generalizada de los Gobiernos de Zapatero?

R: No lo es. Hubo aciertos y se hicieron cosas bastante bien. En materia de nuevas tecnologías nos convertimos en un país por encima de la media europea, por ejemplo, hicimos una gran apuesta que la gente jamás nos ha reconocido. Hicimos cosas bien, aunque cometimos errores. Creo que el balance con el que salimos fue malo porque tuvimos la mala suerte de que nos tocó la crisis financiera internacional, que en España fue grave porque nos pilló con un gran lastre de deuda.

P: Dice que es una leyenda urbana que el PP gestione bien la economía. ¿Se está gestando otro mito en torno a las reformas de los conservadores en esta legislatura?

R: Si comparas la lista de reformas pendientes con la de hace 10 o 15 años, es la misma. ¿Esto que quiere decir? Que o el PP no ha hecho ninguna reforma o que las ha hecho mal. Todos los retos están pendientes: el mercado de trabajo, la bancarización, la desindustrialización, la baja productividad, el déficit crónico por cuenta corriente, el endeudamiento, la insuficiencia de capital humano, la insuficiencia de capital tecnológico... todo eso sigue estando igual. Cuando dicen que han hecho reformas me gustaría saber cuál. 

Dicen que han hecho una reforma fiscal, pero subieron los impuestos una barbaridad y ahora los han bajado a última hora para ganar votos. Dicen que han hecho una reforma energética, pero lo que han hecho es montar un caos en la factura eléctrica mayor que el que ya había, que era considerable, y además cargarse el sector de las renovables, ¿vaya reforma, no? Dicen que han hecho una reforma financiera, pero ha sido impuesta desde fuera, no la han hecho ellos. Y en materia de pensiones, han hecho algo peor de lo que hicimos nosotros: me parece mucho más justo retrasar la edad de jubilación que condenar a los pensionistas a perder poder adquisitivo. No deberíamos aceptar el discurso de las reformas, pero lo han vendido muy bien. 

P: ¿Qué señales de alarma ve en la economía española hoy día?

R: Empieza a haber señales que no me gustan: en el mercado de trabajo, empeora la precariedad. Antes la precariedad era temporalidad. Ahora hay indefinidos insatisfechos, a quienes les gustaría tener más horas de contrato. El contrato parcial es para la gente que quiere compatibilizar empleo y vida personal o familiar, no se trata de hacer un contrato barato para las empresas y que tenga fastidiado al trabajador. Ese modelo de tiempo parcial no es lo que queríamos. Eso es sólo un ejemplo, pero hay más: tenemos pendiente buscar mecanismos de financiación de las empresas que no pasen por los bancos. Tenemos también insuficiencia de capital humano, lagunas de capital tecnológico, un tamaño empresarial pequeño, un sistema fiscal complejo, injusto y que recauda poco con tipos muy altos... Muchos problemas por abordar.

P: Parece una buena lista de deberes para el próximo presidente.

R:Pedro Sánchez me ha dicho que comparte la lista, aunque no sé si las recetas. Claro que es un buen primer paso. Comparemos eso con el discurso de quien dice que hemos hecho muchas reformas. Con esa gente es muy difícil hablar. Con una persona que te dice "yo comparto la lista" ya hemos dado un paso de gigante.

P: Desde que abandonó el Gobierno han cambiado muchas cosas y han aparecido nuevos actores. ¿Qué opina del programa económico de Ciudadanos y Podemos?

R: 

En La falsa bonanza alabo la valentía de Ciudadanos al decir que el AVE es una barbabaridad y al proponer reducirlo y racionalizarlo. Hay otras propuestas en el ámbito fiscal que no me gustan. De Podemos, como todavía no se sabe… Las primeras cosas que dijeron no me gustaron, y ahora me empiezan a gustar un poco más, pero es muy pronto, ya veremos exactamente qué proponen. E igual con el PSOE: estamos esperando a ver qué propone. Me siento con total libertad para hacer una evaluación crítica de lo que haga el PSOE, pero si asume el discurso de que hay que modernizar el país, tiene muchas posibilidades de ganar y hacer un buen papel.  Volviendo a Ciudadanos y Podemos soy optimista, porque estoy seguro de que van a hacer aportaciones buenas a la economía como ya lo han hecho a la política. Porque la política en España ha mejorado, y mucho, gracias a estos dos partidos. La competencia es siempre lo mejor que hay.