Estoy muy triste porque nadie me espía -al menos que yo sepa- ni a mí se me ocurre a quién grabar, lo cual es quedarse uno fuera de la tendencia más implantada en nuestra política: aquí se graban las conversaciones los enemigos y los amigos, rivales y correligionarios, graban los hombres de confianza a sus jefes, los compañeros de farra y mordida a los secretarios de organización y los tesoreros a sus líderes… Y, por supuesto, se graban los truhanes entre ellos, los bribones a los sinvergüenzas, los golfos a los canallas y los granujas a los pícaros. Por grabar, lo que hay que ver, grabaron hasta a Florentino Pérez en varias comidas y nos divertimos con su opinión sobre algunos de sus jugadores. Se ve a las claras que antes de sentarse a la mesa del restaurante, entrar al despacho de la reunión o hacer la llamada, aquí todo el mundo aprieta el botón rojo del teléfono, que la información es poder. Se les está poniendo a muchos una cara de chantajistas que tira para atrás.

Cualquier día va a aparecer en el documento nacional de identidad la profesión de tirador de mantas.

Y yo aquí sin nada comprometedor que vender por esas redacciones de Dios, sin ocurrírseme con quién hacer el papel de Judas y sin que haya quien me ofrezca treinta monedas de plata, que siempre te hacen un apaño: en este mundo en el que todo se calcula desde el presente, se ha estimado que hoy, dependiendo de su estado de conservación y de la cantidad de metales preciosos que tuviesen, valdrían entre ochocientos y tres mil dólares cada una; es decir, una pasta. Estoy por poner un anuncio naturalmente con la canción “Usted me comprenda”, del inimitable Javier Krahe, como banda sonora original: “Usted me comprenda / es tan mísera mi hacienda / y a mi alrededor / hay tanto derrochador / que estoy convencido / de que hay un malentendido: / ¿por qué no yo, por qué no yo? // He prometido al capital / que adoraré su vil metal / si a cambio me pone en la senda / de la prebenda. // (…) Usted me comprenda / no manejo ni una rienda / y a mi alrededor / hay tanto conspirador / que estoy convencido / de que hay un malentendido: / ¿por qué no yo, por qué no yo?”

Aquí las fuentes se mueven como el bosque de la obra de Shakespeare, son ellas las que van a la prensa, al partido antagonista o a la policía, que si cantas te suelta y te vas a Ibiza. La duda es si con tantas filtraciones no se nos irá a llenar de goteras la democracia. Por cierto, que lo que se cuenta en Macbeth es la profecía que pronostica la caída del protagonista, que se producirá cuando el bosque de Birnam se mueva avanzando hacia su castillo de Dunsinane. Pero los árboles marchan porque no son árboles, sino soldados, y buscan hacerse con el poder. O sea, la historia de siempre, también la de ahora, en esta dudosa época en que la verdad no hay quien se la crea, o al menos quien la distinga de las mentiras digitales y las otras, y encima estamos rodeados de fontaneros en el mal sentido de la palabra.

Vaya si necesitamos unas vacaciones.

El exresponsable de Seguridad de Iberdrola Antonio Asenjo, citado para declarar este miércoles ante el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha señalado que no reconoce su voz en las grabaciones en las que supuestamente conversaba con el comisario jubilado y en prisión preventiva José Manuel Villarejo. Asenjo, que comparecía en calidad de investigado, ha respondido finalmente a las preguntas de los fiscales en el marco de la causa que investiga la relación de la eléctrica con el comisario si bien la defensa adelantó en un escrito que se acogería a su derecho a no declarar. Informa Europa Press. 

El exjefe de seguridad ha sido preguntado en concreto sobre cuatro grabaciones de audio en las que supuestamente conversaba con Villarejo –y en una de ellas también con el socio del comisario, Rafael Redondo–. Ante estos audios, fuentes jurídicas consultadas señalan que el exjefe de seguridad ha indicado en reiteradas ocasiones que no se reconocía en ellos. Estas fuentes apuntan que tras escuchar varios cortes de conversaciones, Asenjo ha incidido en que no respondería más sobre los mismos acogiéndose a su derecho a no declarar, tras lo cual sólo se habría dado una pregunta más por parte del Ministerio Fiscal sobre si tenía conocimiento de una empresa, algo que ha negado el exdirectivo de Iberdrola. Tras esto, ha finalizado la declaración de Asenjo.

Esta era la tercera y última citación para Asenjo, para quien no se han pedido de momento medidas cautelares, y llegaba después de que su defensa diera un giro a la estrategia de colaboración con el Juzgado Central de Instrucción número 6. Ese cambio ya fue adelantado en un escrito presentado este mismo lunes ante la Audiencia Nacional, en el que anunciaban que se acogerían a su derecho a no declarar sobre las grabaciones. Este cambio de estrategia llegaba después de que pidieran, infructuosamente, el levantamiento del secreto del sumario de la pieza 17 del 'caso Tándem', en el que se investigan los contratos que la eléctrica habría suscrito con las empresas de Villarejo.

Esas mismas fuentes apuntan que los audios sobre los que ha sido preguntado este miércoles el exjefe de seguridad hacían alusión a reuniones de trabajo en las que se hablaba de una posible creación de una empresa, y otras en la que aparecía el nombre de Manuel Pizarro, quien fuera presidente de Endesa, competidora de Iberdrola.

Un total de 17 trabajos

La pieza separada y secreta se abrió el pasado mes de octubre de 2019, a la luz tanto de la documentación intervenida al propio Villarejo tras su detención en 2017 como del material sobre su relación con Iberdrola que venían difundiendo 'moncloa.com' y 'El Confidencial'. Iberdrola anunció ese mismo mes que abriría una investigación exhaustiva en forma de informe 'forensic' para aclarar hasta dónde llegaron las relaciones con Cenyt, la mercantil vinculada a Villarejo mediante la que se habrían ejecutado y facturado los contratos.

El informe fue encomendado a PwC y se suma a las indagaciones internas ya acometidas en noviembre de 2018 y el pasado mes de julio a raíz de la difusión de informaciones que vinculaban a la compañía con la empresa del comisario. En ambas se determinó que se habían encargado 17 servicios de tipo ordinario y propios de la Dirección de Seguridad Corporativa entre los años 2004 y 2017 y que tanto en el proceso de contratación como en la posterior facturación se habían seguido todos los controles internos de Iberdrola, según informó en su momento la propia compañía.

1.- Ahórrense los aspavientos quienes pretenden hacerse ahora los sorprendidos u ofendidos al “descubrir” que bajo el mandato de Mariano Rajoy y de su ministro del Interior Jorge Fernández Díaz funcionó una estructura policial que fabricaba informes falsos para filtrarlos a periodistas y medios “amigos” con el objetivo de destruir a adversarios políticos. Sabemos de la existencia de esa policía política (autodenominada brigada patriótica) desde que el 22 de junio de 2016 el diario Público desveló grabaciones en las que Fernández Díaz y el entonces máximo responsable de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, hablaban crudamente de elaborar documentos y acusaciones no probadas contra dirigentes independentistas. (Ver aquí). Todos pudimos escuchar al ministro expresiones como "eso la Fiscalía te lo afina”, “se lo pasamos a nuestros periodistas infiltrados”, “si eso saliera…” o “el presidente del Gobierno lo sabe”. En el documental titulado Las cloacas de Interior, estrenado hace ya dos años y silenciado por los grandes medios, se recogen datos y testimonios sobre la llamada Operación Cataluña. (Ver aquí).

2.- Lo que ha estallado más recientemente es la evidencia de que esa mafia político-mediática-policial no tenía como único objetivo el independentismo, sino que entre las elecciones generales de 2015 y (al menos) hasta que Rajoy fue confirmado como presidente del Gobierno en otoño de 2016, la misma trama tuvo como prioridad ensuciar la imagen de Podemos y de sus dirigentes y frenar la más mínima posibilidad de un acuerdo de gobierno de izquierdas encabezado por el PSOE. (Ver aquí)

3.- Y ha estallado porque el juez Manuel García Castellón decidió invitar a Pablo Iglesias a personarse en una de las diez piezas de investigación relacionadas con el excomisario José Manuel Villarejo tras comprobar que este tenía en su poder material sustraído del móvil personal de una colaboradora del líder de Podemos. Insisto: ha estallado por ese trámite del procedimiento judicial en curso, no porque no se supiera desde el año 2016 que se estaban utilizando informes policiales sin sello ni firma ni confirmación alguna para embarrar a la formación morada. El daño en términos de calidad democrática sería exactamente el mismo si la víctima no hubiera sido Podemos o nacionalistas catalanes sino el PSOE, el PP, Ciudadanos, Vox, Actúa o el PACMA. Se trata de métodos de espionaje, falsificación de pruebas e intoxicación masiva propios de una dictadura. Pero es obvio que ese grupo policial y sus ramificaciones mediáticas defendían intereses muy concretos: los del Partido Popular en el poder. Por eso hay un hilo muy sólido que une las acusaciones falsas contra Podemos, las que previamente se hilvanaron contra los independentistas y las maniobras más sutiles o más cutres para robar a Bárcenas las pruebas que este pudiera guardar contra la cúpula de su partido sobre corrupción y financiación. El nombre de Villarejo no falta en ninguna de esas pútridas charcas. (Ver aquí).

4.- Resulta ofensivo escuchar a Pablo Casado esquivar ahora las preguntas sobre la investigación judicial del espionaje a Podemos con el argumento de que se trata de “informaciones no contrastadas”. Como ofende también escuchar a Albert Rivera decir que no tiene "nada que decir" sobre la policía política, que "le pregunten al PP". Una respuesta que "dice" mucho sobre las convicciones democráticas de Rivera. Ni él ni Casado, que en las fechas de la comisión de esos presuntos delitos ya era miembro de la dirección del partido, tuvieron entonces el menor pudor para hacerse eco una y otra vez de los titulares de OKdiario y de las acusaciones (no contrastadas) de Eduardo Inda OKdiariosobre la supuesta financiación iraní o venezolana de Podemos, o sobre el pago que Nicolás Maduro habría ingresado en una cuenta de Iglesias en el paraíso fiscal de Islas Granadinas. (Ver aquí)

5.- Tampoco hemos escuchado o leído la más mínima disculpa por parte de Casado, ni de Albert Rivera ni de otros dirigentes políticos o medios de comunicación que dedicaron decenas de mítines, portadas y editoriales durísimos, cuando las correspondientes instancias judiciales fueron archivando “por carecer de la más mínima solidez probatoria” todas esas acusaciones basadas en los papeles fabricados por la mafia policial y divulgados por periodistas y cabeceras afines. (Ver aquí).

6.- Es significativo el enorme esfuerzo de denuncia que esos mismos políticos y medios han dedicado al intento independentista de saltarse la legalidad vigente, con actuaciones calificadas de “golpistas” desde el primer minuto, en comparación con la laxitud o indiferencia con la que han venido tratando maniobras destinadas a condicionar y obstaculizar decisiones democráticas como la posibilidad de un pacto de gobierno surgido de los resultados electorales de 2015 y 2016. Uno es demócrata o no lo es. Se trata de una condición plena, que no se puede ejercer de modo parcial o selectivo, dependiendo de quién sea la víctima de un atropello. La actuación, la existencia misma, de una policía política es antidemocrática, perseguible y condenable al margen de que su objetivo fuera morado, rojo, verde o azul.

7.- Tampoco es admisible que el Gobierno de Pedro Sánchez, que con razón se reclama ahora también perjudicado por la actuación de esa policía política, no abriera de inmediato una investigación interna en el Ministerio del Interior para depurar las responsabilidades de lo que ya era un escándalo cuando se votó la moción de censura. Ni hay excusa razonable que justifique la permanencia en la jerarquía policial de alguno de los principales implicados, como es el caso del inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, que en abril de 2016 se desplazó a Nueva York para ofrecer a un exministro chavista un trato de favor si confirmaba el supuesto pago de siete millones de euros por parte del Gobierno bolivariano a una fundación a la que habían pertenecido varios profesores universitarios españoles que ¡ocho años después! impulsaron la creación de Podemos. Gestiones por supuesto pagadas con dinero público y realizadas en nombre “del ministro del Interior español” que a su vez “habló con el presidente español [Mariano Rajoy]”. (Ver aquí). Gestiones por cierto negadas por el propio Fuentes Gago ante una comisión parlamentaria, lo cual puede constituir un delito castigado con multas y hasta con prisión. (Ver aquí)

8.- No. No se puede ser demócrata a tiempo parcial. Tampoco periodista. Eduardo Inda, uno de los nombres más repetidos de la telaraña mediática relacionada con la policía política al servicio del PP, ha intentado justificar su actuación tirando de ventilador, pretendiendo extender la idea de que “han sido muchos los periodistas de diferentes medios que han tenido relación durante años con el excomisario Villarejo y han publicado las historias que él contaba”. Ojalá terminemos conociendo la lista completa de esos periodistas y medios, no por desvelar las fuentes de nadie, sino para comprobar quién ha cumplido su obligación y quién ha trabajado al servicio de intereses que no son los de sus lectores. Porque todo periodista de relieve recibe a lo largo de su carrera dossieres e informes de todo tipo. Pero su obligación profesional y ética no es publicar lo que alguien le filtra sino contrastarlo y descartarlo si comprueba que se trata de una falsedad. De lo contrario no está actuando como periodista honesto sino como “infiltrado” o correveidile. Aclarar la diferencia entre una y otra condición es muy necesario para no socavar (aún más) el crédito de todo el periodismo. Y sí, por supuesto: quien se dedica a disparar con una ametralladora a todo lo que se mueve alguna vez acierta y da a los malos, llámense Urdangarin, Bárcenas o Ignacio González. Lo cual no justifica disparar a sabiendas contra presuntos inocentes.

9.- Ni la campaña electoral ni las artimañas de los interesados deben desviarnos de la cuestión capital. Como advertía hace unos días Iñaki Gabilondo, “hemos perdido el sentido común democrático si dejamos que un escándalo de la gravedad del espionaje a Pablo Iglesias, con elaboración de pruebas falsas incluido, se diluya como un asunto informativo más, de esos que caducan en unos días” (Ver aquí). Por pura higiene democrática y cívica, no debemos permitirlo. Es más, estamos obligados a seguir preguntando una y otra vez qué ocurre con esa investigación interna abierta hace más de nueve meses por el BBVA sobre los pagos de la entidad presidida entonces y hasta hace muy poco por Francisco González a una empresa de Villarejo para espiar a políticos, empresarios y periodistas con el objetivo de impedir una operación accionarial legítima. (Ver aquí). Como debemos también seguir señalando el cúmulo de indicios contra el exfiscal anticorrupción Manuel Moix (ahora ejerciendo en el Supremo), acusado esta misma semana de haber falseado datos junto a dos policías para favorecer “los intereses políticos del PP”. (Ver aquí).

Si elevamos la mirada por encima de los complejos entramados y nos alejamos del ruido de la guerra del clic, observaremos que hay un elemento común a casos tan aparentemente distintos como Nóos, Gürtel,  Taula, Púnica, el campo de golf de Ignacio González, la Operación Kitchen o la mafia policial de Villarejo: la impunidad con la que dirigentes políticos actuaron durante años confundiendo las instituciones del Estado con un cortijo de uso e interés particular. Cloacas incluidas.

La entonces secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, encargó al comisario José Manuel Villarejo “trabajos puntuales” para el partido, le prometió "discreción" y su marido, Ignacio López del Hierro, le garantizó los "pagos" y "discreción". "Yo tengo la cartera en un lado y el corazón en el otro. El corazón es vuestro [...] Siempre que gobernáis vosotros nunca he ganado dinero, pero siempre que está el PSOE, como son tan desastres, pues siempre me encargan cosas", les confesó a ambos el comisario en una cita secreta organizada por el matrimonio en la sede nacional del PP en la calle Génova el 21 de julio de 2009, en plena eclosión del caso Gürtel. Es lo que revela este miércoles el digital Moncloa.com en una nueva entrega de las grabaciones realizadas en esa cita por el propio Villarejo.

López del Hierro le pregunta al comisario si cree que van a imputar a Luis Bárcenas, tesorero del PP, quien declara al día siguiente en el Tribunal Supremo. “Seguro, rotundamente”, responde Villarejo, a lo que Cospedal pregunta si conviene al PP que se retrase “todo lo posible” la instrucción del caso Gürtel.

Cospedal (C): ¿El interés cuál es? Retrasarlo todo lo posible.

Villarejo (V): Claro. Yo creo. Yo, no, pero, vamos, en este caso yo…

C: Yo la información que tengo es que desde luego lo van a imputar [refiriéndose a Bárcenas].

V: Lo van a imputar… pero María Dolores, lo va a…

C: Y cuanto menos piden un delito fiscal (…) comprobado.

V: No, no, pero lo del delito fiscal, aun cuando él diga que lo tenga prescrito, que probablemente, técnicamente, igual…. Yo soy abogado también, pero, pero, pero no me he leído el tema. Lo que está claro es que, el que maneja los dineros de un partido, no puede haberse salvado por prescripción con un tema de este alcance de… punto de vista. O sea, es un tema impresentable.

C: Eso está claro. Pero, y una cosa que te quiero preguntar…

Ignacio López del Hierro (ILH): En mi opinión. Es muy personal…

V: Sí.

ILH: Le vendría bien que se dieran las causas para de una vez por todas acabar con este lío.

V.- Objetivas.

ILH: Las causas objetivas de que…

C: No. A mí si me dicen pasado mañana pedimos el suplicatorio, se acabó. […] Acabamos ya.

V: No, pero, él, claro, él, él va a declarar mañana.

C: Él va a declarar mañana, pero si el juez tarda, dice: ‘Bueno, pues oigo la declaración y ya en septiembre empezaré otra vez y ya veré cuando pido el suplicatorio. Claro, a nosotros nos alarga la situación, porque objetivamente yo no tengo una situación judicial, porque él no la tiene.

V: Pero, María Dolores, como el PSOE o el entorno del juez se entere de esto, va a pedir que sea en septiembre.

C: No, claro, pero… de esto, de esto ya se han dado cuenta ellos.

Más adelante, López del Hierro le dice que a lo mejor el comisario debería "hacer cosas puntuales".

Cospedal: Eso es lo que creo.

Villarejo. Puntuales. Yo lo único, insisto, yo lo único que te pido, a mí no me importa…

ILH: ¿Tú estarías en disposición, por ejemplo, de hacer algún trabajo puntual de temas?

V.- No tengo ningún problema. Por lo menos los gastos alguna vez me pagareis, alguna vez los gastos.

ILH.- Sí… hombre, los gastos.

Tal y como revela Moncloa.com, el comisario vuelve a insistir en que la “discreción es fundamental” para llevar a cabo estos encargos. “No te preocupes por eso”, le contesta Cospedal. En otro momento de la conversación, Villarejo comienza a hablar del "famoso pen drive” de José Luis Izquierdo, el contable de la trama Gürtel, que acabó en manos de la UDEF y se convirtió en una prueba clave de la investigación. A la pregunta de Cospedal sobre si en esa memoria "hay de todo”, Villarejo responde que han hecho todo lo posible por “romperlo”.

El comisario adelanta además a sus interlocutores que la Fiscalía Anticorrupción ha pedido un informe sobre la relación de regalos que hicieron las empresas de Correa a políticos de Valencia. Una petición que hasta entonces había sido “boicoteada” por Olivera, el jefe de la UDEF. En dicha lista aparece una “chaquetilla” entregada a Juan Cotino valorada “en 400 euros”. Una información que Villarejo ya había trasladado al conseller valenciano.

El policía desvela además que la Policía contaba con un topo en Génova. Villarejo se ofrece para descubrir su identidad, de la que incluso ofrece pistas. Agrega que la Policía tiene “dos o tres informadores” en Valencia, donde se desarrolla una de las ramas de la investigación del caso y que hay otro en la sede de Génova, lo que sorprende a María Dolores de Cospedal, subraya Moncloa.com.

El exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, en prisión cumpliendo la condena de 38 años y tres meses por la primera época de actividades de la trama Gürtel, ha solicitado a la Audiencia Nacional su libertad provisional por las grabaciones del comisario jubilado José Manuel Villarejo que apuntan a que el juez que comenzó a instruir el caso, Baltasar Garzón, habría "urdido" para hacerse cargo de la causa, informa Europa Press.

Ortega "no ha tenido ni un proceso ni un juicio justo" pues el exmagistrado tenía todo previsto antes de que fuera designado juez instructor, afirma el abogado del exalcade, Marcos Molinero, en un escrito remitido a la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso Europa Press. Se ha vulnerado "el derecho fundamental que todos los ciudadanos tienen al juez ordinario predeterminado por ley", recalca.

Según el letrado, las grabaciones publicadas por el digital Moncloa.com, en el que Villarejo cuenta que él mismo, Garzón, el excomisario general de Información Juan Antonio González y el que fuera jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) José Luis Olivera se habrían reunido un día antes de la presentación de la querella de Anticorrupción para "preparar lo de la Gürtel", resultan "nuevos indicios solventes" que demuestran lo que se ha denunciado durante todo el procedimiento, incluso durante la vista oral. "Baltasar Garzón presuntamente urdió (previamente a recibir la querella proveniente de la Fiscalía Anticorrupción el 6 de agosto de 2008), con la Fiscalía y altos mandos policiales la forma y manera de construir una causa penal contra el Partido Popular, utilizando para ello las relaciones de este partido político con las empresas de don Francisco Correa Sánchez", concluye el escrito de siete páginas.

Nulidad de la causa

Las defensas de los condenados de Gürtel han pedido en numerosas ocasiones la nulidad de la causa denunciando precisamente este aspecto y además han recordado que el ex magistrado instructor fue apartado de la carrera judicial por ordenar escuchar las conversaciones de los investigados con sus abogados mientras se encontraban en prisión preventiva. También señalaron que Garzón se sirvió de las grabaciones "manipuladas" que aportó el denunciante de la causa, José Luis Peñas, tal y como señala el abogado de Ortega en su escrito.

Estos audios filtrados son para los abogados de varios condenados por los primeros años de la red corrupta liderada por Francisco Correa una prueba más de que el exjuez se habría saltado las normas de reparto para dirigir la investigación de la trama Gürtel. De hecho, algunos de ellos han anunciado que están preparando una querella contra Garzón tras conocer esta conversación. Con todo ello, el abogado de Ortega recalca que "un juez no puede hacerse cargo de una investigación si no le es encomendada conforme a las reglas de reparto establecidas".

Ortega no puede acceder a "algo que no existe"

"Es una excusa sin fundamento ni rigor alguno para infligir al condenado el castigo de prisión provisional", pues "todo el entramado financiero y societario organizado para la sustracción de fondos ha sido descubierto, desarticulado y comisado, de tal manera que el señor Ortega no tiene ni puede tener acceso a algo que ya no existe", dice el abogado.

Por último, Molinero aprovecha para criticar que el auto de la Audiencia Nacional en el que se acuerda la prisión provisional —sin que la sentencia sea aún firme por el Tribunal Supremo—, sea un " 'corta pega' sin entrecomillar las 'hipótesis conjeturadas' facilitadas por el Ministerio Fiscal", así como que se omitan los argumentos esgrimidos por la defensa. Por ello invita al tribunal a reflexionar "qué tipo de prisión provisional queremos para este país" y pide "actuar en consecuencia". "Probablemente, no se trate tanto de modificar las normas que regulan esta situación como aplicarlas de manera coherente", sugiere el abogado.

El enésimo ejemplo (y quizás uno de los más nauseabundos) es el que estos días ocupa el centro del escenario político y mediático: los audios extraídos de la grabación de un largo almuerzo (privado) del año 2009 en los que se escucha a la actual ministra de Justicia, Dolores Delgado, decir unas cuantas barbaridades sobre las cuales la protagonista ha dado versiones contradictorias que no la han ayudado precisamente en la gestión de la crisis. Ahora bien: ¿es el ‘escándalo Delgado’ mínimamente comparable a los que han protagonizado en los últimos años dirigentes del PP o asistimos a una “caza de brujas” (como la ha definido Baltasar Garzón) en la que se trata de forzar a cualquier precio la caída de la ministra para precipitar el final inmediato del Gobierno Sánchez?

Al grano:

1.- Dolores Delgado debería haber afrontado toda la verdad desde el minuto uno. La percepción pública sería distinta si hubiera reconocido una relación de cierta confianza con el ínclito Villarejo, que había compartido mesa y mantel con él y con otros miembros de la cúpula de la Policía de entonces a invitación del juez Baltasar Garzón, que en aquella fecha, por cierto, estaba en camino de ser liquidado en la carrera judicial tras la apertura del sumario de la GürtelGürtel y la posterior "osadía" de abrir la puerta de la justicia a las víctimas del franquismo.

2.- Tiene toda la razón Delgado, y cualquier otra persona en su lugar, al indignarse ante la violación de su derecho a la intimidad por ser grabada sin su consentimiento en un almuerzo particular y sobre cuestiones ajenas a sus responsabilidades como fiscal de la Audiencia Nacional. Hasta donde ahora mismo conocemos, en aquella sobremesa Delgado expresó algunas opiniones más que reprochables, pero no hay contenido ilícito que la implique. Al menos hasta el momento.

3.- Se ha equivocado Delgado, en mi modesta opinión, no sólo por no contar toda la verdad desde un minuto después de hacerse pública la primera grabación, sino por comparar su caso con el de Juan Carlos I. Un primer comunicado oficial de Justicia la presentó como víctima de “un ataque al Estado y a sus instituciones. Primero cargó [Villarejo] contra la Jefatura del Estado con grabaciones relacionadas con el rey emérito. Ahora ataca al Ejecutivo en la persona de la ministra de Justicia”. ¿Acaso alguien ha relacionado a Delgado con cuentas en Suiza o con comisiones por contratos del AVE a La Meca? No. Y es una diferencia fundamental. Que el juez haya dado carpetazo al asunto de las grabaciones de Villarejo a Corinna no cierra en absoluto las dudas sobre la actuación del rey emérito, hasta el punto de que la propia Fiscalía Anticorrupción mantiene abierta la investigación sobre las citadas comisiones.

4.- El Partido Popular y Ciudadanos se han lanzado a la yugular de Dolores Delgado y por elevación a la de Pedro Sánchez exigiendo “elecciones ya” con el argumento de que “no hay Gobierno que resista tres dimisiones en poco más de cien días”. Es un ejercicio de cinismo meridiano. Efectivamente para que esto ocurra tiene que haber dimisiones, es decir asunción de responsabilidades cuando un servidor público es sorprendido en actuaciones incompatibles con sus obligaciones en el cargo. Lo reprochable no es que hayan dimitido Màxim Huerta y Carmen Montón por diferentes y justificados motivos, sino que en su día un presidente del Gobierno fuera sorprendido enviando mensajes de apoyo y ánimo a su tesorero cuando toda España sabía ya que era un presunto delincuente; que un ministro del Interior encargara operaciones ilícitas con dinero público contra dirigentes de otros partidos; que un ministro de Justicia intentara influir en los fiscales para favorecer al presidente murciano del PP… y así hasta la reprobación parlamentaria de cinco responsables de carteras del Ejecutivo de Rajoy. Sin una sola dimisión (aparte de la de José Manuel Soria, después de mentir más y con más torpeza y desparpajo que el padre del cantante Luis Miguel).

5.- Con José Manuel Villarejo no ha comido sólo la ministra Delgado o el juez Garzón. Hasta Pablo Casado compartió mesa y mantel. Con este individuo que llevaba una grabadora puesta como si fuera su propio ombligo han mantenido relaciones interesadas políticos, empresarios y periodistas que hace ya meses que andan temblando ante la posibilidad de ver sus confesiones, devaneos o intimidades tendidas a la luz del patio vecinal en cualquier momento. Lo cual no significa que todas las filtraciones provengan del propio Villarejo. Las cloacas del Estado no son unipersonales, y por tanto, una vez intervenida su inmensa fonoteca, la utilización troceada de la misma puede responder a intereses diversos. En batallas judiciales o partidistas que vienen de muy lejos y pretenden condicionar futuras decisiones en esos ámbitos.

6.- Lo más preocupante y trascendente es que las alcantarillas del Estado que han funcionado en modo mafioso durante décadas sigan condicionando la agenda política, y que sus efectos se entrecrucen con los intereses de una oposición dispuesta a utilizar cualquier instrumento para tumbar el Gobierno actual y bloquear el funcionamiento de las instituciones. Mientras a todas horas se escuche ese vulgar “¡Un maricón!” en boca de una ministra que ni soñaba serlo cuando cometió el dislate, no quedará espacio mediático para denunciar el hecho indiscutible de que PP y Ciudadanos usan la Mesa del Congreso y la capacidad de veto en el Senado para impedir unos Presupuestos en los que Bruselas ya había aceptado 6.000 millones de euros más para gasto social.

Se escuchan estos días expresiones gruesas, imitadas sin disimulo de las que en su día empleaba la oposición de izquierdas contra los desmanes explicados negro sobre blanco en la sentencia de la Gürtel. Hablan de “gobierno de la vergüenza”, gritan “¡dimisión, dimisión!” y “¡elecciones, elecciones!” a todas horas. Pretenden por enésima vez instalar que “es lo mismo” y “todos son iguales”, con una irresponsabilidad democrática cuyos daños podrían ser irreversibles. Pues no. No es lo mismo. Y convendría que quienes votaron en su día la moción de censura se esforzaran en demostrar que no sólo estaban de acuerdo en echar a Rajoy sino en apostar por una regeneración que, entre otras muchas cosas, debe anular de una vez por todas los poderes ejercidos por las cloacas del Estado.

El exjuez Baltasar Garzón ha comparado la polémica en torno a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, por sus comentarios grabados durante una cena en 2009 con una "caza de brujas". Así lo ha comentado este miércoles en la Cadena Ser.

"Forman parte de una campaña deleznable en contra de la ministra de Justicia", ha declarado el exjuez, que además ha confirmado su presencia en dicha comida y su participación en la conversación junto con Delgado y el excomisario Villarejo.

Este miércoles, el portal digital Moncloa.com publicó un trozo de audio en en que la actual ministra de Justicia –que en aquel momento era fiscal de la Audiencia Nacional– relataba cómo un grupo de jueces y fiscales habían estado con chicas menores de edad durante un viaje a Colombia. 

El día anterior, un audio mostraba a la entonces fiscal de la Audiencia Nacional refiriéndose como "maricón" a Fernando Grande-Marlaska, actual ministro de Interior. Además, durante la misma comida, Delgado aparece teniendo un trato familiar con el excomisario Villarejo, quien hoy se encuentra en prisión preventiva.

En todos los fragmentos de la conversación publicados se registra la participación de Garzón, quien ha salido en la defensa de una ministra de Justicia "que ha dado la vida por este país". "Yo estaba también en esa comida, hace nueve años, con los máximos mandos policiales del momento, y como muchas veces en otras comidas, cenas, de madrugada... (...) Me parece brutal que una conversación sacada de contexto, nueve años después, se traiga a la luz", ha sentenciado.

El concejal del PP de Torrelodones Ángel Viñas, que fue grabado esta semana chantajeando a la alcaldesa del municipio, Elena Biurrun, ha presentado este viernes su dimisión, han confirmado a Europa Press fuentes populares.

El PP de Madrid abrió ayer expediente informativo al edil popular tras salir a la luz en unas grabaciones difundidas por la Cadena Ser un intento de chantaje a la alcaldesa para que su partido no se presente a las elecciones municipales a cambio de "parar" una denuncia por un presunto desvío de dinero en las obras del túnel de la carretera de A Coruña.

La alcaldesa, por su parte, señaló ayer que estaba estudiando acciones legales contra el ya exedil del PP. "En el común de los lenguajes es un chantaje en toda regla. No es nada que me sorprenda. No es nada nuevo. Ya son casi 12 años de los que he tenido todo tipo de artimañas. Esta es otra de tantas. Es así de triste, pero no me sorprende nada", indicó.

La Sección Territorial en Canarias de Jueces para la Democracia (JpD) anunció la presentación de una denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra el magistrado Salvador Alba, por grabar "subrepticiamente" a los compañeros con los que comparte Sección mientras deliberaban sobre asuntos judiciales, así como una conversación sostenida con un letrado cuyo contenido se refería a cuestiones que afectan a la vida privada de otros jueces.

En la denucia, JpD insta a la Sala de Gobierno a que proceda del mismo modo, solicitando del promotor de la Acción Disciplinaria la apertura de un nuevo expediente contra el juez donde de forma inmediata y con carácter cautelar, tal y como prevé la ley, se aparte al magistrado Salvador Alba del ejercicio de sus funciones.

A través de un communicado, Jueces para la Democracia recuerda que las grabaciones las habría hecho públicas el magistrado Alba al presentarlas en un Juzgado de Instrucción donde se sigue un proceso por una denuncia presentada por él que nada tendría que ver con el contenido de las conversaciones grabadas, incurriendo así en graves responsabilidades disciplinarias e incluso penales, según la Sección Territorial.

Para JpD, "se trata de un comportamiento del todo intolerable que se suma al cúmulo de despropósitos perpetrados por esta persona y que Jueces para la Democracia venimos denunciando desde que cometió hechos tan graves como reunirse privadamente con el empresario Miguel Ángel Ramírez, investigado en una causa instruida por él, para orientar su declaración con el fin de perjudicar a la magistrada Victoria Rosell".

Todo esto, según la Sección Territorial de JpD, "ha sumido a la Justicia canaria a unas cotas de desprestigio nunca antes conocidas a lo que ha contribuido la sorprendente inacción de órganos institucionales en cuya responsabilidad está el tomar medidas para que esta situación cese y quien tanto daño está haciendo a la Justicia sea apartado de sus funciones".

"La Justicia ni admite ni se merece este descrédito que afecta y desprestigia el trabajo honrado de miles de jueces y juezas de este país, quebrando un pilar fundamental para la legitimidad del trabajo que hacemos y que es la confianza de la ciudadanía", concluyen en su comunicado.

CDC y el exalcalde de Barcelona Xavier Trias presentaron este jueves su querella criminal contra el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el exdirector de la Oficina Antifrau de Catalunya (Oac) Daniel de Alfonso, informa Europa Press. Consulte el documento aquí. 

Un representante legal de CDC la presentó a mediodía ante el Tribunal Supremo, informaron a Europa Press fuentes del partido, y alega presuntos delitos de violación de secretos, prevaricación y malversación de fondos públicos, tras la grabación de las conversaciones en las que Fernández y De Alfonso hablaban de investigar a políticos independentistas.

En su querella, aseguran que CDC es el "objetivo" de "todas las turbias maniobras" que presuntamente Fernández Díaz y De Alfonso trataron durante sus encuentros. Apuntan también a que, en estas reuniones, el ministro fue "elocuente" y no mostró "rubor alguno" empleando "la franca verborrea de quien se cree impune".

Un representante legal de la formación ha registrado la querella al mediodía ante la Sala Segunda del alto tribunal para que se investigue el contenido de la grabación de las conversaciones mantenidas en el despacho ministerial sobre investigar a políticos independentistas. Este miércoles ya lo adelantó el portavoz parlamentario de CDC --ahora refundada como Partit Demòcrata Català (PDC)--, Francesc Homs, durante su intervención en la sesión de investidura fallida, en la que acusó al presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, y a su equipo de haber utilizado "la extorsión y la amenaza" para "conseguir sus objetivos".

Según apunta la querella, la conducta de De Alfonso, en calidad de director de la Oficina Antifraude, constituye un delito continuado de violación de secretos, recogido en el artículo 417 del Código Penal. Además, los querellantes recuerdan que el artículo 8 de la Ley del Parlament de Catalunya 14/2008, por la que se creó la OAC, fija que el director debe "ejercer el cargo con plena independencia y objetividad" y que "no recibe instrucciones de ninguna autoridad en el ejercicio de sus funciones". Asimismo, hace hincapié en que hizo revelación de información confidencial, entregó documentación física a "quien no debía", es decir, al ministro, porque éste no es miembro del Poder Judicial ni representante de la Fiscalía.

"A nadie escapa que el señor De Alfonso ha reducido a cenizas el prestigio de la Oac y que la actuación del ministro no sólo deja bajo la sombra de la sospecha la independencia y honestidad de las fuerzas de seguridad, sino que compromete a la propia Fiscalía General del Estado y a destacados miembros de la Fiscalía Anticorrupción, de los que se habla sin recato como si se trataran de meros esbirros", señala la querella.

A Fernández Díaz se le considera partícipe punible en este delito ya que "provoca, posibilita y favorece activamente el hecho delictivo ajeno", dice el documento presentado ante el Supremo. Los querellantes aseguran que el ministro conoce el motivo por el cuál De Alfonso le visita y que, por ello, "le recibe, le interpela, le incita" y le pregunta detalles.

Según dice el documento presentado, la grabación deja "patente" que hay una revelación de "información confidencial" sobre ciertos políticos catalanes, incluso con intención de que sea publicada, lo cual conlleva el "perjuicio" para estas personas. Además, subraya que la conducta de los dos querellados "colisiona" con el "buen funcionamiento" de la Administración Pública.

Se les acusa también de prevaricación debido a que, en su consideración, toman la decisión de llevar investigaciones "injustificadas e ilícitas, con clara y manifiesta desviación de poder" por parte de ambos interlocutores.

Y, de malversación de caudales públicos por los costes generados en el "emprendimiento y desarrollo" de las investigaciones y porque se han destinado recursos públicos en actividades como las dietas y desplazamientos del exdirector de la Oac para acudir a las reuniones en el despacho del ministro del Interior.

El escrito se acompaña de documentos anexos en los que se reproduce artículos periodísticos que informaron de dicha conversación, el acta que recoge las declaraciones de De Alfonso en la séptima sesión de la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlamento de Cataluña, que se celebró el pasado 23 de junio, así como la transcripción del contenido que la acusación considera "relevante" de la reunión.

Además, piden un estudio aparte sobre una de las declaraciones que hizo De Alfonso sobre la investigación a Homs por el nombramiento a dos familiares del exdirigente de CDC Felip Puig. Creen que hay una "premeditación especialmente insidiosa" para su revelación. En cuanto a Trias, destacan que es otro de los perjudicados por las grabaciones ya que se le incluye en una operación de un supuesto blanqueo de capitales con el visto bueno del Ayuntamiento de Barcelona cuando éste no formaba parte del equipo municipal.

El director general del Cuerpo Nacional de Policía, Ignacio Cosidó, pidió "paciencia" acerca de las investigaciones que se están realizando para averiguar quién grabó la conversación del ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, y el exdirector de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, en octubre de 2014 y aseguró que no se ha descartado ninguna hipótesis por "improbable" que sea.

Así lo dijo a la prensa antes de inaugurar el curso de verano de El Escorial Libertad y seguridad frente a las nuevas amenazas, en el que destacó que la Comisaría General de la Policía Judicial tiene una investigación abierta en la que está trabajando con "intensidad".

Preguntado por la información que publica la revista Interviú en la que se apunta que el micrófono que grabó la conversación en el despacho de Fernández Díaz no fue colocado por ninguno de los interlocutores, Cosidó afirmó que aún no ha tenido tiempo para leer este artículo, pero que hasta el momento a él no se le ha hecho llegar ningún informe que "permita acreditar cuál es el origen de esa grabación".

"Ahí pediría un poco de paciencia. Se está trabajando y espero que pronto podamos tener un informe que aclare algunos de los puntos", recalcó el director de la policía. No obstante, aseguró que el equipo encargado de investigar estas grabaciones no descarta ninguna hipótesis, aunque "cualquier posibilidad pueda resultar muy improbable".

De cualquier modo, Cosidó apuesta por "esperar a tener los resultados" para sacar las conclusiones.

Pide a la UE trabajar conjuntamente

En cuanto a las jornadas que ha inaugurado, Cosidó habló sobre "aquellas amenazas principales a la seguridad interna": terrorismo, inmigración ilegal, la trata de seres humanos, la ciberdelincuencia y el crimen organizado.

En su opinión, España está en un "momento óptimo" en seguridad ya que tiene los "niveles históricos más bajos" de criminalidad y, por ello, es uno de los países "más seguros de Europa y del mundo".

Aun así, explicó, sería un "error" considerar que no hay que trabajar "todos los días". En este sentido, apostó por hacer una serie de cambios en las políticas de seguridad.

Concretamente, cuatro reformas: en primer lugar, una policía que pase de estar "focalizada" a perseguir el delito a prevenirlo, pues "no basta con ser capaces de investigar a los culpables de los atentados terroristas, sino de tener capacidad de anticipación y de prevención".

Por otro lado, solicitó "culminar la transformación" hacia un Cuerpo Nacional de Policía 3.0 para detectar los ciberdelitos, para lo que se necesitarían más recursos y más inversión. Alertó de que en 2016 va a haber "más ciberdelitos que delitos violentos".

En tercer lugar, instó a la Unión Europea a trabajar conjuntamente para hacer frente a las amenazas y a "potenciar más los instrumentos de cooperación" en el Mediterráneo y en Iberoamérica.

Por último, apostó por continuar en las redes sociales para "transformar" la convertir la labor de la policía nacional en más "eficaz" gracias a la información que ofrecen los ciudadanos por estos canales.

La asociación Jueces para la Democracia (JpD) criticó este martes mediante un comunicado el "nulo respeto" y el "profundo desprecio" a las instituciones democráticas por parte del ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, en relación al caso de las grabaciones difundidas por Publico.es en las que el político conservador insta presuntamente al director de la Oficina Antifrau de Catalunya a acelerar las investigaciones contra políticos independentistas.

"De ser ciertas las noticias que se están difundiendo en los medios de comunicación y con todas las cautelas", matiza la organización en la nota difundida, el ministro del Interior no se atiene a los fines de su cargo si "utiliza tal puesto para intentar incriminar a rivales políticos en actos de corrupción no investigados ni por la autoridad judicial ni contrastados por los cuerpos policiales bajo su dependencia", explican. Califican el contenido de las conversaciones de "presiones inaceptables" al jefe antifraude catalán, Daniel de Alfonso.

Jueces para la Democracia recuerda que la Oficina Antifrau de Catalunya fue creada "para investigar las mordidas y actos de corrupción comúnmente conocidas como 3%", por lo que denuncian la utilización "ilegal y abusiva" de las instituciones democráticas "con el fin de eliminar al rival político".

La asociación judicial exige que se depuren las responsabilidades "de todo orden" de todas las personas implicadas en el caso Fernández Díaz. "Cualquier actuación en defensa de la legalidad constitucional debe llevarse a cabo por los medios pertinentes, sin que quepan atajos ilegales como el que nos ocupa", aseguran.

   – No es normal que el ministro responsable de la Seguridad del Estado haga indicaciones y sugerencias al jefe del órgano autonómico contra el fraude en Cataluña, Daniel de Alfonso, para recabar datos sobre familiares de dirigentes de Convergència y de ERC. (O de cualquier otra formación política, obviamente).

    – No es normal que el ministro se ofrezca, aun sabiendo que los supuestos indicios son “débiles” según el propio jefe Antifraude, a hacer una “gestión” con el Fiscal General del Estado para que reciba esos “papeles” y después filtrarlos y airearlos. “Nadie va a sospechar que sale de la Policía ni de investigaciones policiales…”, llega a decir Fernández Díaz.

    – No es normal el uso de recursos públicos, humanos y materiales, para forzar la fabricación de un escándalo que ensucie la imagen de adversarios políticos, en este caso independentistas catalanes como Francesc Homs, Oriol Junqueras o Felip Puig.

   – No es normal que el ministro y el director Antifraude se planteen incluso la “externalización” de esa investigación (que acabó en vía muerta por ausencia de pruebas de ningún tipo), a través del jefe de seguridad del Grupo Planeta.

   –  No es normal que el ministro afirme en una de las conversaciones que “el presidente del Gobierno lo sabe”, y presuma ante Daniel de Alfonso de su amistad y confianza con Rajoy: “Es un hombre discreto donde los haya. Yo le conozco muy bien, de muchos años. Llevo trabajando y colaborando con él desde febrero del 91 ininterrumpidamente, en la oposición, en el gobierno, en la oposición…”

   – No es normal que Mariano Rajoy recurra por enésima vez a la ignorancia como excusa para no asumir responsabilidad política alguna. Afirma que se enteró este mismo martes por la tarde no sólo de las reuniones de Fernández Díaz sino de la existencia “del cargo” de Jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña.

    – No es normal que Rajoy (entrevistado este miércoles en Onda Cero por Carlos Alsina) sostenga al mismo tiempo que no sabe nada de esas conversaciones pero que “jamás” desde su Gobierno se han producido filtraciones interesadas e impulsadas para perjudicar a algún partido político concreto.

    – No es normal la capacidad de Rajoy para seleccionar no ya altos cargos (varios en la cárcel y decenas procesados) sino sus amistades más íntimas en la política. De su núcleo duro denominado originalmente ‘G-5’, formado por José Manuel Soria, Miguel Arias Cañete, Jorge Fernández Díaz, José Manuel García Margallo y Ana Pastor, los tres primeros ya han protagonizado escándalos políticos más que notables.

    – No es normal la reiteración en la divulgación de dosieres policiales sobre dirigentes y grupos políticos sin que lleguen siquiera a judicializarse o, cuando lo hacen (como ha ocurrido con el llamado informe PISA sobre Pablo Iglesias y la financiación de Podemos) son rechazados de plano por el Tribunal Supremo por ausencia de pruebas.

    – No es normal que pueda grabarse una conversación en el mismo despacho del ministro del Interior. Es obvio que ese agujero de seguridad es una muestra de incompetencia cuyo primer responsable es el propio Fernández Díaz.

    –No es normal la acumulación de evidencias de una guerra sucia dentro de los aparatos de seguridad del Estado y la utilización de los mismos como una policía política propia de un régimen autoritario. Algunos de los responsables policiales enfrentados (incluso en los tribunales) llevan décadas manejando impunemente las llamadas “cloacas” del Estado y las tuberías que las conectan con medios y periodistas. (Algunos contrastan primero y después deciden si publican o no la información, otros directamente dan pábulo a los dosieres).

  – No es normal el desparpajo con el que el Gobierno y el PP pretenden difuminar la gravedad del contenido de las conversaciones de Fernández Díaz haciéndose pasar por víctimas de una “maniobra electoral de los independentistas”. Tan burda argumentación puede incluso sumar votos este domingo al PP, según los cálculos de algunos estrategas del partido.

La insistencia en calificar de “normal” cualquier actuación política inasumible en democracia forma parte de una estrategia que hasta ahora ha sido fructífera para el PP en términos electorales y de resistencia en el poder. Se complementa a menudo con la táctica de caricaturizar la realidad o a sus protagonistas, de modo que la ciudadanía asuma como parte del paisaje político hechos y personajes propios de un sainete. El ministro del Interior designado por Rajoy después de muchos años de amistad y confianza es un señor que dice que va acompañado por un ángel de la guarda llamado Marcelo; un individuo que elige el Valle de los Caídos para rezar, meditar e inspirarse; un cargo público (en un Estado aconfesional) que impone la Medalla de Oro al Mérito Policial a la Virgen Nuestra Señora María Santísima del Amor o que nombra comisario honorario de la Policía Nacional a Paco Marhuenda… ¿Qué entiende exactamente Mariano Rajoy por “normalidad”?

El caso en el que se ha visto envuelta la exjueza y exdiputada de Podemos, Victoria Rosell, acusada de presuntos delitos de retraso malicioso en la administración de justicia, prevaricación y cohecho, no deja de complicarse con cada nueva revelación. Este miércoles el empresario grancanario Miguel Ángel Ramírez, propietario de Seguridad Integral Canaria y presidente de la UD Las Palmas, entregó en un juzgado una grabación en la que el juez que presentó pruebas contra Rosell, Salvador Alba, le confiesa supuestamente su ánimo de acabar con la carrera política de la entonces diputada. De confirmarse el audio, el magistrado ofreció al empresario canario presuntos favores procesales si la acusaba de actividades irregulares.

Poco después de que el contenido de la grabación se hiciera público, el promotor de acciones disciplinarias del Consejo General del Poder Judicial, Antonio Fonseca-Herrero, acordó iniciar una investigación, al considerar que el juez Alba incurrió en una presunta infracción disciplinaria, aunque no descarta que la gravedad de sus actos puedan tener relevancia penal.

En caso de que considere que efectivamente existe una infracción disciplinaria, el promotor hará una propuesta de sanción que se llevará a la Comisión Disciplinaria del Consejo General de Poder Judicial, según ha explicado el portavoz del Foro Judicial Independiente, Conrado Gallardo. En cuanto a las sanciones que se le pueden imponer al juez Salvador Alba, éstas varían en función del tipo de falta: leve, grave o muy grave. Pueden ir, en este sentido, desde un apercibimiento, pasando por multas, hasta la suspensión de empleo y sueldo o traslado forzoso.

En el caso de que se detecten infracciones penales, las opciones pueden ser varias. Conrado Gallardo baraja la posibilidad de un presunto delito de prevaricación, es decir, el dictamen de una resolución a sabiendas de que ésta es injusta. El portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, matiza que, en este caso, se tendría que valorar si el informe que emitió el juez Alba sería equiparable a una resolución, y si otras emitidas por él pueden ser ilegítimas y estar condicionadas a un plan concreto del magistrado de perjudicar a Victoria Rosell.

Conrado Gallardo contempla también el delito de cohecho, al entender que, de demostrarse la veracidad de la grabación, Salvador Alba pudo haberle prometido algo al imputado a cambio de un favor. Asimismo menciona un presunto delito de falsedad si resulta que la declaración del empresario no se corresponde con los hechos reales. Joaquim Bosch añade, además, un posible delito de coacciones, si se demuestra que el investigado fue forzado a emitir una declaración concreta.

La grabación objeto de investigación por parte del Consejo General del Poder Judicial vierte una serie de indicios sobre las posibles infracciones en las que el juez Salvador Alba ha podido incurrir. Expertos consultados por infoLibre han analizado siete de ellas:

1. Reunirse con el investigado

El simple hecho de que un juez se reúna con la persona que está siendo juzgada es, de por sí, una anomalía. Así han coincidido en valorarlo los magistrados Conrado Gallardo y Joaquim Bosch. Gallardo considera que el hecho de mantener una entrevista con un imputado, "sin la presencia del abogado, sin motivo claro, y sin una audiencia pública, no es el procedimiento habitual". 

El portavoz de Jueces para la Democracia, por su parte, entiende que "esta situación no tiene precedentes en este país", y que, además, "tiene poco sentido", pues los intereses o peticiones del investigado se trasladan, habitualmente, por parte de su abogado, de modo que "hablar directamente con el imputado supone que de la conversación pueda salir algo al margen del proceso".

No sucede lo mismo cuando uno de los interlocutores es el fiscal, aunque en este tipo de casos "es el abogado del imputado quien habla con el fiscal, en primer lugar, y además es lógico porque ambos son parte del proceso", explica Bosch, "mientras que el juez, que está en medio, debe ser imparcial". Bosch señala que "en muchos procedimientos hay sentencias de conformidad, pactadas con el fiscal, pero no se negocia nunca con el juez porque podría quedar contaminado".

2. Buscar beneficio para el investigado

Durante la conversación entre juez e investigado, Salvador Alba declara su disposición a "cargarse" el procedimiento "antes de que tengas que ir, ni a un recurso, ni a una audiencia, ni...". El juez Conrado Gallardo considera que no se busca exactamente un beneficio para el imputado, sino "un trato, un intercambio" entre ambos. Una propuesta que valora del todo ilegal. 

La consecuencia directa, según Joaquim Bosch, y de confirmarse la autenticidad de la grabación, es que su conducta "puede ser constitutiva de una infracción penal", y que las actuaciones relativas al proceso pueden dejar de ser válidas, como la propia declaración del empresario. Habría que analizar, por ello, "si esa estrategia del juez Alba se declara delictiva, y si las resoluciones directamente conectadas con ella son, por lo tanto, nulas".

3. Forzar procedimientos

En otro fragmento del diálogo, el juez intenta presuntamente demostrar los vínculos empresariales que tenía Ramírez con Carlos Sosa, pareja de la exjueza Victoria Rosell. "Lo hacemos así, y lo llevamos al procedimiento y en el momento que vayamos al procedimiento ponemos en marcha la maquinaria", dijo Salvador Alba.

En este sentido, considera Joaquim Bosch, las consecuencias van "por la misma línea". "Si hay algún tipo de coacción a cambio de un trato procesal más favorable", puntualiza Bosch, el magistrado podría estar incurriendo en un delito.

4. Pactar declaración

Por otro lado, el magistrado podría haber tratado de pactar la declaración que el imputado Miguel Ángel Ramírez haría posteriormente, según el intercambio de palabras que plasma la grabación. "Entonces vamos a ver, tú tienes que hablar lo de Ralons Servicios que te paga publicidad", o "tenemos que ceñir el periodo de 2014 a ahora", son algunas de las frases del juez Alba durante la reunión.

Conrado Gallardo considera que todo parece indicar que "le está diciendo qué quiere que declare exactamente", lo cual podría suponer, según Joaquim Bosch, "una infracción disciplinaria por asesorar al imputado y encauzar su declaración", o bien derivar en algún tipo de infracción penal.

5. Declarar "voluntariamente"

Salvador Alba pone especial cuidado a la hora de insistir en la importancia de que el imputado declare "voluntariamente". Así, en un fragmento de la conversación, explica que "cuando yo te haga esas preguntas y tú contestes, lo que sí tienes que decir es que voluntariamente, porque si yo te requiero no me sirve, voluntariamente yo esto lo puedo demostrar. ¿Sí?".

La reiterada insistencia por parte del juez Alba en que el investigado alegue la tenencia de pruebas que acrediten sus declaraciones, y que lo haga voluntariamente, puede responder, según el juez Conrado Gallardo, a la credibilidad que al hacerlo de esta manera tendría el empresario Ramírez. "¿Eso es demostrable? Sí. Pues si es demostrable. Pues lo acreditas y lo hacemos así", concluye el juez.

6. Negar delito alguno 

En otro punto del diálogo entre el juez y el empresario, éste último pide a Salvador Alba que no se limite a dictar la nulidad, sino que entre "en el fondo del asunto cuando te cargues esto". Le plantea la posibilidad, de este modo, de alegar que no hay delito en la actuación de Ramírez, para evitar una investigación de Hacienda. "Con independencia de eso, pues tal, se hubiese procedido al sobreseimiento… Patatín, patatán… Sí, sí se puede… Sí se puede… Sí se puede", decide el magistrado.

De nuevo, Conrado Gallardo sostiene que, más que tratar de beneficiar al empresario, lo que se está presuntamente gestando es un intercambio de favores, lo cual evidenciaría, de confirmarse, la implicación del juez en una infracción disciplinaria o, en su caso, en los posibles delitos mencionados por los expertos.

7. La animadversión hacia Rosell

El juez había emitido una serie de informes negativos sobre el caso que salpica a la exjueza Victoria Rosell, documentos de una trascendencia absoluta para el procedimiento. Aunque la también exdiputada de Podemos había alegado en reiteradas ocasiones la animadversión del magistrado hacia su persona, la conversación destapada este miércoles podría poner el broche final a esta acusación.

En la grabación, Salvador Alba dice: "Yo sé que ésta es una cabrona, una hija de puta". A partir de estas palabras, Conrado Gallardo entiende que "habrá que averiguar si realmente existe una enemistad, y si el juez Alba actuó impulsado por su deber de conocer la verdad o por su presunta enemistad" con ella.

Joaquim Bosch añade que, "si se confirma que la grabación es auténtica, y por tanto se demuestra que hay animadversión entre la persona objeto del informe y quien elabora el informe", sería necesario revisar la validez de los documentos emitidos hasta el momento, lo que podría dar un giro completo a todo el procedimiento iniciado el pasado mes de abril.

El CGPJ ya investigaba estos hechos a raíz de una denuncia presentada por la propia Rosell. Ahora tendrá que determinar si además de falta disciplinaria el juez Alba pudo incurrir en delito y en ese caso remitirá su investigación a la Fiscalía.

Alba sale así al paso de un escrito que Ramírez asegura haber presentado en el Juzgado de Instrucción Número 8 de Las Palmas sobre un encuentro o conversación privada con el magistrado y donde el juez le habría confesado su "ánimo de acabar con la carrera de la hoy ex diputada de Podemos" y presuntamente la habría ofrecido "toda suerte de favores procesales si imputaba a Victoria Rosell actividades irregulares".

Estos hechos han sido negados por el magistrado en un comunicado, donde asegura que "nunca" ha tenido encuentro privado "de ninguna clase con el investigado don Miguel Ángel Ramírez Alonso, los mismos han sido en todo caso públicos y en sede judicial".

Asimismo, manifiesta que mantuvo una declaración previa a su declaración procesal con Ramírez en sede judicial, en el despacho de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, a donde afirma que el presidente de la U.D. Las Palmas y de Seguridad Integral Canaria acudió acompañado de su letrado don Sergio Armario y, posteriormente, "se produjo su emplazamiento para prestar declaración en la causa que se sigue en su contra".

Hubo una declaración previa de Ramírez a petición suya

Esta declaración previa, añade, "fue solicitada con insistencia por el letrado de Seguridad Integral Canaria, personado en el procedimiento".

"En ningún momento se ha efectuado imputación alguna de actividades irregulares a Victoria Rosell por parte de quien suscribe, ni consta en el procedimiento en cuestión que Miguel Ángel Ramírez impute actividad irregular alguna a Victoria Rosell, a la que en su declaración ni menciona", apuntilló. Además, añade que emitió informe a instancia del Tribunal Supremo en el marco de una causa especial existente en el mismo.

En cuanto a la reunión y el contenido integro de la misma, Alba señaló que ha remitido informe al Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Superior de Justicia de Canarias tras la remisión del informe que había solicitado la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Al respecto, incide en que la reunión "tuvo lugar en la Audiencia Provincial de Las Palmas, en horas de audiencia pública", asegurando que se negó "abiertamente" a tener una "entrevista privada en la sede empresarial de Seguridad Integral Canaria".

El juez dice que han intentado presionarle

"Nunca se han ofrecido favores procesales de clase alguna por este magistrado ni a este investigado ni a ningún otro, si bien han sido constantes las presiones recibidas por el mismo y por su entorno, incluido el letrado referido, por lo que se han ejercitado acciones penales. Por este Magistrado se ha tramitado e instruido el procedimiento penal que se sigue contra don Miguel Ángel Ramírez, entre otros, imponiendo a este una fianza de 17 millones de euros, y ordenando una completa investigación patrimonial del mismo", apostilló.

Además, subraya que el resultado "ya consta en autos", ya que se han practicado declaraciones testificales, pericial contable, entre otras diligencias, lo que afirmó "dista mucho de cualquier pacto o artificio tendente a la exoneración del investigado".

Asimismo, indica que hasta el momento de su cese en el Juzgado, "no se había solicitado nulidad de actuaciones alguna por ninguna de las partes. Si, en cambio, solicitudes de sobreseimiento y archivo que fueron rechazadas por este magistrado".

Ha ejercitado acciones penales

"Si se ha producido una grabación en sede judicial, y en el transcurso de un proceso penal, sobre todo por quien es propietario de la empresa que tiene encomendada la seguridad del edificio judicial, se habría incurrido en un presunto delito de descubrimiento y revelación de secreto del artículo 197 del Código Penal, por los que se ha ejercitado la acción penal correspondiente por este magistrado, tanto por la utilización de algún dispositivo de captación del sonido como por su ulterior divulgación en distintos medios de comunicación, con la responsabilidad inherente a los mismos, solicitando el oportuno cotejo y pericial acústico forense oportuna a fin de determinar su autenticidad y la ausencia de manipulación, ya que se trata de frases y expresiones aisladas y sacadas de contexto, y proceder al completo esclarecimiento de los hechos", concluye el comunicado.