La imputación del BBVA en el caso Villarejopor una serie de contratos que encomendaron al poderoso policía y su empresa Cenyt seguir, espiar e investigar a políticos y empresarios seguirá viva. Este jueves, el representante legal de la entidad financiera, Adolfo Fraguas, declaró durante más de cinco horas ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón por segunda vez en menos de 10 días. Pero ni siquiera ahí terminó el interrogatorio. Fraguas deberá volver para una tercera comparecencia, todavía sin fecha, en la que la Fiscalía Anticorrupción continuará con su extensa batería de preguntas antes de dar paso a la defensa.

Al interrogatorio de este jueves asistieron tres abogados del BBVA encabezados de nuevo por la exfiscal Helena Prieto. Socia del bufete Garrigues, Prieto también aparece de manera simultánea como quien dirige el forensic forensicencargado por el banco. Un forensic consiste en una especie de investigación cuasi policial de carácter interno cuya elaboración corre siempre a cargo de "expertos independientes".

La imputación del banco constituye la más importante de esta pieza del caso Villarejo junto con la de su expresidente, Francisco González. Conocido como FG en los ámbitos financieros, González no solo niega toda responsabilidad sino que asegura que no se enteró hasta 2018 de la existencia de los contratos con Villarejo, que cobró del banco al menos 10 millones entre 2004 y 2017.  González declaró casi tres horas el día 18. Fraguas, como representante legal del banco, ya ha duplicado ese tiempo.

La resistencia del BBVA a facilitar al juzgado 6 de la Audiencia Nacional información esencial sobre el forensic –no ha entregado, por ejemplo, las entrevistas realizadas– arroja más dudas sobre qué papel jugó y juega como institución. Y choca con la posición de la Fiscalía, que parece decidida a llegar al corazón del asunto. Hasta ahora, todo indica que el banco carga la responsabilidad completa de lo sucedido sobre directivos de segundo nivel de la etapa de FG, principalmente sobre el exjefe de seguridad, Julio Corrochano, y el exdirector de la división inmobiliaria, Antonio Béjar, que ha decidido colaborar con la justicia para evitar convertirse en lo que ciertas fuentes jurìdicas califican como chivo expiatorio.

Pero si el cerco de los investigadores continúa estrechándose, tampoco cabe descartar que la entidad termine por desmarcarse de Francisco González para salvar su imagen y alejar las amenazas de daños que implica constar en la lista de investigados en una causa judicial relacionada con delitos de corrupción. De momento, el juez atribuye al BBVA como empresa –es decir, como persona jurídica– los supuestos delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios.

La primera  operación para que, por lo que se sabe hasta la fecha, contrató el BBVA a Villarejo se remonta a 2004. Para aquella primera operación –Trampa– destinada a abortar el desembarco de Sacyr en el accionariado del BBVA, Villarejo utilizó su empresa Cenyt. Entre otras actuaciones, interceptó 15.000 llamadas de nada menos que 3.925 teléfonos diferentes, entre ellos los del hoy exministro socialista Miguel Sebastián; los empresarios Luis del Rivero, en 2004 presidente de Sacyr, y Juan Abelló; y los de quienes en aquel periodo ostentaban la presidencia y la vicepresidencia nada menos que de la CNMV, Manuel Conthe y Carlos Arenillas. El objetivo era desactivar la entrada de la constructora Sacyr en el accionariado del banco.

El expresidente de BBVA Francisco González ha pedido, tras conocer la imputación al banco por cohecho y corrupción en el caso Villarejo, deslindar posibles irregularidades individuales de la actuación de BBVA, que califica de "intachable" y "por encima de lo exigible" en materia de gobierno corporativo.

"Considero muy importante afrontar la investigación abierta con total transparencia, y ayudar a deslindar posibles actuaciones individuales de carácter irregular, si las hubiera, de la actuación del banco en su conjunto que, no me cabe duda, ha sido intachable y con un cumplimiento por encima de lo exigible en materia de gobierno corporativo y cumplimiento normativo", señala en una declaración institucional a la que tuvo acceso Europa Press.

Tras calificar a BBVA como "una gran institución", con más de 125.000 "excelentes" profesionales en España y a nivel internacional, millones de clientes, numerosos accionistas y un impacto social "muy relevante", González asegura que desde que se abrió la pieza BBVA, ha estado "máximamente interesado" en colaborar con la Justicia, "con la mayor transparencia y objetividad, al objeto de identificar y esclarecer lo más rápidamente las posibles irregularidades que se hayan podido producir".

"Tengo la mayor confianza en el Grupo BBVA, en sus órganos de gobierno y sus profesionales, y por supuesto, todos confiamos plenamente en que los órganos judiciales esclarecerán cualquier actuación contraria a la legalidad", incide.

González deja claro que durante su mandato en el banco, que abarcó desde enero de 2000 a diciembre de 2018, se ha trabajado siempre con el máximo cumplimiento de la legalidad. "Durante mi presidencia en BBVA, hemos trabajado bajo unos estrictos estándares de conducta y hemos actuado dentro de la más estricta legalidad para defender los intereses del banco, esto es, de sus profesionales, sus accionistas, sus clientes y los intereses generales de la sociedad", explica.

A este respecto, detalla que en mayo de 2018, nada más tener conocimiento a través de lo publicado en un medio de comunicación de la contratación de la empresa Cenyt, vinculada al ex comisario José Manuel Villarejo, por parte del banco, impulsó una investigación interna en BBVA para identificar cualquier actuación irregular que se hubiera producido.

Posteriormente esa investigación interna fue ampliada, en enero de 2019, por la actual presidencia, encargándose un informe Forensic, realizado por terceros independientes (Garrigues, Uría Menéndez y PwC). Así, González subraya que el banco ha venido colaborando "desde el primer momento" con la investigación judicial y ha aportado toda la documentación en su poder, incluidos los resultados del "profundo y exhaustivo" estudio Forensic, tal y como ha manifestado públicamente el propio banco.

Se apartó de BBVA el pasado mes de marzo

González cedió la presidencia al banco el 31 de diciembre de 2018 a Carlos Torres Vila y renunció a cualquier posición ejecutiva y consejos de administración del grupo. Únicamente mantenía la presidencia de honor del banco y de la Fundación BBVA, ambos sin ningún tipo de retribución económica.

Más tarde, el 14 del pasado mes de marzo y un día antes de la celebración de la junta general de accionistas del grupo, el banquero decidió abandonar "temporalmente" los cargos en la Fundación y en el banco a la espera de que concluyeran las investigaciones en curso sobre el caso Villarejo "para evitar que se utilice su persona para dañar a la entidad".

No obstante, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón añadió una novena pieza al conocido como caso Támden, relativa a los trabajos desempeñados por José Manuel Villarejo, que se encuentra en prisión preventiva desde noviembre de 2017.

Esta pieza de la causa Tándem –que se encuentra bajo secreto de sumario– es muy compleja y ha ido creciendo a medida que ha avanzado el trabajo de los investigadores. De hecho, podría considerarse una causa en sí misma, dada la abundancia de contratos y de aristas en cada uno de los trabajos que la mercantil de Villarejo, Cenyt, habría venido desempeñando para BBVA desde el año 2004. La parte más conocida es la denominada operación Trampa, el despliegue que habría orquestado Villarejo para conseguir frenar el desembarco de la constructora Sacyr en el Consejo de Administración del banco.

Varios imputados

En la pieza ya hay varios imputados, entre ellos el exjefe de seguridad de BBVA, Julio Corrochano –también excomisario de la Policía–, a quien el juez dejó el libertad bajo fianza de 300.000 euros el pasado 5 de julio pese a que se negó a prestar declaración sobre este asunto.

Igualmente se investiga a otras ocho personas por delitos cohecho activo y revelación de secretos en relación a los encargos que la entidad financiera habría realizado bajo presidencia de González. Se trata de la sustituta de Corrochano, Inés Díaz Ochagavia; el consejero delegado de BBVA hasta 2015 Ángel Cano, el jefe de grupo en el equipo de Seguridad del banco Nazario Campo Campuzano; y el director de Red Banca Comercial en la entidad Ignacio Pérez Caballero.

También están investigados el que fuera jefe de Riesgos para España y Portugal y después responsable de BBVA Real Estate Antonio Béjar González (estituido el viernes como presidente de Distrito Castellana Norte), el miembro hasta 2018 del Comité de Dirección de la entidad financiera Ricardo Gómez Barredo y su ex director de Finanzas, Javier Malagón Navas, que sigue vinculado al banco.

La imputación de BBVA

Este lunes, además, García Castellón acordó imputar como persona jurídica a BBVA por los presuntos delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción, aceptando así la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción de investigar si el banco habría encargado a Cenyt, grupo empresarial del comisario, servicios de espionaje a diferentes personas.

Horas después de conocerse la imputación del banco, Carlos Torres difundió un comunicado en el que afirmaba que la "prioridad" de la entidad es el esclarecimiento de los hechos y la colaboración con la Justicia, reiterando que la condición de investigado "no implica, en esta fase preliminar del procedimiento, la acusación formal por ningún delito" y destacando que BBVA ha venido aportando información a la causa desde su inicio.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado este lunes imputar como persona jurídica al BBVA por los presuntos delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios relacionado con la una operación de espionaje encargada en 2004 al comisario jubilado José Manuel Villarejo, según han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press.

Así, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 acepta la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción de investigar si el banco habría encargado el espionaje a diferentes personas contratando los servicios de Cenyt, grupo empresarial del comisario, con el objetivo de conocer diversa información relacionada con la constructora Sacyr.

Esta investigación se enmarca en la novena pieza del caso Tándemcaso Tándem, relativa con los trabajos desempeñados por el policía, que se encuentra en prisión preventiva desde noviembre de 2017, durante 13 años a cambio de una cantidad estimada en unos 10 millones de euros.

Seguimiento, pagos ilícitos y dádivas

Según el escrito de Anticorrupción, que fue presentado ante el juez instructor este miércoles, el BBVA dirigido por Francisco González contrató al entramado empresarial del comisario jubilado José Manuel Villarejo para el desarrollo de servicios de inteligencia, "de naturaleza patrimonial y carácter ilícito", además de seguimientos personales y acceso a comunicaciones o documentación bancaria que, a su entender, supusieron "múltiples" vulneraciones de derechos fundamentales de varias personas.

La Fiscalía afirma que del análisis de la documentación en soporte papel y digital incautada en los registros practicados en el mes de noviembre del año 2017 y de la documentación aportada por BBVA se acreditaría que la contratación y los pagos presuntamente ilícitos a la mercantil Cenyt afectaron a varias áreas sensibles del banco y a diversos ejecutivos de la entidad durante un prolongado periodo.

Asimismo, destaca en su escrito que alguno de los directivos investigados, cuya identidad no se da a conocer al estar la causa secreta, habría percibido dádivas del entorno del Grupo Cenyt por facilitar tales contrataciones.

Por todo ello, y con arreglo al artículo 31 bis del Código Penal, permiten trasladar a la persona jurídica la responsabilidad penal por los delitos cometidos por las personas físicas, descarta que por el momento la entidad financiera pueda ser considerada como perjudicada por los hechos investigados, algo que el juez García Castellón comparte, por lo que rechaza que el BBVA pueda personarse en la causa como acusación particular.

Novena pieza del Caso Tándem 

Esta pieza de la causa Tándem, la número 9, es muy compleja y ha ido creciendo a medida que ha avanzado el trabajo de los investigadores. Según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, podría considerarse una causa en sí misma, dada la abundancia de contratos y de aristas en cada uno de los trabajos que la mercantil de Villarejo, Cenyt, habría venido desempeñando para el BBVA desde el año 2004.

La parte más conocida es la denominada operación Trampa, el despliegue que habría orquestado Villarejo para conseguir frenar el desembarco de la constructora Sacyr en el Consejo de Administración del banco.

Según varias informaciones periodísticas, el excomisario facturó más de medio millón de euros a cambio de informes que incluían la monitorización de más de 4.000 teléfonos y seguimientos a periodistas, empresarios y políticos entre 2004 y 2005, incluido el entonces ministro de Industria, Miguel Sebastián; personado como acusación en la causa.

Tras difusión de la existencia de aquellos negocios con Villarejo a principios de este año, el ya presidente de honor del BBVA, Francisco González, presentó su renuncia al cargo y la nueva presidencia encargó una auditoría y una investigación internas para esclarecer los hechos.

Otros investigados

En la pieza ya hay varios imputados, entre ellos ex jefe de seguridad del BBVA, Julio Corrochano -también excomisario de la Policía-, a quien el juez dejó el libertad bajo fianza de 300.000 euros el pasado 5 de julio pese a que se negó a prestar declaración sobre este asunto.

Igualmente se investiga a otras ocho personas por delitos de cohecho activo y revelación de secretos en relación a los encargos que la entidad financiera habría realizado bajo la presidencia de Francisco González. Se trata de la sustituta de Corrochano, Inés Díaz Ochagavia; el consejero delegado de BBVA hasta 2015, Ángel Cano; el jefe de grupo en el equipo de Seguridad del banco, Nazario Campo Campuzano; y el director de Red Banca Comercial en la entidad, Ignacio Pérez Caballero.

También están investigados el que fuera jefe de Riesgos para España y Portugal y después responsable de BBVA Real Estate, Antonio Béjar González; al miembro hasta 2018 del Comité de Dirección de la entidad financiera, Ricardo Gómez Barredo; y a su ex director de Finanzas, Javier Malagón Navas, que sigue vinculado al banco.

La justicia continúa estrechando el cerco en relación con los negocios privados del comisario jubilado José Manuel Villarejo con el BBVA. El titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, que instruye el conocido como caso Villarejo, ha citado a declarar como investigados al exjefe de Seguridad del banco Julio Corrochano y a otras ocho personas más por la operación de espionaje que el expolicía habría montado para intentar frustrar hace tres lustros el desembarco de la constructora Sacyr en el Consejo de Administración de la entidad financiera. Unas pesquisas que siguen avanzando a la espera de conocerse los resultados de la investigación que el BBVA inició hace seis meses para conocer el alcance de “los servicios” prestados por el Grupo Cenyt, una de las empresas del comisario jubilado, al banco que presidía Francisco González. De momento, la entidad financiera rechaza aclarar cuándo estará listo el informe forensic. Y los afectados confían en que la justicia “desenmascare toda la estructura que había detrás del espionaje”.

Casi dos años después de la detención de Villarejo en el marco de la operación Tándem, la Audiencia Nacional sigue tirando del hilo en el marco de una macrocausa que acumula ya más de media docena de piezas separadas que salpican a empresarios, periodistas o altos mandos policiales, entre otros. Una de ellas es la conocida como Trampa, que todavía se encuentra bajo secreto de sumario y en la que García-Castellón investiga los encargos que el BBVA hizo durante años al comisario jubilado. Las citaciones de este martes se producen, justamente, en el marco de esa pieza. Además de Corrochano, que habría sido el presunto interlocutor de Villarejo con la dirección de la entidad financiera, también tendrán que prestar declaración en los próximos días ante el magistrado el exconsejero delegado del BBVA Ángel Cano y la actual responsable de Seguridad del banco, Inés Ochagavia, quien fuera número dos de Corrochano. La lista de citaciones la completan otros cinco directivos y el abogado Rafael Redondo, socio de Villarejo e investigado en otras piezas de la macrocausa.

La Audiencia Nacional comenzó a indagar en la relación empresarial entre el banco y Villarejo el pasado mes de enero, después de conocerse que la entidad financiera había contratado al comisario jubilado para desactivar el intento de la constructora Sacyr Vallehermoso de entrar en el órgano de dirección del BBVA y forzar la salida de su entonces presidente, Francisco González. La conocida como Operación Trampa, por la que el banco se habría comprometido a pagar medio millón de euros, consistió en un espionaje masivo para descubrir trapos sucios de los protagonistas de la maniobra de la constructora con el objetivo de filtrarlos posteriormente a los medios de comunicación. Para ello, se realizaron escuchas ilegales e, incluso, seguimientos. Entre los afectados, el expresidente de Sacyr Luis del Rivero, el expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Manuel Conthe, el exvicepresidente del regulador bursátil Carlos Arenillas, el exministro de Industria Miguel Sebastián o la exvicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega.

La investigación del BBVA

Tras el paso dado por la justicia, y con todos los focos situados sobre el banco, la entidad financiera se vio obligada a emitir un comunicado explicando que desde junio de 2018 estaba llevando a cabo una investigación sobre “la contratación y los servicios prestados” por el Grupo Cenyt, una relación empresarial que se habría prolongado durante años –se estima que entre 2004 y 2018 el banco pagó unos 10 millones de euros a la firma del comisario jubilado por diferentes encargos–. Tras estas primeras pesquisas, que se cerraron sin resultados concluyentes, el BBVA decidió contratar a la consultora PriceWaterhouseCoopers (PwC) para realizar una investigación mucho más exhaustiva tras conocerse las escuchas ilegales realizadas en el marco de la Operación Trampa. Un trabajo que ha incluido la revisión de miles de correos electrónicos desde hace tres lustros con el objetivo de localizar cualquier rastro de facturación que incluya a alguna de las firmas del entramado empresarial del comisario Villarejo.

Pero casi seis meses después de que la consultora se pusiera manos a la obra, las conclusiones del informe forensic todavía no se conocen. De hecho, la entidad financiera, consultada por infoLibre, ni siquiera confirma que la investigación haya finalizado. Y eso que tanto el Banco Central Europeo (BCE) como el Banco de España han insistido en la necesidad de tener los resultados cuanto antes. “Es muy importante que la investigación se realice con total profundidad y con la mayor prontitud posible para tratar de eliminar y minimizar el riesgo reputacional potencial que podría suponer para la propia entidad”, señaló el pasado mes de enero el gobernador del regulador bancario español, Pablo Hernández de Cos. Unas declaraciones que llegaron pocos días después de que el vicepresidente del BCE y exministro de Economía, Luis de Guindos, también metiese prisa a la entidad financiera: “Lo fundamental no es solo la rapidez, sino que sea una investigación en la que se pongan de relevancia todos los elementos que han podido influir”.

Pero el BBVA prefiere seguir trabajando con la máxima opacidad. A preguntas de este diario, fuentes de la entidad financiera rechazan aclarar si el informe está ya cerrado. “La investigación judicial avanza y eso es lo que tiene que pasar”, se limitan a responder. Esta es la línea oficial que instauró a mediados de junio el presidente del banco, Carlos Torres, tras su intervención en un seminario patrocinado por el BBVA. “Lo que puedo decir es que nuestra investigación continúa, pero que la que de verdad es importante no es la nuestra sino la que se lleva a cabo en la sede de la Audiencia Nacional y con la que estamos colaborando activamente y lo seguiremos haciendo”, señaló Torres en declaraciones a los periodistas. Se espera que el el documento esté bien atado, según informó El Confidencial, para el próximo 31 de julio, cuando la entidad presente los resultados del primer semestre de 2019.

“Toda la estructura detrás del espionaje”

Mientras tanto, algunos de los afectados por el espionaje del comisario, que se han querellado contra Villarejo y contra el expresidente del banco Francisco González, esperan que el magistrado García-Castellón levante el secreto de sumario después de verano y que llegue hasta el fondo del asunto, caiga quien caiga. Fuentes próximas a uno de los querellantes, no obstante, muestran su preocupación ante la posibilidad de que alguno de los “cargos intermedios” investigados decida asumir toda la responsabilidad de lo ocurrido, aunque añaden que otra cosa es que a ese testimonio se le dé la suficiente credibilidad como para que pueda librarse el expresidente y máximo responsable de la entidad financiera durante toda la etapa en la que Villarejo estuvo contratado. Por ello, esas mismas fuentes confían en que se desenmascare “toda la estructura detrás del espionaje”, lo que incluye tanto a “máximos cargos del banco” como a “personas de fuera”. Por eso, lo que declare Corrochano será clave para conocer si él llevó la batuta como director de Seguridad y si cumplía órdenes de arriba. 

Francisco González siempre ha defendido que él no estaba al corriente de los pagos que se hicieron al comisario jubilado. “Yo sabía que el banco llevaba a cabo trabajos de inteligencia para defenderse. Hasta donde sé, se han hecho las cosas como hay que hacerlas”, ha recalcado en alguna entrevista. Sin embargo, el pasado mes de marzo decidió dejar la presidencia honorífica del BBVA y de la Fundación de la entidad financiera hasta que se cierren las investigaciones relacionadas con el caso Villarejo. Su intención, explicó, era “evitar” que se utilizara su persona “para dañar” al banco. A pesar de ello, según reveló El País, el BBVA sigue asumiendo todos los gastos relacionados con su seguridad. Tiene a su disposición 16 escoltas, un equipo con un coste anual que podría rondar los dos millones de euros. Gastos que se incrementan cuando el expresidente de la entidad financiera viaja acompañado de todos ellos. Además, dispone de cuatro coches de gran cilindrada también sufragados por la empresa.

“Es tan grande y negra la sombra que proyecta Francisco González, a pesar del golpe de efecto de ayer, que no sólo ensombrece los resultados [del BBVA], sino que también lastra su presidencia [la de Carlos Torres], porque este negocio se base en la confianza y en la prudencia, y [con el escándalo Villarejo] la primera se ha perdido y de la segunda no ha habido suficiente”. Carmen García, representante de la Confederación Intersindical Galega (CIG), describió a la perfección el desarrollo de la junta general de accionistas que el BBVA celebró este viernes en Bilbao.

El “golpe de efecto” fue la carta que el presidente de honor del banco, Francisco González, envió la víspera a su sucesor, Carlos Torres, para anunciarle que abandona “temporalmente” sus cargos en la fundación y la entidad financiera “mientras concluyen las investigaciones en curso” sobre el caso Villarejo. Y la sombra que planeó durante las tres horas que duró la junta correspondía, en realidad, no sólo a Francisco González, sino también al comisario José Manuel Villarejo, pese a que el nuevo presidente del BBVA utilizó el recurso rajoyano de esconderlo bajo una perífrasis –“el caso con el que abría yo mi intervención”– o se limitó a aludir a la empresa del expolicía, Cenyt, a la que el banco encargó el supuesto espionaje.

Ayudado por la renuncia previa de González, Carlos Torres intentó pasar por encima del escándalo que amenaza con arruinar la reputación del BBVA, además de acarrearle graves consecuencias judiciales. Así que su única mención al ya expresidente fue para “agradecerle” que se apartara y evitar así la utilización de “su persona para dañar la imagen del banco”. Después detalló las actuaciones de la entidad para afrontar el caso desde el 9 de enero pasado, cuando empezaron a publicarse las noticias sobre las supuestas escuchas y seguimientos de Villarejo, por encargo del BBVA, a exministros, altos cargos de la CNMV, directivos de Sacyr y periodistas. Torres lleva en el cargo desde diciembre y subrayó que enero “marcó un punto de inflexión”. Entonces envió una carta a los 125.000 empleados de la entidad donde aseguraba que las conductas reveladas en las informaciones de El Confidencial y moncloa.com eran “indudablemente muy graves, deplorables y contrarias a los valores de BBVA”. A continuación, anunciaba una investigación externa a cargo de PricewaterhouseCoopers y los despachos Garrigues y Uría Menéndez, “todo ello con el impulso del consejo de administración”, recalcó.

Respondiendo a los apremios del BCE, a través de Luis de Guindos, y del Banco de España, que le reclaman una solución “rápida” al escándalo, Torres advirtió de que aún harán falta “varios meses de trabajo” para concluir las indagaciones. “Tan importante o más que hacer el trabajo rápidamente es hacerlo bien”, subrayó. Antes de encargar la investigación externa, BBVA ya había emprendido, en junio de 2018, otra interna a cargo de Garrigues, tras revelar publico.es que el banco había suscrito un contrato con Cenyt para vigilar a Ausbanc, entre cuyos –presuntos– chantajeados figuraba precisamente el BBVA.

Carlos Torres también dejó claro que el banco está “colaborando activamente con la Justicia”, puesto que la Audiencia Nacional investiga igualmente las actividades de Villarejo en la Operación Trampa. Y en ese procedimiento judicial se apoyó después para no responder a ninguna de las múltiples acusaciones que sobre las relaciones de Francisco González con Villarejo le hizo la docena de accionistas que intervinieron en la junta general. “He dicho todo lo que podía decir”, zanjó.

Pese a que fue un reproche repetido por los accionistas la pérdida de valor de la acción del BBVA y el daño que el caso Villarejo puede infligir no sólo a la reputación del banco sino también a sus cuentas, el presidente negó que hasta el momento el escándalo haya producido “impactos relevantes” tanto en el negocio como en la cotización. Incluso no dudó en proclamar que “el BBVA ha sido, es y seguirá siendo un banco honesto y continuará actuando como tal”.

Renuncia definitiva

Sin embargo, los accionistas que intervinieron no resultaron muy convencidos. “Resulta que la gestión no sólo ha sido mala, sino deshonestaResulta que la gestión no sólo ha sido mala, sino deshonesta y susceptible de responsabilidades judiciales”, le espetó Paulino García-Toraño Martínez, que representa a Uniter, una asociación de exempleados del BBVA dueños de tres millones de acciones y que se declararon “muy afectados por los acontecimientos en torno a Francisco González y por su pésima trayectoria de gestión”. García-Toraño recordó el “habitual tono despectivo con los accionistas críticos” que usaba el expresidente y preguntó al responsable de la comisión de auditoría y cumplimiento, José Miguel Andrés Torrecillas, cómo es posible que fallaran los controles internos, además de si ese órgano –“que debería ejercer de contrapoder frente a la dirección ejecutiva del banco”, apuntó– fue informado de los contratos con Villarejo y qué medidas tomó. “No pueden ustedes escudarse detrás de la comisión de investigación”, recriminó a los responsables de la entidad. Así que exigió que el “alejamiento temporal” anunciado por Francisco González se convierta en “definitivo”, una petición recibida por aplausos de los accionistas. Fue la tónica de la junta general: las ovaciones con que era interrumpida cualquier crítica o acusación hacia quien presidió el BBVA durante 18 años.

Se repitieron también los reproches a González por la caída de valor de la acción –“perdemos dinero a espuertas”–, los sueldos de la cúpula del banco –si se los bajaran un 35% entenderían mejor a los accionistas”– y a algunas de las operaciones realizadas durante su mandato, como la compra del banco turco Garanti. Hubo quien pidió que se le “embargaran el bonus” y sus acciones a Francisco González, entre más aplausos de los allí reunidos. Y quien reclamó que el centro de decisión volviera a Bilbao. “Madrid lo ha contaminado todo”, remachó el empresario José Francisco Arrese Igorecheburua, antes de advertir de que la próxima junta podría celebrarse “en Estambul”.

Aunque la tanda de críticas la habían abierto los sindicatos, que recriminaron la “subida salarial irresponsable e inmoral” de la “élite” del banco, así como las “listas negras, la presión cortoplacista sobre los resultados de los trabajadores y la plantilla insuficiente”. “Pedimos mejor clima laboral, pero no nos escuchan”, resumió Carmen García.

La intervención estrella

Pero la intervención estrella fue la de Luis del Rivero, expresidente de Sacyr y uno de los espiados supuestamente por el comisario Villarejo. También el principal promotor de la operación para tomar el control del BBVA en 2004 que Francisco González intentó parar vigilando a quienes bautizó como “grupo hostil”. En ese momento, Sacyr pretendía adquirir una participación significativa en el BBVA de hasta el 5%, que junto con el 4,2% en poder del entonces consejero José Domingo de Ampuero, podía otorgarle “una notable presencia en el consejo de administración” del banco.

Del Rivero calificó de “invento” que aquélla fuera una “operación política”, un calificativo que atribuyó a los “orígenes” de Francisco González, en alusión a su nombramiento por el Gobierno de José María Aznar en la presidencia de Argentaria, que luego se fusionaría con el BBV. Así, negó que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero estuviera detrás del intento de asalto al banco. “No era un bambi de peluche, sino de acero”, repitió una frase pronunciada por Alfonso Guerra en 2004. Por ese motivo, si hubiera contado con el apoyo de un Ejecutivo que era “inflexible” en sus decisiones, la operación “habría triunfado”, advirtió.

Antes Del Rivero había presumido de que en su intento de toma de control del BBVA contaba con el respaldo de “81 de las 82 familias fundadoras del Banco Bilbao Vizcaya”. “La primera vez que fuimos a ver a [el ministro de Economía Pedro] Solbes”, abundó, “acudimos con Santiago Ybarra”, hermano de Emilio, el antecesor de González al frente del BBVA. El expresidente de Sacyr, de hecho, comenzó su intervención recordando las “operaciones tan terribles” que echaron de la cúpula del banco a Emilio Ybarra y otros consejeros, y que siempre se han atribuido a las maniobras de Francisco González. “Todas las imputaciones quedaron sobreseídas, pero fueron la excusa para acabar con los consejeros de aquella época”, recordó.

Después el ataque pasó a ser directo. Luis del Rivero comparó los 250 millones de euros que calcula que ha cobrado González en su cargo con los 75 millones percibidos por Emilio Botín en el mismo periodo de tiempo, mientras caía el valor del BBVA. Y le echó en cara que el banco haya pasado de ser el primer accionista de Repsol, Telefónica, Iberia o Iberdrola a haber desaparecido de todas ellas, menos de Telefónica. “Quizá porque nos interesa oír”, ironizó aludiendo a las 15.000 escuchas telefónicas practicadas por Villarejo.

Entre apremios de la presidencia, Del Rivero terminó revelando que ha enviado una carta a 59 fondos accionistas del banco para pedir que se cree una comisión especial –“al estilo de las que se constituyen en Estados Unidos para crisis de reputación como ésta”– integrada por “consejeros de primer orden”, que debería coordinar los equipos de Garrigues, Uría y PwC a fin de “dar más valor” a sus informes. Incluso citó los nombres de quienes deberían componerla: Pedro Luis Uriarte –ex consejero del BBV–, Juan María Nin –exconsejero de Caixabank–, Emilio Ybarra, José Domingo de Ampuero y Jesús María Cainzos –exvicepresidente del BBVA–. “Si lo hacen, salvarán su reputación; si no lo hacen, ustedes sabrán por qué”, concluyó entre aplausos.

Carlos Torres no respondió después al discurso del expresidente de Sacyr, alegando que sus “planteamientos” no figuraban en el orden del día de la junta general.

Récord en demandas

Otro de los investigados por Villarejo es la organización de consumidores Adicae. Sus dos representantes en la asamblea alertaron al presidente del BBVA de que la reputación del banco no sólo corre riesgo por culpa del encargo a Villarejo, sino también por el “trato dado a los clientes”. Le acusaron de discriminar a los usuarios de las entidades absorbidas, Unimm y Catalunya Caixa, frente a los del banco matriz. También le recordaron que el BBVA es la entidad que más demandas acumula por las cláusulas abusivas sobre gastos de formalización de las hipotecas. Y le instaron a adoptar el “comportamiento diligente” que sus clientes le exigen “frente a cualquier uso fraudulento de los medios de la entidad por parte de sus administradores presentes o pasados”.

Jean Pierre Paelink, representante de la World Federation of Investors, un grupo internacional de vigilancia de los mercados financieros cuyo miembro español es AEMEC (Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas), indicó que el caso Villarejo va más allá de lo económico o corporativo y criticó la “injerencia del poder político en la gobernanza de las empresas”. “No nos parece tolerable que en España exista la peor forma de capitalismo, que es el capitalismo clientelar”, destacó.

Pese a las críticas lanzadas en la junta general, el 98% de los accionistas respaldó el nombramiento de Carlos Torres como presidente del BBVA para los próximos cuatro años.

El exvicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Carlos Arenillas, presentó este jueves una querella contra el excomisario José Manuel Villarejo ​​​​​por el supuesto espionaje del que fue objeto por su parte por encargo del expresidente del BBVA, Francisco González, contra el que también se ha querellado. Arenillas acusa a Villarejo y González, además de al ex jefe de seguridad del BBVA Julio Corrochano, de cuatro delitos: intervención de sus comunicaciones por parte de un funcionario público, apoderamiento de secretos de empresa, delito contra el honor y coacciones.

Tal y como publicó infoLibre a finales de febrero, Arenillas ya había comunicado que iba a presentar esta querella en sendas cartas que envió al gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, y al presidente de la CNMV, Sebastián Albella. En ambos escritos, quien fue el número dos del órgano regulador de los mercados entre 2004 y 2008 pidió tanto al Banco de España como a la CNMV que revelen "cuál será su posición" ante el procedimiento judicial que investiga los trabajos por los que el comisario Villarejo cobró casi seis millones de euros.

Según argumenta Arenillas en la querella, la colaboración entre González, Corrochano y Villarejo habría quedado, al menos en parte, plasmada en una serie de informes en los que se recogen una serie de afirmaciones que supondrían el desarrollo de una estrategia de "hostigamiento sostenido" contra él. Según las informaciones publicadas por Moncloa.com y El Confidencial, el expolicía siguió y fotografió dos vehículos oficiales de la CNMV, y además Arenillas asegura que tanto su teléfono como el de algunas personas de su entorno fueron intervenidos por Villarejo y su domicilio, fotografiado. También destaca el ex número dos de la CNMV que ese teléfono lo empleaba para sus comunicaciones personales, pero "sobre todo para las profesionales".

Quien escuchó las conversaciones que Arenillas mantuvo mientras fue pinchado su teléfono –en 2004 y 2005, precisó en su carta de febrero– pudo haber obtenido información privilegiada de operaciones societarias o bursátiles en marcha sobre las que tenía competencia el exvicepresidente de la CNMV. Manuel Arenillas también pide la implicación del Banco de España y de la propia CNMV destacando que quien ha visto intervenidas sus comunicaciones –él mismo– ha sido consejero del primero y vicepresidente del segundo. Y que la entidad bancaria implicada –en ningún momento cita al BBVA por su nombre– es supervisada por ambos organismos.

El espionaje a Arenillas se produjo en plena ofensiva del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y la constructora Sacyr para tomar el control del BBVA. Según El Confidencial, a González no sólo le interesaba el número dos de la CNMV por su pasado en Intermoney, "la misma agencia de valores por la que también pasó el entonces jefe de la Oficina Económica de Moncloa, Miguel Sebastián, el dirigente del PSOE más implicado en el asalto a BBVA. Al presidente de la entidad financiera le inquietaba, sobre todo, lo que podía hacer Arenillas con una denuncia que el regulador había recibido en plena ofensiva".

La Operación Trampa, como se bautizó el encargo del BBVA a Villarejo, incluyó más de 15.000 pinchazos telefónicos y, como puede comprobarse con las fotos del domicilio y los vehículos de Carlos Arenillas, también seguimientos. Entre los espiados se encuentra igualmente el presidente de la CNMV en esos años, Manuel Conthe.

El exministro Miguel Sebastián se ha personado como acusación particular en la causa que el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional sigue contra el excomisario José Manuel Villarejo por la Operación Trampa, el espionaje que supuestamente le encargó el BBVA en 2004 y 2005 para frenar el intento de control del banco por parte de la constructora Sacyr. Sebastián, que en esa época era secretario de Estado y director de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, se une así a otros espiados, como el exvicepresidente de la CNMV Carlos Arenillas, el expresidente de Sacyr Luis del Rivero, el ex consejero del BBVA José Domingo Ampuero y el ex director general adjunto y consejero de Sacyr Vicente Benedito, que han interpuesto denuncias en el mismo juzgado contra el expolicía y contra los responsables del banco.

En un escrito presentado ante el juez al que ha tenido acceso infoLibre, Miguel Sebastián explica que fue objeto de “seguimientos y vigilancias continuadas” por parte de “grupos operativos coordinados” por Villarejo, quien además intervino sus comunicaciones telefónicas, tanto privadas como oficiales, e incluso “construyó un falso relato en torno a su persona” para “desacreditarlo ante los demás y torcer su voluntad”. En concreto, resalta que de las 15.000 llamadas pinchadas, 65 tenían su origen o su destino en la Presidencia del Gobierno, el Ministerio de la Presidencia o el palacio de la Moncloa. “Y en 60 de las 65 ocasiones aparece el móvil corporativo que tenía Miguel Sebastián en aquel momento”, apunta.

El exministro de Industria asegura que se utilizaron “recursos del BBVA” para defender “posiciones internas de poder en perjuicio de accionistas minoritarios”. Sebastián se refiere a que el entonces presidente del banco, Francisco González, intentaba impedir que Sacyr obtuviera una participación significativa de las acciones de la entidad financiera. Y González creía que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero apoyaba la operación. “De resultar finalmente probados, [estos hechos], podrían constituir el mayor escándalo de corrupción corporativa de la democracia española”, subraya Miguel Sebastián.

Además, esos “grupos operativos” contratados por Villarejo, añade en su denuncia el exministro socialista, parecen tener “una estrecha relación con personas pertenecientes a cuerpos policiales, lo que les habría permitido acceder a informaciones privadas y reservadas especialmente protegidas”.

Investigación interna “absolutamente ineficaz”

Sebastián también reprocha al BBVA que ninguno de sus representantes se haya “disculpado públicamente” por esta operación ni se haya dirigido a él para informarle de las “medidas internas que piensa adoptar” o para prestarle ayuda y colaborar en la identificación de los responsables y en defensa de los derechos de los perjudicados por el espionaje. A su juicio, el banco incumple así “la más elemental política de compliance [cumplimiento normativo]”. “Tampoco se ha adoptado una sola medida de apartamiento o suspensión cautelar de las personas presuntamente implicadas y que todavía desempeñan ciertas tareas de representación institucional del BBVA”, destaca. Aunque Francisco González abandonó su cargo como presidente el 31 de diciembre pasado, continúa como presidente de honor del banco que dirigió durante 18 años. El exministro señala igualmente en su escrito al jefe de Seguridad del BBVA, Julio Corrochano, que trabajaba directamente para González y recibía los informes de Villarejo.

Para terminar, pone en duda los resultados de la “supuesta investigación interna” que sobre el espionaje abrió el BBVA el pasado mes de junio. A su juicio, será “absolutamente ineficaz” porque la persona al frente de la auditoría interna del banco, Joaquín Gortari, fue jefe de gabinete de Francisco González y las firmas que la llevarán a cabo –PwC, Uría Menéndez y Garrigues– tienen “un claro conflicto de intereses” por sus “previas vinculaciones personales y profesionales” con los implicados en el caso. Sebastián advierte de que la investigación no concluirá antes del verano, con posterioridad a la Junta General de Accionistas del BBVA, por lo que a éstos “se les sustraerá el conocimiento o resultado” de las indagaciones.

Los ejecutivos a los que presuntamente espió el excomisario José Manuel Villarejo por encargo del expresidente del BBVA Francisco González están acudiendo a los jueces para denunciar la violación de sus conversaciones profesionales y, sobre todo, personales. Lo ha anunciado el expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Carlos Arenillas y lo hizo el presidente del grupo Sacyr, Luis del Rivero, en una denuncia conjunta con el ex consejero del BBVA José Domingo de Ampuero y el ex director general adjunto y consejero de Sacyr Vicente Benedito.

El pasado 12 de febrero presentaron en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, encargado de la investigar el espionaje, un escrito en el que piden penas de entre dos y cuatro años de prisión para el excomisario y quienes le encomendaron el trabajo. Les atribuyen un delito agravado de descubrimiento y revelación de secretos de empresa, así como otro de descubrimiento y revelación de secretos relativos a la intimidad cometido por funcionarios públicos. Ése sería el caso de José Manuel Villarejo que, según destaca la denuncia, se ha jactado de actuar “como parte de la estructura del Estado en calidad de agente encubierto”.

Los denunciantes entienden que se trata de un “delito especial impropio agravado” debido a la “mayor facilidad” que tuvo el autor para cometerlo y a la “correspondiente indefensión para la víctima”. Además, subrayan que el plazo de prescripción del delito es de 15 años. Las supuestas escuchas se realizaron en entre 2004 y 2005. De las 15.000 llamadas pinchadas, Villarejo puso a disposición del BBVA el contenido de 750, así como mensajes de texto, señala el escrito presentado al juez.

Querella del exvicepresidente de la CNMV

Este miércoles el exvicepresidente de la CNMV en esos años, Carlos Arenillas, ha anunciado que presentará una querella por el mismo motivo en sendas cartas que ha enviado al gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, y al presidente del regulador bursátil, Sebastián Albella.

A Arenillas, Villarejo no sólo le intervino las llamadas telefónicas sino que, además, fotografió su domicilio y siguió su coche oficial, según las informaciones publicadas por Moncloa.com y El Confidencial. Al igual que Del Rivero, Benedito y De Ampuero en su denuncia, el ex número dos de la CNMV asegura en ambas cartas que el teléfono pinchado lo empleaba para sus comunicaciones personales, pero “sobre todo para las profesionales”. De forma que no sólo se violentó su intimidad personal, sino que también pudo haberse visto “comprometida información confidencial” derivada de su cargo institucional. De ahí que inste tanto al Banco de España como a la CNMV a que revelen cuál es su posición en el procedimiento judicial que se sigue en la Audiencia Nacional.

El espionaje, que el propio excomisario bautizó como Operación Trampa, se produjo en plena ofensiva del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y la constructora Sacyr José Luis Rodríguez ZapateroSacyrpara tomar el control del BBVA. En ese momento, Sacyr pretendía adquirir una participación significativa en el BBVA de hasta el 5%, explica el expresidente de la constructora en la denuncia, que junto con el 4,2% en poder de De Ampuero, podía otorgarle “una notable presencia en el consejo de administración” del banco. A esa maniobra se oponía Francisco González, que bautizó a sus rivales como “grupo hostil”.

El exvicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Carlos Arenillas va a interponer una querella en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional por el espionaje al que supuestamente le sometió el comisario José Manuel Villarejo por encargo del expresidente del BBVA Francisco González. Así lo ha anunciado Arenillas en sendas cartas que ha enviado al gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, y al presidente de la CNMV, Sebastián Albella, y a las que ha tenido acceso infoLibre. Ese juzgado, a cuyo frente se encuentra el magistrado Manuel García Castellón, es el que investiga el presunto espionaje.

En ambos escritos, quien fue el número dos del órgano regulador de los mercados entre 2004 y 2008 pide tanto al Banco de España como a la CNMV que revelen “cuál será su posición” ante el procedimiento judicial que investiga los trabajos por los que el comisario Villarejo cobró casi seis millones de euros.

Según las informaciones publicadas por Moncloa.com y El Confidencial, el expolicía siguió y fotografió dos vehículos oficiales de la CNMV. En las cartas enviadas el pasado día 14, Arenillas asegura que tanto su teléfono como el de algunas personas de su entorno fueron intervenidos por Villarejo y su domicilio, fotografiado. También destaca el ex número dos de la CNMV que ese teléfono lo empleaba para sus comunicaciones personales, pero “sobre todo para las profesionales”. De forma que no sólo se violentó su intimidad personal sino que, además, pudo haberse visto “comprometida información confidencial” derivada de su cargo institucional.

Es decir, quien escuchó las conversaciones que Arenillas mantuvo mientras fue pinchado su teléfono –en 2004 y 2005, precisa en su carta– pudo haber obtenido información privilegiada de operaciones societarias o bursátiles en marcha sobre las que tenía competencia el exvicepresidente de la CNMV. Manuel Arenillas también pide la implicación del Banco de España y de la propia CNMV destacando que quien ha visto intervenidas sus comunicaciones –él mismo– ha sido consejero del primero y vicepresidente del segundo. Y que la entidad bancaria implicada –en ningún momento cita al BBVA por su nombre– es supervisada por ambos organismos.

El espionaje a Arenillas se produjo en plena ofensiva del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y la constructora Sacyr José Luis Rodríguez ZapateroSacyrpara tomar el control del BBVA. Según El Confidencial, a González no sólo le interesaba el número dos de la CNMV por su pasado en Intermoney, “la misma agencia de valores por la que también pasó el entonces jefe de la Oficina Económica de Moncloa, Miguel Sebastián, el dirigente del PSOE más implicado en el asalto a BBVA. Al presidente de la entidad financiera le inquietaba, sobre todo, lo que podía hacer Arenillas con una denuncia que el regulador había recibido en plena ofensiva”.

La Operación Trampa, como se bautizó el encargo del BBVA a Villarejo, incluyó más de 15.000 pinchazos telefónicos y, como puede comprobarse con las fotos del domicilio y los vehículos de Carlos Arenillas, también seguimientos. Entre los espiados se encuentra igualmente el presidente de la CNMV en esos años, Manuel Conthe.

La limitada reacción de los reguladores

Hace poco más de una semana, sin embargo, el actual responsable de ese órgano regulador, Sebastián Albella, dio por prescritos los delitos derivados del presunto espionaje, pese a que la investigación judicial, de carácter secreto, arrancó hace menos de un mes y ni siquiera se sabe, por tanto, en qué infracciones penales han incurrido los involucrados. La CNMV anunció entonces que no va a emprender acciones legales ni acometerá una investigación interna.

“Es un caso que ocurrió hace más de 12 años, por lo que creemos que ha prescrito. Yo fui nombrado en 2016 y ahora mismo tenemos muchas otras prioridades que eso, así que no vamos a tomar ninguna medida legal”, aseguró Albella el pasado día 7. “No soy muy partidario”, añadió, “de preocuparme ahora más de la cuenta o dedicar recursos a algo que ocurrió hace 12 o 13 años, por lo que mi inclinación a hacerlo [investigar] es limitada”. Tampoco se ha planteado aún la CNMV si se personará en el caso Villarejo como parte afectada, ya que sus más altos cargos fueron espiados e incluso, como sugiere Arenillas en sus cartas, es posible que se filtrara información confidencial sobre operaciones o empresas que pudo haberse usado como información privilegiada en beneficio de terceros.

De momento, la respuesta de la CNMV al escándalo consistirá en “permanecer muy vigilante” para que el BBVA facilite al mercado información correcta y suficiente. Sebastián Albella entiende que esa información debe ser transparente respecto de los riesgos que afronta el BBVA. Y que debe incluir una “mención específica a los relacionados con la corrupción”. No obstante, considera que el banco “está haciendo el trabajo que tiene que hacer”.

El Banco de España, por su parte, se ha limitado a reclamar una investigación “con total profundidad y con la mayor prontitud posible”, a fin de “eliminar y minimizar el riesgo reputacional potencial” para el BBVA, según declaró el gobernador Hernández de Cos a preguntas de los periodistas en el Congreso. Además, ha trasladado al Banco Central Europeo (BCE) la denuncia contra González y el BBVA interpuesta por el pseudosindicato Manos Limpias por este caso, según publicó El Independiente.

El BBVA empezó a publicar en 2008 una colección de libros de análisis sobre todo tipo de cuestiones –desde la globalización hasta el impacto de las nuevas tecnologías o el futuro de Europa– a través de OpenMind, su comunidad web de divulgación. Lleva ya, por tanto, una decena de títulos, que cada año prologaba su hasta ahora presidente, Francisco González. El cuarto volumen, editado en 2012, se tituló Valores y ética para el siglo XXI, e incluía artículos de 19 filósofos, economistas y hasta un teólogo –Hans Küng– de todo el mundo. El propio Francisco González lo presentó en Madrid en junio de la mano del entonces ministro de Educación, José Ignacio Wert.

En su larga introducción –30 páginas– el hoy presidente de honor del BBVA, bajo investigación interna por sus relaciones con el excomisario José Manuel Villarejo y las escuchas practicadas por éste a competidores, políticos y periodistas, subraya la perentoriedad de que las empresas, más aún los bancos, se gestionen siguiendo valores éticos y “sólidos principios morales”.

“Sobre todo, necesitamos más principios y más ética en los negocios en general y en la industria financiera en particular”, reclama González, una vez que la crisis ha dejado al descubierto las “actuaciones erróneas, imprudentes o llanamente fraudulentas en muchas entidades”. También ha revelado “fallos muy importantes en el sistema, deficiencias muy serias en la regulación y en la supervisión”. Como la desregulación se ha demostrado que no funciona, pero el banquero considera contraproducente el exceso contrario, la sobrerregulación, su propuesta es un rearme ético que ocupe los huecos dejados por las normas. Autorregulación, pues, pero basada en “el compromiso ético de los gestores”. Y la crisis –el texto está escrito en 2012, en plena recesión– se le antoja el momento adecuado para introducir esos valores. Que no son un adorno, sino la “brújula” para sortear las incertidumbres y afrontar los conflictos. “La clave es la ética”, resalta.

También se muestra preocupado Francisco González por el deterioro que ha causado la crisis en la reputación de los bancos. Al tiempo que “se ha estrechado el escrutinio de la opinión pública y la presión de los medios, así como el activismo de los accionistas de multitud de organizaciones no gubernamentales y de plataformas” que reclaman cambios en la gestión de las decisiones políticas, económicas y financieras. Por eso los ejecutivos, advierte, “deben asumir su papel como gestores de la reputación”. “La ética y los valores positivos deben constituir el núcleo de la cultura corporativa”, reitera.

Unos párrafos antes González recurre a Thomas Clarke, profesor de la Universidad de Tecnología de Sidney (Australia), para defender un gobierno corporativo donde “la toma de decisiones se convierta en un ejercicio moral” que vaya “más allá del control interno de la compañía y del cumplimiento de la regulación” y se extienda al “impacto social de la compañía”. Tanto el BCE como el Banco de España han instado al BBVA a cerrar cuanto antes la investigación abierta sobre los más de cinco millones de euros que pagó al excomisario Villarejo, a fin de “eliminar y minimizar el potencial riesgo reputacional” que amenaza a la entidad.

Rentabilidad Ajustada a los Principios

El libro analiza el papel de la ética en la ciencia y la tecnología, en el mundo global, en la lucha contra la pobreza y en los negocios. Pero en ese último apartado Francisco González señala que, dado el origen financiero de la última crisis y los “comportamientos éticamente objetables de determinadas instituciones” como desencadenantes, las finanzas merecen un capítulo específico. No obstante, la parte final del prólogo lo dedica a desmarcar al BBVA de los problemas de conducta que han afectado a otras entidades: “No todos los bancos han sido iguales; no todos han tenido los mismos comportamientos y, en consecuencia, no todos están teniendo los mismos resultados”.

Tras subrayar que el BBVA ni ha necesitado ayudas públicas ni hacer ampliaciones de capital para recomponer sus recursos propios, el banquero presume de proyecto empresarial “diversificado”, “muy eficiente”, “orientado al cliente, apoyado en la mejor tecnología” y con una “cultura muy prudente de gestión del riesgo”. “Todo ello”, concluye, “se resume y se explica en un solo concepto: nuestros principios”. Que son tres: transparencia, integridad y prudencia. Esos “firmes principios”, recalca, se basan en la “convicción” de que “la ética no sólo es deseable, sino también rentable”.

El banquero se refiere a que su modelo de gestión es incluso más exigente que el de Rentabilidad Ajustada al Riesgo (RAR), uno de los más avanzados y que la industria financiera utiliza para crear valor. El modelo del BBVA incorpora la Rentabilidad Ajustada a los Principios, se precia González. “Porque así aportamos valor a todos nuestros grupos de interés”, desde accionistas y empleados hasta clientes y proveedores.

De hecho, se felicita por haber comenzado en 2002 –el contrato con Villarejo data de dos años después– a conformar en el BBVA un “gobierno corporativo de vanguardia” basado en la independencia de su consejo de administración, así como en “la transparencia y el rigor”, posibles gracias a normas que traducen “compromisos exigentes, públicos y verificables”.

Y no sólo a través de los códigos de conducta “que todos deben asumir e integrar en su conducta habitual”, sino también convirtiendo esas normas en “hechos” a través de una organización adecuada y un “liderazgo públicamente comprometido” con –de nuevo– los “principios y valores” del BBVA. Entre ellos, el compromiso de “actuar con integridad y transparencia, cumpliendo rigurosamente la legalidad”. Pero, una vez más, González asegura que el banco más allá de lo exigido por la regulación y apuesta por la “gestión ética” con clientes, empleados, proveedores y “el conjunto de la sociedad”. En ese campo, el de la Responsabilidad Social Corporativa –76 millones d euros en 2010, revela– el presidente de honor del BBVA cita desde la igualdad de género y la política global de compras hasta la prevención del fraude.

En manos del juez

El pasado 10 de enero los digitales moncloa.com y elconfidencial.com publicaron que, por encargo del BBVA, el excomisario José Manuel Villarejo había interceptado 15.000 llamadas en 2004 y 2005 durante la denominada Operación Trampa. Entre los teléfonos pinchados estaba el del exministro socialista Miguel Sebastián. El policía cumplió ese encargo para impedir el desembarco de la promotora inmobiliaria Sacyr en el accionariado del banco. La conexión de Villarejo con el BBVA está en manos del juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Villarejo o la denominada Operación Tándem.

La entidad financiera ha abierto una investigación interna, aunque dice que no encuentra los informes que el expolicía elaboró a través de su empresa Cenyt tras vigilar a los integrantes del llamado “grupo hostil”, que quería hacerse con el control del banco Además, el BBVA ha contratado a la consultora PwC y los despachos Uría Menéndez y Garrigues para investigar contratos, facturas y responsabilidades.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha rechazado el recurso de reforma que la defensa del comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo presentó contra el auto del pasado 3 de enero con el que, por undécima vez, se le denegó la puesta en libertad, según han confirmado fuentes jurídicas. Informa Europa Press.

El comisario fue detenido en noviembre de 2017 y desde entonces se encuentra en la prisión madrileña de Estremera, pese a las sucesivas peticiones que ha cursado a la Audiencia Nacional para que le ponga en libertad. Se le investiga por organización criminal, extorsión, blanqueo, cohecho, revelación de secretos e incluso allanamiento de morada, entre otros delitos, por actividades que habría desarrollado a lo largo de los años prevaliéndose de su condición de policía.

El pasado 3 de enero, la Audiencia Nacional denegó su última petición de libertad argumentando que las motivaciones que le llevaron a prisión provisional no habían cambiado y persistían un elevado riesgo de fuga y de destrucción de pruebas. Descartaba además, que Villarejo estuviera en una situación de "indefensión" por la "masiva filtración de la investigación" que alegaba su defensa. La juez vio en aquel argumento el objetivo de "invocar una descalificación genérica del contenido de las diligencias de investigación".

La defensa del comisario recurrió en reforma esta resolución y tras la negativa de García Castellón, que rechaza poner en libertad a Villarejo, avanza que apelará centrándose especialmente en la cuestión de las filtraciones, pues señala a quienes manejan el sumario como los posibles divulgadores a los medios del material que le fue intervenido en los registros domiciliarios, de acuerdo a las fuentes consultadas.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero se ha mostrado "estupefacto" por el espionaje del excomisario José Manuel Villarejo que contrató por BBVA y ha pedido una "reflexión pública muy seria". "Debería de haber, por supuesto, no solo consecuencias, sino también una reflexión de la opinión pública sobre lo que esto supone y ha supuesto". Informa Europa Press.

Así lo ha afirmado a preguntas de los periodistas en un acto del PSPV-PSOE en Valencia, respecto a las informaciones en las que el BBVA, presidido por Francisco González, habría contratado a la empresa Cenyt -propiedad de Villarejo- para labores de información sobre las maniobras que estarían desarrollando, entre otros, Sacyr y el Gobierno de Zapatero para tomar el control del Consejo de Administración del Banco, que fue bautizado como Operación Trampa.

Zapatero se ha mostrado "preocupado" por el país y ha asegurado que no le "cabe en la cabeza" que haya personas "de tanta responsabilidad dedicadas a estas tareas". "Me parece un tema muy serio, mas allá de que hubiera una coyuntura que afecte de manera singular a un ministro y altos cargos de mi gobierno", ha aseverado.

Ha remarcado que "siempre hay gente dispuesta a hacer cosas a través de una contraprestación económica", para subrayar que "personas de altísima responsabilidad las encarguen y que hasta este momento no haya pasado nada en esa entidad financiera debe ser un elemento de reflexión pública muy seria".

El supuesto espionaje político-financiero ejecutado por el excomisario José Manuel Villarejo para desactivar el intento de entrada de Sacyr en el accionariado del BBVA no se centró exclusivamente en las relaciones empresariales. La conocida como operación Trampa, investigación que el banco encargó al policía para frustrar la ofensiva de la constructora, también se extendió sobre la vida privada de actores supuestamente implicados en la maniobra. Así, además de realizar escuchas sobre miles de números de teléfono, la estrategia del excomisario también se articuló en forma de seguimientos presenciales. Y los afectados están planteándose iniciar acciones judiciales. En conversación con infoLibre, fuentes del entorno de algunos de los principales espiados aseveran que están analizando si plantear “demandas individuales o una colectiva” o si se irá solo contra el banco o contra quien en aquel momento era su presidente, Francisco González. Además, estudian con sus abogados cómo podrían sortear la prescripción de los delitos que pudieran haberse cometido.

La operación de Sacyr Vallehermoso sobre el BBVA arrancó a finales de noviembre de 2004, cuando el consejo de la constructora dio su autorización al entonces presidente del grupo, Luis del Rivero, para tomar una participación en la entidad financiera y poder forzar así la salida de Francisco González. Fue entonces cuando el banco contrató los servicios de Villarejo, en aquel momento policía en activo, para frustrar el asalto de la constructora. El agente puso en marcha la denominada operación Trampa, un espionaje masivo financiado con al menos 517.600 euros por el BBVA que se habría prolongado durante tres meses y con el que se pretendía encontrar trapos sucios de aquellas personas que la entidad entendía que podían estar implicadas en el movimiento para después filtrarlos a los medios de comunicación y desprestigiar así la maniobra. Entre los espiados destacan Luis del Rivero, el exvicepresidente de la CNMV Carlos Arenillas o el exministro socialista Miguel Sebastián.

El que fuera en ese periodo jefe de la Oficina Económica de Moncloa ha criticado este martes, después de que El Confidencial y Moncloa.com desvelaran los seguimientos realizados sobre su vida privada, la “falta de escrúpulos” del BBVA al contratar a Villarejo. Los principales afectados ya han puesto en conocimiento de sus abogados los hechos. De momento, según confirman a este diario fuentes del entorno de algunos de los perjudicados, se está analizando la estrategia jurídica. Los investigados entienden, señalan las mismas fuentes, que la posible comisión de un delito contra la intimidad “no habría prescrito” porque el plazo de extinción de responsabilidad penal comenzaría a contar desde el momento en el que “se tiene conocimiento del delito”, una interpretación que “no parece descabellada” a ojos de algunos juristas consultados por infoLibre.

A la hora de analizar las responsabilidades penales que podrían derivarse del espionaje masivo del comisario Villarejo, los expertos en la materia pulsados explican que hay que tener en cuenta varios elementos. Primero, es necesario ver “hasta qué punto las distintas conductas que se le pueden imputar ahora mismo o a los directivos del BBVA o a Villarejo” estaban previstas en el Código Penal vigente por aquél entonces. Y segundo, recuerdan que han pasado quince años desde que sucedieron los hechos y que, por tanto, habría que analizar si los posibles delitos cometidos estarían o no prescritos “también en base” a la norma que regía en aquellos años. No obstante, los espiados están estudiando, en relación con otros posibles tipos penales, “en qué medida hay pruebas suficientes para hablar de la comisión de un delito continuado” teniendo en cuenta que la relación empresarial entre Villarejo y el BBVA se prolongó hasta 2017, según publicó El Independiente.

Delito contra la intimidad, los mercados o cohecho

El primer delito que los expertos en Derecho Penal pulsados en este diario entienden, a raíz de las informaciones publicadas, que se pudo haberse cometido es el de descubrimiento y revelación de secretos –incluido dentro de los delitos contra la intimidad– por los pinchazos realizados sobre 4.000 números de teléfono que permitieron al excomisario tener acceso a 15.000 conversaciones. Este tipo, que según los juristas podría ser atribuible tanto al propio Villarejo como a miembros del BBVA en condición de “coautores” o “cooperadores necesarios”, estaba en aquel momento castigado con penas que alcanzan, como máximo, los cinco años de prisión, por lo que la prescripción se produciría, siempre según el Código Penal vigente entonces, a los cinco años. No obstante, los afectados consideran que el plazo de extinción penal empezaría a contar desde el momento en el que se ha conocido la comisión del delito, es decir, desde la pasada semana.

Por otra parte, los juristas señalan que los hechos también podrían ser constitutivos de un delito contra los mercados. El artículo 197 del Código Penal establece que “el que, para descubrir un secreto de empresa se apoderare por cualquier medio de datos, documentos escritos o electrónicos, soportes informáticos u otros objetos que se refieran al mismo, o empleare alguno de los medios o instrumentos señalados en el apartado 1 del artículo 197 –artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen–“, será castigado con la pena de prisión de dos a cuatro años. Si esa información se difunde, revela o cede a terceros, como ha ocurrido en este caso, el castigo se incrementa: de tres a cinco años. Por tanto, el plazo de prescripción establecido para este tipo penal es, nuevamente, de cinco años. Podría atribuirse tanto a Villarejo como a los directivos del banco implicados, al igual que el anterior.

En tercer lugar, creen que puede tener encaje el delito de cohecho, recogido en el artículo 419 del Código Penal vigente entonces: “La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, solicitare o recibiere, por sí o por persona interpuesta, dádiva o presente o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar en el ejercicio de su cargo una acción u omisión constitutivas de delito, incurrirá en la pena de prisión de dos a seis años, multa del tanto al triplo del valor de la dádiva e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a doce años, sin perjuicio de la pena correspondiente al delito cometido en razón de la dádiva o promesa”. El mismo castigo se contempla para los que “corrompieren o intentaren corromper” a estos funcionarios. Teniendo en cuenta que la pena máxima de inhabilitación excede los diez años, el plazo de prescripción del delito sería de quince.

¿Responsabilidad jurídica del BBVA?

Otro que podría haberse cometido, en función de los hechos conocidos hasta la fecha, es el delito de administración desleal. Durante los tres meses que se produjo el espionaje masivo, este tipo estaba recogido dentro del capítulo de delitos societarios, en el artículo 290: “Los administradores de hecho o de derecho o los socios de cualquier sociedad constituida o en formación, que en beneficio propio o de un tercero, con abuso de las funciones propias de su cargo, dispongan fraudulentamente de los bienes de la sociedad o contraigan obligaciones a cargo de ésta causando directamente un perjuicio económicamente evaluable a sus socios, depositarios, cuentapartícipes o titulares de los bienes, valores o capital que administren, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a cuatro años, o multa del tanto al triplo del beneficio obtenido”. En este caso, los expertos señalan que sólo podría atribuirse “a los administradores de hecho o derecho”, algo que Villarejo no era.

¿Y la propia entidad? ¿Podría ser imputada como persona jurídica? En respuesta a esta pregunta, todos los juristas pulsados aseveran que no. “En el año 2004 no se contemplaba la responsabilidad penal de las personas jurídicas”, explican. Otra cosa, dicen, es que los hechos se hubieran prolongado en el tiempo, ya que en 2010 se introdujo en la normativa la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

El ex ministro del PSOE Miguel Sebastián ha criticado "la catadura moral y la falta de escrúpulos" de los directivos del BBVA que contrataron los servicios del excomisario José Manuel Villarejo y ha negado que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, del que formó parte, tratara de controlar el banco.

En una declaración ante la prensa antes de participar en un desayuno informativo en Madrid protagonizado por el director de la Guardia Civil, Félix Azón, el exministro Sebastián ha calificado de "extrema gravedad" las informaciones que apuntan a que Villarejo elaboró informes por encargo del BBVA, algo que ha confirmado el banco, aunque negando que se tratara de espionaje.

"Todo este asunto es de una extrema gravedad, por eso están mis abogados estudiándolo", ha dicho. Según Sebastián, "demuestran la catadura moral y la falta de escrúpulos de quien ha organizado y financiado todo esto".

El ex ministro se ha referido a las informaciones publicadas por Moncloa.com y El Confidencial en las que aparecen audios e informes de Villarejo, en concreto una noticia de este miércoles que señala que excomisario actualmente encarcelado trató de desprestigiar a Sebastián aludiendo a su vida privada.

"En cuanto a lo que se ha publicado hoy, es sencillamente patético y grotesto. La pregunta es si realmente se han gastado cinco millones de accionistas del banco BBVA en todo esto", ha comentado.

Al terminar su declaración, la prensa le ha preguntado si el Gobierno de Zapatero trató de controlar el BBVA. "Por supuesto que no", ha contestado.

Nuevas revelaciones

El BBVA que presidía Francisco González ordenó al comisario José Manuel Villarejo que investigara la vida privada de Miguel Sebastián y otros altos dirigentes del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero dentro de su plan de neutralizar la operación de asalto al banco de finales de 2004. Informes elaborados por el policía señalan que dentro de la llamada operación Trampa se indagó en supuestas relaciones sentimentales del entonces jefe de la Oficina Económica de Moncloa y también se rastrearon cuestiones íntimas del ministro de Asuntos Exteriores en aquella etapa, Miguel Ángel Moratinos. Es lo que revelan este miércoles Moncloa.com y El Confidencial en sendas informaciones en las que

El jefe de Seguridad de BBVA, Julio Corrochano, habría pedido a Villarejo que pusieran en marcha “acciones agresivas” y “desestabilizadoras” que afcetaran a los protagonistas de esa operación para conseguir el control del banco.

El presidente de BBVA, Carlos Torres, ha confirmado que la entidad contrató los servicios del Grupo Cenyt, la agencia de detectives propiedad de José Manuel Villarejo, actualmente en prisión preventiva, pero no ha aclarado el supuesto espionaje masivo a empresarios, políticos y periodistas del que se le acusa.

"Efectivamente el Grupo Cenyt prestó servicios diversos al banco, pero no se ha encontrado ninguna documentación que refleje el seguimiento e intervención de comunicaciones privadas a la que se refieren las noticias publicadas en los medios de comunicación desde el 9 de enero", ha reconocido Torres en una carta interna a la que ha tenido acceso Europa Press, después de que Bloomberg adelantara este lunes su contenido.

El primer ejecutivo del banco con sede en La Vela ha explicado que cuando comenzaron a aparecer informaciones sobre pagos de BBVA, destapadas por Moncloa.com y El Confidencial, a la agencia del excomisario Villarejo –mayo de 2018–, la entidad inició una investigación --junio de 2018-- que aún está en curso y que, a la luz de lo publicado ahora se ha decidido ampliar el alcance de la misma.

"Hemos ampliado el alcance de la investigación, tanto en lo que respecta a su ámbito como en cuanto a los recursos internos y externos dedicados", ha precisado Torres, añadiendo que los valores de BBVA son el "máximo respeto de las personas y el firme cumplimiento de la ley".

Torres ha subrayado en el documento que la entidad que dirige es "un banco honesto, que cree profundamente en los principios y en la ética" y ha agradecido a sus empleados su "trabajo y esfuerzo diario".

Al mismo tiempo, el banquero ha asegurado que su principal misión ahora es la de aclarar lo ocurrido y actuar de forma contundente para resolver la situación. "Podéis estar seguros de que mi prioridad es esclarecer los hechos y actuar con la contundencia necesaria para resolver esta situación", ha aseverado.

El presidente de BBVA ha reconocido también estar "escandalizado" con las noticias aparecidas desde el pasado 9 de enero en los medios, que relacionan al banco con el seguimiento o intervención de comunicaciones privadas. "De ser ciertas, se trataría de conductas indudablemente muy graves, deplorables, diametralmente opuestas a lo que somos y a lo que todos nosotros representamos, y, en definitiva, a los valores de BBVA que nos mueven día a día", ha recalcado.

Se acusa al BBVA de Francisco González de utilizar a Villarejo para tener acceso en tiempo real a las llamadas telefónicas que se cruzaron en plena operación de asalto al banco de los principales promotores de la maniobra, el entonces presidente de Sacyr, Luis del Rivero, el industrial Juan Abelló y el jefe de la Oficina Económica de José Luis Rodríguez Zapatero, Miguel Sebastián.

También se le ha acusado de haber espiado a decenas de personas, empresas e incluso medios de comunicación que habrían tenido una participación secundaria en esa ofensiva. Según consta en la documentación a la que tuvo acceso El Confidencial en una investigación conjunta con Moncloa.com, el presunto cerebro de la operación Tándem llegó a facilitar a directivos de BBVA el detalle de hasta 15.000 contactos telefónicos.

Francisco González, al tanto

El entonces presidente del BBVA, Francisco Gonález, estaba al tanto de las escuchas que el banco encargó al excomisario de policía José Manuel Villarejo para evitar que en 2004 la constructora Sacyr se hiciera con el control de la entidad, tal y como publican este lunes Moncloa.com y El Confidencial. 

El que fuera director de Seguridad Corporativa del BBVA, el expolicía Julio Corrochano, hacía de puente entre Francisco González y Villarejo, contratado por los dos primeros para espiar a los rivales del banco, el mandatario de Sacyr Luis del Rivero, el industrial Juan Abelló y el entonces jefe de la Oficina Económica de José Luis Rodríguez Zapatero, Miguel Sebastián.

En una conversación que mantuvieron Corrochano y Villarejo en persona en enero de 2005, pocas semanas antes de que Sacyr renunciara a entrar en el consejo del banco, el primero, según revelab los dos digitales, le traslada al comisario "el gran interés que tenía su jefe por la operación de espionaje". "Mi presidente, ni las conclusiones lee, hay que decirle pim, pim, pim y pim y a tomar por culo", le indicó mientras le explicaba cómo elaborar informes "con el fin de que fueran del gusto del máximo dirigente de la entidad financiera".