La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cosechado en la última semana una especie de feliz concertación al publicar distintos medios, justo en la semana en que cumplía 45 años de viaje en Nueva York, que acaba de comprar junto con su pareja un lujoso y exclusivo piso de 180 metros cuadrados, valorado en un millón y situado en “su barrio de siempre”, el céntrico Chamberí. Hasta ahora, Ayuso no ha confirmado –pero tampoco ha desmentido y así lo constató finalmente infoLibre a través de mensajes a sus portavoces– si estamos ante una noticia o un bulo. Pero, sin duda, el revuelo sobre tal vivienda –alquilada o comprada– ha conseguido que de nuevo quede fuera de la vista el gran enigma de su formulario de declaración de bienes: la existencia de una sociedad, Sismédica SL, a la que cabría calificar de fantasma dado que lleva desde 2014 sin cumplir la obligación legal de presentar cuentas anuales y que la jefa del Ejecutivo madrileño definió en su día como “muerta” sin revelar por qué entonces se mantiene oficialmente viva.

A Ayuso le pertenece en un 50% Sismédica, nacida en 1999 para el alquiler de bienes inmobiliarios. La otra mitad es propiedad de su hermano, Tomás Díaz Ayuso, protagonista de un controvertido episodio durante la pandemia del covid: la venta de 250.000 mascarillas a la Comunidad a cambio de 1,5 millones de euros por parte de una compañía con la que colaboraba, Priviet Sportive SL. La operación, que reportó al hermano de la presidenta 234.000 euros, fue denunciada y finalmente archivada tanto por la Fiscalía Anticorrupción como por la Fiscalía Europea. Además, el caso provocó la caída de Pablo Casado como presidente del PP por pedir cuentas de lo sucedido  a la dirigente que él mismo había contribuido a aupar a la presidencia de Madrid. Ayuso aseguró que no tenía ni idea de que su hermano hubiese participado en una venta de material sanitario al Gobierno madrileño. Y que se enteró año y medio después por Casado.

Sismédica SL –nexo societario entre Isabel y Tomás Díaz Ayuso y sociedad que, por razones desconocidas, aún no ha sido liquidada y extinguida– no había aparecido en las declaraciones de bienes de Isabel Díaz Ayuso hasta 2021. En abril de ese año, infoLibre alertó a su equipo de que la normativa determina como obligatorio consignar la denominación social y no limitarse a escribir si se trata de una SL o una SA. Ayuso rectificó la declaración, que salvo excepciones como esta solo debe presentarse al inicio y al cierre de la legislatura. Si en medio se producen cambios en el patrimonio –por ejemplo, la adquisición de una vivienda o la disolución de una sociedad–, el afectado no tiene por qué efectuar una actualización. Así lo han asegurado portavoces de Ayuso en respuesta a las preguntas de este periódico. Respecto a por qué persiste inscrita en el Registro la empresa Sismédica SL no ha habido ninguna contestación. La declaración de bienes cuya consulta es de acceso universal –subrayaron las fuentes– es correcta.

Fechada hace algo más de un mes –el 15 de septiembre–, en la declaración de bienes presentada al inicio de la legislatura en su condición de presidenta del Ejecutivo no hay ninguna referencia a un nuevo piso. En cambio, y en el apartado relativo a acciones y participaciones en sociedades, permanece incrustada Sismédica SL. El valor de su 50%, “1.502,53 euros”. Como no existen balances de actividad y resultados desde hace nueve años –el último depositado en el Registro Mercantil fue el de 2013–, Ayuso anota –y así lo especifica en su otra declaración de bienes, la que presenta como diputada– que esos 1.502 euros representan “la valoración según capital social”. A pie de página una de las notas que a modo de guía para los parlamentarios incluye el formulario señala que el valor de las acciones o participaciones se fijará “según el balance anual anterior a la fecha de la presente declaración”. Y si tal balance no existiera, “el valor a declarar debe ser el teórico contable”.

Por qué Sismédica SL terminó en manos de los hermanos Diaz Ayuso lo desveló infoLibre en 2019 como una pieza más de las intrigas irresueltas que envolvieron lo que se conoce como caso Avalmadrid. Es decir, el caso centrado en cómo una empresa en la que los padres de la presidenta poseían el 25%, MC Infortécnica, obtuvo de la citada sociedad de garantía recíproca (SGR) un préstamo de 400.000 euros que se quedó sin devolver. En febrero de 2022, un informe de Avalmadrid cifró en 311.000 euros la deuda que mantenían los socios de MC Infortécnica. Avalmadrid no había reclamado el dinero a los deudores hasta octubre de 2019, cuatro meses después de que este medio destapase el escándalo. Para entonces habían transcurrido ocho años desde el impago.

Pues bien, en 2012 y cuando el riesgo de embargo planeaba sobre la familia de Díaz Ayuso, Sismédica SL fue donada a los dos hijos, ajenos por completo a la estructura de MC Infortécnica y por tanto a salvo de que el prestamista –Avalmadrid– se quedase con alguno de sus bienes. Para entonces, Sismédica SL poseía un local comercial en una zona próxima al Manzanares que acabó subastado en 2017.

La presidenta y su hermano se hicieron con las participaciones de Sismédica seis meses después de que otra donación también efectuada por su padre la erigiese en propietaria de un piso en Chamberí cuyo valor catastral se cifra en 140.547 euros. Ese es el único inmueble del que la última declaración de bienes de Ayuso, al igual que las anteriores, la señala como propietaria. Aunque en distintas entrevistas la jefa del Ejecutivo madrileño ha abundado en el mensaje de que lleva dos décadas viviendo de alquiler, ese piso le pertenece desde 2011. Lo tiene en régimen de “nuda propiedad” dado que allí reside su madre, antigua socia de MC Infortécnica junto con su esposo, fallecido hace varios años.

La asociación de letrados ALA (Asociación Libre de Abogados y Abogadas) interpuso en 2021 una querella contra Ayuso y otras ocho personas, su hermano y su madre entre ellas, por un presunto delito de alzamiento de bienes. ALA sustentaba la denuncia en la tesis de que la donación a los hermanos Isabel y Tomás del piso propiedad de sus padres buscaba evitar un potencial embargo por el impago a Avalmadrid.

En noviembre de aquel año, el Tribunal Supremo inadmitió la querella con un auto donde remarcaba que nada permitía inferir que Isabel Díaz Ayuso supiera nada sobre aquel préstamo que MC Infortécnica dejó sin devolver. En el auto se lee lo siguiente: “No se aprecia la concurrencia de indicios consistentes contra la persona aforada en este momento [Ayuso]. No era socia de MC Infortécnica; no consta que conociera su situación económica y societaria; no intervino en la operación de crédito o de aval; no era avalista ni deudora; no consta que conociera la deuda; y no se aprecia ningún indicio de que actuara en connivencia con los demás querellados para evitar el pago de la deuda de aquella sociedad”.

Ayuso había contactado con Avalmadrid días después de que los trabajadores de MC Infortécnica no cobrasen su nómina de junio de 2011. En septiembre de ese mismo año y en otro correo acusó a los socios de su padre de dejar "morir" la empresa. Y luego aceptó la donación del piso. Exactamente, y como consta en su declaración de bienes, pasó a ser suyo el día 7 de octubre de 2011.

Avalmadrid vivió entre 2016 y 2021 unos años turbulentos. La sociedad de garantía recíproca madrileña pasó de ser una empresa dedicada a un trabajo muy técnico y poco conocido, proporcionar avales a pymes y autónomos para que los bancos les prestasen dinero, a situarse en el centro de una tormenta de escándalos que abrió el Banco de España, con un expediente sancionador por incumplir el control de riesgos, y culminó cuando se supo que había perdonado una deuda a los padres de Isabel Díaz Ayuso, tal y como reveló infoLibre [Aquí puede leer las informaciones exclusivas publicadas].

En 2020, el Banco de España sancionó a Avalmadrid y a una quincena de sus consejeros y altos ejecutivos con multas que sumaron más de medio millón de euros por infracciones graves, algunas de ellas aún en fase de recurso. Mientras, la Asamblea de Madrid abría una comisión de investigación sobre las irregularidades y el trato de favor en los préstamos y avales que había concedido la sociedad de garantías entre 2007 y 2018.

Tras un año de comparecencias, la comisión concluyó que Avalmadrid había dado “un trato personalizado y preferente” a la empresa de los padres de la presidenta madrileña y que había llevado a cabo “una gestión negligente en el seguimiento y recobro” del aval de 400.000 euros que le otorgó. También estableció que la sociedad había sido utilizada como “una herramienta de salvamento y socorro de empresas y empresarios vinculados con el Partido Popular, “saltándose a tal efecto las normas internas, los requerimientos del Banco de España y una mínima conducta ética”.

A resultas de tanta agitación, desde 2018 Avalmadrid ha tenido cuatro presidentes y cuatro directores generales.

Pero la falta de diligencia se extendía más allá de la operativa financiera. También afectó a asuntos elementales como la protección de datos. Según la información a la que ha tenido acceso infoLibre, Avalmadrid proporcionó a uno de sus directores generales, Jorge Morán Santor, para fines particulares, la base de datos de sus clientes, con registros de 3.564 pymes y autónomos a los que había concedido avales entre 2008 y 2015, así como la base SABI, que tiene contratada con la empresa Informa para uso interno. Lo hizo en dos ocasiones, en 2017 y en 2019, para que elaborara su tesis doctoral. Además, Morán Santor facilitó los datos a un profesor de la UNED, con quien firmó un artículo en una revista de economía, y a algunos de sus alumnos en Cunef –una institución universitaria de la patronal de banca que depende de la Complutense y donde imparte clases– para que redactaran dos Trabajos de Fin de Máster (TFM). Cuando Morán Santor solicitó por primera vez acceso a ambas bases de datos aún era director general de Avalmadrid; cuando repitió la petición, llevaba fuera de la sociedad poco más de un año.

La base SABI es un software con información de más de 2,9 millones de empresas españolas y 900.000 portuguesas que permite hacer análisis financieros, según describe Informa en su página web. En el caso de la base contratada por Avalmadrid, contenía 161.000 registros de empresas y autónomos de la Comunidad de Madrid. El objeto de la cesión al director general era cruzar la base de datos de clientes de Avalmadrid con la base SABI.

Entre la primera operación y la segunda, en diciembre de 2018, se aprobó la Ley Orgánica de Protección de Datos, que incorporó al ordenamiento español el Reglamento de la UE de 2016 sobre la misma materia. Hasta entonces se aplicaba la ley de 1999, con un régimen muy similar de protección. Las dos diferencias básicas: en 2018 se eliminó el consentimiento tácito de los usuarios, que permitía el tratamiento de datos personales si no mediaba una autorización expresa, y se incorporó a los autónomos al ámbito de protección de la ley.

De acuerdo con el contenido de los correos a los que ha tenido acceso infoLibre, la información facilitada sobre los clientes de Avalmadrid incluía datos financieros, desde el importe del aval solicitado y el finalmente concedido hasta las cuotas pagadas, los fallidos, su periodo medio de pago a proveedores, el circulante, la plantilla o su deuda, entre otros. Y datos personales como el NIF o la fecha de nacimiento en el caso de los autónomos. Los Excel con toda esa información fueron suministrados por correo electrónico en varias ocasiones y con correcciones sucesivas según las iba pidiendo Jorge Morán. El 16 de enero de 2017 recibió un Excel con miles de registros, desglosados entre pymes y autónomos. Ninguno de ellos estaba anonimizado o seudonimizado, las dos técnicas que pudieron haberse utilizado para ocultar la identidad de los clientes de Avalmadrid. Con la primera, se elimina de forma irreversible la identificación del propietario del dato. Con la segunda, se sustituye su identidad por un alias o un seudónimo y es un proceso reversible.

Además, los datos de SABI fueron proporcionados al director general con una justificación falsa. Para analizarlos y elaborar un artículo que debía servir, a su vez, para sustentar la tesis doctoral de Jorge Morán, éste contrató a Rodrigo Martín García, un profesor de Economía de la UNED, donde el director general iba a presentar su trabajo de investigación. “Le he pasado la base de datos que tú me has generado y él tiene dudas que necesita ver contigo”, le dice Morán Santor al responsable de informática de Avalmadrid cuando pone a ambos en contacto el 22 de marzo de 2017. Un mes más tarde, el 27 de abril, el informático advierte a Morán y Martín de que la exportación que le permite hacer Informa de la base SABI es “limitada”. “Me han dicho que como algo excepcional pueden autorizarnos un usuario que permitiría realizar la extracción completa si justificamos el motivo de la extracción, les decimos exactamente qué campos queremos y nos comprometemos a no utilizar esos datos más que para uso interno”, les explica. “Os agradecería”, añade, “que me ayudarais con la justificación”.

Rodrigo Martín le responde asegurando que BvD –Bureau van Dijk, la matriz belga de Informa– “no funciona nada bien” e incluso “falta a la verdad cuando hace la labor comercial”. “Una vez que contrata, limita el acceso a los datos y cada vez utiliza una justificación o un requisito distinto. En realidad, no deberían pedir más compromiso que el de la no utilización comercial por nuestra parte de los datos”. “Pienso que se les puede justificar diciendo que es para un estudio acerca del impacto de la actividad de la entidad, que es exactamente lo que es”, sugiere, y pregunta al director general: “Jorge, ¿te parece bien?”. A continuación, este le pide al responsable de informática que se ponga en contacto con Informa. “Y si te ponen pegas, me vienes a ver para que veamos otras opciones”, concluye.

En efecto, el paper que publicaron Rodrigo Martín y Jorge Morán en junio de 2019 versa sobre los efectos que los avales públicos concedidos por Avalmadrid tuvieron sobre las inversiones y la actividad de las pymes en 2009 y 2011, cuando las restricciones al crédito por culpa de la crisis financiera eran máximas, y durante la fase de recuperación, entre 2012 y 2015. Los autores concluyen que esas garantías públicas funcionaron como un instrumento contracíclico –contrarrestaron los efectos negativos de la crisis–. Aunque el objeto de estudio era Avalmadrid, el artículo no fue encargado o pagado por la sociedad de garantías; su fin era únicamente servir como apoyo a la tesis doctoral del director general. Es decir, el uso que Martín y Morán dieron a la base SABI estaba lejos de ser “interno”.

infoLibre ha preguntado a Informa por esta cesión de los datos que había contratado con Avalmadrid y de la que niega “tener constancia”. “No hay registrada ninguna incidencia al respecto”, asegura un portavoz de la empresa. No obstante, según ha podido comprobar este periódico, en el contrato de licencia de uso de SABI que Informa suscribe con sus clientes, éstos se obligan a “no efectuar trabajos [con la base de datos], cualquiera que fuese la razón, en beneficio de terceros”, puesto que la información está “exclusivamente destinada al uso interno del cliente y por necesidades propias”. Tampoco pueden “utilizar, directa o indirectamente, la información contenida en SABI Informa para la prestación de servicios a terceros o en beneficio de alguna persona o entidad”. Ni pueden “borrar, modificar, desmontar, descompilar, traducir o crear trabajos derivados de SABI Informa sin el consentimiento por escrito de Informa”. Finalmente, como la base de datos incluye información confidencial, los clientes que la contratan “se comprometen a no divulgarla a ninguna persona física o jurídica ajena al objeto del contrato”.

Por tanto, Avalmadrid no sólo mintió a Informa sobre el destino de la extracción de datos, sino que además incumplió el contrato con el suministrador, tratando los datos, algunos de ellos confidenciales, y cediéndoselos a un tercero para un trabajo externo.

El 20 de octubre de 2020, Jorge Morán compareció en la comisión de investigación sobre Avalmadrid. El diputado de Más Madrid Eduardo Gutiérrez le preguntó quién le había autorizado a disponer de los datos de los clientes de la sociedad de garantías o si ese permiso se lo había “concedido a sí mismo”. El ex director general contestó que le había autorizado “la sociedad”, pero no precisó qué persona o cargo concreto. “No le puedo facilitar esa información”, repitió.

infoLibre también ha preguntado a Jorge Morán por los detalles de la cesión de las dos bases de datos. “Tanto para los TFM como para la tesis, incluyendo los estudios de investigación obligatorios o papers, fui autorizado por Avalmadrid con anterioridad a recibir la información, firmando un acuerdo de confidencialidad exclusivo y restrictivo relativo tanto al ámbito académico como de investigación”, explica. Avalmadrid, por su parte, se limita a responder que “todo [respecto a la cesión de las bases de datos] se hizo correctamente, está controlado y claro. No hay ninguna irregularidad de ningún empleado”. Este periódico ha pedido a la sociedad de garantías los acuerdos de confidencialidad mencionados por su ex director general, pero esta se ha negado a mostrarlos o a dar detalles sobre la fecha, la finalidad o los requisitos de esos documentos. “No podemos facilitar información interna”, sostienen.

Jorge Morán subraya que la información fue tratada “siempre en el contexto y bajo las exigencias de la autorización y el acuerdo de confidencialidad” que firmaron todos los que dispusieron de ella. Además, precisa que no recibió “remuneración o contraprestación alguna” por la “tutorización y supervisión de los TFM” de sus alumnos: Creación de un modelo de predicción de default para microempresas y emprendedores y Creación de valor a través de la gestión del riesgo: aproximación a un modelo de scoring. “Tanto los TFM como el paper publicados garantizan en todos sus extremos el cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos”, zanja.

La tesis doctoral, que fue admitida en el programa de doctorado de la UNED en septiembre de 2014, también estudia la gestión de riesgos, pero en el sistema financiero español. Pese al tiempo transcurrido, Jorge Morán no la ha terminado. Abandonó Avalmadrid en febrero de 2018 y fichó por Aliseda, la gestora inmobiliaria del Banco Santander, como director corporativo de negocio. En abril del año pasado comenzó en Diglo Servicer, también del Santander, como director de formación y procesos de negocio, y de donde salió hace apenas un mes. En Cunef lleva dando clases 13 años. Morán Cantor es uno de los directivos de Avalmadrid que fueron sancionados en 2020 por el Banco de España. Tuvo que pagar una multa de 15.000 euros por una infración grave: incumplir los requirimientos del organismo supervisor en materia de control interno, de concentración y seguimiento del riesgo.

En abril de 2019, cuando ya trabajaba en Aliseda, pidió a su antigua empresa, Avalmadrid, que le actualizara los datos proporcionados dos años antes. Lo hizo a través del director financiero, Fernando de la Fuente, que es quien se encarga de solicitar la extracción de datos al departamento de informática. Pero en esta ocasión, a diferencia de la anterior, sí se le hizo firmar un acuerdo de confidencialidad, o al menos un recibí de los datos de clientes avalados y de la base SABI entre 2016 y diciembre de 2018. En el documento, al que ha tenido acceso infoLibre, se precisa que la información sólo podrá ser utilizada “con carácter exclusivo” en la investigación de Jorge Morán “en el contexto del doctorado en Economía y Empresa” que cursaba en la UNED. Además, el ex director general se comprometía a entregar a Avalmadrid el resultado de dicha investigación. El recibí está fechado el 9 de abril, pero el acuerdo de confidencialidad aún no está listo un mes después, según el contenido de los correos a los que ha tenido acceso este periódico. Por entonces, la asesora jurídica de Avalmadrid consulta aún con el delegado de protección de datos si pueden cederle los datos a Jorge Morán para su tesis. Este le replica que deben ser seudonimizados. El informático dice que les ha quitado el CIF y el nombre a los autónomos. “Supongo que la fecha de nacimiento sin un nombre o DNI que lo relacione no sería problema”, responde. Tampoco se elimina la fecha de constitución de las empresas.

Entonces también se envía el acuerdo de confidencialidad/recibí a la presidenta de Avalmadrid, Rosario Rey García, para que lo firme. Rey García abandonó la sociedad en agosto de 2019. Desde octubre de ese año figura como socia directora de Control Management Solutions, una consultora financiera especializada en “estrategia, riesgos y gobierno corporativo” de la que es administrador único Jorge Morán. Al menos así aparece en su perfil de Linkedin. Sin embargo, Morán Santor asegura que la sociedad no tiene actividad y que sus únicos accionistas son él y su mujer. También dice que Rosario Rey incluyó esa referencia en Linkedin por "posicionamiento", pero que no ha hecho ningún trabajo en Control Management Solutions. Cuando se le pregunta si fue ella, como presidenta de Avalmadrid, quien le autorizó la cesión de las bases de datos, responde que no lo recuerda, pero que, en todo caso, la decisión correspondía a la Asesoría Jurídica. A través de esa sociedad, Morán Santor pagó en 2017 al profesor Rodrigo Martín 500 euros por su trabajo en el paper para el que ambos utilizaron los datos de Avalmadrid y SABI.

El 16 de mayo de 2019 el asunto aún seguía pendiente. Ese día interviene por primera vez Pedro Embid, el sucesor de Jorge Morán en la dirección general, quien pide a Fernando de la Fuente “la carta o email” donde el anterior solicitaba las bases de datos. El director financiero le contesta que la petición la hizo Morán Santor por Whatsapp. El 22 de mayo, Embid avisa a la asesora jurídica de que uno de los archivos que se van a proporcionar a Jorge Morán “no está innominado”. El día siguiente, el director general autoriza finalmente la cesión de las dos bases de datos “circunscribiéndola al trabajo académico (doctorado)”. Y, una hora más tarde, De la Fuente remite a Jorge Morán un enlace para que descargue la información.

Sin embargo, una semana después, la asesora jurídica tiene que hacer una nueva consulta, que esta vez hace extensiva a un experto de PB-Cap Consultores, especializados en compliance. Le dice que Jorge Morán pide que se le pasen los datos de los autónomos con el CIF y el DNI, tanto de la base de Avalmadrid como de SABI “para poder cruzarlas”. Unos datos que se habían suprimido. El experto descarta el cambio, “salvo que en los documentos que os firman vuestros clientes esté incluida la finalidad de la cesión de los datos”. “Sería una contravención del artículo 6 del Reglamento General de Protección de Datos”, le advierte también el delegado de protección de datos, “a menos que en el consentimiento prestado [por los clientes] constara específicamente la autorización para ese fin, o se pudiera considerar que existe un interés público o legítimo que prevalece sobre el derecho a la privacidad del interesado”.

Y no es así. La asesora jurídica explica al director general, Pedro Embid, que no hay ningún “consentimiento expreso de los clientes para ceder sus datos con una finalidad académica” en las pólizas de afianzamiento que estos firman. Y que no se les puede pedir ahora a todos y cada uno de ellos esa autorización. De forma que, finalmente, es el informático de Avalmadrid quien cruza las dos bases de datos y así se las entregan a Jorge Morán el 31 de mayo de 2019, aún con las fechas de nacimiento de los autónomos y las fechas de constitución de las empresas.

Jorge Morán asegura a infoLibre que, como ha decidido abandonar la tesis, ha destruido los datos que le fueron proporcionados por su antigua empresa.

El director financiero de Avalmadrid, Fernando de la Fuente, también compareció el 20 de octubre de 2020 en la comisión de investigación sobre Avalmadrid. Como a Jorge Morán, el diputado de Más Madrid Eduardo Gutiérrez le preguntó si había “autorizado la cesión de datos personales y confidenciales de clientes de Avalmadrid a alguna tercera persona que no formaba parte de Avalmadrid”. “Nunca”, respondió De la Fuente. Mentir en una comisión parlamentaria está penado con entre seis meses y un año de prisión, le recordó el diputado.

[Con posterioridad a la publicación de esta información, Avalmadrid se ha dirigido a infoLibre para precisar que el director financiero “no mintió en su comparecencia del día 20 de octubre 2020 en la comisión de investigación, cuando a la pregunta del diputado de Más Madrid Eduardo Gutiérrez sobre si había 'autorizado la cesión de datos personales y confidenciales de clientes de Avalmadrid a alguna tercera persona que no formaba parte de Avalmadrid', respondió que 'nunca', dado que él no autorizó, sino que siguió indicaciones de su superior”].

infoLibre ha consultado a expertos en protección de datos sobre la actuación de Avalmadrid en este caso. El tratamiento de datos, incluidos los “corporativamente relevantes”, debe ser siempre notificado a los clientes. Incluso cruzar los datos, como hizo Avalmadrid, es una forma de tratarlos, explican: “Una empresa no puede disponer de los datos de sus clientes como si fuera su propietaria; lo fundamental es la transparencia, por lo que debe notificarles que los ha cedido o los ha tratado de cualquier manera”. Pero la sociedad de garantías madrileña no comunicó en ningún momento a sus clientes que había proporcionado sus datos a un tercero y que antes los había tratado. La Ley de Protección de Datos de 1999, que estaba vigente en 2017 cuando se hizo la primera cesión, ya establecía que el tratamiento por cuenta de terceros de esa información debe estar regulada en un contrato escrito. Y si ese tercero destina los datos a otra finalidad, los comunica o los utiliza incumpliendo las estipulaciones del contrato, comete una infracción.

Además, las empresas deben asegurarse de que han seguido todos los protocolos éticos “sin generar riesgos”. Porque la anonimización o seudonimización debe ser “robusta y confiable”. Y no siempre es así. Desde 2014 existe un código de buenas prácticas, elaborado por un grupo de trabajo de la Unión Europea, para reducir los riesgos de identificación que se producen al anonimizar y seudonimizar datos confidenciales. Por ejemplo, dejar la fecha de nacimiento, como hizo Avalmadrid, y reemplazar un nombre real por un seudónimo puede ser insuficiente para proteger la identidad de la persona que se pretende anonimizar. “La solución óptima debe adoptarse caso por caso”, recomienda ese dictamen.

Por otra parte, el Reglamento de la UE de 2016 restringe el tratamiento de datos personales con fines distintos de aquellos para los que hayan sido recogidos. Ese tratamiento debe tener en cuenta, entre otras cosas, “las expectativas razonables del interesado”, así como “la naturaleza de los datos personales, las consecuencias para los interesados del tratamiento ulterior y la existencia de garantías adecuadas tanto en la operación de tratamiento original como en la operación de tratamiento ulterior prevista”.

La norma comunitaria, que exige siempre un “tratamiento leal y transparente” de los datos, amplía las cautelas si una empresa pretende tratarlos para un fin que no sea aquel para el que los recogió: debe proporcionar al interesado, “antes de dicho tratamiento ulterior, información sobre ese otro fin y otra información necesaria”. Y esa información debe darse “en el momento en que se obtengan” los datos y antes de que se sometan a ese segundo tratamiento. Como queda dicho más arriba, la asesora jurídica de Avalmadrid reconoció que a sus clientes, en las pólizas, no se les había pedido autorización para un fin como el que dio a sus datos el director general. Tampoco se les informó cuando se cruzaron y cedieron a un tercero.

El reglamento es claro: el consentimiento del propietario de esa información, que debe darse “mediante un acto afirmativo claro que refleje una manifestación de voluntad libre, específica, informada, e inequívoca del interesado de aceptar el tratamiento de datos de carácter personal”, debe cubrir todas las actividades de tratamiento cuando este tenga varios fines.

En definitiva, todas estas cautelas les fueron hurtadas a los clientes de Avalmadrid cuando cedieron sus datos.

La justicia da carpetazo otra vez más al caso Avalmadrid. El Juzgado de Instrucción número 33 de Madrid ha inadmitido una querella interpuesta por la Asociación Libre de Abogadas y Abogados (ALA) contra el hermano de la presidenta madrileña, Tomás Díaz Ayuso, su madre y otros socios de MC Infortécnica por un delito de alzamiento de bienes. En una resolución adelantada por elDiario.es y a la que ha tenido acceso este diario, el juez considera que el posible ilícito estaría ya prescrito. Una decisión que, sin embargo, ya ha sido recurrida por los querellantes ante instancias superiores.

El origen de los hechos se encuentra en un crédito de 400.000 euros que la entidad semipública Avalmadrid concedió a la empresa MC Infortécnica SL, que tenía ocho accionistas, entre ellos los padres de Ayuso. La operación se firmó el 15 de marzo de 2011 y los ocho accionistas se convirtieron en avalistas solidarios del préstamo. Ello les obligaba a responder de la devolución del dinero con todos sus bienes presentes y futuros. 

MC Infortécnica tenía que realizar el primer pago del préstamo el 15 de diciembre de 2011, pero para entonces la empresa ya había quebrado. Solo tres meses después de recibir los 400.000 euros, tal y como desveló infoLibre, la compañía dejó de pagar la nómina a sus trabajadores. Y el 23 de septiembre de aquel año, despidió a la práctica totalidad de la plantilla.

En ese momento, Isabel Díaz Ayuso ya era consciente de que la empresa de sus padres no podría devolver el dinero. Así lo puso ella misma por escrito, en un correo que envió al entonces director de Relaciones Institucionales de Avalmadrid –Carlos Ramos Juárez– el 14 de septiembre de 2011, donde le transmitía la sospecha de que los socios de sus padres habían “montado empresas paralelas para desviar el negocio y dejar morir la otra [MC Infortécnica]”. Ayuso se había puesto en contacto con Juárez precisamente para enterarse de en qué medida podía afectar el impago del crédito al patrimonio de sus padres. La ahora presidenta era desde aquel verano de 2011 diputada del PP en la Asamblea de autonómica.

Tras asumir que la empresa no podría hacer frente a sus obligaciones con Avalmadrid, los padres de Ayuso y sus hijos orquestaron una donación para transferir a Isabel la propiedad de un piso en el centro de Madrid y a su hermano Tomás una vivienda unifamiliar en un pueblo de Ávila. El objetivo era evitar así que los inmuebles fuesen embargados como garantía del crédito. Otros cuatro accionistas de MC Infortécnica SL también se deshicieron de los inmuebles que tenían, según reveló este diario. Los dos restantes no pudieron desprenderse de sus propiedades porque ya estaban hipotecadas.

ALA se querelló contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, su hermano, sus padres y los exsocios. Lo hizo ante el Tribunal Supremo por la condición de aforada de la líder del Ejecutivo regional. Sin embargo, el Alto Tribunal inadmitió la querella alegando, entre otras cosas, que no había constancia de que Ayuso conociera la situación económica y la deuda de la empresa, algo que desmienten los correos hechos públicos. No obstante, dejaba la puerta abierta a que se pudiera investigar al resto de querellados.

En un informe remitido al juez el pasado 17 de marzo, el Ministerio Público se posicionó a favor de admitir a trámite la querella. "En el actual estado de las diligencias procede que el Juzgado de Instrucción de Madrid continúe con el conocimiento de aquellos hechos que conforme a lo dictaminado ut supra pueden revestir caracteres de delito y no se hallen afectados por el instituto de la prescripción", señalaba la fiscal Isabel Franconi en su escrito.

Pero en contra de ese criterio, el juez ha decidido dar carpetazo al asunto. Y lo ha hecho argumentando, fundamentalmente, que el delito de alzamiento de bienes estaría prescrito. De normal, el plazo de prescripción se sitúa en los cinco años, si bien en el caso de tipo agravado –deuda de derecho público y cuando la acreedora sea una persona jurídico pública– se alarga hasta los 10 años. En este caso, las operaciones de los Ayuso se produjeron el 7 de octubre de 2011, por lo que la fecha límite sería el 7 de octubre de 2021, antes de que ALA interpusiera la querella.

"Al presente caso le sería de aplicación, como el Ministerio Fiscal informa, el más largo plazo prescriptivo de posible aplicación al delito imputado, de 10 años, el cual ya está notablemente sobrepasado al tiempo de presentación de la querella, lo que produce efectos extintivos de la responsabilidad penal y hace innecesario el examen de la competencia territorial por razón de la ubicación del bien", recoge el auto de archivo, dictado por el juez Tomás Martín y fechado el pasado 18 de julio.

Los querellantes, sin embargo, consideran que actuaron dentro de plazo. Por eso han recurrido la decisión del juez instructor, sobre la que deberá pronunciarse ahora la Audiencia Provincial. En su recurso de apelación, al que ha tenido acceso este diario, ALA pone sobre la mesa el decreto del primer estado de alarma, el de marzo de 2020, que en su disposición adicional cuarta establecía que "los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos" quedarían "suspendidos" durante el "plazo de vigencia" de la situación excepcional.

"En el caso no se aprecia la concurrencia de indicios consistentes contra la persona aforada en este momento. No era socia de MC Infortécnica; no consta que conociera su situación económica y societaria; no intervino en la operación de crédito o de aval; no era avalista ni deudora; no consta que conociera la deuda; y no se aprecia ningún indicio de que actuara en connivencia con los demás querellados para evitar el pago de la deuda de aquella sociedad". Estos son los argumentos que da el Tribunal Supremo para inadmitir una querella contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por un presunto delito de alzamiento de bienes en el conocido como caso Avalmadrid, que fue destapado por infoLibre en 2019.

Sin embargo, en esta enumeración de indicios que dice no ver el alto tribunal, los magistrados obvian al menos dos hechos que constan en la querella que presentó la Asociación Libre de Abogadas y Abogados (ALA) y que arrojan cuando menos sospechas, sino certezas, sobre el conocimiento que pudo tener Ayuso sobre la situación económica en la que se encontraba en 2011 MC Infortécnica SL, la empresa de la que sus padres eran accionistas en un 25%, y la deuda que arrastraba.

La querella, de la que también informó este periódico, incluía los correos electrónicos que demuestran que la presidenta estuvo durante meses en contacto con el director de Relaciones Institucionales de la empresa semipública Avalmadrid, al que pidió datos confidenciales sobre los socios de la empresa de sus padres y sobre sus hijos. El contenido de esos e-mails revela que Ayuso sospechaba que los tres socios de sus padres en MC Infortécnica formaban parte de una trama para dejar morir al Grupo MC y montar otras empresas dedicadas a la misma actividad.

"La relación entre socios es cordial hasta la fecha y lo seguirá siendo con seguridad. Aunque mi familia no quiere más que estar tranquila, jubilarse y tener una casa donde vivir y llevar la enfermedad de mi padre. Es todo muy difícil", escribió Ayuso el 14 de julio de 2011 al directivo de Avalmadrid, al que aportó datos identificativos de sus padres y varias empresas del Grupo MC para conocer la solvencia económica de las compañías por si un imposible impago del préstamo podía afectar al patrimonio familiar. Le dio también las gracias de antemano por su interés "en este tema tan importante" para su familia. "Isabel, he pedido los informes, mañana hablamos", contestó él.

¿Por qué le confiesa Ayuso a una persona que no conoce que la única preocupación de su familia era "tener una casa donde vivir"? Sus padres y los otros seis socios de MC Infortécnica eran avalistas solidarios del préstamo de 400.000 euros que Avalmadrid había concedido en marzo de aquel 2011 a su empresa, y si esta no devolvía el dinero, sus bienes podrían ser embargados para responder del aval fallido.

Los siguientes correos electrónicos que la ahora presidenta madrileña se intercambió con quien era el número tres en el escalafón de Avalmadrid buscaban obtener información sobre otras compañías cuya propiedad atribuye a los socios de sus padres, facilitando para ello los nombres de éstos, pero también de sus hijos.  "[...] dos datos nuevos. (Encontrados por internet). Están los tres socios metidos en el entramado"; "¿Podemos saber a quién facturan?"; "¿Podría saber actividad comercial, facturación y quiénes son sus clientes?", son algunas de las preguntas que Ayuso envió en sucesivos e-mails.

"Si se pudiera demostrar que han montado empresas paralelas para desviar el negocio y dejar morir la otra...", escribió la dirigente del PP en uno de esos correos. Con esta afirmación, es la propia Ayuso quien está admitiendo que han dejado "morir" MC Infortécnica, lo que permite deducir que conocía la situación económica de la empresa.

La comunicación con el directivo de Avalmadrid se extendió al menos durante dos meses, entre el 14 de julio –un día antes de entrar como diputada en la Asamblea de Madrid– y el 14 de septiembre de 2011. El 23 de septiembre de 2011, el Grupo MC despidió al 85% de su plantilla y el 7 de octubre, Ayuso aceptó que sus padres le donasen un piso en el centro de Madrid, en una operación sospechosa de un delito de alzamiento de bienes. Su hermano también aceptó la donación de la vivienda unifamiliar en Sotillo de la Adrada (Ávila). Y en abril de 2012, el padre donó a sus dos hijos el 100% de las participaciones de Sismédica SL, compañía que era propietaria de un local de oficinas en Madrid. 

La presidenta siempre ha negado que existiese cualquier actuación irregular por su parte. Ella siempre ha mantenido que su única relación con Avalmadrid fue preguntar "con qué persona se podía hablar" para que a la empresa de sus padres le dieran un crédito "si se daban las garantías" para que fuese avalada. Esta afirmación acotaría la actuación de la presidenta a antes de la concesión del préstamo, pero los correos electrónicos con el directivo de la empresa semipública la desmienten.

Las fechas, por tanto, en el caso Avalmadrid son importantes y así lo revelan los correos incorporados a la querella de ALA. Cuando la presidenta madrileña habló por primera vez con el directivo de la empresa semipública en el correo en el que dijo sentirse tan preocupada por el futuro de sus padres, hacía sólo unas semanas que los empleados de MC Infortécnica habían dejado de percibir la totalidad de sus salarios, lo que deja en evidencia los aprietos económicos por los que pasaba la sociedad en el verano de 2011. Esto ocurrió sólo tres meses después de que la empresa recibiera el préstamo de Avalmadrid.

Y el último e-mail, en el que Ayuso seguía tratando de conseguir información sobre otras empresas de los socios de sus padres, se envió tan sólo nueve días antes del despido de casi la totalidad de los trabajadores y menos de un mes antes de que la presidenta aceptara que sus padres le donaran la nuda propiedad de una vivienda en el centro de Madrid.

A pesar de todos estos datos en los que la dirigente del PP muestra su preocupación por el estado en el que se encuentra la empresa y a pesar de que los correos electrónicos coinciden en fecha con las dificultades económicas de la sociedad, el Tribunal Supremo no lo tiene en cuenta y considera en su auto que "no consta" que Ayuso conociera la "situación económica y societaria" de MC Infortécnica así como la deuda que arrastraba y por eso inadmite la querella de ALA.

Es más, el tribunal añade que “en lo que se refiere concretamente a la operación de donación realizada con sus padres, no aparece indicio alguno de que, en la fecha en la que se lleva a cabo, conociera que MC Infortécnica no fuera a cumplir con las obligaciones derivadas de la operación de crédito, ni tampoco de que tuviera dificultades para ello o que, de forma más o menos definitiva, no pudiera hacerlo en un futuro próximo”. Todo esto se contradice con el impago de las nóminas de junio y con el hecho de que sólo unos días después del último correo la empresa despidiese a casi la totalidad de los trabajadores.

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha presentado ante la Sala Segunda del órgano judicial un informe por el que solicita la inadmisión de la querella interpuesta por la Asociación Libre de Abogados (ALA) contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por un presunto delito de alzamiento de bienes al recibir en 2011 un piso de sus padres en calidad de donación, en el conocido como caso Avalmadrid, que fue destapado por infoLibre en 2019.

En un escrito de 26 de octubre, al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal Javier Zaragoza ha pedido que se acuerde la inadmisión y "el archivo de las actuaciones" ante la "manifiesta ausencia de elementos indiciarios que acrediten que los hechos que se le imputan a la aforada puedan ser constitutivos de delito, declarándose igualmente incompetente para la investigación relativa a los restantes querellados".

La Asociación Libre de Abogados acusa a Díaz Ayuso de presuntamente aceptar la donación efectuada por sus padres de la que era su vivienda familiar para evitar que el inmueble pudiera ser objeto de reclamación por su condición de deudores de la entidad Avalmadrid, empresa pública que había concedido en febrero de 2011 un crédito aval por importe de 400.000 euros de Infortécnica SL, del que eran socios sus padres.

La querella, a la que tuvo acceso Europa Press, va dirigida contra nueve personas, entre ellas la presidenta regional, su hermano y su madre por un delito de alzamiento de bienes del artículo 257 del Código Penal, un delito que acarrea penas de hasta seis años de prisión y multa de 12 a 24 meses.

ALA sostiene que Díaz Ayuso "actuó de manera activa" para la obtención de información "privilegiada y confidencial" respecto a terceros, adelantándose de esta forma a las transmisiones del resto de socios, que perfeccionan el presunto delito de alzamiento de bienes. Para el Ministerio Público "resulta obvio" que en el presente caso no concurre indicio fundado alguno que soporte la presunta participación de Díaz Ayuso en el hecho delictivo objeto de la querella. La Fiscalía ha subrayado que la dirigente "ni tuvo relación o participación alguna en la actividad de la sociedad Infortécnica SL, ni se benefició en modo alguno del crédito-aval concedido por Avalmadrid a esta sociedad, ni puede ser considerada deudora en relación con el impago de ese crédito (lo que excluye la posibilidad de ser considerada autora material del delito".

Lo estudiaría el Supremo si lo envía un juez ordinario

En este sentido, el fiscal Zaragoza ha explicado que para fijar con carácter indiciario la presunta participación intencional de la ahora presidenta madrileña en el hecho delictivo que se relata -aunque sea a título de cooperadora necesaria- "sería necesario, en primer término, que por los órganos naturales de la jurisdicción ordinaria se depurara y se investigara la realidad del hecho punible y las responsabilidades de los autores del mismo".

Así, ha señalado que, "únicamente" en el caso de que en el curso de esa previa investigación judicial se aportaran a la causa penal "elementos indiciarios inequívocamente incriminatorios" de la "intervención dolosa e intencional" de Díaz Ayuso en el delito de frustración de la ejecución mencionado, "podría plantearse -vía exposición razonada del juez de instrucción ordinario- la exigencia de responsabilidades ante el órgano judicial competente por razón del aforamiento".

"En síntesis, la querella debe ser rechazada respecto a la presidenta de la Comunidad de Madrid al no concurrir indicios de que haya participado presuntamente en la comisión de hecho delictivo alguno, careciendo de competencia este tribunal respecto a los restantes querellados", ha señalado el representante de la Fiscalía.

Investigaciones anteriores

La presidenta madrileña siempre ha negado que mediara para beneficiar a su entorno. Ya en el pasado, Más Madrid interpuso una denuncia ante las sospechas de irregularidades en la concesión del crédito. Según la denuncia del partido, el crédito se concedió con una garantía hipotecaria sobre una finca situada en Sotillos de la Adrada (Ávila) y con el aval solidario de los socios de la propia empresa.

En noviembre de 2019, la Fiscalía Anticorrupción acordó el archivo de la denuncia que interpuso Más Madrid. No apreció indicios de delito para investigar las sospechas por un posible alzamiento de bienes, administración desleal o por tráfico de influencias.

El caso sobre las presuntas irregularidades en las operaciones de préstamo realizadas por Avalmadrid llegó también a la Asamblea de Madrid en una comisión de investigación registrada por el PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos. La comisión concluyó que hubo "irregularidades" en el préstamo que la entidad concedió en 2011 a MC Infortécnica.

Pilar Sánchez Acera, diputada del PSOE en la Asamblea, ha presentado este jueves una pregunta para su respuesta oral en pleno en la que se interesa por la denuncia presentada este miércoles por un colectivo de letrados contra Isabel Díaz Ayuso. "¿Cómo valora el Gobierno regional la querella presentada en el Supremo por la asociación de abogados ALA contra la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, por supuesto alazamiento de bienes en el caso Avalmadrid", señala el texto.

La Asociación Libre de Abogadas y Abogados interpuso en el Tribunal Supremo una querella contra nueve personas, entre ellas la presidenta regional, su hermano y su madre por un delito de alzamiento de bienes del artículo 257 del Código Penal, un delito que acarrea penas de hasta seis años de prisión y multa de 12 a 24 meses.

El colectivo acusa a la jefa del Ejecutivo autonómico de presuntamente "aceptar la donación efectuada por sus padres de la que era su vivienda familiar, con el fin de sustraer la misma de cualquier ejecución que pudiera acordarse ante los impagos del crédito-aval".

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El caso, destapado por infoLibre [ver aquí nuestro dosier] tiene su origen en un préstamo de 400.000 euros aprobado en marzo de 2011 por la empresa semipública Avalmadrid a la empresa Mc Infortécnica SL, controlada al 50% por el padre de Ayuso.

La Asociación Libre de Abogadas y Abogados (ALA) ha decidido llevar ante el Tribunal Supremo a Isabel Díaz Ayuso. Este viernes ha presentado una querella contra nueve personas, entre ellas la presidenta madrileña, por un presunto delito de alzamiento de bienes en el conocido como caso Avalmadrid, que fue destapado por infoLibre en 2019. Ayuso siempre ha negado que existiese cualquier actuación irregular por su parte.

El origen de los hechos se encuentra en un crédito de 400.000 euros que la entidad semipública Avalmadrid concedió a la empresa MC Infortécnica SL, que tenía ocho accionistas, entre ellos los padres de Ayuso. La operación se firmó el 15 de marzo de 2011 y los ocho accionistas se convirtieron en avalistas solidarios del préstamo. Ello les obligaba a responder de la devolución del dinero con todos sus bienes presentes y futuros. 

MC Infortécnica tenía que realizar el primer pago del préstamo de Avalmadrid el 15 de diciembre de 2011, pero para entonces la empresa ya había quebrado. Solo tres meses después de recibir los 400.000 euros, la compañía dejó de pagar la nómina a sus trabajadores. Y el 23 de septiembre de aquel año, despidió a la práctica totalidad de la plantilla. En ese momento, Isabel Díaz Ayuso ya era consciente de que la empresa de sus padres no podría devolver el dinero. Así lo puso ella misma por escrito, en un correo que envió al entonces director de Relaciones Institucionales de Avalmadrid –Carlos Ramos Juárez– el 14 de septiembre de 2011, donde le transmitía la sospecha de que los socios de sus padres habían “montado empresas paralelas para desviar el negocio y dejar morir la otra [MC Infortécnica]”. Ayuso se había puesto en contacto con Juárez precisamente para enterarse de en qué medida podía afectar el impago del crédito al patrimonio de sus padres. La ahora presidenta era desde aquel verano de 2011 diputada del PP en la Asamblea de autonómica.

Tras asumir que la empresa no podría hacer frente a sus obligaciones con Avalmadrid, los padres de Ayuso y sus hijos orquestaron una donación para transferir a Isabel la propiedad de un piso en el centro de Madrid y a su hermano Tomás una vivienda unifamiliar en un pueblo de Ávila. El objetivo era evitar así que los inmuebles fuesen embargados como garantía del crédito. Otros cuatro accionistas de MC Infortécnica SL también se deshicieron de los inmuebles que tenían. Los dos restantes no pudieron desprenderse de sus propiedades porque ya estaban hipotecadas.

Esas operaciones, que según la querella de ALA son constitutivas de un delito de alzamiento de bienes, se realizaron entre el 7 de octubre de 2011 –cuando la familia de Díaz Ayuso escrituró la donación– y julio de 2012. Cuatro de los accionistas transfirieron propiedades a sus hijos, mientras que otros dos los vendieron a terceros. Todas estas transacciones se hicieron ante la pasividad de la cúpula de Avalmadrid, que no adoptó ninguna medida pese a que era público que los morosos estaban traspasando su patrimonio [en esta información se detallan todas las operaciones presuntamente fraudulentas]. En una auditoría elaborada por la propia Avalmadrid tras el estallido del escándalo se admite que su Comité de Morosidad llegó a ocultar la donación del piso a Isabel Díaz Ayuso.

Todos estos hechos se relatan en las 25 páginas de la querella, a cuyo contenido ha tenido acceso infoLibre. ALA pide que se tome declaración como investigados a nueve personas en total. A los cuatro accionistas de MC Infortécnica que participaron en el presunto alzamiento de bienes y que siguen vivos: Cristina Ayuso Puente, María del Carmen Angulo López-Cancio, José Luis Marcelino Santamaría y Victoria Suñer Cordero (el padre de Ayuso y uno de sus socios ya fallecieron). Y también a los cinco hijos que se hicieron con las propiedades: la presidenta madrileña, su hermano Tomás, y Covadonga, Guillermo y Paula Pitarch Angulo. La querella se presenta en el Supremo porque Ayuso está aforada ante dicho tribunal.

Además de la declaración de los querellados, ALA solicita que acudan como testigos cuatro personas que en la época en que ocurrieron los hechos eran directivos de Avalmadrid –Eva Piera, Juan Luis Fernández-Rubíes, Carlos Ramos Juárez y Christian de la Torre González–; que se envíen mandamientos a las notarías donde se escrituraron las operaciones de transmisión de los bienes, y que se reclame diversa documentación a Avalmadrid. En todo caso, ALA presenta documentos registrales de todos los presuntos alzamientos realizados. La querella la firma Ángeles Chinarro, presidenta de la entidad de abogados progresistas.

El delito de alzamiento

El delito de alzamiento de bienes se recoge en el artículo 257 del Código Penal. Castiga aquella conducta que realiza un deudor con el objetivo de disminuir su patrimonio para frustrar el derecho del acreedor a cobrar su deuda. Se castiga enajenar u ocultar bienes una vez que el acreedor entabla un procedimiento de ejecución, pero también cuando es “previsible” que dicho procedimiento se vaya a iniciar. Así lo explica el Tribunal Supremo en múltiples sentencias donde fija su jurisprudencia sobre el alzamiento [por ejemplo, en las SSTS 4396/2005, de 30 de junio, y 1738/2002, de 11 de marzo].

El autor del delito es quien enajena el bien en perjuicio de sus acreedores y quien lo adquiere es considerado cooperador necesario si conoce el propósito de la transmisión. El alzamiento está castigado con penas de cárcel de uno a cuatro años, que se elevan hasta un máximo de seis años si la deuda que se trata de eludir es de Derecho público y la acreedora es una persona jurídico-pública. La diferente pena es importante a la hora de determinar la prescripción. Cuando la deuda que no se paga es de Derecho Público, la prescripción se produce a los diez años, mientras que en el resto de los supuestos es a los cinco.

La posible prescripción es un elemento clave en relación con la querella de ALA, que se ha presentado justo un día antes de que se cumplan diez años de la donación de los padres de Ayuso a sus hijos (realizada el 7 de octubre de 2011). Si el Supremo entendiese que la deuda que se trató de eludir era de Derecho privado, los hechos habrían prescrito hace cinco años. Pero si considerase que es de Derecho público, la iniciativa de ALA se habría presentado 24 horas antes de que terminase el plazo de diez años.

Por ello, los querellantes ponen especial énfasis en intentar demostrar que los 400.000 euros que recibió (y no devolvió) MC Infortécnica deben considerarse fondos públicos. En primer lugar, porque Avalmadrid es una empresa con participación mayoritaria de la Comunidad de Madrid, que “ejerce el dominio de manera evidente, tanto por su participación en la titularidad de acciones y capital suscrito, como por su gran presencia e incidencia en los órganos directivos”. En concreto, se indica que la Comunidad dispone del 43,21% del capital y cuenta con tres miembros en el consejo de administración, entre ellos su presidente. A ello, continúa ALA, “se le debe añadir la participación accionarial pública y en los órganos de dirección en otro de sus accionistas, Bankia SA, que representa un 41,90% y dispone de tres consejeros”.

En segundo lugar, ALA explica que los fondos con los que se terminó pagando los 400.000 euros no devueltos por los accionistas de MC Infortécnica tienen un origen mayoritariamente público. En concreto, tal y como desveló infoLibre en su día, el dinero salió de las siguientes entidades:

– 206.123,5 euros los abonó la Compañía Española de Reafianzamiento (Cersa), que reavaló la mitad del crédito. Como Cersa es una compañía pública en un 98%, el dinero salió prácticamente en su totalidad de los impuestos de todos los españoles.

– 102.030,5 euros los pagó la Comunidad de Madrid, que reavaló un 25% del préstamo. En este caso el dinero salió del bolsillo de los madrileños.

– 125.198,0 euros los asumió finalmente Avalmadrid. Esa es la cantidad resultante de restar a los 433.352 euros que tuvo que poner inicialmente –el importe del préstamo más intereses y otros gastos–, los 308.154 euros que percibió de los reavalistas. Un dinero que también sale parcialmente de los contribuyentes madrileños, puesto que la Comunidad es el principal accionista de Avalmadrid.

En definitiva, en torno a un 80% del dinero que no pagaron los padres de Ayuso y sus socios, lo pusieron los contribuyentes.

La denuncia que archivó la fiscal Suárez

La querella de ALA es el segundo intento de que la Justicia investigue los hechos protagonizados por la familia de la presidenta madrileña y los socios de sus padres en MC Infortécnica. El primero, protagonizado por Más Madrid, fracasó en la Fiscalía Anticorrupción.

La número dos de la Fiscalía Anticorrupción, Belén Suárez Pantín, dictó el 13 de noviembre de 2019 un decreto archivando la denuncia presentada meses antes por el partido político que lidera Mónica García. Dictó ese decreto sin realizar diligencia de investigación alguna. Pero no solo eso: el breve texto de archivo de la fiscal contiene al menos cinco afirmaciones que son falsas. Entre ellas destaca el hecho de que atribuía al Supremo una jurisprudencia sobre el alzamiento de bienes que es exactamente la contraria de la que sostiene el alto tribunal. También sorprende que Suárez mintiese en su escrito sobre las fechas de los correos que Ayuso envió al director de Relaciones Institucionales de Avalmadrid, un dato que es ciertamente fácil de comprobar.

En todo caso, el archivo de la denuncia de Más Madrid por parte de Anticorrupción ha sido el principal argumento utilizado por el PP para defender que Ayuso jamás realizó actuación irregular alguna. Así lo hizo con insistencia el portavoz de su partido en la comisión de investigación sobre Avalmadrid creada en la Asamblea regional a finales de 2019. También sostuvo que Avalmadrid no es una entidad que tenga carácter público. El dictamen de la comisión, exculpatorio para la presidenta madrileña, finalmente no se debatió en el pleno de la Asamblea al disolverse esta para la celebración de las elecciones del pasado 4 de mayo.

La Comunidad de Madrid registró en 2020 una caída de su producto interior bruto (PIB) del 10,3 %, por debajo de la media nacional, que fue del 11%. En el último trimestre del año creció un 4,4% respecto al anterior. Aun así, el PIB madrileño continúa un 4,6% por debajo del que tenía al acabar 2019, según los datos del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. El batacazo del covid-19 y el confinamiento total se tradujeron en un desplome del 26,4% en el segundo trimestre de 2020 en tasa interanual, que no obstante ha ido recuperándose con un salto del 25,5% en el tercer trimestre –aun así, un 8,1% por debajo del de 2019– y el mencionado 4,4% con que ha cerrado 2020.

Por sectores, la agricultura perdió un 3% en 2020 respecto al año anterior, un 6,5% la industria, un 14% la construcción y un 10,2% los servicios. Y de ellos, los servicios de distribución y hostelería sufrieron el mayor golpe, una caída del 22,2%.

Las caídas del PIB son consecuencia de un descenso del consumo de los hogares que alcanzó el 15,4% el año pasado, y de un recorte en la inversión en vivienda que fue incluso superior, de un 18,2%.

CASI DÉFICIT CERO

En enero de este año, el déficit público de Madrid alcanzaba los 117 millones de euros, un 0,05% de su PIB, lo que le sirvió al consejero de Hacienda, Javier Fernández Lasquetty para presumir de unas “cuentas saneadas” que permiten a la Comunidad “bajar los impuestos, costear unos servicios públicos de la máxima calidad y hacer frente a una catástrofe como la covid-19, sin meterse en deudas”. La media de déficit de las comunidades autónomas el año pasado fue del 0,2%. Pero nueve de las 17 terminaron incluso con superávit, el triple que en 2019, antes de la pandemia. Según las cifras del Ministerio de Hacienda, Andalucía (0,14% del PIB), Aragón (0,17%), Asturias (1%), Baleares (0,23%), Canarias (0,55%), Cantabria (0,51%), Castilla-La Mancha (0,41%), Castilla y León (0,04%) y La Rioja (1,07%) terminaron el año de la pandemia con menos gastos que ingresos.

Para 2021, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) prevé que Madrid tenga un déficit del 0,3%, pese a que carece de información sobre los Presupuestos regionales: Madrid no ha aprobado el proyecto de cuentas ni sus líneas fundamentales para 2021. Para el conjunto de las comunidades autónomas, la AIReF prevé un déficit superior, un 0,8% del PIB.

LA SEGUNDA MENOR DEUDA PÚBLICA

La deuda de la Comunidad de Madrid se sitúa en 34.604 millones, el 15,99% de su PIB, según el Ministerio de Hacienda. Así, la deuda de la región se sitúa como la segunda más baja, tras Canarias –15,09%–. La media de las comunidades es muy superior, el 27,1% del PIB. La AIReF prevé que este ejercicio la deuda baje al 15,1% del PIB, un descenso de ocho décimas pero que aún la dejaría 1,1 puntos por encima de la que registró en 2019, un 13,94%. El motivo del aumento, dice la autoridad independiente, es el “deterioro fiscal de las cuentas en 2019, 2020 y 2021”.

El IPC en Madrid subió este último mes de marzo un 1%, sólo tres décimas por debajo del índice nacional. Todo un rebote tras dos años de decaimiento de la inflación. La Comunidad había terminado 2020 con una inflación negativa de -0,4%, por debajo del promedio nacional, que fue sólo de una décima positiva. El repunte del IPC este último mes ha sido causado por el encarecimiento de los combustibles y la electricidad, aunque también empujó el 4,3% en que subieron los precios del vestido y el calzado.

MÚSCULO MERCANTIL

El efecto capitalidad se muestra fácilmente observando el número de empresas con domicilio social en Madrid. Según el INE, en la Comunidad madrileña se crearon en 2020 un total de 17.964 sociedades mercantiles, el 22,7% de las nacionales. Le sigue Cataluña, con 15.020. Como resultado de la pandemia, la creación de empresas ha sufrido un considerable retroceso. El año pasado se constituyeron 3.820 menos que en 2019, un 17,5% de recorte. Prácticamente el mismo porcentaje de reducción que en Cataluña, un 17,2%. En cambio, en Madrid se disolvieron en 2020 un total de 6.715 empresas, el 33,1% de las que dejaron de existir en España. En 2019, la disolución de sociedades fue mayor en todo el país, afectó a 23.310 empresas, pero las 7.004 que se destruyeron en Madrid representaron el 30% del volumen nacional, tres puntos menos que un año después.

AYUDAS A EMPRESAS

La Comunidad de Madrid acaba de anunciar, en plena campaña electoral, su primera gran convocatoria de ayudas directas a empresas para paliar los efectos de la pandemia. Serán 220 millones de euros, que deberían ayudar a unas 75.000 empresas, sobre todo pymes y empresas familiares, cuya facturación se haya recortado más de un 30%. La cuantía será de entre 3.000 y 200.000 euros. El Gobierno autonómico cita como posibles receptores a peluquerías, academias, talleres, ferreterías, tiendas de muebles, librerías y tiendas de souvenirs.

Hasta el momento, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso se había limitado a dedicar 30 millones de euros para pymes como parte del llamado Plan Madrid ReFuerza y otros 42 millones para autónomos como parte del Programa Impulsa. El grueso de las ayudas ha tomado la forma de avales a las empresas para que éstas pidieran préstamos. Así, a través de la sociedad de garantía recíproca Avalmadrid, ha puesto en marcha tres líneas de avales, una de 44 millones para la hostelería, otra de cuatro millones para restaurantes y tablaos flamencos, y una tercera de 40 millones más para el sector audiovisual y de las artes escénicas.

Según los datos publicados por la propia Avalmadrid, en 2020 formalizó 2.228 nuevos avales, un 61% más que en 2019, por un importe de 112,6 millones de euros. Con motivo de la pandemia, la sociedad de garantías puso en marcha el denominado Plan Confianza, que supuso el 57% de las operaciones realizadas el año pasado.

La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Isa Serra, ha cargado contra los "chanchullos" de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y cree que debe ser juzgada por Avalmadrid [aquí puedes consultar nuestro dosier sobre el caso Avalmadrid] para "acabar con la corrupción".

Serra ha contestado así tras participar en la manifestación Por una ley que garantice la vivienda y después de que el consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, haya declarado que las "mentiras, insultos y descalificaciones" contra Ayuso del candidato de Podemos a la Asamblea de Madrid y vicepresidente segundo del Gobierno central, Pablo Iglesias, le "suenan a amenazas". "Es evidente que Ayuso tiene muchos chanchullos vinculados a la corrupción y uno, por ejemplo, es el caso de Avalmadrid, cuya comisión de investigación en la Asamblea dijo que se había beneficiado de Avalmadrid, que había recibido un trato de favor", ha declarado.

"Por mucho que por ahora los jueces no hayan decidido investigarla creemos que puede ser juzgada y acabar con la impunidad y la protección de la cual se está beneficiando actualmente. Pensamos que para que en este país se acabe con la corrupción también Isabel Díaz Ayuso debe ser juzgada por Avalmadrid", ha concluido.

"Más Madrid cometió un error al decir 'no' precipitadamente"

Asimismo y en otro orden de cosas, Serra cree que Más Madrid cometió un "error" al decir 'no' "precipitadamente" a una candidatura de unidad aunque "lo importante es echar a Isabel Díaz Ayuso del gobierno de la Comunidad". La portavoz morada ha opinado que "es un error haber tomado una decisión tan precipitadamente" porque las dos fuerzas deberían haberse "sentado a hablar porque el objetivo lo merece, echar a Ayuso".

"Es un clamor que por lo menos nos sentáramos a hablar y la decisión de Más Madrid a no concurrir con nosotros a estas elecciones la respetamos pero nos parece apresurada. A partir de aquí lo importante es echar a Isabel Díaz Ayuso del gobierno de la Comunidad e impedir que gobierne con la extrema derecha". Isa Serra también ha llamado a "acabar con décadas de saqueo, de corrupción y hacer por fin un gobierno de izquierdas en la Comunidad, que tanto se necesita".

Califica de "inasumible" la propuesta de vivienda del PSOE

Serra también ha calificado de "inasumible" la propuesta de vivienda del PSOE porque "sigue beneficiando a los grandes propietarios y a los fondos buitre". "Desde luego la propuesta del PSOE es inasumible porque sigue beneficiando a los grandes propietarios y a los fondos buitre y no lo está haciendo con las familias trabajadoras, que son las que necesitan que un Gobierno progresista las proteja y garantice el derecho a la vivienda", ha señalado.

Serra ha llamado a "pararles los pies a los fondos buitre y, sobre todo, hay que cumplir con el acuerdo de Gobierno". "No puede ser que la gente no tenga para pagar el alquiler, que haya tantas familias desahuciadas diariamente y no puede ser que las grandes constructoras manden tanto en este país", ha insistido.

Para la portavoz de Podemos en la Asamblea, el PSOE ha cambiado de posición porque "siempre ha estado sosteniendo este modelo productivo basado en la especulación de la vivienda". "Gracias a que Unidas Podemos está en el gobierno hemos conseguido llegar a un acuerdo pero no porque ellos quisiesen sino porque nosotros hemos presionado gracias a la movilización social para que se garantice el derecho a la vivienda", ha declarado.

Ahora el PSOE "ha decidido incumplir ese acuerdo, que es la base del gobierno de coalición pero también una promesa con la ciudadanía para garantizar el derecho a la vivienda". "Es evidente que se tienen que echar atrás", ha declarado, tras añadir que el gobierno de coalición "es lo mejor que le ha pasado a este país desde luego en función de lo que ha votado la ciudadanía y hay que cuidarlo".

El exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega ha reafirmado este martes que Avalmadrid concedía avales "por orden" de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre.

Ortega ha comparecido ante la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades y trato de favor por parte de Avalmadrid de la Asamblea de Madrid desde prisión, donde cumple su condena de 40 años en relación con la trama Gürtel.

La comparecencia se ha producido a petición del Grupo Parlamentario Socialista, tras la última declaración de Ortega en sede judicial como testigo en el marco de la investigación de la operación Púnica, en la que se ha ratificado, y ha afirmado que no ha faltado a la verdad en ningún momento, informa Europa Press.

En dicha declaración vinculó a Avalmadrid con la financiación irregular del PP a través de Imade (Instituto Madrileño de Desarrollo), entidad partícipe de Avalmadrid.

En concreto, ha detallado que le consta que "a algunas personas cercanas al entorno del PP se le concedieron préstamos", aunque ha dicho que el único nombre que recuerda es el del empresario Juan Miguel Madoz.

Ortega ha pedido que le remitan documentación sobre los expedientes estudiados para poder colaborar con la Comisión de Investigación sobre Avalmadrid de la Asamblea de Madrid, creada a raíz de las informaciones sobre la concesión de un crédito a la empresa del padre de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En este sentido, Ortega ha reafirmado que supuestos financiadores del PP "en contraprestación, sobre todo el señor Madoz, obtuvo préstamos de Avalmadrid".

Al exalcalde de Majadahonda le consta que eso era así porque como presidente de la empresa Pública Mercado Puerta de Toledo, que también dependía de IMADE, asistió a alguna reunión en la que se comentó que había que ir a la sesión del "consejo o como se llamase" de Avalmadrid porque "había que atender una serie de directrices que venían de arriba".

En concreto, ha afirmado que las órdenes venían de Esperanza Aguirre, y ha explicado que si bien no pudo "escuchar la llamada" de la presidenta directamente, "decir que era por orden de la presidenta sí", y por parte del "gerente de IMADE", que era Aurelio García de Sola, quien también estaba citado a comparecer en la misma sesión de la Comisión de Investigación sobre Avalmadrid pero no ha sido localizado.

Ortega ha insistido en que en reuniones de coordinación del IMADE que se celebrabran semanalmente o mensualmente, pero con mayor frecuencia que mensualmente, se comentaba que había que ir a Avalmadrid porque "va el aval de fulanito o el aval de tal empresario".

En respuesta a una pregunta del portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà, Ortega ha señalado que ha visto a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en algún acto, pero no ha cruzado palabra con ella.

Ortega fue presidente de la empresa pública Mercado de Puerta de Toledo entre 2005 y 2009, cuando dimitió a petición de Esperanza Aguirre, que fue quien tras abandonar la Alcaldía de Majadahonda le dio a elegir entre una serie de cargos, entre los que se encontraba el del Mercado Puerta de Toledo.

Durante su etapa en la empresa pública Mercado Puerta de Toledo, los consejeros de Economía de la Comunidad de Madrid fueron Fernando Merry del Val y Antonio Beteta.

Ortega ha declarado que si bien Avalmadrid es una empresa privada tenía la "sensación" de que "formaba parte de la Comunidad de Madrid", y de que las personas de IMADE que participaban en el consejo de administración eran "simple correa de transmisión" del Gobierno regional.

No obstante, ha asegurado que nunca ha estado en un consejo de administración de Avalmadrid y que desconoce su funcionamiento. "Puedo contar lo que he vivido, lo que he visto, lo que he oído", ha aclarado.

El PP no el da "ninguna credibilidad" 

El portavoz del PP en la Comisión, Pedro Muñoz Abrines, ha constatado que el periodo de estudio de la Comisión es entre el año 2008 y el 2018, por lo que durante la mayor parte del tiempo Ortega ni siquiera estaba en Mercado Puerta de Toledo.

Asimismo, ha asegurado que se trata de un testimonio "de oídas" que "no tiene valor probatorio", así como que las declaraciones "no son coherentes" con el funcionamiento de Avalmadrid, ya que el consejo de administración "no tenía competencia para otorgar avales", por lo que ha concluido que no tiene "ninguna credibilidad".

El portavoz de Podemos, Jacinto Morano, ha destacado que lo que queda claro con las declaraciones de Ortega es que responsables políticos designados por Esperanza Aguirre "tenían capacidad de intervenir en las operaciones de Avalamadrid" e "intervenían de acuerdo a las órdenes de la presidenta de la Comunidad de Madrid, no según un criterio económico".

En este sentido, Perpinyà ha destacado que la comisión no puede terminar sus trabajos "porque falta que Esperanza Aguirre comparezca".

Desde Vox, José Luis Ruiz Bartolomé ha destacado que tanto los gerentes del IMADE como el consejero delegado de Avalmadrid estaban nombrados a sugerencia de la Comunidad de Madrid.

El portavoz de Cs, Enrique Martínez Cantero, ha recalcado las "fallas éticas" de las administraciones públicas españolas durante muchos años, para manifestar que "el valor con el que se tomaban las decisiones era el valor del amiguismo".

Desde el PSOE, Pilar Sánchez Acera, ha acusado al PP de "utilizar las instituciones y cualquier herramienta al servicio de las instituciones para beneficio propio", y ha subrayado que Aguirre era "no solo conocedora sino parte activa de esta trama".

En la sesión ha comparecido también Alfonso Cabeza Navarro, administrador único de la empresa Racmo Gestión España, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, al objeto de informar sobre los informes emitidos para Avalmadrid, pero ha rechazado responder a la mayoría de las preguntas acogiéndose al secreto profesional.

Aquí puedes consultar el dossier de infoLibre sobre el caso Avalmadrid

El expresidente de Avalmadrid Juan Manuel Santos-Suárez volvió este martes a la Asamblea de Madrid para aclarar las declaraciones, que entraban en contradicción con los documentos en poder de infoLibre, que hizo hace justo un año en la comisión de investigación sobre las presuntas irregularidades cometidas en la sociedad de garantías de la que la Comunidad de Madrid es el accionista mayoritario con más del 26% del capital. A lo largo de las casi dos horas en las que se ha prolongado la comparecencia, el expresidente de la entidad ha reconocido que se erró en las afirmaciones que hizo en su momento. "Tengo que decir que me equivoqué. Me falló la memoria", fue la respuesta que dio en los primeros compases de su intervención ante los diputados, en la que se mostró algo más cauteloso con todas las cuestiones que casi un año después se le plantearon relativas a su paso por la presidencia de Avalmadrid.

En concreto, había dos contradicciones manifiestas que aclarar. La primera, centrada en la operación de aval de 400.000 euros concedido en 2011 a MC Infortécnica SL, compañía propiedad de cuatro matrimonios, entre los que estaban los padres de la actual presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, contra la que Avalmadrid no actuó a pesar de que no devolvió ni un euro –es más, se permitió que los avalistas se deshicieran de todos sus bienes–. Durante su primera comparecencia, Santos-Suárez se desentendió por completo de ese aval, asegurando que no había asistido a ninguna reunión del Comité de Morosidad donde analizan los pagos. Sin embargo, su nombre y su firma sí que constan en el acta de una de ellas, del 2 de abril de 2012, en la que se analizó justamente el expediente de MC Infortécnica SL.

"Como dije, yo no solía asistir al Comité de Morosidad", ha comenzado Santos-Suárez. Sin embargo, tras eso reconoció directamente que, tal y como figura en el acta, él sí que acudió a aquella reunión en concreto. "Está mi firma y es mía. Por tanto, acudí. Tengo que decir que me equivoqué, me falló la memoria", comenzó señalando a preguntas del Grupo Parlamentario Unidos Podemos. Y, en la misma línea, continuó en un intercambio tenso con la diputada del PSOE Pilar Sánchez Acera. "Yo creía que no había asistido, pero no tenía el acta. Ustedes sí que la tenían y me la tenían que haber enseñado entonces. Usted lo que hizo fue ponerme la zancadilla para que quedara como mentiroso. Simplemente me equivoqué, porque no tengo una memoria de elefante", respondió irritado Sántos-Suárez.

Otra cuestión pendiente de aclarar era la relativa a si, en 2012, había mantenido contacto con algún miembro de la Comunidad de Madrid. La pregunta, que le hizo el diputado de Más Madrid Eduardo Gutiérrez, fue clara: ""¿Usted se dirigió en algún momento, del 2012, a algún alto cargo del Gobierno de la Comunidad de Madrid diciendo que Avalmadrid tendría que ser disuelta o bien habría que aportar 10 millones de euros?". "No. Nosotros nunca nos dirigimos... Evidentemente, en el Consejo de Administración –y estaba perfectamente enterado– estaba el viceconsejero de Economía en esa época", fue la respuesta que dio Santos-Suárez.

Sin embargo, los correos publicados posteriormente por este diario pusieron de manifiesto que faltó a la verdad. El 24 de julio de 2012, a las 12:23 horas, escribió un correo a Eva Piera –entonces viceconsejera de Economía de Aguirre– en el que aseguraba que la morosidad estaba creciendo "a unos niveles alarmantes". "La primera decisión es si los socios protectores van a apoyar financieramente a AVM. Si no fuese así, deberíamos dejar de operar inmediatamente y reestructurar la sociedad o disolverla, vendiendo la cartera de riesgos", advertía Santos-Suárez, quien un poco más adelante indicaba las medidas que se debían adoptar si se quería mantener Avalmadrid operativa: una de ellas era que los socios protectores, incluyendo la Comunidad, realizasen aportaciones al capital "por un importe que puede llegar a 10.000.000 €" en 2013.

"Yo lo comunique, evidentemente, a algún alto cargo porque formaban parte del Consejo de Administración de Avalmadrid. El Consejo de Administración estaba perfectamente informado. Si yo me dirigí o no a Piera para eso, pues no sé si lo hice de forma directa o formaba parte del conjunto de consejeros que formaban parte del Consejo de Administración. Puede ser que me dirigiese [a la Comunidad de Madrid] no sólo como miembro, sino también como socia protectora. Puede ser que me dirigiese específicamente a ellos. Si les mandé un email o no, no me acuerdo. Pero ustedes lo saben perfectamente porque tienen los emails", se limitó a responder al respecto.

Aprovechando su vuelta a la Asamblea, los diputados también han dedicado buena parte de la comparecencia a preguntarle por otras cuestiones relativas a las supuestas irregularidades en Avalmadrid. Así, le cuestionaron, por ejemplo, por el informe del Banco de España y las recomendaciones que llegaron desde el supervisor para reducir el riesgo después de detectar que "el 1,7% de los acreditados/avalados" contaban con un "riesgo individual" que superaba el millón de euros y acumulaban "el 30,6% de los riesgos en vigor a diciembre de 2011". "Cuando llega, se acordó en el Consejo de Administración reducir el tamaño máximo de las operaciones. Se redujo el tamaño de una manera significativa", dijo al respecto, recordando que la comunicación del Banco de España sólo y exclusivamente eran "recomendaciones".

También se le insistió mucho por una misiva que en febrero de 2010 mandó a Santos-Suárez el entonces consejero de Economía y Hacienda de Madrid, Antonio Beteta, en la que le recordaba la importancia económica que tenía el Grupo Marsans, sobre el que se iban a estudiar una serie de "posibles operaciones" en la próxima reunión ordinaria de Avalmadrid. "Quisiera destacar que este grupo, fundado hace más de un siglo, emplea a más de 10.000 trabajadores a nivel nacional de forma directa o indirecta, de los que 4.000 están situados en nuestra región, lo que da idea de la importancia del empleo que genera. [...] Rogándote tengas estos datos en consideración, recibe un afectuoso saludo", recogía la misiva.

Contra el criterio de los técnicos, Avalmadrid entregó 3,3 millones de euros en avales para el empresario Gerardo Díaz Ferrán dos semanas después de aquella carta. "Fue una mera recomendación", se limitó a decir el expresidente de la sociedad de garantías y que en ningún caso se sintieron "obligados a conceder ese aval". De hecho, ha dejado claro a preguntas del Grupo Parlamentario de Ciudadanos que "nunca" se han modificado "criterios técnicos para beneficiar a una compañía. "¿Nunca le pidieron ningún favor?", le insistió la diputada naranja. "Todo lo que me pedían les decía que lo canalizasen por el departamento comercial. [...] Nunca he condicionado una decisión para que el analista viese con ojos distintos ninguna operación concreta", sentenció.

Los diputados de la comisión de Avalmadrid en la Asamblea se encontraron este martes con un muro. Comparecían tres de las personas con mayor poder en la sociedad de garantías en la etapa en que se cometieron operaciones presuntamente irregulares, entre cuyos beneficiados se encuentran Isabel Díaz Ayuso y su familia. Y los tres boicotearon de forma sistemática los intentos de los diputados por hacer su trabajo. Lo hicieron además con una actitud que en algunos momentos rayó la prepotencia o la condescendencia con sus señorías, hasta el punto de que dos diputados dejaron de preguntar. Y no eran de los partidos de la oposición, sino uno de Ciudadanos y otro de Vox, las formaciones que sostienen a Ayuso. Un hecho que explica perfectamente la actitud con la que llegaron los comparecientes a la Asamblea.

Claro que por muy aprendida que alguien lleve la lección de no soltar palabra, en un interrogatorio de casi dos horas siempre puede haber algún momento en el que te traiciona el subconsciente. Un ejemplo: después de contestar decenas de veces que no recordaba absolutamente nada de ninguna operación aprobada por Avalmadrid, cuando el interrogatorio del diputado de Más Madrid Eduardo Gutiérrez estaba llegando a su final, al exdirectivo Carlos Ramos se le escapó lo siguiente: “No sancioné la operación, no la supervisé”, en clara referencia al préstamo de 400.000 euros que recibió la empresa de los padres de Ayuso. “¿De qué operación habla?”, inquirió perspicaz Gutiérrez, sorprendido ante el hecho de que el compareciente hubiese olvidado absolutamente todo de todo, pero recordase de repente que él no había ni sancionado ni supervisado justo el aval con MC Infortécnica. Ya no hubo respuesta, la desmemoria se apoderó de nuevo de Ramos.

Carlos Ramos, sin memoria

El primer compareciente fue Carlos Ramos Juárez, quien en la época de la mayoría de los hechos que investiga la Asamblea era el número tres de Avalmadrid en calidad de director de Relaciones Institucionales.

Carlos Ramos mantuvo durante dos meses un intercambio de correos con Isabel Díaz Ayuso en relación con el préstamo de 400.000 euros que Avalmadrid había garantizado a la empresa MC Infortécnica, propiedad de los padres de la dirigente del PP y de otros seis socios a partes iguales. La operación se firmó el 15 de marzo de 2011 y en ese momento la compañía ya atravesaba una grave situación financiera. Tan grave que sólo tres meses después, a finales de junio, dejó de pagar a sus trabajadores. Ayuso se interesó entonces por el asunto, ante la posibilidad de que sus padres perdiesen el patrimonio ya que eran avalistas solidarios del crédito. Como intermediaria actuó Eva Piera – compañera suya en las listas del PP, viceconsejera de Economía del Gobierno de Esperanza Aguirre y miembro del consejo de administración de la propia Avalmadrid–, que fue quien puso a Ayuso en contacto con Carlos Ramos.

“No recuerdo si he hablado o intercambiado mails con Ayuso”, afirmó Ramos en una de sus primeras respuestas a la diputada de Unidas Podemos, Isa Serra. Y de ahí no se salió en dos horas Ramos, un hombre ciertamente desmemoriado si hubiese que creer sus palabras de ayer. “Yo no recuerdo absolutamente nada de lo que hice en 2011”, llegó a decir, aunque eso sí, al mismo tiempo aseguró que siempre había actuado con la máxima honradez. Cómo sabe que siempre fueron legales las actuaciones de las que no recuerda ni el más mínimo detalle es algo que no explicó a los diputados.

Su insistencia en la desmemoria rozó alguna vez la caricatura. Por ejemplo, sostuvo que se había enterado de quién era Isabel Díaz Ayuso cuando la nombraron en 2018 candidata a la Presidencia de la Comunidad. O sea que, según Ramos, cuando Piera le pide por escrito el 13 de julio de 2011 que atienda a Ayuso, después de tener previamente una conversación telefónica dándole los detalles del asunto, le oculta que dos días después Ayuso se va a convertir en diputada autonómica del PP. Y luego Ramos mantiene una relación epistolar durante meses con Ayuso y en ningún momento sale en la conversación que es diputada, ni él se preocupa por saber con quién está hablando. Una despreocupación ciertamente asombrosa, Código Penal en mano, porque no es lo mismo otorgar un trato de favor a un ciudadano anónimo que a alguien que tenga consideración de “autoridad” (como los diputados autonómicos).

Carlos Ramos, según demuestran los correos publicados por infoLibre, pidió informes de solvencia financiera de los padres de Ayuso y de su grupo empresarial a otros empleados de Avalmadrid para entregárselos a la dirigente del PP. Y en el asunto del primer correo donde reclamaba esa información, escribió que el encargo venía de “Presidencia Comunidad de Madrid”. ¿Por qué escribió eso si no sabía quién era Ayuso? “Probablemente, la referencia había venido por la Presidencia. Me imagino”, contestó.

Ramos resaltó que no ha tenido acceso a los correos publicados por infoLibre, así que desconoce "la fuente" y no sabe si son de él. También insistió en que la información que había pedido en Avalmadrid para facilitársela luego a Ayuso era “pública”, algo que no es cierto, al menos en lo referente a los informes de solvencia de Asnef (Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito) y por supuesto tampoco respecto a los detalles del aval solidario que habían firmado sus padres con la sociedad gestora. “Si la información era pública, ¿por qué se la pide Ayuso a usted?, le preguntaron varios diputados.

La desmemoria de Ramos es prácticamente universal. Sergio Brabezo, portavoz de Ciudadanos en la comisión, intentó que le explicase las operaciones que beneficiaron al grupo empresarial de Gerardo Díaz Ferrán con el aval del entonces consejero de Economía, Antonio Beteta. “Mis inquietudes van por otra parte que saber quién era Díaz Ferrán o Beteta”, dijo Ramos. Si la respuesta la hubiese dado un DJ de Ibiza podría tener sentido, pero en boca de la persona encargada de la Relaciones Institucionales de Avalmadrid realmente sonaba a recochineo que sus “inquietudes” no incluyeran al consejero de Economía de la comunidad o al presidente de la patronal. Así lo entendió el diputado Brabezo: “Debido a que no hay ningún tipo de colaboración, doy por terminada mi intervención”, explicó enfadado. En el turno de repreguntas lo volvió a intentar, y la cosa terminó aún peor. Ante la desfachatez de Ramos al afirmar que no tenía “absolutamente nada que ocultar”, después de decir una y otra vez que no recordaba nada de nada, Brabezo estalló: “No me tome por estúpido”.

No tuvo mejor suerte la diputada Pilar Sánchez-Acera, que también se topó con la desmemoria total de Ramos. La portavoz socialista aseguró que las actuaciones que desvelan los correos constituyen “tráfico de influencias” y le recordó a Ramos que había formado parte “de un entramado que decidía”, en conexión con consejeros del Gobierno Aguirre, “a quién le daba operaciones Avalmadrid y a quién no”. Y curiosamente, entre los beneficiados por créditos millonarios que no fueron devueltos, estaban empresarios que financiaban ilegalmente al PP como Gerardo Díaz Ferran o Arturo Fernández.

Cuestión aparte merecen las intervenciones de Alicia Sánchez-Camacho, la portavoz del PP, quien puso mucho más entusiasmo en la defensa de los comparecientes que ellos mismos. Lo hizo, eso sí, recurriendo a mentiras y medias verdades. Un ejemplo de mentira: aseguró que se habían realizado “todos los trámites” para la ejecución de los avales puestos por los padres de Ayuso. La verdad es que sólo se actuó contra una nave hipotecada en un pueblo de Ávila, pero no se hizo absolutamente nada contra el resto de los bienes que tenían. De hecho, esa pasividad de Avalmadrid es la que ha permitido a Ayuso apropiarse de un piso en el centro de Madrid, que sus padres le donaron para evitar que fuese embargado para responder de los 400.000 euros. Un ejemplo de media verdad: sostuvo que con la nave en el pueblo abulense embargada al padre de Ayuso, Avalmadrid había recuperado “130.000 euros”. Esto, a día de hoy, es imposible de saber porque la sociedad de garantías no ha podido revender la nave. Lo único cierto es que, de momento, más de 350.000 euros del pufo dejado por MC Infortécnica en Avalmadrid han salido del bolsillo de los contribuyentes, a través de Cersa –compañía estatal que reavaló el 50% del préstamo– y de la propia Comunidad de Madrid, que reafianzó otro 25%. Ese dato incontestable lo obvió la diputada del PP.

Sánchez-Camacho recurrió además, una y otra vez, al decreto de la Fiscalía Anticorrupción que archivó el pasado mes de noviembre la denuncia presentada por Más Madrid contra Ayuso por estos hechos. Como demostró infoLibre, el escrito de la número dos de la Fiscalía Anticorrupción –Belén Suárez Pantín– manipulaba la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el alzamiento de bienes y falseaba fechas de correos enviados por Ayuso a Avalmadrid, para poder llegar así a la conclusión de que no había indicios de delito.

Fernández-Rubíes no habla de “operaciones concretas”

Juan Luis Fernández-Rubíes era el primer ejecutivo de Avalmadrid –primero como consejero delegado y luego como director general– cuando se aprobó la operación con MC Infortécnica y otras muchas que terminaron siendo “fallidos” –las empresas no devolvieron el dinero– con personajes relevantes como Díaz Ferrán o que tenían una vinculación directa con la sociedad de garantías.

El diputado de Vox, José Luis Ruiz Bartolomé, aprovechó su primera intervención para destacar la relación de cercanía entre el compareciente y el expresidente de la Comunidad Ignacio González, imputado en el caso Lezo como presunto capo de una trama de corrupción. En concreto, le preguntó a Fernández-Rubíes si veía “alguna relación” entre el hecho de que aterrizase en Avalmadrid pocos meses después de que González llegase a la Presidencia madrileña y fuese despedido pocos meses después de que González perdiese dicho cargo. “La que usted vea”, contestó en tono agrio. “¿Usted sabe quién es el padrino de la primogénita de Ignacio González?”, inquirió Ruiz. “Mi hermano”, confesó el compareciente.

Varios diputados frenaron en seco el intento de Fernández-Rubíes de colgarse medallas por su gestión al frente de Avalmadrid, recordándole que fue sancionado con 45.000 euros por el Banco de España por las deficiencias de su gestión. “Esa sanción está recurrida en el contencioso”, acertó a responder como defensa.

En todo momento el antiguo primer ejecutivo de Avalmadrid se negó a responder preguntas sobre “operaciones concretas”, arguyendo un deber de confidencialidad legal. “¿Era normal que no se ejecutasen los avales en caso de impago?”, preguntó de forma genérica Sol Sánchez (Unidas Podemos), aunque todo el mundo sabía que se estaba refiriendo a la pasividad ante los padres de Ayuso, que permitió a estos donar los inmuebles que tenían a sus hijos mientras Avalmadrid no hacía nada. Lo normal era “ejecutar diligentemente los avales”, contestó Fernández-Rubíes, sin aclarar por qué no se hizo en el caso de MC Infortécnica.

Eduardo Gutiérrez (Más Madrid) le recordó que, después de despedirlo en 2016, el nuevo consejo de administración de Avalmadrid denunció ante la Fiscalía una serie de operaciones de las que era máximo responsable Fernández-Rubíes, al entender que podían ser delictivas. La Fiscalía no entró en el fondo del asunto porque entendió que los hechos estaban prescritos. Así lo indicó el compareciente, quien aseguró que no sabía ni por qué lo habían despedido ni por qué lo había denunciado el propio consejo de Avalmadrid ante la Fiscalía.

A preguntas de Sánchez-Acera (PSOE) indicó que le parecía “normal” que consejeros del Gobierno de Aguirre se dirigiesen a él interesándose por determinadas operaciones, aunque insistió en que él jamás había “modificado” su opinión por una presión política y que siempre actuó de acuerdo con los procedimientos legales.

Eva Piera y su "actividad ordinaria"

Eva Piera repetía comparecencia ante el mismo foro. La primera fue el 17 de diciembre, y tal y como demostró documentalmente infoLibre, mintió en varias de sus afirmaciones. Así que la comisión decidió volver a citarla para que explicase las contradicciones entre su testimonio y lo que desvelaban los correos publicados por este periódico.

El Código Penal, en su artículo 502, castiga "con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses" a quien, convocado ante una comisión parlamentaria de investigación, "faltare a la verdad en su testimonio".

Eva Piera era una persona clave en el equipo económico de Esperanza Aguirre. Además de ser viceconsejera de Economía, presidió primero y fue consejera después de Avalmadrid y también estuvo al frente de Capital Riesgo Madrid (CRM). En su intervención de diciembre, afirmó hasta en nueve ocasiones que ella jamás había tenido conocimiento de "operaciones concretas". "No tengo conocimiento ni nunca lo he tenido de operaciones concretas en Avalmadrid", aseguró una y otra vez. [Puedes consultar aquí esa primera comparecencia íntegra de Eva Piera]

Los correos publicados por infoLibre desvelaron que la realidad era exactamente la contraria. Eva Piera pedía información de manera habitual sobre determinadas operaciones de Avalmadrid a sus principales directivos. Sólo en el periodo que va de septiembre de 2011 a febrero de 2012, se interesó por 18 operaciones concretas, en algunos casos de forma reiterada. En uno de los mensajes que intercambia con Fernández-Rubíes, llega a mostrar cierto cansancio por la gran cantidad de favores que le toca gestionar: "En fin, ya ves, para la tarde, los recados de siempre... Siento estar tan decaída y transmitirlo con tanta crudeza como lo hice ayer, pero hay días donde ya es mucho el cúmulo del cansancio, los problemas y ni una buena noticia, y los pedidos de interés...", escribió el 26 de octubre de 2011. El entonces consejero delegado le contesta en la misma línea: "En definitiva, y también en mi caso el cansancio, los problemas, el no haber una sola buena noticia, los pedidos de interés 'infumables' son una constante".

A la vista de que lo que estaba en juego en esta segunda comparecencia era si había cometido o no un delito en diciembre, Piera se presentó con una intervención escrita, que leyó siempre que tuvo oportunidad y que se resumen en dos ideas básicas: sus palabras de diciembre fueron “sacadas de contexto” –no explicó cómo se podía sacar de contexto una afirmación que repitió hasta en nueve ocasiones de forma rotunda tal y como consta en el diario de sesiones– y lo que pedía en los correos desvelados por infoLibre eran meras “notas informativas previas” para reuniones que tenía con empresas que querían información sobre las líneas de ayuda de Avalmadrid.

Todo ello aderezado con referencias a que no había tenido acceso a los correos, así que no podía pronunciarse sobre ellos, y que no podía hablar de operaciones concretas.

La actitud de Piera exasperó a varios diputados. Jacinto Morano (Unidas Podemos) llegó a retirar una pregunta, ante la insistencia de la compareciente en leer lo que traía escrito y que nada tenía que ver con la cuestión planteada por Morano. Y el portavoz de Vox, Ruiz Bartolomé, dejó directamente de preguntar cuando no llevaba ni la mitad del tiempo consumido.

Eduardo Gutiérrez (Más Madrid) puso el énfasis en otra de las presuntas falsedades de Piera en su intervención de diciembre. Entonces afirmó que había puesto a Ayuso en contacto con Ramos en julio de 2011 para que le facilitara información sobre los productos que ofrecía Avalmadrid, cuando en realidad MC Infortécnica ya había cerrado y escriturado la operación con la sociedad de garantías cuatro meses antes. Para intentar salir de esa contradicción, Piera recurrió esta vez a la ignorancia: “Desconocía que [MC Infortécnica] tenía una operación ya concedida”.

De ser cierto lo que dijeron en sus intervenciones este martes, ciertamente al frente de Avalmadrid había un equipo de directivos con una acusada falta de interés por lo que ocurría a su alrededor: Piera hace de intermediaria entre Ayuso y el número tres de Avalmadrid, pero ni siquiera le pregunta a su compañera de lista electoral por qué necesita ese contacto, y Ramos atiende a Ayuso durante dos meses sin enterarse de que es una diputada en la Asamblea de Madrid.

Sánchez-Acera, en fin, desmontó la versión de las “notas informativas previas” leyéndole uno de los correos publicados por este periódico en el que presionaba para que se concediese un aval aunque fuese bajando el importe de la operación. Y la diputada socialista también aprovechó hábilmente que Piera había insistido en que toda su actividad respecto a Avalmadrid debía “enmarcarse en su actividad ordinaria” como viceconsejera de Economía de la Comunidad, para anunciar que pediría de nuevo la comparecencia de los presidentes madrileños en la comisión, hasta ahora vetada por la Mesa de la Asamblea que controlan PP y Cs con el argumento de que Avalmadrid no dependía del Gobierno autonómico.

La comisión sobre Avalmadrid en la Asamblea autonómica, que investiga operaciones presuntamente irregulares de las que se beneficiaron entre otros Isabel Díaz Ayuso y su familia, se reactiva este martes después de medio año de parón a causa de la pandemia. Y lo hace con tres testimonios clave: Carlos Ramos, el directivo a quien Ayuso solicitó información privilegiada sobre un préstamo concedido a la empresa de sus padres y sobre diversos negocios de los socios de su familia; Eva Piera, quien comparece por segunda vez ante la comisión, después de que en la primera realizara afirmaciones falsas sobre su actuación como presidenta y consejera de Avalmadrid, y Juan Luis Fernández-Rubíes, principal ejecutivo de la entidad en su época más turbia.

La Asamblea madrileña creó en 2019 una comisión sobre Avalmadrid, una sociedad de garantías donde la Comunidad de Madrid es el accionista mayoritario con más del 25% del capital, porcentaje similar al que tiene Bankia. Entre los capítulos más escandalosos está, según desveló infoLibre, lo ocurrido con una operación de aval de 400.000 euros concedido en 2011 a MC Infortécnica SL , compañía propiedad de cuatro matrimonios, entre los que estaban los padres de la actual presidenta madrileña. MC Infortécnica no devolvió ni un euro, pero Avalmadrid no actuó contra los socios de la empresa, a pesar de que habían afianzado con todo su patrimonio personal la operación. No sólo eso, sino que Avalmadrid permitió que los avalistas se deshicieran de todos sus bienes sin responder de los 400.000 euros.

¿Y quién ha terminado pagando esos 400.000 euros? Pues la inmensa mayoría, los contribuyentes: 206.123 los abonó la Compañía Española de Reafianzamiento (Cersa), que tiene un 98% de capital público; 102.030 euros los pagó directamente la Comunidad de Madrid, a través de un contrato de reaval de una serie de operaciones realizadas en 2011, y 125.198 euros los asumió Avalmadrid, donde el Gobierno madrileño también pone parte del dinero. La suma asciende a 433.352 euros porque además del importe del préstamo incluye los intereses de demora y otros gastos generados por el aval. En otras palabras: el pufo que dejaron en Avalmadrid la familia Ayuso y sus socios le ha costado a los contribuyentes algo más de 350.000 euros.

Isabel Díaz Ayuso se apropió de un piso en el centro de Madrid, que le donaron sus padres para evitar el embargo, y su hermano hizo lo mismo con una casa en Sotillo de la Adrada (Ávila). La número dos de la Fiscalía Anticorrupción –Belén Suárez Pantín– decretó el pasado mes de noviembre el archivo de una denuncia de Más Madrid, mediante un escrito en el que manipulaba la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el alzamiento de bienes y falseaba fechas de correos enviados por Ayuso a Avalmadrid. [Puedes consultar aquí todas las informaciones de este periódico sobre el caso Ayuso, una de principales ramas del caso Avalmadrid].

Carlos Ramos, Eva Piera y Juan Luis Fernández-Rubíes son tres de los personajes más relevantes en este escándalo y, especialmente, en todo lo relacionado con el trato de favor a la familia Díaz Ayuso. infoLibre repasa a continuación su papel en esta historia.

Carlos Ramos: el interlocutor de Ayuso en Avalmadrid

Avalmadrid firmó la operación de préstamo de 400.000 euros con MC Infortécnica el 15 de marzo de 2011. En ese momento la compañía ya atravesaba una grave situación financiera. Tan grave que sólo tres meses después, a finales de junio, dejó de pagar la nómina a sus trabajadores. Este hecho despierta las alarmas de Isabel Díaz Ayuso –que en julio de aquel año se convertiría en diputada autonómica–, ante la posibilidad de que sus padres pierdan el patrimonio ya que eran avalistas solidarios del crédito. Y decide recurrir a Eva Piera, quien entonces era viceconsejera de Economía del Gobierno de Esperanza Aguirre, diputada regional y miembro del consejo de administración de la propia Avalmadrid, entidad que había presidido entre 2006 y 2008.

El 13 de julio de 2011, Eva Piera le envía un breve correo electrónico al responsable de Relaciones Institucionales de Avalmadrid, Carlos Ramos, en el que le facilita el número de teléfono de Ayuso, dándole "mil gracias por anticipado". De este mensaje se deduce, obviamente, que Piera ya había hablado antes con él para explicarle de qué iba el asunto.

Carlos Ramos era en aquel momento el número tres en el escalafón de la entidad, sólo por detrás del presidente, Juan Manuel Santos-Suárez, y del consejero delegado, Juan Luis Fernández-Rubíes. De hecho, Ramos era la persona de máxima confianza de Santos-Suárez, según confesó este último cuando compareció en diciembre del año pasado ante la comisión creada en la Asamblea.

El 14 de julio de 2011, a las 16:12 horas y por medio de un correo que lleva como asunto "Datos MC Infortécnica", Ayuso se pone en contacto con Ramos. Le aporta los datos identificativos de sus padres y de varias empresas del Grupo MC, entre ellas MC Infortécnica SL. "La relación entre socios es cordial hasta la fecha y lo seguirá siendo con seguridad. Aunque mi familia no quiere más que estar tranquila, jubilarse y tener una casa donde vivir y llevar la enfermedad de mi padre. Es todo muy difícil", escribe Ayuso, cuyo interés es conocer la solvencia económica de las empresas del Grupo MC por si un imposible impago del préstamo puede afectar al patrimonio familiar. Así queda en evidencia de forma inequívoca cuando indica que la preocupación de su familia es “tener una casa donde vivir”.

A las 16:32, Carlos Ramos le responde: "Isabel, he pedido los informes, mañana hablamos". Es decir, el alto cargo de la entidad controlada por la Comunidad de Madrid se pone a trabajar para obtener información a la que sólo puede acceder por el puesto donde trabaja para facilitársela a Ayuso.

"Un abrazo. Gracias", responde dos minutos después Ayuso. Al día siguiente, 15 de julio, se convierte en diputada por el PP en la Asamblea autonómica.

Otro dato relevante es que Carlos Ramos trató dentro de Avalmadrid la solicitud de datos de Ayuso como si fuera un encargo de "Presidencia de la Comunidad de Madrid". Aquel 15 de julio, a las 11:26, envió un correo a una empleada de la entidad solicitando parte de los datos que reclamaba la política del PP. Y en el "asunto", Ramos indicó: "RV: Datos MC Infortécnica (Presidencia Comunidad Madrid)". Si algún diputado le pregunta este martes, Ramos tendrá la oportunidad de aclarar por qué asoció la empresa de los padres de Ayuso con la Presidencia que entonces ejercía Esperanza Aguirre. Unos años antes, Ayuso había trabajado en el gabinete de la presidenta madrileña.

Ayuso y Ramos mantuvieron la comunicación al menos durante dos meses. En los correos que la política del PP le envía en septiembre –todos ellos desvelados por infoLibre–, la idea que transmite sobre los socios de su padre ya es muy diferente. Para entonces ya sabe que MC Infortécnica está en quiebra. La cordialidad eterna que Ayuso preveía en junio se había transformado en sospechas de traición en septiembre. En concreto, Ayuso creía que los tres socios de sus padres –José Luis Marcelino, José Manuel Pitarch y Juan Carlos Herrero– formaban parte de una trama para dejar morir al Grupo MC y montar otras empresas dedicadas a la misma actividad.

El 14 de septiembre, por ejemplo, Ayuso envía al menos cuatro correos a su contacto en Avalmadrid. "¿Podemos saber a quién facturan?", inquiere Ayuso a Ramos a las 18:34, solicitando datos estrictamente confidenciales de empresas de los socios de su familia. Doce minutos después, envía otro mensaje en la misma línea: "¿Podría saber actividad comercial, facturación y quiénes son sus clientes?", pregunta sobre las empresas que mencionó antes, insistiendo en obtener información tan sensible como los clientes de una compañía.

"Si se pudiera demostrar que han montado empresas paralelas para desviar el negocio y dejar morir la otra...", escribe Ayuso en un tercer mensaje aquel día, confesando por tanto por escrito su certeza de que MC Infortécnica está muerta y, por tanto, no podrá devolver el préstamo de los 400.000 euros. Y así fue, ya que no devolvió ni un euro a Avalmadrid.

Nueve días después de este mensaje, el 23 de septiembre de 2011, el Grupo MC despidió al 85% de su plantilla. El 7 de octubre, Ayuso aceptó que sus padres le donasen un piso en el centro de Madrid, en una operación sospechosa de un delito de alzamiento de bienes. El 16 de abril de 2012, a través de otra donación de su padre, ella y su hermano se convirtieron en dueños de un local de oficinas en Madrid. Los cinco años que fue de su propiedad no pagaron el IBI al Ayuntamiento.

La relación epistolar entre Ayuso y Ramos centrará sin duda este martes, en la Asamblea de Madrid, buena parte de las preguntas de los tres partidos de oposición, PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos. En la primera sesión de la comisión, en diciembre del año pasado, también se mostró bastante incisivo el portavoz de Vox.

Eva Piera: una persona clave en el equipo económico de aguirre

Eva Piera desempeñó durante algunos años un papel muy relevante en el Gobierno de Esperanza Aguirre. Además de ser viceconsejera de Economía entre 2008 y 2012, estuvo en el centro de una serie de entidades controladas por el PP y que servían para avalar o financiar a empresas. Además de presidenta y consejera de Avalmadrid, también estuvo al frente de Capital Riesgo Madrid (CRM) y fue responsable del comité de supervisión del fondo Inicap. Aunque todas estas entidades se han visto envueltas en diversas irregularidades, Piera no ha sido nunca imputada. Al menos de momento, ya que el PSOE ha pedido recientemente que declare como investigada en el caso Púnica, precisamente por el desvío de fondos millonarios a través de sociedades de capital riesgo. El juez aún no se ha pronunciado sobre esa solicitud. Tras su salida del Gobierno de Aguirre, aterrizó primero en el BBVA y luego en la aseguradora Mapfre, donde es directora general de Relaciones Institucionales.

Piera comparece ante la comisión de Avalmadrid por segunda vez. La primera fue el pasado 17 de diciembre, cuando ofreció su testimonio junto a otras tres personas, entre ellas Santos-Suárez. Tal y como demostró documentalmente infoLibre en una información del pasado mes de febrero, los dos expresidentes de Avalmadrid mintieron en varias de sus afirmaciones. Así que la comisión decidió volver a citar a ambos.

El Código Penal, en su artículo 502, castiga "con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses" a quien, convocado ante una comisión parlamentaria de investigación, "faltare a la verdad en su testimonio".

En sus respuestas a los diputados, además de afirmar que no sabía nada del préstamo a MC Infortécnica y que ella se había limitado a poner en contacto a Ayuso con Ramos como había hecho con muchas otras personas, Eva Piera dijo hasta en nueve ocasiones que ella jamás había tenido conocimiento de "operaciones concretas". "No tengo conocimiento ni nunca lo he tenido de operaciones concretas en Avalmadrid", aseguró una y otra vez. [Puedes consultar aquí la comparecencia íntegra de Eva Piera]

Los correos publicados por este periódico demuestran que la realidad era exactamente la contraria. Eva Piera pedía información de manera habitual sobre determinadas operaciones de Avalmadrid a sus tres principales ejecutivos en aquella época: Juan Manuel Santos-Suárez, Juan Luis Fernández-Rubíes y Carlos Ramos.

Todos los correos son del periodo que va septiembre de 2011 a febrero de 2012, es decir, justo en la época en que Avalmadrid avaló a MC Infortécnica SL (marzo de 2011), esta empresa no devolvió ni la primera cuota del préstamo (diciembre de 2011) y el Comité de Morosidad decidió actuar contra los bienes de los avalistas (abril de 2012), aunque esa decisión jamás se llevó a efecto. En esos correos, Piera se interesa por 18 operaciones concretas, en algunos casos de forma reiterada.

Piera, en uno de los mensajes que intercambia con Fernández-Rubíes, llega a mostrar cierto cansancio por la gran cantidad de favores que le toca gestionar: "En fin, ya ves, para la tarde, los recados de siempre... Siento estar tan decaída y transmitirlo con tanta crudeza como lo hice ayer, pero hay días donde ya es mucho el cúmulo del cansancio, los problemas y ni una buena noticia, y los pedidos de interés...", escribe el 26 de octubre de 2011. El consejero delegado le contesta en la misma línea: "En definitiva, y también en mi caso el cansancio, los problemas, el no haber una sola buena noticia, los pedidos de interés 'infumables' son una constante". Hay pocas dudas sobre lo que son los "pedidos de interés infumables", en su propia terminología, puesto que en los textos donde figuran esas frases se habla de tres operaciones concretas de Avalmadrid.

Más allá de su minucioso interés por decenas de operaciones concretas, la respuesta que Piera dio a los diputados cuando le preguntaron por su papel como intermediaria que puso en contacto a Ayuso con Ramos tampoco casa con la realidad. Su versión es que actuó como con cualquier otra persona "interesada en informarse de cualquier programa de ayudas, de cualquier programa de subvenciones de apoyo financiero que teníamos a disposición en la Comunidad de Madrid. Lo que hice, por tanto, con la señora Díaz Ayuso fue atender esa petición de con quién podía hablar en Avalmadrid al objeto de obtener información y asesoramiento". Las fechas desmienten este relato. ¿Qué asesoramiento iba a necesitar Ayuso el 13 de julio sobre un aval que había sido aprobado en febrero y escriturado el 15 de marzo anterior? Avalmadrid había entregado los 400.000 euros a MC Infortécnica cuatro meses antes de que Ayuso le pidiera a Piera el contacto en Avalmadrid. El apoyo financiero ya había sido otorgado. La novedad en julio es que la empresa de los padres de Ayuso estaba en quiebra y no iba a devolver, por tanto, el dinero avalado por sus padres.

Este martes, Eva Piera tendrá una segunda oportunidad para contar a los diputados la verdad de lo que ocurrió en Avalmadrid. A la vista de su nueva declaración, la comisión tendrá que decidir si envía o no su primer testimonio a la Fiscalía, en caso de que entendiese que incumplió el artículo 502 del Código Penal.

Juan Luis Fernández-Rubíes: el primer ejecutivo en la época más turbia

La comparecencia de Juan Luis Fernández-Rubíes, primer ejecutivo de Avalmadrid durante los años en que se produjeron la mayor parte de las operaciones sospechosas, ya era interesante simplemente por el cargo desempeñado. Pero lo es aún más después de que Santos-Suárez intentase descargar sobre él cualquier responsabilidad de posibles actuaciones irregulares. El entonces presidente de Avalmadrid adujo que él no estaba en la operativa diaria, que ese era el trabajo del consejero delegado.

Fernández-Rubíes, que permaneció en Avalmadrid hasta marzo de 2016, jugó desde luego un papel destacado tanto en la concesión del préstamo a MC Infortécnica como en el consentimiento posterior a que los avalistas se fuesen desprendiendo de sus bienes para no devolver los 400.000 euros.

El 2 de marzo de 2011, dos semanas antes de que se escriturase el crédito, el coordinador del departamento de Riesgos de Avalmadrid advirtió por correo a sus superiores que en la tasación del único bien inmueble que hipotecaban los socios de MC Infortécnica, se indicaba expresamente lo siguiente: "Existe la posibilidad de que parte del inmueble sea derribado sin que el propietario pueda reclamar indemnización alguna", por incumplir la normativa urbanística. "En base a la advertencia se solicita autorización para seguir adelante", añadió. El consejero delegado de Avalmadrid, Juan Luis Fernández-Rubíes, respondió ese mismo día con dos palabras: "OK adelante".

MC Infortécnica tenía que empezar a devolver el préstamo de 400.000 euros en diciembre de 2011. Para entonces ya estaba sin trabajadores y en quiebra. Y en lo que se afanaron sus dueños fue en traspasar sus bienes para evitar así que se los embargase Avalmadrid. Seis de los ochos socios de la empresa MC Infortécnica SL, entre ellos los padres de Ayuso, realizaron operaciones típicas de un alzamiento de bienes para evitar que fuesen embargados tras dejar impagado el crédito. Los otros dos no pudieron deshacerse de sus inmuebles porque ya estaban hipotecados por entidades financieras. Y todo ello lo hicieron ante la pasividad de la cúpula de Avalmadrid, que no adoptó ninguna medida pese a que sabía que los morosos estaban traspasando su patrimonio.

Que los jefes de Avalmadrid lo sabían no es una suposición. El Comité de Morosidad de la entidad analizó en dos de sus reuniones del año 2012, celebradas el 2 de abril y el 16 de noviembre, el préstamo fallido de MC Infortécnica. En la documentación manejada en esas reuniones se aportó una relación de los bienes de los avalistas. Pues bien, resultaba evidente que los dos principales inmuebles de la familia Díaz Ayuso habían cambiado de titular, pero el Comité de Morosidad no hizo nada. Y el principal ejecutivo era Fernández-Rubíes.

En una auditoría interna encargada el verano de 2019 por la entonces presidenta de Avalmadrid, Rosario Rey García, después de que infoLibre hubiese publicado ya varias informaciones sobre el escándalo, se admite esta circunstancia sin demasiados rodeos: "En la propuesta del Comité de Morosidad del 2 de abril de 2012 únicamente se refleja el usufructo de los avalistas, sin hacer referencia a que la nuda propiedad pertenece a su hija [Isabel Díaz Ayuso]. Tampoco se indica de forma expresa que la situación de titularidad del inmueble es distinta a la de la fecha en que se concedió la operación".

"Por lo que se refiere a los inmuebles de los avalistas no se ha efectuado un análisis profundo de su situación hasta junio de 2019. Algunos de los bienes tomados en consideración para la concesión de la operación a favor de MC Infortécnica SL ya no se encuentran en el patrimonio de los avalistas", se explicaba en la auditoría de Avalmadrid, en lo que supone una descripción bastante clara de la actuación negligente por parte de la entidad. Sin embargo, el informe peca de optimismo cuando señala que "algunos de los bienes" ya no están en el patrimonio de los morosos. En realidad, no queda ningún bien.

El descontrol en la época de Fernández-Rubíes no se limitó, ni mucho menos, al caso MC Infortécnica. Una inspección del Banco de España, abierta en 2016, desveló un sinfín de irregularidades: la revisión de riesgos no se efectuaba con la periodicidad establecida en la normativa interna de Avalmadrid, los informes de seguimiento era "deficientes para explicar la situación y la evolución del negocio avalado", dichos informes tampoco aportaban apenas "información sobre la posibilidad de obtener o ejecutar garantías, existían operaciones en las que la clasificación crediticia se hizo "con mucho retraso"... Todo un manual de cómo no debe funcionar una sociedad de garantías.

Entre los avales donde se descubrieron estas deficiencias de control se encontraban los concedidos al Grupo Marsans, entonces propiedad del expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, y al Grupo Cantoblanco, del expresidente de la patronal madrileña CEIM Arturo Fernández. Ambos financiaron generosamente al PP de Aguirre a través de Fundescam.

El dinero de todos los avales fallidos salió, en una parte muy importante, de las arcas de la Comunidad de Madrid. Primero, porque como primer accionista inyectó decenas de millones de euros en Avalmadrid. Y, segundo, porque el Gobierno de Aguirre firmó un contrato por el que decidió reavalar operaciones de Avalmadrid del año 2011. De acuerdo con la información oficial facilitada por la Comunidad el año pasado, había tenido que desembolsar 2,46 millones para cubrir un total de 51 fallidos. El préstamo a MC Infortécnica era el cuarto que más dinero le había costado a los contribuyentes madrileños: 102.030 euros, el 25% –más los intereses–del aval de 400.000 euros concedido a la empresa.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cierra una semana convulsa en la que ha acaparado titulares protagonizando una portada en El MundoEl Mundo que ha hecho correr ríos de publicaciones y memes en las redes sociales y en la que se presenta como víctima de las actuales circunstancias y posando como Nuestra Señora de los Dolores. No es la primera vez que Ayuso recurre al victimismo tras un escándalo: ya lo hizo el pasado verano después de que infoLibre destapara el alzamiento de bienes del caso Avalmadrid, la entidad semipública bajo sospecha de dar trato de favor a empresarios y políticos del PP, entre ellos la propia familia Ayuso. 

En esta ocasión, la portada en El Mundo llega después de una semana en la que ha acaparado muchos titulares. Primero, por la dimisión de Yolanda Fuentes, directora general de Salud Pública, que se negó a avalar con su firma la documentación que había que trasladar al departamento de Salvador Illa para el cambio de fase del plan de desescalada del Gobierno y que finalmente fue presentado sin que nadie lo firmase. Y después por el 'no' del Ejecutivo a que la región pasará la fase 1 al considerar que aún estaba lejos de cumplir los requisitos para esta medida de alivio. La propia Ayuso terminó reconociendo que ella se hubiera quedado en la fase 0 de la desescalada pero tras reunirse con sectores económicos cambió de decisión.

Vestida complemente de luto, como ya hizo en la misa en La Almudena, en el polémico acto de Ifema o en los actos del Dos de Mayo, Ayuso imita en la portada de El Mundo la iconografía de Nuestra Señora de los Dolores. La presidenta madrileña está asesorada por Miguel Ángel Rodríguez, que fue secretario de Estado de Comunicación con José María Aznar.

En esta entrevista en El Mundo, Ayuso asegura que defendió el paso a la fase 1 ya que "cada semana que pasa un negocio se cierra, un autónomo se queda fuera" y defiende que no es un varapalo político sino "un varapalo para la economía". "Creo que estábamos en condiciones de pasar", apunta y asegura que ella ha sido "la más precavida con todos los pasos". "Madrid ya no es la misma que en febrero", afirma. Asimismo, también defiende que para evitar contagios no se puede quedar toda la población en casa hasta diciembre y cree que "el Gobierno tiene que hacer un equilibrio entre la protección de los más vulnerables y la vida normal del motor económico de España". "El mayor hándicap que tiene Madrid es la densidad de población y eso no va a cambiar", matiza.

Este movimiento de Ayuso con esta entrevista y esta portada recuerda a su tendencia a presentarse como víctima tras protagonizar un escándalo. Precisamente en el mismo periódico que ya usó después de que infoLibre destapase el caso Avalmadrid durante el verano de 2019. En aquella ocasión, la presidenta madrileña apareció en un reportaje en el suplemento La Otra Crónica como víctima de decisiones de su padre en el alzamiento de bienes en la entidad semipública ya que era "un hombre honrado pero con dificultad para la relaciones personales, al que le costaba exteriorizar sus sentimientos y que siempre mantuvo una relación muy complicada con sus hijos". 

Ayuso también llegó a asegurar que esta investigación sobre Avalmadrid se basaba en acusaciones inventadas e incluso sostuvo la existencia de una "campaña machista" basada en "falsedades". Sin embargo, nunca aclaró el trato de favor que recibió por parte de esta entidad, su participación en dos operaciones sospechosas de un delito de alzamiento de bienes y el impago del IBI al Ayuntamiento de Madrid durante cinco años. En la Asamblea de Madrid continúa abierta una comisión de investigación parlamentaria exigida por los partidos de la oposición y cuyas sesiones quedaron interrumpidas tras la explosión de la pandemia y después de que dos expresidentes de Avalmadrid mintieran en sus primeras comparecencias.

Eva Piera, que presidió Avalmadrid entre diciembre de 2006 y septiembre de 2008 y fue vocal de su consejo de administración hasta 2011, además de ejercer como viceconsejera de Economía del Gobierno de Esperanza Aguirre hasta 2012, aseguró entonces a los diputados que, en su paso por Avalmadrid, nunca tuvo conocimiento de operaciones concretas. Pero los correos publicados por este periódico muestran lo contrario: que pidió datos sobre un buen número de operaciones específicas.

Por su parte, Juan Manuel Santos-Suárez declaró que desconocía cualquier dato sobre el aval que Avalmadrid concedió a MC Infortécnica SL, la empresa de la que eran socios los padres de la actual presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, porque no asistía a las reuniones del Comité de Morosidad –la compañía no devolvió los 400.000 euros de la operación, que fue clasificada como fallida–. Sin embargo, este periódico ha publicado el acta de una de esas reuniones firmada de su puño y letra.

En su artículo 502, el Código Penal castiga “con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses” a quien, convocado ante una comisión parlamentaria de investigación, “faltare a la verdad en su testimonio”.

La semana pasada, tanto PSOE como Más Madrid y Unidas Podemos presentaron escritos en la Mesa de la Asamblea donde solicitaban la nueva comparecencia de Piera y Santos-Suárez. En la reunión de este órgano parlamentario Ciudadanos –socio de gobierno del PP en la Comunidad de Madrid– y Vox –que apoyó la investidura de Isabel Díaz Ayuso– respaldaron el regreso de los dos expresidentes de Avalmadrid para que den explicaciones. Sólo el PP se opuso.

Además, los diputados han acordado quiénes completarán la lista de comparecientes en las dos sesiones que la comisión celebrará este mes de marzo. El viernes 13 intervendrá también Carlos Ramos, que era el director de Relaciones Institucionales de Avalmadrid en la época en que le fue concedido el aval a MC Infortécnica SL, la empresa de la que eran socios los padres de la actual presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Correos con Eva Piera y Díaz Ayuso

Como ha publicado infoLibre, Carlos Ramos fue la persona a la que Eva Piera remitió a Díaz Ayuso en julio de 2011 cuando ésta le pidió un contacto en Avalmadrid, cuatro meses después de que la sociedad de garantías le hubiera concedido el aval a la empresa de sus padres. A continuación, Díaz Ayuso envió a Carlos Ramos un correo en el que le proporcionaba los datos de MC Infortécnica SL y le contaba que su familia “no quiere más que estar tranquila, jubilarse y tener una casa donde vivir y llevar la enfermedad” de su padre. “Es todo muy difícil”, concluía. En septiembre de ese año, la entonces diputada le pidió al director de Relaciones Institucionales de Avalmadrid datos confidenciales sobre las empresas de los socios de sus padres –actividad comercial, facturación y clientes–, porque temía que los primeros estuvieran vaciando la empresa para montar otras dedicadas al mismo negocio, el suministro de equipos médicos.

Cuando dos días después de que Piera le facilitara a Carlos Ramos el teléfono de Isabel Díaz Ayuso, éste le pidió a una empleada de Avalmadrid que mirara si la empresa sus socios estaban en un fichero de morosos, escribió como asunto del correo “Datos de MC Infortécnica (Presidencia Comunidad Madrid)”. Ese mismo mes Díaz Ayuso, que hasta entonces trabajaba para Esperanza Aguirre en la presidencia madrileña, pasó a ocupar un escaño en la Asamblea de Madrid junto a Eva Piera.

Carlos Ramos, además de responsable de Relaciones Institucionales de Avalmadrid, era el “principal apoyo” de su entonces presidente, Juan Manuel Santos-Suárez, según reconoció él mismo en su primera comparecencia en la comisión.

Quien estaba en el “día a día” de Avalmadriden el “día a día” de Avalmadrid

También declarará ante los diputados el viernes 13 Juan Luis Fernández-Rubíes, que ejerció como consejero delegado y director general de Avalmadrid entre 2004 y 2016. Fue Fernández-Rubíes el consejero delegado que aprobó el aval de 400.000 euros a MC Infortécnica SL. Según explicó en su primera comparecencia en la comisión el entonces presidente de la sociedad de garantías, Juan Manuel Santos Suárez, no era él, más bien dedicado a las “labores institucionales”, sino Fernández-Rubíes quien estaba en el “día a día” de la sociedad. “Quien de verdad estaba en el Comité de Morosidad era el consejero delegado”, apuntó. De hecho, también dejó claro que cuando él llegó a Avalmadrid, Fernández-Rubíes ya “había montado su equipo directivo”, a cuyo frente lo encontró cuando fue nombrado para el cargo.

Su nombre también aparece entre los directivos que fueron denunciados por la propia sociedad de garantías ante la Fiscalía en abril de 2019, por su presunta implicación en la concesión de avales a empresas vinculadas con consejeros concesión de avales a empresas vinculadas con consejerosde Avalmadrid: Viajes Marsans, grupo Cantoblanco, Casbar y The Tie Gallery. Estas irregularidades fueron desveladas por una inspección del Banco de España, que puso 167 operaciones en el punto de mira y que terminó en un expediente sancionador. El organismo supervisor pide sanciones de 667.000 euros a una quincena de consejeros y directivos de Avalmadrid.

Además, deberá dar cuenta de sus relaciones con Cobralia, la empresa con la que Avalmadrid subcontrató el recobro de los avales morosos. Un informe encargado por la propia sociedad a la consultora PwC destapó una posible duplicidad de pagos a Cobralia y su presidente, Fernando Cañellas de Colmenares.

Finalmente, el día 17 de este mes deberán comparecer en la comisión de investigación Jorge Morán, director general de Avalmadrid entre junio de 2016 y julio de 2019, e Isabel Cruz Oruezabala, que lleva en la sociedad de garantías desde 2006 y trabaja en su departamento jurídico desde 2012.

La Mesa de la Asamblea de Madrid ha aprobado este lunes, con el único voto en contra de los dos diputados del PP, que comparezcan de nuevo los expresidentes de Avalmadrid Eva Piera y Juan Manuel Santos-Suárez en la comisión que investiga las supuestas irregularidades descubiertas en la sociedad de garantías. La fecha en que ambos deberán volver a intervenir ante los diputados regionales la decidirá la propia comisión de investigación cuando se reúna a comienzos de la próxima semana para determinar quiénes serán los comparecientes del mes de marzo.

Entonces deberán aclarar si mintieron en su primera intervención. Eva Piera aseguró a los diputados que, en su paso por Avalmadrid, nunca tuvo conocimiento de operaciones concretas. Pero los correos publicados por infoLibre muestran lo contrario: que pidió datos sobre un buen número de operaciones específicas. Por su parte, Juan Manuel Santos-Suárez declaró que desconocía cualquier dato sobre el aval que Avalmadrid concedió a MC Infortécnica SL, la empresa de la que eran socios los padres de la actual presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, porque no asistía a las reuniones del Comité de Morosidad –la compañía no devolvió los 400.000 euros de la operación, que fue clasificada como fallida–. Sin embargo, este periódico ha publicado el acta de una de esas reuniones firmada de su puño y letra.

La semana pasada, tanto PSOE como Más Madrid y Unidas Podemos presentaron escritos en la Mesa de la Asamblea donde solicitaban una nueva comparecencia de Piera y Santos-Suárez para que aclararan estas “contradicciones”. En la reunión de este órgano parlamentario el lunes tanto Ciudadanos –socio de gobierno del PP en la Comunidad de Madrid– como Vox –que apoyó la investidura de Isabel Díaz Ayuso– respaldaron el regreso de los dos expresidentes de Avalmadrid para que den explicaciones.

Según las fuentes consultadas por este periódico, el PP se opuso alegando que el objeto de la comisión no es determinar si los comparecientes mienten, una competencia que corresponde, precisaron, a los tribunales. En su artículo 502, el Código Penal castiga “con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses” a quien, convocado ante una comisión parlamentaria de investigación, “faltare a la verdad en su testimonio”.

Pero el resto de los grupos replicó que la solicitud de una nueva comparecencia “no prejuzga nada”. Sólo se les pide que expliquen la diferencia entre sus declaraciones y los documentos publicados. Entonces se verá si es necesario acudir a los tribunales o no, subrayan las fuentes.

Las dos próximas sesiones de la comisión de investigación están fijadas para los días 13 y 17 de marzo.

Irregularidades en Avalmadrid

La Asamblea madrileña creó el año pasado una comisión de investigación para aclarar las supuestas irregularidades cometidas en Avalmadrid, una sociedad de garantías donde la Comunidad de Madrid es el accionista mayoritario con más del 26,1% del capital. Entre los capítulos más escandalosos está, según desveló infoLibre, lo ocurrido con el aval de 400.000 euros concedido en 2011 a MC Infortécnica SL, compañía propiedad de cuatro matrimonios, entre ellos los padres de la actual presidenta madrileña. MC Infortécnica SL no devolvió ni un euro, pero Avalmadrid no actuó contra los socios de la empresa, que habían afianzado con todo su patrimonio personal la operación. No sólo eso, sino que también Avalmadrid permitió que los avalistas se deshicieran de todos sus bienes sin responder de los 400.000 euros. [Puedes consultar aquí todas las informaciones de este periódico sobre el caso Ayuso]

Además, tras una inspección del Banco de España en 2012, el organismo supervisor abrió un expediente sancionador contra Avalmadrid y una quincena de sus ejecutivos y consejeros, para los que pedía sanciones por importe de 667.000 euros. Entre las anomalías descubiertas en 167 operaciones destaca la concesión de avales a empresas vinculadas con miembros del consejo de administración de Avalmadrid.

La Asamblea de Madrid decidirá este lunes si aprueba una nueva comparecencia de los expresidentes de Avalmadrid Eva Piera y Juan Manuel Santos-Suárez por mentir durante su declaración en la comisión de investigación creada para aclarar las presuntas irregularidades cometidas en la sociedad de garantías donde la Comunidad es el accionista mayoritario –controla más del 26% del capital–. Entre ellas destaca el aval de 400.000 euros concedido en 2011 a la empresa MC Infortécnica SL, propiedad de los padres de Isabel Díaz Ayuso. Sobre la mesa, la posible comisión de un delito de falso testimonio, recogido en el artículo 502.3 del Código Penal. Un delito sin delincuentes, al menos de momento, ya que nadie ha sido condenado por dicho precepto en España.

Otro precepto del artículo 502 también ha sido noticia esta semana. La Fiscalía Superior de Andalucía denunció a los diputados socialistas Antonio Ramírez de Arellano y Javier Carnero ante el Tribunal Superior de esa comunidad por negarse a declarar en la comisión de investigación del Parlamento autonómico sobre una fundación pública (Faffe), cuando fueron citados el pasado 8 de noviembre. El expresidente Manuel Chaves también se negó a comparecer  y podría afrontar una denuncia similar. La Fiscalía Superior acusa a Ramírez de Arellano y Carnero de un delito contra las instituciones del Estado, recogido en el artículo 502.1 y castigado con una pena de seis meses a dos años de inhabilitación. Tampoco en este caso existen condenas previas.

Las comparecencias de Eva Piera, que presidió Avalmadrid entre 2006 y 2008 para continuar como vocal del consejo de administración hasta 2011, y Juan Manuel Santos-Suárez, presidente de la sociedad de garantías de 2008 a 2012, inauguraron los trabajos de la comisión de investigación parlamentaria. La primera negó en todo momento haber tenido conocimiento de "operaciones concretas" de la sociedad de garantías, mientras que el segundo se desentendió por completo del aval concedido a MC Infortécnica SL asegurando que no había asistido a ninguna reunión del Comité de Morosidad donde se analizaran los impagos. Sin embargo, infoLibre desveló varios correos electrónicos en los que Piera pedía datos de operaciones concretas a los principales ejecutivos de Avalmadrid. Este diario, además, tuvo acceso a la propuesta que realizó el Comité de Morosidad, el 2 de abril de 2012, en relación con MC Infortécnica SL, un documento de siete hojas que aparecía firmado de su puño y letra por el propio Santos-Suárez.

La publicación de las pruebas puso a los grupos de la oposición en alerta. PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos registraron esta semana la solicitud de nueva comparecencia de Piera y Santos-Suárez y la decisión definitiva depende ahora de Ciudadanos y Vox, que de momento han anunciado su intención de apoyar la solicitud de la oposición.

El artículo 502.3 del Código Penal contempla penas de prisión “de seis meses a un año” o multa “de seis a doce meses” para quien “convocado” ante una comisión de investigación parlamentaria, ya sea en las Cortes o en las Asambleas autonómicas, “faltare a la verdad en su testimonio”.

“Alteración sustancial de la verdad” sobre “hechos relevantes”

La incorporación de este delito en el ordenamiento jurídico se produjo con la aprobación del actual Código Penal en 1995, justo cuando las comisiones de investigación de los casos de corrupción que salpicaban al ex director general de la Guardia Civil Luis Roldán y al exgobernador del Banco de España Mariano Rubio se encontraban en un momento álgido. Sin embargo, esta previsión nunca se ha llevado a la práctica. Así consta en un informe elaborado en junio de 2018 por los servicios jurídicos del Senado [puedes consultarlo aquí en PDF], en el que se reconoce “el resultado infructuoso de la búsqueda en las bases jurídicas de datos […] de jurisprudencia sobre el delito de falso testimonio en las comisiones parlamentarias de investigación” y la “escasa” atención prestada al artículo 502.3 “tanto en el campo del constitucionalismo como en el de la doctrina penal”. “No ocurre lo mismo en relación con el delito de falso testimonio en causa judicial (arts. 458 y ss. CP), donde, aunque no muy numerosa, existe una jurisprudencia significativa”, continúa el escrito, firmado por el letrado Eugenio de Santos Canalejo.

El escrito, que arranca exponiendo la génesis de este precepto del Código Penal, deja claro que “la reconstrucción veraz de los hechos” no es algo ajeno a una investigación parlamentaria, “por político que sea el marco en el que se desenvuelve y por políticas que sean las conclusiones del dictamen final”. “Presupuesto de la actividad valorativa que caracteriza el quehacer de una comisión parlamentaria de investigación es la necesidad de comprobar la existencia histórica de unos hechos, con los que construir un relato, una ‘historia’, y por eso, los miembros de una tal comisión se sirven de unos medios de prueba que son fundamentalmente los mismos que los que utiliza un historiador, es decir, documentos y testimonios”, prosigue el letrado. Tras esta primera aclaración, señala que este delito resulta de aplicación para las comparecencias tanto en Congreso y Senado como en Asambleas autonómicas. Y, además, asevera que la aplicación de este precepto “no resultaría enervada” por la existencia de un error legal en el requerimiento enviado al compareciente.

Con estos primeros apuntes, Santos Canalejo pasa a poner sobre la mesa los requisitos que deben cumplirse para la comisión del delito, cuyo “núcleo” gira alrededor de la falsedad. En primer lugar, explica, tiene que ser una “acción positiva” y versar “sobre hechos”, por lo que las “opiniones” o “juicios de valor” quedan excluidos. Además, continúa, se requiere “una alteración sustancial de la verdad”, entendiendo como tal una “contradicción inequívoca con la realidad objetiva, en el marco de las respuestas del declarante a las preguntas que se formulen”. Y los “hechos”, completa, tienen que ser “relevantes”. “El criterio de relevancia, no obstante, adquiere en el contexto de una comisión parlamentaria de investigación otro sentido, pues no puede verificarse lógicamente en relación con la significación de una inexistente ‘prueba’ en sentido judicial, sino con su trascendencia desde el punto de vista de la finalidad de la investigación parlamentaria, esto es, del sustrato fáctico que ha de permitir una valoración (y propuesta de soluciones) congruentes con aquella finalidad”, aclara.

El letrado también apuntala la necesidad de que exista “dolo directo”, es decir, que se conozca la falsedad y se quiera así expresar. Y finaliza su exposición recordando la existencia de excepciones en el ámbito de aplicación de este artículo. En este sentido, asevera que “estaría excluido” el compareciente que “tuviera la condición de acusado en un proceso penal”.

En este sentido se pronuncia también la catedrática de Derecho Penal en la Universidad de Alicante María del Mar Carrasco, en su artículo “Tutela penal de las comisiones parlamentarias de investigación y de la actividad de otros órganos constitucionalmente reconocidos”, en el que se muestra crítica con la introducción de este artículo en el Código Penal. En su opinión, fue “fruto más de la carambola política que de la reflexión jurídica” y entiende que puede suponer una “quiebra de los principios de mínima intervención y última ratio del derecho penal y de equiparación con la función jurisdiccional”. “Hubiera sido más acertado dejar a la responsabilidad política también el control de la veracidad en las declaraciones ante esos órganos parlamentarios”, asevera.

Del ‘caso Cuadrado’ a Metrovalencia

El informe de los servicios jurídicos del Senado fue elaborado a petición del Grupo Parlamentario Popular en el marco de la comisión de investigación sobre la financiación de los partidos políticos. Los conservadores estaban muy interesados en conocer hasta dónde podían llevar la acusación contra alguien que hubiera mentido en dicho órgano. Fue el caso, por ejemplo, del tesorero de Ciudadanos, Carlos Cuadrado, quien aseguró en la comisión parlamentaria que no tenía procedimientos judiciales pendientes “en España o fuera de España” cuando en realidad figuraba como parte demandada en al menos tres en el Estado de São Paulo (Brasil), tal y como desveló infoLibre. Además de al actual secretario de Finanzas de la formación naranja, el informe de conclusiones presentado por los conservadores para aquella comisión de investigación también solicitaba al Senado que denunciara ante la Fiscalía a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, y al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, por haber incurrido supuestamente en falso testimonio. El PP, finalmente, renunció a aprobar dicho texto, por lo que no se llevaron a cabo las acciones judiciales.

A quien sí se denunció en base al artículo 502.3 del Código Penal fue al expresidente del Gobierno José María Aznar, al que Podemos acusó de mentir durante su comparecencia en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados sobre la supuesta financiación irregular del PP. En sede parlamentaria, el exlíder del Ejecutivo negó conocer o haber mantenido una relación de amistad con el considerado cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, así como la existencia de una caja B en el PP o la participación de soldados españoles en la Guerra de Irak de 2003. La denuncia, sin embargo, fue archivada por el juzgado de Instrucción número 35 de Madrid.

También fue llevada ante la justicia la comparecencia de una doctora del SAMU durante la comisión en Les Corts del accidente del Metro de Valencia. En junio de 2016, la jueza que investigaba el siniestro, en el que murieron 43 personas, pidió que otro juzgado estudiase si las declaraciones de la facultativa asegurando haber visto los cuerpos del maquinista y de la interventora dentro de la unidad siniestrada y no en las vías, donde los ubicaban policías y testigos, podían ser constitutivas de un delito de falso testimonio. El caso cayó en el Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia, cuyo titular decidió remitir a la Audiencia Nacional las diligencias abiertas. Esta decisión acabó siendo revocada por la Audiencia provincial. “[Los hechos] no revisten en los actuales momentos ninguna apariencia delictiva […] mientras no exista una sentencia o auto que ponga fin al procedimiento judicial en el que se haga constar la verdad formal sobre el lugar que ocupaban los cuerpos después del siniestro”, señalaron los magistrados, quienes destacaron también la “intrascendencia de la manifestación supuestamente falsa” tanto para la investigación judicial como para la parlamentaria.

PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos han presentado escritos a la Mesa de la Asamblea de Madrid para pedir que vuelvan a comparecer en la comisión que investiga las supuestas irregularidades de Avalmadrid dos de sus expresidentes, Eva Piera y Juan Manuel Santos-Suárez, a fin de que aclaren si mintieron en sus declaraciones del pasado 17 de diciembre ante los diputados.

La Mesa de la Asamblea verá estas peticiones el próximo lunes. En ese órgano sólo están representados PP, Ciudadanos, PSOE y Vox. PP y Ciudadanos suman mayoría. Fuentes de la formación naranja han asegurado a infoLibre que apoyarán la iniciativa para que los dos expresidentes de Avalmadrid den explicaciones por “unos testimonios que pueden ser falsos”. “Mentir en una comisión parlamentaria es un delito”, subrayan. También Vox quiere que Piera y Santos-Suárez comparezcan de nuevo, según indicó el pasado viernes su diputado José Luis Ruiz Bartolomeu.

En caso de que Ciudadanos y Vox mantengan su postura, la solicitud de los tres partidos de la izquierda madrileña saldría adelante.

Los diputados de la oposición pretenden que ambos directivos aclaren la “contradicción” entre el testimonio que prestaron el 17 de diciembre en la comisión y los correos y actas que infoLibre publicó el pasado día 14 de febrero.

El Código Penal, en su artículo 502, castiga “con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses” a quien, convocado ante una comisión parlamentaria de investigación, “faltare a la verdad en su testimonio”.

Eva Piera puso en contacto a Ayuso con un directivo de Avalmadrid para que le facilitase información sobre la operación de MC Infortécnica SL. Ayuso sabía que la empresa no iba a devolver el dinero y temía que sus padres perdiesen sus propiedades. Esa labor de intermediaria se produjo el 13 de julio de 2011, cuando Piera era viceconsejera de Economía en el Gobierno de Esperanza Aguirre y consejera de Avalmadrid, entidad que había presidido años antes. En sus respuestas a los diputados, dijo hasta en nueve ocasiones que ella jamás había tenido conocimiento de “operaciones concretas”. “No tengo conocimiento ni nunca lo he tenido de operaciones concretas en Avalmadrid”, aseguró una y otra vez. [Puedes consultar aquí la comparecencia íntegra de Eva Piera]

"Pedidos de interés"

Los correos a los que ha tenido acceso este periódico demuestran lo contrario. Eva Piera pedía información de manera habitual sobre determinadas operaciones de Avalmadrid a sus tres principales ejecutivos en aquella época: el consejero delegado, Juan Luis Fernández-Rubíes, que era con quien mantenía una relación más fluida; el presidente, Juan Manuel Santos-Suárez, y el director de Relaciones Institucionales, Carlos Ramos, que fue quien recibió el encargo de atender a Ayuso.

Todos los correos son del periodo que va septiembre de 2011 a febrero de 2012, es decir, justo en la época en que Avalmadrid avaló a MC Infortécnica SL –marzo de 2011–, esta empresa no devolvió ni la primera cuota del préstamo –diciembre de 2011– y el Comité de Morosidad decidió actuar contra los bienes de los avalistas –abril de 2012–, aunque esa decisión jamás se llevó a efecto. En esos correos, Piera se interesa por 18 operaciones concretas, en algunos casos de forma reiterada.

Piera, en uno de los mensajes que intercambia con Fernández-Rubíes, muestra cierto cansancio por la gran cantidad de favores que le toca gestionar: “En fin, ya ves, para la tarde, los recados de siempre... Siento estar tan decaída y transmitirlo con tanta crudeza como lo hice ayer, pero hay días donde ya es mucho el cúmulo del cansancio, los problemas y ni una buena noticia, y los pedidos de interés...”, escribe el 26 de octubre de 2011.

El consejero delegado le contesta en la misma línea: “En definitiva, y también en mi caso el cansancio, los problemas, el no haber una sola buena noticia, los pedidos de interés ‘infumables’ son una constante”.

“Yo no iba a esas reuniones del Comité de Morosidad”

Por su parte, Juan Manuel Santos-Suárez afirmó en la comisión parlamentaria que no tenía dato alguno ni de la operación de aval concedida a MC Infortécnica SL, ni de los motivos por los que el Comité de Morosidad había permitido que los avalistas se deshicieran de su patrimonio sin hacer nada. Y todo ello pese a que el Comité de Morosidad estaba presidido por él mismo. La explicación que dio fue la siguiente: en la operativa diaria estaba el consejero delegado y él ni siquiera acudía a las reuniones del Comité de Morosidad, pese a que era su presidente. “Yo no iba a esas reuniones del Comité de Morosidad”, insistió. La verdad es que la propuesta de la reunión del Comité de Morosidad celebrada el 2 de abril de 2012, en la que se analizó el expediente de MC Infortécnica SL, está firmada por el propio Santos-Suárez.

Santos-Suárez, que ahora es consejero de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), también faltó a la verdad de forma evidente en otro momento de la comisión. El diputado de Más Madrid Eduardo Gutiérrez le preguntó si en el año 2012 se había dirigido a un alto cargo del Gobierno de Esperanza Aguirre “diciendo que Avalmadrid tendría que ser disuelta o bien habría que aportar 10 millones de euros”. “No. Nosotros nunca nos dirigimos...”, respondió el compareciente. Este periódico ha tenido acceso a un correo de Santos-Suárez, enviado a Piera el 24 de julio de 2012, donde le dice exactamente lo que le había planteado el diputado de Más Madrid. [Puedes consultar aquí la comparecencia íntegra de Juan Manuel Santos-Suárez]

La Asamblea madrileña creó el año pasado una comisión de investigación para aclarar las presuntas irregularidades cometidas en Avalmadrid, una sociedad de garantías donde la Comunidad de Madrid es el accionista mayoritario con el 26,1% del capital. Entre los capítulos más escandalosos está, según desveló infoLibre, lo ocurrido con una operación de aval de 400.000 euros concedido en 2011 a MC Infortécnica SL, una empresa de suministros médicos propiedad de cuatro matrimonios, entre ellos los padres de la actual presidenta madrileña. MC Infortécnica SL no devolvió ni un euro, pero Avalmadrid tampoco actuó contra los socios de la empresa, que habían afianzado con todo su patrimonio personal la operación. No sólo eso, sino que Avalmadrid permitió que los avalistas se deshicieran de todos sus bienes sin responder de los 400.000 euros. [Puedes consultar aquí todas las informaciones de este periódico sobre el caso Ayuso]

Este periódico envió a Eva Piera y a Juan Manuel Santos-Suárez una serie de preguntas relacionadas con sus afirmaciones falsas ante la comisión parlamentaria. Piera se negó a responder. Santos-Suárez señaló lo siguiente: “Comparecí en la Comisión cumpliendo con mi responsabilidad y en ella contesté a todas las preguntas según mi recuerdo de lo que sucedió hace ocho años”.

La expresidenta de AvalmadridRosario Rey aprovechó este viernes su comparecencia en la comisión que investiga las supuestas irregularidades descubiertas en la entidad semipública para desvincularse del informe que la propia sociedad de garantías encargó al bufete Racmo Gestión y que exoneraba de responsabilidad penal a Isabel Díaz Ayuso en relación con el aval concedido a la empresa de sus padres. “Ese informe no lo encargué yo”, declaró tajante Rosario Rey, que presidió Avalmadrid entre octubre de 2015 y agosto de 2019. Según dijo, ese documento tampoco “pasó” por el Consejo de Administración de la sociedad. Cuando los diputados le preguntaron quién lo había encargado entonces, Rey respondió que, si no rebasaba determinado importe, podía pedir un análisis de ese tipo el director general o el Comité de Morosidad.

En 2019 Avalmadrid encargó a Racmo Gestión dos informes a medida con un doble objetivo: evitar la vía penal en el caso Ayuso y echar la culpa de las graves negligencias cometidas durante siete años por los máximos responsables de la entidad a un abogado de Cobralia, la empresa que utilizaba entonces la sociedad de garantías para el recobro de deudas.

Según publicó infoLibre, Racmo Gestión España es la empresa que acababa de firmar –en junio de 2019– un contrato con Avalmadrid para encargarse del cobro de deudas. Es decir, la compañía que ha sustituido a Cobralia en esa tarea. Su presidente, y quien firma los dos documentos es Alfonso Cabeza Navarro-Rubio, hijo del famoso presidente del Atlético de Madrid en los años 80 y abogado con más de dos décadas de experiencia en la gestión del cobro de deudas. No es un penalista. El análisis que hizo sobre la posible responsabilidad penal de los avalistas del aval impagado del caso Ayuso ocupa exactamente 23 líneas, poco más de medio folio.

Además de este informe, la sociedad de garantías también le pidió que se pronunciara sobre la posible actuación negligente de Cobralia, pese a que Racmo Gestión no sólo es uno de sus competidores, sino que además acababa de firmar un contrato con Avalmadrid para prestarle el mismo servicio.

El análisis sobre el aval de MC Infortécnica SL fue filtrado a Libertad Digital, el periódico online de Federico Jiménez Losantos, el 13 de agosto de 2019, el mismo día que Isabel Díaz Ayuso se presentaba a la sesión de investidura como presidenta madrileña.

Ese documento exonera a la presidenta de la Comunidad de Madrid de un delito de alzamiento de bienes. Primero examina la “situación de los avalistas” de MC Infortécnica SL, los cuatro matrimonios dueños de la empresa, entre ellos los padres de Díaz Ayuso. La conclusión es que la “ausencia de solvencia es patente”. Lo curioso es que Racmo sólo analiza la situación de un avalista: Isabel Ayuso Puente , la madre de la presidenta. Después estudia la mejor opción para reclamar a los morosos por la vía civil. Y su conclusión es que procede presentar una demanda de ejecución de títulos no judiciales.

Finalmente, se ocupa de la cuestión penal. Y lo hace de forma llamativa. La cuestión planteada por Avalmadrid fue la siguiente: “Determinar si hay acción penal posible contra los herederos de los deudores fallecidos”. En la actualidad hay dos avalistas muertos: Leonardo Díaz Álvarez, el padre de Díaz Ayuso, y Juan Manuel Pitarch Divar –a quien en el informe unas veces se llama “Pitchar” y otras “Pitcher”, pero nunca por su verdadero nombre–. Los otros seis morosos están vivos. Pero Avalmadrid no preguntó si cabía emprender una acción penal contra ellos. Los juristas consultados por este periódico calificaron de “incomprensible” que se pregunte por unos y no por otros... salvo que se pretenda a toda costa evitar la vía penal, en cuyo caso lo mejor es no preguntar si es posible ir a dicha jurisdicción.

“Riesgo reputacional”

En contraste con el informe encargado a Racmo, Rosario Rey reclamó para sí de forma contundente la iniciativa sobre el informe que la auditoría interna de Avalmadrid elaboró sobre la gestión del recobro del aval a MC Infortécnica SL. “Yo lo pedí”, casi interrumpió a la diputada socialista Pilar Sánchez Acera cuando le preguntó por el documento de julio de 2019 que hizo suyo la Comisión Mixta de Riesgos y Auditoría. Los diputados también le preguntaron por los motivos que le movieron a reclamar ese análisis. Rey explicó que, cuando se publicó en la prensa el supuesto trato de favor concedido a la empresa de los padres de Díaz Ayuso, advirtió en la noticia “aspectos relevantes” que podían suponer un “riesgo reputacional” para Avalmadrid. “Creí que se podía generar un ruido que podía tener un coste de reputación importante para la sociedad”, subrayó.

Aun así, intentó rebajar la importancia del gesto asegurando que había hecho lo mismo con otras operaciones y que el caso de MC Infortécnica SL no lo había comentado en la Consejería de Economía, a la que sí informaba, en cambio, sobre “temas de vital importancia”, o si tenía que tomar “decisiones estratégicas importantes”. Por ejemplo, sí le comunicó el expediente que abrió el Banco de España a Avalmadrid y la denuncia que la propia sociedad presentó ante la Fiscalía a raíz de esa inspección.

Otro tanto ocurrió con los informes que el consejo de administración, que Rosario Rey presidía, encargó a la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC) sobre la venta de la cartera de fallidos a Cobralia. También en esa operación la expresidenta halló aspectos revelantes que podían tener un coste reputacional. De hecho, habló de “posibles irregularidades” que podían “incidir en las cuentas o el patrimonio de Avalmadrid” y conducir a la toma de “medidas penales”. Más adelante declaró terminante que en la época en que ella presidió la sociedad de garantías –2015-2019– “no se vendió ninguna cartera de fallidos”. La operación con Cobralia se firmó en junio de 2012.

El informe de PwC, que lleva fecha de diciembre de 2018, dictamina que son “discutibles” la causa y la finalidad tanto del contrato de venta de la cartera de fallidos como de un contrato de subrogación anterior, de 2010, e igualmente la manera en que fueron formalizados: ambos pueden ser nulos porque su causa fue “ilícita”. Según detalla el documento, en abril y mayo de 2012 Avalmadrid llegó a un acuerdo “presumiblemente verbal” con Fernando Cañellas, presidente de Cobralia, para que éste cobrara los honorarios que la entidad semipública le adeudaba hasta entonces. El esquema consistía en la subrogación de los expedientes y la posterior venta de esa cartera de fallidos, una estructura que resultaba “más favorable fiscalmente” para el presidente de Cobralia, destaca PwC. Si se demuestra que ésa era “la única finalidad de ambos negocios jurídicos”, el contrato de venta y el de subrogación tuvieron “una causa ilícita” y, por tanto, “son nulos de pleno derecho”, concluían los analistas.

“La sociedad debe actuar con total diligencia en el cobro de las deudas”

El caso es que ni Avalmadrid ni Cobralia fueron muy diligentes a la hora de recuperar los 400.000 euros del aval que MC Infortécnica SL dejó sin devolver. Así se lo recordaron los diputados a Rosario Reyes.

La empresa de los padres de Díaz Ayuso no reintegró ni la primera cuota del aval, que debía abonar el 15 de diciembre de 2011. Por entonces ya estaba en quiebra: sólo tres meses después de embolsarse los 400.000 euros dejó de pagar las nóminas de los trabajadores y el 23 de septiembre de aquel año despidió a la práctica totalidad de la plantilla. El 2 de abril de 2012, el Comité de Morosidad de Avalmadrid decidió regularizar el importe vencido e impagado —100.000 euros de principal más los intereses, que en ese momento ya superaban los 6.000 euros—, ejecutar la hipoteca sobre una nave del pueblo abulense de Sotillo de la Adrada y embargar los bienes de los avalistas. Pero no hizo nada. Hasta que en noviembre de ese año entregó el expediente a Cobralia para que recuperara el dinero. En 2015, tres años después, esta empresa pidió instrucciones a Avalmadrid sobre cómo proceder contra los accionistas de MC Infortécnica SL e incluso propuso dos posibles vías de acción. Pero la sociedad de garantías no contestó. El resultado fue que durante siete años Avalmadrid no actuó contra los avalistas morosos, que mientras tanto, en varias operaciones de posible alzamiento de bienes, se han deshecho de todo el patrimonio con el que respaldaron la operación de MC Infortécnica SL.

Al respecto Rosario Rey recalcó que las empresas externas encargadas por Avalmadrid de recuperar las deudas están “obligadas a hace todo lo que les dicta” la sociedad de garantías. Como fue Avalmadrid la que no contestó a las propuestas de Cobralia, la expresidenta expresó su descuerdo con “esa práctica”. “La sociedad debe actuar con total diligencia en el cobro de las deudas”, sostuvo. Lo mismo remachó sobre el Comité de Morosidad: “Lo que aprueba debe cumplirse”.

Eso sí, Rosario Rey respondió con evasivas a una pregunta clave que le planteó el diputado Eduardo Gutiérrez, de Más Madrid: si Avalmadrid lleva ocho años sin actuar contra los avalistas, y de ese periodo Rey fue presidenta durante cuatro años, ¿no le toca acaso una parte alícuota de la responsabilidad por esa actuación negligente?

La denuncia ante la Fiscalía

Tras comunicar el Banco de España los resultados de su expediente y proponer sanciones de 667.000 euros a una quincena de consejeros y ejecutivos, así como a la propia Avalmadrid, el consejo de administración que presidía Rosario Rey encargó un informe más, a Forest Partners. En este caso, la consultora debía analizar los 167 avales en los que el Banco de España había descubierto irregularidades. Ese documento destapó los avales que Avalmadrid había concedido a empresas vinculadas con miembros de su consejo de administración o con el PP. Acto seguido, Avalmadrid presentó una denuncia ante la Fiscalía contra algunas de las personas mencionadas en el expediente del Banco de España. Que el ministerio público terminó archivando al considerar prescritos los posibles delitos.

Sin embargo, ese movimiento no fue pacífico en el interior de la sociedad de garantías. Los diputados le preguntaron a Rosario Rey por qué su director general, Pedro Embid, se negó a firmar aquella denuncia. La expresidenta no contestó y remitió a los grupos al propio Embid. Sólo mencionó unos “motivos personales”. La diputada socialista Pilar Sánchez Acera le mostró su sorpresa por el hecho de que, 10 meses después de aquella discrepancia, Pedro Embid siga siendo el director general de Avalmadrid. “Pero usted ya no esté allí”, apuntó. “Eso debería contestarlo el actual consejo de administración”, se limitó a contestar Rey.

Rotellar no recuerda, Carrasco no conoce

En la comisión también compareció otro presidente de Avalmadrid, José María Rotellar, que apenas contestó a las preguntas de los diputados. “No recuerdo”, “no tengo constancia” fueron las respuestas que dio a casi todo lo que le fue planteado. También aseguró que no estaba en “el día a día” de la empresa, por lo que no podía dar información sobre operaciones concretas. Se trata de la misma línea que siguieron los otros dos expresidentes que comparecieron en la comisión el pasado diciembre, Eva Piera y Juan Luis Santos-Suárez. Así, no recordaba ningún detalle sobre los cinco avales por importe total superior a los tres millones de euros que Avalmadrid concedió al Grupo Cantoblanco, propiedad del expresidente de la patronal madrileña CEIM Arturo Fernández. Es una de las operaciones señaladas por el Banco de España.

Tampoco recordaba nada de los diferentes avales otorgados a empresas participadas por Capital Riesgo Madrid –participada por ImadeImade (Instituto Madrileño de Desarrollo, perteneciente a la Comunidad de Madrid), Caja Madrid, CEIM y la Cámara de Comercio de Madrid, todos ellos a su vez socios protectores de Avalmadrid–, igualmente incluidos en el expediente del supervisor financiero. O del aval aprobado para Madrid Network, una entidad privada que también dirigió Rotellar, cuando éste se sentaba en el consejo de administración de Avalmadrid –entre 2008 y 2014–.

José María Rotellar admitió que mantiene“una cierta amistad” con Isabel Díaz Ayuso desde 2006, cuando la conoció “en Navacerrada”. Con ella “coincidió” en Madrid Network, donde también trabajó la hoy presidenta madrileña.

Antes había comparecido en la comisión Antonio Carrasco Reija, que como secretario general técnico de la Consejería de Economía había ocupado un puesto de vocal en el consejo de administración de Avalmadrid entre 2015 y 2019 y antes había sido interventor de la Comunidad de Madrid. Carrasco negó en dos ocasiones conocer a Jesús Juan Ciro Martín Sanz, vicepresidente de la patronal CEIM, consejero de Avalmadrid y, al mismo tiempo socio –con un 5% del capital– y padre del accionista mayoritario de la empresa Cubenube SL, una de las analizadas tanto por el Banco de España como por la consultora Forest Partners por sus vinculaciones.

Pese a la insistencia del diputado de Vox José Luis Ruiz Bartolomé, Antonio Carrasco rechazó cualquier conexión con Martín Sanz, pese a que ambos compartieron en la misma época, 2016, dos consejos de administración: el de Avalmadrid y el del Centro de Transportes de Coslada, una sociedad pública participada por la Comunidad de Madrid, la Cámara Oficial de Comercio de Madrid y el Ayuntamiento de ese municipio madrileño. Forest Partners dictamina que el aval nunca debió concederse no sólo por las vinculaciones entre la empresa y el consejero de Avalmadrid, sino también porque Cubenube incumplía su plan de negocio y no presentó garantías suficientes.

Los grupos de la oposición van a pedir en la Asamblea de Madrid que vuelvan a comparecer en la comisión que investiga las supuestas irregularidades de Avalmadrid sus expresidentes Eva Piera y Juan Manuel Santos-Suárez, después de que infoLibre haya publicado los correos y actas que demuestran que ambos mintieron en sus intervenciones ante los diputados el pasado 17 de diciembre. La iniciativa va a ser secundada por el PSOE, Más Madrid, Unidas Podemos y Vox, según han explicado a este periódico sus representantes en la Asamblea regional. Ciudadanos no descarta unirse también a la petición, ha indicado a este periódico la diputada Ana Isabel García.

“Queremos darles la oportunidad de que ahora digan la verdad”, apuntó la diputada socialista Pilar Sánchez Acera. El representante de Unidas Podemos Jacinto Morano destacó que existen “evidencias documentales” de que Piera y Santos-Suárez mintieron, y declarar en una comisión parlamentaria “equivale a una declaración judicial”. Como “un delito de falso testimonio” calificó lo ocurrido el diputado de Más Madrid Pablo Gómez Perpiyá. El representante de Vox José Luis Ruiz Bartolomé, por su parte, anunció su apoyo a la iniciativa para que ambos directivos se expliquen.

Las comparecencias de Eva Piera, que presidió Avalmadrid entre 2006 y 2008 para continuar como vocal del consejo de administración hasta 2011, y Juan Manuel Santos-Suárez, presidente de la sociedad de garantías de 2008 a 2012, inauguraron los trabajos de la comisión creada para investigar las irregularidades destapadas por las inspecciones del Banco de España y las informaciones publicadas por este periódico. La primera negó en todo momento haber tenido conocimiento de operaciones concretas de Avalmadrid. El segundo se desentendió por completo del aval que concedió la entidad semipública a MC Infortécnica SL, la empresa de la que eran socios los padres de la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, asegurando que no había asistido a ninguna reunión del Comité de Morosidad donde se analizan los impagos.

Sin embargo, infoLibre ha tenido acceso a decenas de correos de Eva Piera en los que pide datos de operaciones concretas a los principales ejecutivos de Avalmadrid, así como al acta de una reunión del Comité de Morosidad firmada por Santos-Suárez de su puño y letra.

El Código Penal, en su artículo 502, castiga “con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses” a quien, convocado ante una comisión parlamentaria de investigación, “faltare a la verdad en su testimonio”.

18 operaciones por las que se interesó Eva Piera

La Asamblea madrileña creó el año pasado una comisión de investigación para aclarar las presuntas irregularidades cometidas en Avalmadrid, una sociedad de garantía recíproca donde la Comunidad de Madrid es el accionista mayoritario con el 26,1% del capital. Entre ellas, según desveló este periódico, sea encuentra el aval de 400.000 euros concedido en 2011 a MC Infortécnica SL, empresa propiedad de cuatro matrimonios, entre ellos los padres de Díaz Ayuso. MC Infortécnica SL no devolvió ni un euro, pero Avalmadrid no actuó contra los socios de la empresa, que habían afianzado con todo su patrimonio personal la operación. No sólo eso, sino que Avalmadrid permitió que los avalistas se deshicieran de todos sus bienes sin responder de los 400.000 euros. [Puedes consultar aquí todas las informaciones de este periódico sobre el caso Ayuso]

Eva Piera puso en contacto a Díaz Ayuso con un directivo de Avalmadrid para que le facilitase información sobre la operación de MC Infortécnica SL. Ayuso sabía que la empresa no iba a devolver el dinero y temía que sus padres perdiesen sus propiedades. Esa labor de intermediaria se produjo el 13 de julio de 2011, cuando Piera era viceconsejera de Economía en el Gobierno de Esperanza Aguirre y consejera de Avalmadrid. En sus respuestas a los diputados, dijo hasta en nueve ocasiones que ella jamás había tenido conocimiento de “operaciones concretas”. “No tengo conocimiento ni nunca lo he tenido de operaciones concretas en Avalmadrid”, aseguró una y otra vez. [Puedes consultar aquí la comparecencia íntegra de Eva Piera]

Los correos a los que ha tenido acceso infoLibre demuestran lo contrario. Eva Piera pedía información de manera habitual sobre determinadas operaciones de Avalmadrid a sus tres principales ejecutivos en aquella época: el consejero delegado, Juan Luis Fernández-Rubíes, con quien mantenía una relación más fluida; el presidente, Juan Manuel Santos-Suárez, y el director de Relaciones Institucionales, Carlos Ramos, que fue quien recibió el encargo de atender a Ayuso.

Todos los correos son del periodo que va septiembre de 2011 a febrero de 2012, es decir, justo en la época en que Avalmadrid avaló a MC Infortécnica SL –marzo de 2011–, esta empresa no devolvió ni la primera cuota del préstamo –diciembre de 2011– y el Comité de Morosidad decidió actuar contra los bienes de los avalistas –abril de 2012–, aunque esa decisión jamás se llevó a efecto. En esos correos, Piera se interesa por 18 operaciones concretas, en algunos casos de forma reiterada.

En uno de los mensajes que intercambia con Fernández-Rubíes, Piera llega a mostrar cierto cansancio por la gran cantidad de favores que le toca gestionar: “En fin, ya ves, para la tarde, los recados de siempre... Siento estar tan decaída y transmitirlo con tanta crudeza como lo hice ayer, pero hay días donde ya es mucho el cúmulo del cansancio, los problemas y ni una buena noticia, y los pedidos de interés...”, escribe el 26 de octubre de 2011. El consejero delegado le contesta en la misma línea: “En definitiva, y también en mi caso el cansancio, los problemas, el no haber una sola buena noticia, los pedidos de interés ‘infumables’ son una constante”. Hay pocas dudas sobre lo que son los “pedidos de interés infumables”, en su propia terminología, puesto que en los textos donde figuran esas frases se habla de tres operaciones concretas de Avalmadrid.

“Yo no iba a esas reuniones del Comité de Morosidad”

Por su parte, Juan Manuel Santos-Suárez afirmó en la comisión parlamentaria que no tenía dato alguno ni de la operación de aval concedida a MC Infortécnica SL, ni de los motivos por los que el Comité de Morosidad había permitido que los avalistas se deshicieran de su patrimonio sin hacer nada. Y todo ello pese a que ese comité estaba presidido por él mismo. La explicación que dio fue la siguiente: en la operativa diaria estaba el consejero delegado y él ni siquiera acudía a las reuniones del Comité de Morosidad, pese a que era su presidente. “Yo no iba a esas reuniones del Comité de Morosidad”, insistió. La verdad es que la propuesta de la reunión del Comité de Morosidad celebrada el 2 de abril de 2012, en la que se analizó el expediente de MC Infortécnica SL, está firmada por el propio Santos-Suárez.

Santos-Suárez, que ahora es consejero de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), también faltó a la verdad de forma evidente en otro momento de la comisión. El diputado de Más Madrid Eduardo Gutiérrez le preguntó si en 2012 se había dirigido a un alto cargo del Gobierno de Esperanza Aguirre “diciendo que Avalmadrid tendría que ser disuelta o bien habría que aportar 10 millones de euros”. “No. Nosotros nunca nos dirigimos...”, respondió el compareciente. Este periódico ha tenido acceso a un correo de Santos-Suárez, enviado a Piera el 24 de julio de 2012, donde le dice exactamente lo que le había planteado el diputado de Más Madrid. [Puedes consultar aquí la comparecencia íntegra de Juan Manuel Santos-Suárez]

Este periódico envió a Eva Piera y a Juan Manuel Santos-Suárez una serie de preguntas relacionadas con sus afirmaciones falsas ante la comisión parlamentaria [puedes ver el contenido exacto de las preguntas en La Caja Negra, al final de esta información].

Piera se negó a responder. Santos-Suárez señaló lo siguiente: “Comparecí en la Comisión cumpliendo con mi responsabilidad y en ella contesté a todas las preguntas según mi recuerdo de lo que sucedió hace ocho años”.