El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha augurado en su mensaje navideño que en 2024 empezará a desplegarse el traspaso de Rodalies, se acordará una financiación singular con el Estado, se aprobará y aplicará plenamente la ley de amnistía, y se abordará una segunda fase de negociación con el Estado para un referéndum: "Son retos muy grandes, pero los alcanzaremos".

"2024 debe ser el año en que enfoquemos el camino de hacer de esta década la década de la prosperidad y de la libertad", ha dicho en su discurso emitido este martes por TV3, Catalunya Ràdio y 3Cat desde el Dipòsit del Rei Martí, un antiguo depósito de agua en Barcelona, para reflejar el compromiso del Govern contra la sequía, ha informado Europa Press.

Entre el resto de retos de 2024 ha citado la sequía, para decir que agricultores y ganaderos ya se han esforzado pero también "requerirá un esfuerzo del resto de la sociedad", además de seguir invirtiendo en infraestructuras hídricas.

Otro gran reto es la educación, sobre la que considera "vital continuar poniendo aún más esfuerzos, y seguir trabajando conjuntamente" con la comunidad educativa.

Ha fijado además los Presupuestos 2024 para afrontar estos y otros objetivos sociales, como la dependencia, la sanidad pública, la vivienda y combatir la violencia machista, por lo que las cuentas requerirán el compromiso de una mayoría del Parlament: "Estoy decidido a construirla para hacerlo posible", ha dicho, pero ha pedido lo mismo a los grupos.

También ha vaticinado que se acordará con el Estado "una financiación singular" que acabe con lo que ha tachado de déficit fiscal insoportable que impide a Cataluña las mejoras sociales que necesita.

Ha destacado otra mejora social: que 2024 sea "el año de un nuevo compromiso de todas y todos con el catalán", para que tenga más presencia que nunca y para que los migrantes la puedan hacer suya.

En 2023, ha recordado, ha habido más audiovisual en catalán que nunca, el catalán se ha podido hablar en el Congreso y se ha empezado el camino para que el catalán pueda ser oficial en la UE.

Además, ha dicho que 2024 será el año en que la ley de amnistía "se aprueba, se aplica plenamente y permite recuperar la libertad y el regreso a Cataluña de las personas represaliadas", y el año en que se aborde la segunda fase del proceso de negociación con el Estado para que Cataluña decida libremente su futuro, en alusión al referéndum.

Para conseguir todo eso, ha pedido a toda Cataluña colaboración, buscar complicidades en todos sitios, esfuerzo, talento, ingenio y máxima ambición: "Será el año que nosotros decidamos que sea. Hagámoslo el año en que ganemos el futuro que merecemos".

Para ejemplificar el valor del esfuerzo, ha hecho un balance positivo del año que acaba: se ha alcanzado la menor tasa de paro en 15 años; se ha fortalecido el estado del bienestar con más profesores, más personal sanitario y más mossos d'Esquadra; ha habido inversiones industriales, científicas y de investigación que califica de importantísimas; y se han incorporado nuevas vacunas y tratamientos, como la bronquiolitis.

Y ha destacado tres logros políticos: el traspaso integral de Rodalies, el traspaso del Ingreso Mínimo Vital y el acuerdo para la ley de amnistía, "necesario para abordar la siguiente fase de negociación con el Estado" para un referéndum.

Para él, haber conseguido todo esto debe dar a los catalanes "la confianza, la fuerza y la convicción para superar los retos", y ha acabado con un 'Visca Catalunya y visca la llibertat'.

Se ha referido también a las guerras en Ucrania y Gaza: ha pedido un alto el fuego definitivo en Gaza que acabe con la "masacre", ha tenido un recuerdo para las víctimas en Ucrania, y también para las víctimas de otras guerras que no son noticias tan destacadas.

Al felicitar la Navidad, ha tenido otro recuerdo para quienes la pasan en hospitales, y un agradecimiento para todas las personas que trabajan para los demás estos días.

En política no todo vale, y apoderarse de la calle con dos o tres concentraciones de la extrema derecha y la derecha extrema, tan solo para soliviantar a la ciudadanía con ese principio dictatorial del franquismo puro y duro, es buscar la confrontación, igual es esa la intención de influir con la estrategia del miedo, de España se rompe, España se parte y del rencor contra la mayoría de las españolas y españoles por negarles en las urnas un gobierno a los herederos del franquismo. 

Señores y señoras de la derecha y ultras, el autoritarismo es malo para avanzar en  el desarrollo de España y perjudica seriamente la salud democrática de las  instituciones constitucionales cuyos efectos negativos generan un comportamiento rabioso en los jefes del PPVox. Estos retrocesos en democracia y el acercamiento excesivo a los criterios que le marca la ultraderecha, junto con la negativa por quinto año consecutivo de cumplir con sus deberes constitucionales que afectan a la Justicia de España, demuestran la incapacidad  institucional de la derecha, hoy. 

Este comportamiento de inacción en sus tareas como partido político constitucionalista del PP les lleva a ninguna parte, demostrando nuevamente una inutilidad política de Feijóo, escurriendo el bulto. Su guardia pretoriana interna y externa, ya está nerviosa y ven que las cacicadas prometidas por el PP no se cumplirán y el beneficio a los ricos y poderosos del dinero con recortes y privatizaciones tampoco, por muchos regalos impositivos que les están haciendo en los territorios gobernados por la derecha y ultras. El ultraliberalismo lo quieren imponer y añoran el trumpismo inhumano que tanto le gusta visitar a la señora Díaz Ayuso, en esos viajes de placer a costa del erario público de las madrileñas y madrileños. Dejando sin un millón becas comedor a las niñas y niños que menos recursos tienen, de la mano del ayusismo inhumano en la Comunidad de Madrid.

El PP, con el apoyo de los poderes económicos, las élites adineradas y la ayuda de  la prensa de derechas con sus editoriales infames e indecorosas, es un ensayo, no pararán en los próximos cuatro años de oposición, seguirán sobreactuando y faltando al respeto a la mayoría absoluta y gritarán fuego en la votación del  Congreso de las diputadas y diputados que apruebe el pacto por la España progresista, humanista y social del PSOE y Sumar. Se acabó Feijóo. 

Necesitamos respeto político e institucional para vivir y convivir como personas racionales y obviar la mala educación como arma arrojadiza, con esos discursos incendiarios de las derechas y ultraderechas, vacíos de propuestas y sin proyecto político para España y Cataluña, aunque con mucha inquina contra el Gobierno de   España, utilizando palabras que agrietan el castellano y resquebrajan la lengua materna de todo un pueblo. 

En mi nombre, sí a la amnistía.

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Victorio Martínez Armero es socio de infoLibre.

Las bases del Consell de la República (CdRep), presidido por Carles Puigdemont, votarán a partir de este martes y hasta el próximo lunes, 23 de octubre, si los partidos independentistas catalanes deben "promover el bloqueo" de la investidura del presidente del Gobierno en funciones y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez.

"¿El Consell de la República debe promover el bloqueo a la investidura del presidente del Estado español por parte de los partidos independentistas catalanes?", reza el texto de la pregunta de la consulta que recoge el boletín del CdRep, informa Europa Press.

Un miembro registrado del CdRep impulsó a finales de julio la propuesta y logró los avales necesarios para sacarla adelante —un 1% de los registrados—, por lo que consiguió que se someta a votación de los afiliados.

La votación empezará a las 09.00 horas del martes y terminará a las 18.00 horas del lunes 23, y la publicación de los resultados provisionales tendrá lugar al día siguiente dado que habrá hasta el 27 para presentar reclamaciones y el 2 de noviembre se hará la proclamación de los resultados definitivos.

El CdRep, que cuenta con 103.294 miembros registrados, busca actuar en todos los frentes necesarios para que se reconozca el derecho a la autodeterminación y tiene como objetivo "alcanzar la materialización de la república catalana, de acuerdo con el mandato de los ciudadanos de Cataluña expresado en el referéndum del 1-O".

La entidad está formada por la Asamblea de Representantes, que definen como el "parlamento" del CdRep y que está compuesto por 121 miembros, los cuales tienen la función de controlar a la cúpula del gobierno de la entidad, que encabeza Puigdemont.

Sin embargo, la entidad está inmersa en un proceso de reorganización interna después de que el expresidente catalán, a finales de agosto, propusiera hacer una "reforma sustancial, orgánica y normativa" del CdRep restando poderes a la Asamblea de Representantes.

En una carta, expresó su voluntad de reformular este órgano en dos cámaras: una cámara de representación de los consejos locales y de las bases del CdRep, y otra que elaborará la "legislación republicana".

Esta reorganización ha provocado el malestar de un grupo de miembros de la Asamblea de Representantes, que cuestionan las formas y se muestran críticos con la gestión del vicepresidente del CdRep, el exconseller Toni Comín.

Precisamente, está previsto que la entidad informe este martes de los resultados de otra consulta que ha llevado a cabo sobre esta cuestión, que empezó el miércoles pasado y termina este lunes.

El grupo de expertos designado por el Govern de la Generalitat para abordar un Acuerdo de claridad ha planteado celebrar referéndums pactados en Cataluña o en toda España en que los ciudadanos puedan votar bien sobre la independencia, bien sobre el encaje territorial de Cataluña dentro del Estado y "con algún tipo de quorum". Sin embargo advierten de la "controversia jurídica" que puede generar y además recomiendan la figura de un "mediador".

Así lo recoge el informe del Consell Acadèmic per a l'Acord de Claredat, que su presidente, Marc Sanjaume, ha presentado en rueda de prensa este lunes después de trasladárselo al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha recogido Europa Press.

El informe también recoge "mecanismos análogos" al referéndum para resolver el conflicto: un acuerdo político entre instituciones representativas o unas elecciones plebiscitarias, fórmula que —advierten— puede ser vista como una estrategia de parte.

Según ha explicado Sanjaume, el informe del Consell busca abrir "horizontes" sobre las vías de resolución del conflicto territorial a partir de experiencias en política comparada, sin prescribir ninguna y sin analizar su viabilidad jurídica.

En el informe, consultado por Europa Press, los expertos constatan que existen fórmulas "de parte" y no acordadas para resolver los conflictos territoriales, pero advierten de que, para alcanzar una solución estable, todas las partes deben poder defender sus posiciones.

Tras concretar que hay muchos conflictos territoriales en los que inspirarse, Sanjaume ha admitido que los que implican identidades nacionales y territorios son "difíciles de resolver, lentos y no admiten soluciones únicas o copiadas al pie de la letra", por lo que requieren vías acordadas, reflexionadas y estudiadas.

Según él, un potencial acuerdo de claridad busca las maneras de avanzar, de manera acordada, en la resolución de un conflicto como el catalán, por lo que deberían tenerse en cuenta "los intereses legítimos de los ciudadanos, también los del resto del conjunto del Estado".

En el informe, y a partir de las cinco preguntas que les trasladó Aragonès, el Consell Acadèmic defiende que el referéndum es el "mejor instrumento" para identificar las preferencias de los ciudadanos en un conflicto territorial y legitimarlas democráticamente en una votación.

En contrapartida —apuntan—, un referéndum supone reducir cuestiones complejas a una sola pregunta, puede dar lugar a polarización y generar peligro de "manipulación política".

"Sin embargo, cuando el referéndum descansa en un acuerdo entre las partes enfrentadas, existe una buena regulación jurídica que la ampare y garantice sus resultados, y se formula una pregunta clara, los resultados de un referéndum son mucho más precisos y diáfanos que los de unas elecciones", sostienen.

Al mismo tiempo, consideran "muy relevante" en soluciones acordadas el papel del conjunto del Estado, ya sea del gobierno, el parlamento o del resto de ciudadanos.

Los expertos señalan que existen dos tipos de referéndum distinto: de inicio (si se convocan para conocer la opinión de la ciudadanía sobre un asunto) o de ratificación (para que la ciudadanía avale o rechace un acuerdo).

El referéndum de independencia de Escocia en 2014 obedecía a la primera fórmula, mientras que los referéndums previstos para ratificar los estatutos de autonomía corresponden a la segunda, ha detallado Sanjaume.

"Nada impide que estas dos modalidades de referéndum se puedan combinar en un proceso complejo de gestión o resolución de un conflicto", apunta el informe.

El documento también se refiere al dictamen del Tribunal Supremo del Canadá sobre la secesión del Quebec de 1998, que señala que los principios rectores de un acuerdo de claridad son la democracia, el imperio del derecho y constitucionalismo, el federalismo y la protección de las minorías.

La armonización de estos principios, según Sanjaume, debería conllevar que pudiera hablarse sobre todas las opciones sobre el estatus político de Cataluña, desde la autonomía hasta la independencia.

También ha avisado de que hay otros actores a tener en cuenta en un acuerdo de claridad, como los entes locales, los subestatales, el resto de territorios del Estado y de comunidades, y los tribunales, como el Tribunal Constitucional (TC).

Un referéndum de independencia en Cataluña encontraría, según el informe, "controversia jurídica" dentro del marco legal español, algo que, a juicio de los expertos, no debería impedir que se abriera una negociación política al respecto.

"El TC es clave para la viabilidad de un acuerdo de claridad", destacan en el informe, tras constatar que desde 2008 ha tenido una participación reiterada en el conflicto y que la jurisprudencia pone grandes dificultades —precisan— a la autodeterminación territorial.

Los expertos también recomiendan la figura de personas o instituciones mediadoras y, aunque no la consideran imprescindible, observan que es una estrategia "al alza" para desencallar conflictos.

Según el Consell Acadèmic, el referéndum podría celebrarse bien en Cataluña, bien en toda España; en ese último caso —advierten— podría haber un "problema de legitimidad democrática de difícil solución" en caso de que en Cataluña existiera una gran mayoría a favor de la independencia, y en el resto del Estado no.

"Partir de la base de que el único demos relevantes es el del territorio que se quiere separar ignora que una decisión como la independencia impone consecuencias muy relevantes a la ciudadanía del resto del Estado, y que la misma lógica democrática requiere que esta ciudadanía disponga de algún mecanismo de codecisión", añaden.

En cuanto al quórum, los expertos planten umbrales de participación mínima "para garantizar la significación de los resultados", aunque alertan de que, de ser demasiado altos, habría riesgo de campaña en favor de la abstención.

En referéndums de especial trascendencia política —subrayan— también pueden establecerse mínimos de voto favorable para evitar "la arbitrariedad de mayorías espurias" con una mayoría de poco más del 50% y que podría cambiar poco después.

"Los umbrales de voto mínimo pueden conllevar, sin embargo, una lesión del principio de voto equitativo", por lo que los expertos recomiendan que cuenten con consenso político previo, o que los resultados se ratifiquen en referéndums sucesivos o elecciones.

El Consell concluye que la "definición de una propuesta concreta de referéndum que permita avanzar hacia la resolución del conflicto político entre Cataluña y España debería ser parte del acuerdo de claridad".

Aunque avisa de que no le corresponde proponer una solución concreta, subraya que los negociadores deberían "armonizar y no jerarquizar, los principios de democracia, imperio de la ley y constitucionalismo, federalismo y protección de las minorías".

El Consell avisa de que es necesario un consensos sobre la aceptación de los resultados del referéndum y sus efectos políticos, "más allá del carácter jurídicamente vinculante o no" del mismo.

"No hacerlo, pese a haber aclarado la existencia de una demanda política mayoritaria, implicaría por definición no respetar estos principios y podría incentivar intentos de satisfacerla por otras vías", alertan.

También apuntan que, en caso de un resultado favorable a un mayor autogobierno, "también requiere un deber de negociación de buena fe" para lograr un nuevo encaje, en sus palabras, de Cataluña dentro de España.

El Consell de la República (CdRep), presidido por Carles Puigdemont, ha convocado una votación a sus bases, que tendrá lugar entre el 17 y el 23 de octubre, para decidir si los partidos independentistas catalanes deben "promover el bloqueo" de la investidura del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.

"¿El Consell de la República debe promover el bloqueo a la investidura del presidente del Estado español por parte de los partidos independentistas catalanes?", reza el texto de la pregunta de la consulta que recoge el boletín del CdRep, que recoge Europa Press.

Un miembro registrado del CdRep impulsó a finales de julio la propuesta y ha logrado los avales necesarios para sacarla adelante —un 1% de los registrados—, por lo que se someterá a votación de los afiliados.

La votación empezará a las 9.00 horas del martes 17 de octubre y terminará a las 18.00 horas del lunes 23, y la publicación de los resultados provisionales tendrá lugar al día siguiente dado que habrá hasta el 27 para presentar reclamaciones y el 2 de noviembre se hará la proclamación de los resultados definitivos.

El CdRep, que cuenta con 103.276 miembros registrados, busca actuar en todos los frentes necesarios para que se reconozca el derecho a la autodeterminación y tiene como objetivo "alcanzar la materialización de la república catalana, de acuerdo con el mandato de los ciudadanos de Cataluña expresado en el referéndum del 1-O".

La entidad está formada por la Asamblea de Representantes, que definen como el "parlamento" del CdRep y que está compuesto por 121 miembros, los cuales tienen la función de controlar a la cúpula del gobierno de la entidad, que encabeza Puigdemont.

Sin embargo, la entidad está inmersa en un proceso de reorganización interna después de que el expresidente catalán, a finales de agosto, propusiera hacer una "reforma sustancial, orgánica y normativa" del CdRep restando poderes a la Asamblea de Representantes.

En una carta, expresó su voluntad de reformular este órgano en dos cámaras: una cámara de representación de los consejos locales y de las bases del CdRep, y otra que elaborará la "legislación republicana". Esta reorganización ha provocado el malestar de un grupo de miembros de la Asamblea de Representantes, que han cuestionado las formas y se muestran críticos con la gestión del vicepresidente del CdRep, el exconseller Toni Comín.

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este miércoles 27 de julio:

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha proclamado este martes una nueva etapa para Cataluña y ha sostenido que la negociación con el Estado es una "oportunidad histórica que hay que aprovechar".

Lo ha dicho en su discurso en el Debate de Política General en el Parlament, al que Aragonès ha llegado acompañado de todos los consellers del Govern y después de haberse reunido junto al vicepresidente de la Generalitat, Jordi Puigneró, con los diputados de ERC y Junts. "El tren de la negociación con el Estado está a punto de arrancar de verdad. Hace pocos días que retomamos el proceso y ahora toca profundizar en él. Trabajamos la metodología y ara toca comenzar ya la negociación. Es el momento de aparcar los tacticismos políticos y subir al tren, de acumular fuerzas y de reforzar desde dentro y desde fuera, la mesa de negociación, los posicionamientos de la delegación del Govern, de la delegación de Cataluña". 

Ha calificado la mesa de diálogo de oportunidad histórica ya que para el presidente "solo hay una estrategia ganadora para conseguir (la independencia) que es sentar al Estado español y explorar la vía de la negociación", aunque ha advertido de que paralelamente deben seguir trabajando para ampliar la base social que respalde la independencia de Cataluña, según informa Europa Press. 

El presidente de la Generalitat ha afirmado también que el referèndum de autodeterminación es "absolutamente inevitable" y que hará todo lo posible para conseguir que se celebre. "Soy y seré el presidente de todos y todas las catalanas. Y por eso lo haré todo para que el pueblo catalán pueda decidir libremente su futuro en las urnas. La democracia, el referéndum, es la propuesta más inclusiva que hay, porque permite a todas las opciones expresar su voz y tener la oportunidad de ganar", ha asegurado al finalizar su discurso en el Debate de Política General en el Parlament, que ha durado casi dos horas.

"Y cuando llegue este momento, que llegará porque es absolutamente inevitable, cuando podamos decidir el futuro del país en las urnas, pondré todas mis fuerzas a trabajar para que gane el 'sí', para que gane la opción de la independencia", ha zanjado.

"Lo dará todo" por la independencia

Tras reiterar que el referéndum es la propuesta más inclusiva porque incluye tanto a los catalanes independentistas como a los que no lo son, el presidente catalán ha reiterado que deberá ser "avalado por la comunidad internacional", como ha hecho y cree que volverá a hacer Escocia.

Considera que el referéndum es la mejor solución y la que no obliga a nadie a renunciar a sus ideales: "Una propuesta que permite salir reforzados como sociedad. La democracia une, la democracia fortalece las sociedades, la democracia es el instrumento más legítimo que podemos utilizar para resolver los conflictos políticos". Ha subrayado que Cataluña es una sociedad profundamente democrática y que, "tanto si se quiere como si no, la solución deberá acabar siendo en las urnas".

Así, Aragonès ha contrapuesto el referéndum con que, a su juicio, el Gobierno no ha planteado cuál es su propuesta para solucionar el conflicto: "¿Qué propuesta tiene el Estado para los catalanes y las catalanas? Hasta hoy no hemos oído ninguna. Pero forzaremos al Estado a moverse, a mojarse".

Los equipos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del president de la Generalitat, Pere Aragonès, trabajan ya en los detalles de lo que será la segunda reunión de la Mesa de Diálogo sobre Cataluña. Se celebrará durante la semana del 13 de septiembre, justo después de las celebraciones de la Diada del 11S, en la que las organizaciones sociales independentistas se proponen presionar a ERC para que deje de apostar por la negociación y vuelva a la estrategia de la ruptura.

Entre los asuntos pendientes de resolver está la composición de la mesa. Es decir, si como ocurrió en la primera reunión de febrero de 2019, con Quim Torra al timón, estarán presentes los jefes de ambos gobiernos o si, por el contrario, ambos ejecutivos darán paso a delegaciones de segundo nivel o con perfiles más técnicos. Aragonès quiere que la cita tenga el máximo relieve posible, sobre todo después de que la pandemia haya mantenido congelado el diálogo durante 19 meses. Por eso presiona para estar en la foto junto a Sánchez.

No hay que olvidar que la mesa es una idea de Esquerra y un compromiso que los republicanos arrancaron al PSOE a cambio de su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez. Es la culminación institucional de la estrategia de diálogo marcada por su líder, Oriol Junqueras, inmediatamente después de que Mariano Rajoy pusiese fin, en apenas unas horas, a la declaración de independencia de Cataluña de octubre de 2017. Junqueras defiende desde entonces la necesidad de ampliar la base social a favor de un referéndum pactado. Sólo así, sostienen los republicanos, será posible crear las condiciones que hagan inevitable la convocatoria de una votación acordada y reconocida internacionalmente.

Para restar presión, sobre todo por parte del independentismo que reclama el fin del diálogo antes de que comience porque, aseguran, el Gobierno nunca aceptará amnistiar a los dirigentes políticos que huyeron de la justicia española, entre ellos Carles Puigdemont, el propio Aragonès dejó claro este pasado lunes que su horizonte para la celebración de un referéndum pactado se extiende hasta 2030. Lo que equivale a dar a la mesa casi una década para obtener resultados.

El Gobierno espera que el nuevo “pragmatismo” con el que Aragonès ha iniciado su mandato como president se extienda a la mesa de diálogo. El máximo representante de la Generalitat acaba de cumplir 100 días al frente del Govern sin que su gestión, sus proyectos de ley o sus declaraciones se hayan convertido en un quebradero de cabeza para la Moncloa, como ocurría antes con Quim Torra.

Las dos partes se sienten legitimadas para dar contiuidad a la mesa gracias, entre otras cosas, al resultado de las elecciones autonómicas de febrero. No hay que olvidar que los dos partidos más votados fueron precisamente los que apuestan por el diálogo: el PSC y Esquerra Republicana.

A la distensión entre las dos administraciones ha contribuido y mucho la decisión de Sánchez se indultar a los presos del procés a pesar de las voces en contra del Tribunal Supremo, de la derecha española y, a juzgar por las encuestas, de la mayoría de la opinión pública. También los avances en la normalización institucional: Aragonès no estuvo en la última Conferencia de Presidentes pero el Govern sí participó en la Comisión de Política Fiscal y Financiera —por primera vez en años— y en la comisión bilateral que creó el Estatuto para hablar de traspasos y asuntos pendientes.

Es verdad que quedan algunas aristas, como la demanda económica del Tribunal de Cuentas a los indultados y los avales que el Govern decidió otorgarles. Pero también han nacido nuevas complicidades en torno a grandes proyectos, como la multimillonaria inversión para ampliar el aeropuerto de El Prat o la candidatura de Pirineos-Barcelona para los Juegos Olímpicos de invierno de 2030.

De hecho, la principal novedad del nuevo curso político en Cataluña es la desescalada del conflicto, siempre intenso en septiembre porque coincide con la celebración de la Diada y las grandes manifestaciones del independentismo. El nuevo ambiente es algo que no se vivía en Cataluña desde hace años y, a juicio de todas las fuentes consultadas por infoLibre, es fruto de los indultos y de las expectativas creadas por un diálogo que, mientras siga vivo, deja poco espacio para quienes siguen apostando por la ruptura.

Entre ellos están Junts, la CUP y la Assemblea Nacional Catalana (ANC). Y el objetivo común de los tres es presionar a Esquerra para que vuelva a la unilateralidad.

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, la voz más relevante de los partidarios de Puigdemont, ya ha advertido de que el diálogo debe darse por “finiquitado” si en la reunión prevista no se habla de amnistía y autodeterminación. Y quiere resultados cuanto antes; no “estar dos años mareando la perdiz”, en alusión al límite temporal que el independentismo pactó para hacer posible la investidura de Aragonès.

Una Diada con mensaje para Esquerra

Elisenda Paluzie, responsable de la ANC, ya ha dejado claro que la manifestación de la Diada enviará este año un mensaje al Govern y a los electos independentistas para recordarles que quienes les apoyaron en las elecciones quieren que culminen el proceso independentista. Se refiere, sin mencionar ninguna sigla, a ERC. “No estamos dando un mensaje al Estado español, estamos dando un mensaje a nuestros electos, a los diputados independentistas, que tienen un reto muy complejo, y somos conscientes, que es culminar el proceso de independencia”, aseguró esta semana en una entrevista difundida por Europa Press.

El número dos de la ANC fue aún más directo. David Fernàndez defendió este martes que el objetivo es la independencia y “no un diálogo-monólogo que todos saben que es una tomadura de pelo”. “Hace muchos años que los independentistas estáis en el Govern”, añadió también en referencia a ERC. “Y no habéis hecho el trabajo, no vengáis a dar lecciones diciendo 'ahora no toca'. No tenéis excusa”.

También el expresident Quim Torra. No habrá nunca un referéndum pactado con el Estado y la mesa de diálogo no servirá para conseguirlo: “Ni en 2030 ni en 2080”, remachó en una entrevista en Catalunya Ràdio. “Por la sencilla razón de que el Estado español está fundamentado en la indisoluble unidad de la patria y, además, garantizada por el ejército y el poder judicial”. Ese es el motivo por el que no entiende “los motivos de estos dos años de tregua de una mesa de diálogo que sabemos que es imposible que dé el resultado deun referéndum acordado imposible”.  El expresident no es otimista: el independentismo está desorientado y no tiene ningún plan, admitió. La única manera de avanzar hacia la independencia es a través de la movilización de la ciudadanía: “Yo reconozco que hemos descarrilado y, además, estamos desmovilizados”.

La manifestación por la Diada comenzará a las 17.14 horas del sábado 12 de septiembre en la plaza Urquinaona de Barcelona, seguirá por la Via Laietana y terminará en el Parlament con el lema 'Lluitem i guanyem la independència' ('Luchemos y ganemos la independencia'). El reto, este año, será precisamente lo que preocupa a Torra: mantener la movilización social después de los indultos y de la institucionalización del diálogo para resolver el conflicto.

ERC lleva como puede el escepticismo público de Junts. Su portavoz, Marta Vilalta, ha pedido a sus dirigentes que no menosprecien la mesa de diálogo y que afronten la negociación con el Gobierno central con la máxima cohesión. Es imprescindible, defendió esta semana, que el Gobierno de Pedro Sánchez no se desentienda de la mesa de diálogo, pero que también afronten la negociación con la máxima ambición “aquellos que la desacreditan y menosprecian continuamente”. “No se lo pongamos tan fácil al Gobierno español”.

Se trata de desafiar al adversario político, no de desacreditar el instrumento que nos tiene que servir para resolver el conflicto político”, remarcó. Las críticas de Junts debilitan y hacen un “flaco favor” a la posición del Govern en este asunto y al consenso que, según ella, hay alrededor de la autodeterminación y la amnistía en la sociedad catalana.

Aragonès ya ha confirmado que llevará a la cita la demanda de amnistía y el derecho de autodeterminación.Una reclamación que, previsiblemente, será rechazada por Sánchez. No es nada nuevo. Es exactamente lo que hizo Torra en febrero de 2019 lo que hizo Torray la negativa del Gobierno no le impidió dar continuidad al diálogo.

En La Moncloa trabajan en la preparación de la reunión el nuevo jefe de gabinete de Sánchez, Óscar López, y los ministros de Presidencia (Félix Bolaños) y Política Territorial (Isabel Rodríguez), los tres en permanente contacto con el propio Pedro Sánchez. El Gobierno insistirá en la “agenda para el reencuentro” que planteó en su día al Govern y volverá a pedir a Aragonès que abra un espacio de diálogo dentro de Cataluña entre partidos independentstas y no independentistas.

Este es un asunto en el que el president no ha dado pasos, pese a la insistencia del Gobierno y del PSC. En vez de eso promete un acuerdo nacional —de independentistas— por la amnistía y la autodeterminación.

En ese diálogo entre catalanes independentistas y no independentistas que Sánchez lleva reclamando desde hace tres años no estarán previsiblemente los partidos de la derecha española. Vox, Ciudadanos y el PP, son contrarios a cualquier conversación que implique modificar el actual estatus de Cataluña. Ni siquiera siguiendo los procedimientos marcados por la Constitución y el Estatut. Si Junts, la CUP y a ANC presionan a Esquerra, los tres partidos de la derecha hacen lo mismo con el PSOE. 

El líder de esta última formación, Pablo Casado, se opone frontalmente: Es “aberrante”, dijo esta semana, “que el Gobierno de España se siente en una mesa en la que ya de entrada se pretende sortear la legalidad y pactar sobre cuestiones sobre las que no tiene autoridad”. Se refiere, explicó más tarde, a que según él el presidente va a ofrecer al independentismo una amnistía y un referéndum de autodeterminación (el Gobierno siempre ha rechazado ambas demandas, habituales por parte del independentismo desde las condenas del procés).

La solución, concluyó Casado, es “rebelarse” y “defenderse”. “Hay que impedir que Sánchez consolide” un “pacto de sumisión” con el independentismo. Hay que rechazar la interlocución privilegiada con los secesionistas que siguen sin reconocer la Constitución y la ley”.

El punto de partida

Lo cierto es que ni el Govern ni el Gobierno esperan en esta fase avances significativos más allá de reiniciar los contactos que la pandemia obligó a posponer. El punto de partida es el acuerdo alcanzado en febrero de 2020 sobre algunas ideas relevantes para iniciar el diálogo. En primer lugar, la constatación de “la naturaleza política del conflicto y que éste requiere de una solución política”. Que es tanto como decir que no puede quedar en manos de los tribunales.

En segundo lugar, que la mesa es “un instrumento para vehicular una solución” y “continuar trabajando para impulsar el diálogo, la negociación y el acuerdo”.

¿Con qué metodología? Un grupo de trabajo de segundo nivel integrado por representantes de ambas partes será el que plantee alternativas y ensaye fórmulas de aproximación que, si llegan, tendrán que ser ratificadas en presencia de Sánchez y Aragonès.

¿Y con qué límites? La primera y única mesa celebrada hasta ahora dejó claro que “cualquier acuerdo que se adopte en el seno de la mesa se formulará en el marco de la seguridad jurídica”.

La segunda reunión, si se celebra al más alto nivel, reflejará los cambios de la política española en los últimos meses. Aragonès sustituirá a Torra; faltará Salvador Illa, que ya no forma parte del Gobierno. Habrá que ver si le releva Miquel Iceta, ministro de Cultura y todavía primer secretario del PSC (hasta diciembre, fecha en la que previsiblemente le sustituirá el propio Illa). Y el asiento de Pablo Iglesias —que hace un año y medio no acudió a la cita por razones de salud— será ocupado por la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Después de la cita será el tiempo de los presupuestos para 2022, esenciales para aprovechar los fondos europeos. Sánchez necesita a Esquerra para sacar adelante los suyos y,º aunque es verdad que los republicanos esperan llegar a un acuerdo con la CUP, el PSC ya se ha encargado de recordar que ahí están sus diputados si Aragonès necesita negociar apoyo fuera del bloque independentista.

La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha insistido este martes en que el Ejecutivo de Pere Aragonès no contempla que el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, no acuda a la mesa de diálogomesa de diálogo, y ha asegurado que todavía no hay un orden del día cerrado para este encuentro, pero que se está trabajando en éste, según informa Europa Press.

Lo ha explicado en rueda de prensa tras la primera reunión del Consell Executiu después del verano, en la que no se ha abordado esta mesa de diálogo entre el Gobierno central y el de la GeneralitatGobierno central y el de la Generalitat, aunque es "un tema que ocupa a todo el Govern".

Preguntada por si está decidida la delegación de la Generalitat, Plaja ha remarcado que "serán representantes del Govern" y se cerrará en los próximos días o semanas.

"Estimular el debate académico, político y social". No es un propósito sencillo cuando se trata de abordar el conflicto catalán. Es lo que se propone el libro Cataluña España, Catalunya Espanya en su edición en catalán, publicado por Catarata a partir de la iniciativa del Centre d’Estudis de Temes Contemporanis (CETC) de la Generalitat de Catalunya. Su editor, Pere Almeda, y sus coordinadores Jordi Muñoz, Jordi Amat, Gemma Ubasart, César Colino, Ignacio Molina, Jaume López, Zelai Nikolas y Mario Zubiaga, reúnen en el volumen más de 60 artículos sobre los distintos aspectos del conflicto, desde la dimensión interna del independentismo hasta sus implicaciones europeas, en un esfuerzo por reunir posturas plurales en torno a uno de los principales desafíos políticos del país. Aquí recogemos un extracto del artículo del politólogo Ignacio Sánchez-Cuenca. 

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Una salida democrática a tientas

En el estudio de la Lógica, las paradojas ocupan un lugar muy destacado. Se trata de actos de habla en los que resulta imposible establecer su verdad o validez. La más famosa es la paradoja del mentiroso, cuya primera formulación puede encontrarse en el Evangelio de San Pablo: el cretense Epiménides afirmó que todos los cretenses eran unos mentirosos. Si Epiménides dijo la verdad, se sigue que él mismo era un mentiroso, luego deberíamos concluir que su afirmación era falsa. Pero si es falso lo que dijo Epiménides, se confirma su tesis de que todos los cretenses son unos mentirosos y no nos queda más remedio que concluir que es verdad.

Hay muchas formulaciones alternativas de la paradoja del mentiroso. Bertrand Russell planteó este enigma: sea un barbero que solo afeita a aquellos que no se afeitan a sí mismos. ¿Quién afeita entonces al barbero? Si el barbero no se afeita a sí mismo, debería hacerlo, pues él se encarga de afeitar a quienes no se afeitan a sí mismos; pero si se afeita, no debería afeitarse a sí mismo, pues solo afeita a quienes no se afeitan a sí mismos.

El punto ciego de la democracia

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Pues bien, resulta sencillo establecer una analogía entre las paradojas de los actos de habla y la paradoja democrática que se suscita ante una demanda de secesión. La democracia puede procesar y hacerse cargo de cualquier conflicto, cuenta para ello con un conjunto de reglas y procedimientos. Pero no puede dar una solución democrática al cuestionamiento de la condición de posibilidad de la propia democracia.

La democracia, en cuanto forma de autogobierno colectivo, requiere de una colectividad que quiera tomar decisiones colectivas conjuntamente. Esa colectividad o pueblo es el demos con el que se forma el término “democracia”. Una vez que está claro quién forma parte del demos, la democracia se pone en funcionamiento. ¿Qué sucede, sin embargo, si se cuestiona el demos en función del cual se toman las decisiones colectivas? Cuando así ocurre, nos encontramos con algo muy parecido a las paradojas lógicas. La democracia puede resolverlo todo excepto el cuestionamiento de su condición posibilitante, que es la existencia de un demos que quiera gobernarse a sí mismo. El problema de la constitución del demos es un problema predemocrático y puede considerarse una especie de punto ciego para la democracia.

El problema puede resumirse así: un demos existente, llamémosle A, se fragmenta en dos subconjuntos, a y b. El subconjunto a (mayoritario) reclama la totalidad e integridad de A, dice que las decisiones colectivas han de tomarlas a y b juntos porque a y b forman parte de A. Sin embargo, b no quiere tomar decisiones con a, quiere separarse del demos A y empezar a tomar decisiones por sí mismo, como un nuevo demos B. La regla de mayoría no sirve para dirimir el conflicto: b no quiere tomar decisiones con a y, por tanto, si b es una minoría frente a a, b no aceptará el uso del principio de mayoría en A. A su vez, a no aceptará una decisión que tome b por su cuenta, pues no le reconoce a b condición de demos propio.

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La solución española

En España ha habido dos crisis de demos en los últimos veinte años, una en el País Vasco (Plan Ibarretxe) y otra más reciente en Cataluña (procés y sucesos de otoño de 2017). A mi juicio, en ninguna de las dos se abordó el problema desde parámetros democráticos como los que acabo de mencionar. En el caso del Plan Ibarretxe, se utilizó el principio de mayoría en el Parlamento español, rechazándose por un margen muy amplio la propuesta del Parlamento vasco (a se impuso a b). Dicha crisis acabó superándose con la evolución del principal partido vasco, el PNV, hacia posiciones más moderadas. En el caso de Cataluña, la crisis está siendo más compleja y duradera y además ha llegado mucho más lejos, tensando las costuras de la democracia española.

Desde la sentencia limitadora del Tribunal Constitucional de 2010, en la que, entre otras cosas, se cegaba toda vía de reconocimiento de la plurinacionalidad en España, los sucesivos gobiernos no han abierto en ningún momento un canal formal de diálogo o un foro negociador. El actual Gobierno de Pedro Sánchez está intentando poner en marcha una mesa negociadora, pero hasta el momento han surgido diversas dificultades que han impedido su materialización y desarrollo. Con otras palabras, en estos largos años, mientras se agudizaba la crisis constitucional, no se ha explorado ninguna fórmula para encontrar una solución que sea satisfactoria para todas las partes. El mayor avance, en este sentido, ha sido la Declaración de Pedralbes del 20 de diciembre de 2018, en la que los Gobiernos de España y Cataluña acordaron un breve texto en el que se reconocía la existencia genérica de un conflicto sobre el futuro de Cataluña y se apostaba por la vía del diálogo.

La parte minoritaria, la del independentismo catalán, hizo en su día numerosas llamadas al diálogo. A veces esas llamadas venían acompañadas con propuestas, como cuando la delegación del Parlamento catalán solicitó en el Congreso el 8 de abril de 2014 que, mediante ley orgánica, se diera poderes al Gobierno catalán para poder realizar una consulta o referéndum no vinculante sobre el futuro político de Cataluña; sin embargo, PP, PSOE y UPyD votaron en contra de aquella iniciativa alegando su inconstitucionalidad. Pero incluso si hubiera sido inconstitucional, lo cual es dudoso y materia de debate, esos mismos partidos podrían haber considerado que, en la medida en que se trataba de una solución pactada del problema catalán, merecía la pena poner en marcha un proceso de reforma constitucional para encontrar el encaje legal a dicha consulta.

No solo el Gobierno español rehusó la vía negociadora, sino que además llevó a cabo operaciones secretas con recursos públicos orientadas a difamar a los líderes del independentismo. Así quedó acreditado en dos comisiones de investigación, una en el Congreso y otra en el Parlament. Recientemente, se ha ido confirmando el juego sucio de los gobiernos de Mariano Rajoy gracias a los audios incautados al comisario Villarejo. El espionaje a políticos y autoridades del Estado con recursos públicos es una de las quiebras más graves del orden constitucional, pues, además del abuso de poder que supone, altera las reglas de la competición política.

Cuando la situación “reventó” en otoño, el Estado español reaccionó tratando de evitar el referéndum del 1 de octubre de 2017 mediante el uso de la fuerza, encarcelando preventivamente a los líderes civiles del independentismo y poniendo en marcha una especie de “causa general” contra el independentismo bajo la acusación abusiva del delito de rebelión. Aunque jueces y fiscales, con el Tribunal Supremo a la cabeza, han continuado esta ofensiva, la moción de censura de 2018 ha significado un cambio de orientación en la política del Gobierno central, si bien cabe pensar que llega demasiado tarde, cuando el daño “democrático” ya está hecho.

La solución catalana

El movimiento independentista se ha caracterizado por el empleo de formas pacíficas de protesta, resistencia y desobediencia civil y política. Los únicos episodios de violencia callejera se produjeron en 2019, a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo en la que se establecían penas largas de cárcel para los principales líderes políticos del procés. A mi juicio, el movimiento fue exquisitamente democrático hasta las elecciones autonómicas de 2015. Tras aquellas elecciones, que las fuerzas independentistas presentaron como plebiscitarias, la mayoría absoluta independentista del Parlament continuó su proyecto de separación a pesar de contar con un apoyo electoral por debajo del 50 % (calculado sobre el censo, no alcanzaba al 40 % de la sociedad catalana). A partir de aquel momento, el movimiento actuó, digamos, “por encima de sus posibilidades”, como si tuviera un apoyo y legitimidad abrumadores, cuando resultaba obvio que no era así. El independentismo creó unas expectativas imposibles de materializar, por lo que los líderes terminaron atrapados en la estrategia que ellos mismos habían planificado, sin más salida que adoptar una postura que podríamos llamar “sacrificial”, consistente en mostrar a las bases que tenían la determinación inquebrantable de seguir adelante costara lo que costara. El resultado fue el viaje a ninguna parte de otoño de 2017; primero las leyes de transición y referéndum, luego el referéndum del 1 de octubre y, finalmente, la declaración de independencia del 27 de octubre, puramente “expresiva” y sin consecuencias de ningún tipo.

Creo que, por grave que fuera la desobediencia política y la deslealtad constitucional de las autoridades catalanas, la respuesta penal del Estado no fue adecuada por motivos tanto estratégicos como de principio. Los sucesos de otoño de 2017 fueron los propios de una crisis constitucional, pero no de una rebelión o una sedición. En este sentido, el déficit de sensibilidad democrática de las instituciones del Estado (y de buena parte de la sociedad civil) explica la rápida extensión de la tesis atrabiliaria de que el independentismo intentó llevar a cabo un “golpe de Estado”. Un golpe de Estado consiste en la toma del poder central mediante la violencia o la amenaza, en casi todos los casos con la participación del Ejército o de una parte de este (el autogolpe puede ser una excepción). Los golpes suelen ser sucesos breves y nunca se anuncian por adelantado. Asimilar los sucesos de otoño a un golpe ha sido la manera más expeditiva de justificar la aplicación de los tipos más duros del Código Penal a los acusados. Esta respuesta penal no ha resuelto el problema político subyacente y ha debilitado tanto los fundamentos de la democracia española como la imagen exterior del país.

Sin embargo, el rechazo de la forma en que se ha juzgado a los líderes independentistas no implica que sus actos estén libres del reproche político y democrático. Como ha señalado Jordi Muñoz en el que a mi juicio constituye el análisis más penetrante hasta la fecha sobre el procés, Principi de realitat, los pasos dados en otoño de 2017, más allá del valor histórico que puedan tener para el movimiento independentista, en cuanto hitos en una larga lucha por el Estado propio, fueron en última instancia un fracaso en la búsqueda de una salida democrática que, cualquiera que fuese el resultado, resultara aceptable para una mayoría muy amplia de catalanes. El desafío, como plantea Muñoz, no es tanto que haya una mayoría más o menos amplia en Cataluña a favor de la independencia, sino que se establezca una forma democrática, cargada de legitimidad y aceptada por (casi) todos, sobre cómo resolver las diferencias políticas acerca del futuro político de Cataluña

La solución democrática

El sistema político español no ha abordado desde parámetros democráticos la demanda de independencia procedente de Cataluña. La cerrilidad del Gobierno del Partido Popular y la hostilidad de los jueces han servido ante todo para radicalizar al movimiento independentista catalán. Al estrecharse su margen de acción, el independentismo no quiso retroceder y optó por la estrategia unilateral, consistente en una ruptura por la vía de los hechos, tal y como sucedió en otoño de 2017, estrategia que, por lo demás, no contaba con el apoyo popular necesario para una empresa de esta índole y que, en consecuencia, estaba condenada al fracaso. A su vez, la reacción del Estado a los sucesos de 2017 se ha basado en la represión y el castigo. En lugar de reconocer la existencia de una crisis constitucional derivada del cuestionamiento del demos nacional español, el Estado ha reducido el problema a una cuestión de seguridad y orden público, resoluble mediante la intervención de los cuerpos policiales y los tribunales penales.

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Solo si partimos de la base de que, por debajo de todos esos discursos, queda pendiente un problema democrático complejo y profundo, podremos empezar a desandar el camino recorrido. En este sentido, si algo tan sencillo como la Declaración de Pedralbes fuera secundado por todas las fuerzas políticas, sería más fácil encontrar alguna solución al problema de los políticos independentistas encarcelados o “varados” fuera de España y, a partir de ahí, podría ponerse en marcha un proceso negociador.

A mi juicio, correspondería entonces al Gobierno de España lanzar una propuesta de alcance constitucional con el propósito no solo de ganar mayores apoyos en Cataluña para la causa de la integridad territorial de España, sino también con el ánimo de introducir una mayor eficiencia en la estructura territorial del Estado. Dicha reforma, como se indica en el artículo introductorio de César Colino e Ignacio Molina sobre el debate en el Estado, puede articularse a partir de la combinación, en dosis variables, de elementos como federalismo, asimetría y plurinacionalidad. Al final del proceso, habría un referéndum, pero no sobre la independencia, sino sobre la propuesta que haga el Estado central tras negociar con las comunidades autónomas. Atendiendo a la naturaleza política del conflicto, no creo que bastara una reforma institucional si esta no viene acompañada por alguna forma de reconocimiento de la naturaleza plurinacional de España. Conseguir un consenso en torno a dicho reconocimiento, sobre todo tras la línea doctrinal que ha establecido el Tribunal Constitucional y en un contexto de un nacionalismo español excluyente en fase de crecimiento, será extremadamente difícil.

No es mi objetivo en este texto precisar las líneas maestras de la propuesta de reforma constitucional. Sin embargo, sí me gustaría señalar qué sucedería si dicha reforma no saliera adelante, por falta de acuerdo entre las fuerzas políticas, o porque, en el referéndum preceptivo de ratificación, no consiguiera un apoyo mayoritario en Cataluña. Por descontado, si la reforma constitucional se lleva a cabo y logra la ratificación popular no solo en el resto de España, sino también en Cataluña, la crisis se habría resuelto, no sé si para siempre, pero sí al menos por un tiempo. Seguiría habiendo independentismo en Cataluña, desde luego, pero probablemente no tendría el empuje que ha tenido en estos años. Pero si no fuera así, si no hubiera acuerdo sobre una propuesta de reforma o si la reforma fuera tan “tibia” que no consiguiera una mayoría amplia en Cataluña, creo que, habiéndose agotado la capacidad propositiva del Estado, no quedaría más remedio que proceder a la realización de un referéndum o consulta en Cataluña sobre la independencia.

Que el fracaso de la reforma llevara a un referéndum sería el mejor acicate para que la derecha nacionalista española se involucrara en conseguir que la reforma tuviera éxito, levantando así el veto que ahora ejerce a cualquier cambio o negociación. Por otra parte, hacer depender el referéndum de la reforma constitucional serviría para no dar prima alguna al statu quo. Los inmovilistas saben que tienen el statu quo de su parte. La única forma de que entiendan que el statu quo no puede ser un refugio cómodo consiste en que, si no llega a haber reforma, se pongan los medios para que se celebre algún tipo de consulta pactada en Cataluña sobre la independencia.

Resumiendo: la propuesta consiste en dejar de lado el enfoque legalista de la crisis catalana, resolver el problema de los presos y negociar una reforma de alcance constitucional que sea ratificada popularmente en referéndum. Si el Estado no es capaz de elaborar esa reforma, o la reforma no consigue la aprobación ciudadana, entonces, agotada la vía reformista, no queda más remedio, democráticamente hablando, que permitir la realización de una consulta sobre la independencia de Cataluña y, en caso de que salga un resultado claro a favor de esta, abrir negociaciones sobre cómo proceder a la separación. Siempre cabe otra solución, abandonando el espíritu inclusivo y democrático: negar la crisis de demos, centrarse en el principio de legalidad y mantener una anomalía democrática en el seno del Estado el tiempo que sea preciso. No cabe descartar que esto último sea lo que acabe sucediendo.

Este artículo se publicó el día 3 de noviembre de 2020 en el sitio web de la revista IDEES.

El actual conflicto catalán se alarga desde diciembre de 2012. Hemos vivido etapas muy diferentes condicionadas por la situación política y judicial que en cada momento se han ido sucediendo. Tras la concesión de los indultos a los presos independentistas por parte del Gobierno de coalición, parece que el nuevo escenario va tener en la representación escénica el principal foco.

Los partidarios de la medida intentarán hacer efectivo un clima de pacificación, entendimiento y diálogo. Los contrarios parecen haber apostado de forma intensa por la sobrerrepresentación escénica para conseguir un aumento de la tensión política y social. Una vez más, como dicen en la cultura anglosajona, the show must go on (el espectáculo debe continuar). De nuevo, la comunicación va a ser la principal y casi exclusiva arma política que se va a emplear en esta batalla.

El Gobierno apuesta por la contención

En este caso, el Gobierno ha apoyado la medida de forma unánime. No se han escuchado voces discordantes dentro del Consejo de Ministros. Pedro Sánchez era perfectamente conocedor de que con los indultos se avecinaba uno de los momentos más delicados de la legislatura. A día de hoy, en Moncloa respiran con cierto alivio a la vista de la evolución de los acontecimientos. Todo ha ido hasta ahora en línea con sus mejores expectativas.

La elección de las fechas no ha sido evidentemente casual. Dos han sido los elementos determinantes que han contribuido a elegir este período. Por un lado, la positiva evolución de la pandemia gracias al éxito de la campaña de vacunación. En segundo lugar, la proximidad del verano que siempre desenfoca el interés de la ciudadanía respecto a la pugna partidista cotidiana.

Golpes de efecto determinantes

Para el Gobierno, se han producido además dos golpes de comunicación de gran trascendencia que han favorecido enormemente su posición. En primer término, los gestos de aceptación de un nuevo clima político mostrados a través de la carta de Oriol Junqueras y de la foto de Pere Aragonés, president de la Generalitat, junto a Felipe VI. A continuación, la declaración del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, respaldando la acción del Ejecutivo.

Además, en las últimas semanas se ha apreciado un notable descenso de la posición crítica mostrada inicialmente por algunos sectores del PSOE más tradicional. Se ha amortiguado así el único núcleo de posible conflicto interno en las filas socialistas. Como muestra de todo ello, las encuestas parecen marcar una clara evolución de la opinión pública que era ampliamente mayoritaria contra a los indultos. Ese malestar parece ir descendiendo de forma significativa.

Moderación y centralidad

Desde el punto de vista del discurso público, la argumentación más efectiva quizá haya sido la insistencia en que se trata no de una solución al conflicto, sino de una medida que busca cambiar el clima de confrontación y que es reversible en caso de que el secesionismo volviera a cometer actos contra el orden legal. La coincidencia en el frente anti-indultos del independentismo más radical y de la derecha españolista también ha permitido al Gobierno jugar en un terreno central y moderado que le ha evitado tener que bajar a terrenos enfangados.

PP y Vox, a la carga

Partido Popular y Vox esperaban desde hace tiempo la inevitable llegada de este momento. El PP vivía condicionado en estas últimas semanas por dos efectos contrapuestos. A favor, la evolución de sus expectativas electorales tras haber podido recuperar la mayor parte de los votantes que en su día se fueron a Ciudadanos. Las elecciones en Madrid significaron la cumbre de ese proceso. En contra, los procesos judiciales que investigan los diferentes escándalos protagonizados por la formación estos últimos años.

El intento de crear un clima generalizado de tensión social en torno a los indultos no parece haber dado inicialmente los resultados esperados. La concentración de Colón, apoyada por todas las fuerzas de la derecha, no tuvo el impacto previsto. Tampoco la campaña de recogida de firmas parece haber supuesto un acontecimiento reseñable. Además, la pugna entre PP y Vox por capitanear el frente anti independentista enturbia todo el proceso al introducir una pelea partidista que resta fuerza a la campaña en su conjunto.

Una votación de dudosa eficacia

En el frente político, la principal acción de la derecha se ha centrado en el Parlamento. Genera muchas dudas la estrategia planteada por los populares al forzar sendas votaciones en el Congreso de los Diputados en relación a los indultos. El Gobierno había descartado hacerlo ante el temor de que una vez más la votación diera lugar a un insufrible proceso de negociación con los diferentes partidos nacionalistas. Por el contrario, al partir la iniciativa del PP, todas las fuerzas favorables a la medida se han unido sin necesidad de pacto alguno. Al final, el Congreso de los Diputados ha avalado la iniciativa gubernamental dándole un respaldo demócratico que ha servido para contrarrestar las cifras siempre discutibles que aportan los sondeos.

Seguramente, el contratiempo más duro que ha sufrido la derecha en todo este proceso ha venido derivado del extendido apoyo del tejido empresarial a la acción gubernamental. Es difícil recordar una iniciativa política que haya llevado al choque al PP con la CEOE. Los populares llevan la peor parte en una polémica que enfrenta los intereses partidistas particulares con la conveniencia de estabilidad y recuperación económica que el país necesita de forma urgente.

Entre el cataclismo y las vacaciones

Pablo Casado y Santiago Abascal compiten por elevar el tono de su discurso por encima de cualquier nivel de contención. Las exageradas declaraciones subidas de tono, cargadas de todo tipo de descalificaciones y arengas al límite del colapso emocional, chocan con un estado de opinión en la calle mucho más preocupado por asuntos más inmediatos como la vacunación, la retirada de las mascarillas en la vía pública, la subida de la luz, la recuperación económica o los planes de vacaciones.

Vuelve el mundo virtual independentista

La profunda división política que vive el movimiento independentista condiciona de forma notoria la respuesta política desde Cataluña. La aceptación de los indultos, rechazada por buena parte del separatismo tiempo atrás, se ha decidido acompañar de un resurgimiento del espíritu reivindicativo y emocional. La salida de los presos atiende un extendido deseo colectivo de amplia transversalidad. Sin lugar a dudas, ha sido una buena noticia para la mayor parte de los catalanes. Desde luego, de forma unánime, para todos aquellos que aspiran a recuperar la convivencia pacífica y el entendimiento.

Sin embargo, existe un evidente temor en sectores independentistas de que la aceptación de los indultos pueda interpretarse como un gesto de debilidad frente al Estado español. Este hecho justifica la revitalización de toda la representación simbólica que dominó la época más dura del procés. Encendidos discursos, banderas, llamadas a la movilización, promesas, canciones y proclamas apasionadas van a llenar la comunicación procedente de Cataluña.

Un bucle inevitable

Da la sensación de que vamos a entrar en un curioso bucle que puede alargarse en el tiempo. El independentismo necesita hacer ruido para que su impulso emocional no decaiga. Mientras, la derecha españolista desde Madrid mostrará y amplificará su pesar y dolor ante cualquier muestra reivindicativa secesionista. Los dos bandos se necesitan más que nunca y, por tanto, sobrerrepresentarán públicamente sus posiciones. Cuanto más sonoro sea el enfrentamiento, interpretan que mayor fuerza adquieren sus posiciones.

Pese a todo, lo único realmente trascendente será determinar no los discursos y la propaganda sino las actuaciones políticas y su aplicación dentro del marco legal. Desde la fallida declaración unilateral de independencia y la huída de Puigdemont a su mansión en Waterloo, no han vuelto a producirse acciones ilegales. La única excepción fue la absurda decisión tomada por Torra de mantener unas horas una pancarta en el balcón de su despacho contraviniendo consciente y voluntariamente las indicaciones legales. Le costó la presidencia de la Generalitat y su retirada de la vida política activa.

Un final en tres escenarios

Como balance provisional de todo lo que estamos viviendo, cabría establecer tres puntos de atención mediática:

1. El Gobierno intentará cerrar este verano una dura etapa de conflictos y dificultades para abrir una segunda parte de la legislatura centrada en la recuperación económica, el control de la pandemia y la distensión en Cataluña.

2. La derecha luchará por mantener el fuego y la tensión en un difícil entorno con el verano de por medio y la mejora de la situación sanitaria.

3. Cataluña librará una batalla interna entre los partidarios del acuerdo y los del conflicto. Una pugna entre cumplir la ley o volver a la ilegalidad. Ahora conocen las consecuencias que ignoraron hace cuatro años.

La herida abierta en las relaciones del presidente del Partido Popular, Pablo Casado, y la patronal y los empresarios que apoyan la decisión del Gobierno de indultar a los presos del procés que permanecían prisión sigue abierta. Y no parece que vaya a cerrarse pronto. El líder de la oposición evidenció este martes la profundidad de su malestar con quienes son sus aliados habituales en el debate político y económico de España. Fue en una entrevista en Onda Cero en la que negó incluso toda representatividad al diálogo social, en el que tradicionalmente se dan cita la patronal y los sindicatos para llegar a acuerdos sobre todo en materia laboral.

Según Casado, los empresarios catalanes que apoyan la medida de gracia aprobada por el Gobierno “no representan a nadie”. Ni ellos, añadió, ni los que el lunes se sentaron en el Liceo a escuchar al presidente Pedro Sánchez y que “no tienen un acta” de diputado.

Su enfado con la patronal le llevó incluso a cuestionar el diálogo social, el mecanismo informal mediante el cual, desde los Pactos de la Moncloa, el Gobierno convoca a sindicatos y empresarios para buscar acuerdos, sobre todo en materia laboral.

En plena entrevista con el periodista Carlos Alsina en el programa Más de Uno, Casado se quejó de que el Gobierno le pida apoyar en el Congreso los acuerdos a los que están llegando esta legislatura sindicatos y empresarios en el marco del diálogo social. Entre ellos están los ERTE para proteger a los trabajadores y las empresas durante la pandemia, la subida del SMI, la ley de teletrabajo o la reguladora de las plataformas que emplean falsos autónomos.

“Oiga, que esto lo he hablado con los sindicatos y con la patronal”, sostiene que le dice a menudo el Gobierno. “¿Y a mí qué me importa? ¿Qué español ha votado a los sindicatos y a patronal? Como si me viene del círculo de tenis. Oiga, este es un Parlamento de una nación cinco veces centenaria”.

El diálogo social, subraya, “es previo al diálogo democrático en el Parlamento. Quienes tiene que decidir, reivindicó, “son los españoles a través de sus diputados y senadores”.

Según Casado, “estamos viviendo un vaciamiento del parlamentarismo en España” porque ahora se dice que “todo se va a pactar con las ONG, la sociedad civil, los empresarios y los sindicatos. Y no. La soberanía nacional reside en el pueblo español en su conjunto, representado por senadores y diputados”.

De seguir así, añadió, “va a llegar un momento en el que voy a llegar a una sesión de control” del Congreso “y van a decir: ‘No, señor líder de la oposición, espere, que tiene la palabra no sé qué presidente de una asociación”. Sustituir el legislativo por las organizaciones sociales, aseguró, fue lo que le planteó Sánchez durante la pandemia porque le propuso que en los pactos de reconstrucción participasen el Gobierno, los presidentes autonómicos, los municipios, asociaciones, sindicatos y empresarios. “¡Pero bueno, oiga, esto qué es! Es que voy a acabar negociando una ley con el padre Ángel. O con un deportista. O con un chef. Esto es una democracia. Aquí se vota y aquí se tiene una representación en el Parlamento”, sentenció.

Agresión al Estado de Derecho

Esta forma de plantear la política, añadió, es una estrategia del presidente del Gobierno para que parezca “que habla con la sociedad”. “Y lo siento mucho, con la sociedad se habla en el Parlamento”. Sánchez, a quien culpó de protagonizar la “mayor agresión al Estado de Derecho en democracia”, “no puede empezar a hacer performances con teatros o con pianistas cuando la competencia legislativa la tienen las Cortes”.

El Congreso “no puede decidir nada” desde hace un año porque el Gobierno se apoya constantemente en la aprobación de reales decretos, enfatizó Casado pasando por alto que esas normas también se debaten y votan en la Cámara. Y que prácticamente todas ellas han conseguido el respaldo de la mayoría, muy a menudo con el voto afirmativo del propio PP.

El líder de la oposición ni siquiera trata de disimular su malestar con una sociedad civil y empresarial a la que acusa de unirse a la persecución que, según él, existe en Cataluña “contra los constitucionalistas”. Una actitud en la que se ha visto respaldado por la derecha mediática a través de artículos y editoriales en los que se han multiplicado las críticas hacia los empresarios. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, que la semana pasada se atrevió a decir en una entrevista que “si los indultos sirven para algo bienvenidos sean”, ha sido el blanco preferido de estos medios.

La desconfianza de Casado hacia la patronal, especialmente hacia los grandes empresarios, viene de lejos. Un buen ejemplo tuvo lugar el pasado octubre, en el turno de preguntas de un acto organizado por la Asociación de Empresa Familiar de Castilla-La Mancha en la localidad de Toledo. Allí el líder del PP se mostró dolido con la actitud de los grandes empresarios españoles por haber mostrado su respaldo al plan de reconstrucción del Gobierno. Mientras al PP le niegan “el pan y la sal”, lamentó, esos empresarios “miran de reojo el Boletín Oficial de Estado” esperando ayuda. “¿Algunas empresas que miran de reojo el BOE van a aguantar lo que viene” sólo “porque les invitan a los actos” del Gobierno? ¿Y pidiendo a la oposición que no crispemos?”, se quejó.

“Algunos tienen que reflexionar”, sugirió entonces, ya casi al término del acto. Porque nos enfrentamos a una “recesión brutal”. Y “si algún empresario o algún medio o alguien piensa que se van a librar por ser amigos de los del BOE, que luego no vengan a decir que dónde estaba la oposición. Pues haciendo su trabajo. La oposición lleva demasiados meses clamando en el desierto. Simplemente hago esta advertencia”, dijo, porque ve “una sociedad demasiado dormida. La sociedad española tiene que despertar”. Alguien tiene que dar una campanada y despertar”, concluyó.

Empresarios divididos

Las diferentes patronales no quisieron responder, a petición de infoLibre, a las acusaciones de Casado. Pero sí precisaron su posición sobre los indultos. Como la patronal madrileña CEIM —integrada en CEOE—, a la que algunas informaciones atribuía haberse pronunciado contra la medida de gracia, pero que según su presidente, Miguel Garrido, no lo ha hecho. “Hemos tenido Junta Directiva y sí, mayoritariamente las voces contra los indultos son un clamor. Pero esa misma mayoría ha decidido, como organización empresarial que somos, no posicionarse sobre algo que es puramente político”, precisó. Igual que ATA, la principal asociación de autónomos —también parte de CEOE—. Están en contra a título personal pero no se pronunciarán como patronal, segun las fuentes consultadas por este diario.

En cambio, Uatae, otro de los grandes colectivos de autónomos españoles, sí se muestra a favor. “Siempre que los indultos conlleven un retorno a la normalidad y una mejoría de los negocios, todo ello relajando la tensión artificial creada con el procés, perfecto”, declaró un portavoz de esta organización a infoLibre.

En la misma línea se expresó este martes en distintos medios Pimec, la gran patronal catalana de pequeñas y medianas empresas: “Los representantes políticos deben alejarse de los frentismos y favorecer los espacios de diálogo en beneficio del bienestar social y del impulso de las políticas sociales y económicas necesarias”, declaró su presidente Antoni Cañete.

Pimec y Uatae forman parte de la nueva patronal Conpymes, que pretende disputar a CEOE el monopolio de la representación de las empresas en el diálogo social, especialmente ahora que está a punto de llegar el dinero de los fondos europeos.

El presidente de una patronal estatal de ascensores que prefiere no revelar su identidad, declaró a este diario: “El independentismo es un anacronismo que nos distrae de los grandes retos de nuestro tiempo”. Pero eso no significa que no se deban conceder los indultos. “No hay más remedio que hacerlo y me parece bien cómo se ha planteado”, subrayó.

El líder del PP será intransigente. Sostiene que Sánchez se ha embarcado en un “desacato a la legalidad” y “un desfalco a la soberanía”. Y los que le respalden, subrayó en referencia a quienes acudieron a la conferencia organizada por el presidente Pedro Sánchez en Barcelona, no le merecen ningún respeto. Componen “una platea subvencionada por los fondos europeos”. Son una “red elitista y opaca” “subvencionada” con el dinero de Bruselas, acusó en referencia directa a los empresarios que en los últimos días han apostado por las medidas de gracia para intentar reconducir la situación política catalana.

“Los extraños compañeros de cama que Sánchez ha logrado para su causa”, prosiguió, “sólo expresan su debilidad económica y moral”. “Eso es lo que vemos hoy en el Liceo, una supuesta sociedad civil rota y débil entregada a un Gobierno con dinero pero sin principios”.

Después de los titubeos de los últimos días, Casado quiso ser contundente con los empresarios. Y por extensión, con cualquier que apoye los indultos. “Nos quieren fuera de cualquier negociación porque la negociación es para echarnos fuera”, denunció Casado. “A ver si de una vez lo entienden tantos malos samaritanos del sanchismo como hay por ahí circulando”. Porque “ningún lobby en búsqueda de fondos europeos ni ningún cabildeo cortesano logrará apartarnos de nuestro camino”, advirtió. “Nuestros únicos accionistas son los españoles, solo a ellos nos debemos, no a ningún editorial ni consejo de administración. Pocas lecciones nos van a dar los que se fueron de Cataluña para mantener la cuenta de resultados frente al independentismo”.

De la mano de Vox

El PP, también en esto, va de la mano de Vox. Jorge Buxadé, su portavoz político, tachó de “casta política” a los sindicatos y la CEOE y atribuyó su respaldo a la medida de gracia que tienden “a defender su statu quo”. Por eso, recordó, la formación ultra quiere que “no cobren ni un duro de subvenciones públicas”.

Al mensaje directo a cualquiera que se una al Gobierno en este asunto Casado sumó una advertencia que al mismo tiempo es un llamamiento a la movilización. “Quiero decir algo con claridad: deben terminarse las ambigüedades y las posiciones de ventaja. Quien no quiera secesión debe enfrentarse a los que la impulsan, no a quienes la combatimos”, remarcó.

El líder del partido que en los años noventa negoció con ETA cuando la banda terrorista aún cometía asesinatos, no quiere ahora ni oír hablar de diálogo. Porque negociar con los partidos independentistas, algo que él llama “política de apaciguamiento”, “no es una opción. Sólo un aplazamiento que otorga nueva fuerza a la amenaza. Reencuentro, sí”, pero únicamente “en la Constitución y en la ley. Sólo ahí cabemos todos y sólo ahí podemos convivir”.

A falta de una mayoría en el Congreso con la que parar los indultos (la semana pasada la Cámara se pronunció a favor por mayoría absoluta), Casado reivindica la supuesta subordinación de los poderes ejecutivo y legislativo al judicial y que la soberanía reside en el Congreso y el Senado. Y subraya que ahí Sánchez no tiene consenso. “Nosotros decimos no a lo que hace, así que ya no puede hablar en nombre de ningún consenso, salvo que excluya media España”.

El presidente del PP, Pablo Casado, en una imagen distribuida por su partido.

Con semblante serio, y en un tono que fuentes de Génova describieron como “de Estado, firme y contundente”, Casado no admitió ninguna responsabilidad de su partido en la génesis y el estallido del conflicto político en Cataluña. La culpa, explicó, es enteramente de otros. De los partidos que en 2003 firmaron el pacto del Tinell, de los que impulsaron el Estatut que acabó siendo declarado parcialmente inconstitucional, del PSOE de Alfredo Pérez Rubalcaba que aprobó la Declaración de Granada y del de Pedro Sánchez que desarrolló su propuesta territorial en la Declaración de Barcelona. Y de la moción de censura que puso fin al Gobierno de Mariano Rajoy en 2018.

Fue en ese marco en el que el líder del PP se refirió a un informe de la Guardia Civil que atribuye a los CDR detenidos en 2019 búsquedas en Internet sobre él mismo que algunos medios han interpretado como preparativos de un atentado terrorista. Pero no se quedó ahí. Acusó a Sánchez de haberle ocultado esta información durante la campaña electoral de noviembre de 2019. “No sólo no nos informaron sino que negaron esta información cuando les preguntamos”, razón por la cual, amenazó, se reserva la posibilidad de plantear “acciones legales para determinar la incompetencia o las responsabilidades que correspondan”. “Aceptaron a los chicos de la gasolina en el sistema y ahora pretenden dar un paso más”, acusó sin rodeos. “Esto es el sanchismo que ha devorado como Saturno al socialismo constitucional”.

En su intervención, Casado volvió a acusar a Sánchez de planear un golpe de Estado.volvió “Lo que pasa en Cataluña se utiliza ahora como coartada para un cambio de régimen. Sánchez”, acusó, “no está intentando aprovechar una oportunidad histórica para arreglar un problema nacional. Aprovecha ese problema causado por el supremacismo de sus socios y el apaciguamiento del PSOE para dar continuidad a su proyecto de cambio de régimen”.

“Es el tiempo de la defensa de España”

De ahí, concluyó, la necesidad de que el PP “se mantenga en su sitio”. “Que gane las próximas elecciones es indispensable para la continuidad histórica de España”, proclamó en tono severo. “Ahora es el tiempo de la defensa de España”.

En su relato de cómo el presidente del Gobierno “destruye las bases de nuestro sistema de convivencia y desarma al Estado con varias iniciativas letales para el futuro de España”, Casado se refirió a los indultos como “un golpe de gracia a la legalidad”. A su supuesta intención de “asentar la impunidad modificando el delito de sedición a la carta de los fugados que aún no han sido juzgados”. A un presunto plan para “limitar la efectividad del Tribunal Constitucional para hacer cumplir sus sentencias ante la inhibición de la Fiscalía, la Abogacía y por tanto del propio Gobierno”. A que el Gobierno haya permitido, según él, que el Consejo de Europa “ponga en duda la calidad democrática de nuestra Justicia” y a su supuesta pretensión de “hacer un referéndum con la excusa de recuperar el Estatut inconstitucional”.

También a la decisión de reanudar los trabajos de la mesa de dialogo Gobierno de España-Govern de Cataluña, que él llama “la mesa de amnistía que hablaba de una monarquía, justicia y fuerzas de seguridad autoritarias y un relator internacional entre el Reino de España y una autonomía”.

La que acaba de terminar no ha sido, ni de lejos, la mejor semana de Pablo Casado. A las dificultades que está encontrando, al menos por ahora, su estrategia para convertir los indultos “en la tumba política” de Pedro Sánchez, tal y como los definieron fuentes de su partido cuando quedaron claras las intenciones del presidente, el líder del Partido Popular se ha topado con una situación más que incomoda con la Casa del Rey que ha provocado incluso el pronunciamiento de los portavoces de Zarzuela y con el aval de la Comisión Europea al Plan de Reconstrucción del Gobierno. En plena reactivación económica, Casado empieza a tener problemas para sostener el discurso del apocalipsis económico que defiende desde que la pandemia puso contra las cuerdas la economía española.

Aprovechando el impulso de la victoria electoral de Isabel Díaz Ayuso en las elecciones autonómicas de Madrid del 4 de mayo, el PP se trazó como objetivo convertir por fin a su líder en el referente político de la derecha. referenteCon Ciudadanos en vías de extinción, la prioridad para los estrategas de Génova es atraer a los votantes de Vox, al menos a los menos radicalizados, y a los electores del PSOE que según los informes demoscópicos que maneja el partido se sienten incómodos con el diálogo que Pedro Sánchez ha abierto con el Govern de la Generalitat y sobre todo con la concesión de medidas de gracia para los presos del procés.

De hecho, el PP trabaja ya a pleno rendimiento en un calendario de actividades cuyo punto culminante será una convención que tendrá lugar en octubre en València con el objetivo de convencer a todos los votantes a la derecha del arco parlamentario, desde los moderados del PSOE a los que siguen prefiriendo a Vox, pasando por los pocos que le queden a Ciudadanos, de que si quieren un cambio de gobierno deben votar a Casado.

“Hemos convocado una gran convención abierta a todos los que quieran contribuir” para “unir a la sociedad española”. “Para pasar del enfado a la tarea, de la frustración a la esperanza”, subrayó el lunes Casado. “No es un evento de partido, sino una oportunidad para un reencuentro nacional”.

Pero esa hoja de ruta saltó en parte por los aires el pasado domingo, desbordada por la estrategia de Vox de movilizaciones en la calle contra los indultos. Aunque no llegó a asomarse a la plaza de Colón y se limitó a recorrer a pie, escoltado por dirigentes y militantes del partido, el escaso trecho que va de la sede de la calle Génova al cruce con la Castellana, el líder del PP descubrió que Sánchez ya no es el único dirigente político que escucha insultos y abucheos cuando se expone en público.

Allí mismo tuvo que soportar gritos de “Casado, cabrón, apoya la moción” o “Pablo Casado, nos has abandonado” coreados por seguidores de Vox que no le perdonan que el PP votase en contra de la censura que Santiago Abascal presentó contra Sánchez el pasado mes de octubre. Que no olvidan que fue el último Gobierno del PP el que fue incapaz de impedir la celebración del referéndum del 1 de octubre y la posterior declaración unilateral de independencia de Cataluña. O que preferirían que su puesto lo ocupase Isabel Díaz Ayuso, convertida, ella sí, en un ejemplo de coherencia para la derecha extrema.

Fue la propia Ayuso, políticamente mucho más poderosa desde su victoria del 4M, la que desencadenó el segundo dolor de cabeza de la semana para Casado. Además de sentir en su propia piel la desconexión de su liderazgo con una parte muy significativa de los votantes de la derecha, la presidenta madrileña se atrevió a cuestionar el papel de rey Felipe de Borbón en contra de los indultos. “¿Qué va a hacer el rey de España a partir de ahora? ¿Va a firmar esos indultos? ¿Le van a hacer cómplice de eso?”, se preguntó en presencia de Casado y del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

El corrector, corregido

Una apelación a la implicación política del jefe del Estado vetada expresamente por la Constitución y que el propio Casado había prohibido hacer a los dirigentes del partido, algunos de los cuales, desde que Sánchez confirmó su voluntad de aprobar los indultos, habían empezado a insinuar que el rey probablemente no debería firmarlos. Así que el líder del PP aprovechó la segunda ocasión que tuvo de pronunciarse —la primera fue el domingo y prefirió guardar silencio—, para hacer valer su autoridad y corregir a Ayuso. Aunque después fuese ella, al día siguiente, quien le corrigiese a él diciendo que los dos piensan exactamente igual. “Sigo pensando exactamente lo mismo”, subrayó, y Casado lo comparte, apostilló.

El desaguisado sobre el rey acabó obligando a la Casa del Rey, a través de sus portavoces, a salir al paso para recordar que la Jefatura del Estado está fuera del debate político y, por supuesto, no tiene autonomía para apoyar o rechazar las decisiones de los poderes del Estado. “Felipe VI cumple escrupulosamente sus deberes constitucionales”, declararon.

Para colmo, la fotografía del monarca con Pere Aragonès en Barcelona de este miércoles empujó la normalización institucional que Sánchez está empeñado en recuperar y acabó por desengañar a quienes desde la derecha especulaban con que Felipe de Borbón protagonizase algún gesto de distancia con la apuesta del Gobierno por el diálogo.

Pero no fue esa la única consecuencia de la polémica sobre el papel del rey en relación con los indultos. También confirmó que Ayuso, ya investida por segunda vez presidenta de Madrid y con independencia de cuáles sean sus ambiciones personales, se va a convertir en una dura rival del propio Casado a la hora de apuntalar su propia imagen como el líder indiscutible que aspira a ser en el espacio del centroderecha. La dificultad de encajar el verso suelto de Ayuso, con un perfil claramente de derecha extrema que la sitúa más cerca de Vox que del PP tradicional, ya preocupa en la dirección de la calle Génova.

Para colmo, la reactivación de la economía y el visto bueno de Bruselas al Plan de Recuperación del Gobierno han desbaratado también la segunda línea de batalla de Casado contra Sánchez. El discurso con el que lleva meses anunciando la catástrofe empieza a no sostenerse.

Los presidentes de Telefónica, Santander e Inditex, José María Álvarez-Pallete, Ana Botín y Pablo Isla, pintaron el miércoles el escenario contrario al que pronostica el PP. Los tres coincidieron en Barcelona en vaticinar crecimientos en los próximos años superiores a las previsiones oficiales de entre el 6% y el 7%. “España se va a salir del mapa”, llegó a decir Botín, que igual que Isla calcula aumentos en los próximos trimestres de hasta el 8% o el 9%. ¿A qué achacan esas previsiones? Al ritmo de vacunación y a la llegada de los fondos de reconstrucción.

No fue la única cosa en la que contradijeron a Pablo Casado. La presidenta del Santander se mostró a favor de cambiar el sistema fiscal e incluso dijo que estará “encantada” de que suban los impuestos a las empresas siempre que paguen todos los que tienen que pagar.

Pero el líder del PP, de momento, sigue apostando por describir un panorama catastrófico. España va peor que otros países por culpa del Gobierno de Pedro Sánchez, dijo el jueves en Barcelona. Algo que en su opinión ya ocurría antes de la pandemia. Sólo por encima de “Bosnia, Sudán, Venezuela o Palestina”, subrayó a modo de demostración.

Von der Leyen avala a Sánchez

La guinda de la semana se la ha puesto al líder del PP tener que ver cómo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, a la que a menudo cita como su referencia en Bruselas y que forma parte de su misma familia política, bendecía en un acto en Madrid el Plan de Recuperación diseñado por el Gobierno de Pedro Sánchez y al que él y su partido llevan oponiéndose con todos los recursos a su alcance desde el pasado otoño.

Hace muy pocos días Casado rechazaba todavía el plan de recuperación que Bruselas acaba de bendecir y decía que no se sentía comprometido por las reformas propuestas por Sánchez. Es más, aseguraba que las revertiría en cuanto llegase a la Moncloa. En una entrevista publicada por El Confidencial decía: “El plan de reactivación va a ser un fracaso, porque lo que está primando es una especie de Plan E que cree un empleo a corto plazo que no se mantenga en el tiempo, como ocurrió entonces cuando se crearon 100.000 empleos y solo un 4% se mantuvo. Lo que están haciendo es dando de lado toda la economía productiva nacional”.

Un empeño en el que abundó este jueves, insistiendo en su tesis de que España es el único país donde estos fondos no los gestionará una agencia independiente —en realidad ningún país va a utilizar ese modelo— e insinuando que se van a distribuir de manera clientelar. Es decir, cerrando los ojos al informe de Bruselas sobre el plan español, según el cual, “proporciona suficientes detalles” acerca de cómo las autoridades nacionales “preverán, detectarán y corregirán” situaciones de conflicto de intereses, corrupción o fraude en el uso de estos fondos europeos.

Casado también volvió a pedir que aunque las prioridades ya estén fijadas (sobre todo transición ecológica y digitalización) el dinero se use para otros fines, como ya anticipó en enero: bajar de impuestos, poner en marcha la llamada mochila austríaca, reducir gasto en la Administración y activar el sector de la construcción y de las obras públicas concediendo avales públicos para acceder a la vivienda y llevando a cabo un ambicioso plan de obras hidráulicas.

Y no sólo eso. Casado, que lleva oponiéndose a la estrategia del Gobierno de coalición desde antes de la investidura de Pedro Sánchez, en enero de 2020, tuvo que oír cómo la propia Von del Leyen le emplazaba a él y al Ejecutivo a la unidad. “Quiero hacer un llamamiento a todos nosotros, a todos los grupos políticos, a todos los actores sociales, a todas las ONG” para aprovechar esta oportunidad. “Necesitamos a todos para hacer que los fondos sean un éxito”, concluyó.

Decenas de miles de personas secundaron este domingo en Madrid una protesta contra los indultos apoyada por toda la derecha política y mediática. Según la Delegación del Gobienro, fueron 25.000 personas, una cifra elevada pero sensiblemente inferior a los 45.000 que, según la misma fuente, acudieron en 2019 al escenario de la plaza de Colón para pedir también la dimisión del Gobierno y denunciar sus supuestos pactos con los independentistas para romper España. Aunque la policía municipal eleva esa cifra a 126.000 personas. Fuentes de la organización reconocieron que aunque la asistencia fue considerable, se quedó por debajo de las expectativas de los promotores.

La concentración había sido convocada con la declarada intención de "dejar todo el protagonismo político a la sociedad civil", pero al final acabaron brillando los dos políticos favoritos de la derecha extrema: el líder de Vox, Santiago Abascal, y la presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El primero, arropado por los principales dirigentes de Vox y por miles de seguidores, concentrados en los lugares más cercanos al escenario, dejó clara su comunión con la protesta situándose en un lugar de privilegio entre gritos de “¡Presidente! ¡Presidente!” y consignas contra Sánchez. La segunda eclipsó al presidente del PP, Pablo Casado, con unas declaraciones en las que emplazó al rey a incumplir la Constitución y no firmar los indultos cuando los apruebe el Gobierno. “¿Qué va a hacer el Rey de España a partir de ahora? ¿Va a firmar esos indultos? ¿Le van a hacer cómplice de eso?”, se preguntó Ayuso.

Casado, eclipsado por las declaraciones de Ayuso, tuvo que oír gritos de seguidores de Vox que le reprocharon su negativa a apoyar la moción de Vox contra Sánchez. Se acercó a la plaza escoltado por dirigentes y partidarios del PP pero no llegó a acercarse siguiera a los concentrados más próximos al escenario, la zona dominada por los manifestantes más próximos a la derecha extrema. Y se marchó rápidamente nada más terminar el acto, sin esperar a saludar a los concentrados.

Inés Arrimadas, la presidenta de Ciudadanos, también optó por atender a la prensa, igual que Casado, fuera de la plaza. E igual que él acabó escuchando gritos en su contra por parte de concentrados que le reprocharon su mano tendida al Gobierno durante la pandemia. “Traidora”, “fuera” y “te quedan dos telediarios”. Tanto Arrimadas como sus acompañantes, la secretaria general de Ciudadanos, Marina Bravo; los vicesecretarios generales, Edmundo Bal y Daniel Pérez; el líder de Cs en el Parlament de Cataluña, Carlos Carrizosa; la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, y la eurodiputada Maite Pagazaurtundua, acabaron presenciando la concentración desde fuera de la plaza.

La prevención de Casado y Arrimadas hizo imposible una nueva foto de Colón como la tomada en 2019 a Casado, Abascal y Albert Rivera, el entonces presidente de Ciudadanos. Pese a la coincidencia de criterio de los tres partidos contra los indultos.

Algo que fue aprovechado por Abascal para subrayar las reticencias de Casado y Arrimadas y pedir unidad “por encima de siglas políticas”. “Sánchez es capaz de hacer mucho daño, es importante que todos los españoles, por encima de siglas políticas, estemos juntos en esta Plaza de Colón a la que volvemos una vez más sin miedo y sin vergüenza a ningún tipo de foto”, proclamó a los pies de la estatua de Blas de Lezo.

La foto de la vergüenza, subrayó reprochando a los líderes de PP y Cs sus reticencias a aparecer en la misma imagen con él, “es la del Gobierno sostenido en el poder gracias a todos los enemigos de España y de las libertades”. “El comunismo, el separatismo golpista y los terroristas, esa es la foto que más pronto que tarde expulsará al presidente del Gobierno del poder”.

Cayetana Álvarez de Toledo, exportavoz parlamentaria del PP, sí acudió a la cabecera de la protesta, muy lejos de Casado y muy cerca de Vox. Allí se dejó querer y se fotografió con todos los que se lo pidieron.

“Megapinchazo”

Fuentes del Gobierno consultadas por infoLibre consideraron el resultado de la protesta un “megapinchazo” en comparación con la de 2019 y concluyeron que sólo “han ganado Ayuso y Vox”, porque Casado y Arrimadas han recibido “abucheos”.

En el PSOE se aferran a la misma idea. Un alto cargo del partido, a preguntas de este diario, calificó de “vergonzante” la participación del presidente del PP, algo que atribuye al temor no sólo a la foto con Abascal sino al miedo a las “reacciones críticas de los ultras”. Y destacó la “apelación irresponsable de Ayuso al rey” como un síntoma de que todo en la derecha española “sigue igual”. "Tenían miedo [los convocantes y participantes] de que les saliera mal, y no les ha salido bien", resumía otro miembro de la dirección socialista.

En nombre del Gobierno, la ministra portavoz, María Jesús Montero, confirmó que el Ejecutivo de Pedro Sánchez va seguir “intentando la armonía entre los españoles” frente a una protesta que, en su opinión, evidencia la “impotencia de la derecha” para resolver los problemas del país.

La protesta en sí transcurrió por lo demás como estaba previsto, más allá de sufrir un retraso considerable como consecuencia de un fallo en el sistema eléctrico que debía alimentar los altavoces y que prolongó la exposición de los concentrados a un sol implacable. Sin otros incidentes que los abucheos, insultos y provocaciones que ya se han vuelto habituales contra los periodistas y técnicos de los medios de comunicación que cubren este tipo de convocatorias. En este caso, los más exaltados se cebaron contra los profesionales TVE, La Sexta y el grupo AtresMedia.

Desde la tribuna tomaron la palabra sólo representantes de la sociedad civil elegidos por la plataforma organizadora, Unión 78. El escritor Andrés Trapiello, Yeray Mellado, presidente de S’Hacabat!, y la ex presidenta de UPyD Rosa Díez, la más aplaudida de los tres. Díez anunció que la de este domingo será la primera de otras protestas contra el Gobierno porque, según ella, los españoles “de bien” y “decentes” no pueden “consentir” que Pedro Sánchez pueda “dormir dos años más en La Moncloa”.

Trapiello se esforzó en subrayar que entre los concentrados había personas de “derecha” pero también de “centro y de izquierda” que están de acuerdo en “unas cuantas cosas", entre las cuales "la más importante” es la defensa del orden constitucional.

Tras asegurar que han acudido a la plaza madrileña a decir 'basta ya' (comparando la protesta con la que surgió contra el terrorismo de ETA), ha recalcado que esta manifestación sí que es de "utilidad pública" y no "los indultos a los golpistas catalanes". "Nadie es facha por decir hoy lo mismo que decía el presidente del Gobierno hace unos meses", ha resaltado.

El PP de Pablo Casado ha logrado reunir en una semana 100.000 firmas en contra de los indultos, logradoincluyendo las recogidas físicamente en mesas petitorias repartidas por todo el país y las que se van sumando a través de una plataforma electrónica, según fuentes oficiales del partido.

Una cifra abultada, pero muy inferior a la que consiguió reunir en el mismo período de tiempo —una semana— Mariano Rajoyconsiguió cuando en 2006 llevó a cabo una movilización similar contra el nuevo Estatut de Cataluña. En aquella ocasión, el PP sumó nada menos que 800.000 apoyos en siete días, ocho veces más que Casado con los indultos.

La cifra de 100.000 firmas fue facilitada por el propio PP el pasado miércoles, una semana después de que comenzase su recogida. La formación de Pablo Casado no facilitó este viernes una actualización de datos, pero la plataforma que está recogiendo los apoyos a través de Internet ha contabilizado hasta la fecha algo más de 48.000.

Al igual que sucedió con Rajoy, Casado no ha puesto límite a la recogida de firmas contra unos indultos que el PP considera contrarios “a la convivencia y la concordia”. Pero para acercarse a los cuatro millones de apoyos de 2006, a este ritmo deberá prolongar la recogida durante 40 semanas, lo que llevaría la iniciativa hasta marzo del año que viene.

La recogida de firmas organizada por el PP de Mariano Rajoy en 2006 contra el Estatut de Cataluña reclamaba que, en contra de lo que dice la Constitución, todos los españoles pudiesen votar en referéndum la nueva norma catalana. “Todos tenemos derecho a opinar”, defendía entonces el antecesor de Casado.

Aquella iniciativa pedía los ciudadanos que dijesen sí o no a una pregunta que ni siquiera mencionaba el Estatut: “¿Considera conveniente que España siga siendo una única Nación en la que todos sus ciudadanos sean iguales en derechos, obligaciones, así como en el acceso a las prestaciones públicas?”

La recogida de firmas, que igual que la organizada estos días por el PP de Casado no cumplía los requisitos de autenticación que prevé la ley para poner en marcha iniciativas legislativas populares, fue anunciada el 25 de enero de 2006. Y comenzó oficialmente en la ciudad de Cádiz —elegida aposta por ser cuna de la Constitución de 1812— el día 31 en un acto protagonizado por el propio Rajoy, entonces líder de la oposición al Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.

La petición de adhesiones ya había comenzado el fin de semana por Internet y entonces, según el propio líder del partido, ya superaba los 242.000 apoyos. “La gente está concienciada porque el Estatuto es inaceptable y no pasa en ningún país del mundo”, declaro entonces Rajoy a modo de explicación.

En el plazo de una semana, según anunció a los pocos días el entonces secretario general del PP, Ángel Acebes, en una comparecencia en la que también acusó al Gobierno de Zapatero de “entreguismo” y de estar siendo “humillado” por el Govern catalán, la iniciativa había conseguido reunir 800.000 firmas. El Estatut, acusaba entonces Acebes, abre la puerta a exigir “la capacidad de decidir o, en otras palabras, el derecho a la autodeterminación en perjuicio de la igualdad y la solidaridad de todos los españoles”.

Diez furgonetas

La recogida de firmas se prolongó durante dos meses, siempre según el PP. El 25 de abril, Mariano Rajoy se presentó a las puertas del Congreso con diez furgonetas transportando 876 cajas apiladas en palés. En su interior, según los datos facilitados por el propio partido, 4.020.000 firmas, los que significa una media de recogida por encima del medio millón a la semana.

Con aquellas firmas el PP quería respaldar una proposición no de ley que, a pesar del despliegue frente a la puerta de los leones, acabó siendo rechazada por el Pleno del Congreso. No sabiendo qué hacer con semejante volumen de papel, la Cámara acabó decidiendo su traslado a un almacén en las afueras de Madrid, donde llevan 15 años acumulando polvo.

La recogida de apoyos contra el Estatut no logró su objetivo porque la nueva norma completó su tramitación en el Congreso y el Senado y acabó siendo aprobada en referéndum en Cataluña, tal y como ordena la Constitución. Pero tampoco dio muchos réditos electorales al PP, que en las elecciones generales de 2008 vio cómo el PSOE de Zapatero mejoraba su holgada posición en el Congreso.

De hecho, algunos de los protagonistas del partido en aquella época han acabado reconociendo que aquella estrategia fue un error. Lo dijo años después el entonces líder del PP en Cataluña, Josep Piqué, en una entrevista publicada por El Periódicorecogida por el diario Ara: “El PP, no diré que conscientemente, alimentó la idea de que la recogida de firmas era contra los catalanes”. Otro dirigente de la época, Manuel Milián, escribió en La Razón: “Fue una tontería descomunal, hundió el partido en Cataluña”.

Hasta Xavier García Albiol, hoy alcalde de Badalona, admitió que la recogida de firmas que el PP hizo en 2006 contra el Estatut “podía tener muy buena voluntad e intención, pero aquí en Cataluña no se entendió y fue percibida como una agresión. Con el tiempo se ha demostrado que esa acción fue muy poco afortunada”.

Al calor de los preparativos de la manifestación de Colón, en la que PP y Ciudadanos unirán fuerzas con la derecha extrema de Santiago Abascal, Pablo Casado y su equipo repiten a diario consignas contra el Gobierno en las que acusan al Ejecutivo y a su presidente, Pedro Sánchez, de cometer graves delitos. Desde actuar ilegalmente a estar negociando con los partidos independentistas un referéndum de autodeterminación pata Cataluña, o haber cedido a la presión “de los herederos de ETA” para entregar la gestión de las cárceles al País Vasco o conceder beneficios penitenciarios a los presos de la banda terrorista, disuelta hace tres años.

La intensidad de las acusaciones se ha incrementado en los últimos días después de que el presidente de Esquerra, Oriol Junqueras, dejase claro que su formación considera “inviable” cualquier vía unilateral como la que coprotagonizó en octubre de 2017 y se limitará a intentar convencer al Gobierno de la necesidad de organizar un referéndum pactado para que sean los catalanes quienes decidan si quieren seguir formando parte de España. Una propuesta que ni el Gobierno, ni el PSOE ni el PSC aceptan.

Lo que sigue son algunas de estas afirmaciones, con las que la derecha trata de arengar a los ciudadanos para que secunden sus iniciativas contra el Gobierno, desde la recogida de firmas contra los indultos a la movilización del domingo en el madrileña plaza de Colón.

1. “Lo que sea España lo decidimos entre todos los españoles”. El Gobierno está “negociando la autodeterminación" de Cataluña y la celebración de un “referéndum contra la ley”. “El plan de Sánchez es la mutación constitucional, a través de un cambio ilegítimo y al margen del procedimiento previsto”

El Gobierno no ha planteado en ningún momento decisión alguna sobre la unidad de España al margen de “todos los españoles”. La propuesta de Sánchez no es ni ha sido nunca la celebración de un referéndum de autodeterminación, ni siquiera pactado, porque según el criterio del Ejecutivo no tiene cabida en la Constitución. Es verdad que Unidas Podemos tiene otra opinión, pero el acuerdo de coalición deja en la práctica este asunto en manos de los socialistas.

Lo que el portavoz del PSC en el Parlamento, Salvador Illa, dijo este jueves es que el único referéndum con el que está de acuerdo es uno que someta a votación un acuerdo entre independentistas y no independentistas. No un referéndum que someta a “consideración de la ciudadanía una ruptura”.

Esa es, exactamente, la tesis que Sánchez defiende desde 2018

. La única salida viable, sostiene el presidente, es buscar a largo plazo un acuerdo dentro de la ley que incluya a la mayoría de la sociedad catalana —Sánchez ha llegado a hablar, en alguna ocasión, del 75-80% de los ciudadanos— mediante una nueva fórmula de autogobierno y una reforma de la Constitución que obtengan en referéndum el refrendo tanto de los catalanes como de los españoles. Es decir: con el concurso de todos. El mismo procedimiento, por cierto, que ya establece la Carta Magna.

La propuesta de amnistía y autodeterminación que el Govern de Pere Aragonès (ERC) llevará a la mesa de diálogo cuando se convoque y cuya mera existencia, a los ojos de los dirigentes de la derecha, constituye “una traición” por parte del Gobierno es en realidad exactamente la misma que trasladó el Govern de Quim Torra (Junts) a la primera y única reunión de este foro bilateral, celebrada a finales de febrero de 2020. Allí tampoco obtuvo respuesta favorable.

Eso sí, en aquella ocasión los Gobiernos de España y de Cataluña se pusieron de acuerdo en algunas cosas, ninguna de las cuales está fuera de la ley. Más bien todo lo contrario. En primer lugar, constataron “la naturaleza política del conflicto y que este requiere de una solución política”. Que es tanto como decir que no puede quedar en manos de los tribunales.

En segundo lugar, acordaron que la mesa es “un instrumento para vehicular una solución” y “continuar trabajando para impulsar el diálogo, la negociación y el acuerdo”. Con un único límite: “Cualquier acuerdo que se adopte en el seno de la mesa se formulará en el marco de la seguridad jurídica”.

PSOE y ERC ya había pactado al inicio de la legislatura que “las medidas en que se materialicen los acuerdos” se adoptarían siguiendo “los mecanismos previstos o que puedan preverse en el marco del sistema jurídico-político”. Con el límite de “los principios que rigen el ordenamiento jurídico democrático”.

¿En qué está pensando el Gobierno? En que si alcanzan un acuerdo, que nadie considera viable a corto plazo (desde luego en esta legislatura), y su aplicación depende de reformas legislativas, ambas partes se comprometen a impulsarlas de acuerdo con la legalidad vigente tramitándolas a través del Congreso de los Diputados e incluso sometiéndolas a referéndum en el caso hipotético de que impliquen una reforma de la Constitución o del Estatut. Todo dentro de la legalidad vigente.

2. “Sánchez está actuando contra la ley, está actuando en contra de los tribunales” y el PP “está a favor de la Constitución y a favor de la Justicia”

Pedro Sánchez no ha anunciado ninguna medida que implique el incumplimiento de ninguna ley. La concesión de indultos, por delitos de sedición e incluso más graves, es una prerrogativa del Gobierno regulada por ley desde el siglo XIX y que han utilizado ejecutivos del PSOE y del PP a lo largo de los últimos cuarenta años. Los indultos tampoco actúan contra los tribunales porque el Gobierno es libre de concederlos aun en el caso de que la sala que sentenció, como es el caso, no esté a favor.

Por otra parte, ni el PSOE ni el Gobierno se han pronunciado nunca en contra de la Constitución, pese a que PP. Vox y Cs insisten en que Pedro Sánchez planea modificarla de forma ilegal.

3. Sánchez prometió que “nunca, nunca, nunca, nunca indultaría a los golpistas”

En esto el PP, Vox y Cs sí tienen razón, aunque sea parcialmente. Sánchez jamás dijo que nunca indultaría a los presos del procés. Pero sí es verdad que cuando fueron condenados, en plena precampaña de las elecciones generales de noviembre de 2019, se mostró a favor del “íntegro cumplimiento" de las penas.

4. “Sánchez ha roto el PSOE por seguir adelante con los indultos”

El PSOE no se ha roto, al menos de momento. En contra de los indultos siguen estando los mismos dirigentes y exdirigentes que desde el primer momento han visto con desconfianza el diálogo con Cataluña. Algunos de ellos, incluso, como el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, o el expresidente Felipe González, se han visto obligados a matizar sus reticencias después de que el presidente de Esquerra, Oriol Junqueras, pusiese por escrito su valoración de los indultos y declarase que la vía unilateral es “inviable”.

5. “Las víctimas del terrorismo están viendo cómo se están alcanzando los fines que pretendía el terrorismo en España ahora mismo”

Es una coletilla que Vox, Cs y sobre todo el PP añaden a su ristra de acusaciones contra el Gobierno, también cuando hablan de Cataluña. Consideran que la transferencia de la competencia sobre prisiones es una cesión a EH Bildu, a quienes consideran “herederos de ETA”.

Lo cierto es que se trata de una competencia autonómica prevista el Estatuto vasco, que entre otras cosas tienen la condición de ley orgánica y que fue aprobada en el Congreso de los Diputados en 1979 por una aplastante mayoría: 298 votos a favor (entre ellos muchos diputados a los que Casado y Arrimadas consideran sus ancestros políticos), ocho en contra, y 11 abstenciones.

En cuanto a la decisión del Gobierno de poner fin a la política de dispersión de presos de ETA en cárceles alejadas del País Vasco, la derecha siempre olvida que la “reinserción” y “evitar el desarraigo” son dos principios esenciales de la política penitenciaria española que en su día también apoyó el PP. El primero está blindado por el artículo 25.2 de la Constitución, según el cual “las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas a la reeducación y reinserción social”. El segundo forma parte de la Ley Orgánica General Penitenciaria cuya última revisión data de 2003, cuando José María Aznar gobernaba con mayoría absoluta y el ministro del Interior era Ángel Acebes. Su artículo 12.1 establece como objetivo “evitar el desarraigo social de los penados”.

En todo caso, los traslados a cárceles más próximas al País Vasco no constituyen “beneficios penitenciarios” porque los presos no fueron condenados a cumplir su castigo lejos de su lugar de residencia. Y aunque cumplan su pena en prisiones cerca de Euskadi la condena sigue siendo la misma: sólo se decide que su cumplimiento se haga en otro centro.

Y eso que ETA dejó de matar hace casi diez años y despareció hace tres. Entre 1996 y 2004, con ETA matando, secuestrando y extorsionando —incluso con el funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara encerrado en el zulo en el que permaneció 532 días— el Gobierno de José María Aznar acercó al País Vasco a 426 presos etarras.

Pedro Sánchez no va a cambiar de opinión. La decisión de abrir un nuevo tiempo en Cataluña que contribuya a desactivar el conflicto político entre independentistas y no independentistas es firme. Y el presidente, con el respaldo del PSC, de su núcleo más próximo en el PSOE y el apoyo de su Gobierno —lo que incluye a Unidas Podemos— se dispone a indultar en las próximas semanas a los dirigentes políticos y sociales catalanes condenados por su participación en la declaración unilateral de independencia de Cataluña en octubre de 2017.

Lo hará, según fuentes de Moncloa, consciente de que viene tiempos “complicadísimos”, porque la derecha se va a movilizar a fondo para tratar de desacreditar la decisión y porque existe un riesgo cierto de que el Tribunal Supremo acabe anulando la medida. PP, Vox y Cs ya han anunciado que la recurrirán.

“Si nos cuesta el Gobierno, también habrá merecido la pena: tenemos que hacer algo con Cataluña”, resume una fuente del Gobierno. “No puede haber venganza sino la normalización de las relaciones. El paso que está dando el presidente es muy valiente y muestra una enorme normalización”.

Fuentes de Moncloa muy cercanas al presidente del Gobierno están seguras, por contra, de que el Ejecutivo no está en riesgo por la concesión de indultos. Sería una “barbaridad”, señalan, que no se concibe en el equipo más cercano a Sánchez, decidido a explicar con firmeza un gesto de “concordia”.

A favor de los indultos está la mayoría del PSOE, también de sus barones. Aunque con muchos matices. Son muchos los dirigentes y cargos públicos socialistas que entienden la necesidad de dar ese paso, pero una parte de ellos echan en falta un debate dentro del partido y una estrategia de comunicación eficaz para explicarlos. Casi todos lamentan, además, que el independentismo no esté “ayudando”. Aunque el nuevo president de la Generalitat, el republicano Pere Aragonès, fue investido defendiendo que su ruta hacia la independencia pasa por “un referéndum acordado”, lo que significa que no está en su horizonte repetir ningún intento de declaración unilateral, son muchas más las voces que insisten en la voluntad de repetir un choque institucional. Especialmente por parte de Junts —el partido que controla Carles Puigdemont—y de la CUP.

El coste que la medida de gracia va a tener para el PSOE es “salvaje”, en opinión de una de las fuentes de Moncloa consultadas por infoLibre. Porque no todos los votantes socialistas “entienden la diversidad política de España”. Es el caso de Andalucía, Extremadura o Castilla-La Mancha.

Los barones más críticos con Sánchez ya han dejado clara su discrepancia. Lo han hecho Javier Lambán, presidente de Aragón; Emiliano García-Page, su homólogo en Castilla-La Mancha; y Guillermo Fernández Vara, jefe del Gobierno extremeño. Y lo piensa, aunque no lo haya dicho todavía, Susana Díaz, embarcada estos días en las primarias que decidirán la candidatura del PSOE a la presidencia andaluza en las elecciones que celebrará esa comunidad como muy tarde a finales del año que viene. A ellos se ha sumado también el expresidente Felipe González, a pesar de que en abril de 2018 se había mostrado a favor:

En Moncloa ya han pasado a la ofensiva. Quieren plantear la decisión como un “ejercicio de sentido político y de Estado, una decisión valiente” que nada tiene que ver con la precaria mayoría del Gobierno en el Congreso y que obedece exclusivamente a su voluntad de crear un clima político que haga posible la reconstrucción de la convivencia política en Cataluña.

Argumentario socialista

En Ferraz también se han puesto manos a la obra. Los principales dirigentes de la Ejecutiva Federal del PSOE se están movilizando para hacer ver la necesidad de “sanar heridas”, ser “valientes” y trabajar por “el bien común por encima del bien propio”

“España necesita sanar heridas. Necesita estabilidad, confianza y diálogo. Y ese es el compromiso del Gobierno y el Partido Socialista Obrero Español”, escribió en Twitter Adriana Lastra, la número dos del partido. La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, la secundó: “Para alcanzar sueños que parecen imposibles se requiere determinación, capacidad de asumir riesgos y voluntad de entendimiento”. “Nuestro empeño es una Cataluña libre de fracturas: plena confianza y apoyo a Pedro Sánchez. El PSOE ha ganado ya otras batallas, mantengamos la unidad” pidió.

La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, dejó clara la voluntad del Ejecutivo de “intentar por todos los medios tomar decisiones que ayuden”. Ya no se trata de un “debate jurídico” sino de una cuestión política “que decide” el Ejecutivo, subrayó.

Es exactamente el argumento que están trasladando sus socios en el Gobierno. Fuentes de Unidas Podemos sostienen que el informe del Supremo contrario a los indultos “pone punto y final al tiempo de los jueces y abre de una vez por todas el tiempo de la política”. Este Gobierno no puede tener “complejo de inferioridad ante una derecha que lo único que propone es venganza”. En la investidura, recuerdan, “Pablo Iglesias dijo algo muy relevante: ‘La derecha no va a juzgar a este gobierno por lo que haga, sino por lo que son”.

Lo que está en juego, sostienen los morados, “no es el Gobierno del Estado, sino la desconexión de una parte muy grande de la sociedad —especialmente la catalana— si no se van cumpliendo aquellos compromisos” por los que se invistió a Pedro Sánchez. El Gobierno “tiene que tomar la iniciativa” y “los indultos son un buen primer paso. Es una condición imprescindible para abrir una nueva etapa en la cual la política recupere su protagonismo”.

El presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, sigue la misma línea argumental. “Ahora es el tiempo de la política”. “El tiempo de la Justicia fue, y la respetamos, pero ahora es el tiempo de la política porque este es un conflicto de naturaleza política que debe tener una solución política y para eso sí que ayuda que el Gobierno promueva los indultos”.

Un dirigente socialista de la época de José Luis Rodríguez Zapatero con el que ha hablado infoLibre respalda las intenciones de Sánchez, igual que el expresidente. En Cataluña hay que “rebajar la tensión y “buscar un punto de encuentro. Y el punto de partida es resolver el tema de los indultos”. Se puede perder el Gobierno por este asunto o por cualquier oro, pero entretanto “lo que queremos es desactivar el conflicto, no mantenerlo vivo”. 

Y resta importancia a la ofensiva de la derecha y a los barones críticos. De un lado, sentencia, “ya sabemos que con la derecha no se puede contar para nada”. Y “siempre hubo fuego amigo”, recuerda en referencia a Lambán, Page y Vara. “También en el tema de ETA”, en referencia a las dificultades que afrontó Zapatero para tratar de poner fin a la banda terrorista. “Siempre son los mismos”. Se quejan, pero “nunca ponen encima de la mesa una propuesta para arreglar las cosas”.

No hay plan alternativo

En eso insisten muchos otros interlocutores. Si no se favorecen el diálogo y la convivencia, pregunta uno de ellos, “¿cuál es el plan para solucionar el problema? ¿La porra todo el rato? Hay que pensar en la mejora de la convivencia y en el bienestar de las personas”.

Este tema, concluye el antiguo dirigente de la época de Zapatero, “hay que afrontarlo en algún momento. Porque no va a desaparecer. O haces algo o nada pasará”. Eso sí, advierte: “Hay que explicarlo”. Y no repetir el error de enredarse en debates internos en lugar de explicar las cosas a la sociedad, como ocurrió con el diálogo con ETA. “Al final”, recuerda, “se acabó con ETA y no se rompió España ni se entregó Navarra”, como la derecha aseguraba que iba a ocurrir. “Hay que hacerlo, pero también hay que explicarlo”, concluye.

Ese es uno de los problemas. Porque el hecho de que la decisión se haya tomado sin contar con el partido ha decepcionado incluso a los dirigentes del PSOE que, en principio, apoyan los indultos. En la Ejecutiva Federal este asunto ni siquiera se ha mencionado. “Es “lamentable”, reconocen a infoLibre dos de sus miembros.

El president valenciano, Ximo Puig, respalda sin reservas a Sánchez en este asunto, pero eso no le impide pedir que el debate de los indultos se acometa también en el PSOE. Y con todos los ciudadanos, porque es “una conversación pendiente dentro de la sociedad española”. Hace falta pedagogía, defiende, porque “hay mucha gente con buena voluntad que no lo entiende y puede pensar que se está subvirtiendo la Constitución, cuando es todo lo contrario”.

Odón Elorza, diputado por Gipuzkoa, dejó claras sus dudas en Twitter. “Los indultos del procés”, escribió, “son una decisión controvertida. A Sánchez no le darían votos sino problemas” porque “no puede haber dudas” sobre si los indultados volverán a quebrantar la ley y no tiene constancia de que vaya a ser así. La medida de gracia, si finalmente se produce, tiene “muchos riesgos para el presidente”, advierte, “a la vista de la polarización de la sociedad y la crispación que agitan las derechas. Y solo actuando desde la responsabilidad de Estado y la transparencia política se podrá avanzar y moderar el conflicto”

Por eso defiende que Sánchez explique los indultos “con claridad en el Congreso”. Y que los “interesados” colaboren “en normalizar la vida política” no despreciándola medida.

Esa es una de las preocupaciones que más repiten los dirigentes y cargos socialistas con los que ha hablado infoLibre. “Los más interesados no están haciendo nada por facilitar” las cosas. “Debería haber una actitud más respetuosa y menos provocadora” por parte del independentismo, se queja uno de ellos. Siguen “dando a entender que lo volverán a hacer. Una cosa es que no quieran desistir de sus objetivos” y otra muy distinta “dar a entender que tienen voluntad de volver a poner en cuestión el Estado”. Si toma la decisión, “el presidente sabrá si después habrá agua en la piscina”.

Lo que nadie cree es que, como busca el PP estos días, este asunto vaya a quebrar la unidad del PSOE. Pero sí hay quien señala que la mejor manera de luchar contra el “estado de confusión y de malestar” que hay entre algunos dirigentes sería explicar “los argumentos, los porqués, con valentía y transparencia”.

La estrategia del PSC

En el PSC están en sintonía total con Sánchez. Los indultos, defiende un diputado de este partido, son “una estrategia del PSC”, no del independentismo. Ellos quieren amnistía, recuerda. Y los socialistas no están de acuerdo. Se trata de “desactivar el conflicto y de recuperar la normalidad”, no de favorecer la “impunidad”. “Nosotros lo que queremos es quitarles el único argumento que les queda”.

No es casualidad que el primero en hablar de los indultos como una contribución indispensable a la distensión política en Cataluña fue el hoy ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, cuando era candidato a la Presidencia de la Generalitat por el PSC en las elecciones de diciembre 2017, las que convocó Mariano Rajoy al amparo del artículo 155. Desde entonces, de forma más o menos explícita, ha formado parte del debate político y se ha integrado en el arsenal que los socialistas han ido acumulando para tratar de resolver el conflicto con el independentismo catalán.

La estrategia del propio Pedro Sánchez en esta materia siempre ha ido de la mano de Iceta y del PSC. De hecho, su defensa del diálogo con los partidos independentistas está en parte en el origen de la operación de derribo que en 2016 provocó su defenestración como secretario general del PSOE. Y fue una de las ideas sobre las que construyó su victoria en las primarias que le permitieron recuperar el control del partido ya sin tener que rendir cuentas a la vieja guardia.

El referéndum de 1 de octubre y el 155 le obligaron a demorar la búsqueda de una solución negociada pero la apuesta de Sánchez por el diálogo no es de ahora. Aunque sea ahora cuando tiene la oportunidad de llevarla a la práctica.

El mismo parlamentario del PSC con el que ha conversado infoLibre resta importancia a la ofensiva de la derecha. Si lo hicieron cuando se produjo la negociación para acabar con ETA, ¿cómo no lo van a hacer cuando de lo que se trata es de acabar con el conflicto independentista?”, se pregunta. “Para ellos cualquier solución a los problemas que hay en España y que permita la convivencia les parece mal”. Así que no tiene miedo a las inclemencias electorales: “El desgaste que tenga que darse ya se ha producido”, porque la derecha lleva años en el mismo argumento.

“¿Dentro de dos años y medio?” ¿Recuerdas dónde estábamos hace dos años y medio?”, pregunta una de las fuentes de Moncloa consultadas para esta información. “Llevábamos seis meses en el Gobierno, gobernábamos en solitario con 85 diputados y no se habían producido las dos elecciones generales de 2019. Dos años y medio es mucho tiempo y tiempo es lo que necesita esta decisión”.

No todo el mundo piensa igual. Y aunque falta mucho para las generales hay mucho vértigo. Los indultos “pueden activar aún más a la derecha. Y reforzar a Vox”, señala un senador socialista. Así que, sobre lo que no hay dudas, es acerca de la voluntad de Sánchez de agotar la legislatura hasta finales de 2023. La recuperación económica, piensa todo el mundo en el PSOE y en Moncloa, será su gran baza.

Han pasado 450 días desde que el Gobierno de España y el Govern de Cataluña se sentaron por primera y única vez hasta la fecha en torno a una mesa en el Palacio de la Moncloa para intentar hallar una solución al conflicto político que enfrenta a los partidarios de la independencia con quienes se oponen a ella. Y que, desde el intento de secesión unilateral de octubre de 2017, ha convertido el debate territorial en la piedra angular de la confrontación política en el conjunto de España.

La constitución de aquella mesa fue la llave que abrió a Pedro Sánchez la investidura y con ella una vía de escape al callejón sin salida en el que había entrado un año antes la política española y que condujo a la celebración de dos elecciones generales. Pero su continuidad no pudo sobreponerse a la influencia combinada de la pandemia y de la interinidad en la que entró la política catalana desde el día en el que president Quim Torra declaró agotada la legislatura autonómica y se dispuso a anticipar las elecciones. Un país paralizado por el virus y la expectativa de un cambio en el liderazgo del Govern aparcaron el debate sobre Cataluña.

Hasta ahora. La investidura de Pere Aragonès como president de la Generalitat, el primero republicano desde los tiempos de Josep Tarradellas, devuelve la política catalana a la casilla de salida en la que se encontraba hace un año. El Govern sigue formado por una coalición ERC-Junts, pero Esquerra, ahora en la presidencia, quiere demostrar que el orden de los factores sí altera el producto. Al menos en lo que la gestión de los asuntos públicos se refiere y habrá que ver si también en lo que afecta a la mesa de diálogo.

La Moncloa espera mucho del nuevo gobierno catalán, sobre todo después de tres años y medio largos de parálisis. Y al mismo tiempo es tremendamente escéptica acerca del margen de maniobra que Esquerra vaya a tener por parte de Junts. Los republicanos siguen creyendo en las virtudes del diálogo abierto hace un año —es la columna vertebral de la estrategia marcada por su líder Oriol Junqueras, tras el fracaso del 1 de octubre— y los neoconvergentes de Puigdemont, en cambio, siguen instalados en construir una hoja de ruta unilateral que en la práctica significa volver a recorrer el camino que condujo a la vía muerta de 2017.

A su vez, Esquerra, y ahora el president de la Generalitat, se preparan para intentar desarrollar una estrategia de diálogo que Junqueras siempre ha entendido como la mejor manera de ampliar la base social que demanda un referéndum pactado como la única manera de resolver el conflicto. Sólo así, sostienen los republicanos, será posible crear las condiciones que hagan inevitable la convocatoria de una votación acordada y reconocida internacionalmente. Junqueras lo volvió a decir este viernes: “Los grandes consensos se tienen que construir en el Parlament y con toda la sociedad”. En ese contexto, “el referéndum será inevitable”.

Es un objetivo que requiere tiempo. Porque los comunes no están, hoy por hoy, por sumarse a la estrategia independentista. Pero tiempo no es en absoluto lo que Junts está dispuesta a conceder al diálogo: entre las prioridades de los de Puigdemont está desacreditar, en cuanto sea posible, la utilidad de la mesa. En Esquerra suspiran y se ponen a cubierto: lo más difícil de la legislatura que empieza será evitar que el Govern se convierta “en Vietnam”, sostienen resignados sus dirigentes. 

Inestabilidad

El president Aragonès tendrá que hacer equilibrios. Ya los ha hecho para pactar la investidura. Y son tan complicados —incluyen también a la CUP, que tampoco cree en la mesa de diálogo y pide “confrontación”— que casi nadie cree que la legislatura catalana se vaya a completar y alcance el año 2025.

Eso es lo que predijo en el debate de investidura gran parte de la oposición. La líder de los comunes en el Parlament, Jéssica Albiach, aseguró que el nuevo Govern nace con “obsolescencia programada”. “No es cambio de gobierno, es un cambio de cromos”.

Entre las incógnitas que quedan por resolver está el modo en el que Esquerra se dispone a administrar su influencia en el Congreso ahora que puede utilizarla en favor de sus políticas en el Govern. Y el futuro de los dirigentes políticos y sociales condenados por la declaración de independencia, pendientes de un hipotético indulto o de una reforma del Código Penal —a la que el Gobierno de Sánchez se ha comprometido— que reduzca las condenas para los delitos de sedición.

En un contexto en el que además el exministro Salvador Illa ejercerá de jefe de la oposición en un Parlament con mayoría independentista pero también claramente escorado a la izquierda.

Illa ya dejó claro en la investidura que el PSC no apoyará ningún referéndum. Por ahí hay poco espacio para cimentar una relación constructiva. Los socialistas catalanes respaldan la reactivación de la mesa, pero exigen que vaya acompañada de un espacio de diálogo dentro de Cataluña, una de las condiciones que en su día puso Pedro Sánchez para avanzar en la búsqueda de una solución al conflicto y que, repite siempre que tiene ocasión, debe incluir a los partidos catalanes que no son independentistas.

Donde sí habrá margen para el acuerdo, señaló el líder del PSC, es en otros asuntos, como la defensa de la sanidad catalana. Pero para eso, indicó, hace falta diálogo. Y aunque ve a Aragonès más como un hombre dialogante que como un hombre de confrontación, “es importante que lo aclare. Si hacemos diálogo, hagámoslo en serio. Levantemos vetos y olvidémonos de la confrontación”, propuso.

Una mesa con nuevas caras

En el último año la política española ha sufrido algunos cambios que inevitablemente tendrán reflejo en la mesa. En primer lugar, del lado catalán, el jefe de la delegación ya no será un representante de Carles Puigdemont (entonces era Quim Torra) sino el nuevo president republicano, Pere Aragonès.

Del lado del Gobierno, faltará Salvador Illa, que ya no forma parte de él. Pero tendrá asiento Miquel Iceta, ministro de Política Territorial y todavía primer secretario del PSC. Y el asiento de Pablo Iglesias —que hace un año no acudió a la cita por razones de salud— será ocupado por la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

De acuerdo con la literalidad del acuerdo alcanzado en la reunión de febrero de 2020 en la Moncloa, la segunda ronda de conversaciones deberá tener lugar en Barcelona. Y el punto de partida de la mesa serán los documentos firmados en la cita de Madrid.

En aquella ocasión los Gobiernos de España de Cataluña se pusieron de acuerdo en algunas ideas relevantes para iniciar el diálogo. En primer lugar, en la constatación de “la naturaleza política del conflicto y que este requiere de una solución política”. Que es tanto como decir que no puede quedar en manos de los tribunales.

En segundo lugar, acordaron que la mesa es “un instrumento para vehicular una solución” y “continuar trabajando para impulsar el diálogo, la negociación y el acuerdo”.

¿Con qué metodología? Un grupo de trabajo de segundo nivel integrado por representantes de ambas partes será que plantea alternativas y ensaye fórmulas de aproximación que, si llegan, tendrán que ser ratificadas en presencia de Sánchez y Aragonès.

El límite de la “seguridad jurídica”

¿Y con qué límites? La primera y única mesa celebrada hasta ahora dejó claro “cualquier acuerdo que se adopte en el seno de la mesa se formulará en el marco de la seguridad jurídica”.

Esta terminología no es nueva. El acuerdo de investidura entre el PSOE y Esquerra ya hacía referencia, con otras palabras, al mismo concepto, al afirmar que “las medidas en que se materialicen los acuerdos” de la mesa de diálogo se adoptarían “de acuerdo con los mecanismos previstos o que puedan preverse en el marco del sistema jurídico-político”. Una mesa, señalaba también aquel pacto, cuyos límites son, precisamente, “los principios que rigen el ordenamiento jurídico democrático”.

Hay incluso una referencia más antigua: la Declaración de Pedralbes, suscrita en diciembre de 2018 por Sánchez y Quim Torra. En ella ambos apostaban por “avanzar en una respuesta democrática a las demandas de la ciudadanía de Cataluña, en el marco de la seguridad jurídica”. Y añadían una apostilla muy clarificadora: “La propuesta democrática que resulte del trabajo de los espacios de diálogo, deberá articularse mediante las oportunas y posibles modificaciones legislativas”.

Es de eso, según confirmaron en su día a infoLibre fuentes de las dos partes negociadoras, de lo que habla el acuerdo de febrero de 2020: si alcanzan un acuerdo para el que sea necesario acometer reformas legislativas, ambas partes se comprometen a impulsarlas de acuerdo con la legalidad vigente tramitándolas a través del Congreso de los Diputados e incluso sometiéndolas a referéndum en el caso hipotético de que impliquen una reforma de la Constitución o del Estatut.

Un acuerdo que, en palabras de Sánchez, debe aspirar a obtener un respaldo por encima del 80% de la sociedad catalana, lo que necesariamente incluiría a independentistas y no independentistas. Y que hoy parece del todo impracticable.

De ahí la insistencia de Aragonès en la celebración de un nuevo referéndum de autodeterminación, pero esta vez “con seguridad jurídica”. Acordado con el Gobierno de España y reconocido internacionalmente. En el que una de las opciones sea, al menos, la independencia. Esquerra quiere trasladar a España el modelo de Escocia de 2014, el mismo que ahora el Gobierno escocés quiere repetir y que el primer ministro británico, Boris Johnson, se niega a conceder.

Escocia es el modelo

Lo repitió en la investidura: su compromiso es culminar la independencia y solucionar el conflicto catalán con un referéndum pactado con el Estado: “Esta es mi obsesión”. Sin fijarse plazos, pero al mismo tiempo sin renunciar a nada. “Quiero hacer como Escocia y me gustaría que el Estado español supiera hacer como el Reino Unido en 2014. Ni más ni menos. Hacer posible un referéndum y trabajar desde el primer día para ganarlo”.

“Seguridad jurídica es que los acuerdos políticos” de la mesa “después se tendrán que trasladar al ámbito jurídico”, planteó el hoy president hace un año. Porque ERC no busca una solución dentro de la Constitución sino una que permita llevar a cabo la reformas del ordenamiento jurídico que hagan posible otro escenario. “Para nosotros no hay ningún límite a nuestro proyecto político. La Constitución y el Estatut no pueden ser un límite para las ambiciones políticas porque si no, no se hubieran conseguido avances nunca en la historia”.

La explicación que entonces ofreció Esquerra acerca de qué entiende la mesa con la expresión mantenerse en el marco de la “seguridad jurídica” era en aquellas fechas muy parecida a la del Gobierno. La Moncloa siempre ha dicho que jamás acordará impulsar ninguna reforma legal que haga posible un referéndum de autodeterminación, pero al mismo tiempo abre la puerta a otros cambios. “Todos los acuerdos y todas las cuestiones que se planteen en este entorno tendrán que tener la correspondiente seguridad jurídica, más allá de que incluso se promuevan las cuestiones relativas a cambios de normas o a revisiones del Estatut o de cualquier otra materia que pudiera ser de interés”, reconoció en febrero la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero.

Una idea en la que abundó entonces la vicepresidenta primera, Carmen Calvo. Según ella hace falta “encontrar salidas que en este momento no existen”. Y es “evidente” que el título VIII de la Constitución, que versa sobre la organización territorial de España, “requiere reflexiones” con la vista puesta en “encontrar salidas de acuerdo. Estamos hablando de una reflexión que necesariamente tiene que alumbrar cosas nuevas”.

La Moncloa apostó en su día por buscar “fórmulas imaginativas” y “creativas” para solucionar el conflicto, lo que será necesario que las dos partes abandonen “posiciones maximalistas” y “antagónicas”.

Es lo mismo en la que está el PSC: “Puede haber acuerdos para cambiar la ley, pero se deben trasladar a las cámaras respectivas. Pero siempre la seguridad jurídica es respeto a la ley”, confirmó en su día la entonces portavoz parlamentaria Eva Granados.

El Gobierno de Sánchez siempre ha planteado la mesa como una herramienta de la que no cabe esperar resultados a corto plazo. Y ese probablemente sea uno de los problemas porque Junts no parece dispuesta a esperar.

Y eso que hace un año su máximo representante, el entonces president Quim Torra, se comprometió con la continuidad del diálogo a pesar de que el Gobierno de España rechazó en la primera cita sus demandas de autodeterminación y amnistía, así como la incorporación a la mesa de la figura de un mediador internacional.

El desenlace tuvo lugar este fin de semana después de 87 días de negociaciones. Y todo hace pensar que el riesgo de repetición electoral, para el caso de que Junts no apoyase la investidura del candidato de Esquerra, Pere Aragonès, acabó por derrumbar las líneas rojas de unos y de otros. Sobre todo las de Junts, a la vista de las encuestas —publicadas y no publicadas— que en caso de vuelta a las urnas anticipaban un fuerte retroceso de los de Carles Puigdemont y un refuerzo del PSC, que con Salvador Illa a la cabeza ya ganó las elecciones del 14 de febrero.

El acuerdo del independentismo reedita la coalición que en los últimos años ha dirigido la Generalitat, pero con los papeles cambiados. A Junts no le ha quedado más remedio que acabar aceptando que la presidencia le corresponde a Esquerra —algo que Puigdemont se resistía a aceptar alegando que la diferencia entre neoconvergentes y republicanos había sido mínima—. Y ha tenido que plegar velas en su principal demanda: que el Govern quedase supeditado al Consell de la República, la organización que lidera Puigdemont desde Bruselas y que la estrategia del independentismo fuese la de la ruptura.

Para superar ese escollo, ERC y Junts le han dado una patada hacia adelante a los puntos más conflictivos —Consell y estrategia del independentismo se dilucidarán más adelante: quedan en manos de un “espacio estratégico” participado por partidos y organizaciones sociales soberanistas— y se han centrado en el reparto del Govern.

El nuevo ejecutivo catalán tendrá 14 departamentos —siete para ERC y siete para Junts—, uno más que el de la última legislatura. Y en él los dos socios se intercambiarán algunas de las carteras. Vicepresidencia, Economía y Hacienda, que en las dos últimas legislaturas habían estado en manos de ERC, pasarán a estar en posesión de Junts y estará encabezada por la vicepresidenta de la formación, Elsa Artadi.

Esta conselleria asumirá la gestión de los fondos europeos, una de las principales disputas entre ambos partidos porque ERC prerendía crear un comisionado vinculado a Presidencia y Junts quería que estuviera vinculado al departamento de Economía, que es lo que finalmente ha ocurrido. Aunque supuestamente ambas formaciones tendrán capacidad de decisión sobre el dinero.

Junts también pasará a tener Acción Exterior, Salud y Justicia, hasta ahora en manos de ERC, y mantendrá Territorio, que perdería las competencias de sostenibilidad, pero asumiría las de Políticas Digitales.

En estas consellerias, Junts situará al diputado de Junts en el Parlament Josep Rius al frente de la cartera de Acción Exterior, mientras que visualizan una conselleria de Justicia encabezada por el exvidepresidente primero del Parlament, el jurista Josep Costa, o por el actual conseller de Interior, Miquel Sàmper.

ERC mantienen Educación y Agricultura y Acción Climática —los republicanos querían crear un nuevo departamento sobre la lucha contra el cambio climático y las competencias sobre el medio ambiente estarán en esta Conselleria y no en Territorio como hasta ahora—, y también asumirán Presidencia, Interior y Cultura, hasta ahora en manos de Junts, y Trabajo y Empresa —dos departamentos hasta ahora separados que ahora se unirán—.

Los republicanos liderarán la nueva cartera de Feminismos e Igualdad, una de las promesas de la formación durante la campaña electoral, y tendrán el puesto de portavoz del Govern, del que se hará cargo la número dos de la lista de ERC a las elecciones del 14 de febrero, Laura Vilagrà.

La conselleria de Asuntos Sociales se llamará a partir de ahora conselleria de Derechos Sociales, pasará de ERC a Junts y la liderará la diputada de los de Puigdemont en el Parlament, Teresa Pallarès. Investigación y Universidades, que es un departamento de nueva creación, podría liberarlo el actual conseller de Empresa, Ramon Tremosa, según otras fuentes consultadas.

El acuerdo pone en marcha la legislatura catalana pero aparentemente está muy lejos de resolver las incógnitas que plantean las diferencias internas del independentismo, agravadas durante estos meses de negociación infructuosa, y las que afectan a la relación con el Gobierno de España. En particular qué estrategia acabará por imponerse: la ruptura que preconiza Junts y que busca un nuevo desafío a la legalidad vigente —la CUP se mueve en la misma línea— o el diálogo a través de la mesa creada el año pasado por el Gobierno de España y el Govern de la Generalitat con el objetivo de buscar una fórmula que reconduzca el conflicto social y político que estalló durante el último mandato de Mariano Rajoy. O si el desencuentro, como ya sucedió el año pasado, alcanzará tal intensidad que acabará provocando nuevas elecciones.

Esquerra, bajo la dirección de su líder, el todavía encarcelado Oriol Junqueras, más allá de la retórica republicana, quiere poner a prueba la voluntad de diálogo a través de la mesa, según las fuentes consultadas por infoLibre. No porque espere que Pedro Sánchez ceda a la demanda de un referéndum de autodeterminación sino porque confía en que la negativa a que el problema se resuelva en una votación acabará alimentando la mayoría social soberanista atrayendo hacia ella, entre otros, a los catalanes que hoy se sienten mejor representados por En Comú-Podem.

Junts, en cambio, no tiene ninguna expectativa con la mesa, una creación de ERC de la que los neoconvergentes nunca fueron partidarios. Y confía en que fracase a la primera de cambio y fuerce a ERC a volver a la estrategia de la confrontación.

En cualquier caso, la formación de gobierno en Cataluña abre la puerta a que la mesa vuelva a reunirse —sólo lo hizo en una ocasión, justo antes de la pandemia—, algo a lo que el presidente Pedro Sánchez se ha comprometido en varias ocasiones. Sánchez sigue creyendo que el diálogo es una buena estrategia para contribuir a la normalización de la vida política en Cataluña y alejar cualquier posibilidad de un nuevo intento de gestionar unilateralmente la independencia. como sucedió en 2017.

La vicepresidenta Yolanda Díaz, que con toda probabilidad será ahora la representante de Unidas Podemos en la mesa de diálogo, hizo saber su decepción porque el nuevo Govern no vaya a reflejar la mayoría progresista votada por los catalanes el 14 de febrero. “Quiero poner en valor el trabajo de Jessica Albiach y En Comú Podem que hasta el último minuto han trabajado por un Gobierno progresista comprometido por el diálogo. Por ahora no ha sido posible, pero estoy convencida de que el cambio que Cataluña votó en las urnas será una realidad más temprano que tarde”, dando a entender que la coalición ERC-Junts no tiene futuro.

La decepción también fue la nota dominante en el PSC de Salvador Illa, que ve desvanecerse definitivamente el sueño de intentar una investidura después de conseguir que devolver a los socialistas al pódium electoral catalán. Es un “intento de repetir un fracaso” para Cataluña, declaró Illa a la cadena COPE, propiedad de la iglesia católica. Dos partidos que llevan cinco años gobernando han tardado tres meses en alcanzar un preacuerdo que ni siquiera se atrevió a dar por definitivo: “Vamos a ver en qué acaba”, señaló.

Nadie en el PSC, en el PSOE o en el Gobierno de España cree que la coalición ERC-Junts vaya a ser estable. Una cosa es activar la legislatura y repartirse el Govern y otra muy distinta, aseguran las fuentes consultadas por infoLibre, hacer que el ejecutivo dure. Las relaciones entre Junts y Esquerra nunca han estado peor. Y no parece, según fuentes de Esquerra, que vayan a mejorar fácilmente.

Los indultos

La formación de Govern devolverá la situación en Cataluña al centro del debate político en España, un lugar de privilegio que perdió con la pandemia coincidiendo con el debate sobre los indultos a los dirigentes políticos y sociales condenados por el fallida declaración de independencia de octubre de 2017. En los próximos días el Supremo tendrá que pronunciarse.

A partir de ese momento será el Gobierno de Pedro Sánchez el que tendrá que decidir si anula la sentencia para facilitar la normalización política catalana. O si recurre a la reforma de los delitos de sedición y rebelión en el Código Penal que, al reducir las penas, con toda probabilidad también sacaría de prisión a los dirigentes del procés que permanecen en ella.

El líder del PP, Pablo Casado, consciente de que una gran parte de la pugna entre su partido y Vox por el voto conservador depende de este asunto, adoptó este lunes un tono grave para anunciar que “si Sánchez acepta indultos, la legislatura habrá acabado”. Aunque no explicó cómo va a suceder tal cosa, porque sólo Sánchez puede convocar elecciones.

En el Gobierno tenían grandes esperanzas en que un Govern liderado por Esquerra pusiese a Cataluña en el carril de la normalidad política, pero no está claro que los acuerdos con Junts vayan a permitirlo.

Lo que si mantienen los republicanos es su independencia de criterio en el Congreso: no habrá unidad de acción del independentismo en la Cámara baja, como exigía Puigdemont en un intento de someter a Esquerra a las exigencias del soberanismo más radical, que le sigue siendo mayoritariamente fiel. Así que el Gobierno podrá seguir ensayando acuerdos con ERC, con el añadido de que ahora Esquerra tiene también la presidencia de la Generalitat.