Días de descanso y reflexión para la mayoría de los políticos. Pero también tiempo para repensar las estrategias y coger fuerzas para una primavera política con temperaturas casi de agosto. Unos meses decisivos para el escenario público, que mira ya a las generales del año que viene. Y todo está por escribir.

Con la última remodelación del Gobierno, el presidente, Pedro Sánchez, busca centrar el discurso en la economía elevando a Carlos Cuerpo como vicepresidente primero. Tras las fotos, toca la hora de testar el nuevo perfil del ministro de Economía, con el que Moncloa quiere hablar de los buenos datos y obligar al Partido Popular a abordar la cuestión durante todos los miércoles en la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso.

Pero el Gobierno sigue teniendo una gran asignatura pendiente: el proyecto de presupuestos generales del Estado. Cuerpo ha prometido que se presentarán. Esta labor le tocará al nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, que asume unas cuentas saneadas por parte de María Jesús Montero, pero también otras carpetas abiertas como la búsqueda de apoyos para el nuevo modelo de financiación autonómica y para el proyecto de la quita de la deuda. 

La política internacional copa cada día más importancia en el tablero doméstico. El ‘no a la guerra’ de Sánchez se nota ya en las encuestas, con una recuperación del PSOE, pero, sobre todo, refuerza la imagen de estadista del presidente, que ha conseguido que la mayoría de países de la UE haya cambiado su posición y se muestre en contra de participar en una guerra ilegal.

Sánchez se ha erigido como la némesis de Donald Trump, que, por el momento, no ha cumplido su amenaza de un embargo comercial a España. El presidente español continúa su ronda por medios internacionales y tiene prevista una agenda internacional muy apretada durante las próximas semanas. Los días 13, 14 y 15 de abril volverá de viaje oficial a China en un momento de máxima tensión con Washington, con la idea de reforzar lazos económicos pero también de contrarrestar el poder de Trump y defender el multilateralismo. A la vuelta, tiene una cita muy simbólica con la cumbre internacional de líderes progresistas en Barcelona, donde ejercerá de anfitrión. Allí estarán, entre otros, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el máximo representante del Consejo Europeo, António Costa.

El 17 de mayo se celebrarán elecciones en Andalucía, la comunidad más poblada de España. Es una batalla muy importante para el termómetro nacional, aunque sus resultados no son del todo extrapolables a unas generales. La gran duda en estos momentos es si Juanma Moreno (PP) conseguirá revalidar la mayoría absoluta o tendrá que pactar con Vox para seguir en el Palacio de San Telmo. Esta última opción sería un revés para el popular, que se ha presentado como el barón moderado frente a la madrileña Isabel Díaz Ayuso, con postulados similares a la ultraderecha.

El PSOE tiene el gran reto de no caer en su peor resultado histórico. El socialismo lleva como candidata a la exvicepresidenta María Jesús Montero, que aspira a romper las encuestas con un discurso basado principalmente en la defensa de los servicios públicos como la sanidad, la educación y la dependencia. En la sala de máquinas de la calle de San Vicente en Sevilla no paran de repetir que hay margen para crecer, ya que hay más de medio millón de votantes del PSOE que se quedaron en casa en las elecciones de 2022.

La derecha tiene por delante una apretada primavera de cortejo. El Partido Popular y Vox tienen sumidas en la incertidumbre a tres autonomías: Extremadura, Aragón y Castilla y León. A pesar de que dan los números, no logran ponerse de acuerdo para esta nueva etapa que enfrenta el bloque por la vuelta a los Ejecutivos de coalición.

Aunque Alberto Núñez Feijóo quería cerrar cuanto antes estos acuerdos, la dirección de Vox ha ralentizado este proceso. Sobre la mesa vuelve la sombra del 28M: a qué pactos llegarán, hasta dónde cederán los populares y qué consejerías exigirán los de Abascal. Y se debate la propia fórmula: María Guardiola y Jorge Azcón aceptan que haya consejeros de la ultraderecha, mientras que Alfonso Fernández Mañueco prefiere gobernar en solitario con el apoyo externo de los de Santiago Abascal.

Estos meses antes del verano serán cruciales para saber el estado de salud de la ultraderecha en España, en un momento en el que en Europa se aprecian frenazos en este espectro como el resultado de las presidenciales en Portugal y la pérdida del referéndum constitucional por parte de Giorgia Meloni en Italia, además de las encuestas en Hungría que apuntan a la posibilidad de que pierda Viktor Orbán.

En España, varias encuestas empiezan a apuntar una ralentización del fenómeno Vox. Por un lado, las elecciones de Castilla y León fueron frustrantes para el partido de Santiago Abascal al no lograr sobrepasar el simbólico 20% de votos. Vox tiene ahora mismo dos elementos de desgaste principalmente: su apoyo sin fisuras a Donald Trump y Benjamin Netanyahu en la guerra de Irán y la herida interna abierta por el choque entre el líder y varios de los fundadores como Iván Espinosa de los Monteros y Javier Ortega-Smith. Además, su incorporación en los Ejecutivos autonómicos pondrá la lupa sobre su gestión y se rebajará el discurso antisistema sobre el que cabalga ahora mismo la extrema derecha española.

Las izquierdas siguen explorando vías para las próximas elecciones generales tras los fracasos de Aragón y Castilla y León. En pleno Viernes Santo, el espacio logró un gran acuerdo en Andalucía que parecía impensable incluso hace una semana. Finalmente, compartirán papeleta IU, Podemos y Movimiento Sumar bajo el paraguas de Por Andalucía (en el que también están Iniciativa del Pueblo Andaluz, Alternativa Republicana, Partido Verde y Alianza Verde).

El próximo 9 de abril se producirá asimismo en Barcelona un movimiento muy simbólico con la charla programada entre Gabriel Rufián (Esquerra Republicana) e Irene Montero (Podemos). Un nuevo paso en busca de herramientas comunes tras el inicio de la gira del catalán con Emilio Delgado 

De manera paralela se darán pasos por parte del frente amplio que han conformado Izquierda Unida, Más Madrid, los comunes y Movimiento Sumar, que se han citado a otro gran acto, como el que hubo en el Círculo de Bellas Artes en Madrid, en Sevilla el próximo 19 de abril, en plena precampaña de las elecciones andaluzas 

No obstante, el espacio sigue huérfano de liderazgo tras la decisión de Yolanda Díaz de no repetir como número uno y el autodescarte del ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy. Todas las miradas están puestas en Rufián, cuya distancia con la dirección de ERC aumenta cada día con Oriol Junqueras señalando, por ejemplo, que él no pasó por la cárcel para que Ada Colau vaya en una lista con los republicanos. 

La política española seguirá pendiente también de lo que pase en Cataluña, ya que afecta directamente a las mayorías en el Congreso. Salvador Illa consiguió salvar una bola de partido con los presupuestos, pero ahora debe abrir un periodo de negociación con Esquerra. No tener cuentas públicas puede ser un problema para su estabilidad e incluso abriría un escenario de elecciones adelantadas.

Los republicanos en Madrid van a seguir empujando para el traspaso del IRPF a la Generalitat, algo a lo que se negó María Jesús Montero. En ERC confían en el talante de Arcadi España para asumir sus postulados y encajar un enfoque más federalista del Estado. Además, todos los partidos están muy atentos al ascenso fulgurante de Aliança Catalana, un elemento que puede romper los equilibrios de la política catalana y, por ende, de la española.

La vivienda sigue como la principal preocupación para los españoles. Y ninguno de los partidos ha logrado imponer sus recetas. “Quien dé con la tecla de la vivienda ganará las próximas elecciones”, disecciona un veterano parlamentario. Y será la principal batalla en el Congreso en las próximas semanas a través del decreto aprobado por el Gobierno.

El texto deberá pasar por votación en la Cámara Baja antes del próximo 22 de abril (está un mes en vigor hasta que se pronuncie el Congreso). Se ha convertido en la gran batalla política del ala de Sumar en el Gobierno, que presionó hasta el final para que el PSOE aceptara las medidas dentro del paquete de ayudas por la guerra de Irán. Una de sus columnas es la prórroga de los contratos de alquiler con un tope de subida. Ahora mismo no cuenta con los votos suficientes, ya que el PP, Vox y Junts ya han anunciado su rechazo. No obstante, la izquierda transformadora cree que todos deben retratarse y que el ‘no’ tendrá un coste social para esos partidos.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha garantizado este miércoles que el Gobierno va a cumplir con su compromiso de presentar los presupuestos, pero no ha dado fechas y ha querido insistir en que tener unas cuentas prorrogadas "no está suponiendo un problema".

En una entrevista en RNE, la también portavoz del Gobierno ha remarcado que el presupuesto prorrogado "no es cualquier presupuesto" y ha permitido poner en marcha "el enésimo escudo social" en estos últimos años, tras el estallido del conflicto en Oriente Medio.

Se han puesto "encima de la mesa 5.000 millones que ya se están viendo en los bolsillos de la gente", ha dicho Saiz, quien ha querido dejar claro que tener un presupuesto prorrogado "no está siendo un obstáculo" para llevar a cabo políticas que pretenden "proteger a la gente y poner en el centro a la gente".

Preguntada por el plazo en el que podrían presentarse las nuevas cuentas, ha dicho textualmente "no me quiero pillar los dedos" con las fechas, pero ha garantizado que el Ejecutivo cumplirá con su compromiso.

En este sentido, ha recordado que ha estallado una guerra que tiene consecuencias mundiales y que se están monitorizando los efectos en el cuadro macroeconómico, en la previsión de ingresos y gastos, en cómo puede afectar a la inflación y cómo está funcionando el paquete de medidas puesto en marcha por el Gobierno.

Todas estas cifras, ha añadido, "tienen que servir para que el presupuesto que se diseñe sea adecuado a la situación del momento".

Ha hecho referencia a algunas comunidades autónomas que tienen un presupuesto aprobado y al mismo tiempo "se están produciendo recortes que están causando daño a la gente" y ha puesto el ejemplo de Andalucía, "con la crisis de los cribados y con tardar en diagnosticar una patología como el cáncer".

La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha reconocido este jueves que retrasará la presentación de los presupuestos de 2026 "unas semanas" más allá de marzo, que era la fecha a la que se había comprometido.

Montero ha participado en la primera edición del evento 'Los desayunos' organizado por RTVE y EFE, donde también ha avanzado que España cumplió con el objetivo de déficit en 2025, ha anunciado que el accidente de trenes de Adamuz (Córdoba) será considerado accidente laboral y ha advertido de que la crisis derivada de la guerra en Irán es "mucho más profunda en términos políticos" que otras anteriores.

La vicepresidenta ha insistido en que la actualidad está marcada por el conflicto en Irán y el paquete de medidas que el Gobierno aprobará el viernes para paliar sus efectos, cuyo contenido no ha detallado más allá de que serán políticas de "consenso" porque todavía lo está negociando con sus socios parlamentarios.

Precisamente la negociación de este paquete es lo que ha obligado a "retrasar" los presupuestos de 2026, previstos para este trimestre, aunque la ministra ha insistido en que presentará un proyecto de cuentas cuando "haya una ventana de oportunidad" porque un presupuesto actualizado "es un bien muy valioso".

"No contemplo que podamos entrar en el año 2027 sin presupuesto", ha señalado, sin aclarar si serían las cuentas prorrogadas de 2026 o un nuevo presupuesto ya para 2027 las que sustituirían a los actualmente vigentes, que son los de 2023.

En su intervención en este nuevo formato, la vicepresidenta ha avanzado que España cumplió el objetivo de déficit público pactado con la Comisión Europea para 2025, que era de no superar el 2,5% del PIB, una meta que se ha cumplido "sin aplicar ningún recorte".

A falta de conocer el dato de déficit el próximo 31 de marzo, Montero ha defendido que el saneamiento de las cuentas públicas es fundamental para reaccionar ante los imprevistos, como sucede ahora con el conflicto en Oriente Próximo, ya que las medidas de alivio tienen que ser compatibles con el cumplimiento de los objetivos fiscales porque Bruselas no los ha flexibilizado.

En su análisis del contexto internacional, ha advertido de que la actual "crisis" abierta tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán es "mucho más profunda en términos políticos" que otras anteriores.

Ha defendido la posición de España que, según ha dicho, "tiene voz propia y reconocida" por la comunidad internacional, donde aporta "soluciones a desafíos globales", y ha recriminado al PP su "preocupante seguidismo" hacia la administración estadounidense.

Ha negado, por otra parte, que el movimiento del presidente catalán, Salvador Illa, al retirar el proyecto de presupuestos haya sido para facilitarle su campaña como candidata del PSOE a las elecciones andaluzas.

Preguntada por si Illa ha dado este paso para que la posibles medidas acordadas con ERC no generen recelos en Andalucía y afecten a su candidatura ha contestado con un no rotundo.

Se ha mostrado además convencida de que se acabará firmando el nuevo modelo de financiación autonómica y ha tildado de "postureo" las críticas al mismo y a la condonación de la deuda del presidente andaluz, Juanma Moreno, comunidad que será la más beneficiada en ambos casos, ha recordado.

Fuentes de su departamento han señalado a este respecto que el objetivo es que el modelo de financiación entre en el Congreso para su tramitación antes de que acabe el actual periodo de sesiones.

También ha negado que el nuevo modelo de financiación autonómica vaya a tener un impacto negativo en su electorado en Andalucía ya que, según ha recordado, de aprobarse, esa comunidad recibiría 5.700 millones de euros anuales.

Otro de los anuncios de la vicepresidenta está relacionado con las víctimas del accidente de trenes de Adamuz (Córdoba), ya que se va a aprobar una modificación legal para que tenga consideración de accidente laboral, lo que implicará prestaciones más elevadas para los afectados, desde heridos a pensiones, viudedad u orfandad.

También ha avanzado que desde este jueves se han empezado a pagar las ayudas autónomos y a empresas afectados por las inundaciones de febrero en Andalucía y Extremadura.

ERC mantiene su rechazo a negociar los Presupuestos de la Generalitat para 2026 al considerar que los compromisos del PSOE para que Cataluña recaude el IRPF no son suficientes, tras la reunión que mantuvieron ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder republicano, Oriol Junqueras.

Según ha avanzado La Vanguardia y han confirmado a EFE fuentes de ERC, Sánchez y Junqueras se reunieron ayer en la Moncloa para abordar la recaudación del IRPF, una de las condiciones fijadas por los republicanos para poder sentarse a negociar las cuentas de la Generalitat, un encuentro que no sirvió para desencallar la situación al no haber obtenido un compromiso explícito al respecto.

ERC celebra este sábado una reunión de su ejecutiva y después reunirá a su consejo nacional, máximo órgano del partido entre congresos, en el que Junqueras expondrá a los dirigentes el estado de las negociaciones e intervendrá ante los medios de comunicación.

El pasado viernes, el presidente catalán, Salvador Illa, reafirmó su "compromiso total" con los acuerdos de investidura, en especial con "avanzar" en el despliegue de la hacienda catalana y que esta pueda asumir la gestión del IRPF, una medida a la que Hacienda se opone.

"Nosotros la queremos poner en valor y la agradecemos, pero es evidente que no es suficiente porque las declaraciones tienen que ir acompañadas de gestos y de decisiones. Y estos gestos todavía no han llegado y no tenemos ninguna garantía de que acaben llegando", ha subrayado Junqueras.

Fuentes de ERC consultadas por EFE han explicado que el Govern estaba al corriente desde ayer por la tarde del anuncio de Junqueras de esta mañana, y que estaban preparados para anunciar el inicio de las negociaciones.

De hecho, ERC ha retirado esta semana su proposición de ley al ver "más factible" negociar enmiendas al nuevo modelo de financiación que incluyan esta cesión, aunque Junqueras pidió el lunes que el PSOE mostrara su apoyo a esta vía.

"Alguien no ha hecho sus deberes"; "hay gente que ha dicho que tenía atados unos apoyos y finalmente no era así", coinciden en señalar las fuentes consultadas por EFE, que apuntan a la negativa de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, como uno de los principales obstáculos.

No en vano, en su intervención pública de esta mañana, Junqueras ha interpelado directamente al PSC para que "convenza al Gobierno español para que cumpla sus compromisos". "Entonces sí se darán las condiciones para negociar presupuestos", ha apuntado el dirigente republicano.

La negativa de ERC a iniciar la negociación presupuestaria puede llevar al Govern a reorganizar sus planes, ya que tenía previsto convocar el lunes a los agentes sociales en el Palau de la Generalitat para que diesen su aval a los Presupuestos de 2026, con la opción encima de la mesa de aprobarlos el jueves en un consejo ejecutivo extraordinario.

Pese al no a los Presupuestos, Junqueras sí que se ha referido a los suplementos de crédito, mostrando de manera explícita su "voluntad de negociarlos" para que "aporten a la sociedad los recursos que son necesarios".

El no a las cuentas catalanas no es óbice para que los republicanos lleguen a otros acuerdos con el Gobierno central, entre ellos el consorcio de inversiones en Cataluña que reclaman y del que hoy Junqueras ha dicho que es "muy importante" y que debería servir para "acelerar, ejecutar el dinero que hay en los Presupuestos".

A este consorcio de inversiones se ha referido también el secretario general de JxCat, Jordi Turull, que ha expresado su rechazo a este organismo en su intervención ante el consejo nacional de JxCat, reunido de manera ordinaria en Vilanova i la Geltrú (Barcelona).

"No hace falta ningún consorcio. Que pague el Estado lo que no ha cumplido. Basta ya de crear empresas mixtas que no hacen más que confundir, y al final aquí no manda nadie. Lo que no haya ejecutado el Estado, dinero directo a Cataluña", ha sostenido Turull en su intervención.

Hace cuarenta años se aprobó la Ley General de Sanidad (LGS). La Constitución y las leyes reconocen el derecho a la protección de la salud. Para hacer efectivo este derecho, la LGS creó el Sistema Nacional de Salud (SNS), de cobertura universal, con un amplio abanico de prestaciones, financiado a través de impuestos, y gestionado de forma descentralizada. Desde 1986 hasta 2010 el SNS mejoró decididamente en calidad de servicios y en valoración social. La sanidad pública española ha sido, y todavía es, un gran logro de nuestro país. Sin embargo, desde 2010, como consecuencia de la crisis financiera y la gestión de dicha crisis, se produjeron recortes en el gasto sanitario público, iniciando un proceso de deterioro que no ha parado hasta hoy. La encuesta de 40dB publicada en enero de 2026 pregunta: “¿Cómo evalúas el funcionamiento de la sanidad pública en tu comunidad autónoma?”, y solo el 42,4% contesta que bien o muy bien.

Coincide con el Barómetro Sanitario del Ministerio de Sanidad, de noviembre de 2025 donde solo un 48,5% pensaban que funcionaba bien o muy bien, mientras que en 2010 era un 74% de la población quien valoraba positivamente el Sistema Sanitario. Por su parte, el Barómetro del CIS de diciembre 2025 alerta de que la sanidad es el tercer problema que más preocupa personalmente a los españoles, señalado por un 21,5% de la población (detrás de los problemas económicos que son señalados por un 30,7% y de la vivienda, que señala un 27,9%). Conviene recordar que en 2010 la sanidad ocupaba el sexto lugar en los problemas que más preocupaban personalmente a la ciudadanía, y era señalado solo por un 3,5% de la población.

La encuesta de 40dB muestra también que la mayor parte de la población, un 67,5%, prefiere un modelo público de sanidad y que se fortalezca la sanidad pública. También una mayoría, 58,7%, opina que se destinan pocos recursos a sanidad. Y lleva razón.

Tengamos en cuenta que para poder financiar los diferentes servicios públicos (sanidad, educación, fuerzas de seguridad, servicios sociales, infraestructuras, etc.) se necesita recaudar el dinero suficiente para ofrecer el nivel de calidad que puede permitirse cada país. El primer paso, por tanto, es la política fiscal: de quién y cuánto se recauda. El segundo paso es cómo se distribuyen esos fondos entre las diferentes administraciones (central, autonómica, local) para poder cumplir sus respectivas competencias y obligaciones. Y el tercer paso debería ser comprobar que se están cumpliendo adecuadamente esas competencias. Sería bueno abordar los tres aspectos de forma coherente: una reforma que construya un sistema fiscal progresivo (para cumplir el artículo 31 de la Constitución Española); un acuerdo de financiación autonómica suficiente y justo; pero también un mecanismo de control que permita garantizar que el dinero se gasta adecuadamente para cumplir las competencias y obligaciones respectivas.

El nuevo modelo de financiación propuesto por el Gobierno de España supondría inyectar 21.000 millones de euros más a las CCAA. Esta cantidad se sumaría a lo que ya se ha ido incrementando la financiación en los últimos siete años respecto a los siete anteriores, que, según el Ministerio de Hacienda, ascendería a 300.000 millones de euros. Estos recursos deberían permitir recuperar las dotaciones suficientes para prestar un servicio sanitario de calidad, “blindando la universalidad de la sanidad pública”.

En efecto, según estas cuentas, el Gobierno de España facilitaría a las CCAA los recursos para poder cumplir con la gestión de las competencias sanitarias. Pero, ¿qué significa “cumplir” y “blindar” la sanidad pública? ¿Cómo lo medimos y quién lo mide? ¿Qué estándares son exigibles, y por quién? ¿Qué pasa si, aún disponiendo de recursos, una CCAA no garantiza la calidad en la atención sanitaria en tiempo y forma adecuada? ¿Qué pasa si se debilitan los centros públicos y se favorecen los privados? ¿Qué pasa si se gestiona de forma ineficiente, por ejemplo, el gasto farmacéutico? Esto es lo que está realmente ocurriendo. 

Frente a ese deterioro progresivo e incontrolado, hemos de fortalecer la sanidad pública definiendo con claridad y sencillez los estándares de calidad de los servicios y fijando las condiciones para alcanzarlos: tiempo de demora para la atención; tiempos de resolución para los diferentes tipos de problemas; estándares de personal de los centros públicos (dotación, cualificación, remuneraciones suficientes, estabilidad, reconocimiento, condiciones de trabajo); instalaciones adecuadas; tecnología apropiada; y un mecanismo de evaluación permanente del funcionamiento del SNS, con sistemas de corrección, local, regional y nacional que incluyan, en caso extremo, la aplicación del artículo 155 de la Constitución (en virtud del cual el Gobierno de España podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a la CCAA al cumplimiento forzoso de sus obligaciones, protegiendo el interés general).

Por todo ello, entendemos que, cuarenta años después de aprobada la Ley General de Sanidad, sería muy conveniente una refundación del SNS. Enfrentamos un problema de primera magnitud y se requiere una respuesta acorde con el desafío: cambios sociales, demográficos, epidemiológicos, profesionales, tecnológicos... Para ello es necesario un Ministerio de Sanidad más fuerte, así como una estructura de coordinación (federal) más potente y ejecutiva del Sistema Nacional de Salud (Consejo Interterritorial y agencias vinculadas), para impulsar y desarrollar una política de personal sólida, así como el mantenimiento y actualización de las infraestructuras apropiadas, que permitan un acceso universal y, en tiempos y condiciones adecuados, el refuerzo de la salud pública, de la atención primaria y de la atención al sufrimiento psíquico, y el control y reducción radical de gasto farmacéutico. 

Solo así podremos blindar, de verdad, un sistema sanitario público de calidad, para toda la población española, resida donde resida, que recupere el aprecio de la ciudadanía por su excelente desempeño. La discusión del nuevo modelo de financiación autonómica, con el importante incremento de recursos que supondría, es una oportunidad para lograr la recuperación y fortalecimiento del SNS, ligando la asignación de recursos al cumplimiento de estándares de personal sanitario, así como de calidad y accesibilidad de la atención sanitaria. Si en lugar de eso nos echamos la culpa unos a otros (gobierno central a gobiernos autonómicos y viceversa), no resolveremos el problema y la sanidad pública continuará deteriorándose, gota a gota. 

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Fernando Lamata Cotanda es especialista en Psiquiatría, miembro del Consejo Consultivo de la Confederación de Salud Mental de España y colaborador de la Fundación Alternativas.

Si algo ha cambiado desde que Trump está al mando del universo, tal y como le gusta aparentar, es la percepción que los propios europeos tenían de pertenecer a la Unión Europea. Han pasado de estar orgullosos de haber nacido en este viejo continente a avergonzarse de pertenecer a él. De creer que éramos más cultos, más refinados, más influyentes a sentirnos pisoteados por un presidente voraz que busca la desregulación para sus empresas triturando los derechos de todos. 

No estamos acostumbrados a que nos amenacen, ni teníamos pensado asistir a una tercera guerra mundial, porque aquí las guerras parecían cosa de las películas. Pero estamos en un escenario tan loco, en el que Trump ha dado luz verde a Putin, desentendiéndose de Europa, que ha generado un miedo y una parálisis en el corazón de la UE nunca visto. Son los dirigentes los más conscientes de la sombra que se cierne sobre nosotros, mientras como ya sucedió en otros momentos de la historia, los ciudadanos no nos lo acabamos de creer y seguimos enfrascados en detalles que han pasado a ser anecdóticos ante lo que se nos viene encima. Ha calado la idea de que la UE sirve para poco. Incluso quienes la defendían ahora dudan de ella. Bingo. Justo lo que pretenden Trump y sus secuaces. 

En la mayoría de los países europeos se ha instalado una política bronca desde hace tiempo, alimentada precisamente por especímenes como el presidente norteamericano, que será muy básico, pero sabe que el ‘divide y vencerás’ sigue dando sus frutos. Y como marionetas, los perspicaces europeos le estamos siguiendo el rollo. Porque podemos criticar su chabacanería, pero la realidad es que bailamos a su ritmo desacompasado. 

Europa sigue siendo el mayor espacio de progreso y libertades que jamás se ha construido. No fue concebido para responder al matonismo de ahora y tiene la misma capacidad de respuesta que si pones a una familia amplia a opinar sobre la venta de una casa heredada, pero contribuir a su destrucción es hacerle el juego al enemigo. Somos un gigantesco comprador de bienes a nivel mundial. Europa domina en las listas de países con mayor calidad de vida. La conciliación y los derechos laborales son objetivamente mejores que en otras regiones del mundo. La desaparición de la UE supondría un coste inmenso para sus habitantes.

No se puede negar que hay diferentes prioridades entre los países que la componen y entre los distintos grupos políticos. Hay variedad de estilos personales. Y hay una enorme fragmentación que dificulta avanzar de forma valiente y unida, como reconoce cualquier responsable de gobierno europeo. Pero no tenemos otra alternativa mejor. Cuando escuchas a Page pedir elecciones “ante el atropello” por la financiación autonómica, es fácil entender cómo de complicado es que la UE fije una respuesta común, si una comunidad española del mismo partido que el Gobierno encabeza una rebelión así. 

Apreciemos un poco más lo que tenemos y lo que ha costado llegar hasta aquí, más ahora que estamos en serio peligro. Dejemos las disputas tontas y centrémonos en lo importante. Lo importante es cerrar filas en lugar de sumarse al antieuropeísmo. 

La ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha defendido este sábado la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica, por encima ”de la barbaridad de mentiras y falsas noticias a partir de supuestos pactos de cesión a los independentistas”.

En su intervención en la Interparlamentaria socialista andaluza celebrada en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra, Montero ha asegurado que “no hay excusa posible para decir que no” a la cantidad planteada para comunidades como Andalucía, que recibirá más de 4.850 millones de euros de los 21.000 millones para todas las comunidades de régimen común.

Tras acusar al Partido Popular de querer tener “siempre un enemigo al que echar la culpa de su incompetencia”, ha afirmado que “parece que le iba mucho mejor con el 'procés'", y ha abundado en que el PP “añora una etapa de conflicto en Cataluña” porque era “una situación en la que ellos entienden que se sienten más fuertes”.

Frente a esta estrategia, ha defendido que el Gobierno central “no deja de trabajar, aunque algunos, permanentemente, intentan trasladar un fin de ciclo o legislatura”, y ha sostenido que “ya quisieran los gobiernos del PP que dicen tener estabilidad ser la referencia internacional del Gobierno de España”.

Ese trabajo ha desembocado en la propuesta de un nuevo modelo de financiación, que, según la ministra, “hace que todos los territorios de España ganen mejores y mayores recursos” y ayudará a que “en cada territorio se preste una atención sanitaria homogénea, o que la educación publica sea el ascensor social de los hijos de los trabajadores”.

En este sentido, Montero ha exigido a los gobiernos autonómicos que el dinero que van a recibir “vaya a lo público, que garanticen realmente la igualdad de oportunidades”, y no se destine “a amiguetes que se beneficien, a intereses privados que lo que buscan, como cualquier empresa, es maximizar el volumen de beneficios que tienen”.

“No hacemos un esfuerzo de 21.000 millones para que vayan a la Quirón o a las universidades privadas”, ha apostillado Montero, que ha exigido que se explique por parte de los presidentes autonómicos cuál será el destino de esos fondos y "se evite, como ha pasado en Andalucía, que haya un incremento del 35 % en los seguros de sanidad privada porque la renta que se ahorran los ciudadanos al no pagar un problema de salud o los estudios de sus hijos es lo que permite a la clase trabajadora dar un salto a clase media”.

María Jesús Montero ha llamado a la militancia socialista a difundir las medidas sociales que promueve su partido “ante el ruido y la idiotización de la política de resumir las cosas en dos titulares”, de modo que se tiene que aplicar “la pedagogía que siempre acompañó a los proyectos socialistas”.

Además, ha afirmado que tienen que pedir perdón “todos los que les acusaron de que estábamos haciendo un acuerdo que traicionaba a Andalucía y beneficiaba a otros territorios”.

A este respecto, ha destacado que un 23 % de los fondos irán a parar a la Junta, de modo que “dónde está el supuesto agravio” y ha preguntado al presidente andaluz, Juanma Moreno, "qué excusa va a poner cuando en noviembre dijo que lo que le pedía eran 4.000 millones de euros. Si quiere ser coherente, diga que este modelo de financiación es bueno para Andalucía”.

Asimismo, ha rechazado las críticas de electoralismo sobre el nuevo reparto de fondos y ha apuntado que “cuando el PP tilda de electoralista una propuesta es porque es buena”, pero esta en concreto “no es electoralista, es viable”, ha remachado.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado este sábado que cuando Alberto Núñez Feijóo llegue a La Moncloa lanzará, en el plazo de un año, un nuevo sistema de financiación autonómica "justo, solidario" y "bueno" para el conjunto del país.

En su intervención en la reunión interparlamentaria que el PP celebra en A Coruña, se ha referido al "pacto" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el líder de ERC, Oriol Junqueras, para "repartirse el dinero de todos los españoles" y "comprar" el apoyo del separatismo.

Para Tellado, lo que ha ocurrido esta semana con el acuerdo sobre financiación autonómica es "otro palo para los ciudadanos que cumplen y premio para los independentistas que mantienen a Sánchez en el poder".

Ha agregado que ello, además de una "infamia", es también "corrupción política".

Por ello ha asegurado que tan pronto como su partido llegue al Gobierno lo "revertirán" y mejorarán la financiación autonómica en "absolutamente" todas las comunidades autónomas.

El nuevo sistema de financiación autonómica propuesto este viernes por la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha encontrado reacciones adversas mayoritarias entre los presidentes autonómicos, así como entre la oposición, tanto del PP como de Junts.

Por parte del PP, ha sido el vicesecretario de Política Autonómica, Elías Bendodo, el encargado de criticar que la propuesta se anunciara mediante un acuerdo entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras.

"Es una patada a la igualdad y la unidad de España". "Eso ya nace mal. Tenemos que sentarnos todos en la mesa", ha indicado.

Por parte de Junts ha sido su vicepresidente, Antoni Castellà, el portavoz que ha insistido en el rechazo de esta formación a la propuesta.

Él ha emplazado este viernes a ERC a "transitar" desde el modelo de financiación pactado con el Gobierno hacia el concierto económico: "14 diputados en Madrid lo pueden hacer posible", ha expresado.

Castellà ha corroborado que JxCat presentará una enmienda a la totalidad con texto alternativo para sacar a Cataluña del régimen común y llevarla a un sistema como el de Navarra o el País Vasco.

Su posición coincide con la de la patronal catalana, pues Josep Sánchez Llibre, de Foment del Treball, ha considerado que la nueva propuesta de financiación autonómica que ha puesto sobre la mesa el Gobierno es "claramente insuficiente".

Tampoco ha tenido buena acogida la propuesta entre la mayor parte de los presidentes autonómicos, ni siquiera por parte del socialista Emiliano García Page.

El presidente de Castilla-La Mancha ha señalado que prefiere que "hablen los españoles" antes de permitir un "atropello", en relación con el acuerdo de financiación singular para Cataluña, y ha advertido de que no va a participar en un "intento de suicidio político de la izquierda".

En la misma línea de rechazo se ha pronunciado el presidente del Gobierno aragonés, Jorge Azcón, quien ha valorado el incremento de la financiación a las comunidades, pero ha criticado el sistema de reparto al entender que rompe los criterios de igualdad y de solidaridad entre los territorios para favorecer a las formaciones independentistas.

El presidente de Andalucía, Juanma Moreno, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de romper la "multilateralidad" con su modelo de financiación autonómica, una propuesta que considera "poco creíble", que vincula a los próximos comicios electorales y que supone un "traje a medida" para el líder de ERC, Oriol Junqueras.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha reclamado la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

También se ha mostrado escéptico el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, quien ha asegurado que "nadie se cree que si hay más dinero para Cataluña, no significa que haya menos dinero para otros".

En este sentido, Clavijo ha indicado que antes de hacer valoraciones necesita "ver el texto, la letra pequeña", y ha añadido que, "evidentemente, el Gobierno, si presenta algo, lo va a vender bien".

Junto a ellos, la consejera madrileña de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, ha cargado contra el nuevo sistema de financiación autonómica, por el que la Comunidad de Madrid recibirá "la mitad" que Cataluña, y ha avisado que utilizará "todos los recursos legales" contra este modelo.

También el Gobierno valenciano ha señalado "ausencias gravísimas" en el nuevo sistema y ha calificado de "impresentable" el pacto "unilateral" del modelo. Además, ha vuelto a reclamar un fondo de nivelación hasta su entrada en vigor. Así lo ha señalado su portavoz, Miguel Barrachina.

El conselleiro de Hacienda de la Xunta de Galicia, Miguel Corgos, considera que en la propuesta para un nuevo sistema el Gobierno "negocia" con los recursos de todas las comunidades autónomas.

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo (PP), ha rechazado este viernes "las formas" y "el fondo" de la propuesta, y el consejero de Economía de Cantabria, Luis Ángel Agüeros, ha opinado que la propuesta de financiación autonómica de Hacienda es un "atropello".

El Govern balear del PP rechaza de plano el nuevo sistema de financiación autonómica anunciado por el Ejecutivo central porque solo se ha pactado con los "separatistas" catalanes, ignora las peticiones de Baleares y vulnera su autonomía financiera.

Así, solo el presidente catalán, Salvador Illa, ha hecho un llamamiento al conjunto de fuerzas políticas para que no bloqueen una nueva financiación que considera "justa", porque beneficia a todas las comunidades y con la que Cataluña seguirá siendo "solidaria" sin pedir "privilegios".

Desde Asturias, el portavoz del Gobierno, Guillermo Peláez, ha señalado que el Ejecutivo autonómico no se posicionará hasta conocer la "letra pequeña".

En cuanto a los socios de Sumar, el diputado de Compromís Alberto Ibáñez ha celebrado los "avances" en la nueva propuesta de financiación autonómica por parte del Ministerio de Hacienda, que otorga 3.667 millones de euros más a la Comunidad Valenciana, y considera que hay posibilidad de llegar a un acuerdo en el Congreso vía enmiendas.

Y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, también se ha mostrado constructivo, aunque ha reclamado a la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que instaure un suelo fiscal en el nuevo modelo de financiación para evitar el 'dumping' entre autonomías, en referencia a las gobernadas por el PP.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha confirmado que el modelo de financiación autonómica propuesto por el Gobierno respeta el principio de ordinalidad para Cataluña, de modo que, como avanzó el líder de ERC, Oriol Junqueras, es la tercera en aportar recursos al sistema y será la tercera en recibir, según informa EFE.

En la rueda de prensa en la que ha presentado la propuesta de financiación, Montero ha indicado que este principio no figura como tal en el sistema, aunque la construcción del modelo "tiende" a que en la práctica sea una realidad.

Como consecuencia de la "construcción" del modelo, como ha dicho la ministra, para Cataluña sí se cumple, pero por ejemplo no lo hace para Madrid, que es la comunidad que más recursos aporta, porque paralelamente se ha establecido un mecanismo que mantiene con 400 millones el 'statu quo' de Cantabria y Extremadura para que no reciban menos dinero que ahora, y la primera se sitúa por delante.

La vicepresidenta primera del Gobierno no ha querido facilitar un listado ordenado de cómo quedan las distintas comunidades para no alimentar, ha dicho, el discurso de los agravios territoriales que considera que mantiene el PP, pero fuentes de Hacienda han indicado que Andalucía recibirá algo más de lo que aporta y gana una posición.

Al PP ha apelado Montero para reclamar su apoyo a la propuesta, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, adelantó el jueves al líder de ERC. "Espero contar con la complicidad del Partido Popular, con más entusiasmo o con menos", ha afirmado la ministra de cara a la votación en el Congreso del proyecto de ley en el que se materializará la iniciativa del Gobierno.

Montero ha lamentado, eso sí, que el PP no tenga una posición única ni una propuesta propia y ha llegado a decir que el líder popular, Alberto Núñez Feijóo no tiene "liderazgo suficiente para poner una propuesta encima de la mesa" porque los distintos presidentes autonómicos de su partido tienen posturas discrepantes entre sí.

En todo caso, ha considerado "muy difícil" para algunos grupos parlamentarios y especialmente para el PP explicar a los ciudadanos un no a este modelo, sobre todo cuando el 70% de los casi 21.000 millones de nuevos recursos previstos para 2027 van a comunidades gobernadas por los populares.

La también secretaria general de los socialistas andaluces y candidata a la Presidencia de la Junta ha manifestado también que le cuesta trabajo pensar que Andalucía "pueda renunciar a recibir 4.850 millones de euros" con el sistema de financiación planteado.

"¿Van a decir que no por puro interés partidista, por sectarismo político?", se ha preguntado Montero, que ha considerado que eso sería "absurdo".

Asimismo ha dicho desconocer cuál será la posición de Junts y ha apuntado al respecto que la propuesta del Gobierno en materia de financiación "responde a muchas aspiraciones de autogobierno".

Los diputados franceses aprobaron este martes por unanimidad la ley especial presentada el lunes por el Gobierno y que permite la continuidad de los ingresos y gastos del Estado ante la falta de un Presupuesto estatal para 2026. Como era esperado, el proyecto gubernamental salió adelante con un quórum pocas veces visto en el actual hemiciclo: 496 votos a favor y ninguno en contra.

Para que esta ley especial, que en la práctica es una prórroga parcial de los Presupuestos de 2025, entre en vigor, hará falta la validación del Senado, que se pronunciará la tarde del martes.

Considerado por el Ejecutivo de Sébastien Lecornu como una solución provisional mientras negocia con la oposición las cuentas de 2026, esta ley transitoria permite al Estado recoger impuestos, traspasar fondos a las entidades locales y regionales y gestionar la deuda pública.

Según las cuentas del Gobierno, la prolongación de los presupuestos es la solución menos mala, pues tendrá un coste mínimo de 12.000 millones de euros, que puede agravarse si la prórroga se alarga. Por ello, el principal desafío de Lecornu será en enero, cuando tenga que negociar de nuevo con los grupos políticos de la Asamblea Nacional más fragmentada que se recuerda. "Este es un paliativo, un esparadrapo, nos da algunas semanas suplementarias para negociar" con los grupos de la oposición en el Parlamento, manifestó la portavoz del Ejecutivo francés, Maud Bregeon.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha urgido a su primer ministro para que se dote al país de un Presupuesto en 2026 durante enero, en el que se contemplaría con un déficit del 5% del PIB para el próximo año.

Una vez sea validada la tarde-noche del martes por el Senado, la ley especial entrará en vigor y será cuando Lecornu realice una corta alocución al país sobre la importancia de contar con unos Presupuestos en 2026. 

El Gobierno francés aprobó este lunes un proyecto de ley especial que permite la continuidad de los ingresos y gastos del Estado ante la falta de un Presupuesto estatal para 2026 mientras el Ejecutivo intenta negociarlo con la oposición parlamentaria antes del final de enero, informa EFE.

"Este es un paliativo, un esparadrapo, nos da algunas semanas suplementarias para negociar" con los grupos de la oposición en el Parlamento, manifestó la portavoz del Ejecutivo francés, Maud Bregeon.

Tras el Consejo de Ministros Extraordinario que aprobó la medida, Bregeon explicó que el presidente francés, Emmanuel Macron, juzgó que esta solución provisional de un ley especial "no es satisfactoria" y urgió al Gobierno a aprobar "lo más rápidamente posible, en enero" unos presupuestos estatales que incluya un déficit del 5% del PIB.

Para su adopción, este proyecto de ley tendrá que ser debatido y votado mañana en el Parlamento, en el que el Ejecutivo tiene una mayoría muy relativa. En una rueda de prensa en la que estuvieron también presentes el ministro de Economía y la de Hacienda, Roland Lescure y Amélie de Montchalin, respectivamente, alertaron del carácter provisional de una ley especial que permite a Francia "mantener que sus comisarías y escuelas sigan funcionando y que los funcionarios reciban sus salarios".

El Ejecutivo del primer ministro Sébastien Lecornu tenía de plazo hasta el 31 de diciembre para aprobar unas cuentas para 2026, algo que no logró debido a las divisiones de la Asamblea Nacional francesa. Para lograr un acuerdo sobre la prórroga, estuvo recibiendo a lo largo de este lunes a los principales líderes políticos, excluidos los de la extrema derecha de Marine Le Pen y la izquierdista La Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon, que han rechazado todo contacto con el Gobierno.

Una ronda de conversaciones que sirve para constatar el acuerdo mayoritario para prorrogar las cuentas del año pasado y proseguir las negociaciones para el presupuesto de 2026. Los primeros en ser recibidos por Lecornu fueron los socialistas, que están sirviendo de apoyo para la continuidad del Gobierno, a costa de importantes concesiones que ponen en peligro el respaldo de los conservadores y de ciertos sectores del centro-derecha.

El líder socialista, Olivier Faure, acusó a la derecha de "rechazar todo compromiso" y aseguró que ellos mantendrán sus "exigencias", que pasan por "una mayor justicia social y evitar recortes en los servicios públicos".

Entre los partidos recibidos por Lecornu, Los Ecologistas adelantaron que no darán su aprobación para el actual plan presupuestario. También fueron citados en el Palacio de Matignon los líderes de la coalición 'macronista', los comunistas y la derecha conservadora.

Si todos ellos están de acuerdo en prorrogar los presupuestos de forma provisional, los puntos de divergencia son importantes sobre la adopción de unas nuevas cuentas, puesto que la derecha y miembros de la coalición 'macronista' rechazan las subidas de impuestos y apuestan por los recortes como única manera de equilibrar las cuentas.

A ello se une el plazo de un mes dado por Macron y los intereses electorales de los diferentes partidos de cara a la campaña de las elecciones municipales de marzo, lo que puede dificultar todavía más la búsqueda de compromisos.

Al tiempo, los diferentes organismos económicos alertan de los problemas que puede acarrear la prórroga de los presupuestos, si se extiende en el tiempo, y la necesidad de que las cuentas de 2026 sitúen el déficit por debajo del 5%.

El presidente del Tribunal de Cuentas, el exministro socialista Pierre Moscovici, aseguró que Francia debe cumplir la trayectoria presupuestaria que presentó a Bruselas, que pasa por una reducción progresiva del déficit para situarse por debajo del 3% del PIB en 2029, y consideró que de ello depende "la credibilidad" del país. También aseguró que no reducir el déficit en 2026 supondría tirar la pelota para adelante y recordó que en 2027 hay elecciones presidenciales, lo que hará más difícil todavía llegar a compromisos de recortes del gasto.

Los diputados franceses adoptaron de forma definitiva los presupuestos de la Seguridad Social para 2026, lo que abre la puerta a la secuencia de adopción de los presupuestos generales para el año próximo que el Ejecutivo cuenta con aprobar antes del 31 de diciembre, informa EFE.

En total, votaron a favor del texto 247 diputados, frente a los 232 que lo hicieron en contra, un margen de quince votos, dos más de los que habían salvado el texto en primera lectura hace una semana. El proyecto había sido masivamente rechazado en el Senado, donde la derecha y el centro-derecha tienen una amplia mayoría.

Hasta el último momento se había mantenido el suspense sobre esta nueva votación, porque la formación La Francia Insumisa había incrementado la presión sobre los ecologistas para que se opusieran al proyecto, tras haberse abstenido en primera lectura. Pero finalmente mantuvieron su primera postura, lo que permitió al primer ministro, Sébastian Lecornu, confirmar un triunfo que le permite seguir en el puesto, pese a que su futuro inmediato sigue sujeto a muchas incertidumbres.

El jefe del Gobierno tuvo que hacer muchas concesiones a los socialistas, en particular la suspensión de la reforma de las pensiones adoptada en 2023 que retrasaba dos años la edad mínima de jubilación.

Esas medidas generaron división en el seno de la coalición macronista y elevaron el gasto previsto en unos 5.000 millones de euros, lo que pone en peligro el compromiso de situar el déficit público en el 5% que París había adquirido con Bruselas para retornarlo al 3% en 2029.

Lecornu deberá ahora encontrar acuerdos para adoptar los presupuestos generales del Estado antes de que acabe el año, una tarea que no parece sencilla. Los diputados rechazaron en primera lectura el proyecto inicial, que sin embargo, fue adoptado por el Senado.

Una comisión mixta de ambas cámaras debe reunirse este viernes para acordar un texto que debería ser votado la semana siguiente. Tan difícil parece que se logre un compromiso aceptable, que cada día son más las voces que piden a Lecornu que utilice el mecanismo constitucional que le permite adoptar los presupuestos sin voto parlamentario.

Algo a lo que el primer ministro se comprometió a renunciar para dar carta de naturaleza a la negociación parlamentaria, pero a lo que puede recurrir si de esta no sale un proyecto mayoritario. En caso de adoptar las cuentas sin voto, la oposición puede presentar una moción de censura, cuyo resultado sería muy delicado para un Lecornu que carece de mayoría en la cámara baja.

Podría correr así la misma suerte que sus dos últimos antecesores, el conservador Michel Barnier, que perdió una moción de censura en diciembre de 2024 tras apenas tres meses en el cargo, y el centrista François Bayrou, que cayó en una moción de confianza en septiembre pasado.

La semana clave que afronta el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, se abrió con una previsible victoria, la adopción en el Senado de su proyecto de presupuestos para 2026, con 187 votos a favor y 109 en contra, según ha informado EFE.

Una buena noticia lograda en terreno afín, donde la derecha y el centro cuentan con una amplia mayoría que no presupone nada de lo que sucederá en la Asamblea Nacional, donde hay una mayor dispersión de votos.

En la cámara baja la aritmética volverá a mostrar sus límites este martes, cuando está previsto que los diputados adopten de forma definitiva las cuentas de la Seguridad Social, aprobadas en primera lectura con solo trece votos de margen de 577.

A cambio, tuvieron que hacer concesiones a partidos de la oposición, sobre todo a los socialistas, entre las que destacó la suspensión de la reforma de las pensiones adoptada en 2023 y que retrasaba dos años la edad mínima de jubilación.

Además, se incrementaron las partidas sociales y para hospitales, todo lo cual agravó en más de 5.000 millones de euros el déficit de las cuentas.

Una losa que pesa ahora sobre los presupuestos generales para 2026, que antes de llegar al Senado fueron masivamente rechazados por los diputados, con un único voto a favor.

Ese proyecto, que marcará la supervivencia del Gobierno de Lecornu, tiene ahora otra fecha señalada en rojo, el próximo viernes, cuando una comisión mixta de senadores y diputados deberá ponerse de acuerdo sobre un proyecto común que será el que se presentará la semana próxima en ambas cámaras. Esa prueba es esencial para los planes del Ejecutivo de dotarse de un presupuesto de 2026 antes de que acabe este año.

Una tarea que, a día de hoy, parece complicada, ante la distancia sideral que aleja a unos de otros. Si el proyecto final busca atraer votos de los socialistas, amenaza con perder apoyos de la coalición centrista y de los conservadores, mientras que planea sobre el mismo el rechazo de los dos grupos mayoritarios, la extrema derecha de Marine Le Pen y la izquierdista La Francia Insumisa (LFI) de Jean-Luc Mélenchon.

Con la agravación del gasto de la Seguridad Social, las cuentas ven comprometido el objetivo del Ejecutivo de situar el déficit por debajo del 5%, esencial para cumplir con los compromisos adquiridos con Bruselas de llevarlo a la senda del 3% en 2029.

Según los últimos cálculos del Ejecutivo, el desvío será ahora del 5,3%, apenas una décima menos que el de 2025, lo que obligará a más recortes en el proyecto que adopte la comisión mixta el viernes. Así lo señaló el ministro de Economía, Roland Lescure, que consideró "inaceptable" un déficit por encima del 5%.

Tan difícil parece que se logre un compromiso aceptable, que cada día son más las voces que piden a Lecornu que utilice el mecanismo constitucional que le permite adoptar los presupuestos sin voto parlamentario. Algo a lo que el primer ministro se comprometió a renunciar para dar carta de naturaleza a la negociación parlamentaria, pero a lo que puede recurrir si de esta no sale un proyecto mayoritario.

En caso de adoptar las cuentas sin voto, la oposición puede presentar una moción de censura, cuyo resultado sería muy delicado para un Lecornu que carece de mayoría en la cámara baja. Podría correr así la misma suerte que sus dos últimos antecesores, el conservador Michel Barnier, que perdió una moción de censura en diciembre de 2024 tras apenas tres meses en el cargo, y el centrista François Bayrou, que cayó en una moción de confianza en septiembre pasado.

El Congreso de los Diputados ha vuelto a rechazar este jueves la senda de déficit propuesta por el Gobierno, pero ha aprobado subida salarial para los empleados públicos, esta última, con el apoyo del PP. El rechazo a la senda pone fin a los trámites previos a los presupuestos y deja vía libre al Gobierno para presentar las cuentas del próximo año.

Los objetivos de estabilidad han sido rechazados por 177 votos en contra -los de PP, Vox, Junts y UPN-, 166 a favor y 5 abstenciones (Podemos y la exdiputada de Sumar Àgueda Micó), en línea con la votación de la primera senda a finales de noviembre.

A pesar de este resultado, con esta segunda votación quedan cumplidos los trámites previos a los presupuestos y el Gobierno ya podría presentar las cuentas del próximo año en cualquier momento, ajustadas a los objetivos de estabilidad incluidos en el plan fiscal estructural remitido a Bruselas el pasado año en lugar de a los rechazados este jueves.

Estos objetivos son los mismos a nivel global -que el déficit público baje al 2,1% del PIB en 2026, al 1,8% en 2027 y al 1,6% en 2028-, pero con un reparto distinto entre subsectores, más estricto para las comunidades autónomas.

Con este rechazo, las comunidades autónomas tendrán que cerrar en equilibrio presupuestario en lugar de con un déficit del 0,1% del PIB como planteaba la senda, lo que equivale a perder un margen de gasto que Hacienda cifra en 5.485 millones en el periodo 2026-2028 y que podría ser aprovechado por el Estado.

La votación no afecta al techo de gasto del Estado para 2026, que no necesita el aval de las Cortes, y que continúa fijado en 216.177 millones (incluidos 4.151 millones de fondos europeos), un 8,5% más.

La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha lamentado que haya partidos "instalados en el no por el no" y, más concretamente, que el PP perjudique a las propias regiones que gobierna al votar en contra.

El diputado del PP Juan Bravo ha criticado que el Gobierno quiera aumentar el gasto a costa de "más impuestos y más deuda", a lo que el diputado de Vox Pablo Sáez ha añadido que la reducción del déficit solo es posible con "un importante aumento de la presión fiscal" y el diputado de Junts, Josep María Cruset, que se trata de la misma senda que ya fue rechazada.

Los socios del Gobierno han mostrado su apoyo para avanzar hacia los presupuestos, aunque ERC ha pedido un reparto más justo de los objetivos de déficit y Bildu ha criticado las "carencias" de la senda por las restricciones de Bruselas, un punto en el que ha coincidido con PNV, que ha cargado contra la regla de gasto.

Podemos ha mantenido su abstención en protesta por el gasto en defensa y la diputada Micó porque no hay un trato "justo" para los valencianos.

El Gobierno prevé presentar el proyecto de presupuestos en torno a febrero del próximo año, lo que obligará a prorrogar por tercera vez las cuentas de 2023, que son las actualmente vigentes.

"El Gobierno está trabajando justamente con la aprobación del techo de gasto para presentar, a la mayor brevedad posible, el proyecto de presupuestos", ha insistido Montero, unas cuentas que seguirán compatibilizando la responsabilidad fiscal con "políticas progresistas que amplían derechos y corrigen desigualdades".

En cuanto a la subida salarial del 2,5% para 2025 y del 1,5% para 2026 para los 3,5 millones de empleados públicos, ha salido con el apoyo de todos los grupos, incluido el PP, y pese a los votos en contra de Vox.

Con 309 votos a favor, 32 en contra y 7 abstenciones, el real decreto ha sido convalidado y se tramitará como proyecto de ley, permitiendo que en el sector público estatal la subida de 2025, incluyendo los atrasos desde el pasado 1 de enero, se haga efectiva en una nómina adicional este mismo mes, lo que afectará a 540.000 empleados públicos.

El resto de las administraciones públicas tendrán que establecer el calendario de abono de los importes y atrasos relativos al ejercicio 2025. 

En cuanto a 2026, a la subida del 1,5% se podría sumar otro incremento retributivo y consolidable del 0,5% si la variación del IPC ese año es igual o superior al 1,5%.

En su intervención, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha defendido que los empleados públicos merecen "buenas condiciones" y ha recordado que las subidas forman parte de un acuerdo marco sellado con los sindicatos UGT, CCOO y CSIF que contempla un incremento del 11 % para el periodo 2025-2028.

A los incrementos de 2025 y 2026 se añadirá un 4,5% en 2027 y un 2% en 2028. "Más servidores públicos, mejor remunerados, más Estado del Bienestar", ha subrayado López.

Los socios habituales del Gobierno han apoyado la medidas aunque con algunas críticas, mientras que Junts, que no ha intervenido, se ha abstenido en la votación.

BNG y EH Bildu han cuestionado que en la negociación del acuerdo marco se dejará fuera a sindicatos territoriales como ELA, LAB y Ciga y han apuntado a la necesidad de fijar subidas y salarios "acordes al territorio".

Pese a su voto a favor, el diputado del PP Ángel Ibañez ha cargado con dureza contra la forma de negociar y aprobar esta subida "tarde, mal y sin diálogo con las administraciones territoriales".

También ha afeado que el acuerdo, que se extiende hasta 2028, condicione "las políticas retributivas de futuros gobiernos" y ha cuestionado el interés de un Ejecutivo que "ha usado la función pública para colocar amiguitas".

Vox ha cargado contra la forma de articular esta subida y ha reprochado "la incertidumbre e improvisación" con la que trabaja el Gobierno.

Igualmente, se ha aprobado este jueves la ley de servicios de atención a la clientela, que incluye la atención en catalán, euskera y gallego a la ciudadanía de las comunidades autónomas con lenguas cooficiales, así como el bloqueo de las llamadas spam y garantizar la atención humana. La Cámara Baja ha dado luz verde a una ley que inició su andadura en 2011 y ha necesitado más de una década para culminar su camino.

El Congreso de los Diputados ha tumbado la mayoría de enmiendas introducidas por el PP en el Senado, que pretendían limitar la atención en lenguas cooficiales así como ampliar los tiempos de espera máximos para atender llamadas.

Sin embargo, el respaldo de PP, Vox y Junts ha hecho que las restricciones a la publicidad del juego hayan decaído del texto legal, entre ellas, prohibir la presencia de personajes populares en estos anuncios y limitar esta publicidad en redes sociales.

Con esta legislación, las empresas estarán obligadas a identificar sus llamadas comerciales con un código numérico específico y garantizar que el 95% de las llamadas que reciban sean atendidas en una media de tiempo inferior a tres minutos y no se podrán atender sólo por contestadores automáticos o inteligencia artificial, siempre deberá existir la opción de hablar con un operador humano.

Asimismo, las reclamaciones de los clientes deberán ser atendidas en un plazo máximo de 15 días. Y las empresas de más de 250 empleados o facturación superior a 50 millones de euros tendrán que ofrecer atención a la clientela en las lenguas cooficiales en las comunidades autónomas donde el catalán, el euskera o el gallego sean lengua cooficial.

Sobre la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad solo han votado a favor del veto los diputados de Junts, mientras que PP y Vox se han abstenido. El resto -hasta 171 votos con PSOE, Sumar, ERC, PNV, Coalición Canaria y EH Bildu- han votado en contra. Se ha votado tras rechazar la enmienda a la totalidad de devolución presentada por Junts, ya que el PNV ha retirado finalmente la suya para incluir cambios durante su tramitación que eliminen invasión de competencias.

Bustinduy, se ha comprometido a que la reforma cuente con "la financiación necesaria para ser viable y salir adelante" y ha agradecido la colaboración y el apoyo unánime de las entidades sociales, muchas de ellas presentes este jueves en el hemiciclo.

"Este país lo necesita y lo vamos a necesitar cada uno de nosotros", ha aseverado Bustinduy, quien ha recalcado que la reforma "no es del ministerio, ni del gobierno de coalición, sino del país" y con el empuje de las asociaciones.

Para Junts "es una contundente invasión competencial" y con "una visión centralista y sin ningún tipo de garantía sobre los recursos económicos necesarios", ha señalado Josep Maria Cruset Domènech.

El diputado catalán ha lamentado la presión a Junts para apoyar una ley "pésima" para Cataluña. "No nos hará movernos de la defensa de los catalanes", ha aseverado Cruset, quien ha añadido que no regalan sus votos "a cambio de nada" o "de una ley nefasta".

El PNV ha retirado su enmienda a la totalidad pese a que sigue manteniendo que la norma "no respeta el ámbito competencial", ha argumentado Maribel Vaquero, aunque pedirá una decena de cambios competenciales a través de enmiendas parciales "que además introduzcan mejoras".

El diputado del PP Enrique Belda ha trasladado en el debate el "firme compromiso" de su líder, Alberto Núñez Feijóo, con la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, aunque ha advertido que "sin los presupuestos se cae todo el edificio de los derechos que se están articulando".

El PSOE ha dicho no entender por qué Junts ha pedido la retirada de la reforma que persigue afianzar derechos y que cuando cuenta con el respaldo de las entidades sociales catalanas: "Las personas con dependencia nos están esperando, estemos a la altura".

Desde Sumar, Lander Martínez ha argumentado que el texto puede mejorarse en la tramitación: "Es una ley de país construida con los movimientos sociales, como ley de país hagamos de un consenso social un consenso político".

"Invade competencias, pero se puede solucionar", ha señalado Jordi Salvador, de Grupo Republicano, quien ha advertido que "sin financiación quedará en papel mojado".

También EH-Bildu ha defendido mejorar "lo necesario" con enmiendas: "Espero que esta vez sí se cumplan los compromisos y respeten las competencias de los territorios históricos", ha dicho Isabel Pozueta.

Noemí Santana, de Coalición Canaria, ha apoyado la tramitación. "Esperamos que más allá de las palabras bonitas, sea una ley para garantizar derechos". Para Vox "no es esta la reforma de la dependencia que necesita España", ha aseverado Rocío de Meer.

El Congreso ha rechazado este jueves la senda de estabilidad 2026-2028, un paso previo fundamental para la elaboración de los presupuestos del próximo año, lo que obligará al Gobierno a aprobar unos nuevos objetivos de déficit y deuda en el plazo de un mes.

La senda de estabilidad ha sido rechazada con 178 votos en contra -PP, Vox, Junts y UPN-, 164 a favor y 5 abstenciones -Podemos y la diputada de Compromís Àgueda Micó-, a pesar de que la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, había pedido el apoyo de la Cámara por "sensatez y sentido común".

La senda de estabilidad define los objetivos de déficit y deuda que las distintas administraciones tienen que respetar en sus presupuestos y va acompañada del techo de gasto para el próximo año, que no se somete a votación.

Tras su rechazo, el Gobierno tiene un plazo de un mes para presentar una nueva -con los mismos objetivos o unos diferentes- y, si también es rechazada, se aplicarán las metas del plan fiscal estructural, que tiene la misma cifra global de déficit (2,1 % del PIB para 2026), pero obligará a las comunidades autónomas a cerrar en equilibrio en lugar de con una décima del PIB de déficit.

El diputado popular Juan Bravo ha reprochado a Montero que plantee unos objetivos de estabilidad que "no van a servir para nada" y haga "perder el tiempo a los españoles".

"Usted no puede presentar objetivos de estabilidad porque no es un Gobierno estable, porque usted solo incumple", ha criticado Bravo, que ha dejado claro el rechazo del PP evitar "un gasto descontrolado" que se va a pagar "con más impuestos y más deuda".

"Más impuestos y más deuda (...) no hace usted más que mentir y engañar", ha reprochado también el diputado de Vox José María Figaredo, que ha llegado a calificar de "mierdas" las partidas de gasto que aprueba el Gobierno.

"Cada martes ustedes reparten el dinero de los españoles en infinitas mierdas", ha zanjado tras leer algunas subvenciones aprobadas en el Consejo de Ministros.

Por su parte, el diputado de Junts Josep María Cruset ha defendido la negativa de su formación porque es "exactamente la misma (senda) que le tumbamos el año pasado" y se encuentra lejos de su exigencia de que las comunidades autónomas asuman un tercio del déficit total.

"Todo el mundo sabe que no tendrá presupuestos", ha advertido, al tiempo que ha apuntado que la "intención" de la ministra es "que el PP le tumbe los presupuestos para poder hacer su campaña en Andalucía".

"Estos presupuestos no son otra cosa que la campaña electoral del PSOE", ha coincidido la diputada de Podemos Ione Belarra, que ha defendido la abstención de su formación porque el Gobierno "planea gastarse el dinero de la vivienda pública", de la sanidad y la dependencia "en armas y tanques".

En cambio, ERC ha apoyado la senda "para permitir negociar los presupuestos", aunque, ha advertido la diputada Teresa Jordà, "primero" tienen que cumplir con todo lo pactado.

El diputado de EH Bildu Oskar Matute ha incidido en que su grupo seguirá actuando "con responsabilidad y con ánimo constructivo para ser útiles", en línea con la diputada del PNV Idoia Sagastizábal, que ha señalado la necesidad de contar con una senda "adaptada a la coyuntura económica".

También han mostrado su apoyo el BNG y Coalición Canaria, que aunque han criticado los objetivos de déficit, han defendido la necesidad de avanzar hacia los presupuestos.

La ministra británica de Economía, Rachel Reeves, presentará este miércoles su propuesta de Presupuesto con el doble reto de reducir el déficit y la deuda y aliviar el coste de la vida, sin romper la promesa electoral laborista de no subir los impuestos a la "gente que trabaja", informa EFE.

En una reunión el lunes, la ministra pidió a los diputados de su partido, preocupados por posibles recortes del gasto público, que respalden su plan, que resumió en tres prioridades: "aliviar el coste de la vida, reducir las listas de espera en el NHS (servicio nacional de salud) y recortar el coste de la deuda", en alusión al aumento de los intereses sobre los bonos soberanos.

Tras semanas de especulación sobre una posible ruptura del programa electoral laborista, Reeves -sujeta a una estricta disciplina fiscal autoimpuesta- descartó recientemente subir el impuesto sobre la renta, si bien se espera que congele, en lugar de aumentar, el umbral de ingresos a partir del cual se empieza a pagar.

También se prevén ajustes en impuestos indirectos, como una posible rebaja del IVA aplicado a la factura energética o una ampliación de la tasa sobre bebidas azucaradas. Según la prensa, podría asimismo introducir un gravamen sobre viviendas de más de dos millones de libras (2,3 millones de euros).

Antes de detallar sus cuentas ante la Cámara de los Comunes, la ministra divulgará las previsiones actualizadas de crecimiento, inflación y deuda elaboradas por la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria (OBR), el organismo independiente que supervisa las finanzas públicas.

En marzo, la OBR rebajó al 1% la previsión de crecimiento del PIB para 2025, que subiría al 1,9% en 2026 y en porcentajes muy parecidos en los tres años siguientes. La inflación interanual, actualmente en el 3,8%, alcanzaría el objetivo oficial del 2% en 2027, mientras que la deuda acumulada se situaría en torno al 83% del PIB hasta 2027.

Reeves, primera mujer en ocupar la Cancillería del Exchequer, afronta una gran presión para acertar con su segundo presupuesto, después de que el presentado en noviembre de 2024, tras la llegada al poder de los laboristas en julio, despertara críticas tanto del sector empresarial como de su propio partido, por recortes en prestaciones sociales que luego tuvo que rectificar.

En aquel primer presupuesto, la ministra anunció un incremento de la carga fiscal, principalmente mediante el aumento de las cotizaciones empresariales a la seguridad social, con el que esperaba recaudar 40.000 millones de libras (45.600 millones de euros, al cambio de hoy).

Con el plan que presentará mañana, Reeves abordará el déficit actual, que volvió a ampliarse por el alza del coste de la deuda y se estima que ronda los 20.000 millones de libras (22.800 millones de euros).

La titular de Economía sostiene que los ajustes impositivos son necesarios para cumplir las reglas fiscales que ella misma se ha marcado para tranquilizar a los mercados, y que obligan a alcanzar un superávit en 2029/30 y a que la deuda neta caiga respecto al año anterior.

Tras la victoria del Partido Laborista en las elecciones del año pasado, su valoración entre el electorado ha ido cayendo en picado. A las polémicas medidas como los recortes a las subvenciones para personas con discapacidad para incrementar el gasto militar, se le suma el escándalo de los regalos de donantes valorados en miles de euros. Además, la política de austeridad defendida por algunos laboristas como Rachel Reeves, también han perjudicado a la imagen del partido.

El pasado mes de abril, el partido de extrema derecha Reform UK superó en intención de voto al partido gobernante y, actualmente le saca más de 10 puntos de ventaja, según el medio Politico, convirtiéndose en la formación ganadora de unas hipotéticas elecciones. Estos resultados han propiciado que Starmer adopte una postura europeísta.

El descenso de aprobación a los laboristas se ha materializado en las elecciones parciales de este octubre al Parlamento galés en la circunscripción de Caerphilly. En dicha circunscripción, históricamente vinculada a los laboristas, se impuso Lindsay Whittle, líder de los nacionalistas galeses.

El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha dicho que si fuera Pedro Sánchez iría pensando en el "cómo y cuándo" convocar elecciones al no tener garantizada una mayoría en el Congreso.

Esteban, en una entrevista en 'el.Diario.es' recogida por EFE, habla de la situación política en España y de los apoyos al Gobierno y advierte de que su partido durante la legislatura ha "tragado cosas que ahora no va a tragar".

"Ya está bien. Si lo que tenemos es que llevar adelante la agenda de Podemos, la agenda de Sumar, alguna cosita de Bildu y de Esquerra y encima la guinda extra que nos ponga el PSOE... ¡Pues no! Que no cuenten con nosotros", ha recalcado.

El presidente del PNV considera que aunque Sánchez y el Gobierno "hablen de que van a agotar la legislatura, en el fondo están preparando el ambiente", y señala que la advertencia de que si hay elecciones "gana la ultraderecha" no es una "razón democrática".

"Sánchez antes le decía a Rajoy que si no tenía presupuestos no tenía la gasolina que necesita el coche. Pero es que ahora no es que no haya presupuesto, es que hay mayoría negativa", constata.

Para el líder del PNV la legislatura "está en una vía de marcha muy lenta porque los bloqueos van a ser constantes. No hay Presupuestos y los fondos europeos ya disminuyen drásticamente".

Las Cortes de Castilla y León han aprobado este jueves las enmiendas a la totalidad del proyecto de ley de presupuestos de esta comunidad para 2026, presentadas en bloque por los grupos de la oposición, informa EFE. Esto supondrá que el Gobierno autonómico tenga que prorrogar nuevamente las cuentas autonómicas a solo unos meses de las elecciones previstas para marzo.

Tras un debate ante el pleno de las Cortes marcado por las referencias a la cercanía de los comicios autonómicos, la votación ha deparado una amplia mayoría parlamentaria contraria a seguir tramitando los presupuestos, con 47 votos sumados por los grupos del PSOE, Vox, UPL-Soria Ya y dos de los representantes del Grupo Mixto.

Han votado contra las enmiendas el PP (31) y los dos procuradores no adscritos -exmiembros de Vox-. Por su parte, el procurador de Por Ávila se ha abstenido.

Es la primera vez en la historia autonómica que el Gobierno ve cómo las Cortes rechazan su proyecto de ley de presupuestos para el año siguiente. Se trata de la sexta vez desde 2019 que los presupuestos son prorrogados, y la segunda consecutiva.

Las diferencias entre PP y Vox las explicó este lunes el portavoz del partido de ultraderecha, David Hierro, que culpó a Mañueco de rechazar negociar medidas acordadas en otros territorios como Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares.

Hierro llegó a comparar a Mañueco con Guardiola, en referencia a la presidenta extremeña y su adelanto electoral tras no alcanzar un acuerdo, pero restó importancia a que en Castilla y León se adelanten los comicios unas semanas porque ve a Vox "muy preparado para ir a esas elecciones".

Por su parte, el secretario general del Grupo Socialista, Pedro González, afirmó que Mañueco ha mostrado una "nula voluntad de negociación" con la oposición, por lo que ha ironizado con la búsqueda de su "socio natural".

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha reunido este lunes con las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para presentarles la senda de estabilidad para los próximos años. Esta reunión es un primer paso para iniciar el intento de aprobación de los presupuestos generales del Estado, el gran escollo que enfrenta el Gobierno y que le ha llevado a operar con unas cuentas prorrogadas desde 2023. 

El Consejo de Política Fiscal y Financiera es el órgano de coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas en materia fiscal, está liderado por Hacienda e integrado por los consejeros autonómicos del ramo. Su papel es clave antes de aprobar los presupuestos, ya que el Gobierno, antes de elaborar las cuentas públicas, debe fijar el techo de gasto y los objetivos de estabilidad. Estos se presentan primero al CPFF para informar y recabar la posición de las comunidades, y después se someten a votación en el Congreso y el Senado. Solo una vez fijados, el Ejecutivo puede preparar los presupuestos, por lo que el paso por este organismo es un trámite fundamental.

Esta reunión fue el punto en el que se dinamitó, hace nueve meses, el anterior intento de negociación. En este nuevo encuentro, Hacienda propuso unos objetivos de déficit, deuda y regla de gasto para el conjunto del sector público en el periodo 2026-2028 que no han tenido buena acogida desde la parte del Partido Popular. Pero en un debate fiscal tan repleto de tecnicismos, ¿a qué hacen referencia estos términos?

El concepto más amplio es la denominada senda de estabilidad. Se trata de un documento que recoge los objetivos de déficit público, deuda pública y la regla de gasto para los siguientes tres años. Por un lado, el déficit público hace referencia a la diferencia entre lo que el Estado gasta y lo que ingresa: cuando la primera variable supera a la segunda, se habla de déficit. Por otro lado, está la deuda pública, que hace referencia al acumulado, es decir, al dinero que el Estado o una comunidad concreta debe en total. 

“Quien propone siempre esta senda es el Gobierno y su margen no es absoluto porque debe casar sus propuestas con el marco europeo y su disciplina fiscal”, explica Elena Costas, economista y socia de la consultora KSNET. En cuanto al déficit, las políticas a izquierda y derecha también hacen variar las estrategias. “Estos objetivos pueden variar muchas veces en función del color ideológico, tradicionalmente los gobiernos de izquierdas suelen tener una política de déficit más elevada y los de derechas tienden al déficit cero”, concluye la profesora.

En lo que se ha conocido hasta ahora, el Ministerio de Hacienda habría sugerido este lunes a las comunidades un objetivo de déficit del 0,1% del PIB, para el ejercicio 2026-2028. Así, al permitir un aumento en el déficit, también se elevaría el margen de gasto con el que pueden operar los Gobiernos autonómicos, en este caso, hasta unos 5.500 millones. Este objetivo de déficit lo que hace es limitar el desajuste anual entre ingresos y gastos, es decir, determina cuánto puede gastar de más una administración. En este caso, serán esos 5.500 millones, de acuerdo a la última oferta del Ejecutivo a las comunidades. Pero si la propuesta no sale adelante, se aplicaría el objetivo de déficit anterior. Además, la oferta incluye un aumento del 7% con respecto a 2025 en las entregas a cuenta, hasta los 157.731 millones. 

“La senda de estabilidad es el mapa fiscal que marca los objetivos de déficit y deuda pública para los próximos años. Es el marco macroeconómico que condiciona todo lo demás: cuánto puede gastar el Estado, cuánto pueden gastar las comunidades autónomas y cuánta deuda adicional pueden emitir”, explica Albert Guivernau, profesor de OBS Business School y director de Fundación Civismo. “Se dice que es el primer paso para aprobar los presupuestos porque sin este marco no hay límites claros. La senda determina el espacio fiscal disponible”, concluye. De acuerdo con el procedimiento, aunque esta senda no saliese adelante, el Gobierno podría tratar de aprobar los presupuestos igualmente.

En cuanto a la regla de gasto, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) la define como “uno de los instrumentos utilizados para promover la sostenibilidad de las finanzas públicas”, ya que pone límites sobre cuánto puede crecer el gasto de las administraciones públicas teniendo en cuenta sus ingresos estables y sus gastos fijos. Así, si los ingresos estables aumentan, por ejemplo, con una subida de impuestos, el gasto se puede revisar al alza en esa proporción. 

“Es un mecanismo anticíclico”, explica Guivernau. La idea es limitar la velocidad a la que puede gastar una administración. “Incluso si una administración tiene superávit, no puede disparar su gasto sin más. La lógica es evitar ciclos políticos de gasto excesivo en épocas de bonanza que luego se traducen en recortes o subidas fiscales en cuanto la economía se desacelera”, concluye.

En España ahora mismo conviven dos reglas de gasto, una nacional (que está en vigor desde 2012) y otra, introducida en 2024, que viene de Europa. La diferencia sustancial está en la forma en que se calculan y en los compromisos que establecen. Por ejemplo, la regla europea obliga a bajar la deuda poco a poco hasta el límite del 60% del PIB. La española, en cambio, se calcula de forma diferente y se liga al crecimiento estimado de la economía. 

Otro término que sale al paso en este debate de forma recurrente es el denominado techo de gasto. Otro concepto fiscal, diferente de la regla de gasto, y que hace referencia al límite de gasto no financiero —es decir, el que corresponde al pago de partidas presupuestarias y no de deudas o créditos— del que no se puede pasar. Así, si la regla de gasto se ocupa de limitar la progresión del gasto público, el techo de gasto calcula dónde está el límite hasta el que se puede gastar sin comprometer la estabilidad.

“Es el paso imprescindible para empezar a elaborar las cuentas. Determina el volumen global del presupuesto: si el techo es más alto, el Gobierno tendrá más margen para gastar; si es más bajo, deberá priorizar o recortar”, explica el profesor. Quién señala también una función más política de este indicador: “Es un instrumento de credibilidad porque suele acompasar las aspiraciones políticas con las restricciones económicas”, sentencia.

Si se echa la vista atrás, desde 2016 no se han presentado los presupuestos en los plazos que corresponderían y las cuentas públicas no llegaron a Congreso ni en 2020, ni en 2024, ni en 2025, de ahí que operen prorrogados los de 2023, que se presentaron en 2022. En los últimos años, el Ejecutivo no ha logrado cerrar una senda de déficit, de ahí que los presupuestos quedasen también en el camino.

Si bien el Gobierno siempre ha insistido en que su intención es presentarlos, no terminan de poner plazos a esa afirmación. En lo que se refiere a la tramitación, estos objetivos de déficit, junto al techo de gasto (que no se vota), deben ser aprobados por el Consejo de Ministros este mismo martes, y posteriormente serían remitidos a las Cortes. Si el Congreso los rechaza, como ya ocurrió cuando Junts tumbó la senda de estabilidad 2025-2027, el Gobierno tendrá que volver a aprobar la senda en el plazo de un mes, con o sin cambios, y reiniciar todo el proceso.

“Todos estos conceptos previos son imprescindibles porque ofrecen las reglas para que Hacienda pueda saber como hacer los Presupuestos. El techo de gasto, el déficit, la deuda y las previsiones económicas tienen que estar en coordinadas y ser coherentes unas con otras”, concluye la profesora. Una senda compleja que, desde el punto de vista político, tampoco se presenta nada apacible.

El proyecto de presupuestos de Castilla y León para 2026 contará finalmente con sendas enmiendas a la totalidad de las cuentas por parte de los principales grupos de la oposición, el PSOE y Vox, lo que anticipa que el texto presentado por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco (PP), será rechazado el próximo jueves por el Pleno del Parlamento autonómico.

A esas dos enmiendas se suman también las presentadas este lunes por UPL-Soria Ya y el Grupo Mixto, con lo que todos los grupos de la oposición han rechazado el proyecto de ley defendido en solitario por el PP, lo que aboca a Castilla y León a una nueva prórroga presupuestaria. Es la sexta vez desde 2019 que se prorrogan los presupuestos y la segunda consecutiva.

Mañueco se enfrenta a unas elecciones de las Cortes de la comunidad autónoma el próximo 16 marzo, pero el resultado del Pleno de este lunes puede provocar la convocatoria de unas elecciones anticipadas.

Tras registrar su enmienda, el secretario general del Grupo Socialista, Pedro González, ha remarcado la "soledad más absoluta" en la que queda Mañueco, con una "nula voluntad de negociación" con la oposición, por lo que ha ironizado con la búsqueda del "socio natural" del que hablaba el pasado sábado el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo (PP), en referencia a Vox. "A Mañueco sólo le queda un camino, que es que el día 21 (de noviembre) cierre las Cortes de Castilla y León, presente su dimisión y convoque elecciones autonómicas lo antes posible dado el resultado y la soledad más absoluta en que se instala el presidente", ha resumido González.

Este desacuerdo entre el PP y Vox llega en un momento clave de las conversaciones que mantienen ambos partidos en la Comunidad Valenciana para que los populares mantengan el Gobierno en ese territorio, según han apuntado a EFE fuentes parlamentarias de Vox en Castilla y León, quienes cuestionan que en otros territorios el PP sí llegue a acuerdos con propuestas similares a las planteadas en esta comunidad.

Por su parte, el portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León, David Hierro, ha defendido la enmienda y ha culpado a Mañueco de negarse a negociar medidas que sí han acordado ambos partidos en otros territorios como Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares. "Ha sido el Partido Popular de Extremadura, ese que se niega a negociar y que mantiene continuos postulados de izquierdas. Las urnas hablarán y pondrán a cada uno en su sitio", ha afirmado Hierro en declaraciones a los periodistas, a las puertas del registro de las Cortes de Castilla y León.

Hierro ha añadido que Mañueco ha demostrado en estos días que es "mucho más parecido a Guardiola" de lo que pensaban, en referencia a la presidenta extremeña y su adelanto electoral tras no alcanzar un acuerdo, pero ha restado importancia a que en Castilla y León se adelanten los comicios unas semanas porque ve a Vox "muy preparado para ir a esas elecciones".

El representante de Vox ha recordado que tras la reunión mantenida el pasado sábado con el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo (PP), parecía que había algún margen de acuerdo porque el PP-CyL se había parecido más al "PP valenciano", pero este lunes ha cambiado esa percepción y Mañueco ha actuado "con la soberbia con la que viene actuando habitualmente".

En este sentido, el portavoz de Vox ha augurado que Mañueco pueda hablar de "chantajes", pero le ha recordado que su partido ha aceptado propuestas similares en otros territorios, sin que Feijóo haya visto esos acuerdos como cesiones a un chantaje.