Diez medios digitales españoles señalados a menudo por su papel protagonista en el ciclo del bulo incumplen, en su mayoría, la obligación de transparencia societaria que impone desde agosto de 2025 el Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA, por sus siglas en inglés).

La norma europea, de aplicación directa en España sin necesidad de transposición legislativa, obliga a los medios a divulgar su estructura societaria, sus propietarios directos e indirectos y los accionistas con capacidad de influencia editorial.

El reglamento exige además que los medios informen cada año de los ingresos recibidos por publicidad institucional, tanto de administraciones españolas —del Gobierno central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, incluidas las entidades y empresas bajo control público— como de organismos internacionales o gobiernos extranjeros. El objetivo es impedir que el dinero de todos sirva para sostener de forma sistemática a cabeceras afines.

Eltorotv.com, la cadena que hasta 2021 se llamaba Intereconomía TV, no explica en su web quién es su propietario. Se limita a decir que la compañía titular es Farnesio Ventures, S.L., controlada a su vez por Hadoq IT, S.L. Para averiguar que su administrador único es Julen Ariza Rossy, hijo del empresario Julio Ariza, hay que mirar en otros sitios.

Eltorotv.com es el principal activo audiovisual del antiguo Grupo Intereconomía, el conglomerado que el patriarca de los Ariza fundó en los años noventa y cuya sociedad de cabecera entró en concurso de acreedores en marzo de 2015 tras años de impagos y dificultades financieras. En 2023, un juez consideró que Ariza había contribuido con su gestión a aumentar el agujero de Intereconomía Televisión, obligándole a responder personalmente de parte de las deudas (4,5 millones de euros) y prohibiéndole durante dos años administrar empresas o representar a terceros. Julio Ariza no figura como accionista de eltorotv.com, pero es una de sus caras más visibles.

En su momento de mayor expansión, Grupo Intereconomía incluía el diario digital gaceta.com —hoy en manos de una fundación vinculada a Vox—, la propia Intereconomía TV y la emisora Radio Intereconomía. Esta última mantiene el nombre del grupo, pero pertenece a la empresa Silicon Radio SL. 

Su hijo Julen Ariza participa también en la web ultraliberal negocios.com, de la que depende el canal Negocios TV. La matriz de Negocios TV es Business Videns, SL, que reparte su capital entre cuatro socios a partes iguales. Uno es José Antonio Vizner. Otro es Dos Mil Palabras SL, la editora de okdiario.com que dirige y posee Eduardo Inda. Un tercero es Mercados y Estilos de Vida SL, vinculado al empresario Alejandro Suárez. El cuarto es Civitas Firma SL, propiedad de Julen Ariza.

El resultado es un núcleo societario donde conviven el entorno familiar de Ariza y el círculo de Inda, junto a un promotor de medios económicos ultra como merca2.es. Negocios TV no explica en su web quién controla su matriz ni qué volumen de publicidad pública recibe, en abierta contravención del reglamento europeo. Ninguna cabecera del antiguo grupo Intereconomía publica tampoco sus ingresos por publicidad institucional.

El aviso legal de gaceta.es identifica como titular del dominio a la Fundación Disenso, pero no detalla si existen patronos o entidades vinculadas, ni informa de ingresos por publicidad institucional, contratos públicos o financiación extranjera.

Lo que se sabe de Disenso no lo cuenta gaceta.es. Se trata de una fundación privada nacida en julio de 2020 y que preside el líder de Vox, Santiago Abascal. No es un órgano formal del partido, aunque opera como su laboratorio de ideas. Sus estatutos fijan como misión “hacer frente al consenso progre" y “disentir del pensamiento dominante”.

Entre 2020 y 2026, Vox transfirió a la fundación casi 13 millones de euros, según las cuentas del partido. Ese dinero procede en gran parte de fondos públicos. Las subvenciones públicas representaron el 65% de los ingresos de Vox en 2021, el 67,6% en 2022 y en torno al 75% en 2025.

En octubre de 2020, Disenso compró el dominio gaceta.es y la cabecera de La Gaceta al Grupo Intereconomía de Julio Ariza. Días después relanzó el diario como La Gaceta de la Iberosfera, con el objetivo declarado de extender la batalla cultural de Vox al espacio iberoamericano. Su web no detalla si recibe fondos públicos o publicidad institucional.

Los accionistas que no aparecen en la web

Libertaddigital.com se presenta en su web como un grupo de comunicación multimedia y detalla el papel fundacional de Federico Jiménez Losantos, pero no identifica a sus propietarios actuales, ni el capital social, ni las participaciones significativas. Tampoco menciona ingresos por publicidad estatal o de otras administraciones ni subvenciones. En el informe publicado este año pro el Gobierno aparece este grupo con una asignación de 2.117,50 euros.

Según fuentes registrales ajenas a la propia web, la empresa está controlada por Jiménez Losantos, que también ejerce como editor. El consejo de administración incluye a Javier Somalo Martín, director gerente de esRadio, además de Dieter Brandau Hevia, Carlos Cuesta Arce, Arturo Gascó Alemán y la representación de Análisis y Estudios Inmobiliarios, SL.

El accionariado histórico se ha concentrado en torno a tres socios de referencia. Junto a Jiménez Losantos figuran el economista Alberto Recarte, primer presidente de la sociedad, y Arturo Baldasano, que entró tras la venta de la participación del 21,3% que tenía en Intereconomía.

En 2014 entraron accionistas ligados al PP, entre ellos el tesorero del partido, Álvaro Lapuerta. Según las investigaciones judiciales sobre la financiación irregular del PP, el partido inyectó 446.000 euros en libertaddigital.com en 2004 y 2005 a través de su caja B.

La empresa participa, junto a Unidad Editorial, propietaria de El Mundo, en una licencia de FM en Madrid, y controla Libertad Digital TV, Cronos Multimedia y Libertad Digital Publicidad.

Okdiario.com cumple de forma parcial la obligación de transparencia. Su aviso legal identifica a la sociedad editora, Dos Mil Palabras SL, y reconoce que Eduardo Inda tiene una participación accionarial que le permite “ejercer influencia” sobre las decisiones estratégicas. No precisa, sin embargo, el porcentaje ni si existen otros socios relevantes.

El mismo documento sí ofrece un dato que otros medios omiten. En 2025, los fondos públicos destinados a publicidad estatal recibidos por Dos Mil Palabras ascendieron a 2.130.026,23 euros. Para hacerse una idea de la importancia de esta cifra, es seis veces mayor que el dinero que eldiario.es ingresa por el mismo concepto. 

La cifra habla de publicidad “estatal”, lo que sugiere que puede ser solo lo que recibe de ministerios y organismos del Gobierno central, sin desglose por Administración autonómica o local. El aviso legal añade, sin más detalle, que la empresa recibió subvenciones del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para transporte de mercancías en Canarias.

Eldebate.com tampoco cumple las exigencias del EMFA. Su web se limita a decir que el proyecto fue impulsado por la Asociación Católica de Propagandistas (ACP), cuyo presidente, Alfonso Bullón de Mendoza y Gómez de Valugera, preside también el consejo de Ediciones Católicos y Vida Pública (Edicavp), la sociedad editora.

La ACP es una organización católica fundada en 1908 por Ángel Herrera Oria que controla además el grupo educativo CEU. Sus propios estatutos la definen como una asociación “erigida como asociación católica y apostólica” por la Conferencia Episcopal Española, que tiene autoridad en ella, aunque está formada por seglares, no por clérigos. Eldebate.com no informa en ningún momento de sus ingresos por publicidad institucional.

Edatv.news, el portal de Javier Negre, se limita en su aviso legal a declarar que pertenece a Eda TV Consulting SL, sin más detalle sobre quién está detrás. Según registros mercantiles citados en informaciones publicadas, Negre controla el 71,3% de la sociedad y su hermano, Pablo García Negre, un 8%.

El resto del accionariado conecta el portal con el mundo empresarial. Las hermanas María del Carmen y María Esther Cordón Muro, exdirectivas del Grupo Quirón, participarían con un 5% a través de MCM Inversiones Errois SL. También figuraría María José Álvarez Mezquiriz, presidenta ejecutiva del Grupo Eulen, a través de Majal Gestión SL. El exdiputado de Ciudadanos Marcos de Quinto aparece como inversor minoritario.

Pese a presentarse como un medio alternativo, Edatv.news ha sido uno de los grandes beneficiarios de la publicidad institucional del PP. Una investigación de El Salto publicada en noviembre de 2025 documentó que el portal recibió al menos 681.420 euros en 172 contratos menores procedentes de ayuntamientos, diputaciones y gobiernos autonómicos del PP entre 2021 y 2025. La plataforma ha servido además de altavoz principal al agitador Vito Quiles. Está en plena expansión en Latinoamérica.

Elconfidencialdigital.com se limita a identificar a su empresa matriz, Publicaciones Confidenciales SLU, sin explicar quién está detrás. El periodista José Apezarena, con trayectoria en la COPE, Antena 3 y Expansión, ejerce como editor y, según algunas informaciones, sería el propietario real, aunque la web no lo aclara. No hay ninguna referencia a publicidad institucional en su web.

Periodistadigital.com es propiedad de la sociedad Periodista Digital SL, pero su web tampoco explica quién la controla. Según datos publicados que registran anotaciones en registros mercantiles, el propietario es el periodista Alfonso Rojo, administrador único, director y accionista mayoritario. El dominio no dedica ninguna sección sistemática a cumplir las exigencias del EMFA sobre propiedad y publicidad institucional.

Theobjective.com es, entre los diez medios analizados, el que más se acerca al estándar europeo. El digital mantiene un portal de transparencia propio en el que detalla que su editora, The Objective Media, SL, tiene catorce socios españoles. El control recae, no obstante, en Paula Isabel Quinteros, una periodista española de origen latinoamericano que posee el 90,04% del capital.

El mismo portal indica que la publicidad institucional directa representa el 21% de sus ingresos anuales y que procede de gobiernos, ministerios, ayuntamientos y organizaciones sin ánimo de lucro. No precisa, en cambio, la cuantía exacta recibida.

De los diez medios revisados, ocho no informan de sus ingresos por publicidad institucional pese a la obligación que impone el EMFA desde agosto de 2025.

El Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA, por sus siglas en inglés) obliga desde agosto de 2025 a los medios de comunicación a publicar de forma accesible quién es su propietario real. La norma se aplica de forma directa en toda la Unión Europea: no hace falta una ley española que lo transponga.

Su artículo 6 exige detallar el nombre legal del medio, sus datos de contacto, los propietarios directos e indirectos con capacidad de influencia editorial y los beneficiarios últimos. También obliga a explicar si el medio recibe financiación o si tiene participación estatal, directa o indirecta, y cuánta publicidad institucional ingresa cada año.

Lo que sigue es un repaso a lo que se conoce sobre la propiedad y al grado de cumplimiento del EMFA por parte de once de las cabeceras digitales nativas más importantes de España, casi un año después de la entrada en vigor del reglamento.

Cinco de los diez diarios revisados no dicen en su web quién controla realmente la empresa editora: diario-red.com, vozpopuli.com, elespanol.com, elplural.com y elindependiente.com.

Diario-red.com, presidido por el exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias, se limita a decir que pertenece a Agitprop Comunicación y Análisis Político SL, sin identificar a sus titulares. Informaciones publicadas atribuyen a Iglesias casi todo el capital de esa sociedad, pero el dato no figura ni en Diario-red.com ni en su homólogo audiovisual, canalred.tv. La sección “Quiénes Somos” del diario solo identifica a Iglesias como presidente y al exdiputado Pablo Echenique, cofundador junto a él de Podemos, como vicepresidente de la empresa editora.

Vozpopuli.com, el digital que publica la empresa VozPópuli Digital SA, tampoco dice en su web quién es su titular final ni quién toma las decisiones empresariales. Jesús Cacho figura públicamente como editor, fundador y, según varias fuentes, propietario del diario, aunque esa información no aparece en la propia cabecera.

Elespanol.com, que dirige Pedro J. Ramírez tras su salida de El Mundo, remite solo al nombre de su editora, El León de El Español Publicaciones SA. Distintas informaciones atribuyen la mayor parte del capital al propio Ramírez, algo que el diario no confirma en ningún lugar accesible.

Elplural.com, adquirido en su día por el periodista ya fallecido Enric Sopena, guarda un silencio parecido. Su editora, Corporate Communicator SL, es el único dato disponible en la web. El director, José María Garrido, comparte el cargo con el de consejero delegado de la empresa, que preside Ángeles Sopena Castiella —citada en algunos informes de acceso abierto—, aunque el diario no lo explica.

Elindependiente.com, que dirige Casimiro García-Abadillo, hace constar en su aviso legal que pertenece a Park Row Digital SL, pero no detalla quién controla esa sociedad. Fuentes abiertas externas describen un núcleo de periodistas y promotores con el 51% del capital, dentro del cual García-Abadillo, exdirector de El Mundo, tendría en torno a un 7,54% y la presidencia del consejo de administración. Pero el diario no lo publica.

Elconfidencial.com ocupa una posición intermedia. No cumple del todo la exigencia de transparencia accesible que pide el EMFA, pero sí deja rastro de su estructura accionarial en su web corporativa.

El diario, de tendencia liberal conservadora, remite desde su web a la de Titania Compañía Editorial SL, su propietaria. Ahí puede rastrearse un accionariado repartido entre Comitia Inversión SL, con el 46,17% y representada por José Antonio Sánchez; Avema XXI 1 SL, con el 16,51% y representada por Juan Perea Sáenz de Buruaga; y Antonio Rodríguez Aporta, con el 15,44% a título personal. Un segundo nivel de consejeros —Alberto Artero, Antonio Casado y Pedro Pérez— y el director, Ignacio García Cardero, con el 2,16%, completan el capital.

Sánchez, fundador del diario, comenzó su carrera periodística en 1976 en Diario 16. En 1988 pasó a la comunicación corporativa: trabajó en Telefónica, donde fue director general de Comunicación durante dos años, antes de hacerse cargo de Terra, el portal de internet con el que la compañía intentó posicionarse en el nuevo entorno digital. En la primavera de 2000 dejó Terra para fundar elconfidencial.com.

En publico.es, la propiedad tiene nombre concreto: el productor audiovisual Jaume Roures, a través de Orpheus Media SL, con el 81,15%, y Mediacable Servicios de Producción SL, con el 18,85%, controla el 100% de Display Connectors SL, la empresa editora. El diario lo explica en una página de “Transparencia” al pie de su portada.

Eldiario.es reparte la propiedad de otra manera. Su director, Ignacio Escolar, es el principal accionista y presidente de Diario de Prensa Digital SL, aunque el diario no precisa su porcentaje exacto. Más del 70% de la empresa, explica en un enlace específico titulado "¿Quién está detrás de elDiario.es?", está en manos de personas que trabajan en la redacción, pero no muestra los porcentajes.

Elsaltodiario.es tiene otro modelo. No hay accionistas individuales, sino que depende de la entidad Cooperativa Editorial S. Coop., en la que los suscriptores se convierten en socios copropietarios y participan en la asamblea general y en las decisiones estratégicas del medio. No existe, por tanto, un titular real individual que declarar, más allá de la identidad cooperativa.

Lamarea.com, editada por la cooperativa sin ánimo de lucro MásPúblico SCCL, ofrece un grado de transparencia alineado con las exigencias del EMFA: publica su estructura de propiedad y gobierno, sus cuentas, anunciantes, subvenciones y el peso de la publicidad institucional. La cooperativa pertenece a 79 personas —76 socias y socios usuarios y tres trabajadores— y funciona con el principio de una persona, un voto en la Asamblea General, mientras que el Consejo Rector es elegido por esta y sus integrantes no cobran por ejercer el cargo. Esta información, junto al listado nominal de cooperativistas y los datos económicos de la entidad, está disponible en el enlace Transparencia situado en el pie de la página principal de este medio.

infoLibre es, de los diez digitales analizados, el que mejor cumple la exigencia de transparencia sobre la propiedad. Muestra un enlace destacado en su cabecera con la identidad de su empresa editora, Prensa Libre SL, y la de sus accionistas. Puedes consultar todos los detalles aquí.

El reglamento no distingue por línea editorial, pero los datos recogidos dibujan grandes diferencias. Elconfidencial.com, elespanol.com, elindependiente.com y vozpopuli.com, las cuatro cabeceras situadas editorialmente a la derecha, no publican, de forma completa, quién es su propietario último, aunque el primero de ellos sí enlaza con una web en la que figura esa información.

En el otro extremo están elsaltodiario.com, infoLibre, publico.es, elplural.com, eldiario.es y diario-red.com. De estos seis, tres —infoLibre, lamarea.com y publico.es— cumplen la exigencia de transparencia sobre la propiedad; elsaltodiario.com la sustituye por la identidad de su cooperativa, de la que no da muchos detalles; eldiario.es la cumple solo en parte, sin detallar porcentajes; elplural.com no ofrece ningún dato sobre sus propietarios. Diario-red.com, vinculado al exvicepresidente Pablo Iglesias y a Podemos, tampoco identifica a sus titulares reales en su web.

El EMFA también obliga a declarar cuánta publicidad institucional recibe cada medio. Y aquí las diferencias son igual de marcadas.

infoLibre ingresó 1.104.437 euros en publicidad en 2025, de los que el 9,31% procedieron de administraciones públicas, y ningún anunciante superó el 10% de sus ingresos totales. Este diario publica anualmente todos los detalles.

El último dato publicado por lamarea.com corresponde a 2025: la publicidad institucional representó el 0,6% de los ingresos de MásPúblico.

Publico.es declara que las administraciones públicas aportaron 801.124 euros a sus cuentas en 2025, el 18,9% de sus ingresos totales, a los que se suman 139.104 euros de empresas públicas. El peso de lo público alcanza así el 22,1% de los ingresos del digital de Roures.

eldiario.es recibió 353.117 euros en publicidad institucional, el 2% de sus ingresos totales. El diario detalla además 253.461 euros en subvenciones de 2025: 24.000 euros del Kit Digital, 41.802 euros del Ministerio de Cultura, 12.545 euros del Parlamento Europeo, 5.500 euros de un programa de empleo de la Comunidad de Madrid y 169.614 euros de fondos europeos para el desarrollo de software e inteligencia artificial, de los que 149.118 euros se contabilizarán en 2026. Afirman que una norma interna impide que ningún anunciante, público o privado, supere el 10% de sus ingresos totales.

Elsaltodiario.es no hace constar ninguna cifra, de ninguna Administración. El informe del Gobierno correspondiente a 2025 solo refiere 1.006,72 euros en todo el ejercicio.

Elconfidencial.com y elespanol.com no publican en su web el total de publicidad institucional que reciben, pese a la obligación del EMFA. El informe del Gobierno sitúa lo recibido por elconfidencial.com en 117.998,76 euros y por elespanol.com en 340.661,08 euros durante 2025.

Diario-red.com, vozpopuli.com, elplural.com y elindependiente.com no ofrecen ningún dato propio sobre publicidad institucional.

De los diez diarios revisados, solo infoLibre y publico.es publican de forma accesible tanto la identidad de su propietario real como la cifra de publicidad institucional que reciben. Elconfidencial.com, eldiario.es y Elsaltodiario.com ofrecen una parte de esa información. Diario-red.com, Elespanol.com, Elindependiente.com, Elplural.com y Vozpopuli.com no publican en su web ninguno de los dos datos.

El Grupo Henneo se ha consolidado en la última década como un negocio multisectorial que trata de desbordar sus raíces editoriales en Zaragoza para convertirse en un referente nacional de la comunicación y la tecnología. Bajo el control de la familia Yarza y con el respaldo financiero de Ibercaja, el holding ha pasado de gestionar un diario centenario a liderar una estructura diversificada con más de 4.500 empleados repartidos entre sus distintas divisiones.

La historia del grupo se remonta a la fundación de Heraldo de Aragón en 1895, cabecera que durante más de un siglo actuó como motor editorial de una gestión marcadamente familiar y vinculada al territorio. Hasta ahí, nada muy distinto de lo que han representado, a diferentes niveles, otros diarios regionales, como La Vanguardia en Barcelona, Diario de Navarra en Pamplona o La Voz de Galicia en A Coruña.

El gran punto de inflexión moderno se produjo en el año 2000. Una profunda reestructuración societaria, tras el desacuerdo estratégico entre las familias Yarza y Bruned, permitió a los primeros tomar el control mayoritario del holding con un 59% del accionariado. Esta transformación marcó el paso de una editora provincial a un conglomerado tecnológico y de medios con ambición nacional e internacional.

Lo sustancial en este caso es que esa expansión no habría sido posible sin el apoyo financiero de Ibercaja Banco, que ostenta el 40% del capital y actúa como garantía de soporte continuo para los planes de crecimiento del grupo.

El control estratégico de la entidad reside en el seno de ese Patronato, un selecto círculo que condensa al establishment aragonés. Lo encabeza Amado Franco Lahoz, el histórico presidente que pilotó la transición de caja de ahorros a banco, y en él se sientan otras figuras de gran peso institucional.

La vinculación con los núcleos de poder financiero y empresarial se personifica en la figura de Manuel Pizarro, vocal independiente del consejo de administración y expresidente tanto de Endesa como de la propia Ibercaja. Pizarro es descrito a menudo como un protector histórico del grupo y una figura clave cuya presencia conecta el desarrollo periodístico de la familia Yarza con los centros de decisión de las grandes corporaciones nacionales y las instituciones financieras del país.

En la actualidad, el liderazgo ejecutivo del grupo recae en la quinta y sexta generación de la dinastía, con tres hermanos en posiciones estratégicas. Fernando de Yarza López-Madrazo ejerce la presidencia del holding. Por su parte, Íñigo de Yarza asume la máxima responsabilidad operativa como consejero delegado, mientras que Paloma de Yarza preside Heraldo de Aragón a la vez que forma parte del patronato que gobierna Ibercaja Banco. En ese mismo órgano también se sienta Pizarro, que a su vez es consejero de Henneo.

Pizarro se convirtió en la gran figura económica del aznarismo tras ser impulsado a la presidencia de Endesa en 2002 y a la vicepresidencia de la fundación FAES. Ese peso político y mediático llevó a Mariano Rajoy a convertirlo en su fichaje estrella y número dos del PP por Madrid en las elecciones de 2008.

A la vez, Pizarro sirvió de puente estratégico entre el centro de poder de Madrid y la élite aragonesa. Su histórico peso en la cúpula de Ibercaja y su posterior incorporación al consejo de administración del Grupo Henneo conectaron directamente el imperio mediático de la familia Yarza con el universo político del PP y el entramado financiero de la comunidad.

La cabecera nuclear y origen del grupo sigue siendo Heraldo de Aragón, que mantiene una posición de dominio informativo absoluto en su comunidad autónoma. El salto al ámbito nacional se fraguó en 2015 con la adquisición de 20minutos, en aquel momento el diario impreso más leído de España y hoy el sexto generalista, según el EGM, y el décimo digital, según GfK DAM, muy por debajo de sus mejores días. A esas dos cabeceras hay que sumar la revista Cinemanía y la cabecera provincial Diario del Alto Aragón.

En 2024, el grupo amplió su cartera de publicaciones con la adquisición de las revistas de Axel Springer España, rebautizadas ahora como Henneo Magazines, e incorporando marcas como Business Insider España, Auto Bild, Computer Hoy, Hobby Consolas, Top Gear y Retro Gamer.

Sin embargo, el área de mayor crecimiento y rentabilidad de Henneo es Hiberus, una consultora en transformación digital, desarrollo de software y big data. Con presencia en más de 30 países y una facturación que ronda los 200 millones de euros, esta división aporta ya el grueso de los ingresos del grupo, compensando el estancamiento del sector de prensa tradicional.

El peso del holding no acaba ahí. A través de la marca Factoría Henneo, opera como la tercera productora de España por horas de emisión. Su estructura audiovisual es especialmente fuerte en Aragón, donde empresas como Factoría Plural, Chip Audiovisual —encargada de los informativos— y Global Studio News —especializada en deportes— gestionan gran parte de la producción de la televisión pública regional, CARTV, controlada por el PP. El grupo cuenta además con filiales de servicios técnicos como InEvent y Now Audiovisual, y con la sociedad Séneca Audiovisual en Andalucía. 

En el ámbito publicitario, Henneo también posee Alayans Media, un hub tecnológico y comercializador que unifica las audiencias de sus propios medios y de otros 13 grupos editoriales regionales para vender posiciones publicitarias. A esta sociedad se suma la agencia Aragón Media Lab.

Aragón TV depende del grupo Henneo para producir prácticamente todo lo que emite. Tres contratos por 67,4 millones de euros ponen en manos de sus empresas —Factoría Plural, Chip Audiovisual y Global Studio News— los informativos, los programas y el deporte de la televisión pública aragonesa durante al menos tres años, con opción a una prórroga automática de casi tres años más sin necesidad de un nuevo concurso. Ese paquete consume el 40,6% de todo el presupuesto de la radiotelevisión autonómica.

Para Henneo, estos contratos refuerzan una posición ya dominante en Aragón, donde el propio grupo estima que sus medios llegan al 90% de la audiencia regional. Los informativos de Aragón TV que produce Chip Audiovisual promediaron un 23% de cuota en 2025, un punto por encima de Antena 3, y la cadena cerró el año con su mejor dato en 19 años de historia.

Se da la circunstancia de que al frente de la televisión pública aragonesa está Raquel Fuertes, ex jefa de prensa y ex jefa de gabinete de Roberto Bermúdez de Castro cuando era portavoz y consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de Aragón entre 2011 y 2015, durante el mandato de Luisa Fernanda Rudi (PP) y actual consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública en el Gobierno de coalición PP-Vox. Durante ocho años y tres meses, Fuertes trabajó además en el departamento de comunicación del grupo Henneo.

Heraldo de Aragón y 20minutos, ambas cabeceras del grupo, han publicado sendas páginas de transparencia en cumplimiento del Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA), con datos sobre propiedad, financiación y publicidad institucional prácticamente idénticos, salvo en un punto: el peso de la publicidad pública en sus ingresos.

Las dos webs confirman que son propiedad al 100% de Henneo y que el grupo está controlado por "la familia Yarza" —sin concretar nombres, volumen individual de acciones ni cargos— junto a Ibercaja Banco como accionista. Ninguna menciona sociedades intermedias u otros socios.

En el capítulo económico, ambos medios describen la misma estructura de ingresos del grupo, repartida entre servicios tecnológicos, venta de ejemplares, publicidad, productos audiovisuales, logística e impresión. Y comparten un mismo argumento de independencia financiera: ningún anunciante, público o privado, supera el 5% de los ingresos publicitarios totales de Henneo.

La diferencia aparece en la publicidad institucional —campañas del Estado, de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos—, calculada sobre los ingresos de cada cabecera por separado y no del grupo en su conjunto. En Heraldo de Aragón esa publicidad supone el 13% de sus ingresos totales, mientras que en 20minutos alcanza un significativo 23%, casi el doble.

La web del Diario del Alto Aragón sitúa esa publicidad institucional en el 21% de sus ingresos. Cinemanía declara un 5% por el mismo concepto. Ninguna publicación del grupo ofrece la cifra en términos absolutos ni detalla qué parte procede de cada Administración.

A través de los datos que sí ha hecho públicos el Gobierno de España, sabemos que Henneo ingresó en 2025 1.323.147,81 euros en publicidad institucional, justo por encima de Spotify. Y que, a través de Alayans, percibió otros 956.646,21 euros.

¿Cuánto ingresan Henneo, Heraldo de Aragón o 20minutos de la Administración autonómica y de la local? El grupo aragonés no lo revela, incumpliendo así lo dispuesto en el EMFA.

Henneo ha consolidado su perfil de grupo híbrido entre medios y tecnología con unas cuentas —las de 2024 son las más recientes publicadas— claramente marcadas por el empuje de su división digital. El ejercicio se cerró con un beneficio de explotación de 16,5 millones de euros, un 40,1% más que en 2023, lo que refleja una mejora significativa de la rentabilidad sobre un negocio en expansión. El resultado consolidado positivo ascendió a 11,5 millones, lo que demuestra que el salto en explotación se trasladó también al beneficio neto del grupo.

La cifra de ingresos totales alcanzó los 297 millones de euros, frente a los 242,9 millones del año anterior, lo que supone un incremento del 22,3%. El motor de ese crecimiento es, sobre todo, Hiberus, el área tecnológica de Henneo, cuyos ingresos se dispararon hasta los 184,8 millones, un 40% más, compensando el estancamiento de la división de prensa, que se mantiene en torno a los 114,8 millones. La estructura del grupo se desplaza así, cada vez más, desde el perfil clásico de editor de medios al de conglomerado con fuerte peso tecnológico, en una estrategia que lleva ya años en marcha.

Mediaset España hace y dice lo que mandan los herederos de Silvio Berlusconi, el político y empresario italiano fallecido en 2023 que durante décadas acumuló una trayectoria que mezcla excesos personales, corrupción e instrumentalización del poder. 

Sin embargo, nada en las webs de sus principales canales de televisión, Telecinco y Cuatro, ni en el site corporativo de Mediaset España, hace referencia a los propietarios del segundo grupo audiovisual del país, contraviniendo el Reglamento Europeo de Libertad de Medios. El artículo 6 del EMFA, por sus siglas en inglés, obliga a los prestadores de servicios de medios a hacer accesible y actualizada la información sobre su nombre legal, sus propietarios directos e indirectos y sus beneficiarios efectivos.

De acuerdo con esta norma, de obligado cumplimiento, un medio no puede limitarse a decir que pertenece a tal grupo o que es independiente. El artículo 6 exige identificar con claridad quién está detrás, quién tiene una participación capaz de influir en las decisiones estratégicas y si existe propiedad pública directa o indirecta.

Nada de eso es accesible a través de Mediaset España, que es propiedad de Media For Europe (MFE), un conglomerado europeo en el que el poder lo tiene, de forma muy clara, el bloque ligado a la familia Berlusconi (Fininvest y Simon Fiduciaria), que suma más de tres cuartas partes de los votos de su consejo de administración.

Sobre el capital social nominal, Fininvest tiene un 46,29%, Simon Fiduciaria un 17,60%, Vivendi —el gigante francés propiedad del millonario ultra Vincent Bolloré— un 4,23%, la autocartera (acciones que la propia empresa posee y que no cuentan como voto efectivo) un 2,30% y el mercado libre un 29,58%. Entre Fininvest y Simon controlan alrededor del 77-78% de los votos, una mayoría abrumadora.

En la práctica, eso significa que el bloque dominado por la familia Berlusconi puede decidir prácticamente todo lo relevante: nombrar el consejo, aprobar la estrategia y decidir fusiones, compras o ventas de activos.

El reparto accionarial actual, que incluye dos clases de acciones con distinto peso en las decisiones, resultó de la actuación de las autoridades italianas para acotar la influencia de Vivendi y evitar que se convirtiera en un segundo polo de control dentro de MFE. El equilibrio final sigue siendo favorable al bloque Fininvest/Simon, mientras Vivendi queda como actor de presión.

Controlada por Bolloré, Vivendi compró cerca del 30% de Mediaset y mantuvo durante años un conflicto judicial con Mediaset y Fininvest por la ruptura de acuerdos y su intento de ganar influencia en el grupo. El regulador italiano y la presión judicial forzaron en 2021 un pacto global: Vivendi aceptó vender la mayor parte de su participación a través de Simon Fiduciaria y quedarse con un paquete reducido, en torno al 4%, mientras Fininvest consolidaba su control mayoritario sobre el proyecto MFE.

Fininvest es la sociedad holding de la familia Berlusconi, el vehículo a través del cual controla MFE, Mediaset, Mondadori, Banca Mediolanum y el resto del grupo, y está participada en su totalidad por la familia. Antes de su muerte, Silvio Berlusconi tenía en torno al 61%, mientras sus cinco hijos se repartían el resto: Marina y Pier Silvio con alrededor del 7,65% cada uno, y Barbara, Eleonora y Luigi con un 21% largo entre los tres.

Tras su fallecimiento, el testamento y los pactos entre hermanos reordenaron esas participaciones. Los dos hijos mayores, Marina y Pier Silvio, controlan ahora conjuntamente aproximadamente el 53% de Fininvest, mientras los otros tres se reparten el resto.

Hoy, el dueño de Fininvest ya no es una sola persona, sino el conjunto de la familia, con Marina Berlusconi como presidenta y Pier Silvio como figura clave en el área audiovisual. Un pacto interno les otorga el control de la mayoría de los votos en la asamblea de Fininvest, que es a su vez el accionista principal de MFE. El poder sobre Mediaset España reside, en última instancia, en esa estructura familiar.

La línea ideológica de ambos, que explica el sesgo de Telecinco y Cuatro, es continuista con el berlusconismo: liberal-conservadora en lo económico, alineada con la derecha italiana, aunque volcada más en el poder empresarial y mediático que en la política partidista directa.

Marina Berlusconi es presidenta de Fininvest desde 2005 y de Mondadori, el mayor grupo editorial de libros de Italia. Su entorno se sitúa en la órbita del centro-derecha italiano, con defensa de la economía de mercado, continuidad del legado de Forza Italia —socios del PP de Feijóo en Italia— y escepticismo hacia las regulaciones que limiten el poder empresarial en medios y cultura. Controla además intereses en banca (30% de Banca Mediolanum) y fútbol (AC Monza, tras años al frente del AC Milan), un conglomerado que refuerza un poder que va mucho más allá de la televisión.

Pier Silvio Berlusconi es CEO de MFE-MediaForEurope y responsable del proyecto de hub paneuropeo de cadenas en abierto en Italia, España y Alemania. Se ha definido como “más hombre de empresa que político” y rechazó entrar en Forza Italia, aunque se mueve en el mismo ecosistema ideológico y apoya la coalición liderada por la ultraderechista Giorgia Meloni. Su foco está en consolidar el negocio televisivo en varios países —Mediaset Italia, Mediaset España y la entrada en ProSiebenSat.1 en Alemania— con la lógica de construir un bloque audiovisual privado hegemónico en Europa.

En la práctica, Marina manda en el holding y en la parte editorial y financiera; Pier Silvio lo hace en el brazo audiovisual, como CEO y cara visible del proyecto televisivo paneuropeo.

El EMFA, que está en vigor desde el 8 de agosto de 2025 y es de aplicación directa en los 27 Estados miembros, sin necesidad de transposición nacional, obliga también a publicar el importe total anual de fondos públicos recibidos en concepto de publicidad institucional.

Telecinco y Cuatro incumplen ese mandato: sus portales no dan cuenta de esa información. Ni telecinco.es ni cuatro.com hacen pública la publicidad pagada con fondos públicos que reciben. Los únicos datos disponibles sobre cuánto dinero público ingresa el grupo proceden del Gobierno central, no de Mediaset.

Según el informe de publicidad institucional de 2025 —primera respuesta española a la obligación paralela que el EMFA impone también a las administraciones públicas—, Mediaset España se consolidó como uno de los receptores fundamentales de estos fondos, captando inversiones millonarias a través de Telecinco, Cuatro, sus canales temáticos (MediaMax) y sus plataformas digitales (Mitele y Mediaset Infinity). Solo ese año, obtuvo por esta vía 5.756.090,33 euros, el 7,86% del total.

El grueso de la inversión provino de ministerios con presupuestos elevados para comunicación, como Igualdad, Transportes y Sanidad. En la campaña de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, Mediaset captó más de 392.000 euros, repartidos entre Telecinco (152.108 euros), Cuatro (90.702 euros) y MediaMax (149.676 euros). El Ministerio de Igualdad destinó a los medios del grupo 137.474 euros para conmemorar el 20 aniversario de la ley del matrimonio igualitario.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible adjudicó a Mediaset unos 281.000 euros para su plan de acciones sobre servicios de interés público, repartidos entre Telecinco (87.927 euros), Cuatro (53.993 euros), MediaMax (70.301 euros) y Mitele (69.392 euros).

El informe subraya una hibridación creciente de la inversión pública: Mediaset rentabiliza tanto sus audiencias tradicionales como su inventario digital. La campaña “Reconstruyendo juntos“ del MInisterio de Política Terrirtorial, por ejemplo, lanzada tras los daños de la dana, recibió 208.861 euros invertidos exclusivamente en Mediaset Infinity. 

Lo que resulta imposible es saber cuánto recibe el grupo de administraciones autonómicas y locales, porque Mediaset no lo revela, pese a ser obligatorio.

En todo caso, ese papel protagonista en la recepción de fondos públicos contrasta con la erosión estructural de la audiencia tradicional de Mediaset España, que en estos momentos registra los valores más bajos de su historia.

El conjunto de sus siete canales cerró la temporada 2025-2026 con una cuota media del 23,3%, mínimo histórico de la compañía. La caída sitúa al grupo a 2,3 puntos del líder, Atresmedia, la mayor distancia histórica entre ambos conglomerados.

Telecinco firmó el pasado ejercicio el peor curso de su historia, con un promedio del 8,9% de share. Por primera vez desde su fundación, no superó el 10% de cuota en ningún mes de la temporada, con un suelo del 8,4% en diciembre. La debilidad afecta a todas las franjas: mínimos históricos en la mañana (9,5%), la sobremesa (8,1%), la tarde (9,0%) y el prime time (8,8%). Incluso los realities muestran desgaste, con el tropiezo de la vigésima edición de Gran Hermano.

La crisis alcanza a los informativos, que marcaron un mínimo histórico anual del 8,3%, sin que ninguna edición promediara los dos dígitos. La edición de las 21:00 horas, con Carlos Franganillo y Ángeles Blanco, se estancó en el 7,5%, a diez puntos de Antena 3 Noticias 2.

Cuatro fue la única nota de estabilidad: superó a laSexta tras doce temporadas por detrás, con un 6,06% de share, impulsado por la apuesta por la actualidad y la conversión de Horizonte en formato diario en el tramo que busca retener a la audiencia hasta el arranque de la noche. El crecimiento de los canales secundarios no compensa la caída de ingresos publicitarios, que retrocedieron un 8% en 2025, hasta 679,8 millones de euros.

En los primeros días de julio de 2026, Telecinco cayó hasta una cuota estival del 6,8% mensual. La dirección actual, con Mario Rodríguez en la presidencia y Alessandro Salem como consejero delegado, mantiene una política de eficiencia y optimización de costes para proteger los márgenes frente al retroceso de la televisión hertziana. Pese a la solidez financiera de MFE-MediaForEurope, la filial española sigue buscando una fórmula editorial para recuperar competitividad frente a la televisión pública y Atresmedia.

Un dato llamativo y revelador a la vez es que, en medio de la mayor crisis de audiencias de su historia, Mediaset España haya encontrado en Horizonte una recurso editorial: el programa, punta de lanza de la desinformación en la televisión en abierto, actúa como salvavidas de la audiencia de Cuatro. Lo que comenzó como un espacio dedicado a divulgar misterios paranormales por extensión de Cuarto Milenio ha mutado en un espacio de actualidad política y social señalado por su extrema toxicidad y por amplificar interpretaciones especulativas y conspirativas al servicio, las más de las veces, de la ultraderecha.

Mediaset España ya cerró el ejercicio 2025 con resultados que confirman la pérdida de su hegemonía histórica: fue superada por primera vez en ingresos publicitarios por Atresmedia. La facturación retrocedió un 9,7%, el doble de la media del mercado, y provocó un desplome en la rentabilidad operativa, que pasó de 146 millones de euros en 2024 a apenas 43 millones en 2025.

El grupo declaró un beneficio neto consolidado de 185 millones de euros, una cifra que las fuentes atribuyen al control estricto de los gastos más que a la salud del negocio, que navega en su mínimo histórico de audiencia.

Además de sus canales de TDT (Telecinco, Cuatro, Divinity, FDF, Boing, Energy y Be Mad), el grupo Mediaset España articula su negocio en torno a ocho sociedades y marcas corporativas —Publiespaña (comercialización publicitaria), Ventas Internacionales/Mediterráneo (distribución de contenidos), Infinity+ (suscripción OTT), Telecinco Cinema (producción cinematográfica), Atlas (agencia de noticias), Ad4Ventures (inversión en start-ups) y 12 Meses (RSC)—, una plataforma digital gratuita (Mediaset Infinity) y un puñado de servicios de nicho como Taquilla Mediaset o El Tiempo Hoy, en un intento de conformar un ecosistema audiovisual, publicitario y editorial.

Ábside Media, el holding de comunicación de la Conferencia Episcopal Española (CEE), la asamblea de los obispos católicos españoles, controla la cadena COPE y el canal de televisión Trece. El grupo se financia en parte con dinero público procedente del IRPF y de la publicidad institucional del Estado. Pero no publica quiénes son sus dueños ni cuánto recibe por publicidad institucional de comunidades autónomas y ayuntamientos, algo a lo que está obligado por ley.

COPE y Trece son las dos piezas centrales de la batalla cultural y política que la Iglesia libra a través de sus medios. Pero no son las únicas marcas del grupo. Ábside Media agrupa también tres cadenas de radio musical, Cadena 100, RockFM y MegaStarFM. 

A ellas se suman dos marcas poco conocidas, VivaFe y Ábside Media Producciones, según su propia página oficial. VivaFe se presenta como “una comunidad digital de jóvenes que busca acercarse a Dios a través de la música, dando visibilidad a nuevos músicos católicos, produciendo temas y proyectos como el himno oficial de la visita del Papa León XIV a España”. Ábside Media Producciones es la productora audiovisual de Trece, descrita como el “brazo de producción multimedia del grupo para desarrollar documentales, formatos especiales y otros contenidos”.

El capital de Ábside Media se reparte entre la Conferencia Episcopal —que tiene el porcentaje mayoritario—, casi todas las diócesis españolas, órdenes religiosas, entidades sociales como la ONCE, compañías audiovisuales privadas y un reducido grupo de personas físicas. El control, en todo caso, permanece en manos de los obispos.

Lo que no se conoce es el detalle. COPE no da información sobre sus dueños, lo que contraviene el Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA, por sus siglas en inglés). Lo que se conoce, y no porque la emisora sea transparente, es la arquitectura general: Ábside Media tendría el 75% de la sociedad titular de la cadena, Radio Popular SA. El resto se repartiría entre socios minoritarios.

Esa opacidad choca con el EMFA, en vigor desde agosto de 2025. Su artículo 6 obliga a los prestadores de servicios de medios a hacer accesible y actualizada la información sobre su nombre legal, sus propietarios directos e indirectos y sus beneficiarios efectivos.

Un medio no puede limitarse a decir que pertenece a tal grupo o que es independiente. El artículo 6 exige identificar con claridad quién está detrás, quién tiene una participación capaz de influir en las decisiones estratégicas y si existe propiedad pública directa o indirecta.

La Iglesia sostiene que no recibe financiación directa del Estado para su funcionamiento ordinario. El argumento se apoya en que la asignación del 0,7% del IRPF depende de la voluntad de cada contribuyente, no de una partida presupuestaria fija.

Cada ejercicio, millones de personas marcan esa casilla en su declaración de la renta confiando en que ese dinero sostiene el culto, el clero o la labor asistencial. Pero ese mismo mecanismo genera excedentes año tras año, y nadie obliga a la Conferencia Episcopal a reintegrarlos al Tesoro Público cuando superan esas necesidades.

Lo cierto es que los obispos llevan años dedicando parte del excedente que obtienen de la declaración de la renta a subvencionar con inyecciones millonarias de capital el funcionamiento deficitario de su cadena de TDT Trece, una televisión que compite por los mismos anunciantes que otras cadenas privadas sin ese respaldo.

El Tribunal de Cuentas cuestionó ese trasvase. El organismo advirtió de una posible vulneración de la libre competencia y de la normativa europea sobre ayudas de Estado, que prohíbe subvencionar con fondos públicos a un competidor frente a otros operadores sin ese respaldo.

Ábside Media cerró su último ejercicio con las mejores cifras de su historia. Superó por primera vez los 150 millones de euros en ingresos consolidados y rozó los 10 millones de beneficio.

COPE es la piedra angular de ese crecimiento. Gracias a ella, los ingresos del grupo pasaron de superar los 120 millones en 2023 a 134 millones en 2024, y por encima de 150 millones en el último ejercicio cerrado. Ese avance les permitió cerrar 2024 con 9,8 millones de euros de beneficio antes de impuestos.

La radio vive además un momento dulce en audiencia, que comenzó cuando en 2010 fichó casi al completo al equipo de Deportes de la SER y se reforzó con la llegada de Carlos Herrera a las mañanas en 2015. Según la segunda ola del Estudio General de Medios (EGM) de 2026, COPE reúne 3,409 millones de oyentes diarios —su programación deportiva reúne habitualmente entre 1,7 y 2,1 millones—, solo por detrás de la SER (4,173 millones) y por delante de Onda Cero (2,086 millones). Es la segunda cadena generalista del país.

Trece TV es el reverso. Las últimas cifras conocidas, de 2024, muestran 3,2 millones de euros en pérdidas y una deuda acumulada de 115 millones desde su creación, hace 16 años. Su audiencia es residual, en torno al 1,6% en julio, con picos entre el 2% y el 3% cuando emite películas antiguas.

Los datos oficiales del Gobierno sí permiten reconstruir, al menos, la parte de la financiación pública que no depende de las comunidades autónomas, la Administración local y la casilla de la declaración de la renta. Es la que recibe en concepto de publicidad institucional de la Administración General del Estado.

Según el informe anual del Ejecutivo, el grupo percibió 2.491.767,75 euros en 2025 por campañas publicitarias públicas. Esa cifra representa el 3,40% de toda la inversión publicitaria directa del Gobierno en medios, una cantidad que equivale a casi la mitad del presupuesto anual de la Conferencia Episcopal.

Los datos oficiales sitúan a la empresa controlada por los obispos en la novena posición del ranking nacional, la última de los diez grupos más beneficiados. Ábside Media queda inmediatamente detrás del Grupo Prensa Ibérica y por delante de un grupo histórico como Godó, propietario de La Vanguardia.

Pero esos datos cubren solo la Administración central. Ábside Media, COPE y Trece TV no publican cuánto reciben por el mismo concepto de comunidades autónomas y ayuntamientos —tampoco del Gobierno—, pese a estar obligados a ello, desde 2025, por el EMFA, cuyo artículo 6 exige revelar el dinero que un medio ingresa por publicidad institucional.

Tampoco se conoce qué peso tienen esos fondos, los conocidos y los que permanecen ocultos, en la cuenta de resultados del grupo, ni qué porcentaje representan sobre su cifra de negocio total.

José Luis Restán preside Ábside Media de forma no ejecutiva y ejerce como director editorial. Su función consiste en velar por que la línea informativa no se desvíe del ideario eclesiástico. Javier Visiers ocupa el cargo de consejero delegado. Formado en la Universidad de Navarra y en el IESE, dirige la estrategia de transformación digital y la convergencia de recursos entre la radio y la televisión.

El consejo de administración de COPE integra también a socios estratégicos. Entre ellos el naviero Vicente Boluda, una de las mayores fortunas en España, que posee el 7% de las acciones.

Pero más allá del consejo de administración y sus órganos de gobierno, quien manda en Ábside es la Conferencia Episcopal Española, que preside Luis Javier Argüello García, arzobispo de Valladolid. Un jerarca eclesial cuya gestión al frente de la institución ha estado marcada por intervenciones públicas de enorme agresividad contra el actual Gobierno de Pedro Sánchez.

El episodio más reciente de choque con el Ejecutivo se produjo el pasado 9 de julio de 2026, durante la Escuela de Verano organizada por los obispos, la Universidad Pontificia de Salamanca y la Fundación Pablo VI. Argüello afirmó textualmente: "Cuando un Estado olvida la ética se convierte en una banda de ladrones. A los hechos me remito".

No fue el primero. El 20 de junio de 2025, el secretario general de la Conferencia Episcopal, Francisco César García Magán, dijo en rueda de prensa que Argüello había sugerido que un adelanto electoral podría ser "una salida al bloqueo institucional". La frase contraponía a la Iglesia con la posición del propio Pedro Sánchez, que en ese momento defendía agotar la legislatura.

Esas posiciones se trasladan a la línea editorial de COPE y Trece TV, que operan abiertamente en contra del Gobierno de coalición y a favor de la derecha y la ultraderecha. Una línea que defiende además los privilegios históricos de la Iglesia, entre ellos las inmatriculaciones de inmuebles y las exenciones fiscales.

Las inmatriculaciones son el procedimiento que permitió a la Iglesia registrar a su nombre miles de templos y fincas sin escritura ni pago previo. La reforma de la ley hipotecaria de 2015 limitó ese privilegio, pero no lo eliminó de forma retroactiva. El patrimonio inmatriculado por la Iglesia en España supera las 35.000 fincas.

La Conferencia Episcopal aprobó para 2026 un presupuesto de 6.280.821 euros, un 4,5% más que el ejercicio anterior, según el balance presentado en noviembre de 2025. Esa cifra corresponde solo a la estructura central de la CEE, sedes, personal y comisiones episcopales, no al conjunto de la Iglesia católica en España. De ese presupuesto, 2.325.000 euros proceden del patrimonio y de actividades económicas propias, entre ellas alquileres, editoriales y derechos.

El 8 de agosto de 2025 empezó a aplicarse en toda la Unión Europea el grueso del Reglamento (UE) 2024/1083, el Reglamento Europeo de Libertad de Medios, conocido por sus siglas en inglés como EMFA (European Media Freedom Act).

Lleva un año en vigor, pero, entre los medios que no lo aplican o tratan de eludirlo —la inmensa mayoría—, las administraciones que actúan como si no les afectase —sobre todo las comunidades autónomas— y la incapacidad del Gobierno de Pedro Sánchez de tramitar a tiempo las leyes necesarias para que la norma desarrolle todo su potencial, el reglamento es, por ahora, poco más que papel mojado. 

Y eso que todos han tenido tiempo de sobra para prepararse y hacer las modificaciones legales oportunas, porque la norma recibió, hace ya dos años y cuatro meses, por abrumadora mayoría, el apoyo del Parlamento Europeo, en el trámite que supuso su aprobación definitiva.

El reglamento es una norma de aplicación directa. Eso significa que sus artículos obligan a los Estados y a los medios de comunicación, aunque el Parlamento español no haya tocado una sola ley nacional. No es una directiva que necesite transposición. Es un reglamento y, como tal, ya rige.

El artículo 6, por ejemplo, obliga a todos los medios a hacer pública su titularidad directa e indirecta, incluida la de quienes tengan influencia sobre sus decisiones estratégicas. Es decir, están obligados a decir quién manda, en última instancia, con nombre y apellidos, porque tiene el control de la propiedad.

Deben publicar también el importe anual de fondos públicos que reciben por publicidad estatal. Casi nadie lo está haciendo, al menos no con el grado de detalle, transparencia y accesibilidad que exige el reglamento europeo.

Los medios —públicos y privados— también están obligados, en virtud del mismo artículo, a adoptar medidas para blindar la independencia de las decisiones que toman sus periodistas. 

De acuerdo con esta disposición, todos los medios deben “garantizar que las decisiones editoriales puedan tomarse libremente dentro de la línea editorial” que siga un medio y “garantizar la divulgación de cualquier conflicto de intereses existente o potencial que pueda afectar a la oferta de noticias y contenidos sobre cuestiones de actualidad”. El cumplimiento de este doble requisito —imprescindible para una buena praxis profesional— tampoco es la norma en España.

Otro asunto que regula el EMFA y está en vigor sin necesidad de adaptación legal afecta directamente a las empresas que miden audiencias (artículo 24), las que elaboran los datos que fijan el reparto de la publicidad. Desde hace un año, sus metodologías tienen que poder ser auditadas de forma independiente una vez al año y están, además, obligadas a entregar esa información a los medios y anunciantes que la pidan.

Abundan además las reformas legales que España no ha completado o incluso ni siquiera ha iniciado. El artículo 7 del EMFA obliga a los Estados a dotar de recursos a una autoridad reguladora nacional. El reglamento dice que “los Estados miembros garantizarán que las autoridades u organismos reguladores nacionales cuenten con los recursos económicos, humanos y técnicos adecuados para desempeñar sus funciones”.

En España, esa autoridad es la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). La paradoja es que, aunque Bruselas ya la reconoce como tal, el Gobierno todavía no le ha dado los medios que necesita para ejercer su papel. No la ha habilitado para poder cumplir sus nuevas funciones porque la ley que debe hacerlo está atascada desde hace un año en el Congreso.

Las comunidades autónomas deben hacer lo mismo: designar o crear órganos independientes para regular el cumplimiento del EMFA en sus respectivos territorios. Nadie lo ha hecho. Ningún gobierno autonómico está dispuesto, aparentemente, a cumplir el reglamento europeo.

Son varias las medidas derivadas del EMFA que necesitan un desarrollo legal y que ni el Gobierno central ni las comunidades autónomas han empezado siquiera a preparar. Como si no les afectasen. Quizá la más relevante de todas ellas es consecuencia del artículo 5, el que obliga a los Estados —lo que en casos como España incluye a las comunidades autónomas— a garantizar que los medios públicos —como RTVE, TVG, Canal Sur, À Punt y todas las demás radios y televisiones que se pagan con el dinero de todos— “sean independientes desde el punto de vista editorial y funcional”.

El EMFA obliga, por tanto, a reformar las leyes para que el nombramiento y la destitución de sus directivos sigan “procedimientos transparentes, abiertos, efectivos y no discriminatorios”, que sus mandatos no coincidan con las legislaturas políticas y que su financiación se base en “criterios transparentes y objetivos, establecidos de antemano”.

No es una medida caprichosa. España lleva años ocupando los últimos puestos en dependencia política de los medios públicos en Europa.

Otra medida pendiente es la creación de una base de datos nacional que haga fácilmente accesible conocer la identidad de los dueños de todos los medios. Una tarea que el reglamento encomienda “a las autoridades u organismos reguladores nacionales u otras autoridades u organismos”. Es decir, la CNMC, que sigue sin esa competencia porque aún no hay una ley que se la atribuya, y sus equivalentes autonómicos, que ni siquiera existen.

Lo mismo sucede en relación con el establecimiento de normas para evaluar las fusiones y compras en el mercado de los medios (artículo 22 del EMFA) cuando puedan afectar al pluralismo, con criterios fijados de antemano y plazos conocidos por las partes. También forma parte del mismo proyecto de ley empantanado en el Congreso que afecta a la CNMC y al registro de medios.

Además, es obligatorio, desde hace 12 meses, que el dinero público destinado a publicidad institucional (artículo 25) se reparta con “criterios transparentes, objetivos, proporcionados y no discriminatorios”, publicados de antemano, y que cada administración informe cada año de a qué medios ha pagado y cuánto. El reglamento solo exime a los ayuntamientos de menos de 100.000 habitantes.

Hasta la fecha, solo están cumpliendo la transparencia a la hora de detallar a quién están entregando publicidad la Generalitat de Cataluña y el Gobierno de Sánchez, que ha empezado a hacerlo este año. Pero nadie, tampoco la Administración central, ha modificado o aprobado leyes para que el procedimiento de reparto de esa publicidad siga “criterios transparentes, objetivos, proporcionados y no discriminatorios”.

En febrero de 2026, el Gobierno aprobó un proyecto de reforma de la Ley reguladora de la publicidad institucional, llamado a sustituir la ley de 2005 todavía en vigor. También esta iniciativa se ha quedado en el limbo.

También sigue atascado en el Congreso, de nuevo con escasas posibilidades de culminar su tramitación, el proyecto de ley que debe regular por primera vez en España el secreto profesional de los periodistas. El artículo 4.3 del EMFA prohíbe a los Estados obligar a un periodista a revelar sus fuentes, detenerlo o vigilarlo para identificarlas, o instalar en sus dispositivos “programas informáticos de vigilancia intrusiva”, la fórmula con la que el reglamento veta el uso de programas espía como Pegasus contra periodistas. Al estar recogido este derecho de forma expresa en la Constitución, los jueces vienen aplicándolo desde hace años, pero falta una norma que lo desarrolle formalmente, como exige el reglamento europeo.

La Federación de Sindicatos de Periodistas reclamó en junio de 2026 que España “active urgentemente” el reglamento. Reporteros Sin Fronteras fue más allá en su informe anual, publicado el pasado abril, y avisó de que, sin voluntad política, el EMFA corre el riesgo de quedarse en papel mojado.

Al incumplir el reglamento, España se expone a la apertura de un procedimiento de infracción por parte de la Comisión Europea, un proceso legal que en teoría puede culminar ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) con la imposición de millonarias sanciones financieras y multas coercitivas diarias hasta que se adapte el marco legal nacional. 

Más allá del severo impacto económico, el país afrontaría un grave coste reputacional dentro de la Unión al quedar señalado por socavar los estándares comunitarios de independencia editorial, transparencia en la propiedad de los medios y protección del secreto profesional de los periodistas, arriesgándose incluso a la congelación de fondos europeos mediante el mecanismo de condicionalidad vinculado al respeto del Estado de derecho.

El Grupo Godó es uno de los nombres decisivos del mapa mediático español, en particular en Cataluña: un holding nacido de un periódico histórico, convertido en conglomerado multimedia y hoy extendido por prensa, radio, publicidad, impresión, distribución y negocios de marketing y experiencias. Su caso interesa no solo por lo que publica, sino por cómo combina influencia informativa, posiciones de liderazgo en Cataluña y una diversificación empresarial que va mucho más allá del periodismo.

La clave para entenderlo es doble. Por un lado, es una empresa con una tradición centenaria que arranca en La Vanguardia en 1881 y que se reorganiza como holding en 1998; por otro, es un grupo que ha crecido incorporando compañías de servicios, agencias de marketing y unidades de experiencias —empresas dedicadas a organizar eventos, campañas, presentaciones, patrocinios o acciones para conectar con el público—, de modo que la frontera entre información, negocio publicitario y activación comercial se ha vuelto más amplia y más compleja. Con todo lo que eso supone para la independencia editorial de los medios que forman parte de Godó.

La historia del grupo se explica a partir de La Vanguardia, fundada en 1881, y de Mundo Deportivo, cabecera nacida en 1906; esa base periodística fue la que permitió después articular una compañía más amplia. 

La familia Godó procede del mundo empresarial textil de Igualada (Barcelona) y su salto a la historia de la prensa llegó cuando los hermanos Carlos y Bartolomé Godó fundaron La Vanguardia en la capital catalana para dar voz a un liberalismo moderado y burgués. Desde entonces, la dinastía fue tejiendo una relación muy estrecha entre empresa, periodismo y poder social en la ciudad, hasta convertir el diario en una pieza central de la vida política y cultural barcelonesa y catalana.

La segunda generación consolidó ese proyecto con Ramón Godó Lallana, hijo del fundador de la cabecera, que modernizó el periódico, amplió su alcance y recibió el título de conde de Godó en 1916. Después llegó Carlos Godó Valls, segundo conde, que mantuvo el control del periódico durante décadas difíciles, incluidas la Guerra Civil y el franquismo, y dejó preparado el relevo a Javier Godó Muntañola, el gran impulsor del salto hacia el holding multimedia moderno.

En términos periodísticos, la historia de los Godó es la de una familia que convirtió un diario en patrimonio empresarial y en símbolo de continuidad de una determinada forma de influencia barcelonesa: primero en la prensa, luego en la radio y finalmente en un conglomerado multimedia que sigue en manos de la misma rama familiar.

Fue en 1998, en los últimos años de la edad de oro de la prensa en España, cuando tuvo lugar la reorganización como holding multimedia. Su estado de información no financiera confirma que el grupo opera desde entonces con dos grandes líneas de negocio: Godó Media y GMK, esta última dedicada a servicios de marketing.

El relato corporativo que hace la propia compañía insiste en la continuidad familiar y en la idea de independencia, rigor y calidad como rasgos identitarios. Esa autoimagen es importante, porque ayuda a entender cómo el grupo trata de resolver la contradicción entre sus marcas periodísticas y las líneas de negocio adyacentes, especialmente en publicidad, distribución e industria de eventos.

Históricamente, ha sido un periódico de centroderecha muy atento al poder institucional y al catalanismo moderado. La literatura académica sobre el diario lo describe como un negocio que ha tendido a acomodarse al color del poder. Desde la desaparición de CiU y la entrada de Junts en el tablero, La Vanguardia no se acomodó a la nueva realidad política catalana y trató de seguir influyendo en ella desde una posición de moderación, con editoriales y análisis que a menudo buscan encuadrar a Junts como actor decisivo del sistema. Nunca ha sido un altavoz independentista, pero tampoco su enemigo frontal; más bien ha intentado mantenerse cerca de los centros de poder, dialogar con el catalanismo dominante y, cuando convenía, empujar a Junts hacia posiciones que le permitiesen seguir siendo útil en Madrid y en Cataluña.

Desde una perspectiva histórica, el grupo también ha pasado por una transformación de cartera. La información pública disponible muestra salidas de activos y ajustes del perímetro, como la venta de su participación en la productora de televisión Veranda y en 8TV –su fallida aventura en la TDT—, a la vez que el grupo reforzaba sus negocios radiofónicos y digitales. No obstante, el Grupo Godó se resiste a ser interpretado como un simple editor de periódicos y trata de mantenerse como una organización multimedia con un centro periodístico y un anillo creciente de servicios alrededor.

La cartera mediática básica del grupo está formada por La Vanguardia, Mundo Deportivo, RAC1 y RAC105. A ello se suman otras sociedades de apoyo y comercialización, como Godó Strategies, Godó Vertical Media, CRE-A Impresiones de Catalunya, Marina BCN Distribucions y Distribución y Reparto, además de la cabecera o plataforma de grupos y marcas digitales vinculadas al ecosistema del grupo.

La parte menos visible, pero más reveladora del presente del grupo, es la de sus negocios ajenos al periodismo estricto. El grupo lleva tiempo intentando diversificar su negocio con adquisiciones en marketing experiencial, social media, eventos, producción y activación de marcas. Dentro de ese perímetro aparecen sociedades como Grafik Bureau, Iberian Leaders Influencers y, desde 2023, el Grupo Experientia, que reúne firmas especializadas en experiencias, eventos y producción audiovisual.

Ese movimiento importa periodísticamente porque cambia la naturaleza del conglomerado. Cuanto más peso tienen las agencias y los servicios para terceros, más difícil resulta separar la lógica informativa de la lógica comercial. En el caso de un grupo con cabeceras de referencia, esto obliga a mirar con atención no solo la calidad editorial, sino también la arquitectura empresarial que sostiene esa calidad.

La información financiera más reciente accesible públicamente apunta a un grupo grande y rentable, pero no exento de tensiones financieras. Según informaciones publicadas sobre sus cuentas, el Grupo Godó habría cerrado 2024 con unos ingresos de 179 millones de euros y un beneficio consolidado de 3,5 millones, el doble que en 2023. Pero esas mismas referencias señalan un aumento de la deuda bancaria, que habría superado los 50 millones, con un crecimiento relevante respecto al año anterior.

En el papel, el grupo mantiene un liderazgo claro en Cataluña. El último EGM sitúa a La Vanguardia en el cuarto puesto de los diarios de papel de toda España —tercero si se excluye a los deportivos, solo por detrás de El País y El Mundo—, con cifras que duplican los de la otra gran cabecera catalana, El Periódico, propiedad del grupo Prensa Ibérica. 

En cambio, en el mundo digital las cosas son muy distintas. En audiencia media diaria, La Vanguardia está acusando en los últimos meses una fuerte caída que la ha hecho situarse por debajo de las diez principales cabeceras informativas, muy por debajo de su rival en Cataluña, según datos de GfK DAM.

En radio, el liderazgo es más contundente. El último EGM situaba a RAC1, que solo se sintoniza en Cataluña, por encima de varias cadenas nacionales, como RNE. Y por delante de sus competidoras autonómicas, como Catalunya Radio, con un 50% más de oyentes.

La Vanguardia ni siquiera ha creado un enlace específico en su portada para dar cumplimiento al Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA, por sus siglas en inglés). Para no dejar sin cumplir del todo la norma, se han limitado a añadir unos párrafos a la página denominada Aviso Legal, al pie de la portada. 

Ahí se limitan a decir que el Grupo Godó está “participado” “por Javier Godó Muntañola (Editor), Carlos Godó Valls y Ana Maria Godó Valls”, sin especificar en qué cuantía. Todo lo que precisan es que el “titular real” es Javier Godó.

Con lo que ofrecen sus diarios, no es posible saber mucho más. La toma de decisiones ejecutivas, no obstante, según la información disponible en otros soportes, recae hoy en Carlos Godó, quien en julio de 2025 asumió la presidencia ejecutiva del grupo tras un relevo generacional planificado. Carlos Godó, perteneciente a la quinta generación familiar, ocupaba el cargo de consejero delegado desde 2005 y ha sido el principal artífice de la diversificación del negocio hacia el marketing y la transformación digital.

Su padre, Javier Godó, al que se supone el control mayoritario de las acciones, continúa ligado a la organización después de haber liderado la compañía durante más de cuatro décadas. El núcleo de poder se completa con Ana Godó Valls, quien ejerce como consejera editorial y vocal del consejo de administración.

El artículo 6 del EMFA, que entró en vigor en agosto de 2025, establece que los prestadores de servicios de medios deben hacer fácil y directamente accesible información actualizada sobre su nombre legal, sus propietarios directos e indirectos, sus beneficiarios efectivos y el dinero que reciben por publicidad institucional.

En la práctica, eso significa que un medio no puede limitarse a decir “somos independientes” o (pertenecemos a tal grupo): debe identificar con claridad quién está detrás, quién tiene una participación capaz de influir en las decisiones estratégicas y si hay propiedad pública directa o indirecta. El mismo artículo del EMFA añade que los medios de noticias y actualidad deben adoptar medidas para salvaguardar la independencia editorial y para revelar posibles conflictos de interés. 

En el mismo sitio en el que señala quiénes son los dueños del Grupo Godó, La Vanguardia da cuenta del “importe total de publicidad proveniente de entidades, organismos públicos o empresas de titularidad pública (estatales, autonómicos, municipales o de cualquier otro ámbito)” que recibió en 2024: 8.347.920 euros, especificando en este caso que representa el 11,8% de la cifra de negocio del periódico.

Mundo Deportivo recurre al mismo procedimiento para declarar haber recibido 1.554.519 euros (6,68% de la cifra de negocio) en 2024. RAC1 reseña 5.380.416 (21,74% de la cifra de negocio). RAC105, su emisora musical, en cambio, no revela esta información. 

En total estamos hablando de 15.282.855 euros, el 54,62% a través de La Vanguardia, el 35,20% con RAC1 y el 10,17% mediante Mundo Deportivo.Es una suma que más que cuadriplica lo que el grupo declaró como beneficios en 2024.

Según el informe hecho público este año por el Gobierno de España, el Grupo Godó recibió de la Administración central en 2025 un total de 1.863.103,28 euros, la décima cifra más elevada de todos los grupos de comunicación en España. 

Godó no lo detalla, pero a la vista de estas cantidades se puede deducir que el grueso del dinero público que fluye hacia sus medios (un 87,8%, aproximadamente) procede de comunidades autónomas y ayuntamientos. Según El Triangle, el Grupo Godó volvió a ser en 2024 el mayor beneficiario de publicidad institucional del Govern catalán, con más de 5,3 millones de euros.

La salida de Javier Ruiz de TVE para dirigir La Séptima provocará una reorganización de la programación de actualidad de RTVE para la próxima temporada, con Jesús Cintora como nuevo presentador de Mañaneros y Gonzalo Miró al frente de Malas lenguas.

Javier Ruiz se despedirá este viernes de los espectadores de 'Mañaneros', el magacín de La 1, que se emite de lunes a viernes entre las 10:35 y las 15:00 horas y que combina información de actualidad, política y entretenimiento.

La salida del periodista se produce después de aceptar la propuesta de José Miguel Contreras para convertirse en el primer director de La Séptima, la nueva cadena de televisión cuyo lanzamiento está previsto para el próximo 5 de noviembre y cuya oferta adelantó EFE el pasado 30 de julio.

Según ha avanzado El País y han confirmado a EFE fuentes de RTVE y de La Séptima, el relevo de Ruiz al frente de Mañaneros lo asumirá Jesús Cintora, que presentará el programa también junto a Adela González en la nueva etapa del espacio.

Cintora compatibilizará ese cometido con la conducción de Malas lenguas Noche, el programa que La 2 ofrece los sábados en un horario aproximado de 22:00 a 02:00 horas

La reorganización también afectará al programa diario de Malas lenguas, que pasará a estar presentado por Gonzalo Miró en sus dos ventanas de 17:40 a 19:30 en La 2 y de 19:30 a 20:25 en La 1. En la primera parte del programa, dedicada al análisis político, estará acompañado por Esther Palomera y en la segunda, centrada en los sucesos, por la periodista Ana Hinestrosa, hasta ahora presentadora de 'Hoy en día' de Canal Sur.

Como Javier Ruiz dejará también Mañaneros uno de sus directores, Daniel Fernández, después de aceptar la oferta de La Séptima para convertirse en director de contenidos de la nueva cadena.

Fernández, que anteriormente dirigió el programa de Ana Rosa Quintana y ha desempeñado distintas responsabilidades en programas de actualidad y entretenimiento, asumirá un cargo estratégico en La Séptima.

Según explicó José Miguel Contreras a EFE, esa dirección integrará las funciones que tradicionalmente corresponden a Informativos y Programas, ya que toda la parrilla del nuevo canal estará centrada en la actualidad. 

Investigative Journalism for Europe (IJ4EU), el fondo europeo que apoya investigaciones periodísticas transfronterizas de interés público, ha dado a conocer las diez investigaciones finalistas de la sexta edición de sus Impact Awards, unos premios que reconocen el periodismo colaborativo transfronterizo con impacto real en Europa. Entre ellas se encuentra Bad Practice, la investigación en la que ha participado infoLibre junto a un consorcio de medio centenar de medios liderado por OCCRP, VG y The Times.

El trabajo destapó más de un centenar de casos de médicos inhabilitados en un país europeo que continuaron ejerciendo en otro, aprovechando un sistema de alerta comunitario que apenas se utiliza o que muchos Estados miembros ignoran. La investigación dio voz a los pacientes afectados y ha impulsado nuevas medidas disciplinarias contra facultativos señalados como un riesgo activo.

La lista de finalistas, elegida entre un récord de 50 candidaturas presentadas este año por casi 600 periodistas de 63 países, incluye también Exporting Abortion, un proyecto coordinado por Público con la participación de medios como The Journal, OKO.press, Expresso, Amphora Media o Page404, entre otros. Esa investigación fue coordinada cuando se realizó por el actual subdirector de Investigación de infoLibre, Nacho Calle, y el periodista de investigación de infoLibre Sergio Sangiao. El trabajo reveló que más de 5.000 mujeres viajan cada año fuera de su país para acceder a un aborto en Europa, cartografiando rutas hasta entonces no cuantificadas hacia destinos como España o Eslovenia.

El jurado de esta edición, presidido por Leila Bičakčić, dará a conocer a los tres equipos ganadores —dotados con 5.000 euros cada uno— el próximo 17 de septiembre, durante la conferencia anual UNCOVERED que este año acoge el Goethe-Institut de Budapest.

Abc, con 123 años de historia, es la cabecera visible de un grupo editorial que reúne diarios locales de varias comunidades autónomas cuyos lectores ni siquiera saben que el dueño de su periódico es el mismo que el de la histórica cabecera monárquica y conservadora madrileña.

El Grupo Vocento nació en septiembre de 2001 de la fusión entre el Grupo Correo y Prensa Española. No fue solo una operación financiera. Fue el encuentro de dos culturas periodísticas centenarias, la prensa regional del norte, con fuerte arraigo industrial en el País Vasco, y el diario conservador y monárquico de referencia en Madrid.

La rama vasca se remonta a 1910, cuando los hermanos Fernando, Gabriel y Emilio Ybarra fundaron en Bilbao el diario El Pueblo Vasco, defensor de los principios cristianos, la monarquía y los intereses de Bizkaia. El periódico cerró al estallar la guerra civil. En 1938 la dictadura lo fusionó con El Correo Español, fundado un año antes como órgano provincial de Falange. Nació así El Correo Español-El Pueblo Vasco, que no eliminó ese apellido hasta 1999 para convertirse solo en El Correo y que acabaría siendo el diario de referencia del País Vasco.

Prensa Española es anterior. Torcuato Luca de Tena fundó en 1891 la revista Blanco y Negro, preludio de Abc, nacido en 1903. El diario vivió la guerra civil partido en dos, con la edición de Sevilla junto a los sublevados y la de Madrid incautada por la República. Durante el franquismo quedó sometido a censura y llegó a la democracia manteniendo su perfil conservador y monárquico.

Vocento es hoy un mosaico donde conviven clanes familiares de ambos grupos originales e inversores financieros. Durante años, la prensa económica habló de una “guerra de familias” entre el bloque vasco (Ybarra y Bergareche) y el madrileño (Luca de Tena), con disputas ideológicas sobre la dirección editorial de Abc y algo más prosaicas en torno el reparto de dividendos.

Esa información no la facilitan los propios medios del grupo. Ninguno publica de forma clara y accesible quiénes son sus dueños, tal como exige el Reglamento Europeo de Libertad de los Medios (EMFA), en vigor desde agosto de 2025.

El artículo 6 del EMFA obliga a hacer accesible su nombre legal, sus propietarios directos e indirectos, sus beneficiarios efectivos y el dinero que reciben por publicidad institucional. Un medio no puede limitarse a decir que es independiente o que pertenece a tal grupo. Debe identificar quién está detrás y si existe participación pública.

Los medios de Vocento se limitan a publicar al pie de sus páginas un enlace diminuto bajo el epígrafe "Reglamento UE 2024/1083". Como hace El País, evitan decir quién es su propietario alegando que es una entidad cotizada y remiten a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

No obstante, y aunque no se lo cuenten a sus lectores, se sabe que el accionariado de Vocento dio un vuelco en marzo de 2024. El gestor de fondos Francisco García Paramés, a través de Cobas Asset Management, aumentó su participación y se convirtió en el primer accionista individual del grupo, superando a las ramas fundadoras.

Los datos de la CNMV muestran un consejo de administración donde se cruzan tres fuerzas: el bloque financiero de Paramés y Cobas, las familias históricas y una dirección profesional que dirige Abc y el resto de cabeceras. Paramés y Cobas rondan el 23% del capital. Las familias Ybarra y Bergareche, junto a las sociedades Mezouna y Valjarafe (esta última vinculada a los Luca de Tena), superan el 45%.

Los apellidos históricos conservan presencia en el consejo, pero ya no monopolizan la presidencia ni la gestión. Ignacio Ybarra Aznar presidió la Fundación Vocento y el grupo hasta mayo de 2026, cuando le relevó Ignacio Eyriès García de Vinuesa como presidente independiente. El esquema actual combina ese presidente independiente con un consejero delegado profesional, Manuel Mirat, nombrado en 2024, junto a consejeros vinculados a las familias, como Álvaro de Ybarra y Zubiría o Gonzalo Soto Aguirre.

Las familias mantienen así capacidad de veto y orientación estratégica desde el consejo, pero delegan el día a día en un ejecutivo externo. Paramés y Cobas, pese a su peso accionarial, presionan más por disciplina financiera y rentabilidad que por controlar directamente la cúpula del grupo.

La línea editorial de Abc no la marca Paramés, sino el equipo directivo de Vocento y la dirección del diario, que nombra y cesa el consejo. El peso de Paramés se nota más en las decisiones económicas, venta o cierre de activos, disciplina de costes, que en el matiz ideológico de las portadas.

Vocento funciona hoy con un triángulo de poder. Un bloque financiero con más de una quinta parte de los votos, el de Paramés. Un bloque familiar y societario cercano a la mitad del capital. Y un núcleo de gestores profesionales en la presidencia y la consejería delegada. Nombrar al director de Abc, aprobar un plan de despidos o una reorientación digital requiere el consenso, o al menos la no oposición, de esos tres vértices.

El resultado es un grupo cuya ideología editorial sigue anclada en su ADN conservador, pero sometida a la presión creciente de un accionista tan exigente como Paramés.

El núcleo histórico lo encarnan las familias Ybarra y Bergareche y sus sociedades patrimoniales. A título personal, figuran Carmen Ybarra Careaga (10,675%), Enrique Ybarra Ybarra (6,536%) y Jorge Bergareche Busquet (6,722%). Ningún Luca de Tena aparece con paquete relevante a título individual. Mezouna, de la familia Ybarra Aznar, controla el 11,077%, y Valjarafe, en manos de Soledad Luca de Tena García-Conde, el 10,143%. Ambas sociedades suman además un pacto de acción concertada —un acuerdo para actuar juntos y de forma coordinada— del 6,393%.

Vocento reúne uno de los mapas de medios más extensos de España por capilaridad territorial. Abc es su buque insignia nacional, sexto diario del país según el EGM y cuarto si se excluyen los deportivos, solo por detrás de El País, El Mundo y La Vanguardia.

No obstante, la verdadera fuerza del grupo está en sus 18 cabeceras regionales, que en muchas provincias rozan el monopolio informativo. Entre ellas, diarios centenarios como El Correo (Vizcaya), El Diario Vasco (Gipuzkoa), El Norte de Castilla (Valladolid), Sur (Málaga), Ideal (Granada), La Verdad (Murcia), El Diario Montañés (Cantabria), Las Provincias (València), El Comercio (Asturias), Hoy (Extremadura) y La Rioja. Se suman marcas digitales como BURGOSconecta, Leonoticias, Salamancahoy, TodoAlicante y Huelva24, además la agencia Colpisa, que abastece de contenidos a las redacciones regionales.

Vocento se retiró de la radio y la televisión. Desde 2013 alquila sus licencias radiofónicas a la COPE, y en enero de 2022 vendió sus participaciones en Net TV y en la productora Veralia al grupo Squirrel Media. 

La diversificación hacia sectores ajenos a la comunicación ya supone el 46% de sus ingresos totales. En gastronomía, gestiona congresos como Madrid Fusión y San Sebastián Gastronomika, el campus educativo Madrid Culinary Campus, con la Universidad Pontificia Comillas, y consultoras como Mateo&Co y Grup GSR. También organiza foros de sostenibilidad marina y posee un holding publicitario con las agencias &Rosàs, Tango, Pro.Agency y Yellow Brick Road.

En clasificados digitales, el grupo se reorganizó hacia la automoción. En marzo de 2025 vendió pisos.com y HabitatSoft a la italiana Immobiliare.it por 22,5 millones de euros, y reorientó la división hacia Sumauto, que integra Autocasión y AutoScout24 en España. Además, ofrece digitalización a pymes a través de Local Digital Kit.

La compañía atravesó un proceso de saneamiento contable tras descubrir, bajo el mandato de Manuel Mirat, un fraude en la contabilización de inventarios de papel entre 2020 y 2024. Certificados de depósito falsificados inflaban el volumen almacenado, presuntamente para simular objetivos que condicionaban el pago de los bonus de determinados responsables. El hallazgo forzó una devaluación contable de 5,9 millones de euros, el despido de directivos de operaciones y acciones legales.

Ese saneamiento, sumado a la crisis del sector, provocó pérdidas de 97 millones en 2024. El grupo recuperó la rentabilidad en 2025 con un beneficio neto de 6,7 millones de euros, impulsado por el negocio digital y las divisiones de agencias y gastronomía.

Vocento ganó más dinero con su negocio principal en el primer semestre de 2026, pero terminó el periodo en números rojos por los costes de reestructurar la empresa. La compañía ingresó 164,7 millones de euros, un 3% más que un año antes, gracias sobre todo a la publicidad en sus periódicos y al empuje de negocios como los clasificados o la gastronomía, que ya suponen casi la mitad de la facturación del grupo. El beneficio del día a día (Ebitda) también mejoró con fuerza, un 42,7% más si no se cuentan las indemnizaciones, señal de que el negocio convencional funciona mejor que hace un año.

Pese a esa mejora, Vocento cerró el semestre con unas pérdidas de 14,6 millones de euros, frente a los beneficios que había logrado en 2025 gracias a la venta de algunos negocios e inmuebles. La empresa atribuye el resultado negativo, sobre todo, al coste de indemnizaciones ligadas a ajustes de plantilla. La deuda también creció, hasta 24 millones de euros, aunque el grupo considera que sigue en un nivel controlable y ha cerrado un préstamo a largo plazo con varios bancos para reforzar su liquidez.

El contraste más claro está entre lo que crece y lo que se hunde dentro del grupo. Por un lado, suben con fuerza las suscripciones digitales (19% más, hasta 222.000) y la publicidad en prensa, por encima de la media del sector. Por otro, la impresión en papel sigue cayendo, lo que ha llevado a Vocento a recortar costes de impresión y a buscar alternativas para su planta de Rotomadrid. La empresa mantiene su plan hasta 2029 para ganar más dinero con menos dependencia del papel y más peso de lo digital, los datos y los negocios diversificados.

Los medios de Vocento sí indican cuánto dinero han recibido del erario público en publicidad, como exige el EMFA. Abc revela que el importe destinado a publicidad estatal por autoridades públicas ascendió en 2024 a 5.965.070 euros. El Correo recibió 2.819.504 euros. El Norte de Castilla, 727.131. La Verdad de Murcia, 953.722. El Diario Montañés, 981.274. Hoy de Extremadura, 1.162.206. El Diario Vasco, 2.522.881. Sur, 2.145.102. Ideal de Granada, 2.632.553. Las Provincias, 1.543.749. Y La Rioja, 746.388.

El total declarado por estos medios asciende a 22.199.582 euros. Abc concentra el 26,87% de esa cifra, seguido de El Correo (12,70%), Ideal de Granada (11,86%), El Diario Vasco (11,36%) y Sur (9,66%).

Según datos del Gobierno de España, los medios del grupo recibieron de la Administración central en 2025 un total de 3.655.417 euros. Es verosímil deducir que la mayor parte del dinero público que recibe Vocento por publicidad procede, por tanto, de administraciones locales y autonómicas. Es una deducción, porque el grupo no lo especifica. Pero supone una cifra extraordinariamente reveladora: es el 83,53% de la publicidad institucional que declara. Salvo el País Vasco y Asturias, el resto de las comunidades autónomas en las que Vocento tiene cabeceras están gobernadas por el Partido Popular.

La dependencia de Vocento del dinero público es evidente a la luz del dinero que recibe de las diferentes administraciones y de que cerró 2025 con un beneficio neto de 6,7 millones de euros.

Editorial Prensa Ibérica (EPI) suma más de 24 millones de usuarios únicos mensuales y una audiencia en papel que supera los dos millones de lectores, según datos del EGM (Estudio General de Medios) y de GfK DAM, los dos paneles de referencia para medir audiencias en España. El grupo edita 22 cabeceras generalistas y dos diarios deportivos, con periodistas sobre el terreno en doce comunidades autónomas. Pero su nombre apenas aparece en las tertulias mediáticas de Madrid, porque nunca ha conseguido trasladar su influencia a la capital.

El grupo basa su fuerza en la suma de periódicos que, en algunos casos, son líderes de opinión en sus provincias, pero no componen una marca nacional única. Faro de Vigo, La Nueva España, Levante-EMV o La Provincia funcionan como referencias sociales en sus territorios antes que como piezas de un conglomerado propiedad de un empresario que poco o nada tiene que ver con las ciudades de cuya identidad forman parte estos diarios.

Ese crecimiento territorial responde a una lógica concreta. El fundador del grupo llegó a la prensa desde el mundo financiero, y esa trayectoria explica un patrón de expansión basado en la compra y consolidación de cabeceras rentables, más que en el lanzamiento de proyectos editoriales desde cero.

El fundador del grupo, Javier Moll, nació en Zaragoza en 1950 y se licenció en Derecho. Su carrera profesional comenzó en el sector financiero, con pasos por el Banco Atlántico y la Banca Garriga Nogués, además de un puesto de consejero en el Banco de las Islas Canarias.

Moll entró en el negocio de la comunicación en 1978, cuando adquirió Editorial Prensa Canaria, editora de La Provincia y del desaparecido Diario de Las Palmas. Junto a su esposa, Aránzazu Sarasola, construyó desde ese núcleo canario un grupo que hoy dirige la segunda generación de la familia. Su hijo, Aitor Moll Sarasola, es consejero delegado desde 2014, aunque Javier Moll sigue siendo la pieza clave de la estrategia del grupo.

El salto de EPI a la península se produjo en 1984, cuando el Gobierno socialista organizó la subasta de los Medios de Comunicación Social del Estado (MCSE). Ese conglomerado de prensa, radio y agencias procedía del Movimiento Nacional franquista, que había gestionado cabeceras incautadas tras la Guerra Civil a la prensa republicana, a partidos y a sindicatos.

Con la Constitución de 1978, el MCSE pasó a manos del Estado democrático con el mandato de privatizar progresivamente sus medios. El proceso se cerró a comienzos de los noventa, con Felipe González en la Presidencia del Gobierno, y tuvo en Javier Moll a su principal beneficiario, lo que desde entonces le etiquetó como alguien próximo a los socialistas, aunque la línea editorial de muchos de sus periódicos esté lejos del progresismo. 

En la subasta, el grupo se hizo con tres cabeceras que siguen siendo pilares de su estructura. La Nueva España, en Asturias; Levante-EMV, en Valencia; e Información, en Alicante. Dos años después, en 1986, sumó el Faro de Vigo, el decano de la prensa española, es decir, el periódico en circulación más antiguo del país —sus comienzos fueron como semanario; si atendemos al criterio de publicación diaria desde el primer día, ese puesto lo ocupa El Norte de Castilla, del grupo Vocento—, con lo que aseguró su presencia en Galicia.

Junto a las adquisiciones, EPI desarrolló una estrategia de creación de periódicos desde cero bajo la marca La Opinión, en plazas donde ya existían otras cabeceras. El grupo lanzó así ediciones en Murcia en 1988, en Zamora en 1990, en Málaga y Tenerife en 1999, y en A Coruña en 2000.

A este modelo se sumaron lanzamientos especializados, como el diario deportivo Superdeporte en 1993 y el semanario en alemán Mallorca Zeitung en 2000. Aun así, el grueso del actual perímetro del grupo procede de adquisiciones de cabeceras con más de un siglo de historia.

Con todo, el movimiento que situó a Prensa Ibérica como el primer grupo español de información general fue la adquisición del Grupo Zeta en 2019. La operación supuso la entrada de EPI en Cataluña y el control de El Periódico, una cabecera local pero de referencia nacional.

En la puja por Zeta, Prensa Ibérica se impuso a Mediapro y a su entonces presidente, Jaume Roures. El factor decisivo fue que Moll cerró un acuerdo con la banca acreedora para reestructurar la deuda del grupo, una pieza financiera que Roures no logró asegurar. La compra se cerró tras una larga negociación con la familia Asensio, propietaria de Zeta, en la que muchos vieron la influencia del Gobierno de Pedro Sánchez.

El contexto político de la operación fue sensible. Zeta controlaba cabeceras con peso en Cataluña, Aragón, Extremadura y la Comunitat Valenciana, y en sectores empresariales y políticos existía el temor de que una compra de Roures reforzara un polo mediático próximo al independentismo. La banca, la Generalitat, Moncloa y el clima del procés, el proceso independentista catalán que había marcado los años previos, condicionaron el desenlace de la puja.

Además de El Periódico, la operación incorporó a EPI el diario deportivo Sport y cabeceras regionales como El Periódico de Aragón, El Periódico Extremadura, Mediterráneo y Córdoba. El grupo pasó así a tener peso en territorios donde antes no tenía presencia o era menor.

Con la fuerza territorial que le dio la compra de Zeta, Moll intentó completar su mapa con una cabecera estatal con sede en Madrid. Así nació El Periódico de España en 2021, el primer diario nacional del grupo, ideado como punta de lanza del grupo en el polarizado ecosistema mediático de la capital.

El proyecto arrancó con edición en papel y digital, pero la tirada impresa se quedó muy lejos de las expectativas. En marzo de 2024, Prensa Ibérica cerró el papel de esta cabecera para concentrar los recursos en la web, y el diario, convertido en una pieza marginal del universo mediático madrileño, quedó como marca exclusivamente digital.

A pesar de ello, el grupo ha seguido ampliando su mapa nacional con otras compras recientes. En 2022 incorporó El Correo Gallego y, a comienzos de 2024, el decano sevillano El Correo de Andalucía.

La relevancia de Prensa Ibérica no se mide solo en el número de cabeceras, sino en el liderazgo real de sus marcas en cada territorio. La Nueva España es líder indiscutible en Asturias. El Faro de Vigo es el decano y referente informativo en el sur de Galicia. Levante-EMV e Información dominan la opinión pública en la Comunitat Valenciana. La Provincia es el pilar original y líder del grupo en Canarias.

Esta capilaridad territorial, con periodistas en doce comunidades autónomas, permite a EPI intervenir en mercados locales con un peso institucional que los diarios madrileños no tienen. La información generada en cada territorio se proyecta después a escala nacional a través del intercambio de contenidos entre las cabeceras del grupo, lo que contribuye a reducir los costes, al tiempo que homogeneiza gran parte de los contenidos.

Pese a su volumen, Prensa Ibérica atraviesa un proceso de ajuste en un mercado publicitario volátil. En el ejercicio 2024, el último sobre el que hay datos publicados, el grupo cerró con pérdidas netas consolidadas de 3,2 millones de euros, una cifra que mejora los resultados de los dos años anteriores. En 2022 las pérdidas fueron de 6,6 millones y en 2023 se situaron en 5,8 millones.

El motor de esa mejora ha sido la publicidad digital, que ya representa más del 40% de los ingresos publicitarios totales del grupo, unos 53 millones de euros. Pero también una fuerte dependencia de la publicidad del sector público.

Gran parte de esos 53 millones de euros de ingresos publicitarios digitales procede de fondos públicos. La partida incluye presupuestos de comunidades autónomas, administraciones locales y del Gobierno central.

Los datos que las propias cabeceras del grupo publicaron en sus webs para cumplir con la regla de transparencia del Reglamento Europeo de Libertad de los Medios (EMFA), por sus siglas en inglés) permiten precisar esa dependencia. 

En 2024, el conjunto de medios de Prensa Ibérica ingresó 37.959.769,04 euros en fondos publicitarios procedentes de organismos públicos.

La comparación con lo que el Gobierno de España destinó al grupo un año después, en 2025 (apenas 2,7 millones) sugiere que la mayor parte de esos casi 38 millones tiene su origen en las comunidades autónomas y en la Administración local. Prensa Ibérica no facilita el dato que permitiría conocer qué peso tiene esta financiación pública en el conjunto de sus cuentas.

En cumplimiento del EMFA, los diarios del grupo sí han incorporado un enlace, escondido al pie del site principal de cada uno de ellos, que lleva a una página que señala a Moll y a su mujer como los dueños últimos de Editorial Prensa Ibérica. Es ahí donde explican cuánto dinero público recibieron en 2024, aunque sin concretar su origen por administraciones ni cuánto supone sobre el conjunto de los ingresos de cada periódico.

El reparto por cabeceras muestra a El Periódico a la cabeza en la recepción de publicidad institucional, con más de 7,1 millones de euros. Le siguen Faro de Vigo, que superó los 4 millones, y Levante-EMV, con 2,3 millones. Completan el grupo de mayores beneficiarios La Provincia y Diario de Las Palmas, con 1,94 millones; El Periódico Mediterráneo, con 1,69 millones; y La Nueva España, con 1,63 millones.

Los negocios de la familia Moll no se limitan al negocio periodístico, lo que representa un potencial conflicto de interés en los términos establecidos por el EMFA. Tienen inversiones en sanidad, a través de la Clínica Corachan de Barcelona; en el sector inmobiliario, mediante la sociedad Laimo; y en el vitivinícola, con la Bodega Terramoll, en Formentera.

Nuevos cambios se avecinan en los principales magacines de Televisión Española para la próxima temporada. Este viernes se ha dado a conocer que el presentador de Directo al Grano, Gonzalo Miró, pasará a ser la cara visible de Malas Lenguas.

Miró será el encargado de conducir ambos tramos del programa, emitido en La 2 entre las 17:45 y las 19:35 y en La 1 de 19:35 a 20:25. Estará acompañado por Esther Palomera en La 2, tal y como ha adelantado Poco Pasa TV.

La periodista y analista ya formaba parte de las tertulias políticas del magacín, pero a partir de septiembre copresentará el espacio junto a Miró, quien adelantará su debut como conductor el próximo lunes, 3 de agosto.

Miró sustituirá a Jesús Cintora durante sus vacaciones de verano y lo hará junto a Ane Ibarzabal, tal y como anunció RTVE este jueves.

“Con esta sustitución, RTVE apuesta por uno de los rostros de mayor proyección de la televisión para garantizar la continuidad de uno de sus formatos de referencia”, señalaban.

Mientras, en Directo al grano, este mes de agosto Marta Flich formará tándem con Martín Barreiro. Queda por saber si ambos continuarán más allá del verano tras la marcha de Miró a Malas lenguas.

Javier Ruiz, actual presentador de Mañaneros en La 1, todavía no ha confirmado su marcha como director a La Séptima, pero es una posibilidad que José Miguel Contreras, fundador de La Sexta y también de la nueva cadena que verá la luz el próximo 5 de noviembre, da prácticamente por hecha.

“Juntos soñamos la posibilidad de llegar a hacerlo”, recordaba en una entrevista con EFE. Según explicó, el periodista se incorporó posteriormente a RTVE con la idea de regresar si aquel proyecto terminaba convirtiéndose en realidad. "Ahora tiene encima de la mesa la oferta para ser el primer director de la historia de La Séptima", subraya.

Si finalmente Ruiz inicia su etapa en esta nueva cadena, Jesús Cintora suena como su posible sucesor al frente de Mañaneros, tras la llegada de Miró a Malas lenguas. Cintora compaginaría así Mañaneros con la versión de los sábados de Malas lenguas, que también se emite en La 2 en horario nocturno.

Nominalmente, Unidad Editorial es un grupo multimedia que agrupa prensa, revistas, medios digitales, radio, televisión, una productora audiovisual, una editorial de libros y divisiones de formación, contenido patrocinado, eventos y comercialización publicitaria. Pero su producto estrella sigue siendo uno solo: el diario El Mundo, el centro de su núcleo de tres periódicos impresos, que son a la vez las principales marcas digitales de la compañía y del que forman parte también el económico Expansión y el deportivo Marca.

No es ningún secreto que la línea editorial de la empresa es abiertamente de derechas. A través de sus editoriales llegó a pedir explícitamente el voto para el PP en 2008 y en 2011 y, en las últimas elecciones generales, defendió claramente al Partido Popular (PP) de Alberto Núñez Feijóo como alternativa al Gobierno de Pedro Sánchez. Y emplazó a los electores a agruparse en este partido para maximizar el resultado del PP.

Esa posición es particularmente relevante teniendo en cuenta que, aunque Unidad Editorial es una empresa española, su propietario no lo es. Pertenece al grupo italiano RCS MediaGroup, que controla la práctica totalidad del capital (96,31%). Y que es, en última instancia, quien en realidad pide el voto para el PP.

RCS MediaGroup S.p.A. es un grupo editorial italiano cotizado en la Bolsa de Milán, cuyo accionista de referencia es Cairo Communication S.p.A., que posee el 60,6% de su capital ordinario, con Urbano Cairo como presidente y máximo accionista. Entre sus socios relevantes están el empresario del sector del lujo y el deporte Diego Della Valle (7,6%), Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A (6,5%) y otros minoritarios institucionales.

¿Y quién es Urbano Cairo, el hombre que está en la cúspide de la toma de decisiones que afectan al diario El Mundo? ¿Y Marco Pompignoli, el hombre de su confianza que desde 2021 mueve sus hilos al frente de Unidad Editorial?

Cairo (Milán, 1957) es un empresario italiano que ha construido su poder a partir de la publicidad y los medios: fue directivo en el grupo Fininvest de Silvio Berlusconi y en Publitalia —donde aprendió a moverse en el mundo de la publicidad— antes de fundar, en 1995, su propia compañía Cairo Communication, especializada en venta de espacios publicitarios y, más tarde, en edición de prensa, televisión y web.

Esa plataforma es la que le ha permitido ir agregando activos mediáticos hasta convertirse en uno de los principales editores privados italianos, con posiciones relevantes en prensa, revistas, televisión (es propietario de La7) y organización de eventos deportivos, además de controlar el Torino FC como presidente del club.

La clave para España llegó en 2016, cuando lanzó una OPA sobre RCS MediaGroup, entonces uno de los grandes grupos editoriales italianos, propietario entre otras cabeceras de Corriere della Sera y La Gazzetta dello Sport y ya entonces accionista de referencia de Unidad Editorial. Tras imponerse en la puja, Cairo se convirtió en el dueño último de Unidad Editorial y, por tanto, en el nuevo patrón de El Mundo y del resto de cabeceras españolas del grupo.

Cairo ha puesto en manos de Pompignoli, un directivo de perfil financiero que le acompaña desde hace más de veinte años, la tarea de corregir el rumbo de su división española.

Los lectores de El Mundo, Expansión o Marca, sin embargo, no encontrarán esta información sobre Urbano Cairo en las webs de estos periódicos, lo que supone un incumplimiento del Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA, por sus siglas en inglés).

El artículo 6 de esta norma europea, que entró en vigor en agosto de 2025, establece que los prestadores de servicios de medios deben hacer fácil y directamente accesible información actualizada sobre su nombre legal, sus propietarios directos e indirectos, sus beneficiarios efectivos y el dinero que reciben por publicidad institucional.

En la práctica, eso significa que un medio no puede limitarse a decir “somos independientes” o “pertenecemos a tal grupo”: debe identificar con claridad quién está detrás, quién tiene una participación capaz de influir en las decisiones estratégicas y si hay propiedad pública directa o indirecta. El mismo artículo del EMFA añade que los medios de noticias y actualidad deben adoptar medidas para salvaguardar la independencia editorial y para revelar posibles conflictos de interés.

Desde el punto de vista financiero, y según los datos de la compañía, Unidad Editorial en España siguió ganando dinero en 2025, pero algo menos que el año anterior: ingresó menos, pero recortó costes y así mantuvo beneficios operativos. Dicho en cristiano: vende menos en papel y publicidad tradicional, pero compensa parte del golpe con suscriptores digitales y ahorro interno.

En 2025, la actividad de Unidad Editorial en España generó unos ingresos de unos 204 millones de euros, frente a unos 218 millones el año anterior, es decir, entró menos dinero en la caja que en 2024. Aun así, la empresa logró un resultado operativo positivo de 36,7 millones antes de pagar impuestos, intereses y amortizaciones; una cifra inferior a los 43 millones del año previo, de nuevo síntoma de que el negocio aguanta, pero con menos margen.

Un dato clave que ayuda a entender la foto es el peso del negocio digital: en España, los ingresos digitales ya suponen el 43% del total de Unidad Editorial, frente al 41% del año anterior. Es decir, casi la mitad del dinero que entra procede de elementos que no son el periódico en papel: suscripciones web a El Mundo y Expansión, publicidad digital o productos premium en Marca.

En términos de audiencia, Marca sigue siendo líder en España, según el EGM; El Mundo es tercero, por detrás de El País, y Expansión está en el puesto 18º. Las cifras de audiencia media diaria, sin embargo, sitúan a la web de El Mundo en segundo lugar, en este caso por detrás de elespanol.com, según datos de mayo del medidor oficial, GfK DAM.

El negocio de Unidad Editorial conserva revistas y semanarios en un contexto de retroceso para este tipo de productos, algunos de ellos vinculados a sus cabeceras periodísticas. Las más conocidas son la revista femenina Telva y el semanario Actualidad Económica. También opera en radio, a través de Radio Marca, ligada directamente a su diario deportivo. En estos momentos es la octava emisora temática más escuchada del país, con 558.000 oyentes, según el EGM.

En el campo audiovisual, Unidad Editorial opera a través de Veo Televisión, que dispone de dos frecuencias de TDT de ámbito nacional y ha explotado distintas marcas de canal, entre ellas Veo7 y Discovery Max, en este caso en alianza con Warner Bros Discovery. Son, con todo, dos canales casi testimoniales que ni siquiera destacan en la pugna con el resto de cadenas temáticas.

Unidad Editorial incluye la editorial La Esfera de los Libros como brazo específico en el mercado de libro comercial.

En busca de otros ingresos, en el ámbito formativo, Unidad Editorial explota la Escuela de Unidad Editorial (ESUE) y la Escuela de Periodismo y Comunicación de Unidad Editorial. Y ha impulsado áreas de ingresos orientadas a servicios a otras empresas y a la creación de contenido publicitario camuflado bajo la fórmula del branded content, usando como soporte sus propios medios.

El grupo tiene además un departamento de eventos y conferencias que organiza foros, jornadas sectoriales y premios a través de los cuales genera también ingresos.

Unidad Editorial fue el sexto grupo que más dinero de publicidad institucional recibió del Gobierno en 2025, sin contar la publicidad comercial. Fueron 2.726.348,65 euros, un 3,72% del total, solo por detrás de Prisa, Atresmedia, Mediaset, Vocento y Google.

Conocemos ese dato gracias al informe publicado por el Gobierno, porque los medios de Unidad Editorial también incumplen en esto el Reglamento de Libertad de Medios y no dan cuenta ni de la publicidad institucional que reciben ni de quién es su verdadero propietario, el empresario italiano Urbano Cairo.

Sin que sus lectores lo sepan, al menos en los términos que exige la legislación europea desde agosto de 2025, en Unidad Editorial confluyen propiedad extranjera opaca para el lector, alta dependencia de ingresos comerciales y públicos y una línea editorial abiertamente alineada con una opción política concreta.

Urbano Cairo tiene intereses claros en varios sectores, no solo en prensa. Su base de negocio original fue la publicidad. Fundó Cairo Pubblicità y desde ahí construyó una plataforma que después amplió hacia medios impresos, televisión y web. Más adelante entró en televisión comercial con La7, de la que es propietario y que también tiene un perfil de derechas, y consolidó su posición como editor de prensa al frente de RCS MediaGroup, matriz de Unidad Editorial.

También tiene un interés muy fuerte en el deporte. Es presidente y propietario del Torino FC, y además RCS gestiona activos deportivos y eventos como el Giro de Italia y otras pruebas ciclistas de gran valor comercial y de marca. En la práctica, eso significa que su influencia no se limita a vender información: también se extiende a audiencias, patrocinio, derechos, eventos y explotación comercial del deporte. No es solo un propietario de medios: es un empresario cuya actividad depende también de la venta de espacios, la organización de eventos y la explotación de activos deportivos y televisivos.

Al frente de El Mundo, como director, está desde 2022 Joaquín Manso. Un periodista de la casa cuyo historial lo dice todo: encarna una línea editorial que combina una visión muy favorable del PP como partido en auge y alternativa central al sanchismo con una hostilidad sostenida hacia el PSOE y, en particular, hacia Pedro Sánchez.

Detrás de Atresmedia, el conglomerado audiovisual del que dependen la televisión privada más vista de España (Antena 3), el canal de sello progresista La Sexta y la emisora de radio Onda Cero, una de las referencias en algunas franjas horarias para la derecha española, hay dos familias. La primera es de aquí y tiene tres ramas que parten del tronco original que en su día representó el fundador del Grupo Planeta, José Manuel Lara, barcelonés de adopción y fallecido en 2003. La otra familia, De Agostini, es italiana, también tiene un origen editorial y hace años que comparte negocios con sus socios españoles.

En el grupo español se dan cita los nietos del fundador a través de tres linajes: los Lara García (hijos de José Manuel Lara Bosch: José Manuel, Pablo, Marta y Ángela); los Lara Hoces (hijos de Fernando Lara Bosch: Fernando y Patricia) y los Falcó Lara (hijos de Inés Lara Bosch: Laura y Juan).

Cada una de estas tres ramas ostenta aproximadamente un tercio (33%) del capital de Planeta. Esta estructura procede de la división inicial del fundador entre sus cuatro hijos: José Manuel y Fernando (26% cada uno), e Inés y Maribel (24% cada una). Con el fallecimiento de Fernando (1995), José Manuel (2015) y Maribel (2023, sin descendencia), sus participaciones se han repartido entre las ramas vivas, quedando con un tercio cada una.

En noviembre de 2023, los Lara García pusieron a la venta su tercio (33%). Encargaron la operación al banco de inversión Morgan Stanley, con una valoración de alrededor de 900 millones de euros para ese paquete, lo que implicaría una valoración total del grupo Planeta de 2.700 millones.

La decisión, según fuentes periodísticas, generó un conflicto familiar con las otras dos ramas (Lara Hoces y Falcó Lara), temerosas de una posible entrada de un socio externo en el grupo. De momento no hay constancia de que la venta se haya consumado. O de que los Lara García hayan desistido de la venta.

De Agostini, la familia italiana con la que los Lara llevan asociados desde 1982, es un holding multinacional presente en edición, coleccionables, hobbies, medios, televisión y entretenimiento. El grupo cotiza en bolsa y está controlado por la familia Drago; en su cuarta generación, la dirección estratégica y operativa la encabezan dos hermanos, Enrico y Nicola Drago, que lideran conjuntamente el holding con una estructura de gobernanza dual. Enrico se responsabiliza de los sectores de loterías y juegos, así como de todas las actividades financieras del grupo; Nicola, por su parte, dirige la división editorial y educativa, el sector sanitario y los medios de comunicación, incluidas sus participaciones en Banijay (un grupo europeo de producción y distribución de contenidos audiovisuales, con sede en Francia) y Atresmedia.

Planeta y De Agostini controlan Atresmedia a través de una sociedad instrumental llamada Grupo Pasa Cartera, que posee, según la web del grupo audiovisual, el 41,7% de las acciones. Un 15,1% está en manos de UFA/RTL, la puerta de entrada en España del Grupo Bertelsmann, el gigante alemán de medios, propietario de docenas de canales de televisión y radios en Europa, que utiliza la combinación RTL-UFA como vehículo societario.

El resto de las acciones (42,95%), siempre según la escasa información publicada por Atresmedia en su web, está en manos de “empresas”. Un bloque amplio, al parecer, de participaciones repartidas entre multitud de fondos, gestoras e inversores minoristas. Es el colchón de mercado que mantiene su condición de compañía cotizada: acciones en manos del mercado, no controladas por un solo grupo, que dan liquidez al valor y permiten la entrada y salida de nuevos inversores, pero que no configuran, hoy por hoy, un centro de mando en el gobierno de la compañía.

Nada de esta información está disponible en las webs de Antena 3 o de Onda Cero, y solo figura de forma muy incompleta en la de la matriz, Atresmedia. Ninguna de ellas publica de forma directa, clara y fácilmente accesible quiénes son los dueños de estos medios, las personas físicas que tienen la última palabra, como exige el Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA, por sus siglas en inglés).

El artículo 6 de esta norma europea, que entró en vigor en agosto de 2025, establece que los prestadores de servicios de medios deben hacer fácil y directamente accesible información actualizada sobre su nombre legal, sus propietarios directos e indirectos, sus beneficiarios efectivos y el dinero que reciben por publicidad institucional.

En la práctica, eso significa que un medio no puede limitarse a decir “somos independientes” o “pertenecemos a tal grupo”: debe identificar con claridad quién está detrás, quién tiene una participación capaz de influir en las decisiones estratégicas y si hay propiedad pública directa o indirecta. El mismo artículo del EMFA añade que los medios de noticias y actualidad deben adoptar medidas para salvaguardar la independencia editorial y para revelar posibles conflictos de interés.

Una de las informaciones que están obligados a hacer pública es la publicidad institucional que reciben. El Gobierno reveló hace unos días que Atresmedia es el segundo grupo que más dinero por este concepto ingresó del Ejecutivo en 2025: 8.929.631 euros (12,19% del total invertido). Pero apenas se sabe nada de lo que obtienen de comunidades autónomas, ayuntamientos y diputaciones provinciales. 

Ese detalle no aparece en las webs de Antena 3 o en la de La Sexta, pese a que es obligatorio, en aplicación del EMFA. Pero sí en la de Onda Cero, que especifica, en un enlace escondido al pie de su página principal, que el importe anual de fondos públicos en publicidad para medios de comunicación del Grupo Atresmedia ascendió en el ejercicio 2025 “a la cantidad de 34.320.836 euros, que representan el 3,424% sobre el total de los ingresos del Grupo, procediendo un 3,422% de autoridades españolas y un 0,003% de autoridades de terceros países”. De lo que se deduce que el año pasado Atresmedia recibió casi tres veces más dinero de administraciones autonómicas y locales que del Gobierno de España.

Al frente de Atresmedia hay un triángulo: el presidente del consejo, José Creuheras, que también preside el Grupo Planeta; Javier Bardají, que es el consejero delegado; y el miembro del consejo de administración Mauricio Casals, conocido por el sobrenombre de “el príncipe de las tinieblas”, por su extraordinaria capacidad de influencia en la política, la economía y los medios. 

Casals preside la otra pata mediática de Planeta, el diario La Razón, uno de los más significados en el ecosistema de la derecha a pesar de sus cifras de difusión relativamente modestas (ocupa el puesto 17º en el ranking de diarios, según el último EGM). La Razón tiene como director a Francisco Marhuenda, exdiputado del PP en Cataluña y asesor de Mariano Rajoy durante su etapa como ministro. Y tampoco publica quiénes son sus dueños ni la publicidad de origen público que recibe.

La influencia mediática de Atresmedia depende directamente de Antena 3, que no solo es la cadena de televisión más vista del país, además del negocio más rentable de la compañía, sino que algunos de sus programas, en particular los de más audiencia, El Hormiguero y el informativo de la noche, presentado por Vicente Vallés, son una referencia clave para la derecha.

Otra cosa es La Sexta, formalmente de orientación progresista, cuyas cifras de audiencia están cayendo progresivamente desde hace tiempo. En la temporada 2025-2026 ha perdido seis décimas y se ha quedado en un 6% de cuota, lo que supone tener que hacer frente a una realidad traumática: haber sido adelantada por Cuatro, del grupo rival Mediaset, por primera vez en doce años.

El negocio de Atresmedia se extiende a otras cadenas de TDT –Neox, Nova, Mega, y Atreseries–, además de a Atresplayer, Flooxer y Atresmedia Digital como marcas de televisión, plataforma bajo demanda y contenidos online, respectivamente. Poseen también la productora Atresmedia Cine —a través de la filial DeAPlaneta Entertainment, que produce y distribuye películas, series de televisión y contenido de animación a nivel global— y las emisoras musicales Europa FM y Melodía FM, aunque en este campo su gran apuesta es la generalista Onda Cero, la tercera radio con más audiencia de España (algo más de dos millones de oyentes, según el EGM).

Más allá de ese perímetro, su negocio comercial se extiende a Atresmedia Publicidad y Atresmedia Diversificación, junto con Atresmedia Internacional, Atresmedia Cine, Atresmedia Studios y Atresmúsica.

El año pasado entró con fuerza en el sector de la publicidad exterior con la adquisición de uno de los actores más relevantes, la compañía Clear Channel, con una presencia muy fuerte en mobiliario urbano y centros comerciales y pionera en la digitalización de soportes en Madrid y Barcelona. Atresmedia se la quedó por unos 115 millones de euros, después de que Competencia bloquease su adquisición por parte de JCDecaux, tras la decisión de su matriz estadounidense de salir del mercado español.

La decisión de Atresmedia de diversificar sus soportes publicitarios encaja con el retraimiento del mercado de anuncios en las televisiones privadas producido en 2025.

El Grupo Planeta y sus intereses, sin embargo, se extienden mucho más allá de lo mediático. Es el primer grupo editorial y de comunicación en el mercado de habla hispana, con una posición muy destacada tanto en la edición de libros como en la educación superior.

El núcleo editorial cuenta con más de 70 sellos editoriales en España y América Latina —además de la cadena de librerías Casa del Libro y su plataforma de comercio electrónico— con los que libra un pulso titánico con su eterno rival, Penguin Random House. Entre ambos se calcula que controlan más del 45% y hasta el 50% de las ventas de literatura general (ficción y no ficción) en España.

Una de las divisiones que más ha crecido en las últimas décadas es la de educación superior. Incluye la Universidad UNIE (Madrid) y Universitat Carlemany (Andorra); escuelas de negocios como EAE Business School e Inesdi Business Techschool; y centros de formación profesional avanzada como iFP (Innovación en la Formación Profesional).

A través de Planeta Formación y Universidades, el grupo ha tejido una red de centros propios y en colaboración con instituciones académicas fuera de España, sobre todo en Francia, Italia, Colombia, Marruecos y EEUU. En Francia son propietarios de escuelas como EDC Paris Business School, ESLSCA Business School y el Institut Supérieur de Marketing du Luxe. Cuentan además con la Rome Business School en Italia, y universidades o centros formativos de alcance americano como BIU University (Broward International University, con sede en EEUU y orientada al público hispanohablante), además de instituciones en Colombia (ESEIT y la corporación IBERO).

El ámbito del entretenimiento y la cultura del ocio se articula principalmente alrededor de marcas como Altaya y Editorial Planeta DeAgostini, con negocios vinculados a la venta directa o el coleccionismo.

El tamaño y la diversidad de actividades de Planeta y De Agostini hace inevitables los conflictos de intereses en sus principales medios, Antena 3, Onda Cero, La Sexta y La Razón. Porque el grupo no solo informa, sino que también vive de sectores sobre los que luego emite juicio periodístico. La frontera entre negocio y redacción se vuelve más delicada cuando el mismo accionista controla medios, editorial, educación, librerías y entretenimiento audiovisual.

El primer foco de conflicto está en el sector audiovisual y mediático. Cualquier información sobre regulación de medios, competencia, publicidad institucional, audiencias o concentración audiovisual puede quedar bajo sospecha, porque afecta directamente a su propio perímetro empresarial.

El segundo foco es el sector editorial y librero. Planeta domina un amplio catálogo de sellos y mantiene una posición central en el mercado del libro en español, de modo que la cobertura sobre premios literarios, mercado editorial, distribución, ayudas públicas o políticas de lectura nunca es neutra del todo cuando el propio grupo tiene intereses tan amplios en ese ecosistema.

La tercera zona sensible es la educación superior y la formación. El grupo afirma que Planeta Formación y Universidades agrupa decenas de instituciones y programas en varios países, lo que convierte cualquier debate sobre universidades privadas, FP, acreditaciones, becas o regulación educativa en un terreno potencialmente conflictivo para sus medios. Y el trato a las instituciones que conceden autorización para estos centros de estudios, como ocurrió en Madrid con la concesión de una universidad, queda bajo sospecha.

En el caso de De Agostini, el riesgo más claro se concentra en juegos, loterías y actividades financieras. Según la información corporativa disponible, Enrico Drago asume precisamente esos sectores, junto con las finanzas del holding, mientras Nicola Drago se ocupa de edición, educación, medios y sanidad; esa combinación multiplica los cruces posibles entre intereses empresariales y cobertura informativa.

También hay un ámbito delicado en entretenimiento y producción audiovisual, porque De Agostini comparte negocios con Planeta en Atresmedia y participa en Banijay. Eso importa especialmente cuando los informativos tratan sobre la industria televisiva, la producción de contenidos, las plataformas o la competencia entre grupos, porque el medio no está observando el mercado desde fuera, sino desde dentro.

El problema de fondo sigue siendo la transparencia. El EMFA exige que la propiedad y los posibles conflictos de interés sean fácilmente accesibles para el público, porque sin esa información resulta imposible evaluar con rigor la independencia editorial de un medio.

El buque insignia de Prisa, el diario El País, fue durante años el prescriptor de la agenda de debate público en España y la base del negocio del grupo. Hoy sigue siendo el principal activo de la compañía, aunque su influencia, en un mundo digital dominado por la intermediación de las plataformas, muy polarizado y con cada vez más actores en un ecosistema informativo atomizado, es apenas una sombra de lo que fue.

El País ya solo conserva el liderazgo en el mercado residual del papel (cifras atribuidas a la Asociación de Medios de Información hablan de unas pocas decenas de miles de ejemplares vendidos, apenas la décima parte que hace 20 años), pero la Cadena SER es todavía la emisora más escuchada —el último EGM le atribuyó 4,17 millones de oyentes diarios— y la más influyente del país. La combinación de ambos medios —y la versión digital de El País, que está en el tercer puesto entre las que tienen más audiencia media diaria, 2,6 millones, apenas por detrás de El Mundo, según los datos de GfK DAM— sigue siendo el principal activo de Prisa. Aunque no el único.

La lista de productos del grupo incluye un diario económico (Cinco Días) y uno deportivo (As), así como el nativo digital huffingtonpost.es, creado en 2012 como una versión del original estadounidense, que en su día fue una referencia de tráfico viral en Estados Unidos. Al margen de la SER, Prisa posee un entramado de radios musicales y habladas que suma en torno a una veintena de marcas repartidas entre España y América Latina, con presencia destacada en Colombia y Chile.

En España agrupa grandes radios temáticas como Los40, Cadena Dial, Radiolé y varias emisoras de nicho por géneros y épocas. En Colombia opera, entre otras, Caracol Radio (información generalista) y W Radio (información y análisis). En Chile reúne ADN Radio (actualidad y deportes) y otras ocho emisoras que cubren desde música popular y nostálgica hasta rock, pop y formatos de entretenimiento, humor y actualidad.

En el área audiovisual, el grupo tiene piezas más modestas: por un lado, Podium Podcast, plataforma de audio en español creada en 2016 que se ha consolidado como firma de referencia con algunos de los podcasts más escuchados, y el desarrollo de productos para grandes empresas como Titania (Banco Santander), Jules y Ren (Renault) o Sororas (Museo Thyssen). Posee además, LACOproductora, adquirida en 2022 a José Miguel Contreras, principal accionista de infoLibre y en aquel momento directivo de Prisa.

La otra gran pata del grupo es la editorial Santillana, especializada en contenidos educativos, lo que la hace muy dependiente de las decisiones de los gobiernos en materia de enseñanza. Opera en 19 países.

La transparencia sobre la propiedad no es el fuerte del grupo. El artículo 6 del Reglamento Europeo de Libertad de Medios, que entró en vigor en agosto de 2025, establece que los prestadores de servicios de medios deben hacer fácil y directamente accesible información actualizada sobre su nombre legal, sus propietarios directos e indirectos, sus beneficiarios efectivos y el dinero que reciben por publicidad institucional.

En la práctica, eso significa que un medio no puede limitarse a decir “somos independientes” o “pertenecemos a tal grupo”: debe identificar con claridad quién está detrás, quién tiene una participación capaz de influir en las decisiones estratégicas y si hay propiedad pública directa o indirecta. El mismo artículo añade que los medios de noticias y actualidad deben adoptar medidas para salvaguardar la independencia editorial y para revelar posibles conflictos de interés.

Prisa ignora esta obligación. Ni El País ni la SER publican de forma directa, clara y fácilmente accesible quién es el dueño de ambos medios y se limitan a enlazar a la web del grupo. Allí tampoco detallan la propiedad y enlazan, a su vez, a la CNMV, con la excusa de que se trata de una sociedad cotizada.

De acuerdo con estos datos, actualizados por última vez en mayo de 2026, Prisa está bajo el control del empresario francoarmenio Joseph Oughourlian. Tiene bajo su mando aproximadamente el 30% de las acciones, bien directamente o a través de Amber Capital UK LLP —un fondo de inversión especializado en adquirir empresas de cualquier sector, recortar gastos y revenderlas con pingües beneficios, lo que se conoce como fondo buitre—, de Oviedo Holdings S.à r.l. —una sociedad luxemburguesa gestionada por Amber— o de Amber Capital Investment Management ICAV–Amber Global Opportunities Fund.

La figura del tiburón financiero francoarmenio levanta suspicacias desde el punto de vista de la independencia informativa. Pero el segundo gran accionista de Prisa es todavía más inquietante. Vivendi, la multinacional francesa de medios y entretenimiento propiedad del empresario de ultraderecha Vincent Bolloré, posee un 11,7%. Aunque no es el accionista mayoritario —hace años que quiere serlo y solo se lo ha impedido el veto del Gobierno de Pedro Sánchez—, ese porcentaje le otorga una posición muy relevante como socio de referencia, con peso en alianzas industriales y en la orientación del grupo hacia determinados mercados audiovisuales y digitales. 

En la mesa donde se toman las decisiones en Prisa están también otros socios minoritarios, pero significativos: los propietarios del holding Global Alconaba SL, que controla un 7,07% y está ligado a intereses financieros españoles liderados por Andrés Varela Entrecanales; el jeque catarí Khalid Thani Abdullah Al Thani, con un 3,3%; Rucandio SA, de la que es socio Timón SA, el vehículo desde el que los herederos del fundador de El País, Jesús de Polanco, gestionan su presencia en el grupo, y que conserva un 7,6% de los derechos de voto; Control Empresarial de Capitales SA, el holding de inversión de la familia del magnate mexicano Carlos Slim, posee un 7%; el Banco Santander (4,1%) y el empresario Adolfo Utor (4,9%), propietario de Baleària.

Estos son los dueños de Prisa y, por tanto, de El País y de la SER. Aunque, en realidad, Oughourlian nada puede hacer sin el visto bueno de Pimco, el principal acreedor de la compañía, porque cerró 2025 con una deuda neta de 757 millones de euros.

Pimco (Pacific Investment Management Company), gestora de bonos y deuda fundada en California en 1971, forma parte del ecosistema financiero de Allianz, uno de los grandes grupos aseguradores y de gestión de activos del mundo, con base en Alemania (cotiza en la Bolsa de Fráncfort). El principal accionista institucional de Allianz, con un 8,33% de la propiedad, es BlackRock, la mayor gestora de activos del planeta, que dirige desde Nueva York Larry Fink, el hombre más poderoso de los mercados financieros globales.

Amber, el fondo buitre que dirige Oughourlian y controla Prisa, es dueño también de un entramado de participaciones en empresas de Francia, España, Italia y América Latina que obliga a leer entre líneas cualquier información de El País, la SER o Cinco Días sobre los sectores en los que operan dichas compañías.

En Francia ha tenido participaciones en grandes empresas como Nexans (fabricante de cable eléctrico), donde su actuación fue clave para cambiar al presidente y consejero delegado en 2014; Suez (grupo de agua y residuos), donde presionó para que vendiera su filial española Agbar; Solocal (servicios digitales), donde forzó una reestructuración de deuda en 2017; y Lagardère (grupo mediático propietario de Europe 1, Paris Match y la editorial Hachette), donde su 18% de participación fue determinante para que Vivendi pudiera hacerse con el control del grupo y le reportó cerca de 600 millones de euros de plusvalías.

En España, su apuesta más significativa y reciente es Indra, la tecnológica y de defensa española. Entró en junio de 2022 con un 4,18% del capital (70 millones de euros invertidos), duplicó su posición hasta el 7,24% en 2023 (12,78 millones de títulos, valorados en 150 millones de euros), y en febrero de 2026 vendió cerca del 2% con una plusvalía de 140 millones de euros, ya que las acciones habían pasado de 10 a más de 50 euros. El Gobierno español había autorizado en septiembre de 2022 la entrada de Amber con un límite del 9,9%.

En 2024, el Consejo de Ministros validó también su entrada Applus, la empresa de inspección técnica de vehículos (ITV), donde lanzó una OPA de 1.258,4 millones de euros. Antes de eso, en 2010, Amber Capital había invertido en Ence (papelera), CIE Automotive (automoción) y Tubacex (tubos de acero).

También tiene inversiones en el sector de las telecomunicaciones, con participaciones en Telecom Italia y Telefónica, y en el sector bancario, con acciones en UniCredit SpA. Y en el ámbito deportivo, Oughourlian es propietario o copropietario de cuatro clubes: el Millonarios FC (Colombia, con más del 85 %), el RC Lens francés (que compró junto con otros inversores, incluido el Atlético de Madrid), el Calcio Padova (Italia) y el Real Zaragoza (España).

La estrategia a medio y largo plazo de Oughourlian en Prisa es un misterio. El presidente de Prisa sostiene que quiere permanecer en la empresa a medio y largo plazo, en contra de la práctica habitual de Amber. Son muchos en el sector de la comunicación en España los que creen que, en realidad, solo está esperando vender la compañía a un precio que le permita recuperar con ganancias lo que ha invertido en ella, para lo cual necesita un gran grupo con mucho dinero disponible y mucho interés en abrirse paso en España. Algo que solo está al alcance de muy pocos actores internacionales, entre los que destaca Vivendi.

Hay que tener en cuenta que el grupo cerró mal 2025. Al margen de la deuda viva, facturó mucho —904 millones de euros—, pero terminó el año con 27 millones de pérdidas netas. Es verdad que Prisa Media —la división de medios— y Santillana siguieron generando actividad y caja, pero el resultado final se vio afectado por indemnizaciones, cambios de divisa y otros efectos extraordinarios. En otras palabras: vendió y trabajó mucho, pero al final no le quedó beneficio alguno.

Oughourlian, sin embargo, es optimista a corto plazo. En la junta general de accionistas de junio prometió que la compañía cerrará 2026 con unos ingresos de más de 1.000 millones de euros y un margen de beneficios antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones que estará entre el 18% y el 19% de esa cifra.

Prisa es el principal receptor del dinero que fluye desde el Gobierno hacia los medios en forma de publicidad institucional —sin tener en cuenta la publicidad comercial—, según los datos hechos públicos por la Secretaría de Estado de Comunicación en cumplimiento de la legislación europea. En 2025 recibió 12.178.931 euros, el 16,63% de la inversión total por grupos, por delante de Atresmedia-Planeta (8.929.631 euros; 12,19%) y Mediaset España (5.756.090 euros; 7,86%).

La opacidad de comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos hace imposible saber cuánto dinero adicional recibió este grupo —y todos los demás— por parte del resto de administraciones públicas.

Las mujeres representan la mitad de la población española, pero firman menos de tres de cada diez columnas de opinión en los diez principales medios digitales del país. Un recuento de los columnistas activos durante la semana del 19 al 25 de junio en diez de las cabeceras con mayor audiencia media diaria según GfK Media —de El Mundo a La Razón— arroja 83 mujeres sobre un total de 305 columnistas identificados: el 27,2%.

La cifra supera ligeramente la que la consultora Planner Media registró en sus dos primeras ediciones del informe ColumnistAs, presentado por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) en 2018 y 2019, cuando la presencia femenina en columnas y tribunas de 25 periódicos españoles se situaba en el 21%. Pero la mejora es modesta: siete años después, y con datos propios de esta semana, ninguno de los diez medios analizados alcanza la paridad.

El medio con mayor porcentaje de columnistas mujeres es elespanol.com, con un 40% —cuatro de diez firmas—, seguido de eldiario.es, con el 37,5%. Ambos responden a perfiles editoriales muy distintos: elespanol.com fue fundado en 2015 por Pedro J. Ramírez, exdirector y fundador de El Mundo, con una línea claramente de derechas, mientras que eldiario.es —fundado tres años antes por Ignacio Escolar, a partir de las ruinas del desaparecido diario Público—, se posiciona en la zona izquierda del espectro. El País, cabecera insignia del grupo Prisa, dirigida hoy por Jan Martínez Ahrens tras la destitución de Pepa Bueno en junio de 2025, ocupa la tercera posición con el 36,5% de firmas femeninas sobre 63 columnistas analizados.

En el extremo opuesto se sitúa elconfidencial.com, con solo dos mujeres entre 20 columnistas: el 10%. El medio, creado en 2001 —acaba de celebrar su 25 aniversario—, de orientación liberal-conservadora, es el que presenta la brecha más amplia de los diez analizados. Le siguen okdiario.com —17,6%— y La Razón —19,4%—. Okdiario.com fue fundado por Eduardo Inda, también exdirector de El Mundo, en 2015, con una línea editorial marcadamente de derechas. La Razón pertenece al Grupo Planeta, está dirigida por Francisco Marhuenda y en noviembre cumplirá 28 años.

Los cuatro medios con menor representación femenina —elconfidencial.com (10%), okdiario.com (17,6%), La Razón (19,4%) y Abc (24,3%)— tienen todos orientación de derecha, derecha extrema o derecha liberal. Abc, del grupo Vocento y dirigido por Julián Quirós, publica a nueve mujeres entre 37 columnistas. El Mundo, del grupo italiano RCS MediaGroup, y dirigido por Joaquín Manso, comparte ese mismo 24,3%.

Pero la tendencia no se invierte del todo en el otro extremo ideológico. El diario catalán El Periódico, propiedad de la cadena regional Editorial Prensa Ibérica, del empresario Javier Moll, y con orientación de centro-izquierda, alcanza el 25,6%. 20 Minutos —en manos del grupo Henneo, propiedad a su vez de la familia Yarza, que posee el Heraldo de Aragón,  con Fernando de Yarza López-Madrazo al frente— con perfil de derecha moderada, llega al 28,6%. Ningún medio de izquierda o centroizquierda de la muestra supera el 40%.

El informe ColumnistAs de Planner Media ya detectó hace siete años que las secciones con mayor presencia de opinión femenina eran Estilo de vida, Educación y Sociedad, mientras que los contenidos de política —los más jerarquizados en las portadas— registraban la menor representación femenina. Los datos recogidos esta semana por infoLIbre no permiten desglosar por sección, pero la distribución general apunta en la misma dirección: la opinión política, núcleo de las páginas de opinión de todos los medios analizados, sigue siendo un espacio mayoritariamente masculino.

La brecha en las columnas de opinión reproduce una desigualdad más amplia en el sector. El informe sobre mujeres y liderazgo en los medios informativos del Reuters Institute, publicado en 2024, señaló que apenas el 24% de las jefaturas de 240 grandes medios en 12 mercados estaban en manos de mujeres, pese a que ellas representaban en promedio el 40% del total de periodistas en esos mismos mercados.

Más allá de eso, y pensando en las lectoras, los datos de GfK del mes de abril sitúan a El Mundo en cabeza de audiencia media diaria con 2,6 millones de lectores, seguido de elespanol.com y El País (2,49 millones cada uno), elconfidencial.com (1,77 millones) y okdiario.com (1,75 millones), pero no existen datos públicos desglosados por sexo en la medición de audiencia diaria de medidor para estos medios. 

No obstante, el Digital News Report España 2026, elaborado por la Universidad de Navarra para el Reuters Institute a partir de una encuesta realizada a 2.008 adultos a finales de febrero de 2026, sí permite observar patrones de consumo diferenciados. Las mujeres consumen noticias en proporciones similares a los hombres, pero los medios que más voces femeninas ofrecen en sus páginas de opinión no son necesariamente los que lideran la audiencia.

El informe ColumnistAs subrayó en su día que en los contenidos sobre ciencia, deporte y economía la presencia masculina rozaba el 90%. La columna de opinión generalista —el formato más visible y mejor pagado del periodismo de ideas— sigue siendo, siete años después, un espacio donde la voz de la mitad de la población llega con cuentagotas.

El recuento de esta semana no es una fotografía definitiva: los columnistas rotan, algunos escriben con periodicidad irregular y la muestra puede variar semana a semana. Pero la consistencia del patrón —ningún medio por encima del 40%, ocho de los diez por debajo del 30%— sugiere que el desequilibrio no es accidental ni coyuntural. Es estructural.

La arquitectura del poder en Galicia no se sostiene únicamente sobre los pilares del Parlamento o de la sede administrativa de San Caetano, en Santiago de Compostela, sino sobre una red invisible y capilar que ha logrado, a lo largo de casi 40 años, domesticar el cuarto poder hasta convertirlo en una extensión de la comunicación institucional.

Lo que en ciencia política se denomina captura mediática ha dejado de ser en esta comunidad una anomalía para transformarse en un sistema perfeccionado de supervivencia mutua entre la clase política y los grandes grupos editoriales. Un fenómeno que hunde sus raíces en la era de Manuel Fraga y que ha demostrado una resistencia asombrosa a los cambios de signo político. Ni siquiera el breve paréntesis de cuatro años del gobierno de coalición entre el Partido dos Socialistas de Galicia (PSdeG-PSOE) y el BNG logró desmantelar este engranaje; por el contrario, los datos de aquel periodo revelan que se mantuvo el uso masivo de figuras jurídicas discrecionales para seguir regando con dinero público las redacciones de los medios dominantes.

Esta estructura de sometimiento no se apoya en un solo mecanismo, sino que despliega un abanico de vías de financiación que van desde la publicidad institucional directa hasta convenios de colaboración discrecionales, los patrocinios y también los contratos para la realización de programas a través de la televisión pública, conformando un círculo cerrado de retroalimentación financiera que pervierte las reglas del libre mercado y vulnera de forma sistemática el espíritu y la letra del Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA, por sus siglas en inglés), en vigor desde hace casi un año.

El pilar fundamental de este modelo de control es la arbitrariedad en el reparto de los fondos. Una práctica que ha permitido a la Xunta de Galicia actuar como el principal anunciante y financiador de facto de la prensa privada.

No existen datos cerrados, completos y sistemáticos año a año, porque el Ejecutivo autonómico oculta cuidadosamente las cantidades y solo afloran, de manera parcial, cuando medios independientes lo solicitan aplicando la legislación sobre transparencia.

Durante la última etapa de la Presidencia de Alberto Núñez Feijóo, por ejemplo, la administración gallega llegó a distribuir al menos 12 millones de euros solo a través de la figura del convenio de colaboración bilateral, un camino rápido que permite otorgar dinero público a dedo eludiendo las exigencias de competencia, publicidad y libre concurrencia que marca la Ley de Contratos del Sector Público.

Estos acuerdos, cuyos textos completos a menudo permanecen ocultos al escrutinio ciudadano, se justifican bajo conceptos tan vagos como el interés general o la promoción de la identidad cultural, pero su objeto real es la inserción de campañas que, por ley, deberían haber sido licitadas de forma transparente y abierta. La asimetría en este reparto histórico es escandalosa: la Corporación Voz de Galicia lideró la recepción de estos fondos con 2,6 millones de euros, seguida por el grupo Editorial Prensa Ibérica y la propia Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia (CSAG) —antes conocida como CRTVG y titular de la radio y la televisión autonómicas—, que a pesar de ser pública compite con los medios privados por estas inyecciones de liquidez. Es un sistema de dopaje financiero donde las empresas beneficiarias rara vez aportan recursos propios, desnaturalizando la figura de la colaboración no lucrativa para convertirla en un contrato de servicios encubierto.

La llegada de Alfonso Rueda a la Presidencia no solo no ha supuesto una moderación en estas prácticas, sino que ha intensificado el flujo de dinero directo a las empresas de comunicación a través de los llamados contratos menores.

Entre enero de 2025 y enero de 2026, la Xunta de Rueda adjudicó más de 14.300 euros al día en publicidad y suscripciones mediante más de mil licitaciones sin concurso, una fórmula que permite fragmentar el gasto para evitar los controles parlamentarios y asegurar un riego constante de liquidez a los medios afines.

Bajo su mandato, el gasto diario en contratos menores ha crecido un 35% en comparación con la era Feijóo, consolidando un modelo donde el presupuesto público funciona como una línea de vida para cabeceras que el mercado privado, por su cuenta, no sostendría.

Además, Rueda ha expandido este radio de influencia hacia Madrid, para dar soporte a Feijóo, destinando cerca de 600.000 euros en poco más de un año a diarios, radios y portales digitales de línea editorial conservadora o ultraconservadora con nula o escasa implantación en Galicia, lo que sugiere una estrategia de compra de imagen a nivel nacional con fondos de los contribuyentes gallegos.

Otro de los mecanismos más sutiles y eficaces para este control es el dopaje de las cifras de difusión. Dado que el reparto de las subvenciones ordinarias y la publicidad institucional se rige técnicamente por criterios objetivos de audiencia, la Xunta interviene directamente en el mercado comprando masivamente ejemplares de los principales periódicos.

Estas miles de copias se distribuyen gratuitamente en colegios, institutos y dependencias administrativas, permitiendo a las empresas editoras inflar artificialmente sus números de venta y lectores. Este círculo vicioso garantiza que los mismos grupos mediáticos que reciben el favor gubernamental puedan justificar legalmente la percepción de mayores ayudas en el ejercicio siguiente, bloqueando la entrada de nuevos actores y asfixiando a los medios que optan por la independencia o por el uso exclusivo de la lengua gallega, los cuales reciben apenas una fracción marginal del presupuesto total.

Gracias a este flujo constante de dinero, en Galicia sobreviven en la actualidad una docena larga de cabeceras de papel —una cifra desproporcionada para el tamaño de la comunidad—, la mayoría de ellas con tiradas minúsculas.

La captura mediática en Galicia no se limita a la prensa escrita; tiene en la CSAG su mayor buque insignia de propaganda y un canal indirecto de financiación para el sector privado afín. La televisión pública ha sido denunciada reiteradamente por su utilización obscena como instrumento de partido, llegando al extremo de reproducir textualmente en sus informativos el argumentario del Partido Popular y ocultar sistemáticamente cualquier noticia que pueda perjudicar al gobierno.

La dependencia económica de los medios privados tiene consecuencias directas sobre la formación de una opinión pública libre y el derecho fundamental a recibir información veraz. Los convenios que firma la Xunta con los grandes medios comprometen seriamente la independencia editorial. Bajo la cobertura de contenidos de interés general, se cuelan reportajes patrocinados que promueven una percepción favorable de la situación económica o avalan proyectos industriales controvertidos, como la minería o las macroinstalaciones energéticas, convirtiendo a los periódicos en meros altavoces de la administración. 

Este sistema de compraventa de información genera un efecto anestesiante sobre la sociedad gallega, donde los grandes escándalos son desenfocados o directamente ocultados para proteger al poder político.

El ejemplo más paradigmático de este silenciamiento mediático se produjo tras la publicación, en las páginas de El País, de las fotografías de Alberto Núñez Feijóo con el narcotraficante Marcial Dorado. La respuesta del engranaje de la Xunta fue inmediata: una inyección masiva de fondos a través de subvenciones que sirvió para acallar definitivamente el asunto en la prensa autonómica, garantizando que un escándalo de dimensiones nacionales tuviera un impacto limitado en el electorado gallego.

Este tipo de intervenciones demuestra que el dinero público no se utiliza para fomentar el pluralismo, sino para construir un blindaje mediático que permite a los dirigentes sestear en el poder al margen del control social. El resultado es una democracia dopada, donde el partido en el gobierno acude a las elecciones con una ventaja injusta proporcionada por los medios que él mismo sostiene con el dinero de todos.

La situación de Galicia es especialmente grave si se compara con otros territorios con lenguas propias en España y con los estándares europeos. Mientras que comunidades como Cataluña o el País Vasco destinan presupuestos millonarios específicamente para proteger la prensa en su idioma, en Galicia los medios escritos íntegramente en gallego sobreviven con migajas, obligados a competir en igualdad de condiciones de audiencia con los grandes emporios escritos en castellano que cuentan con el respaldo incondicional de la administración.

Esta asimetría ha llevado a organismos internacionales como la Asociación Europea de Diarios en Lenguas Minorizadas (Midas) a calificar la situación gallega como la peor de toda Europa en materia de protección de la prensa en lenguas minorizadas.

En la actualidad, este modelo de gestión opaca choca frontalmente con la normativa europea. El Reglamento Europeo de Libertad de Medios exige que las administraciones publiquen con absoluta transparencia todas las transferencias financieras a las corporaciones editoriales y que el reparto se base en criterios científicos y no discrecionales.

Galicia, sin embargo, carece de una ley autonómica de publicidad institucional que regule de manera transparente este reparto, después de múltiples promesas incumplidas de los sucesivos presidentes de la Xunta. La ausencia de un registro de medios independiente y la falta de datos detallados sobre cuánto dinero recibe exactamente cada cabecera y por qué conceptos sitúan a Galicia en una posición de rebeldía frente a las directrices comunitarias destinadas a proteger la independencia de la prensa frente a la injerencia estatal.

La captura de los medios en Galicia, que nació con Manuel Fraga en la Presidencia y se consolidó después con Feijóo al frente de la Xunta, se ha convertido, a lo largo de 40 años, en un sistema de corrupción legalizada que ha pervertido las reglas del mercado y ha erosionado la calidad democrática de la comunidad. Al convertir a los periódicos en dependientes de la subvención y del contrato menor, se ha destruido el incentivo para el periodismo de investigación y la fiscalización del poder.

En 2024, RTVE vivió un año de inestabilidad institucional casi sin precedentes: tuvo tres presidencias distintas —Elena Sánchez, destituida el 26 de marzo tras la crisis por el fichaje de David Broncano; Concepción Cascajosa, elegida al día siguiente como interina y con poderes ejecutivos plenos desde mayo por aval del Tribunal Supremo; y José Pablo López, nombrado por el Congreso el 28 de noviembre con mandato fijo de seis años—, además de una reforma legal de fondo,que amplió el consejo de administración de 10 a 15 miembros, rebajó la mayoría necesaria para elegirlos y cambió la retribución de los consejeros de dietas simbólicas a sueldos fijos de entre 105.000 y 125.000 euros anuales. 

Todo ello mientras el coste neto del servicio público subía a 1.194,87 millones de euros (123,7 millones más que en 2023) y el pluralismo informativo se deterioraba en varios de sus programas insignia, según el informe que acaba de publicar la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para evaluar el cumplimiento de las obligaciones de servicio público de RTVE durante 2024. 

Según el regulador, que por ley está obligado a supervisar a RTVE, cada ciudadano pagó aquel año de media 2,01 euros al mes por el sostenimiento de RTVE, 18 céntimos más que en 2023. Y la deuda pendiente de cobro con la Agencia Tributaria, que paralizó las devoluciones del IVA soportado, pasó de 530,6 a 606,5 millones de euros entre ambos ejercicios.

La cifra tiene el valor que tiene, porque se refiere a la RTVE de hace dos años, en la que el nuevo modelo dirigido por José Pablo López apenas había comenzado su andadura, pero el informe otorga a la corporación una puntuación global de 3,09 sobre 4, lo que supone un cumplimiento satisfactorio de sus obligaciones de servicio público durante 2024, tal y como las fija el Mandato-marco y la normativa audiovisual. Es una nota que se reparte entre 3,04 para las obligaciones de servicio público, 3,01 para los contenidos programáticos, 3,16 para la promoción cultural y 3,67 para la gestión interna.

La CNMC reprocha a Radio Nacional de España que ese año mantuviese, una vez más, su negativa a facilitar al supervisor ningún dato sobre el reparto de tiempo de palabra entre Gobierno y oposición en sus informativos. El propio informe lo describe como un incumplimiento de la obligación de pluralismo político.

En televisión, los datos dibujan un panorama desigual según el programa. Los informativos diarios de TVE se acercaron al equilibrio en 2024, con un 50,20% de tiempo de palabra para el Gobierno frente al 49,80% de la oposición. Un año antes, la diferencia había sido de siete puntos a favor del Ejecutivo.

Ese acercamiento, en cambio, no se repite en otros espacios. En Informe Semanal, el Gobierno concentró en 2024 el 68,26% del tiempo de palabra frente al 31,74% de la oposición. La diferencia, de más de 36 puntos, creció 7,78 puntos respecto al año anterior.

En La hora de La1, la presencia del Ejecutivo pasó del 50,90% al 60,12% en un solo año. En cambio, en La noche en 24 horas la oposición se mantuvo en ventaja, con el 54,49% de la presencia frente al 45,51% del Gobierno.

De los cinco principios que exige el Mandato-marco a la actividad informativa de RTVE, dos obtienen las peores notas de todo el informe. El rigor logra un 1,86 sobre 4 y la imparcialidad, un 2,23. Son las puntuaciones más bajas del documento. El informe basa esas dos puntuaciones en un análisis cualitativo de casos concretos detectados durante el año, no en una fórmula numérica como la del tiempo de palabra. 

Entre los episodios que cita el documento están la edición de unas declaraciones de agricultores en una protesta, que suprimió parte del contenido crítico; las declaraciones del presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo emitidas sin contexto suficiente; una entrevista al fiscal general del Estado señalada por falta de neutralidad; la polémica de Inés Hernand en la gala de los Goya; un comentario de Anne Igartiburu sobre Aida Nízar; y el silencio de RNE ante la dimisión de la periodista Montserrat Boix, que la cadena no informó. A partir de esa acumulación de incidentes, la CNMC concluye que el rigor y la imparcialidad son los dos principios peor cumplidos de todo el informe.

Para valorar independencia, neutralidad, imparcialidad y rigor, la CNMC no investiga por su cuenta, sino que “analiza los informes de los Consejos de Informativos de TVE, RNE (...) y Digital” y a partir de ahí selecciona “las más relevantes” de las denuncias internas que esos consejos ya habían presentado durante el año.

Los contenidos informativos ocuparon en 2024 el 22,79% de la programación de TVE y el 20,42% de la de RNE. Ambas cifras son las más bajas desde que la CNMC empezó a medirlas en 2021.

La corporación tampoco alcanzó el porcentaje de producción interna que exige el Mandato-marco para su oferta generalista. La norma fija un mínimo del 60% y RTVE se quedó en el 54,34% en 2024. Para los programas de género divulgativo y de entretenimiento, el objetivo del 55% se incumplió en los tres cuatrimestres del año, con un resultado del 46,10%.

En accesibilidad, Teledeporte necesitaba emitir 780 horas anuales con audiodescripción y sumó apenas 124,78. El propio informe reconoce que el canal se queda muy lejos de conseguir el mínimo exigido.

La emisión en lenguas cooficiales distintas del castellano se limitó, en los canales lineales, al catalán, con un 6,16% del tiempo. Euskera, gallego, valenciano y aranés no registraron ninguna emisión.

La Defensora de la Audiencia gestionó 14.550 comunicaciones durante el año, un 50% más que en 2023. Entre los motivos que explican el repunte figuran la cancelación de un programa de Radio Nacional y las quejas por falta de subtitulado y de audiodescripción, que se repiten cada año.

La plantilla de la corporación bajó de 6.904 a 6.770 empleados, la primera caída en tres años. El fomento de la igualdad de género, con una brecha salarial que se redujo del 6,30% al 3,90%, obtuvo aun así la segunda puntuación más baja de todo el capítulo dedicado a las obligaciones de servicio público.

El ejercicio que evalúa el informe fue, dentro de RTVE, un año de inestabilidad institucional. La corporación tuvo tres presidencias distintas y vivió una reforma legal que cambió las reglas con las que se elige a su cúpula directiva.

Elena Sánchez ejercía la presidencia interina desde septiembre de 2022. El Consejo de Administración la destituyó el 26 de marzo de 2024, tras una crisis interna motivada por el fichaje del presentador David Broncano y el cese simultáneo del entonces director de Contenidos, José Pablo López.

Al día siguiente, el Consejo eligió como presidenta interina a Concepción Cascajosa, para un mandato inicial de seis meses. En mayo, el Tribunal Supremo avaló una reforma de los estatutos que le otorgó poderes ejecutivos plenos, ante el bloqueo del propio órgano.

Para desatascar esta situación, el 22 de octubre, el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 5/2024, que modificó la Ley 17/2006 de la radio y la televisión de titularidad estatal. La norma amplió el Consejo de Administración de 10 a 15 miembros y rebajó la mayoría necesaria para elegirlos, de dos tercios a mayoría absoluta en segunda vuelta. Un cambio que hoy chocaría frontalmente con el Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA, por sus siglas en inglés), en vigor desde agosto de 2025.

El mismo decreto sustituyó el sistema de dietas de los consejeros, que rondaba los 11.000 euros brutos anuales por persona, por un sueldo fijo de 105.000 euros, ampliable hasta 125.000 con complementos. El coste conjunto del Consejo pasó de unos 100.000 euros al año a entre 1,5 y 2 millones.

El Congreso de los Diputados nombró a José Pablo López presidente el 28 de noviembre, por mayoría absoluta en segunda vuelta. Tomó posesión el 2 de diciembre, con un mandato fijo de seis años, lo que le garantiza estabilidad hasta el 2 de diciembre de 2030, pase lo que pase en las próximas elecciones generales. El Consejo de Informativos de TVE había rechazado, meses antes, la aplicación del decreto que rebajaba las mayorías para llevar a cabo la elección.

La CNMC certifica, de nuevo, la ausencia de un Contrato-Programa entre RTVE y el Gobierno y la falta de actualización del Mandato-marco, vigente desde 2007 y prorrogado desde 2016 sin que se haya aprobado uno nuevo. El regulador repite esta advertencia en cada informe anual desde hace años.

El apartado dedicado al plan estratégico de la corporación recibe en el documento la puntuación más baja de todo el análisis, 1 sobre 4, por la inexistencia de ese contrato.

Ya hay decisión. La semana pasada, la industria de la comunicación en España cerró uno de los capítulos más determinantes para su futuro económico y editorial con una decisión que, aunque técnica en apariencia, será determinante para el futuro de los medios que viven de la publicidad. La Junta Directiva de la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC), tras una reunión extraordinaria y un proceso de deliberación publicitado como unánime, anunció que Comscore volverá a ser el medidor recomendado de las audiencias digitales en el mercado español. 

Comscore es una empresa norteamericana de medición y análisis de audiencias y consumo de medios en distintas plataformas, muy usada en el sector digital y publicitario. AIMC está integrada por diferentes grupos del sector —medios, anunciantes, agencias y consultoras—.

Para entender la magnitud de esta decisión, hay que recordar que el mercado de los medios de comunicación funciona como una gran plaza donde se compra y se vende atención y en la que el sistema de medición es la moneda oficial con la que se paga en cada puesto. Si la moneda está mal fabricada o no distingue el valor real de lo que se adquiere, toda la plaza termina distorsionada. 

Durante casi una década, esa moneda fue acuñada por Comscore, pero en 2021 el testigo pasó a manos de GfK DAM —una empresa controlada por una sociedad privada de capital riesgo con sede en Boston (Estados Unidos)—, cuyo contrato expiró recientemente, dejando un vacío que ahora Comscore vuelve a llenar con una propuesta renovada que promete adaptarse a las exigencias de transparencia y calidad que reclama el sector.

La relevancia de esta elección no es un simple asunto de despachos o de expertos en estadística, sino que afecta directamente a la sostenibilidad de los medios que consumimos cada día. 

El gran dilema que enfrentaba el concurso de la AIMC se puede explicar con una metáfora sencilla: imagina que eres un músico independiente. Cada vez que tocas en tu local de siempre, 100 personas compran entrada porque son fans de verdad: conocen tus canciones, te siguen desde hace años y vuelven concierto tras concierto. Pero además, una de tus canciones ha caído en una lista de éxitos que gestiona Spotify, y eso te genera 500 reproducciones diarias de gente que ni siquiera sabe tu nombre y que solo te escucha porque el algoritmo la puso ahí delante.

Si buscas un patrocinador para tu gira, le dirás que tienes 600 seguidores. Pero si un sello discográfico quiere saber si tu carrera es sólida a largo plazo, lo que de verdad le importa son esos cien fans fieles, porque los otros 500 dependen de que Spotify no cambie el algoritmo o decida destacar a otro artista mañana mismo.

Con los periódicos digitales pasa lo mismo: una web puede presumir de millones de visitas, pero si la mayoría llegan porque un algoritmo caprichoso de Facebook, Google o TikTok decidió mostrarlas ese día, esa audiencia es volátil y, en gran medida, prestada.

El reto que Comscore tiene por delante a partir de ahora es ser capaz de distinguir entre el “tráfico de calidad” y el simple “ruido” de clics accidentales. 

Hasta ahora, el mercado ha vivido una tensión constante entre dos formas de contar. Por un lado, sistemas como el de la antigua Comscore se centraban fundamentalmente en contar pantallas; es decir, ponían un contador en cada móvil, ordenador o tableta y registraban cada entrada, lo cual generaba el problema de que si una misma persona leía una noticia en el trabajo y luego la terminaba en el metro con su teléfono, el sistema la contaba como si fueran dos personas distintas, inflando los números totales. 

Por otro lado, sistemas como el de GfK apostaban por contar personas reales a través de un panel, una muestra de miles de individuos cuyos hábitos se estudiaban para calcular el comportamiento de toda la población, algo más parecido a lo que busca un anunciante, pero que a menudo dejaba invisibles a los medios más pequeños que no podían pagar por estar en ese estudio. 

El nuevo modelo que se ha aprobado busca ser un híbrido que combine lo mejor de ambos mundos: etiquetas técnicas instaladas en todas las webs para registrar cada visita y un panel de al menos 5.000 personas reales que permitan humanizar esos datos y saber quién está realmente detrás de cada pantalla.

La decisión de la AIMC llega en un momento de presión política y legislativa sin precedentes. No es solo que los anunciantes privados necesitan saber dónde ponen su dinero; es que el propio Gobierno español, a través de la Secretaría de Estado de Comunicación, ha dejado claro que el sistema de medición es una cuestión de responsabilidad democrática. 

El dinero de los ciudadanos, invertido en publicidad institucional para campañas de salud, seguridad vial o información de trámites, no puede distribuirse basándose únicamente en el volumen bruto de clics. El Gobierno ha argumentado que un sistema que trata por igual a un lector que dedica tres minutos a comprender una nueva ley de vivienda y a un usuario que simplemente pasa de largo frente a un anuncio mientras hace scroll infinito en una red social no está midiendo eficacia, sino ruido. 

Por eso, el nuevo contrato con Comscore debe alinearse con el Reglamento Europeo de Libertad de los Medios (EMFA), que exige que los sistemas de medición sean transparentes, imparciales y que publiquen sus metodologías de forma abierta para evitar que se conviertan en “cajas negras” opacas donde nadie sabe cómo se cocina el dato final.

Para ganar este concurso, Comscore ha tenido que presentar una evolución tecnológica significativa que atienda a las nuevas realidades del consumo. Una de las grandes novedades es la incorporación de la medición de audiencias en la televisión conectada (Connected TV), un entorno que hasta ahora era difícil de rastrear con precisión. 

Además, la compañía se ha comprometido a ofrecer una mayor granularidad regional, desglosando los datos por comunidades autónomas y provincias, algo vital para los medios de proximidad que vertebran el territorio y que a menudo quedan sepultados bajo las grandes cifras de los medios nacionales. 

Para garantizar la fiabilidad de este nuevo panel de internautas españoles, Comscore contará con la colaboración de Kantar Insights, buscando así una robustez metodológica que convenza a un sector que se juega su supervivencia en este tablero. La idea es que el mercado pueda “desmontar” el número total de un medio para ver cuánto de ese tráfico es directo (gente que busca el medio activamente) y cuánto es prestado por plataformas externas.

Algunos sectores de la industria, especialmente los editores agrupados en asociaciones como CLABE, habían advertido sobre los riesgos de mezclar el tráfico que llega de redes sociales con el generado por el propio prestigio editorial del medio. 

Existe el temor de que, si el sistema no es lo suficientemente fino, se acabe premiando el sensacionalismo o incluso a influencers ajenos al periodismo que algunos medios solo usan para engordar las métricas de forma artificial para atraer publicidad. 

La profesora Ana Isabel Rodríguez, experta en audiencias de la Universidad de Santiago de Compostela, consultada por infoLIbre, subraya que la transparencia no puede ser un lujo solo para los grandes grupos de comunicación que tienen representantes en el Comité Técnico Digital que evalúa estos procesos. Los medios pequeños y locales, que no tienen recursos para auditar por su cuenta estas cifras, necesitan que el sistema sea justo por defecto y que los costes de acceso sean asumibles para evitar que la medición actúe como una barrera que los haga invisibles ante los anunciantes de su propia región.

El impacto de esta decisión de la AIMC se extenderá al menos durante los próximos tres años, con posibilidad de prorrogarse hasta cinco, marcando las reglas del juego de la segunda mitad de esta década. Es un periodo crítico en el que se decidirá qué tipo de periodismo sobrevive: aquel que se dedica a cazar clics vacíos para sobrevivir en un sistema de agregación pura, o aquel que cultiva una relación de lealtad con su público. 

El propio documento remitido por el Gobierno a la AIMC sugería que el éxito de una campaña de comunicación no debería medirse por cuánta gente la ve, sino por cuánta gente la comprende o cambia su comportamiento tras verla; una campaña de vacunación que llega a 20 millones de personas pero no convence a nadie es un fracaso absoluto, aunque sus métricas de audiencia sean impecables. 

Este enfoque orientado al impacto y a la atención real es el que el nuevo sistema de Comscore está llamado a facilitar, permitiendo a los anunciantes y a las administraciones públicas distinguir entre la profundidad de una lectura pausada y la superficialidad de un impacto fugaz.

Un detalle relevante en este nuevo contrato es la cláusula que permite que, al finalizar el periodo de adjudicación, la propiedad del panel de medición pueda pasar a ser de la propia AIMC, dejando a la empresa tecnológica solo como un gestor técnico. 

Este es un paso hacia la soberanía de los datos por parte de la industria española, tratando de reducir la dependencia indefinida de empresas privadas extranjeras y asegurando que la infraestructura sobre la que se asienta el mercado publicitario sea un bien común del sector. 

Como bien señalaba la metáfora de la panadería, no se trata solo de contar cuántas personas pasan por la puerta, sino de saber quiénes son, por qué vienen y si volverán mañana. 

La vuelta de Comscore no es, por tanto, un simple regreso al pasado, sino una apuesta por un modelo que debe demostrar que es capaz de proteger el valor editorial frente a la volatilidad de los algoritmos y garantizar que el periodismo real, el que informa y forma a la ciudadanía, tenga un peso medible y valorado en el ecosistema digital español.

Francisco Conde preside desde octubre de 2025 la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, una de las más apacibles de la Cámara baja. Y ocupa un escaño discreto en el hemiciclo, en las filas del grupo parlamentario del PP. Pero antes de aterrizar en Madrid como cabeza de lista del PP por Lugo, pasó casi once años al frente de la Consellería de Economía de la Xunta de Galicia, primero como conselleiro y después como vicepresidente. En ese cargo firmó algunas de las operaciones más costosas y menos transparentes del Gobierno de Alberto Núñez Feijóo.

Conde, nacido en Monforte de Lemos (Lugo) en 1968, no encaja en el perfil de político de partido. Doctor en Economía por la Universidad Complutense de Madrid, llegó a la Xunta en 2009 como asesor económico de Feijóo, a quien conocía de sus años compartidos en Madrid. No tuvo carné del PP hasta bien entrada su etapa como conselleiro, en 2012. Su vínculo con el partido empieza y acaba en el propio Feijóo, al que ha estado unido por una estrecha amistad que durante mucho tiempo incluyó incluso vacaciones familiares compartidas.

El suyo es un perfil antitético, por ejemplo, del de Miguel Tellado, otro peso pesado del PP gallego que también dio el salto a Madrid. Tellado es un hombre de aparato, negociador duro, experto en exabruptos y encargado habitual de las tareas orgánicas más delicadas del partido, primero en Galicia y ahora en toda España. Conde, en cambio, es un economista de despacho, discreto, que rehúye la confrontación pública y al que nadie recuerda subiendo el tono en una intervención pública.

Esa discreción, sin embargo, no ha impedido que su nombre haya acabado en el centro de varias de las decisiones económicas más discutidas de la etapa de Feijóo al frente de la Xunta.

En 2018, la Consellería de Economía dirigida por Conde autorizó, a través de Xesgalicia y el Igape, dos organismos públicos que dependen de esa consellería y que él mismo presidía, un préstamo de 2,5 millones de euros a la editora de El Correo Gallego, diario afín al PP desde la etapa de Manuel Fraga. El consejo de administración del periódico reconocía entonces por escrito una situación de quiebra.

Un auto judicial firmado el pasado 20 de mayo por la magistrada Ana López-Suevos, al que ha tenido acceso infoLibre, recoge que José Manuel Rey Novoa, entonces máximo responsable del periódico, presumía ante su propio Consejo de Administración de que la Xunta tenía “voluntad” de “aliviar la mochila financiera” del diario. En esas mismas actas, quedó registrado cómo Rey Novoa afirmaba que iba a “movilizar toda su capacidad de influencia” para lograr el crédito. Rey Novoa es, como Conde, natural de Monforte de Lemos, una población de menos de 20.000 habitantes que hace las veces de centro económico y social del sur de la provincia de Lugo.

El dinero concedido por la Xunta de Feijóo, con la firma de Conde, permitió a Editorial Compostela saldar deudas con Hacienda y la Seguridad Social. Pero la deuda con la plantilla siguió creciendo hasta los 4,7 millones de euros en el año 2020. El periódico entró en concurso de acreedores en 2022 y acabó en manos del grupo Prensa Ibérica por 1,6 millones de euros, con una deuda acumulada de 20 millones.

En la actualidad, está en marcha un procedimiento judicial contra Rey Novoa y otras diez personas físicas y jurídicas por un presunto delito de alzamiento de bienes y otro de apropiación indebida, pero no por tráfico de influencias. El juicio no se celebrará hasta 2027. El Fondo de Garantía Salarial tuvo que adelantar 1,8 millones de euros a los extrabajadores del diario, de los que solo ha recuperado 138.231 euros.

Conde fue también el hombre de la Xunta en la negociación con la petrolera estatal mexicana Pemex, presentada en 2012, justo antes de las elecciones de aquel año, como una “alianza estratégica” para la industria naval gallega. El acuerdo preveía la construcción de dos floteles y catorce remolcadores en los astilleros Barreras de Vigo, además de una terminal de hidrocarburos en el puerto exterior de A Coruña.

Solo se construyeron dos barcos. Barreras entró en concurso de acreedores. Varios directivos de Pemex que negociaron el acuerdo, entre ellos Emilio Lozoya, fueron procesados en México por blanqueo de capitales y pago de sobornos. Todo quedó en un enorme fracaso, pero para entonces las elecciones ya habían pasado.

En paralelo, Conde gestionó la salida de la crisis financiera de las cajas gallegas. Novagalicia Banco, resultado de la fusión de Caixa Galicia y Caixanova, recibió 9.050 millones de euros públicos para su rescate. En diciembre de 2013, el financiero venezolano Juan Carlos Escotet la compró por 1.003 millones y la convirtió en lo que hoy es Abanca. Los 8.000 millones restantes son dinero público que nunca se ha recuperado.

Los cuatro gestores que pilotaron la fusión terminaron imputados. Dos de ellos ingresaron en prisión por cobrar 42 millones de euros en indemnizaciones mientras la entidad se hundía y pedía dinero público. Conde tuvo que enfrentarse además a las protestas de los afectados por las preferentes, un producto financiero híbrido, a medio camino entre la deuda y las acciones, que acabó privando de sus ahorros a miles de personas.

La última gran operación de Conde al frente de la Consellería de Economía tampoco ha sido transparente. En 2021 firmó, como presidente de Impulsa Galicia, la sociedad público-privada creada por la Xunta para captar fondos europeos, un memorando de entendimiento con la papelera portuguesa Altri para instalar una fábrica de celulosa en Palas de Rei (Lugo).

La Xunta controlaba entonces el 48,2% de Impulsa Galicia a través de su participación directa y de sus otros socios, Abanca, Reganosa y Sogama. Pese a ese control, el Gobierno gallego sigue negando el acceso al memorando alegando que Conde no lo firmó como conselleiro, sino como representante de una entidad privada en un “negocio jurídico privado”.

La sociedad se disolvió en 2023, ya con Conde fuera de la Xunta, y su papel lo asumió Recursos de Galicia. El proyecto de Altri en Palas de Rei que generó un fuerte rechazo social en las comarcas afectadas, fue archivado definitivamente el viernes pasado.

Conde ha combinado esa gestión, llena de claroscuros, con un discurso constante contra el Gobierno central. Achacó al Ejecutivo de Pedro Sánchez “no dar respuesta a las prioridades de Galicia” y calificó de “verdadera chapuza” el reparto del Perte del vehículo eléctrico, del que depende buena parte de los 25.000 empleos que genera el sector del automóvil en Galicia, con la fábrica de Stellantis en Vigo como principal activo.

El mismo conselleiro que reclamaba una rebaja fiscal para “dinamizar el tejido productivo” fue quien defendió la reforma laboral de 2012 y tachó de “estética” la presencia de la ministra Yolanda Díaz en la manifestación del Primero de Mayo de 2022. Su agenda, de inspiración liberal y alejada del intervencionismo, convivió con la gestión de un concurso eólico anulado que generó indemnizaciones y sentencias en contra, hasta que la propia Xunta acabó renunciando a ser socia mayoritaria en las empresas del sector.

Antes de hacerse amigo de Feijóo y entrar en política, Conde había desarrollado una carrera en la Universidad CEU San Pablo de Madrid, propiedad de la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), formada por católicos laicos pero vinculada a la Conferencia Episcopal. Allí fue profesor de Estructura Económica entre 1995 y 2009 y llegó a vicerrector de Relaciones Internacionales. Su padre, César Conde, dirigió la sucursal de Caixa Galicia en Monforte y fundó una de las primeras autoescuelas de la comarca de Lemos. A su mujer, la periodista Cruz Martínez, corresponsal desde hace 30 años de la Radio Galega en Madrid —la emisora pública controlada por la Xunta—, la conoció dándole clases de conducir.

Su familia, su mujer y sus dos hijos, siguió residiendo en Madrid durante los años en que él ejerció como conselleiro en Santiago. Conde viajaba casi todos los fines de semana a la capital, una doble vida que él mismo ha reconocido como la parte más dura de su etapa gallega.

Pese a su cercanía personal con Feijóo, nunca entró en las quinielas para sucederle al frente de la Xunta, papel que recayó en Alfonso Rueda. Tampoco él se movió para disputar esa pugna. Su ascenso ha sido siempre el de un gestor, no el de un candidato.

Fue el propio Rueda quien, al asumir la presidencia de la Xunta en 2022, reivindicó su continuidad llamándolo “Paco” en público y calificándolo de “imprescindible” para el Gobierno gallego. Conde tuvo entonces la opción de volver a Madrid de la mano de Feijóo, que ya lo había incorporado a la dirección nacional del PP, pero optó por quedarse un año más al frente de la vicepresidencia económica.

Esa doble vida entre Madrid y Galicia terminó en 2023, cuando Feijóo lo designó como cabeza de lista del PP por Lugo al Congreso, con la vista puesta, según la mayoría de los observadores, en situarlo en el Consejo de Ministros o a su lado en Moncloa tras una victoria electoral que en la calle Génova daban por segura. Hoy, con el PP en la oposición, preside la Comisión de Defensa, es portavoz de la Comisión de Industria y Turismo y forma parte de las comisiones de Economía, Comercio y Transformación Digital y de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

El sueldo mínimo de un diputado que preside una comisión y fue elegido por una circunscripción distinta de Madrid ronda los 7.000 euros mensuales en catorce pagas, unos 100.000 euros al año. Sin contar la asignación como portavoz que le haya concedido el partido, que se desconoce porque su declaración de ingresos en el Congreso sólo incluye datos de 2022.

Conde forma parte de ese grupo de incondicionales que siguieron a Feijóo desde Galicia y del que forman parte también los diputados Pedro Puy y Rosa Quintana, así como su círculo más estrecho de confianza: el secretario general del partido, Miguel Tellado; Mar Sánchez, su mano derecha desde los tiempos de Correos; Luis de la Matta, director de comunicación, y Marta Varela, asesora y redactora de discursos, además de Álvaro Ortiz, especializado en Derecho y coordinador parlamentario. Todos ellos, salvo De la Matta, ocupan hoy un escaño en la Cámara Baja.