En vísperas del 4 de mayo es hora de resumir en pocas líneas lo que está en juego en esta "España dentro de España" que es Madrid en palabras de Isabel Díaz Ayuso, a quien todas las encuestas (legales o ya prohibidas) dan como ganadora y muy probable presidenta, la misma que en la prensa internacional definen como 'la Trump' o 'la Le Pen' españolala Trumpla Le Pen (ver aquí).

El mayor éxito de Ayuso ha sido lograr que el marco de debate haya sido en esencia el que ella pretendía desde el preciso instante en que convocó estas elecciones anticipadas: "socialismo/comunismo o libertad". Un patadón a la historia y un puñetazo a la inteligencia que le han servido para que hablemos entre poco y nada de su gestión al frente de la comunidad durante estos 20 meses o de la herencia que nos dejan los 26 años de gobiernos continuados del PP.

Durante estas últimas dos semanas, en infoLibre hemos intentado separar el ruido de las nueces, los hechos y las opiniones, en este clima político-mediático en el que el último insulto sirve para desviar la atención de la cruda realidad. La serie #MadridEnDatos (ver aquí) ha abordado informativamente las áreas más importantes de la gestión de la comunidad para que pueda percibirse la huella de casi tres décadas de políticas neoliberales y privatizadoras. Y en 'Los números de Ayuso' (ver aquí) procuramos aportar a los datos un contexto, una interpretación personal que quizás ayude a diferenciar la información de la propaganda.

Hay conclusiones difícilmente discutibles. Madrid tiene el PIB más alto de España y está a la cola o entre las comunidades que menos gastan en capítulos tan trascendentes como la sanidad pública, la educación pública, la cultura, la I+D+i o la contrucción de vivienda pública (exactamente cero en esta última partida). El llamado 'oasis fiscal' madrileño lo es fundamentalmente para las rentas más altas y las grandes fortunas, y tiene toda la lógica que el permanente desmantelamiento de lo público vaya en beneficio del negocio privado, para alegría de multinacionales y fondos de inversión, ya sea vía educación concertada o seguros de salud. Un marciano que aterrizase en Madrid tras este año de pandemia no entendería nada (a mí me ocurre a menudo). ¿Cómo es posible que esta campaña electoral no le pase a Ayuso la factura letal que ha supuesto el abandono de los centros de salud, los recortes en atención primaria o la nulidad en la aportación y funcionamiento de rastreadores? Lo hemos escrito más de una vez: en cualquier sociedad democrática mínimamente exigente Isabel Díaz Ayuso y su consejero de Sanidad estarían hace tiempo fuera de la política y quizás sentados en un banquillo sólo por los protocolos de exclusión que dejaron abandonados a miles de mayores en las residencias madrileñas durante la primera ola (ver aquí). Ni disculpas han pedido.

Hay quienes han despreciado en esta campaña la importancia de los datos y de las críticas rigurosas a la gestión política porque en estos tiempos de ruido y de furia lo único que importa es la "guerra cultural", la confrontación ideológica. Como si las políticas fiscales o la distribución de los recursos públicos no fueran reflejo directo de posicionamientos ideológicos. De hecho debería ser más que llamativa la contradicción evidente entre las propuestas ultraliberales de Ayuso y los suyos mientras la Casa Blanca y las principales instituciones internacionales asumen ya sin complejos la necesidad de subir los impuestos a las grandes fortunas, cerrar los enormes agujeros que permiten eludir impuestos a las grandes empresas y multinacionales o estudiar la anulación al menos temporal de las patentes de las vacunas contra el covid (ver aquí). Todo tipo de medidas cuya prioridad es luchar contra la desigualdad y la pobreza sin escatimar recursos públicos. Mientras en todo occidente se plantean soluciones contra las "colas del hambre", Ayuso se permite despreciarlas hablando de "mantenidos". El tragicómico eslogan de "libertad a la madrileña" no puede esconder que Madrid tiene la mayor brecha de desigualdad entre el 20% más rico y el 20% más pobre, con un millón de personas al borde la exclusión.

Por supuesto que es trascendente la llamada "guerra cultural". Por supuesto que hay que combatir esa falsa dicotomía que Ayuso y sus ventrílocuos lanzan sobre "comunismo o libertad", una ofensa a la propia historia democrática, a la lucha antifranquista, a quienes contribuyeron decisivamente a la recuperación de las libertades. Es discutible que la única respuesta desde las izquierdas sea la de "democracia o fascismo", cuando deberíamos ser capaces de denunciarlas y hasta ridiculizarlas en lugar de caer en el juego de las banalizaciones. De distinguir los rasgos de un nacionalpopulismo de extrema derecha, plagiador del trumpismo, xenófobo y machistatrumpismo, con conexiones directas con los restos del franquismo. Pero sobre todo deberíamos situar ese debate en lo que más afecta a la calidad democrática en España: un PP que no termina nunca de actuar como una derecha democrática moderna y europea. Que no ha aceptado la legitimidad de un gobierno progresista salido de las urnas, y que en Madrid ha llevado hasta el límite la excitación de un españolismo excluyente que no asume la realidad diversa y plural de España. Nuestra diferencia respecto a otras democracias no es el surgimiento de una ultraderecha populista, sino la existencia de una derecha liberal que no termina de aceptar plenamente una democracia plural en un Estado diverso.

No nos engañemos. Sin menospreciar la trascendencia de este debate de fondo, es obvio que a Ayuso y sus ventrílocuos les interesa que se hable de todo excepto de lo que han hecho ellos y sus antecesores con Madrid. Porque la cifra final y definitiva de esta serie sobre 'Los números de Ayuso' sólo puede ser 26, los años que el PP lleva gobernando la comunidad sin interrupción (Tamayazo por medio). Sabemos por la primera sentencia de la Gürtel (ver aquí) y por los sumarios pendientes de enjuiciar que el PP de Madrid mantuvo una "corrupción institucionalizada", una fórmula que consistía en otorgar adjudicaciones públicas a empresarios a cambio de comisiones para financiar el partido y sus campañas electorales y para engordar los bolsillos de dirigentes e intermediarios. Sabemos que la expresidenta Aguirre está imputada, y que su delfín Ignacio González pasó por la cárcel, como también lo hizo su exvicepresidente Francisco Granados, y que probablemente volverán a prisión (ver aquí).

Nos han entretenido con la tontería de la "libertad a la madrileña". Nos han asustado con los sobres cargados de balas. Han desviado nuestra atención hacia los bulos y la chulería de un Vox que vive de la desinformación y el patrioterismo más rancio y castizo. Mientras tanto, apenas hemos debatido sobre los dos hilos conductores de casi tres décadas de gestión en Madrid: corrupción y neoliberalismo privatizador. Una democracia "a la madrileña" que continuará al menos dos años más si este martes no se produce una sorpresa y se llenan las urnas en un día laborable elegido para que tal cosa no ocurra en los municipios y barrios más castigados.

Y lo abstracto, al final, acabó devorando a lo concreto. El clima de polarización absoluto ha terminado propiciando que las dos semanas de campaña electoral en la Comunidad de Madrid se hayan caracterizado, al menos en el plano mediático, por una concatenación de mensajes e ideas simplistas con las que activar, en la medida de lo posible, un voto visceral de cara a la cita con las urnas del próximo 4M. Una espiral de exaltación continua de los sentimientos que ha terminado arrastrando a las seis principales candidaturas y ha bloqueado cualquier intento de presentar al electorado propuestas concretas y análisis pormenorizados de gestión en la región más rica del país. Los eslóganes políticos y las falsas dicotomías repetidas hasta la saciedad –"comunismo o libertad", entre otras– han acabado convirtiendo a la política madrileña en una suerte de espeso bosque que ha impedido a los votantes ver más allá de las ramas que se han ido cruzando por el camino. Poca relevancia han tenido los datos, que son los que nunca engañan. Las cosas del comer, lo realmente tangible, quizá para 2023.

"Por lo que de verdad importa" fue el mensaje elegido por Más Madrid para los comicios del próximo martes. Sin embargo, ni la situación de la sanidad, la educación o la economía en un territorio que lleva dos años paralizado a nivel legislativo han sido capaces de marcar la campaña. Igual sí que tuvieron importancia al comienzo, con un debate electoral en Telemadrid en el que las tres formaciones del bloque progresista hicieron especial hincapié en los datos de la región en todas estas cuestiones frente a una presidenta, Isabel Díaz Ayuso, que se agarraba como un clavo ardiendo a ese relato construido sobre la base de que la izquierda pretende acabar con una supuesta singularidad madrileña. Un marco que, sin embargo, saltó por los aires pocas horas después. Las amenazas de muerte a diferentes personalidades, entre ellas la propia candidata conservadora y su homólogo de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, han terminado marcando el resto de la agenda política. Y el espacio para confrontar, con las cifras en la mano, modelos de gestión y propuestas desapareció totalmente.

UNA PANDEMIA DESCONTROLADA PARA UN SISTEMA SANITARIO MERMADO

La gestión de la crisis sanitaria en la Comunidad de Madrid era, probablemente, el principal talón de Aquiles de la presidenta regional en el enfrentamiento previo a la cita con las urnas. De hecho, uno de los momentos en los que más incómoda se la vio en el único debate en el que ha participado fue cuando se pusieron sobre su mesa todos los datos relativos a la pandemia en la región. "Si se compara de manera mezquina con otras comunidades, con otras densidades y otras situaciones, puede dar esas cifras, pero es absolutamente falso", se limitó a responder. El problema es que los datos oficiales son los que son. Incluso si se ajustan a la población. Desde el comienzo de la crisis sanitaria, Madrid es el territorio que ha acumulado un mayor número de positivos –9.756 por cada 100.000 habitantes, frente a los 7.200 de media a nivel nacional– y la peor ratio de hospitalizaciones –1.388 ingresos por cada 100.000 habitantes–.

También tiene una de las mayores tasas de mortalidad por coronavirus: han fallecido 219 personas de cada 100.000, una cifra solo superada por Castilla-La Mancha, Castilla y León, Aragón y La Rioja. Y las cifras más negras sobre el zarpazo de la pandemia en las residencias, con la ratio más alta de muertos respecto al número de plazas ofertadas. Solo durante la primera ola, perdieron la vida el 12% de los residentes, por delante de Castilla-La Mancha, donde ese dato se situó ligeramente por encima del 8%. En el debate, la presidenta se defendió asegurando que el 70% de los mayores habían fallecido en un hospital (consulta aquí el análisis más pormenorizado). Algo que, sin embargo, los datos oficiales también desmienten. Solo en los 20 días posteriores a la aprobación del famoso Protocolo de la Vergüenza, murieron en los centros sin ser trasladados el 84% del total.

El impacto de la pandemia se ha tenido que afrontar, además, con una sanidad pública diezmada. Los últimos datos oficiales, relativos a 2019, ponen de manifiesto que Madrid es la comunidad con menor gasto sanitario público en relación con su PIB: un 3,7%, frente al 5,6% del conjunto de autonomías. Dedica, por habitante, 1.340 euros, sólo por delante de Andalucía (1.262 euros) y a mucha distancia de Euskadi, quien lidera la clasificación (1.873 euros). ¿Y cuánto de la inversión total va a parar a atención primaria, una de las piezas claves en la lucha contra el virus? El 11,2%. De nuevo, a la cola. 

Y mientras la pública se ha ido vaciando, la privada no ha parado de impulsarse. Porque en este sector, Madrid sí que se encuentra a la cabeza. Es, según los datos del Ministerio de Sanidad, la segunda región que más dinero público dedica a conciertos. En concreto, el 10,5% del presupuesto sanitario global, solo por detrás de Cataluña (24,5%). En 2019, destinó a esta partida nada menos que 947,4 millones de euros, lo que supone un incremento del 55,7% en la última década y del 321,1% respecto a 2002. Líder absoluta es, sin embargo, en aseguramiento privado: 2,47 millones de clientes.

LA "LIBERTAD" DE LA CONCERTADA

Ayuso ha articulado una campaña circunscrita a una palabra: "libertad". Libertad para irte a tomar unas cañas y unas patatas bravas a la hora que te dé la gana a pesar de la pandemia o para elegir, "si se tiene oportunidad", el tipo de colegio al que quieres que vayan tus hijos. Una fórmula que ha terminado situando a Madrid como la región española que más segrega a su alumnado por nivel socioeconómico y que se ha traducido, como en materia sanitaria, en un impulso continuo a los conciertos educativos. En 2019, desembolsó en este sentido 1.104 millones de euros, solo por detrás de Cataluña (1.248 millones). Un incremento del 26,6% en la última década.

Frente a los datos de la privada y la concertada, los de la pública. Ahí Madrid deja, otra vez, de estar a la cabeza para situarse a la cola. A pesar de su músculo económico, la región es la que menos invierte por estudiante en los centros públicos. Según los últimos datos oficiales, dedica 4.727 euros por alumno, mil por debajo de la media nacional. En el último lustro, es la comunidad que menos ha incrementado esta inversión en una enseñanza pública que aglutina en la comunidad a solo el 53,8% del alumnado, frente al 67,1% de estudiantes que, de media a nivel nacional, apuesta por este tipo de educación frente a la privada o la concertada.

POLO CULTURAL Y DE INVESTIGACIÓN CON POCO RESPALDO ECONÓMICO

La pandemia, entre otras cosas, ha puesto de manifiesto la importancia de la investigación. En este caso, la comunidad que preside Isabel Díaz Ayuso es un polo a nivel estatal. Y lo es, sobre todo, gracias a la elevada concentración de grandes empresas y de centros de investigación estatales, como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Porque si se presta atención al respaldo económico, la fotografía es bien diferente. Madrid es el tercer territorio que menos apuesta en sus cuentas públicas por potenciar el I+D+i. En 2019, según la información extraída de la herramienta de comparación de presupuestos autonómicos del Ministerio de Hacienda, puso sobre la mesa para esta materia 148 millones de euros, lo que equivale a 22 euros por habitante, solo por delante de Murcia y Castilla-La Mancha y a una enorme distancia de La Rioja, con una inversión de 258,5 euros per cápita, casi doce veces más que la capital.

Exactamente lo mismo sucede en el ámbito de la cultura. Madrid es, junto a Cataluña, el principal centro de producción y consumo cultural del país: en 2019 acogía a 163.600 trabajadores y 27.715 empresas de la industria. Sin embargo, se sitúa a la cola en inversión en esta materia. Dedica el 0,075% de su PIB, frente al 0,3% de Extremadura.

¿UN "MILAGRO ECONÓMICO"?

Más allá de la tan cacareada "libertad", uno de los ejes sobre los que ha girado la campaña de Ayuso para el 4M ha sido el de la gestión económica. "En Madrid hemos salvado 300.000 empleos y hemos evitado que España se situara en la antesala de una nueva recuperación económica", decía hace una semana la presidenta madrileña en un discurso en el Nueva Economía Forum. Una suerte de "milagro económico" que, sin embargo, choca de frente con la realidad del mercado de trabajo. Según la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al cuarto trimestre de 2020, el paro creció en España un 16,54% respecto al mismo periodo del año anterior. Un incremento que en la Comunidad de Madrid fue del 36,24%, más del doble que a nivel nacional y solo por debajo de Baleares, que aumentó un espeluznante 75,22%.

Al mismo tiempo, es la segunda región con el sueldo medio bruto más elevado del país –27.010 euros–, únicamente por detrás de Euskadi. Y, a la vez, la que tiene los alquileres medios más prohibitivos de todo el país –780 euros– y la segunda provincia con los precios de compraventa más elevados: 2.610,3 euros por metro cuadrado, sólo por debajo de Gipuzkoa. El impulso del ladrillo ha sido una de las recetas puestas sobre la mesa por el Ejecutivo de Ayuso para tratar de dar un empujón a la economía de una comunidad que no destaca, precisamente, por una apuesta decidida por la vivienda social. De hecho, es la décima región con mayor porcentaje de casas protegidas sobre el total de hogares. De hecho, en los dos años de legislatura no se ha entregado ni una sola vivienda de este tipo, si bien se han anunciado planes en este sentido.

Durante la pandemia, el grueso de las ayudas a empresas impulsadas por el Gobierno madrileño ha tomado la forma de avales. Es más, el anuncio de su primera gran convocatoria de respaldo económico directo ha llegado en plena campaña electoral: 220 millones para unas 75.000 compañías. Y eso que es la comunidad autónoma con mejores cifras de deuda y déficit público de todo el país, lo que sirvió a su consejero de Hacienda, Javier Fernández Lasquetty, para presumir de unas "cuentas saneadas" que permiten "costear unos servicios públicos de la máxima calidad" –algo que no reflejan los datos de inversión– y hacer frente al covid-19 bajando, al mismo tiempo, los impuestos. Una disminución de los tributos en la región de la que se benefician, fundamentalmente, las grandes fortunas. A modo de ejemplo, en 2018 las grandes fortunas se ahorraron 905 millones de euros solo en Impuesto de Patrimonio en la región.

PARALIZADA A NIVEL LEGISLATIVO

Continuar la senda de las rebajas impositivas es una de las principales promesas electorales de las tres principales formaciones que integran el bloque de la derecha y la extrema derecha: PP, Ciudadanos y Vox. De hecho, la introducción de retoques en el tramo autonómico del IRPF ha sido una de las pocas iniciativas legislativas del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Durante estos dos años de legislatura, el Ejecutivo conservador únicamente ha puesto sobre la mesa de la Asamblea de Madrid cuatro proyectos de Ley –ninguno de ellos de presupuestos–, de los que solo ha conseguido aprobar por lectura única dos, la cifra más baja de entre todas las comunidades autónomas que, como Madrid, celebraron elecciones en mayo de 2019. Uno de los textos es el de la reforma de la ley del suelo, recurrida ante el Tribunal Constitucional. El otro, el que da el visto bueno a una nueva universidad privada en la región.

El adelanto electoral ha metido en un cajón el proyecto de deducciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Un tributo en el que se ha centrado buena parte de la oposición al PP que se ha hecho desde Vox, que ha exigido una y otra vez a los conservadores que cumplan con su promesa de llevar a cabo una rebaja del tramo autonómico del IRPF. Una ultraderecha que también ha intentado imponer su propio marco de discusión en plena campaña. Lo hizo con el famoso cartel instalado en la céntrica estación de cercanías de Sol con el que trataba de poner el foco en los menores no acompañados, que realmente solo representan el 7,2% del total de chavales acogidos por el Ejecutivo regional, y en las ayudas públicas recibidas por la población extranjera. Un respaldo económico que, realmente, va a parar mayoritariamente a ciudadanos españoles. En concreto, los migrantes reciben en suelo madrileño solo tres de cada diez euros que el Gobierno autonómico destina a la renta mínima de inserción.

Madrid encabeza muchos de los baremos con los que pueden medirse la creación y el consumo cultural. Es la que mayor número de trabajadores del sector concentra, la que más compañías de esta industria acoge, en la que se ubica un tercio de las productoras audiovisuales o la que celebra más conciertos de música popular (ver aquí). Pese a la insistencia de Ayuso, la gente del resto de España no suele venir a Madrid por la urgente necesidad de "ir de cañas", pero sí que acude a los teatros, museos o conciertos (lo cual obviamente no excluye tomar unas cañas antes o después). Lo cierto es que ese indiscutible liderazgo cultural, que incluye el mayor gasto medio en cultura por habitante (317 euros en 2019) no se debe en ningún caso a la inversión pública impulsada por los gobiernos conservadores desde hace 26 años.

Sostenía Delibes que "la cultura se crea en los pueblos y se destruye en las ciudades". Depende. Es obvio que el liderazgo de Madrid en muchas facetas de la industria cultural tiene relación directa con la capitalidad del Estado. Desde luego, lo que los números demuestran es que no tiene nada que agradecer al impulso político. Siendo la comunidad más rica, es la segunda por la cola en inversión pública, sólo por delante de Murcia. Madrid dedica exactamente el 0,075% de su PIB al sector de la cultura, la cuarta parte que Extremadura en proporción al suyo (0,30%). 

Sería un error despreciar la eficacia electoral/emocional de ese discurso de Ayuso que resume la idea de libertad en el terraceo, las cañas y la juerga. Pero conviene responder a tan baratísima demagogia. No conozco estudio alguno que relacione las cañas con el grado de libertad de un pueblo. Lo que sí está comprobado es que la cultura nos hace más libres, más críticos, menos dóciles. Por eso a ningún gobierno reaccionario le interesa fomentarla. Aunque pregonen "libertad".    

Pese a ser uno de los centros españoles de producción y consumo cultural, la Comunidad de Madrid es la segunda región que menos invierte en creación con respecto a su PIB, solo por delante de Murcia. En 2020, financió al sector con 181,16 millones de euros, lo que equivale al 0,075% de su PIB, según permite saber la información sobre presupuestos consolidados de las Comunidades Autónomas ofrecida por el Ministerio de Hacienda. En el otro extremo está Extremadura, que con 63 millones de euros dedica el 0,30% de su PIB a este servicio. Le siguen Navarra, Cantabria, La Rioja y Galicia, en una horquilla entre el 0,29% y el 0,16%. La media de todas las comunidades equivaldría a dedicar el 0,13% del PIB a cultura, algo menos del doble de lo que dedica Madrid.

Si miramos a la inversión en relación a la población de cada comunidad, Madrid es la quinta región que menos dinero dedica a la cultura: 26,72 euros por cada uno de sus 6,8 millones de habitantes. Comunidades como Cantabria, La Rioja o Extremadura reservan más del doble por habitante, y queda lejísimos de Navarra, la comunidad que más inversión per cápita brinda a la cultura, 92,63 euros. Por debajo de Madrid quedarían Murcia (15,72 euros), Castilla-La Mancha (20,72), Canarias (20,74) y Aragón (25,52). Algo sorprendente si tenemos en cuenta que Madrid es líder en número de representaciones teatrales, espectadores de cine, conciertos de música popular o de productoras audiovisuales activas.

Después de algunos años de crecimiento paulatino de la inversión, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, con Marta Rivera de la Cruz (Ciudadanos) en esta Consejería, redujo el presupuesto consolidado de Cultura en un 10% para 2020: de los 203,30 millones de 2019 se pasó a 181,16 millones. Pero los recortes no son ajenos en la comunidad, que encadena ejecutivos del PP desde 1995. En 2008, al estallar la crisis económica, Madrid dedicaba 306 millones de euros de su presupuesto a la creación. Desde entonces y hasta 2014, bajo los Gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González, la inversión se desplomó en más de un 58% hasta los 126 millones. En la lenta recuperación económica, el presupuesto ha vuelto a aumentar en 55 millones (un 26%), pero queda aún muy lejos de ese pico alcanzado en 2008.

Madrid es la comunidad que acoge a un mayor número de trabajadores culturales, 163.600 personas en 2019, según la última versión disponible del Anuario de Estadísticas Culturales elaborado por el Ministerio de Cultura. La segunda comunidad con más empleados en este sector es Cataluña, con 156.500 personas del sector. Y algo similar ocurre con las empresas: Madrid es la región con más compañías dentro de esta industria, con 27.715, seguida de Cataluña, con 25.585. Tiene relación con lo anterior el hecho de que Madrid reúna por sí sola un tercio de las productoras audiovisuales (108 de 340 según datos del Ministerio de Cultura), celebre más conciertos de música popular que ninguna otra región (22.592, el 24,8% de todos los que se realizan en España según datos de la SGAE para 2019, los últimos disponibles) y disfrute de más representaciones teatrales (16.851 en 2020, un 33% de las organizadas en el país).

Tampoco es de extrañar que uno de los principales centros de producción del país, que se debate estar en primera o segunda posición con Cataluña, según el dato, sea también uno de los principales centros de consumo. Cataluña tiene más cines que la Comunidad de Madrid, 126 frente a 81 (en pantallas, 659 frente a 523), pero Madrid supera en espectadores a Cataluña: 20.695 contra 18.811 (siempre según datos de la SGAE). En artes escénicas, la posición de Madrid es aún mejor: acapara el 33% de las representaciones frente al 21% de Cataluña, con lo que en 2019 logró 117 millones de euros recaudación frente a los 50 millones de euros. En conciertos de música popular, con 22.592 en el año, Madrid casi dobla la cifra de Cataluña (la segunda mejor del país), con 12.365. Es en espectadores de macrofestivales, asociados al turismo de veraneo, donde ambas se quedan atrás: Andalucía contó 5,3 millones en 2019 (el 19% del total) frente a 4,6 millones en Cataluña (16,3%) y 4,5 millones en Madrid (15,9%). En esta comunidad, el gasto medio en cultura por persona fue de 317 euros en 2019, siendo la única región que pasa la barrera de los 300 euros, según el último Anuario de Estadísticas Culturales del Ministerio de Cultura, que recoge datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares del Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Es en librerías donde la capital española se queda atrás. La red más densa de librerías (con más locales por cada 100.000 habitantes) las tienen Galicia (13), Castilla y León (11,5), La Rioja (11) y Asturias (10,7), según el último Observatorio de Librerías de CEGAL, la confederación de libreros, de 2019. La Comunidad de Madrid se quedaría en décimo lugar, después de Navarra, Aragón o Cantabria. En las peores posiciones están Andalucía (5,2), Castilla-La Mancha (5,5) y Baleares (5,7).

En el tercer y cuarto trimestre de 2020, Madrid dedicó 14,63 millones de euros a ayudas directas ordinarias a creadores, empresas, asociaciones e incluso ayuntamientos para la producción cultural, según la relación se subvenciones concedidas publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad en enero de 2021 y otra resolución publicada en octubre de 2020. La mayor partida de estas ayudas es una compra de libros por valor de 8 millones de euros a distintas librerías para enriquecer los fondos de las bibliotecas públicas. Las empresas y asociaciones de artes escénicas reciben 2,8 millones de euros, las del audiovisual optan a 1,35 millones, las artes plásticas y la moda obtienen 460.000 euros, la música 450.000 euros y los videojuegos 250.000 euros. Además, los creadores (personas físicas) de diversas disciplinas optan a distintas ayudas y becas por un valor total de 220.000 euros. Otros 300.000 euros van dirigidos a la organización de eventos culturales por parte de municipios.

Uno de los mimbres en los que se ha apoyado el discurso electoral de Díaz Ayuso es el de su supuesto milagro económico y su respaldo explícito a la hostelería. La libertad "para irse de cañas" no es sólo una trampa de las muchas inspiradas en el trumpismo (¡me va a decir a mí ningún gobierno lo que puedo o no puedo hacer!) sino que va siempre acompañada de la presunción de que la economía de Madrid es la que mejor ha afrontado la pandemia y la que más protege a empresarios, autónomos y emprendedores.

Ese mimbre contiene en primer lugar una distorsión cuyas consecuencias humanas son imposibles de comprobar pero sencillas de entender: nunca sabremos el número de contagiados, hospitalizados o fallecidos que podría haberse evitado con unas restricciones más duras en Madrid. Lo que sí sabemos es que otras comunidades (y países) que se han tomado en serio las recomendaciones científicas, y por tanto han limitado más la actividad comercial en espacios cerrados, también han procurado ayudar a los sectores más afectados. ¿Qué ha hecho Ayuso? La respuesta es comprobable: Madrid es la única comunidad que no ha impulsado ayudas directas a la hostelería en ninguna de las olas de la pandemia (ver aquí). ¿Acaso la muy liberal Ayuso no es partidaria de esas ayudas directas y defiende que cada cual saque adelante su negocio como pueda? Así era hasta que ha llegado la campaña electoral, y entonces sí: ha anunciado un plan de 220 millones de euros para aquellas pequeñas empresas cuya facturación se haya recortado más de un 30% (ver aquí).

Como venimos insistiendo en esta serie numérica sobre la gestión de Ayuso y sus socios en Madrid, conviene relacionar unas cifras con otras para no dejarse cegar por la propaganda de un dato aislado. Ayuso no engaña cuando dice que Madrid es la comunidad más rica de España, o la que tiene mejores cifras de deuda o de déficit. Motivos aún más fundados para exigir una gestión política que reduzca la mayor brecha de desigualdad del Estado y proteja a quienes más sufren la precariedad. "Vivir a la madrileña" no debería consistir en contemplar las ventajas de un club de privilegiados mientras se entretiene al resto con unas cañas. Hoy por hoy, es más fácil encontrarse en Madrid con tu expareja que con una medida que evite las colas del hambre.

La Comunidad de Madrid registró en 2020 una caída de su producto interior bruto (PIB) del 10,3 %, por debajo de la media nacional, que fue del 11%. En el último trimestre del año creció un 4,4% respecto al anterior. Aun así, el PIB madrileño continúa un 4,6% por debajo del que tenía al acabar 2019, según los datos del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. El batacazo del covid-19 y el confinamiento total se tradujeron en un desplome del 26,4% en el segundo trimestre de 2020 en tasa interanual, que no obstante ha ido recuperándose con un salto del 25,5% en el tercer trimestre –aun así, un 8,1% por debajo del de 2019– y el mencionado 4,4% con que ha cerrado 2020.

Por sectores, la agricultura perdió un 3% en 2020 respecto al año anterior, un 6,5% la industria, un 14% la construcción y un 10,2% los servicios. Y de ellos, los servicios de distribución y hostelería sufrieron el mayor golpe, una caída del 22,2%.

Las caídas del PIB son consecuencia de un descenso del consumo de los hogares que alcanzó el 15,4% el año pasado, y de un recorte en la inversión en vivienda que fue incluso superior, de un 18,2%.

CASI DÉFICIT CERO

En enero de este año, el déficit público de Madrid alcanzaba los 117 millones de euros, un 0,05% de su PIB, lo que le sirvió al consejero de Hacienda, Javier Fernández Lasquetty para presumir de unas “cuentas saneadas” que permiten a la Comunidad “bajar los impuestos, costear unos servicios públicos de la máxima calidad y hacer frente a una catástrofe como la covid-19, sin meterse en deudas”. La media de déficit de las comunidades autónomas el año pasado fue del 0,2%. Pero nueve de las 17 terminaron incluso con superávit, el triple que en 2019, antes de la pandemia. Según las cifras del Ministerio de Hacienda, Andalucía (0,14% del PIB), Aragón (0,17%), Asturias (1%), Baleares (0,23%), Canarias (0,55%), Cantabria (0,51%), Castilla-La Mancha (0,41%), Castilla y León (0,04%) y La Rioja (1,07%) terminaron el año de la pandemia con menos gastos que ingresos.

Para 2021, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) prevé que Madrid tenga un déficit del 0,3%, pese a que carece de información sobre los Presupuestos regionales: Madrid no ha aprobado el proyecto de cuentas ni sus líneas fundamentales para 2021. Para el conjunto de las comunidades autónomas, la AIReF prevé un déficit superior, un 0,8% del PIB.

LA SEGUNDA MENOR DEUDA PÚBLICA

La deuda de la Comunidad de Madrid se sitúa en 34.604 millones, el 15,99% de su PIB, según el Ministerio de Hacienda. Así, la deuda de la región se sitúa como la segunda más baja, tras Canarias –15,09%–. La media de las comunidades es muy superior, el 27,1% del PIB. La AIReF prevé que este ejercicio la deuda baje al 15,1% del PIB, un descenso de ocho décimas pero que aún la dejaría 1,1 puntos por encima de la que registró en 2019, un 13,94%. El motivo del aumento, dice la autoridad independiente, es el “deterioro fiscal de las cuentas en 2019, 2020 y 2021”.

El IPC en Madrid subió este último mes de marzo un 1%, sólo tres décimas por debajo del índice nacional. Todo un rebote tras dos años de decaimiento de la inflación. La Comunidad había terminado 2020 con una inflación negativa de -0,4%, por debajo del promedio nacional, que fue sólo de una décima positiva. El repunte del IPC este último mes ha sido causado por el encarecimiento de los combustibles y la electricidad, aunque también empujó el 4,3% en que subieron los precios del vestido y el calzado.

MÚSCULO MERCANTIL

El efecto capitalidad se muestra fácilmente observando el número de empresas con domicilio social en Madrid. Según el INE, en la Comunidad madrileña se crearon en 2020 un total de 17.964 sociedades mercantiles, el 22,7% de las nacionales. Le sigue Cataluña, con 15.020. Como resultado de la pandemia, la creación de empresas ha sufrido un considerable retroceso. El año pasado se constituyeron 3.820 menos que en 2019, un 17,5% de recorte. Prácticamente el mismo porcentaje de reducción que en Cataluña, un 17,2%. En cambio, en Madrid se disolvieron en 2020 un total de 6.715 empresas, el 33,1% de las que dejaron de existir en España. En 2019, la disolución de sociedades fue mayor en todo el país, afectó a 23.310 empresas, pero las 7.004 que se destruyeron en Madrid representaron el 30% del volumen nacional, tres puntos menos que un año después.

AYUDAS A EMPRESAS

La Comunidad de Madrid acaba de anunciar, en plena campaña electoral, su primera gran convocatoria de ayudas directas a empresas para paliar los efectos de la pandemia. Serán 220 millones de euros, que deberían ayudar a unas 75.000 empresas, sobre todo pymes y empresas familiares, cuya facturación se haya recortado más de un 30%. La cuantía será de entre 3.000 y 200.000 euros. El Gobierno autonómico cita como posibles receptores a peluquerías, academias, talleres, ferreterías, tiendas de muebles, librerías y tiendas de souvenirs.

Hasta el momento, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso se había limitado a dedicar 30 millones de euros para pymes como parte del llamado Plan Madrid ReFuerza y otros 42 millones para autónomos como parte del Programa Impulsa. El grueso de las ayudas ha tomado la forma de avales a las empresas para que éstas pidieran préstamos. Así, a través de la sociedad de garantía recíproca Avalmadrid, ha puesto en marcha tres líneas de avales, una de 44 millones para la hostelería, otra de cuatro millones para restaurantes y tablaos flamencos, y una tercera de 40 millones más para el sector audiovisual y de las artes escénicas.

Según los datos publicados por la propia Avalmadrid, en 2020 formalizó 2.228 nuevos avales, un 61% más que en 2019, por un importe de 112,6 millones de euros. Con motivo de la pandemia, la sociedad de garantías puso en marcha el denominado Plan Confianza, que supuso el 57% de las operaciones realizadas el año pasado.

De las doce comunidades autónomas que celebraron elecciones el 26 de mayo de 2019, el gobierno de Madrid tiene dos récords políticos: es el que menos proyectos de ley ha llevado al parlamento regional y es el único que no ha llegado siquiera a presentar Presupuestos (ver aquí).

La producción legislativa del Ejecutivo de Ayuso se limita en estos casi dos años a la aprobación de dos proyectos de ley, ambos por lectura rápida y tramitación urgente, con el apoyo de sus socios Ciudadanos y Vox. Y ambos referidos a dos asuntos de negocios: el primero una reforma de la Ley del Suelo que elimina la obligación de obtener licencias urbanísticas para empezar a construir y las sustituye por simples "declaraciones responsables" de los promotores inmobiliarios; el segundo adjudica a una empresa del Grupo Planeta licencia para una nueva universidad privada, de las que andamos tan escasos en Madrid que ya duplican el número de las públicas (ver aquí).

Y nada más. Porque Ayuso y los suyos no han aprobado ni una sola de las 27 proposiciones de ley que otros grupos parlamentarios han presentado. Lo más curioso (o irritante) son los argumentos del PP para justificar esa parálisis legislativa: la complejidad que tiene un gobierno de coalición y el estallido de la pandemia. Im-pre-sio-nan-te. Como si en prácticamente todas las demás comunidades (y en el propio gobierno estatal) no hubiera coaliciones y como si la pandemia no afectara más que a Madrid.

La diferencia fundamental entre la gestión política de Ayuso y la de todos los demás gobiernos autonómicos (incluidos algunos correligionarios suyos) es que ha dedicado todos sus esfuerzos a confrontar con el Ejecutivo central, en lugar de priorizar los intereses de la comunidad que preside. ¿Qué dirían Ayuso y sus altavoces mediáticos si un gobierno de izquierdas fuera incapaz en dos años de acordar unos Presupuestos o limitara su cosecha parlamentaria a la aprobación de dos proyectos de ley? Mi apuesta: "panda de vagos", "gobiernan para los amigos", "sólo saben mandar a golpe de decreto", "bolivarianos"... Sin complejos.

La pandemia y la falta de mayoría absoluta. Esos son los dos ejes en los que se ha escudado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para justificar la falta de producción normativa en suelo madrileño. Durante sus dos años de mandato, el Ejecutivo regional tan solo ha sido capaz de poner sobre la mesa de la Asamblea autonómica, y aprobar, dos proyectos de Ley, ambos por lectura única. Es la cifra más baja de las registradas en todos aquellos territorios que comparten periodo político con Madrid, regiones que, a diferencia de esta última, ya tienen listas sus cuentas de cara al presente año. Junto a estos textos, de los Consejos de Gobierno han salido también cientos de decretos de todo tipo. Y de los grupos, más de dos decenas de proposiciones de ley que, sin embargo, han terminado guardadas en un cajón. Un cierre en falso que también ha afectado a las dos principales comisiones de investigación, aquellas que acorralaban a la propia líder autonómica.

infoLibre repasa, a continuación, los dos años de parálisis normativa vividos en Madrid desde los últimos comicios autonómicos.

Cuatro proyectos presentados, solo dos aprobados

El 20 de agosto de 2019, una semana después de su investidura, Díaz Ayuso presidía la primera reunión con todo su equipo. Desde entonces, el Consejo de Gobierno ha celebrado nueve decenas de reuniones, en las que sólo se ha acordado la aprobación y remisión a la Cámara regional de cuatro proyectos de ley diferentes. De ellos, sólo un par han sido aprobados en la Asamblea de Vallecas por el procedimiento de lectura única, mientras que los otros dos textos –uno para reformar el Estatuto de Autonomía e incluir la figura del decreto-ley y otro para dar luz verde a nuevas deducciones impositivas aplicadas en el tramo autonómico del IRPF– se han quedado por el camino.

En concreto, la Asamblea de Madrid solo ha dado su visto bueno a la enésima reforma de la Ley del Suelo, un asunto que se encuentra actualmente en el Tribunal Constitucional, y a la puesta en marcha de una nueva universidad privada en la región. El primer texto, cuya aprobación fue polémica por hacerse sin el quorum necesario, contempla la supresión de la mayoría de licencias urbanísticas que hasta ahora eran obligatorias, sustituyéndolas por declaraciones responsables de los propios promotores, con el objetivo de liberalizar el sector. El segundo, permite la puesta en marcha de la Universidad Internacional de la Empresa, un nuevo centro privado en la comunidad autónoma promovido por una empresa del Grupo Planeta De Agostini que se sumará al de Villanueva, ESIC y Cunef, que recibieron luz verde durante la legislatura anterior.

El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso es el que menos normas –incluyendo presupuestos anuales y excluyendo los decretos-ley, una figura de la que no dispone el gobierno madrileño– ha aprobado, a pesar de que todas las regiones se han visto igualmente golpeadas por la pandemia y algunas de ellas están lideradas por coaliciones. De las once comunidades autónomas que compartieron elecciones con Madrid el 26 de mayo de 2019, Navarra es, de lejos, la que más proyectos de Ley ha sacado adelante hasta el momento en el que se escribieron estas líneas: 32 de 35 registrados en el Parlamento autonómico. Le siguen Castilla-La Mancha o Canarias, con 13 y 10 textos aprobados, respectivamente. 

En la parte baja de la tabla, por encima de Madrid, se encuentran Baleares y Asturias. En el primer territorio, el Ejecutivo regional ha puesto sobre la mesa de su Cámara autonómica, y ha aprobado, tres proyectos de Ley –dos de presupuestos y una reforma de la norma de perros de asistencia–. En el segundo, son cuatro los textos que han recibido luz verde de la Cámara autonómica.

Media decena o más de proyectos de Ley han prosperado en Murcia, La Rioja, Castilla y León, Extremadura, Aragón y Cantabria. En esta última comunidad autónoma el Ejecutivo ha conseguido sacar adelante nueve proyectos de ley.

Cero presupuestos

Otra de las anomalías de Madrid es que no ha presentado cuentas públicas en estos dos años de legislatura. La última vez que la comunidad autónoma aprobó unos presupuestos en la Asamblea fue en diciembre de 2018, con Ángel Garrido como líder del Gobierno regional. Luego, llegó el relevo en la Puerta del Sol y las prórrogas. La primera se produjo en diciembre de 2019, y desde el equipo de Ayuso achacaron esta decisión a la falta de estabilidad política a nivel nacional. No era "responsable", decían, elaborar unas cuentas públicas sin un Ejecutivo central constituido y "sin previsión de los ingresos" que le correspondería a Madrid "en concepto de entregas a cuenta", algo que "podría suponer tener que hacer modificaciones posteriores".

Por aquel entonces, el plan pasaba por mantener la extensión hasta que se dispusiera de esos datos. Sin embargo, esta posibilidad se fue alejando poco a poco. En febrero de 2020, el entonces vicepresidente del Gobierno, Ignacio Aguado, deslizaba la posibilidad de seguir con las de Garrido mientras se metían de lleno en la elaboración de las de 2021. Pero luego estalló la crisis sanitaria y las prioridades cambiaron por completo.

Ayuso y Aguado en la rueda de prensa en la que anunciaron que habían alcanzado un acuerdo para los presupuestos de 2021. | Europa Press.

La Comunidad de Madrid es la única sin unos presupuestos de cara a 2021. Bueno, junto con Cataluña. La única diferencia es que en esta última comunidad autónoma se recibieron los datos económicos procedentes del Ejecutivo central cuando el Govern ya se encontraba en funciones, una situación de interinidad que le impide aprobar las cuentas.

27 proposiciones de los grupos, ninguna aprobada

A lo largo de los dos años de legislatura, se han puesto sobre la Mesa de la Asamblea de Madrid un total de 27 proposiciones de Ley. Una parte importante de ellas –10–, según se desprende de la página de la propia Cámara regional, salieron del grupo parlamentario de Más Madrid, seguido por Unidas Podemos y Ciudadanos, con seis y cuatro textos, respectivamente. Sin embargo, ni una sola de estas iniciativas ha llegado a cristalizar. 

Decaen algunas centradas en la regeneración democrática o en la lucha contra la corrupción. Es el caso de la de Unidas Podemos que buscaba reformar las normas autonómicas para establecer, entre otras cuestiones, una limitación de mandatos, de forma que no pudiera ser presidente quien ya hubiera ejercido el cargo por un periodo de ocho años. U otra de la formación morada con la que se pretendía establecer un concurso de méritos para la cobertura de vacantes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que destierre "cualquier atisbo de discrecionalidad o arbitrariedad en el proceso". Se vienen abajo, del mismo modo, una iniciativa legislativa de Más Madrid ante el Congreso de los Diputados orientada a la creación de una Agencia Anticorrupción del Sistema Nacional de Salud o la proposición de Ley de Ciudadanos de protección a los alertadores de corrupción.

Dos comisiones de investigación cerradas en falso

También se han cerrado en falso la mayoría de comisiones no permanentes. De las cuatro abiertas durante la presente legislatura –dos de estudio y dos de investigación–, el único dictamen sobre el que se ha podido pronunciar el Pleno es el relativo al órgano de análisis para la recuperación e impulso de la actividad económica y social de la Comunidad de Madrid. Lo hizo el pasado mes de octubre, con la aprobación de un texto –a pesar del rechazo de Vox– en el que se proponía reforzar la sanidad pública, la contratación de personal sanitario, la modernización del modelo productivo o el fortalecimiento de los sistemas de protección social.

En el aire quedó, con el adelanto electoral, la comisión para abordar el reto demográfico y la despoblación en la región, que solo le ha dado tiempo a reunirse en cinco ocasiones. Muchas más sesiones llevaba, por su parte, el órgano parlamentario encargado de investigar el zarpazo del coronavirus durante la primera ola en los centros residenciales. Encuentros de los que ya se habían ido extrayendo algunas claves interesantes, como por ejemplo que el famoso Protocolo de la Vergüenza desvelado por infoLibre, ese documento que impedía la derivación hospitalaria para los mayores que tenían un alto nivel de dependencia o de deterioro cognitivo, no era un simple borrador, como han defendido por activa y por pasiva desde el Gobierno madrileño.

Una de las últimas sesiones de la comisión de investigación sobre la gestión en las residencias.

Sí que se concluyeron los trabajos, sin embargo, de la comisión de investigación de Avalmadrid. El órgano parlamentario llegó, incluso, a aprobar un par de dictámenes –uno de Ciudadanos y otro de Vox–, lo que provocó un importante embrollo jurídico. Al final, la Mesa de la Asamblea, controlada por PP y los naranjas, acordó elevar a Pleno exclusivamente el texto de la formación liderada por Inés Arrimadas, mucho más suave que el de la extrema derecha en lo relativo al caso de la presidenta regional y el aval de 400.000 euros concedido a MC Infortécnica. La oposición confiaba, sin embargo, en poder dar la vuelta a la tortilla en el hemiciclo a través de los votos particulares. Sin embargo, el adelanto electoral fulminó esta posibilidad y metió en un cajón el caso Avalmadridcaso Avalmadrid.

Más de cuatro centenares de decretos

Desde la primera reunión del Consejo de Gobierno, y hasta la fecha de redacción de esta información, el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid ha recogido un total de 405 decretos emanados de Presidencia y las diferentes Consejerías. Una parte importante de ellos, sobre todo durante los últimos meses, son de carácter sanitario, textos que establecen las restricciones a las que ha ido dando luz verde el Ejecutivo regional para hacer frente a la pandemia. Pero también es la figura utilizada para nombramientos o ceses, reconocimientos de distinciones –las cruces de la Orden del Dos de Mayo, por ejemplo– e, incluso, para dar luz verde al cambio de nombre de un instituto.

Algunos tienen, sin embargo, un carácter más político. Es el caso, por ejemplo, del decreto con el que el Ejecutivo regional busca blindar la educación concertada tras la aprobación de la Ley Celáa con un incremento de la duración de los conciertos de seis a diez años. O del texto con el que se suspendió la concesión de autorizaciones para la apertura de casas de apuestas. En este caso, el decreto establecía el 29 de noviembre como fecha de inicio del bloqueo. El problema es que el Gobierno regional había anunciado su intención 17 días antes. Un espacio de tiempo que fue aprovechado por las empresas del sector del juego para registrar más de un centenar de solicitudes de licencia.

Otros son de carácter más administrativo. Destaca, por las dudas que genera en la oposición, el decreto del pasado mes de marzo que simplifica el procedimiento de elaboración de las disposiciones normativas en la región. Un texto que reduce con carácter general los plazos de emisión de informes o contempla la regulación de un procedimiento específico de tramitación urgente en el que los plazos sistemáticamente se reducirían a la mitad.

Decenas de ceses

A lo largo de los dos años de legislatura, los ceses y dimisiones en el Gobierno regional se han contado por decenas. Sólo en los siete primeros meses de mandato, se registraron nada menos que trece cambios. En agosto, se prescindió de Fernando Prats como director del área de Ordenación y Control del Juego, tras la decisión de Ayuso de suprimir ese departamento. Un mes después, el turno llegó a Francisco Lobo, que abandonó su puesto después de que la Cadena Ser adelantase su imputación en la Púnica. También se vio afectada por este caso de corrupción la funcionaria Rosario Jiménez, que fue cesada como Secretaria General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente. 

El exconsejero de Políticas Sociales Alberto Reyero en la Asamblea de Madrid.

También fueron sonadas las salidas de Ángeles Pedraza tanto de Comisionada para la Atención a las Víctimas del Terrorismo como de Comisionada de la Cañada Real, un puesto en el que duró menos de una semana. O la de Concepción Canoyra, que dejó el cargo de directora general de Educación Concertada tras publicarse una información que la acusaba de haber plagiado parte de su tesis doctoral en la Universidad Camilo José Cela.

Luego llegó la pandemia. Y, con ella, continuó la sangría de altos cargos. Del Ejecutivo cayeron en pocos meses casi una decena de personas más. Una de las dimisiones más sonadas fue la del entonces consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, muy crítico con la gestión de las residencias. O la de quien fuera directora general de Salud Pública, Yolanda Fuentes, quien abandonó el cargo en protesta por la decisión de solicitar que la comunidad entrase en la fase 1 de la desescalada. 

Un año después de que el covid-19 irrumpiera en nuestras vidas como una pandemia global, empiezan a medirse y conocerse las consecuencias no solo a través del informe diario de muertos y contagiados, de vacunados y hospitalizados, sino también a través de quienes padecen los trastornos provocados por un largo confinamiento y un abrupto cambio en el modelo de vida y subsistencia. Los números que se manejan en cuanto a trastornos psíquicos, producto de la soledad, la incomunicación y la incertidumbre laboral, vaticinan una “segunda epidemia” mucho más invisible que la primera, pero no menos importante.

Este mes de mayo la revista tintaLibre se sumerge en esa parte que, demasiado a menudo, ocupa un lugar secundario en las urgencias de nuestro Sistema Nacional de Salud. Muchos especialistas en psicología y psiquiatría la consideran abiertamente la hermana pobre de la atención pública. España tiene muchos menos especialistas y camas por 100.000 habitantes en esa área que la mayoría de los países de la Unión Europea. Una rémora del pasado que en estas circunstancias se acrecienta en un país que, como afirma la doctora Iria Grande, sigue confundiendo al psiquiatra con el loquero.

La locura española, que en nuestro fecundo Siglo de Oro se hermanaba a los humores melancólicos y la bilis, produjo personajes universales como Cervantes –como afirma en su ensayo Roger Bartra– y llega a los tiempos modernos con la fuerza del electrochoque que, en el franquismo y hasta la abolición de los manicomios en los años ochenta, era la receta común contra cualquier conducta desviada. De manicomios y electrochoques sabía mucho Leopoldo María Panero, el desaparecido poeta maldito que transitó la mayor parte de su vida en esos pabellones desangelados y al que encuentra, en sus Conversaciones en el Más Acá, el escritor José Ángel Mañas. Desprecio parecido sufrió el psiquiatra Carlos Castilla del Pino, al que tanto sus ideas políticas como las referidas a su dedicación clínica no le ayudaron precisamente a burlar el confinamiento académico.

La ansiedad, de la que escribe la investigadora Remedios Zafra, forma parte del paisaje íntimo y cotidiano de gran parte de la población. Un trastorno que se acentúa en tiempos de teletrabajo, de incomunicación, de adicciones a los ansiolíticos y analgésicos. Casi el mismo escenario de fragilidad que el antropólogo y naturalista Jordi Serrallonga atribuye a una especie humana que ha olvidado que es un “primate social” que necesita del contacto, del lenguaje corporal y de la comunicación para sentirse realizada en plenitud.

En la larga lista de espera que nos toca antes que alguien nos reciba y nos conforte, celebramos también en este número el centenario de Luis García Berlanga que, siguiendo la tradición de la picaresca, halló en el disparate nacional y el humor una forma de reírse y huir de la España grisácea del franquismo. Hay locuras creativas que no pueden esconder sin embargo el urgente cambio que necesita la maltratada psique española.

Una de las grandes trampas que viene colando el neoliberalismo en las últimas décadas es que sus profetas y voceros defienden bajar impuestos mientras las izquierdas quieren subirlos. Cada vez que usted escuche esa simpleza pregunte inmediatamente: ¿Cuáles? ¿Qué impuestos? ¿A quiénes? Entonces descubrirá que sí, que los gobiernos del PP de la Comunidad de Madrid no se cansan de bajar impuestos a las rentas más altas y de perdonárselos directamente a las grandes fortunas. Según el último dato oficial disponible, sólo en un año los más ricos se ahorraron (al menos) 905 millones de euros en Madrid (ver aquí).

Ayuso y los suyos mantienen a machamartillo la anticuada y dañina doctrina fiscal de la Escuela de Chicago, y a la vez se erigen en máximos defensores de la Constitución de 1978, la que expresamente contradice esa doctrina para establecer la progresividad fiscal como seña de identidad de la democracia española (ver artículo 31). Quien más tiene, más debe contribuir a la caja común. Ni se puede ser demócrata sin ser antifascista ni se puede ser constitucionalista sin apoyar la justicia fiscal.

La trampa fiscal que los gobiernos del PP llevan practicando casi tres décadas en Madrid tiene consecuencias claras: la comunidad más rica es la que mayores niveles de desigualdad registra entre el 20% más rico y el 20% más pobre. En Madrid se ubican siete de los diez municipios con mayor renta per cápita de España y también el mayor número de personas (más de un millón) en riesgo de exclusión social (ver aquí).

Lo estamos comprobando en esta serie numérica sobre la gestión de Ayuso (ver aquí). Antes de quedarse en casa o elegir papeleta el día 4, conviene no olvidar que la receta de bajar impuestos (muy especialmente a quienes más ganan o poseen) conlleva de inmediato recortes en el Estado del Bienestar: menos sanidad pública, menos educación pública, peor atención primaria, menos fondos para dependencia... Lo que unos celebran como "oasis fiscal" (el suyo) puede terminar siendo un infierno para amplias mayorías.

P.D. Y si alguien le viniera con la famosa Curva de Laffer y la teoría de que bajar impuestos sube la recaudación, sepa que tiene tanto fundamento como la leyenda de La niña de la curva (ver aquí).

Desde al menos 2003, el Gobierno de la Comunidad de Madrid viene identificando la libertad con pagar pocos o ningún impuesto. En este caso, la libertad va por barrios. Es un hecho: los ricos pagan menos impuestos en la Comunidad de Madrid que en cualquier otra parte de España y cada año hay más residentes con grandes patrimonios en la región. La otra cara de la moneda es la financiación de los servicios públicos.

Las rebajas fiscales de Madrid causan una merma recaudatoria de 4.111 millones al año. Esta cifra de ingresos, como cualquier otra relacionada con un tributo concreto, corresponde a 2018, según los cálculos del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) a partir de datos de la Agencia Tributaria, el Ministerio de Hacienda y la Estadística del Padrón continuo del INE.

Así, Madrid podría haber ingresado 20.477 millones frente a las 16.366 millones de euros que finalmente recaudó. El siguiente párrafo del informe del Ivie Madrid: Capitalidad, Economía del Conocimiento y la Competencia Fiscal ilustra muy bien la situación:

"Madrid es la que se comporta de forma muy diferente a las demás, perdiendo más de 4.100 millones de recaudación, un 25,1% de los ingresos no financieros homogéneos que realmente obtiene. Si Madrid no hubiese utilizado su capacidad para disminuir impuestos, sus ingresos no financieros homogéneos per cápita habrían ascendido a 3.147 euros, pasando de estar en la peor situación relativa de todas las CC. AA. a situarse por encima de la media. En resumen, Madrid tiene unos ingresos homogéneos per cápita de 2.515 euros, que la sitúan a la cola de España. Estos ingresos tan reducidos no se deben al Sistema de Financiación Autonómica, que deja a Madrid en una situación relativa prácticamente idéntica a la media, sino al ejercicio a la baja de su autonomía tributaria".

PATRIMONIO

Las grandes fortunas se ahorran 905 millones de euros al año al bonificar la región el 100% del Impuesto de Patrimonio. En concreto y según los datos de la última liquidación de la Agencia Tributaria (AEAT), 18.587 personas con un patrimonio medio de 9,4 millones de euros por contribuyente se ahorraron 905.334.624 euros en 2018.

Son cifras que pueden variar de un año a otro debido a muchos factores, pero que revelan una tendencia: que la comunidad cada año se deja centenares de millones de euros en exoneraciones fiscales a los ricos; por ejemplo, en 2017 el importe ascendió a 995 millones. Y eso que había menos declarantes: 17.298, alrededor de 1.300 menos. De un año para otro, 1.289 personas de renta alta engordaron las listas de los supuestos declarantes de este impuesto sobre la riqueza. Actualmente, los 18.587 contribuyentes afectados por este tributo acumulan una riqueza de más de 175.000 millones de euros, siempre según la AEAT. Unos 9,4 millones de euros por persona. 

SUCESIONES Y DONACIONES

Sucesiones y Donaciones es el otro gran impuesto cedido a las autonomías que está masivamente bonificado. No al 100% pero casi: al 99% a descendientes directos, y al 15% y al 10% en el caso de hermanos o tíos. Aquí viene explicado.

Las herencias pagan en Madrid una cantidad simbólica que se nota a la hora de ingresar. La Comunidad recaudó en 2018 algo más de 374 millones frente a los 2.539 millones que cosecharon las 17 autonomías en su conjunto (hay que recordar que la comunidad es el 19% del PIB nacional, la quinta parte, y esa cifra está por debajo del 7% total). Para esta campaña, la gran promesa de Isabel Díaz Ayuso es aumentar las bonificaciones a las herencias entre hermanos o tíos. 

IRPF 

El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) es un impuesto estatal, progresivo, y en el que las comunidades autónomas solo tienen capacidad de maniobra para subir o bajar los tipos impositivos, así como crear nuevos tramos —o suprimirlos— más allá de los estatales (seis tramos). Por esta razón, por su cesión parcial, la Comunidad de Madrid, el motor económico nacional con el mayor PIB per cápita, es también la que más ingresa: 21.577 millones de euros, sobre un total de 88.455 millones en toda España.

Pero aún así, pierde ingresos. Según Oxfam Intermón, si Madrid tuviera las tarifas estatales habría aumentado su recaudación en 504 millones (en 2017). El imprescindible informe Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral que edita cada año el Consejo General de Economistas de España, indica que Madrid tiene el tipo mínimo del IRPF más bajo, junto a Canarias o La Rioja: del 9%, sin incluir agregados. El tramo estatal para el tipo mínimo es del 9,5% y el más alto dentro del tipo mínimo corresponde a Cataluña, con el 12%.

Lo mismo sucede con los tipos máximos. El máximo más bajo vuelve a estar en Madrid (21%) y el más alto en la Comunidad Valenciana, con el 29,5%. Según el informe del Consejo General de Economistas, "actualmente ninguna comunidad tiene una tarifa exactamente igual a la estatal, por lo que es difícil realizar comparaciones, pues en muchos casos no coinciden ni en el número de tramos". 

La promesa fiscal de Díaz Ayuso gravita en torno al IRPF. Ha prometido reducir en medio punto cada uno de los tramos autonómicos del Impuesto sobre la Renta. En realidad, se trata de una promesa incumplida desde 2019 que causaría una merma recaudatoria de 430 millones de euros y beneficiaría al 9,3% que declara en el tramo más alto de la renta: los que ganan a partir 53.407 euros. Ese 9,3%, 298.840 personas, se ahorraría 519 euros, casi cuatro veces más que la media: 134 euros por cada madrileño. Pero un ahorro hasta 20 veces mayor que la media de lo que economizaría con la promesa de Ayuso de las 857.066 personas que se encuentran en el tramo más bajo (los que ganan hasta 12.450 euros o menos). Esa franja de población con las rentas más bajas se ahorraría 25 euros.

OTROS IMPUESTOS

El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) y Actos Jurídicos Documentados (AJD) también tiene sus bonificaciones. Madrid bonifica el 10% de la vivienda habitual hasta 250.000 euros o menos. Otras bonificaciones menores afectan al ITP. El resultado es que Madrid ingresa mil de los casi 7.000 millones que se recaudan en España por Transmisiones Patrimoniales.

En cuanto al AJD, el asunto de las bonificaciones es más palpable: la región madrileña obtiene 389 millones recaudados por Actos Jurídicos Documentados de una recaudación total en España de 2.359 millones de euros. La liquidación del ITP y del AJD ha sido calculada por el Consejo General de Economistas de España.

La fiscalidad de Madrid en cinco datos clave

1) 4.111 millones es lo que dejó de recaudar la Comunidad de Madrid en un ejercicio (2017) por el cúmulo de rebajas fiscales practicadas por el Ejecutivo autonómico, según el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, Ivie, dependiente de la Generalitat Valenciana.

2) 905 millones es lo que deja de ingresar Madrid al bonificar el 100% del Impuesto sobre el Patrimonio en 2018, según la AEAT.

3) 18.587 personas estaban llamadas a declarar Patrimonio en 2018 —último año disponible—, 1.289 más que un año antes, de acuerdo con la Agencia Tributaria.

4) Madrid ingresó en concepto de Sucesiones y Donaciones 374 millones frente a los 2.539 millones de recaudación total en España. Tan bajos ingresos se deben a la bonificación del 99% para descendientes directos.

5) 430 millones se perderían de la recaudación por IRPF de aplicarse la promesa de Ayuso de rebajar medio punto cada tramo del Impuesto sobre la Renta; una promesa que beneficiaría al 9,3% más rico. Fuente: Sindicato de Técnicos de Hacienda, Gestha.

Todo el mundo sabe que Madrid ha funcionado desde 2019 sin Presupuestos, porque los tres socios de gobierno, PP, Ciudadanos y Vox, no consiguieron ponerse de acuerdo. Y justo cuando proclamaban que lo tenían, Isabel Díaz Ayuso convocó elecciones para el 4-M. Lo cierto es que nadie ha visto un solo papel donde se refleje cuánto dinero dedicarían los tres de Colón a cada partida. La de Investigación, Desarrollo e Innovación, la famosa I+D+i que todas las instituciones internacionales consideran clave para el crecimiento económico y la productividad de un país o región, no parece la más mimada por los autoproclamados liberales que gobiernan Madrid desde hace 26 años. En 2019, el porcentaje del presupuesto público dedicado por la Comunidad a I+D+i fue exactamente el 0,06% respecto al PIB madrileño (ver aquí).

Es importante no confundir este dato con el de porcentaje de gasto total (público y privado), que suele ser del que presumen Ayuso y su equipo. Tampoco es para lanzar cohetes, puesto que siendo la comunidad más rica de España y donde se concentran las más importantes empresas, alcanza apenas un 1,71% del PIB regional.

Hace sólo diez días, más de 80 sociedades científicas pedían a todas las administraciones “un cambio radical de tendencia en la inversión pública por la I+D+i” (ver aquí). Sabemos que el Gobierno estatal (¡socialcomunista!) ha incrementado para 2021 las partidas no financieras para investigación, desarrollo e innovación un 59,4% respecto al año anterior (ver aquí). Ya era hora, porque en 2019 se había dedicado a ese capítulo menos porcentaje del PIB que el que Zapatero había invertido diez años antes.

Sostienen los científicos (y el sentido común) que la pandemia ha terminado de demostrar que hace falta ese cambio radical sobre I+D+i. También en Madrid. De momento los sondeos no parecen confirmar que sea posible. “Cada día sabemos más y entendemos menos”, que diría Einstein.

La Comunidad de Madrid destina 148 millones de euros a investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) en sus Presupuestos aprobados en 2019 y actualmente vigentes. Según la herramienta de comparación de cuentas autonómicas habilitada por el Ministerio de Hacienda, se trata de la tercera comunidad que menos invierte en esta partida por habitante con 22 euros, solo por detrás de la Región de Murcia (20 euros) y Castilla-la Mancha (16,5). En cabeza se encuentran La Rioja (258,5 euros) y Euskadi (232,4 euros), con mucha diferencia frente al resto. La región que gobierna Isabel Díaz Ayuso es una de la que menos apuesta en sus cuentas por este ámbito pese al músculo de la innovación de las grandes empresas radicadas en territorio madrileño y pese a ser la autonomía con más universidades e investigadores públicos. 

Las dos comunidades con más población que la Comunidad de Madrid, Andalucía y Cataluña, dedican 63,7 y 39,6 euros respectivamente por habitante a la investigación, el desarrollo y la innovación. Euskadi es la segunda en el ranking, con 516 millones de euros dedicados, pese a ser la séptima en población. El top 5 lo completan Navarra (86,7 euros), Galicia (70,2 euros) y Extremadura (67,4 euros). 

Si la relación se establece con el Producto Interior Bruto (PIB) de cada comunidad autónoma, en base a los datos de 2019 del Instituto Nacional de Estadística (INE), la Comunidad de Madrid aparece la última: esos 148 millones de euros son un 0,06% de un PIB de 240.000 millones de euros. Las que más invierten en comparación con su PIB son Extremadura, La Rioja, Euskadi, Andalucía y Galicia.

El I+D+i, el concepto que engloba a todas las acciones públicas o privadas destinadas a generar nuevo conocimiento, ideas y aplicaciones para fomentar el desarrollo de una comunidad, se financia tanto desde la administración pública como desde las empresas privadas. La Universidad, como principal institución pública dedicada tanto a la docencia como a la investigación, recibe fondos tanto del Estado como de las autonomías. Por su parte, las compañías, sobre todo las más grandes, dedican recursos a este ámbito para, a riesgo de perder la inversión, encontrar nuevos procedimientos que les permitan ampliar mercado o hacer más eficientes sus procesos. 

El Instituto Nacional de Estadística, en este sentido, publica estadísticas sobre los gastos internos en I+D, definidos por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt) como "todas las cantidades destinadas a actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico, realizadas dentro de la unidad o centro investigador cualquiera que sea el origen de los fondos". Es decir, que incluye tanto la investigación y el desarrollo públicas como privadas. Un vistazo a los datos permite entender que, pese a que la inversión autonómica en Madrid en relación a su población es modesta, el músculo en este ámbito es considerable, en comparación al resto de autonomías, por la concentración de grandes compañías y de centros estatales de investigación.

En el año 2019, último ejercicio con datos del INE, la Comunidad de Madrid fue la segunda en la que más se gastó en I+D interna con respecto a su Producto Interior Bruto (PIB), con un 1,71%. Solo fue superada por Euskadi, la primera en esta clasificación, con un 1,97%. Cierran la tabla Castilla-La Mancha (0,59%), Canarias (0,47%) e Islas Baleares (0,40%). Según datos de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, la autonomía concentra 2,2 empresas de más de 250 empleados (las que más se gastan en investigación) por cada 10.000 habitantes, frente al 1,4 que registra Cataluña, la segunda. Además, la estructura universitaria de la Comunidad de Madrid es la más grande del país, con 25.042 personas dedicadas a la docencia y la investigación y 4.464 solo a la investigación, según las últimas cifras recabadas por el Ministerio de Universidades. 

La Comunidad de Madrid aparece de las primeras en el ranking de I+D interna por, entre otros motivos, su porcentaje de grandes empresas, pero estas no invierten demasiado, según datos de 2018, los últimos disponibles, recabados por la fundación Cotec. El I+D interno empresarial con relación al PIB está en el 70%, al igual que en Cataluña, frente al 110% de Euskadi. Aparece más favorecida en la estadística de I+D interna por, según el mismo organismo, "la alta concentración de centros de investigación, muy particularmente los del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)". Las compañías radicadas en Madrid no invierten tanto como en el País Vasco porque reciben mucho menos apoyo de la autonomía para ello: según las cifras de Cotec, el 0,7% de las empresas "recibieron financiación local/autonómica para actividades innovadoras", frente al 1,4% de Cataluña y el 11,9% de Euskadi. 

Hay dos formas de medir el desempleo en España: a través del paro registrado en las oficinas del Servivicio Público de Empleo Estatal (SEPE), o bien a través de la Encuesta de Población Activa (EPA). El primero refleja el número de quienes se han inscrito en busca de trabajo, y el segundo (más fiable y homologado por Eurostat) incluye también a quienes no tienen empleo pero tampoco lo buscan a través del SEPE. En los dos baremos, la Comunidad de Madrid duplica el aumento del desempleo en España, como puede comprobarse fácilmente pinchando aquí y aquí. La media de la subida del paro registrado en España en el último año, con datos a 31 de marzo, es del 11,3%, mientras la de Madrid es del 21,4%. Según la última EPA, el aumento en España fue del 16,5%; en Madrid del 36,2%.

Los datos comprobables son como dardos que se clavan en las mentiras de quienes los niegan o manipulan. Ayuso es experta en ello. No le conviene asumir hechos que desmienten su autodenominado "milagro". Podría presumir de que Madrid es la comunidad en la que, de media, se pagan los salarios más altos. Pero eso viene de lejos, y habría que incorporar a la balanza de cada hogar el coste de la vida, de la vivienda, de la cesta de la compra, del transporte... también entre los más altos.

Si vamos relacionando unos con otros los números que aquí destacamos cada día, iremos dibujando las verdades y mentiras de la gestión pública madrileña. Milagros no vemos. 

La candidata de Más Madrid, Mónica García, aseguró en el debate electoral de Telemadrid la noche del miércoles que el paro había crecido un 22% en la comunidad, el doble de la media nacional. La presidenta y candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, la interrumpió para responderle que era mentira y atribuir el dato a un supuesto “ministerio de Podemos y Más Madrid”. La cifra, sin embargo, es correcta. El paro registrado en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha crecido en los últimos 12 meses un 11,31% de media en España, mientras que en la Comunidad de Madrid lo ha hecho casi el doble, un 21,41%. Sólo Baleares y Canarias, azotadas por las restricciones que el virus ha impuesto al sector turístico, han sufrido un aumento mayor, del 32,21% y el 23,29%, respectivamente. Madrid tiene registrados en las oficinas del SEPE 441.630 desempleados del total de 3,95 millones que hay en España.

Existe otra manera de medir el paro, la Encuesta de Población Activa (EPA), que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE), a su vez dependiente del Ministerio de Economía. Es el baremo que utiliza Eurostat, la oficina estadística de la UE, para hacer sus comparaciones entre los Estados miembros. Se considera, además, un parámetro más fiable que el paro registrado: éste sólo cuenta a los desempleados que se inscriben en el SEPE, y no todos los que se quedan sin trabajo lo hacen; la EPA, en cambio, es una encuesta e incluye a esos parados que no acuden a las oficinas del organismo público. Según la última EPA, correspondiente al cuarto trimestre de 2020, el paro creció un 16,54% en España respecto al mismo periodo del año anterior. En la Comunidad de Madrid, un 36,24%, más del doble, por tanto. Por encima de esa cifra sólo está Baleares, con un espeluznante 75,22%. El año pasado el desempleo aumentó en Madrid más que en Cataluña –32,56%–, Navarra –28,85%– y Canarias –28,33%–. Según la EPA, en Madrid hay 480.000 parados.

EMPLEO

Díaz Ayuso también rebatió la cifra de paro asegurando que Madrid es la comunidad autónoma que más empleo ha creado. Sin embargo, de acuerdo con los registros de afiliación de la Seguridad Social, en Madrid el empleo ha caído un 0,14%, mientras que ha crecido en Castilla-La Mancha –1,7%–, Murcia –1,4%–, Extremadura –0,9%– y Cantabria –0,3%–. Es decir, la Comunidad de Madrid ha destruido empleo al igual que otras 12 comunidades autónomas, si bien lo ha hecho por debajo de la media nacional –0,45%– y de las regiones más perjudicadas, como Baleares –7,1%– y Canarias –3,3%–. Madrid cuenta con 3,22 millones de cotizantes a la Seguridad Social, lo que equivale al 17% de los afiliados españoles. De ellos, 2,8 millones son asalariados del Régimen General y 409.297 son autónomos. El número de asalariados ha descendido un 0,3% –el doble que la afiliación total– entre marzo de 2020 y 2021, mientras que el de los trabajadores por cuenta propia ha aumentado un 1,3%.

ERTE

El pasado mes de marzo, los trabajadores que se encontraban en ERTE en Madrid alcanzaban la cifra de 112.584; es decir un 3,5% de sus afiliados a la Seguridad Social estaban acogidos a estos mecanismos de protección pública. Es la segunda comunidad con mayor número de asalariados con el contrato suspendido o la jornada reducida, detrás de Cataluña y Andalucía. Y la tercera en porcentaje de afiliaciones, después de Baleares –con un 11,5% de sus trabajadores en ERTE–y de Canarias –8,5%–. Desde el mes de mayo de 2020, cuando se alcanzó el pico de asalariados en ERTE, 555.029, la cifra ha caído un 79,7%.

PARO JUVENIL Y DE LARGA DURACIÓN

De los 480.000 parados que viven en la Comunidad de Madrid, 194.000, el 40,4%, son parados de larga duración, llevan sin trabajar más de un año. Son sólo cinco décimas por debajo de la media nacional. No obstante, su número creció un 27,8% en 2020, sobre todo por el aumento que ha experimentado el de quienes llevan entre uno y dos años sin empleo, que ha pasado de 47.600 en 2019 a 88.200 en 2020, casi se han duplicado. De hecho, Madrid es la tercera comunidad autónoma con mayor porcentaje de parados sin trabajo entre uno y dos años, un 18,4%, sólo superada por la Comunidad Valenciana –19,3%– y Cataluña –18,5%–. Otros 105.800 llevan más de dos años sin empleo.

La tasa de paro juvenil alcanza en Madrid el 34,2% para los menores de 25 años y el 24,21% para quienes tienen entre 25 y 30 años. Sólo Galicia tiene menos desempleo entre los menores de 25 años –33,66%–, y Castilla y León entre quienes tienen entre 25 y 30. La media española asciende al 40,1% y al 30,2% en cada grupo de edad, seis puntos por encima de la madrileña.

TASA DE TEMPORALIDAD Y DE PARCIALIDAD

La tasa de temporalidad también se sitúa en Madrid por debajo de la media nacional, un 19,79% frente a un 24,63% según la EPA. Es la más baja del país, con Cataluña pisándole los talones –19,81%–. En cualquier caso, la tasa española es la tasa más elevada de la Unión Europea sólo por debajo de Polonia.

Los trabajadores con contrato indefinido ascienden a 2,18 millones en la Comunidad de Madrid, mientras que los temporales son 538.900. En 2020 el empleo fijo cayó en Madrid un 3,14%, duplicando la media nacional. Sólo la superan en el descenso Canarias –9,83%–, Cantabria –7,57%–, Aragón –6,20%– y Baleares –3,62%–. El empleo temporal también disminuyó, pero mucho menos, un 0,35%, un descenso cuatro veces inferior al promedio nacional.

Si se mide el tipo de jornada, que es junto con la temporalidad un indicativo válido de precariedad laboral, en Madrid trabajan a tiempo parcial 397.800 personas, mientras que otros 2,67 millones lo hacen a tiempo completo. Es el 12,9%. En España la tasa de parcialidad es del 14,46%, un punto y medio superior a la madrileña.

SALARIOS

En la comunidad madrileña es donde, de media, se pagan los salarios más altos de España. Lo acreditan las estadísticas de la Agencia Tributaria. Según los datos correspondientes al ejercicio de 2019, el salario medio declarado por los madrileños alcanzaba los 26.721 euros brutos anuales. El promedio nacional se queda en 20.566 euros. En esta estadística no aparecen ni el País Vasco ni Navarra, puesto que ambos territorios cuentan con sus propias Haciendas Forales. En Cataluña el sueldo medio era en 2019 de 23.122 euros anuales. La comunidad con el salario medio más bajo era Extremadura, con 15.476 euros. 

La Encuesta de Estructura Salarial que publica el INE sí incluye datos sobre las comunidades forales, pero su última actualización es de 2018. De acuerdo con estos datos, Madrid era entonces la segunda comunidad con los salarios brutos anuales más elevados, 27.010,93 euros, sólo superada por el País Vasco, que elevaba la media hasta los 28.470,94 euros. Navarra quedaba por debajo, con 26.364,75 euros brutos anuales. Extremadura sigue aquí también con el sueldo más bajo, 19.947,8 euros.

Aunque parezca obvio, conviene insistir cada día en que los números no significan apenas nada sin su contexto. Sólo así resultan tan significativos como irrefutables. Madrid acumula (en el momento de escribir estas líneas) 9.756 casos positivos registrados por cada 100.000 habitantes. Insisto en lo de registrados, diagnosticados o confirmados, porque son evidentemente muchos más. Lo cierto es que no debería haber discusión sobre el hecho de que Madrid es la comunidad con más proporción de contagios, de hospitalizaciones y de personas fallecidas por covid en residencias, así como una de las que encabezan las ratios de mortalidad y de ingresos en UCI (ver aquí).

Cada vez que uno escucha la excusa de la "alta densidad de población" como justificador único de las cifras de Madrid entran ganas de gritar: ¿Y por qué Hong-Kong, Seúl o incluso Nueva York han controlado mucho más eficazmente la transmisión? Pues porque han aplicado medidas mucho más estrictas en el control de la movilidad, el distanciamiento social y el rastreo de contactos (ver aquí). ¿Alguien recuerda la necesidad imperiosa de rastreadores? ¿Y la resistencia de Madrid a aceptar siquiera el apoyo de los ofrecidos por el Ejército?

Necesitamos aún tiempo para examinar con perspectiva la gestión de todas las administraciones durante la pandemia. Lo inaceptable es que ese tiempo pueda servir para disfrazar la realidad, distorsionarla o empeñarse en culpar a la demografía de esta tragedia inacabada. Si al menos sirviera para no repetir errores...

"Madrid lidera en casos totales, en hospitalizaciones, en casos atendidos en UCI, en fallecidos por coronavirus... Para el Gobierno de Madrid la pandemia no era una desgracia, sino una oportunidad para hacer caer al Gobierno de España". Con estas palabras, el candidato de Unidas Podemos a la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, arrancó este miércoles su primera intervención en el debate electoral de Telemadrid. Fue un enfrentamiento cargado de datos. Sobre todo en lo relativo a la gestión de la pandemia en la región. Un asunto que la presidenta regional y la candidata a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, trató de despejar en una frase: "Si se compara de manera mezquina con otras comunidades, con otras densidades y otras situaciones, puede dar esas cifras, pero es absolutamente falso y yo reto a mis contrincantes a que en estos días me lo demuestren".

Pero los datos oficiales son los que son. Y reflejan que durante la crisis sanitaria la Comunidad de Madrid ha acumulado el mayor número de positivos y de hospitalizados por cada 100.000 habitantes, y ha ocupado la segunda posición en ingreso en UCI. También es una de las que tiene una mayor tasa de mortalidad de toda España. Sobre todo en los geriátricos, donde registra la mayor ratio de fallecidos por plazas ofertadas. 

infoLibre repasa, a continuación, los principales indicadores de la pandemia en la región.

MAYOR NÚMERO DE POSITIVOS

En su informe del pasado 20 de abril, cuando se redactó esta información, el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, dependiente del Ministerio de Sanidad, contabilizaba 3.421.740 positivos desde el estallido de la pandemia en las 17 comunidades autónomas. De todas las regiones, Madrid es la que acumulaba un mayor número de casos: 661.475. Teniendo en cuenta los datos de población del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes al inicio de 2020 –antes de que estallara la crisis sanitaria–, esto equivale a unos 9.756 por cada 100.000 habitantes, frente a los poco más de 7.200 por cada 100.000 habitantes de media a nivel nacional –excluyendo en los cálculos a Ceuta y Melilla–. Es, por tanto, la comunidad líder tomando como referencia este baremo. 

Le siguen de cerca Castilla y León y La Rioja, con 9.171 y 9.053. Por encima de los 8.000 se encuentran, por su parte, otras tres regiones: Castilla-La Mancha, Navarra y Aragón.

En el extremo contrario destacan cuatro comunidades autónomas. Canarias es la que presenta mejores cifras en esta materia. Desde el inicio de la crisis sanitaria, la tasa de contagios por cada 100.000 habitantes en el archipiélago se sitúa en los 2.345. Algo por encima, pero con unos datos mucho más favorables que los de las regiones más castigadas, se encuentran Galicia (4.437), Cantabria (4.750) y Asturias (4.874).

LA SEXTA QUE MÁS PRUEBAS HACE

Podría pensarse que estos resultados son fruto de una gran capacidad diagnóstica. Es decir, que hace muchas pruebas y, por tanto, detecta más casos. Pero los datos, una vez más, muestran que no es así. Las últimas cifras publicadas por el Ministerio de Sanidad en esta materia son del pasado 15 de abril. Aquel informe situaba la tasa de pruebas diagnósticas por cada millar de habitantes en suelo madrileño en las 946.

Es cierto que ese dato estaba entonces por encima de la media nacional. Sin embargo, no es, ni mucho menos, la mejor. Por delante delante tenía, según aquellas cifras, a otras cinco regiones. Lideraba la clasificación Navarra, con una tasa por cada 1.000 habitantes de 1.222. En segunda y tercera posición se situaban, por su parte, Euskadi (1.177) y La Rioja (1.113). Y la cuarta y quinta posición fueron para Asturias y Cataluña, con 1.094 y 1.059, respectivamente. 

En la parte baja de la tabla, mucho peor posicionadas, Andalucía, Canarias y Castilla-La Mancha, con una tasa por cada millar de habitantes por debajo de los 600.

LA PEOR RATIO EN HOSPITALIZACIONES

El elevado número de casos detectado se ha visto también reflejado en los centros sanitarios madrileños. Durante la pandemia, 94.136 casos han requerido en la comunidad autónoma de hospitalización, según consta en el último recuento oficial de estas cifras realizado por el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias –en concreto, en la actualización del 16 de abril–. De nuevo, Madrid a la cabeza si se ajusta esta cifra a la población que tenía antes del comienzo de la crisis sanitaria. De cada 100.000 madrileños, 1.388 fueron ingresados a causa del coronavirus. Le siguen, también por encima del millar, Castilla y León y La Rioja, con 1.096 y 1.030.

En la parte baja de la clasificación, Canarias, Baleares, Galicia y Cantabria, con 229, 387, 477 y 500, respectivamente.

En relación con los ingresos en las unidades de críticos, Madrid también ocupa las primeras posiciones. En concreto, el segundo puesto: por cada 100.000 madrileños, 102 han requerido de UCI. Solo la supera La Rioja, con 117 ingresos en estas unidades por cada 100.000 habitantes. Ocupa la tercera posición Aragón, con 93.

Se encuentran en el extremo contrario Cataluña, Canarias y Extremadura. En la primera, la tasa de ingreso se sitúa en las 42 personas por cada 100.000 habitantes, mientras que en la segunda es de 46. Mientras, en suelo extremeño por cada 100.000 personas requirieron de estas unidades 48.

¿Y si prestamos atención a los ingresos en UCI respecto al número de hospitalizados global? En este baremo, la región que preside Díaz Ayuso está mucho mejor posicionada. Del total de personas que durante toda la pandemia han tenido que quedarse en un hospital, un 7,4% lo han hecho en la zona de críticos. Sólo obtiene un mejor resultado Castilla-La Mancha, con un 7,33%. Las peores cifras en este sentido son para Canarias (20,3%), Baleares (15,2%) y Cantabria (13,9%). 

UNA DE LAS TASAS MÁS ALTAS DE MORTALIDAD

En el año 2020, según los Indicadores de Estructura de la Población del Instituto Nacional de Estadística (INE), Madrid formaba parte del grupo de comunidades autónomas con una población más joven, con una edad media de 42,52 años, solo por detrás de Murcia, Baleares y Andalucía. A pesar de ello, la región se encuentra entre los territorios con mayor mortalidad durante la pandemia. Desde que estalló la crisis sanitaria, y de nuevo con los datos de Sanidad del pasado 20 de abril en la mano, han fallecido en suelo madrileño 14.844 personas por coronavirus.

Es cierto que es el número más elevado de toda España. Sin embargo, conviene de nuevo ajustar el dato a la población para obtener una imagen mucho más realista a la hora de llevar a cabo una comparación con otras comunidades autónomas. El resultado es que de cada 100.000 madrileños que había justo antes de estallar la crisis sanitaria, han perdido la vida por culpa del coronavirus 219.

Es una de las peores cifras. Sin embargo, en una situación mucho más complicada se encuentran otros cuatro territorios. Lidera este ranking negro Castilla-La Mancha, con 284, frente a los 162 de media a nivel nacional –de nuevo sin tener en cuenta a Ceuta y Melilla–. Le siguen Castilla y León (280), Aragón (256) y La Rioja (236).

En el extremo contrario se encuentran los dos archipiélagos: en Canarias han fallecido unas 33 personas por cada 100.000 habitantes, mientras que en Baleares 66. En la península, cuentan con las tasas más reducidas Galicia y Cantabria, con 87 y 94, respectivamente.

MAYOR RATIO DE RESIDENTES FALLECIDOS POR NÚMERO DE PLAZAS

Otra cosa bien distinta es cuando se pone el foco en todas aquellas personas que han perdido la vida en los geriátricos. Ahí, la Comunidad de Madrid vuelve a llevarse la palma. En la última actualización de Enfermedad por Coronavirus en Centros Residenciales, correspondiente al 11 de abril, el Imserso cifraba en 29.544 el número de mayores fallecidos en las residencias, contabilizando tanto aquellos con covid-19 confirmado –19.052– como los que habían tenido síntomas compatibles con la enfermedad –10.492–. Con 6.208, la Comunidad de Madrid se encontraba a la cabeza en mortalidad, seguida por Cataluña y Castilla y León, con 5.439 y 4.005, respectivamente. Sólo entre las tres regiones aglutinan, por tanto, algo más de la mitad de los fallecimientos en los geriátricos a lo largo de la pandemia.

Obviamente, la oferta residencial varía enormemente en función de la comunidad. Y eso es algo a tener en cuenta a la hora de hacer una comparación entre regiones. Por tanto, a fin de afinar más la radiografía, se han ajustado los datos al número de plazas residenciales, que antes de la primera ola estaban ocupadas de media al 90%. Sin embargo, la región presidida por Isabel Díaz Ayuso no se mueve de la primera posición. A 30 de septiembre de 2020, según recoge a partir de datos oficiales el periodista de infoLibre Manuel Rico en su libro ¡Vergüenza! El escándalo de las residencias (Planeta, 2021), había 52.452 plazas en estos centros madrileños, lo que se traduce en una ratio de fallecimientos por plaza de 0,12.

Por encima del 0,1 se encuentra también Castilla-La Mancha (0,11). Le siguen Navarra (0,1), Cataluña (0,1) y La Rioja (0,09).

En el extremo contrario, destacan tres comunidades autónomas: Cantabria, Galicia y Canarias, con unas ratios de 0,05, 0,04 y 0,01, respectivamente.

Madrid también fue durante la primera ola la comunidad autónoma con peores datos de mayores fallecidos respecto al total de residentes: murieron el 12%, por delante de Castilla-La Mancha, donde se superó ligeramente el 8%.

Durante el debate del pasado miércoles, la presidenta madrileña aseguró, en relación con este tema, que el 70% de los mayores habían muerto en el hospital. Pero lo cierto es que en los 20 veinte días posteriores a la aprobación del famoso Protocolo de la Vergüenza, desvelado por este diario, murieron en los centros sin ser trasladados a un hospital 5.343 mayores, un 84% del total de decesos. Estos son los datos oficiales trasladados por la propia Consejería de Sanidad a través del Portal de Transparencia. Como lo son también los que indican que el durante las seis semanas que estuvo abierto Ifema, sólo un 0,6% de los pacientes atendidos –23– eran mayores procedentes de residencias. O que no se produjo ni un solo traslado a hospitales privados durante la primera ola de la pandemia.

Puedes consultar todos estos datos y su procedencia en la investigación de infoLibre sobre el drama vivido en los geriátricos.

RASTREADORES Y TRAZABILIDAD

Tras el impacto de la primera ola de la pandemia, todos los expertos avisaron de la importancia de tener una potente red de rastreo que permitiese hacer un buen seguimiento de los contagios y anticiparse así al avance del virus. A pesar de las promesas, el Ejecutivo regional tardó meses en reforzar el sistema. Actualmente, no hay datos oficiales centralizados por comunidades autónomas que permitan hacer una comparativa fiable. Sin embargo, las últimas cifras que ofreció el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso situaban la cifra en unos 1.600 sabuesossabuesos. Eso equivale a 23,6 por cada 100.000 habitantes.

Pero, ¿es un número suficiente? A lo largo de la pandemia, el Ministerio de Sanidad no ha establecido en ningún momento cuáles serían las ratios óptimas. Sí que lo han hecho algunas otras instituciones. En abril de 2020, la Asociación Nacional de Funcionarios de Salud del Condado y la Ciudad (Naccho, por sus siglas en inglés) sostenía en un documento que en una situación de no emergencia en Estados Unidos era suficiente con 15 por cada 100.000 habitantes, mientras que para un momento de descontrol se requerían el doble: unos 30, una proporción que todavía no alcanza la región. Sí que se ajusta, sin embargo, a otras ratios internacionales, que recomiendan la proporción de un sabueso por cada 5.500 habitantes –18,18 por cada 100.000–.

Madrid también es una de los territorios que menos conocen el origen de los contagios que registran. Según el último informe Indicadores principales de seguimiento de covid-19, elaborado por el Ministerio de Sanidad y con fecha del 15 de abril, el porcentaje de casos con trazabilidad es del 49,9%. En peor situación se encuentran, según esas mismas cifras, Euskadi (0,5%) o Andalucía (33,2%). En el extremo contrario se encuentran regiones como Canarias, donde este dato se coloca en el 85,9%; La Rioja, con un 77,6%; y Galicia, con el 75,3%.

A principios de octubre pasado, en plena segunda ola del covid-19, justo cuando el Gobierno se vio obligado a imponer medidas restrictivas en la Comunidad de Madrid ante la negativa de Ayuso a cumplir los acuerdos del Consejo Interterritorial de Sanidad, la Asamblea regional aprobó una de las dos únicas leyes que han salido adelante en la última legislatura. Por el método de lectura rápida y con el voto de PP, Ciudadanos y Vox. No se trataba de ninguna normativa en favor de la hostelería, o en beneficio de las pymes, o de los autónomos o de los necesitados (para ella "mantenidos") de las colas del hambre. Era una reforma de la Ley del Suelo que consiste en sustituir la exigencia de licencias urbanísticas por simples "declaraciones responsables" (ver aquí). Barra (aún más) libre y rápida para la construcción privada.

¿Cuántos pisos o viviendas públicas, protegidas, de carácter social, se han entregado durante el Gobierno Ayuso? Exactamente 0. Ninguna. Se han licitado parcelas, hay planes anunciados o en marcha, pero lo que se dice vivienda pública construida, terminada y adjudicada, cero (ver aquí).

Entre los críticos de Ayuso abundan quienes sostienen que su principal rasgo es la insolvencia (como pudo percibirse en el debate de este miércoles, muy especialmente al ser interpelada por su gestión en las residencias). Tengo mis dudas. España es país notable en la producción de especialistas en hacerse los tontos yendo a lo suyo (o a lo de los suyos). Sin complejos. Madrid está a la cabeza en el precio medio de los alquileres, y hay debate sobre la eficacia o no de su regulación. Lo que nadie discute es la necesidad urgente de aumentar el parque de vivienda pública. Ayuso y los suyos prefieren venderlo a fondos buitre a precio de ganga. Y se resisten a cumplir las sentencias que instan a recuperarlo (ver aquí). Lo llaman libertad.

Isabel Díaz Ayuso es rehén de sus promesas en campaña. Ha vuelto a prometer la misma rebaja fiscal del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que lleva planteando desde que accedió al cargo y que no ha cumplido. Se compromete a dar las ayudas directas a la hostelería que no ha dado durante toda la pandemia. Y en vivienda, tres cuartos de lo mismo: desde 2019 la Comunidad de Madrid lleva anunciando un plan que supone 25.000 viviendas sociales y del que ningún madrileño sabe gran cosa. 

¿Cuánto vale la vivienda en Madrid? ¿Cuánta vivienda protegida hay? ¿Cuánta vivienda social se ha construido en los últimos años? infoLibre publica una serie de datos a continuación sobre la realidad habitacional de los madrileños de cara a las elecciones autonómicas del 4-M. 

PRECIO DE LOS ALQUILERES

El precio medio del alquiler en la Comunidad de Madrid es el más elevado de España. Se trata de un asunto nada baladí: el control de precios de los arrendamientos en los mercados de zona tensionada está en el centro de la negociación del actual Gobierno de coalición conformado por PSOE y Unidas Podemos. 

Para ello, el Ministerio de Transportes –dentro del cual se halla la Secretaría General de Vivienda– dispone de un índice que tiene un desfase de entre uno y dos años. En ese índice, la región madrileña tiene el precio medio más caro, arrastrado por lo que cuesta un alquiler en el municipio capitalino. 

Así, un alquiler en la comunidad madrileña vale una media de 780 euros. Le sigue Cataluña con 650 euros, Baleares con 624 y Andalucía con 504 euros. El reverso, las regiones con alquileres más baratos, está en Extremadura (400 euros), Castilla-La Mancha (436 euros) y la Comunitat Valenciana (445). Hay que entender que el precio medio es la suma de las zonas tensionadas y de las que no, por lo que los grandes núcleos urbanos son los que alteran el resultado final. 

En este sentido, El País calculó el 6 de abril de este año las zonas tensionadas en España cruzando datos de Transportes y del Instituto Nacional de Estadística (INE). De los 109 municipios tensionados, siete están en la Comunidad de Madrid: Villa del Prado, Móstoles, Alcorcón, Parla, Humanes de Madrid, Fuenlabrada y Torrejón de Ardoz.

La capital merece un capítulo aparte: 12 de los 21 distritos de la capital están tensionados. Y esos 12 corresponden a los 13 con rentas más bajas. En otras palabras, todos los distritos del sur (incluido Vallecas) y el de Tetuán, algo más al norte pero muy popular.

¿Qué es una zona tensionada? Se entiendo por aquellas zonas, principalmente urbanas, donde el precio del arrendamiento equivale como mínimo al 30% de los ingresos de los habitantes de ese hogar, según la definición clásica que maneja el ministerio de José Luis Ábalos. 

PRECIOS DE LA COMPRAVENTA DE VIVIENDA

Madrid es la segunda provincia con el precio más caro por metro cuadrado de la vivienda libre, ligeramente por detrás de Gipuzkoa. Así lo establece el Observatorio de la Vivienda y Suelo editado por Transportes y relativo al tercer trimestre de 2020, el último disponible. 

El precio en el territorio histórico guipuzcoano alcanza los 2.655,3 euros frente a los 2.610,3 euros de la Comunidad de Madrid, que es uniprovincial. Le sigue Barcelona, donde la vivienda libre se sitúa en 2.364,9 euros por metro cuadrado y las Illes Balears, con 2.381,5 euros. En quinto lugar aparece Bizkaia con 2.275,7 euros. 

La provincia más barata es Ciudad Real, donde el precio del metro cuadrado se queda en 718,9 euros, Teruel (735,8 euros) y Jaén (773,9 euros). 

Precios de la vivienda libre por provincias.

VALOR DEL SUELO

Madrid es la segunda provincia con el precio del suelo más caro, según la Estadística de precios de suelo urbano elaborada por Transportes. Estas son, por orden, las provincias con el suelo más caro: Baleares (504,1 euros por metro cuadrado), Madrid (454,4 euros), Zaragoza (352,9 euros) y Barcelona (347,4 euros)

Los más baratos, en cambio, corresponden a provincias de la España vacía: Salamanca (49,7 euros), Toledo (89,2 euros) y Lugo (114 euros por metro cuadrado).

Curiosamente, el suelo ha sido el elemento central en torno al cual ha gravitado la única ley que el Ejecutivo de Díaz Ayuso sacó adelante la pasada legislatura: la sustitución de las licencias urbanísticas por la declaración responsable. Si la anterior crisis financiera (2008-2014) tiene mucho que ver con la barra libre urbanística que vivió España a comienzos del milenio, especialmente con la liberalización y la urbanización del suelo, esta ley se le parece mucho. 

VIVIENDA PROTEGIDA

Madrid es la décima región –empatada con la Comunitat Valenciana– con mayor porcentaje de viviendas protegidas sobre el total de hogares. Esta estadística se extrae cruzando los datos de Transportes sobre Vivienda Social –el ministerio elaboró una estadística especial en otoño de 2020- y la última Encuesta Continua de Hogares del INE.

En realidad en este capítulo la comunidad está más o menos alineada con el resto de regiones. Pero alineada para mal: solo algo más del 1% del total de hogares en España tienen algún tipo de protección pública. Una ridiculez: 239.405 viviendas sociales para más de 18,7 millones de hogares.

No siempre fue así. En 1985, la vivienda protegida construida suponía el 67,2% de la vivienda total terminada. Eran otros años, y con cláusulas que permitían a la mayor parte de los inquilinos de vivienda social ejercer su opción de compra. Miles fueron luego vendidas. En el caso de la región madrileña, el 44% de las viviendas construidas entre 1981 y 1990 tuvieron algún grado de protección, porcentaje que se derrumbó hasta el 23% la década siguiente. Y siguió cayendo. 

La Ciudad Autónoma de Ceuta es la que más vivienda social sobre el total posee, con el 21.5%. Ya muy lejos está Melilla con el 4.3%, País Vasco con el 3,37%, y Andalucía y Asturias, ambas con el 2,29%. 

Algo en lo que Madrid es singular es en su manera de vender 3.000 viviendas protegidas a poderosos fondos buitre como Goldman Sach-Azora por debajo del precio de mercado; una singularidad que permanece cuando la justicia anula la venta: Díaz Ayuso lleva dos años haciendo todo lo posible por no recuperar la titularidad de las viviendas y su equipo recurre cada fallo –que siempre confirma el anterior–. Recobrar la propiedad de 3.000 viviendas públicas sería un regalo para cualquier administración en estos momentos. 

¿Y la construcción de viviendas sociales? A pesar de que el actual Gobierno regional promueve la idea de que ejecutará hasta 25.000 en los próximos años, la última entrega de VPO por parte de la Comunidad de Madrid se produjo en 2019.

Por tanto, Madrid lleva dos años sin terminar ni entregar ninguna vivienda social. Así lo establece la Relación de promociones ejecutadas y entregadas que establece la Agencia de la Vivienda Social, antes conocido como Ivima. En 2019 se entregaron 63 de un plan de absorción en Canillas para colectivos desfavorecidos que estaban siendo realojados. Y ya está. 

Actualmente, hay 197 pisos "en ejecución", esto es, viviendas cuyas llaves no han sido entregadas por parte de la Comunidad de Madrid. Frente a la promesa de 25.000 VPO, de momento hay cero.

Finalmente, uno de los mejores baremos para medir la tensión de precios -tanto del alquiler como de la compraventa- es midiendo la diferencia de valor entre la vivienda libre y la vivienda social. 

Y es que Madrid es la quinta provincia con mayor diferencia de precios entre vivienda libre y protegida , según los datos del Observatorio de la Vivienda y Suelo de Transportes. La protegida vale un 46,6% menos que la vivienda en el mercado libre. Por delante: Gipuzkoa (55,8% menos), Baleares (55,1%), Bizkaia (50,6%) y Barcelona (48,8%).

Relación entre los precios de la vivienda protegida y la vivienda libre urbana.

VIVIENDAS VACÍAS

Madrid es la segunda provincia con más viviendas vacíasprovincia. Se trata de un dato del INE de 2011, por lo tanto algo desfasado como recuerda este post reciente del portal inmobiliario Idealista News. En 2021, el instituto estadístico elaborará una nueva clasificación alternativa de las viviendas basada en su consumo eléctrico, según adelantó eldiario.es. Con todo, los datos no tienen por qué desalojar a la región de la primera plaza, teniendo en cuenta los problemas habitacionales que sufre parte de la población madrileña. 

Así y de acuerdo con el INE, Barcelona encabezaba en 2011 el ránking de viviendas vacías con 283.155, después Madrid con 263.279, y a continuación Valencia (214.002), Alicante (209.024) y Murcia (129.117). Las provincias con menos viviendas vacías son Álava (10.869 casas), Soria (12.430), Teruel (15.355) y Palencia (16.725).

Produce pudor y vergüenza mezclar en un mismo párrafo números y niños. Hablar o escribir sobre menores no acompañados, extranjeros, solos en un país desconocido, no debería llevarnos a discusión alguna. Por simple dignidad, justicia, respeto a la vida, a la infancia. Se trata de derechos humanos in-dis-cu-ti-bles. De los 8.335 menores no acompañados registrados a 31 de marzo en el Registro de Extranjería en toda España, el 2% corresponde a Madrid.

Por tanto hablamos, escribimos y escuchamos un griterío indisimuladamente xenófobo sobre el hecho de que una comunidad de 6.700.000 habitantes acoge a 218 niños condenados a intentar huir (solos) de la miseria (ver aquí). Esa es la cruda realidad: la comunidad más rica de España según el PIB, la tercera en población, dedica un tiempo que no tiene a tratar un "problema" inventado por Vox para hilvanar un discurso del odio que ha dado resultados electorales en muy distintos puntos de occidente.

Ayuso y el PP podrían zanjar la cuestión en un minuto, pero prefieren dar hilo a la cometa racista de su hijo pródigo y socio necesario de gobierno. Casado califica el infame cartel de Sol (ver aquí) de "publicidad engañosa", como si se tratara de una simple exageración o inexactitud intencionada con fines "comerciales". Sabe bien que es mucho más grave que eso. Criminalizar al "otro" es todo lo contrario a la esencia de la democracia. Los llaman menas para deshumanizarlos, para convertirlos en simples cifras manipuladas. Madrid no es eso. Nunca lo ha sido. No debe serlo.