Este jueves 23 de mayo dieron comienzo las elecciones al Parlamento Europeo de 2019, que se alargarán hasta el domingo 26, la fecha de los comicios en España coincidiendo con las autonómicas y las municipales. Más de 500 millones de personas están llamadas a decidir la nueva configuración de la Eurocámara y sus 751 escaños, y por ende el rumbo del club comunitario. En ese posible viraje, todos los focos están puestos en la acción climática que se impulse desde los despachos de Bruselas. En meses de agitación y reivindicaciones sociales que piden abordar con mucha más ambición la crisis climática, la extrema derecha, euroescéptica y negacionista del cambio climático, ocupará buena parte del nuevo Europarlamento. Los expertos, sin embargo, no creen que vaya a suponer un lastre para la mejora de las metas de reducción de emisiones y de transición ecológica de la Unión Europea. El problema, en realidad, puede venir de las posiciones moderadas, del business as usual: una expresión del mundo de los negocios relativa a seguir, siempre, el mismo método. En este contexto, se refiere a abordar el calentamiento global sin tocar ningún espacio de poder, sin cambiar lo que siempre se ha hecho y que, a todas luces, resulta insuficiente.

Un tercio del Parlamento Europeo, según las encuestas, puede estar ocupado por formaciones euroescépticas. La mayoría de esos euroescépticos son de extrema derecha, aunque hay excepciones, como el Movimiento 5 Estrellas, concienciado con los problemas ambientales y gobernando Italia junto a la Liga de Salvini. La extrema derecha, casi por definición, niega total o parcialmente el cambio climático. No suelen sacarlo mucho a escena porque no les sirve de nada para su discurso identitario: si hay algo que no entiende de fronteras es la atmósfera. Pero cuando les obligan a posicionarse, se revuelven. La candidata de Vox a la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, se refirió al desafío como “camelo climático”, ignorando cualquier evidencia científica y el sentido común. Es prácticamente la única declaración de la formación ultraderechista al respecto.

Sus amigos europeos, más de lo mismo. Un estudio de marzo de 2019 de Adelphi, una consultora medioambiental danesa, constató que la práctica totalidad de los programas de las formaciones populistas y ultraderechistas del continente “rara vez incluyen políticas climáticas y, si las incluyen, están subdesarrolladas”. La posición de estos partidos, a veces, suele pasar por crear marcos ideológicos “para justificar la inacción”: alertando sobre el decrecimiento económico que supuestamente acarreará el abordaje de la emergencia climática, o simplemente, asegurando que prefieren prestar atención solo a los “homeland affairs”, los asuntos exclusivos del país.

El informe analiza todas las votaciones en el Parlamento Europeo de asuntos relativos al cambio climático (implantación de energías renovables, recorte de emisiones en sectores económicos, transición energética…) desde la firma del Acuerdo de París (noviembre de 2015) hasta la actualidad. En líneas generales, los partidos de extrema derecha votan en contra de la mayoría de propuestas, pero, al contrario de lo que se suele pensar, no son un bloque homogéneo. Eso sí, los más conocidos e influyentes no defraudan. Alternativa por Alemania, el islamófobo Partido por la Libertad del neerlandés Geert Wilders y UKIP, los británicos liderados por el pro-Brexit Nigel Farage, se han opuesto al 100% de las proposiciones. La formación italiana Lega, del vicepresidente italiano Matteo Salvini, se ha opuesto al 92%, seguidos por el 77% de Agrupación Nacional, el partido de extrema derecha de Francia, antes conocidos como Frente Nacional.

Sin embargo, el Fidesz del presidente húngaro Viktor Orban, a punto de ser expulsado del Partido Popular Europeo por sus tendencias nacionalistas y autoritarias, ha apoyado la mayoría de las propuestas. Y Orden y Justicia, de Lituania, las ha apoyado todas. Y precisamente en estas diferencias está la clave: la extrema derecha, probablemente, no logre formar un bloque homogéneo y reaccionario tras las elecciones. Y aunque aumentará su presencia y su influencia, no lograrán trastocar el avance de la acción climática de la Unión Europea. No serán suficientes, salvo sorpresa.

“El momentum es demasiado grande como para que puedan pararlo”momentum, resume el activista de la ONG Europea Transport & Environment Carlos Calvo. Los partidos euroescépticos se unen, hasta ahora, en dos grupos: la Europa de la Libertad y la Democracia Directa (EFDD), liderada por Nigel Farage, y la Europa de la Libertad y las Naciones (ENF), de Salvini y Le Pen. Los dos bloques podrían sumar hasta 180 escaños, y es la intención de Salvini, que desde hace meses busca una unión para confrontar al establishment comunitario. Si lo consiguiese, sería el primer grupo de la cámara, dado el previsible declive de conservadores y socialdemócratas. Pero no parece probable, ya que hay diferencias irreconciliables. El PiS polaco, por ejemplo, no puede verse con los extremistas de Francia, dados los vínculos de los segundos con Rusia. Tampoco Orbán, puntualiza el politólogo experto en asuntos europeos Guillem Vidal. “Aún están lejos de formar un grupo homogéneo. Pero es un work in progresswork in progress”, advierte. Las desavenencias podrían ir limándose.

Los euroescépticos podrían ocupar entre un 20 y un 30% de los escaños de la cámara. Teniendo en cuenta que su objetivo final es debilitar la Unión Europea, no es una cifra desdeñable. Pero, opina Vidal, no afectará a la labor legislativa del Parlamento, que ejerce junto a la Comisión y el Consejo de la Unión Europea. “Afectará, sobre todo, teniendo en cuenta que el PPE y el SPD perderán la mayoría. Puede complicar las cosas a nivel europeo. Pero es una desestabilización relativa”, explica el politólogo. Los grupos, a diferencia de Parlamentos como el español, no pueden lanzar proposiciones de ley. Y la mayoría sigue siendo proclive a la descarbonización de la economía: eso sí, con distintos ritmos.

Hay mucho pescado por cortar en cuanto a la acción climática en la Unión Europea. El objetivo a largo plazo es un continente sin emisiones netas de CO2 en 2050. Para ello se establece, según el Marco sobre clima y energía, una reducción de “al menos” un 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero (en relación con los niveles de 1990), un 32% de energía generada por renovables (recientemente revisado desde el 27% inicial), y un 27% de eficiencia energética. El tercero de los objetivos se revisará en 2020. El resto, en principio, se mantienen inalterables. Por ahora. Porque la intención de la UE, y lo que exigen los activistas climáticos, es que se suba progresivamente la exigencia de cara a dentro de una década. Para ello juega un papel esencial la Comisión Europea: más que el Parlamento.

La importancia de la Comisión Europea

El Ejecutivo comunitario es el que lleva la iniciativa legislativa. Una Comisión Europea fuerte aprieta las tuercas a los Estados miembro y favorece que los acuerdos que finalmente se alcancen junto al Europarlamento y el Consejo de la Unión Europea sean más ambiciosos. Es la encargada de poner cifras, propuestas y reformas sobre la mesa. Por lo que, defiende Calvo, una Comisión verde es más importante que un Parlamento Europeo verde. La configuración del nuevo Ejecutivo comunitario es un misterio, y más sobre la previsible fragmentación de la cámara a partir del domingo, pero es prácticamente seguro que la extrema derecha no formará parte: los conservadores europeos tienen muchos más reparos que los españoles para pactar con los ultras.

Calvo mantiene la esperanza de que, incluso, el escenario sea aún más favorable para la acción climática tras el domingo, comparado con la situación actual. “Es poco probable, pero si pactan liberales, verdes y socialistas, podría salir una Comisión más verde que la actual”, pronostica. A día de hoy, las encuestas no les dan los suficientes escaños. Sin embargo, para el activista, el verdadero problema tras las elecciones europeas es que todo siga igual. Que el Ejecutivo haga los mínimos esfuerzos para afrontar la crisis climática, lastrado por los poderes fácticos, los lobbies y “el funcionariado, que tiene mucho poder”, remarca.

“La Comisión Europea se ha movido poco y tarde, y solo gracias a la presión ciudadana. La estrategia para 2050 dice que tendremos cero emisiones netas, se creará mucho empleo y todo será perfecto. Si lo creen de verdad, ¿por qué no hacemos nada para lograrlo en 2030? ¿Por qué no ahora?”, aseguraba la candidata de Los Verdes a presidir la Comisión, Ska Keller, en una entrevista con El País. La revisión de los objetivos es la asignatura de evaluación continua del Ejecutivo. Calvo, por su parte, no confía en los dos candidatos principales a liderar el club comunitario: Manfred Weber, del Partido Popular Europeo, y Frans Timmermans, actual vicepresidente de la Comisión.

El segundo, nada más iniciarse el mandato que está a punto de concluir, recibió el encargo de Juncker de revisar la Directiva Hábitats y la Directiva Aves, las dos principales normas comunitarias para proteger la biodiversidad y que en España dieron pie a la creación de la Red Natura 2000. Estas directivas, en ocasiones, son un freno para el crecimiento económico: imposibilitando construcciones y explotaciones en lugares protegidos, por ejemplo.

Timmermans recibió una presión casi unánime de las organizaciones ambientales para dejar las directivas tal y como estaban, exigentes. Y así acabó sucediendo, pero desde entonces, para algunos activistas ambientales, el candidato eurosocialista no es de fiar. El retroceso no es un escenario planteado, al menos por ahora: la falta de un avance suficiente, cuando ya no hay margen de ningún tipo, preocupa mucho más.

Pendiente de que la votación local y autonómica confirme el buen resultado que el PSOE obtuvo el 28 de abril, Pedro Sánchez tendrá, a partir del lunes, el terreno despejado para desplegar sus planes. En primer lugar sabrá ya en cuantas administraciones los candidatos socialistas dependen de Podemos y de otras fuerzas de izquierdas para poder gobernar. Y viceversa. Un dato esencial para empezar a negociar con Pablo Iglesias, el líder de Unidas Podemos (UP), el pacto entre ambas formaciones llamado a ser el núcleo de su reelección como presidente. Que sea una coalición de gobierno, como propone Iglesias, o un pacto de legislatura, como desea Sánchez, dependerá en gran medida de la necesidad de apoyo mutuo que PSOE y UP tengan en los ayuntamientos y las comunidades autónomas.

Los socialistas quieren recuperar poder local después de años de derrotas frente al PP y de haber sido desplazados por candidaturas alternativas de izquierdas en las grandes ciudades. Las encuestas pronostican avances en casi todas partes, aunque no lo suficiente para reconquistar las urbes. Y les permiten soñar con arrebatar Comunidades Autónomas al PP, la más importante de ellas Madrid, donde Ángel Gabilondo aspira a formar un gobierno que, de ser posible, necesitará del concurso de Podemos y de Más Madrid, la plataforma impulsada por Íñigo Errejón y que en el ayuntamiento de la capital tiene como cabeza de cartel a la alcaldesa Manuela Carmena.

La importancia de Madrid en la estrategia de todos los partidos ha quedado patente durante toda la campaña y, de forma singular, en el cierre de este viernes. PSOE, PP, Ciudadanos y Vox eligieron la capital y sólo Unidas Podemos marcó la diferencia enviando a Pablo Iglesias a Canarias.

Si se confirman las expectativas del PSOE, el PP sufrirá una severa derrota, no sólo en las municipales sino en las autonómicas. Sólo estaría en situación de conservar Murcia y La Rioja —y Castilla y León, si Cs se inclina por facilitar un gobierno  a la derecha en vez de uno a la izquierda—. Los socialistas creen que los resultados les pueden abrir incluso la puerta al gobierno de Canarias —con ayuda de Nueva Canarias y de Podemos—.

Tras una agotadora campaña en las elecciones generales, el inesperado fallecimiento de Alfredo Pérez Rubalcaba, víctima de un ictus, marcó el inicio de la siguiente. En ella Sánchez ha intentado dar apoyo a sus candidatos autonómicos y municipales agitando las mismas banderas con las que contribuyó a movilizar a la izquierda el 28A: la necesidad de que el PSOE tenga un gran resultado que cierre el paso a un acuerdo a la andaluza de las tres derechas. Los socialistas aseguran que esa triple alianza se producirá, en autonomías y ayuntamientos, siempre que PP, Ciudadanos y Vox sumen y a pesar del aparente distanciamiento adoptado por Pablo Casado con la ultraderecha.

“Puede haber gente que considere que el trabajo ya está hecho, pero no nos confiemos, no nos relajemos: vayamos todos a votar, porque las urnas del 26M están vacías. Pido un voto de coherencia y a favor del futuro y el avance”, ha insistido Sánchez en todas sus apariciones públicas.

En juego el domingo no sólo está el músculo que el PSOE pueda tener a la hora de ejercer el liderazgo político en los próximos años sino el equilibrio interno de poder dentro del partido. Los dos barones críticos más influyentes —Emiliano García-Page y Javier Lambán— se someten a la opinión de los votantes y de su capacidad de resistir o mejorar dependerá que en el futuro puedan seguir jugando ese papel dentro del partido.

Unidas Podemos busca hueco

La cita del domingo será la primera de Unidas Podemos con unas municipales —en 2015 apoyaron candidaturas de unidad popular como la de Manuela Carmena en Madrid o la de Xulio Ferreiro en A Coruña—. En muchas localidades Pablo Iglesias ha visto cómo los candidatos más próximos preferían evitar su presencia para subrayar su propia gestión y distanciarse del desgaste que ha sufrido en los últimos años la marca nacional. Sólo en Barcelona, de entre las plazas más importantes, Iglesias ha tenido la oportunidad de aparecer codo con codo con la candidata, la alcaldesa Ada Colau.

Con los medios focalizados sobre la posibilidad de una coalición de gobierno con el PSOE sobre la que no hay mucho que contar hasta que comiencen las negociaciones, Pablo Iglesias apenas si ha tenido oportunidad de romper la agenda como hizo en las generales gracias a los debates. Únicamente esta semana, con el asunto en torno a los impuestos y las donaciones de Amancio Ortega, el principal accionista de Inditex, consiguió marcar uno de los debates políticos de la campaña.

De otro lado, PP, Ciudadanos y Vox, conscientes de lo ocurrido en las elecciones generales, se embarcaron en una lucha deacarnada por el espacio de la derecha. Al contrario que en la campaña anterior, y consciente de las presiones internas por inclinar el partido hacia el centro, Pablo Casado ha tratado de marcar distancias con la ultraderecha de Santiago Abascal y ha planteado una batalla abierta con Ciudadanos.

El líder de la formación naranja, Albert Rivera, sueña con consumar, ahora sí, el sorpasso al PP que no consiguió en las generales. Su principal objetivo es entrar en gobiernos autonómicos y municipales, a ser posible encabezándolos. Y para mantener la tensión entre sus votantes se embarcó en una campaña diseñada para aparecer como el verdadero líder de la oposición protagonizando las críticas más duras a Pedro Sánchez y al PSOE y volviendo a programar actos en municipios hostiles, como el que protagonizó esta misma semana en la localidad natal del etarra Josu Ternera en Gipuzkoa.

Vox, por su parte, pelea por no desinflarse tras el agridulce resultado de las generales, que le permitió entrar en el Congreso pero hizo inútil su presencia en la Cámara.

Importante va a ser también cómo se resuelve el pulso en el espacio independentista catalán entre los partidarios de Carles Puigdemont, en principio adalides de posiciones más intransigentes, y los seguidores de Esquerra Republicana. El primer asalto, las elecciones generales, se saldó a favor de los de Oriol Junqueras, que batieron a sus rivales ganando los comicios en Cataluña y situando en el Congreso 15 diputados, ocho más que JuntsxCat.

Las encuestas ponen además a ERC a las puertas de hacerse con la Alcaldía de Barcelona en una corporación que, como ya sucedió en 2015, volverá a estar muy atomizada y en la que es previsible que tengan asiento Barcelona en Comú, el PSC, Junts per Catalunya, la CUP y la plataforma de Manuel Valls que apoya Ciudadanos.

Si usted ha hecho caso omiso al titular de este artículo, muchas gracias por llegar hasta aquí sin esperar a la noche del domingo o la madrugada del lunes. La democracia es mucho más que votar, pero votar es uno de los actos fundamentales para el control del poder y para decidir sobre nuestras propias vidas y las de las siguientes generaciones. Abstenerse, por muy cansino que nos pueda resultar el escenario político español, autonómico, municipal o europeo, sólo termina ayudando a quienes sospechamos que pueden encargarse de empeorar la situación.

Si las genealogías nacionalistas suelen estar teñidas de épica guerrera, el germen del europeísmo es justo lo contrario: el club comunitario nace contra la guerra y sobre sus ruinas. Hay que recordar cómo el punto de partida del federalismo europeo, el manifiesto Por una Europa libre y unida, de los deportados políticos Altiero Spinelli y Ernesto Ross, apela a un espacio compartido en el que viejos enemigos se unan para no repetir "antiguos absurdos". Eso es Europa: una comunidad contra el "absurdo" de la guerra. Ahí, en su elevado propósito fundacional, radica el alto valor político y moral de la UE, pero también algunos de sus problemas. Porque quizás es una institución demasiado alejada del suelo. Y a menudo es vista como un ente abstracto, imbuido de altos valores, tan altos como inaccesibles, custodiados por burócratas que no sabrían colocar ni un pueblo en el mapa. Pero lo cierto es que no es así. Europa se nota, y cada vez más. Se nota en la calidad del aire y en la cola del economato, en el avión y en el aceite del desayuno, en la relación con nuestro proveedor digital y en la cola del paro.

Aunque el grueso de la regulación de la vida diaria sigue en manos de los Estados, la UE tiene cada vez mayor incidencia a pie de calle, sea con medidas o planes específicos o con el impacto creciente de sus programas o leyes. La orientación de todo ello se dirime en las elecciones al Parlamento europeo, que en España se celebran este domingo, tras una campaña en la que los asuntos comunitarios han quedado eclipsados. No porque sean irrelevantes. Del desarrollo rural al fin del roaming, de la conectividad a Internet a la lucha contra el terrorismo, de los programas contra el paro juvenil a la modernización de la agricultura, del metro de Madrid al Museo de Bellas Artes de Asturias, es amplio el abanico alcanzado por la mano –y el dinero– de Europa.

infoLibre pone el foco en el impacto –tan real como a veces desapercibido– de las políticas comunitarias y señala la agenda venidera.

  Paz y estabilidad

"La Unión Europea tiene un problema con la pedagogía. Si tú explicas a los ciudadanos la importancia de los fondos Feder o de la PAC, o en última instancia del euro, puede entenderse que es algo que merece la pena mantener. Pero ha faltado explicación. Hay que insistir en que el proyecto europeo es lo más extraordinario que nos ha pasado desde la Segunda Guerra Mundial", señala Guillermo Pérez, catedrático de Historia y director del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Valladolid. Pérez se refiere sobre todo a lo "extraordinaria" que es Europa políticamente. Más que al detalle, va al concepto: un club de 28 países –serán 27 si se consuma el Brexit– que negocian, comparten mercado y delegan competencias. Esa sería la portada del libro europeo: más de 500 millones de ciudadanos viviendo en paz y con estabilidad bajo el imperio de la ley en el seno de uno de los entornos económicos más prósperos del mundo, protegidos por el sistema de derechos más garantista y con la agenda sociopolítica más centrada en la sostenibilidad de todas las potencias avanzadas. Y todo ello sobre los suelos de la batalla de Verdún, los campos nazis y el Muro de Berlín.

Amenazada por el auge del ultraderechismo, zarandeada por el Brexit, castigada por el desapego popular, la UE resiste, de momento. "La Unión Europea sigue. A veces, mirando a lo concreto y puntual, se nos olvida que en 2020 cumplirá 70 años", insiste el catedrático Guillermo Pérez.

  Medidas cercanas, instituciones lejanas

Sí, de acuerdo, la UE sigue. Y no es frecuente que un proyecto de tanta envergadura dure siete décadas. Pero, ¿y si miramos los árboles y no el bosque? ¿Y si buscamos en lo concreto? "La importancia de Europa es enorme. Tres de cada cuatro leyes que se aprueban en España provienen de la UE. ¿Cuál es el problema? Que no se dice. Por ejemplo, el control de la jornada laboral o los permisos de paternidad mínimos de cuatro meses vienen de medidas aprobadas por Europa, pero esto se pasa por alto", señala un portavoz del Europarlamento.

A la hora de seguir el rastro que une las medidas de mayor impacto con la UE nos encontramos con varios problemas, empezando por la lejanía de Bruselas y siguiendo por la complejidad de la Unión, en cuyo entramado conviven el Parlamento, la Comisión –lo que sería el gobierno– y el Consejo –donde se integran los líderes nacionales–, así como tribunales, comités, un banco central, supervisores... Para añadir dificultad, está el ventajismo de los Estados. "La práctica de echar la culpa a 'Bruselas' de los problemas y atribuirse el mérito de los logros, el hecho de no asumir como propias las decisiones adoptadas conjuntamente [...] han demostrado ser perjudiciales" para la UE, señala la Comisión en su Libro blanco sobre el futuro de Europa, lanzado en marzo de 2017, aún con el arrepentimiento por no haber desmentido los bulos de aquella campaña.

  Dinero invisible

La legislatura 2014-2019, en la que el conservador Jean-Claude Juncker ha ostentado la presidencia de la Comisión, ha venido marcada por el Brexit, el primer ciclo tras la recesión económica y la crisis migratoria. Existe un consenso bastante amplio entre los observadores en que la UE ha acertado en los dos primeros hitos y no en el tercero, aunque la fracasada respuesta a la crisis de los refugiados es sobre todo responsabilidad de los Estados. "Los planes de inversión y la política monetaria expansiva han incidido para bien en la superación de la crisis y el crecimiento económico. El papel de Europa en la crisis del Brexit, con el negociador Michel Barnier al frente, ha sido un éxito. Se ha mantenido una posición conjunta. Y luego está la crisis de los refugiados de 2015, que no se ha gestionado bien", señala el investigador del Real Instituto Elcano y profesor de Ciencia Política y Relaciones Internacionales Ignacio Molina. En el terreno económico, los tratados para evitar futuras crisis –Estabilidad, Euro Plus– y los "requisitos prudenciales" con el mismo fin tienen sello europeo. El tiempo dirá si funcionan.

Pero, además de la legislatura del Brexit y los refugiados, la que ahora acaba ha sido también la legislatura en que las instituciones europeas se han hartado de pagar los platos rotos, aguantar que los dirigentes nacionales culpen a Bruselas de sus desgracias y poner la otra mejilla. "A veces el dinero gastado por la UE no es fácilmente visible, ya que se redistribuye a través de una variedad de programas y por diferentes actores nacionales, regionales y locales, que a menudo añaden financiación ellos mismos", señala el Parlamento europeo en una comunicación precisamente llamada ¿Qué hace la Unión Europea?

  Bicicletas y 'smartphones'

Tanto la Comisión como el Parlamento europeo parece que han entendido que ya no es suficiente con detallar las grandes líneas de actuación fijadas en la hoja de ruta comunitaria: empleo, crecimiento e inversión, innovación, cambio climático, peso internacional.... Estas áreas consumen buena parte de los 2.134 textos adoptados por el Europarlamento en la legislatura que agoniza, de los cuales 708 han sido actos legislativos vinculantes, es decir, directivas –que requieren de trasposición a los Estados–, reglamentos y decisiones de obligado cumplimiento, según los datos oficiales entre julio de 2014 y diciembre de 2018.

Todo eso son grandes palabras, las luces de neón del proyecto europeo. Ahora la UE se esfuerza en escribir todo eso con letra pequeña. Regresamos al texto ¿Qué hace la Unión Europea?, que dice: "¿Eres ciclista? ¿Utilizas tu smartphone durante las vacaciones? ¿Te preocupa la calidad del aire? ¿Eres conductor de autobús, cervecero o incluso apicultor? ¿O eres una persona joven con una gran idea para tu propio negocio? La UE no tiene nada que ver con eso, ¿verdad? ¡Te equivocas!". En efecto, si aplicamos el zoom al ciclo europeo 2014-2019, se observa que la legislatura europea es pródiga en decisiones de alto impacto a pie de calle.

  Economía digital y protección de datos

Estas decisiones son especialmente relevantes en el ámbito tecnológico. El fin del roaming entró en vigor en junio de 2017, poniendo fin al pago extra por realizar llamadas, enviar mensajes de texto o usar datos móviles dentro de la UE. En 2015 la Eurocámara introdujo medidas restrictivas a las comisiones que los bancos cargan a los comercios por procesar los pagos de sus compradores. En el campo comercial, nuevas normas evitan las limitaciones geográficas para las compras por Internet.

El Parlamento europeo aprobó en 2017 un programa de financiación para ofrecer wifi gratuito en lugares públicos. Desde 2015 hay reglas europeas que favorecen la introducción de nuevos operadores en el mercado de pagos online, lo que en teoría debe abaratar costes y evitar fraudes. Este mismo año se ha elevado protección de los derechos de autor en el entorno digital. Lo que aún está pendiente de concreción –aunque sobre el papel las instituciones europeas están en ello– son las medidas para erosionar la posición omnipotente de los gigantes tecnológicos, así como para reducir el impacto en los derechos laborales del capitalismo digital

Las nuevas reglas europeas de protección de datos obtuvieron en 2016 la luz verde del Parlamento europeo, obligando a los Estados miembro a su trasposición. El marco comunitario ha supuesto la aplicación de criterios garantistas en la recopilación y uso de datos personales, en un contexto marcado por los abusos cometidos por grandes compañías como Facebook. Ese mismo año, 2016, la Cámara aprobó la directiva sobre registro de datos de pasajeros para la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. Se trata de batallas que constituyen cada vez más un proyecto europeo. Las policías estatales advierten con frecuencia de que el repliegue nacional es contraproducente en la persecución del crimen transfronterizo. Lo mismo ocurre con la lucha contra el fraude fiscal. En lo que fue una de las primeras decisiones de relevancia de la legislatura, en 2015, el Parlamento europeo elevó las exigencias de transparencia a los países del club.

  Medio ambiente

Aunque los críticos con el modelo vigente en la UE protestan por que se que acepte como dogma económico el capitalismo, sistema que ha demostrado su capacidad de depredación medioambiental, lo cierto es que las instituciones europeas llevan años en la vanguardia de las medidas contra el deterioro ecológico del planeta. Medidas como Madrid Central han evitado a España sanciones europeas, ya que la superación de límites contaminantes supone el incumplimiento de normas comunitarias. En la Conferencia de París sobre el clima de 2015, la UE asumió el compromiso de reducir al menos un 40% de sus emisiones para 2030. En esta línea la UE ha acordado la reducción en un 37,5% y un 31% de las emisiones de C02 de los coches y furgonetas. Sus objetivos de eficiencia energética, fijados en 2018, son los más exigentes entre las grandes potencias económicas.

Hay más en el terreno medioambiental. El Parlamento Europeo ha aprobado la prohibición del uso de plásticos de un solo uso (como pajitas o bastoncillos) a partir de 2021. El fin de las bolsas de plástico gratis también tiene origen en la UE. Es sólo un ejemplo de cómo el Congreso ha acabado haciendo suyo un mandato europeo. Según la agencia Efe, del total de 58 leyes (incluidos decretos) que se han aprobado en España desde junio de 2018, cuando se produjo el cambio de Gobierno, 32 (un 61,5 % del total) son trasposiciones de directivas europeas. Medidas de igualdad laboral entre hombres y mujeres aprobadas este mismo año en España son en realidad trasposiciones de directrices europeas. Y habrá más. El Parlamento europeo aprobó el mes pasado dos meses de permiso de paternidad no transferible y hasta cinco días al año para cuidados. El impulso a las políticas de conciliación viene también de las instituciones europeas, aunque a menudo no se mencione.

  De los tratados internacionales al último pueblo

Es frecuente que se evalúe a la UE únicamente por los grandes hitos en política internacional. Sus tribulaciones diplomáticas ante Estados Unidos, China y Rusia, potencias de perfil exterior más duro, suelen devaluar su imagen. En cambio, las instituciones europeas reivindican sus acuerdos económicos con Canadá, Japón, Mercosur y México, con las consiguientes rebajas de aranceles y facilidades de acceso a dichos mercados. Se trata, en todo caso, de un enfoque liberalizador que suscita división en el seno de la UE.

También las suscitan las prioridades en la inversión, aunque hasta la fecha le UE ha esquivado el bloqueo presupuestario. El resultado del domingo determinará el rumbo del proyecto comunitario en cuanto al dinero. A corto-medio plazo afectará al marco económico plurianual 2021-2027, todavía pendiente de aprobación. Sobre las cuentas de 2019 sí hay acuerdo, con un montante de 165.800 millones (3,17% más). ¿Tendrá impacto todo este dinero en España? Lo tendrá.

Para hacernos una idea, en 2017 España recibió de la UE 9.664 millones de euros, de los que un 54,13% fueron destinados al sector agrícola (la PAC, sobre todo), mientras que el 32,6% sirvió para financiar políticas estructurales y de cohesión y el 10,76 % para I+D. En 2019 está previsto reforzar la financiación de los programas de crecimiento y empleo, Erasmus, infraestructuras sostenibles, ayudas a pymes, I+D+i... Programas que acaban llegando al último rincón del último pueblo. Si el lector percibe alguna ayuda pública vinculada a los anteriores temas, es altamente probable que sea total o mayoritariamente europea.

  Pesca gallega, arrecifes cántabros...

A pesar de que le persigue el sambenito de institución derrochona –la asignación mensual a un eurodiputado es de 8.757,7 euros, a los que se suman 4.513 euros en dietas–, el gasto administrativo de la UE supone un 6% del total. El resto del dinero presupuestado aterriza en la realidad. ¿Cómo? No hace falta usar la imaginación. El detalle es público y puede consultarse área por área. Los programas de la UE abarcan casi cada aspecto de la vida del país: centros de acogida de menores, ayudas a la maternidad, etiquetado del vdddino, seguridad de la calidad del marisco, requisitos de humanidad en los mataderos de animales... Lo más sencillo para medir el impacto de las instituciones, las políticas y el dinero europeos es observar ciudades y autonomías. Aquí van algunos ejemplos –en un listado no exhaustivo– de programas e intervenciones financiados íntegra o mayoritariamente por la UE:

– La línea 8 del metro de Madrid.

– Ayuda al sector pesquero gallego.

– Programa de Desarrollo Rural de Extremadura.

– Inserción laboral en Cataluña.

– Atención médica a ancianos mediante programa Carewell en Euskadi.

– Recuperación ambiental del río Segura en Murcia.

– Desarrollo urbano sostenible en Navarra.

– Cooperación fronteriza con Portugal en Andalucía.

– Ampliación del Museo de Bellas Artes de Asturias.

– Ayudas a las pymes en Aragón.

– Apoyo a enfermos mentales en Baleares.

– Investigación sobre arrecifes artificiales en Cantabria.

– Mejora de la conectividad a internet en los colegios de la Comunidad Valenciana.

– Alivio del sobrecoste en transporte en Canarias, financiando –entre otras cosas– el transporte sanitario en helicópteros.

– Seguimiento de cultivos en Castilla y León.

Se trata de inversiones y proyectos que, más allá de su aparente disparidad, tienen algo en común: su rentabilización electoral corre a cargo de políticos de ámbito estatal, regional o local, nunca europeo, a pesar de que el origen de los fondos es la UE. Las instituciones europeas tratan ahora de darle la vuelta a la tortilla y que la ciudadanía sienta que Europa hace algo por ella. El grado de abstención y de auge del euroescepticismo dirán si ha surgido efecto.

  ¿Y ahora qué?

La próxima legislatura, 2019-2024, las instituciones europeas deberán seguir lidiando con problemas económicos y migratorios, tensiones internacionales y el Brexit. El profesor de Ciencia Política y Relaciones Internacionales Ignacio Molina señala con el dedo los grandes temas que tendrá que abordar ahora la UE: "El cambio climático, la transición energética, sostenibilidad, la privacidad...". A la espera de ver qué imprevistos echan por tierra las previsiones –como suele ocurrir en política–, la agenda agenda 2019-2024 establece en principio cuatro prioridades: protección de las libertades; desarrollo económico; ecología y justicia social; y promoción de los valores europeos. Es previsible que ahí se inscriba el grueso de la actividad del nuevo Europarlamento.

No es un secreto que Europa está en una encrucijada: ¿Irá a una o varias velocidades? ¿Cómo lidiará con el crescendo autoritario de Hungría? ¿Será capaz de compatibilizar crecimiento e igualdad? El rumbo se marcará en buena medida en el marco 2021-2027. Descendiendo aún más al detalle, está por ver si se establece un seguro europeo de desempleo, que los principales candidatos españoles –salvo el de Vox– apoyan. Si se estableciera, otra vez Europa dejaría ver su impacto en nuestro día a día. Hay mucho en juego.

Por mucho que la dirección nacional del Partido Popular se esfuerce en trasladar la idea de que los resultados de las urnas del próximo domingo no van a afectar al liderazgo de Pablo Casado cuando todavía no ha cumplido un año al frente de la formación, el jefe de los conservadores se juega mucho en las autonómicas, municipales y europeas. Este 26M, Casado tiene un segundo examen después de haber suspendido el de las generales del pasado abril logrando 66 escaños en el Congreso frente a los 137 de los que partía el PP. 

El batacazo en las generales puso al PP en modo pánico. Y los barones autonómicos y otros destacados dirigentes del partido no tuvieron reparos a la hora de comentar en público que el giro a la derecha de Casado no había funcionado y que había que volver a conquistar a los votantes por el centro. La única estrategia, dicen, con la que el PP ha ganado elecciones.

Las críticas, no obstante, no pasaron de ahí porque a ningún dirigente del partido le interesaba meterse en la campaña del 26M con el foco puesto en la debilidad de las siglas. 

Casado y los suyos saben que estas críticas pueden ir a más la semana que viene si las urnas no les dan un respiro. Sobre el papel, la idea es resistir. Defienden que ningún líder del PP ganó elecciones a la primera y que cuando él llegó a la presidencia del partido este ya estaba en horas bajas, fundamentalmente por los escándalos de corrupción, la respuesta a la crisis económica y la gestión de los casos de corrupción. Pero ya hay sectores del partido que agitan la idea de cambios en la dirección nacional de la formación que trasladen la idea de que el líder hace autocrítica de su gestión de los últimos meses y de que ofrece espacio a perfiles más moderados y con más experiencia. Los cambios, consideran, serían proporcionales a la interpretación que se hagan de los resultados del domingo.

"Si Casado salva los muebles, estará más legitimado para decir que la estrategia no ha sido tan mala. Si no los salva, tendrá que pensar en algo para salvarse a sí mismo", resume un diputado.

"Salvar los muebles"

¿Qué es para el PP salvar los muebles? No lograr gobernar en la Comunidad de Madrid, Castilla y León, Murcia o La Rioja, regiones que la última legislatura han estado bajo la batuta de dirigentes conservadores, o perder ayuntamientos como el de Málaga supondría otro gran mazazo para un partido que ya ha perdido 71 escaños en el Congreso. Todo esto en un contexto en el que el partido perdería peso en todos los territorios. Al deterioro de las siglas del PP se suma la división del espacio de la derecha en tres: PP, Ciudadanos y Vox. Esto implica que para gobernar en comunidades y ayuntamientos el PP tendría que entenderse, al menos, con Ciudadanos.

En las comunidades que no gobierna el PP, si no se produce un vuelco sorprendente que ponga a los conservadores ante la posibilidad de poder entrar a los ejecutivos autonómicos gracias a los pactos, el resultado de Casado se medirá comparando el histórico de resultados. Es decir, comprobando si el PP mejora o empeora la peor marca registrada en la historia electoral, el llamado suelo. En las generales, por ejemplo, Casado anotó el peor resultado en estos comicios de toda la historia del partido.

infoLibre repasa el suelo del PP desde las autonómicas y municipales de 1991, cuando el partido ya concurrió con estas siglas, hasta las últimas, las de 2015. Este 26M se celebran autonómicas en doce comunidades. De los datos recopilados se excluye Navarra porque, en ocasiones, como ocurre ahora, el PP se presentó coaligado con Unión del Pueblo Navarro (UPN).

  El suelo en las Comunidades autónomas

Galicia, comunidad en la que no se celebran autonómicas, es la única región en la que el Partido Popular gobierna con mayoría absoluta. En las regiones que la legislatura 2015-2019 han estado en manos del PP, los barones conservadores han tenido mayorías relativas en los parlamentarios regionales. Son la Comunidad de Madrid, Castilla y León, La Rioja y Murcia.

Según las encuestas, la Comunidad de Madrid podría pasar a manos del Partido Socialista tras 24 años de Gobiernos del Partido Popular. Sería un duro golpe para los conservadores porque este Ejecutivo regional es considerado, junto al Ayuntamiento de Madrid, la joya de la corona para el PP. La Comunidad de Madrid lleva incoporado una especie de altavoz. Todo lo que pasa en la región tiene repercusión nacional.

El peor resultado del PP en la Comunidad de Madrid lo anotó Cristina Cifuentes en las autonómicas de 2015: el 33,08% de los votos. Aspirante en su momento incluos a suceder a Rajoy, el escándalo del máster se llevó por delante su carrera política. Fue sustituida por Ángel Garrido, que ahora integra las listas de Ciudadanos a la comunidad.  Ángel GarridoEl enfado del expresidente por no haber sido nominado cabeza de lista a la Comunidad de Madrid, confianza que Casado depositó en Isabel Díaz Ayuso está tras este episodio que sorprendió al PP a cuatro días de las generales.

Ayuso, una apuesta personal de Casado

Si Casado se la juega en todas las comunidades puede decirse que en Madrid se la juega mucho más por lo personal de su apuesta por Ayuso.

En el PP recuerdan estos días que Cifuentes gobernó la Comunidad por los pelos, por un último escaño que cayó de madrugada a favor del PP. En 2011, Esperanza Aguirre había logrado el 51,73% de los votos. En cuatro años el PP había perdido 18,65 puntos porcentuales.

En porcentaje de voto, el mejor resultado del PP en las autonómicas lo anotó el PP en La Rioja. Pedro Sanz se hizo con el 38,62% de los votos en 2015, perdiendo la mayoría absoluta. Sólo cuatro años antes se había hecho con el 51,98% de las papeletas.

Sanz dio un paso atrás y fue José Ignacio Ceniceros el que asumió la Presidencia. Ahora, éste último opta a la reelección. Como ocurre en el caso de Madrid, el peor resultado del PP en unas elecciones en La Rioja fue el de 2015, cuando perdió 13,36 puntos respecto a los comicios anteriores.

El siguiente mejor resultado de las comunidades en las que gobierna el PP, en porcentaje de voto, fue el de Castilla y León. Juan Vicente Herrera, uno de los barones más veteranos del PP, perdió la mayoría absoluta en 2015, pero logró seguir en el Gobierno con el 37,73% de los votos. Es el peor resultado del PP en la historia de esta comunidad, 13,32 puntos menos que en 2011, cuando superó el 51% de los apoyos de los ciudadanos. 

Similar resultado al de Herrera logró Pedro Antonio Sánchez en Murcia: 37,33% de los votos. Un pacto de gobernabilidad con Cs le permitió que el PP siguiese al frente del Ejecutivo Regional. Su implicación en varios escándalos provocó su dimisión, sustituyéndole Fernando López Miras, actual candidato y una de las personas de máxima confianza de Tedoro García Egea, secretario general del PP. 

El mejor resultado de la historia del PP en Murcia lo consiguió Ramón Luis Valcárcel, con el 58,82% de los votos en 2011; el peor, Juan Ramón Calero en 1991: el 33,51%.

Comunidades donde no gobierna el PP

De las comunidades en las que no gobierna el PP, los mejores resultados, en porcentaje, en las autonómicas de 2015 los obtuvo en Castilla-La Mancha y Extremadura. La candidatura encabezada por la entonces secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, logró el apoyo del 37,49% de los castellanomanchegos, por delante del 36,1% del socialista Emiliano García-Page. El PSOE gobernó gracias al apoyo parlamentario de Podemos.

El peor resultado de los conservadores en esta región lo anotó José María Molina en 1991: el 36,2%.

El extremeño José Antonio Monago logró el 37,5% de los votos en 2015, casi diez puntos menos que en los comicios anteriores. Pero no fue esa la peor marca de los conservadores en los comicios al Parlamento de Extremadura. Se produjo en los comicios de 1991 con Adolfo Díaz-Ambrona como candidato, que consiguió el 26,99% de los sufragios.

En Cantabria, el PP presenta a María José Sáenz de Buruaga como candidata a la Presidencia. Su antecesor, Ignacio Diego, logró el 32,51% de los apoyos hace cuatro años. Y el peor resultado del partido fue en 1991, con José Luis Vallines, que no llegó al 15% de los votos.

En las últimas autonómicas, el PP de Balears consiguió el 29% de los apoyos, siendo su peor resultado desde 1991. Su candidato fue José Ramón Bauzá, ahora en las listas europeas a las elecciones generales. Su mejor resultado había sido en 2011 (47,76%), año en el que Rajoy lograría también una mayoría más que absoluta en el Congreso. 

En Aragón, Luisa Fernanda Rudi logró el 27,50% de los votos en 2015. Cuatro años antes había rozado el 40% de los sufragios. El peor resultado del PP en unas autonómicas en Aragón es de 1991, el 21% de la lista encabezada por Santiago Lanzuela.

En Asturias, Merdeces Fernández, Cherines, se hizo hace cuatro años con el 22% de los apoyos. La diferencia fue poca. Pero los peores resultados los cosechó en PP en 2011 (20,48%). La candidata en esa ocasión es Teresa Mallada.

En Canarias, la candidatura encabezada por Australia Navarro redujo en 2015 casi a la mitad el apoyo de los comicios anteriores: 18,26% frente al 31,08%. No fue esta, no obstante, la peor marca del PP en las elecciones al Parlamento de Canarias, que registró en 1991 con el 12,93% de los votos.

  El suelo en las principales ciudades

En España hay 16 ciudades con una población que supera los 250.000 habitantes. En 11 de ellos el PP fue la fuerza más votada en 2015, aunque con pérdidas muy significativas respecto a los comicios municipales anteriores. Y, lo más importante, sólo logró la Alcaldía en tres de esas localidades: Málaga y Murcia, desde el principio de legislatura, y Alicante en abril de 2018, después de que dimitiese el regidor socialista tras ser imputado por prevaricación.

En ninguno de esos 16 municipios el PP logró acercarse a la barrera del 40% de los votos –donde más se acercó fue en Murcia con el 37,5%–, un listón que en 2011 había superado con facilitad en 12 de las 16 grandes ciudades (todas menos Bilbao, Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat y Gijón).

De hecho, los resultados de 2015 ya supusieron para el PP su peor resultado en las grandes ciudades en dos décadas. Sólo en 1991, en las primeras elecciones tras la refundación del partido, había sufrido peores resultados.

En Madrid, el mejor resultado del PP se produjo en 2007, cuando Alberto Ruíz Gallardón cosechó el 55,6% de las papeletas. Y el peor fue en 2015, con un 34,5% de votos para Esperanza Aguirre, que fueron el comienzo del fin de su carrera política. Después de 24 años, el PP tuvo que entregar la Alcaldía, que pasó a manos de Manuela Carmena.

En Barcelona, el PP nunca ha sido una de las fuerzas principales. El mayor apoyo lo consiguió en 2011, con un 17,2%, y el peor en 2015, ya en pleno auge independentista en Cataluña, cuando la cifra se redujo al 8,7%.

En València, el PP también perdió la Alcaldía en 2015, cuando pasó a manos de Joan Ribó, de Compromís. Ese año obtuvo el 25,7% de los apoyos, menos de la mitad de los que había obtenido Rita Barberá en 2011 (un 52,5%). Barberá superó la mayoría absoluta de sufragios en cuatro elecciones consecutivas. El resultado de 2015 fue el segundo peor del PP, sólo dos décimas por encima del que consiguió en 1991.

En Sevilla, el PP se quedó en el 33,0% de los votos y perdió en favor de los socialistas la Alcaldía que había gobernado Juan Ignacio Zoido. El mejor resultado del partido en la capital andaluza fue en 2011, cuando cosechó el 49,3% de las papeletas; el peor en 1991, cuando se quedó en el 24,3%.

En Zaragoza, el PP obtuvo en 2015 el segundo peor resultado de su historia, con el 26,8% de los sufragios; sólo fue peor en 1991 (21,7%), cuando el partido aún estaba en pleno proceso de unificación de la derecha bajo sus siglas. La mejor cifra en la capital aragonesa fue el 46,7% que obtuvo en 1995 Luisa Fernanda Rudi.

En Murcia, Palma de Mallorca y Valladolid, el PP ha sido siempre el partido más votado desde 1991. Sin embargo, los pactos postelectorales sólo le permitieron gobernar en Murcia.  Esta es la gran ciudad donde el PP ha logrado mayorías absolutas más escandalosas, superando el 60% de los sufragios en 2003, 2007 y 2011.  En los últimos comicios sufrió un desplome que le dejó en el 37,5%, su peor resultado de la historia.

El mismo esquema se reproduce en Palma y Valladolid. En ambas localidades, el peor resultado del PP se produjo en 2015: con un 26,5% en la capital mallorquina y un 35,7% en la ciudad castellana. Y en ambas, había conseguido su mejor resultado cuatro años antes, llegando a superar el 50% de los votos en Valladolid y logrando el 48,1% en Palma.

En Las Palmas y en Alicante, el PP lleva siendo la fuerza más votada desde 1995. En la ciudad canaria se quedó en el 28,7% de apoyo en 2015, su segunda peor marca tras 1991. La mejor la obtuvo en 1999, con un 57,5%. En los últimos comicios perdió la Alcaldía, que está en manos del socialista Augusto Hidalgo.

En la capital alicantina, el 25,6% de los sufragios en 2015 fueron el peor resultado de su historia. Aquel año sufrió una hecatombe electoral, ya que en 2011 había reunido el 52,1% de las papeletas. La Alcaldía la consiguió el PSOE, pero su alcalde dimitió en 2018 y el candidato del PP, Luis Barcala, se hizo con el bastón municipal en su calidad de fuerza más votada.

En Córdoba, el PP consiguió el 34,6% de los votos en 2015, claramente por debajo del 48,8% de 2011 pero una marca que superaba la obtenida en otros tres comicios locales. Los pactos postelectorales sirvieron para hacer alcaldesa a la socialista Isabel Ambrosio. El peor resultado del PP en la ciudad andaluza fue en 1991, cuando se quedó en el 23,3%.

Además de Barcelona, hay otras cuatro grandes ciudades donde el PP no fue la fuerza más votada en los últimos comicios municipales: Vigo (logró el 20,5% de las papeletas), Bilbao (11,8%), Gijón (10,7%) y L’Hospitalet de Llobregat (9,9%). En las tres primeras, el resultado de 2015 fue el peor de la historia del PP, mientras que en la ciudad catalana el suelo electoral lo padeció en 1991 (con un 8,5%).

Las elecciones europeas de 2014 coincidieron con un momento de renovación de las izquierdas alternativas en el continente. En España, Podemos aparecía por sorpresa unos meses antes, mientras que Syriza continuaba creciendo en Grecia hasta ganar las legislativas a principios de 2015 [puedes ver en este enlace el artículo que publicó entonces Mediapart].

Cinco años más tarde todo ha cambiado. La dinámica de campaña se basa en el enfrentamiento, problemático, entre fuerzas que se dicen progresistas como LREM (La República en Marcha, partido de Macron) en Francia y nacionalistas de derecha y extrema derecha que refuerzan sus asientos en toda Europa. Cuando algunos quieren creer que la crisis económica en la zona euro ha pasado ya, ¿ha llegado la hora de las izquierdas radicales?

“Da la impresión de que estos partidos están hoy un poco perdidos”, comenta Guillem Vidal, politólogo del Instituto Universitario Europeo de Florencia. “Lo que llama la atención es su tremenda falta de coordinación y la ausencia de un programa o un manifiesto común”, añade. 

En el Parlamento Europeo, la mayor parte de las izquierdas críticas pertenecen al grupo parlamentario de la GUE (Gauche Unitaire Européenne, Izquierda Unitaria Europea). Con 52 eurodiputados de un total de 751 en el hemiciclo saliente, este grupo es el quinto de la institución, en igualdad con Los Verdes. Nada indica que la GUE vaya a mejorar sus resultados en la noche del domingo 26 de mayo.

Estas fuerzas están hoy divididas en cada uno de los países miembros. El paisaje está aún más fragmentado que en 2014 y encontramos, de un contexto nacional a otro, líneas de división a veces similares y ausencia notable de personalidades.

En Italia, donde las izquierdas están dispersas y no llegan a despuntar desde hace diez años, las elecciones legislativas de 2018 han sido sintomáticas. Entre Potere al Popolo (grupúsculo nacido de los movimientos sociales en Nápoles, cercano a La France Insoumise), Liberi e Uguali (surgido de una escisión con el Partido Demócrata) y el posicionamiento iconoclasta del Movimiento Cinco Estrellas, el discurso de la izquierda alternativa no está ni mucho menos unido alrededor de un partido o un líder. El resultado es que la izquierda más radical no ha conseguido ni siquiera un escaño en la Cámara de Diputados.

Es el mismo riesgo que puede producirse en el Parlamento Europeo, donde sin embargo la Refondazione Communista tiene dos diputados en la legislatura que termina, elegidos bajo el estandarte de La otra Europa con Tsipras. En Italia, el umbral para conseguir un escaño en el Parlamento Europeo es del 4% y es poco probable que la lista presentada este año por Refondazione et Sinistra italiana consiga llegar ahí. En cuanto al Potere al Popolo, ni siquiera ha conseguido el número de firmas necesarias para presentarse.

“La dificultad para las izquierdas italianas es doble”, señala el politólogo Paolo Chiocchietti, investigador de la Universidad de Luxemburgo. “Por una parte, al centro-izquierda le cuesta posicionarse frente a la trayectoria derechista del Partido Demócrata, y por otra, el discurso de protesta dirigido a las clases populares reclamando una mayor protección social y criticando a la UE, ha sido monopolizado por la Liga y los de Cinco Estrellas en el gobierno”.

El hecho de que diferentes partidos nacionales tengan divergencias en el seno de la GUE no es nuevo. “La GUE es una organización federal”, dice Paolo Chiocchietti. “No exige una disciplina estricta de voto en el Parlamento, lo que les ha permitido tener en su interior posiciones bastante diferentes sobre la UE e incluso acoger en su grupo a formaciones independientes como los animalistas alemanes u holandeses. Es por eso el partido con la coherencia más baja del Parlamento Europeo”.

El grupo parlamentario que salga de las elecciones del próximo domingo podría tener aún más contradicciones de las que ahora tiene. Por otra parte, el Partido de la Izquierda Europea, el PGE, que conforma una buena parte de las tropas de la GUE, ha nombrado a dos jefes de filas para su campaña (en teoría, por tanto, dos candidatos a suceder a Jean-Claude Juncker en la presidencia de la Comisión): el sindicalista belga Nico Cué y la diputada eslovena Violeta Tomič.

Sin embargo, esta dinámica no es apoyada por pesos pesados de la GUE, como Podemos o Francia Insumisa (estos dos partidos no pertenecen a la PGE). Como reacción, se acaba de crear Ahora el Puebl0 para unir a Francia Insumisa, Podemos, el Bloco portugués y otros socios suecos, finlandeses y daneses. En la GUE, Francia Insumisa se lleva a matar con el Partido Comunista Francés, PCF (en 2014 hacían bloque en el Frente de Izquierdas), mientras que varias formaciones están pasando por divergencias internas (Podemos en España y Die Linke en Alemania).

Paolo Chiocchietti cree que la principal línea de fractura que atraviesa a todas estas izquierdas es la visión misma de la Unión Europea. Este universitario diferencia al menos cuatro polos: “Hay una perspectiva federalista aportada por el ex ministro griego Yanis Varoufakis y su movimiento DiEM25, del que no sabemos todavía en qué grupo va a integrarse (si obtiene diputados). A continuación, en la GUE, hay formaciones que son favorables a la construcción de una Europa social y al reforzamiento de los mecanismos de solidaridad europea, siendo críticos al mismo tiempo con la mayor parte de las políticas económicas europeas. Hay otros que están en la línea del plan A/plan B de Mélenchon y que dicen, en resumen: Europa, la cambiamos o la dejamos. Y los hay, también en la GUE, que están en un posición más soberanista y creen que hay que dar más poder a los Estados miembros”.

Todo ello sin preconizar abiertamente la salida de la Unión Europea o de la zona euro porque este discurso, que había sido defendido por una buena parte de las izquierdas europeas en 2015, durante el pulso entre Bruselas y el gobierno de Tsipras hasta la capitulación griega en el mes de julio, fue después dejado en segundo plano. “La moneda única es lo que en teoría debería dividir a las izquierdas hoy, pero mantienen la ambigüedad para no enfadar a una parte de su electorado”, dice el investigador italiano.

“Varios de estos partidos están también atrapados por su pertenencia o su apoyo a ejecutivos nacionales. Por ejemplo, Podemos o el Bloco portugués no pueden adoptar una posición de ruptura en el tema del euro”, insiste Chiocchietti. “Finalmente, la idea de una salida de la moneda europea ha encontrado mucha hostilidad entre los apoyos intelectuales de la izquierda radical, lo que explica por qué los lemas elegidos para la campaña en estas elecciones europeas se basan más en la crítica social”.

Competencia de los ecologistas y seísmo del 'Brexit'

De hecho, las izquierdas que en 2015 estaban en una lógica de ruptura con las instituciones europeas, en la actualidad están en retirada. En Grecia, el ala contestataria de Syriza no ha conseguido ningún diputado en las legislativas que siguieron a la firma del memorándum de austeridad en el verano de 2015. En la actualidad, la oposición de izquierdas a Tsipras está completamente dividida entre tendencias divergentes y personalidades con un ego que no les deja entenderse (puedes ver aquí la información de Mediapart sobre los ajustes de Syriza en el poder y las reconfiguraciones que ha conllevado en Grecia).

Tal vez el Partido del Trabajo belga (PTB) sea el único que llega a revolucionar la política belga al seguir defendiendo tanto la salida de la zona euro como de la UE (aquí se puede escuchar la entrevista de Raoul Hedebouw en las oficinas de Mediapart). Esta formación marxista, dirigida por Marc Botenga, podría entrar en el Parlamento Europeo este año.

Tanto en Grecia como en Portugal y en España, las referencias políticas de la izquierda se han movido en profundidad entre las últimas elecciones europeas y las actuales. Las izquierdas gobernantes han adoptado una línea pragmática y aceptado ciertos compromisos, sin renegar no obstante de su anclaje popular.

Esta estrategia tiene, por el momento, un coste. En Grecia, Syriza no tiene competencia a su izquierda mientras que en Lisboa, el gobierno socialista de Antonio Costa continua beneficiándose del apoyo del Bloco. Y en España es el viraje del PSOE a la izquierda, bajo el liderazgo de Pedro Sánchez, lo que ha reforzado al campo socialista.

El éxito del PSOE en las legislativas españolas de abril ha marcado los resultados de la coalición Unidas Podemos, que ha pagado también el precio de sus profundas divisiones internas sobre la estrategia a seguir. Las elecciones europeas no se presentan mucho mejor para el movimiento de Pablo Iglesias, en un paisaje español especialmente fragmentado.

“La gran diferencia respecto a 2014”, explica Guillem Vidal, “es que la competencia a la izquierda es más viva, con experiencias transnacionales como DiEM25, pero también por el empuje de los ecologistas en algunos países y por el regreso de la socialdemocracia en otros”.

En España, el paisaje en la izquierda se ha hecho más complejo. Tras la retirada de Pablo Bustinduy (que Mediapart ha entrevistado aquí) como cabeza de lista en las europeas, Unidas Podemos presenta en su lista una sagaz mezcla de pablistaspablistas (María Eugenia Rodríguez Palop), ecologistas (Ernest Urtasun, que pertenecía a Los Verdes en esta legislatura saliente), comunistas (Sira Rego, procedente de Izquierda Unida) o incluso del ala anticapitalista de Podemos (Miguel Urbán, diputado saliente), por lo que corre el riesgo de confundir a sus electores sobre la estrategia que esta coalición seguirá en Bruselas.

Pero además hay nuevos partidos que se apunta en esta carrera. Actúa, la formación creada por el exjuez Baltasar Garzón y el excomunista Gaspar Llamazares, se ha asociado con DiEM25 y a Izquierda en Positivo. El eurodiputado saliente Florent Marcellesi lleva los colores de Equo, el partido ecologista de resultados modestos. En cuanto al partido animalista Pacma, bien podría conseguir votos en la izquierda en un país donde la cuestión del sufrimiento de los animales es un tema muy sensible. A todo esto se añade, por supuesto, como en cada elección en España, una miríada de partidos autonomistas, a veces de izquierdas, que esperan aprovecharse de la tensión en Cataluña para conseguir algunos diputados.

La batalla está no obstante abierta y Podemos podría ser la primera delegación, por el número de diputados, en la GUE y pretender así la presidencia del grupo. Solamente otros tres podrían hacerles competencia: Die Linke, Syriza y Francia Insumisa (a Younous Omarjee se le cita a veces, en el entorno de Mélenchon, como posible jefe de la GUE).

Otra evolución respecto al escrutinio de 2014: en Alemania, en Países Bajos y también en Bélgica, el anunciado empuje de las fuerzas ecologistas (Grünen, GroenLinks y Ecolo et Groen, respectivamente) podrían hacer sombra a los partidos tradicionales de la izquierda radical (Die Linke, Partido Socialista y, en menor medida, el PTB, respectivamente).

¿Este desplazamiento del cursor es resultado de un mandato marcado por una sucesión de crisis europeas? “La consecuencia de la crisis griega, y también la del Brexit, es que las izquierdas críticas ya no tienen ni valentía ni ganas de adoptar una posición clara que pueda hacerles perder apoyos”, estima Chiocchietti. “La capitulación de Tsipras ha roto el impulso en varios países. Estamos en un período de estancamiento de las ideas”.

Todo esto en un paisaje político europeo mucho más permeable a las tesis de la extrema derecha que el que había en 2014 porque, mientras tanto, la llegada a Europa de refugiados de las guerras de Irak y Siria y la incapacidad de los gobiernos nacionales para ponerse de acuerdo en la política de acogida han desembocado en un aumento de los discursos xenófobos en los gobiernos de numerosos países. Frente a esto, las izquierdas críticas apenas han conseguido promover un discurso alternativo eficaz ni a conformar alianzas europeas como lo han hecho las derechas duras del continente gracias a una mediatización sin precedentes. Las elecciones del domingo aparecen por lo tanto, para esas izquierdas, como un test sobre su capacidad de recuperarse en un ambiente cada vez más hostil para ellas. ______________

  Traducción de Miguel López

Aquí puedes leer el texto original en francés:

 Los partidos políticos están echando el resto en la recta final de la campaña para las elecciones del próximo domingo, que terminarán de definir el reparto de fuerzas entre ellos para los cuatro próximos años. En buena parte de las principales ciudades, la batalla entre los bloques conservador y progresista para hacerse con el poder en los ayuntamientos está muy ajustada. Pero, mientras las formaciones tratan de rascar los últimos votos, hay 346 municipios españoles que son ajenos a esta tensión por los comicios locales. En ellos solo se ha presentado una lista, por lo que estas poblaciones ya conocen de antemano quiénes serán los vecinos que formarán parte del equipo de Gobierno municipal durante la próxima legislatura.

Estos casi tres centenares y medio de municipios solo tienen una cosa en común: son lugares pequeños y poco poblados. Pero también existen diferencias notables entre ellos. Algunos tienen solo la opción de escoger la candidatura de un gran partido, mientras en otros la única lista es una formación local independiente. En unos pueblos, el alcalde será de izquierdas, mientras en otros será de derechas o nacionalista. Y, mientras algunas localidades son una rareza dentro de su provincia por tener solo una candidatura el próximo 26M, en lugares como Navarra –que reúne al 33% de los municipios con una sola lista, un total de 115– o Cataluña –donde se ubica otro 32%, en total 111– está relativamente extendido que los vecinos únicamente puedan elegir una papeleta en las elecciones locales.

  PSOE (y PSC)

54 de estos 346 municipios que ya saben quién será su alcalde durante la próxima legislatura tendrán un regidor socialista, ya que la del PSOE –o, en el caso de Cataluña, la del PSC– ha sido la única lista que se ha presentado a los comicios. 17 de ellos se encuentran en la provincia de Burgos, otro de los territorios donde es relativamente frecuente que para las elecciones locales solo se presente una lista en ciertas localidades.

Andalucía

Huelva

El único municipio andaluz que ya sabe quién será su alcalde tras el 26 de mayo es La Granada de Río-Tinto, ubicado en la provincia de Huelva, donde solo concurre a las elecciones el PSOE.

Aragón

13 municipios aragoneses solo tendrán en sus colegios electorales una sola lista, la del PSOE, para los comicios locales del próximo domingo: diez están en Huesca, dos en Zaragoza y uno en Teruel.

Huesca

Solo cuatro de los diez pueblos oscenses en esta situación tienen más de 500 habitantes: son Tierz, Alcampell, Esplús y San Esteban de Litera. El resto –Almuniente, Arén, Castillonroy, Plan, Sopeira y Palo– están por debajo de esa cifra de residentes, e incluso los dos últimos tienen menos de 100 personas censadas.

Teruel

Solo hay un municipio turolense que ya sepa que su alcalde durante los próximos cuatro años va a ser socialista: Torre de las Arcas.

Zaragoza

Otros dos pueblos de Zaragoza están en la misma situación: Letux y Albeta, ambos con menos de 500 habitantes.

Castilla-La Mancha

Son cuatro los municipios castellanomanchegos en los que solo se presentará una lista, todos ellos muy poco poblados: ninguno supera los 350 habitantes.

Ciudad Real

El único pueblo ciudadrealeño que ya sabe con certeza que tendrá un regidor del PSOE es Anchuras.

Cuenca

Las otras tres localidades de Castilla-La Mancha en los que solo se presenta el PSOE a las próximas elecciones municipales están en Cuenca, y son Cervera del Llano, Castillo de Garcimuñoz y Fresneda de Altarejos.

Castilla y León

Burgos

La burgalesa es, con mucha diferencia, la provincia que tiene más pueblos con un alcalde socialista asegurado. Son 16 los municipios en los que únicamente habrá lista del PSOE en las municipales del domingo, y seis de ellos son tan pequeños que ni siquiera alcanzan las 100 personas censadas: son La Cueva de Roa, Itero del Castillo, Cabezón de la Sierra, Palazuelos de Muñó, Barrio de Muñó y La Sequera de Haza. Otros nueve –Cilleruelo de Abajo, Villafruela, Villamayor de los Montes, Madrigal del Monteo, Barbadillo del Mercado, Anguix, Puentedura y Avellanosa de Muñó– están entre 100 y 300 habitantes, y los únicos que superan esta cifra por poco son La Horra y Vadocondes.

Valladolid

Por el contrario, únicamente hay un pueblo en todo Valladolid en el que la única papeleta que se podrá escoger para las elecciones locales será la del PSOE: Aguilar de Campos.

Zamora

A estos municipios se unen otros tres en la provincia de Zamora, todos ellos de menos de 500 habitantes: Castrogonzalo, Santa Colomba de las Monjas y Pueblica de Valverde.

Cataluña

Girona

El PSC únicamente tiene tres alcaldes garantizados en toda Cataluña, y dos de ellos lo están en municipios que se encuentran en la provincia de Girona, curiosamente una de las que tradicionalmente es más nacionalista. Se trata de los pueblos de Sant Miquel de Fluvià y Sales de Llierca.

Tarragona

La localidad restante en la que la única papeleta presente el 26M será la del PSC es Vilanova de Prades.

La Rioja

Quienes viven en hasta seis municipios riojanos ya saben que su aclalde será socialista después del domingo, y en este caso hay dos pueblos de mayor tamaño: Aldeanueva de Ebro (con 2.732 habitantes) y Casalarreina (1.145 censados). Las otras cuatro localidades son Arnedillo, Castañares de Rioja, Ábalos y Baños de Rioja.

Navarra

En la misma situación están cinco municipios en la Comunidad Foral de Navarra: dos de más de 1.000 habitantes –Villatuerta y Arróniz–, otros dos de menos de 100 –Armañanzas y Marañón– y un quinto con 646 personas censadas, Murillo el Cuende.

País Vasco

Gipuzkoa

Únicamente los ayuntamientos de dos pueblos vascos, los dos gipuzkoanos, estarán monopolizados por el PSE: los de Berrobi y Larraul.

  PP

En otras 51 localidades, la única papeleta disponible el 26M para las elecciones municipales será la del PP. La más poblada de entre ellas es Vilarmaior (A Coruña), con 1.231 habitantes, y la que menos, Quiñonería (Soria), con apenas ocho.

Aragón

Teruel

Ocho municipios turolenses solo tendrán en sus colegios electorales papeletas del PP, y todos ellos son extremadamente pequeños: ninguno supera los 35 censados. Son Miravete de la Sierra, Jorcas, Allueva, Fonfría, Anadón, Alpeñés, Veguillas de la Sierra y Salcedillo.

Zaragoza

Nonaspe será el único pueblo zaragozano en el que el alcalde será, sí o sí, del PP.

Castilla y León

El gran desempeño electoral de los conservadores en Castilla y León lo deja claro el hecho de que 41 de los 51 en los que las elecciones serán un trámite para el PP se encuentran en esa región.

Burgos

A su vez, 29 de estos pueblos se encuentran en la provincia de Burgos, repleta de pequeñas localidades. El más poblado de ellos es Vilviestre del Pinar, con 549 censados, mientras que el más pequeño, Villamedianilla, apenas cuenta con 12 pobladores. El resto son Buniel, Canicosa de la Sierra, Regumiel de la Sierra, Tordómar, Quemada, Arauzo de Miel, Merindad de Cuesta-Urria, Santo Domingo de Silos, Atapuerca, Cabañes de Esgueva, Peral de Arlanza, San Martín de Rubiales, Arija, Celada del Camino, Pinilla de los Barruecos, Hortigüela, Frandovínez, Terradillos de Esgueva, San Millán de Lara, Alfoz de Bricia, Miraveche, Oquillas, Espinosa del Camino, Vallejera, Viloria de Rioja y Villatuelda.

Como nota curiosa, si los 224 vecinos de Cilleruelo de Abajo (Burgos) ya saben que tendrán un alcalde socialista, los de Cilleruelo de Arriba (también en Burgos y poblado por 44 personas) solo podrán escoger la papeleta del PP en las próximas elecciones.

Palencia

A estos municipios se unen otros cinco palencianos: Lantadilla, Villameriel, Valderrábano, Boada de Campos y Villodre.

Soria

La tercera provincia de Castilla y León donde hay pueblos que ya tienen garantizado un alcalde del PP es Soria, donde siete localidades se encuentran en esta tesitura: Villaseca de Arciel, Hinojosa del Campo, Momblona, Velilla de los Ajos, Portillo de Soria, Maján y la ya mencionada Quiñonería.

Galicia

A Coruña

El único pueblo gallego en el que el PP tiene un alcalde ya asegurado es Vilarmaior.

  Ciudadanos

Castilla y León

Burgos

Tan solo en cuatro municipios de España la única papeleta presente en las próximas municipales va a ser la de Ciudadanos, y los cuatro están en la provincia de Burgos: son Covarrubias, Las Quintanillas, Pinilla Trasmonte y Haza.

  ERC

Son 53 los municipios donde la única papeleta presente será la de ERC, y obviamente todos ellos están ubicados en Cataluña. Por provincias, 18 están en Barcelona, 14 en Girona, 9 en Lleida y 12 en Tarragona, y entre ellos se cuentan algunos de tamaño considerable. Tres, incluso, superan los 1.500 habitantes, todos ellos en la provincia de Barcelona.

Cataluña

Barcelona

Estas tres localidades son Sant Julià de Vilatorta (3.096 censados), Sant Pere de Torelló (2.419 habitantes) y Casserres (1.572 personas). Pero, además, en Barcelona hay otros 15 municipios en los que la única papeleta será la de ERC: Fonollosa, Santa Eulàlia de Riuprimer, Olost, Santa Maria d'Oló, Carme, Sant Feliu Sasserra, Els Prats de Rei, Tagamanent, Rupit i Pruit, Lluçà, Saldes, Sant Julià de Cerdanyola, Montclar, La Quar y Gisclareny.

Girona

De entre los 14 municipios gerundenses que ya saben con seguridad que su alcalde será de ERC, solo uno supera los 1.000 habitantes –Sant Julià del Llor i Bonmatí– y apenas otros cuatro tienen más de 500 personas censadas –Vilabertran, Lladó, Llanars y Sant Joan de Mollet–. El resto están por debajo de esa cifra: son Fontanals de Cerdanya, La Pera, Espolla, Parlavà, Ordis, Vilamacolum, Palau-sator, Madremanya y Cabanelles.

Lleida

Solo uno de los pueblos ilerdenses en los que solo habrá papeleta de ERC tiene más de 1.000 habitantes: Os de Balaguer. Los otros ocho son Cervià de les Garrigues, Massalcoreig, Montellà i Martinet, Belianes, Algerri, L'Espluga Calba, Torrebesses y Lles de Cerdanya.

Tarragona

En la misma línea, en Tarragona solo uno de los municipios que ERC gobernará con total seguridad está poblado por más de 1.000 personas: Xerta. El resto –Ginestar, La Torre de l'Espanyol, Solivella, Marçà, Vilaplana, Vinebre, Blancafort, Alfara de Carles, Cabacés, Rocafort de Queralt y Caseres– tienen una población de entre 200 y 800 habitantes.

  JxC

Junts per Catalunya, que será hegemónico en las próximas elecciones locales en un total de 39 municipios aprovechando el músculo territorial del PDeCAT. Solo tres se encuentran en la provincia de Barcelona, a los que hay que sumar otros ocho en Lleida. No obstante, el grueso de alclades que Junts per Catalunya ya tiene asegurados se encuentra en Girona, con un total de 15 localidades, y Tarragona, con 13.

Cataluña

Barcelona

Los tres pueblos barceloneses donde la única lista será la de la formación liderada por Carles Puigdemont son Oristà, Santa Maria de Merlès y Sant Agustí de Lluçanès.

Girona

En Girona, por el contrario, Junts per Catalunya tiene garantizados 15 alcaldes, y algunos de ellos en municipios con una población relativamente más alta. Les Planes d'Hostoles, por ejemplo, tiene 1.660 residentes, por los 1.286 de La Vall de Vianya o los 1.157 de Vilamalla. Las otras doce localidades –L'Armentera, Sant Jaume de Llierca, Albons, Borrassà, Palol de Revardit, Colera, Garrigàs, Maià de Montcal, Vilallonga de Ter, Santa Llogaia d'Àlguema, Molló y Cistella– están por debajo de los 1.000 censados.

Lleida

De la misma forma, las ocho localidades ilerdenses donde Junts per Catalunya será hegemónico tras el 26M tienen menos de 500 habitantes: son Llardecans, Conca de Dalt, Juncosa, Preixana, Ivars de Noguera, Alfés, Navès y Puiggròs.

Tarragona

Lo mismo ocurre en Tarragona, donde Junts per Catalunya tiene 13 alcaldes garantizados tras el próximo domingo: los de La Riba, Salomó, Nulles, Vilaverd, Alió, Capçanes, Montferri, La Pobla de Massaluca, Bellmunt del Priorat, La Masó, Pradell de la Teixeta, L'Argentera y Vallfogona de Riucorb.

  CUP

Cataluña

Girona

La CUP solo tiene garantizada una alcaldía, la del municipio gerundense de Verges, el único en el que solo habrá papeletas de la formación anticapitalista.

  EH Bildu

En 22 pueblos –la mayor parte, navarros–, la de la formación abertzale será la única papeleta disponible en los colegios electorales, por lo que esos municipios ya saben quién será su alcalde antes de que se celebren las elecciones.

Navarra

En la Comunidad Foral, hay 16 localidades en las que EH Bildu es el único partido que se presenta a las elecciones, y tres de ellas superan los 1.000 habitantes: Aoiz (2.624 residentes), Lakuntza (1.272 censados) y Arbizu (1.124 habitantes). El resto son Arakil, Basaburua, Uharte Arakil, Goizueta, Urdiain, Sunbilla, Etxauri, Arantza, Bertizarana y Araitz, que superan los 500 residentes, e Imotz, Bakaiku y Atetz, por debajo de esa cifra.

País Vasco

Gipuzkoa

Los seis pueblos en los que EH Bildu será hegemónico la próxima legislatura porque es la única lista que concurrirá a las elecciones locales son pequeños –ninguno llega a los 500 habitantes– y están todos en la provincia de Gipuzkoa. Son las localidades de Aduna, Altzo, Elduain, Orendain, Gaztelu y Orexa.

  Navarra Suma

Navarra

La coalición suscrita antes de las pasadas elecciones generales por UPN, PP y Ciudadanos tiene garantizados un total de cuatro alcaldes, ya que su papeleta será la única que se presente en esos municipios. Uno de ellos, Funes, tiene un tamaño considerable, ya que en él viven 2.485 personas. Los otros tres son mucho más pequeños: de los 187 habitantes de Lazagurría y los 122 de Torres del Río hasta los apenas 17 que reúne Castillonuevo.

  Geroa Bai

Navarra

Un solo municipio en toda España tiene asegurado que su alcalde durante los próximos cuatro años será de Geroa Bai: Azuelo, de apenas 32 habitantes.

  Candidaturas locales

Hay otros 114 municipios que no tendrán más que una sola lista en las elecciones del 26M y en los que, además, los principales partidos a nivel estatal o autonómico no presentan candidatura. En estas localidades quienes llevarán el bastón de mando en la próxima legislatura encabezan partidos locales o agrupaciones de electores, y si hay un territorio donde este formato es popular, ese es Navarra. 89 de los 114 pueblos en los que la única lista en las elecciones municipales del domingo será la de una formación local están en la Comunidad Foral, mientras otros 14 se encuentran en Cataluña.

Castilla-La Mancha

Ciudad Real

Solo hay un municipio castellanomanchego en esta situación, y se encuentra en Ciudad Real. Se trata de Villar del Pozo, de 86 habitantes, donde gobernará la Unión Independiente de Electores Villar del Pozo.

Castilla y León

Burgos

De la misma forma, tan solo una localidad castellanoleonesa tiene asegurado que va a ser gobernada por una lista local: es Santa María del Campo.

Cataluña

Barcelona

Son cuatro los municipios barceloneses cuyo alcalde va a ser, con toda seguridad, quien encabece la lista de una fuerza independiente. Son Sant Boi de Lluçanès, Malla, El Brull, Sagàs y Sobremunt, todos ellos de menos de 600 habitantes.

Girona

De igual manera, hay tres localidades gerundenses en la misma situación: Argelaguer, Rupià y Riumors.

Tarragona

Es la provincia catalana donde hay más municipios en los que la única lista que se presenta es de un partido local: un total de seis. Dos de ellos, Vila-Rodona y Benissanet, superan los 1.000 habitantes, mientras otros cuatro –Pira, Barberà de la Conca, Figuerola del Camp y Conesa– están por debajo de esa cifra.

Comunidad de Madrid

El único pueblo madrileño que ya sabe quién va a ser su alcalde es Valdepiélagos.

Navarra

Navarra es, sin duda ninguna, donde mayor implantación tienen este tipo de candidaturas locales: en 89 municipios ya se sabe que gobernarán a partir del próximo domingo. 21 de ellos tienen menos de 100 habitantes: son Cabredo, Garaioa, Urzainki, Abáigar, Oco, Esparza de Salazar, Etayo, Sartze, Lerga, Barbarin, El Busto, Sorlada, Oronz, Ezprogui, Tirapu, Gorza, Piedramillera, Orbara, Leatxe, Petilla de Aragón y Roncesvalles.

Otros 34 de estos municipios tienen entre 100 y 200 residentes: Jaurrieta, Ucar, Uxue, Izagaondoa, Uterga, Goñi, Uztárroz, Arellano, Adiós, Lantz, Orotz-Betelu, Garde, Sada, Navascués, Ziritza, Tulebras, Urraul Alto, Luquin, Belascoáin, Abaurrea Alta, Morentin, Villamayor de Monjardín, Artazu, Arano, Saldías, Legarda, Zúñiga, Legaria, Jaitz, Arruazu, Villanueva de Aezkoa, Javier, Larraona y Galipentzu.

25 más están entre los 200 y los 500 habitantes: Zirauki, Garínoain, Mañeru, Isaba, Urroz-Villa, Olaibar, Betelu, Pueyo, Antzin, Igúzquiza, Zubieta, Urraul Bajo, Ezcároz, Longida, Mendaza, Eulate, Areso, Beire, Artzi, Ibargoiti, Leoz, Beintza-Labaien, Zugarramurdi, Biurrun-Olcoz y Olóriz.

Los nueve restantes son Obanos, Santacara, Oibar, Mélida, Barásoain, Igantzi, Dicastillo, Añorbe y Abárzuza.

País Vasco

Bizkaia

El único municipio vizcaíno que tendrá, con toda seguridad, un ayuntamiento dominado por una lista local es el de Amoroto.

Gipuzkoa

En la misma circunstancia se encuentran otros cinco pueblos guipuzcoános: los de Abaltzisketa, Hernialde, Mutiloa, Baliarrain y Gaintza.

La Rioja

Son dos los municipios riojanos que ya saben que su alcalde será quien encabeza una lista local: Alcanadre y Torrecilla en Cameros.

Podemos intentará resarcirse este domingo de los malos resultados obtenidos hace sólo un mes en las urnas. El partido liderado por Pablo Iglesias, que perdió en las generales más de un millón de votos y 29 escaños del Congreso de los Diputados, llega a las elecciones municipales, autonómicas y europeas de este 26M con el objetivo principal de mantener otra legislatura más el mayor número posible de los denominados ayuntamientos del cambioayuntamientos del cambio –A Coruña, Cádiz, Santiago de Compostela o Barcelona, entre otros– y arrebatar a la derecha alguno de sus feudos históricos, entre los que destaca la Comunidad de Madrid. A diferencia de lo que sucedió en 2015, cuando la recién llegada formación morada decidió no concurrir a los comicios locales con su marca y prefirió diluirse en otras municipalistas, en esta cita con las urnas ha optado por presentarse con sus siglas.

La formación morada se presenta este domingo en 1.043 de las 8.131 localidades españolas, según los cálculos realizados por infoLibre tras revisar todas las candidaturas proclamadas, lo que supone el 12,83% del total. De las diecisiete comunidades autónomas, Murcia es en la que el partido liderado por Pablo Iglesias tiene una mayor implantación municipal, concurriendo en el 53,3% de los ayuntamientos, mientras que en Navarra y Castilla y León es donde registran los agujeros más importantes –no consiguen llegar al 5% de las localidades–. Además, en al menos uno de cada cuatro municipios en los que se presentan tendrán que competir en las urnas contra IU, con la que no han conseguido cerrar acuerdos de confluencia en todas las regiones. En concreto, los colegios electorales de al menos 300 municipios tendrán tanto la lista de Podemos como la del partido que dirige Alberto Garzón. A estos, además, se sumarían algunas decenas más en Cataluña, donde la izquierda no soberanista se presenta con múltiples marcas dependiendo de cada Ayuntamiento.

Siete de estos lugares en los que competirán ambos partidos tienen una población superior a los 200.000 habitantes: Elche, Córdoba, Gijón, Murcia, Oviedo, Valladolid y Zaragoza. Enfrentamientos que se darán también en otra docena de capitales de provincia: Almería, Ávila, Burgos, Cuenca, León, Lugo, Pamplona, Palencia, Segovia, Soria, Teruel y Zamora.

  En más de la mitad de localidades de Murcia

Curiosamente, el territorio murciano, uno de los cuatro feudos que mantiene el PP desde la década de los 90, es en el que Podemos tiene una mayor presencia a nivel municipal. En esta comunidad autónoma, presentará batalla este domingo en más de la mitad de los consistorios que en disputa. En concreto, la formación concurrirá en 24 de las 45 localidades, lo que supone el 53,33% del total. De ellas, veintitrés corresponden a municipios de más de 15.000 habitantes, mientras que sólo una, Ceutí, tiene una población que se sitúa por debajo de esa barrera –11.565–. Además, en una quincena de estos pueblos, el partido morado competirá directamente con Izquierda Unida (IU) en las urnas, incluyendo en la capital de provincia, Murcia. Sólo consiguen salvarse de este enfrentamiento las localidades de Archena, Beniel, Caravaca de la Cruz, Cartagena, Cehegín, Ceutí, Fortuna, Fuente Álamo de Murcia y San Javier.

  Madrid, Asturias y las islas, sus otros feudos municipalesfeudos

En otras tres comunidades, la presencia local de Podemos, aunque no llega a la mitad de municipios, se queda por encima del 40%. De ellas, la más importante es la Comunidad de Madrid, donde concurre por el 48,6% de los consistorios –87 de 179–. En esta región, la formación morada concurrirá con sus siglas en 9 de los 10 principales municipios. Sólo se queda fuera de la pelea por el Ayuntamiento de Madrid, una institución por la que competirán tanto Manuela Carmena por Más Madrid como Carlos Sánchez Mato con la candidatura IU Madrid en Pie Municipalista, dos listas a las que ha dado su apoyo explícito Pablo Iglesias. En toda la región, el partido morado compite contra alguna de las dos marcas en 52 de estas localidades –en 39 lo hace contra IU–, mientras que en 31 municipios confluyen en una única candidatura Podemos y el partido liderado por Alberto Garzón. Y hay cuatro localidades en las que IU y Más Madrid van de la mano: Mejorada del Campo, Pozuelo de Alarcón, Rivas-Vaciamadrid y San Sebastián de los Reyes.

Algo menos de presencia local tendrá este 26M el partido morado en las islas. En Canarias, presenta lista en 38 de los 88 municipios –un 43,18%–, teniendo mayor presencia local en Las Palmas, donde pugna por el 58,8% de los consistorios, que en Santa Cruz de Tenerife, donde concurre en una de cada tres localidades, y compitiendo con IU en once. En Baleares, por su parte, la formación que lidera Pablo Iglesias ha decidido concurrir bajo la marca Unidas Podemos, en la que confluyen con EUIB. En el archipiélago, el partido morado se presenta en 25 de las 67 localidades, lo que equivale al 37,31%. Concurre, por supuesto, en los grandes núcleos urbanos. Así, de las quince localidades más pobladas de Baleares, Podemos tan sólo se ausentará en Maó-Mahón. A diferencia de en Madrid, en suelo balear la confluencia con Izquierda Unida ha cuajado a la perfección. Sin embargo, hay alguna nota suelta. Es el caso de Alcúdia y Calvià, dos localidades en las que Esquerra Unida acude por separado.

En Asturias, una comunidad tradicionalmente socialista, el partido morado ha decidido presentarse a las locales bajo la marca paraguas Somos Asturies. En esta región, según los cálculos de infoLibre, la formación liderada por Pablo Iglesias peleará por controlar 32 de los 78 ayuntamientos, es decir, el 41%. Las listas de Podemos podrán encontrarse en cualquiera de los colegios electorales de todos y cada uno de los municipios cuya población está por encima de las 10.000 personas. Pero a diferencia de lo que sucede en territorio balear, en esta región la confrontación con Izquierda Unida es máxima. En concreto, los de Alberto Garzón, que concurren en 53 localidades asturianas, compiten contra el partido morado por controlar 26 consistorios, entre ellos los de las dos principales ciudades, Gijón y Oviedo, controlados actualmente por Foro Asturias y el PSOE, respectivamente.

  En menos del 25% de municipios andaluces y vascos

El músculo local de Podemos en Andalucía apenas está presente en uno de cada cuatro municipios. En esta comunidad autónoma, cuyo Ejecutivo regional se encuentra en manos del bloque de derechas desde el pasado mes de diciembre, la confluencia de Podemos e IU cristalizó en la marca Adelante. Sin embargo, a la hora de hacer este reportaje, sólo se han contabilizado aquellas listas en las que o aparece explícitamente el nombre del partido morado o se ha podido comprobar que la formación de Pablo Iglesias está presente en la candidatura. No se han contado, sin embargo, aquellas listas de Adelante en las que sólamente se especifican las siglas de IU porque, según fuentes de Izquierda Unida, son lugares donde Podemos no tiene estructura local y, por tanto, los de Alberto Garzón son los únicos que concurren con la marca paraguas. 

Teniendo esto en cuenta, Podemos presenta candidatura en 195 de las 785 localidades andaluzas, un 24,84%, compitiendo directamente con IU en 70 de estos municipios. De las ocho provincias, Cádiz es en la que tienen mayor músculo municipal, concurriendo en el 64,44% de localidades, mientras que en Sevilla lo hacen en el 48,1%. Por encima del 20% están, por orden, Málaga y Huelva, mientras que por debajo se encuentran, por orden también, Jaén, Granada, Córdoba y Almería.

Euskadi es la única región en la que el partido morado tiene mayor implantación municipal que Ciudadanos. Mientras que la formación naranja concurrirá este 26M en suelo vasco en solo el 3,59% de las localidades, los de Pablo Iglesias presentarán lista en el 20,32% –51 de 251–. Por provincias, Podemos tiene una presencia muy similar en Gipuzkoa y Bizkaia. En la primera, pugna por 21 de los 88 ayuntamientos en liza –23,86%–, mientras que en la segunda lo hace en 26 de los 112 municipios, lo que equivale al 23,21%. Mucha menor implantación tienen en Araba, donde únicamente compiten en 4 de los 51 municipios, lo que equivale al 7,84%: Agurain, Iruña Oka, Laudio y Vitoria-Gasteiz. En este territorio, además, Podemos se enfrentará a IU en las urnas en cinco localidades: Galdakao, Ortuella Sestao –Bizkaia–, Berhara y Pasaia –Gipuzkoa–.

  Seis comunidades en las que no alcanza el 20% 

En otras seis autonomías, los de Iglesias se presentan en menos del 20% de municipios. Se quedan cerca de esa cifra en Comunitat Valenciana, una región en la que Podemos concurre para hacerse con 101 de los 542 ayuntamientos en juego –el 18,6%–, frente a los 286 en los que estará la papeleta de Compromís. En Alicante y Valencia, las dos provincias que aglutinan el 88% de la población de la región, la formación morada tiene una presencia local prácticamente similar. Así, mientras en la primera darán batalla en el 22,7% de localidades, en la segunda lo harán en el 22,18%. Mucho menos músculo tienen en Castellón, donde sólo aspiran al 7,4% de los consistorios en disputa. Por supuesto, el partido morado estará presente en las tres capitales de provincia, donde va de la mano de Esquerra Unida del País Valencià. Una confluencia, sin embargo, que no ha cuajado en la mayor parte del territorio. IU y Podemos competirán en listas separadas en 48 localidades.

La presencia del partido dirigido por Pablo Iglesias desciende al 15,72% y al 13,94%, respectivamente, en territorios extremeño y catalán. En el primero, Podemos concurre en sólo 61 de los 388 municipios, teniendo mayor implantación en Badajoz (22,42%) que en Cáceres (10,76%) y compitiendo contra la lista de los de Alberto Garzón en sólo cinco ayuntamientos. En Cataluña, por su parte, lo hace en 132 de los 947, con una presencia más alta en Barcelona y Tarragona que en Girona y Lleida, igual que PSOE, PP y Ciudadanos. En esta región, Podemos se presenta o bajo la marca En Comú, como en Barcelona, o con su propio nombre, como en Cornellà de Llobregat, por lo que para la elaboración de este reportaje se han contabilizado sólo aquellas listas en las que se ha podido comprobar que está integrado Podemos. En un gran número de municipios, además, los de Pablo Iglesias compiten en las urnas contra los comunes.

El secretario general de Podemos durante un acto de campaña en Vigo. | EFE

Una sopa de siglas importante podrá encontrarse también el 26M en Galicia. En esta comunidad autónoma, el partido liderado por Pablo Iglesias concurre, en gran parte de los municipios, de la mano de EU y Anova bajo la marca Son en Común, excepto en localidades como A Coruña y Compostela, donde se diluyen en Marea Atlántica y Compostela Aberta, o Lugo, donde Podemos y Esquerda Unida se presentan por separado. Por otra parte está En Marea, que compite con la marca Mareas Locais. En este territorio, donde el partido morado pugna junto a sus aliados por controlar 36 de los 313 ayuntamientos en disputa –11,5%–, las listas en las que está Podemos y las de Mareas Locais se enfrentan en una quincena de localidades: Ames, Baiona, Betanzos, Cangas, Ferrol, Gondomar, Lugo, Marín, Nigrán, Ourense, Ponteareas, Pontevedra, Sanxenxo, Sarria y Vilagarcía. Contra IU compite, además de en Lugo, en O Grove.

Una presencia local similar tendrán los de Iglesias en Castilla-La Mancha y Cantabria. En la primera región, Podemos se presenta en 103 de las 919 localidades, un 11,1%, teniendo una mayor implantación en Toledo –31,86% de los municipios– que en Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara, provincias donde no compiten por más del 90% de los consistorios. En suelo castellanomanchego, IU y Podemos se enfrentarán en ocho localidades. En Cantabria, por su parte, el partido morado concurrirá en 11 de las 102 localidades, lo que equivale al 10,78%, la mayoría de ellas con una población por encima de los 10.000 habitantes. En más de la mitad de estos municipios, en seis, los de Iglesias tendrán que enfrentarse en las urnas a los de Alberto Garzón. Dos papeletas diferentes que se podrán encontrar en los colegios electorales de Camargo, Castro-Urdiales, El Astillero, Los Corrales de Buelna, Piélagos y Suances.

  Los agujeros de Aragón, La Rioja, Navarra y Castilla y León

Cuatro son las regiones en las que el partido morado tiene importantes lagunas. En Aragón y La Rioja, Podemos consigue llegar a poco más del 5% de los pueblos, algo que no logra en Navarra y Castilla y León. En la primera comunidad, conformada por 731 localidades, la formación liderada por Pablo Iglesias pugna solo por conquistar 56 ayuntamientos –7,66%–, teniendo más músculo local en Huesca y Zaragoza que en Teruel y enfrentándose a Izquierda Unida en 19 municipios. Menor implantación tiene en La Rioja, donde únicamente concurre en una docena de las 174 localidades de la región, compitiendo con IU en la mitad. En concreto, el partido morado y la formación liderada por Alberto Garzón se verán las caras en Alfaro, Arnedo, Fuenmayor, Haro, Santo Domingo de la Calzada y Villamediana de Iregua.

En Navarra, Podemos pugnará por conquistar en las urnas este domingo sólo el 4% de los consistorios en liza –11 de 272–, compitiendo con IU en siete localidades: Altsasu, Barañáin, Burlada, Pamplona, Tafalla, Tudela y Valle de Egüés. Y en Castilla y León, el partido morado sólo concurre en 66 de los 2.248 municipios, lo que supone un 2,94%. En esta región, históricamente conservadora, el análisis de candidaturas muestra una mayor implantación local en León, donde estarán en los colegios electorales de 13 de las 211 localidades, un escaso 6,16%. En Segovia y Soria, la formación liderada por Pablo Iglesias peleará en el 4,78% y el 3,28% de los municipios, respectivamente, mientras que en Ávila, Burgos, Palencia y Valladolid esa cifra ronda el 2% y en Salamanca cae hasta el 1,66% –sólo concurre en 6 de las 362 localidades–. En suelo castellanoleonés, IU y Podemos competirán en 31 municipios. _______________________

Este reportaje forma parte de una serie de infoLibre que analiza la implantación de los diferentes partidos en los 8.131 ayuntamientos españoles.

Las tres entregas anteriores las puedes consultar aquí:

El PSOE se presenta en las elecciones locales en casi el 90% de los municipios

El PP sólo se presenta en un 25% de los municipios catalanes y en menos del 70% de los vascos

La expansión local de Rivera tiene límites: en tres de cada cuatro municipios no habrá lista de Cs

La frase que sirve de titular es un chascarrillo que define la política española: "al enemigo, ni agua. Y si es en el desierto, polvorones"... llama la atención nuestra incapacidad, tal vez congénita, de reconocer algún acierto del rival. Hasta un reloj parado da dos veces la hora correcta cada día. No estamos educados en el arte del juego limpio y el respeto. Priman la mentira, el exabrupto y la manipulación; escasean las ideas y los proyectos pensados para las siguientes generaciones. El largo plazo son las siguientes elecciones. No somos los únicos, se trata de un mal global.

Para Donald Trump, todo lo que hizo Barack Obama es un error que debe ser eliminado de inmediato, sea el Obamacare o el acuerdo nuclear con Irán. El Reino Unido sigue instalado en el día de la marmota antieuropea. El Partido del Brexit, el nuevo invento del xenófobo Nigel Farage, podría ganar las elecciones europeas, que su caso se celebran hoy. Resulta curioso que los británicos, a los que suponemos tan maduros, se olviden de las mentiras que Farage les colocó en el referéndum del Brexit.

En plena digestión de los resultados del 28A, cuyos efectos políticos –en el PP, sobre todo– quedaron congelados, al menos unas semanas, llegan las elecciones europeas, municipales y autonómicas, consideradas una segunda vuelta de las generales que deberán confirmar, corregir o matizar la victoria de la izquierda. En cinco comunidades –Cataluña, País Vasco, Galicia, Andalucía y Comunitat Valenciana– solo habrá locales y europeas.

De todos los puestos de servicio público, el más gratificante es el municipal. Si un ayuntamiento, y más si es pequeño, decide crear un centro social, un parque o mejorar el alumbrado en una calle no necesita años de espera. Las medidas tienen impacto inmediato. La proximidad de los representados permite conocer mejor sus necesidades y demandas. En el ámbito municipal no se resuelve una crisis de Oriente Próximo (excepto si eres de Cádiz y fabricas barcos) ni la cuestión territorial, por mucho que la derecha sea monotemática con Torra, ETA y Venezuela. Son comodines que valen para cualquier elección y debate.

Ahora suman a Josu Ternera, ex máximo dirigente de ETA detenido en Francia. Todo porque a Jesús Eguiguren se le olvidó que vive en España, y no en Alemania, al citar el texto Los héroes de la retirada de Hans Magnus Enzensberger. Le faltó aclarar que convertirse en "héroe de la retirada" –caudillo que rinde el castillo— no impide que haya sido o sea un grandísimo hijo de puta. Hay más ejemplos: Fraga, Sharon, Begin, Shamir, Arafat.

Volvamos al primer párrafo, a la incapacidad de reconocer un éxito del rival. Existe una pulsión tóxica por el catastrofismo, por la hipérbole constante, por el todo está mal por el simple hecho de que es una idea del contrario. No importa que el proyecto sea bueno para el medioambiente. Si es del contrario, es un horror, algo que debe ser eliminado. Sucede con la libertad de expresión. Además del derecho de decir está la obligación de aprender a escuchar pensamientos con los que no estamos de acuerdo.

Perdón que me refiera a Madrid en una España tan plural, pero es la ciudad en la que vivo. Estoy seguro de que este caso no es una excepción. Pasó en Sevilla con Alfredo Sánchez Monteseirín, alcalde del PSOE entre 1999 y 2011. En una ciudad en la que se no se mueve una piedra fue audaz en el cierre al tráfico del centro y en la creación de una línea de tranvía. El objetivo era reducir la contaminación que afectaba a la piedra de unos monumentos que son el emblema de la ciudad, su principal reclamo turístico, además de proteger la salud de sus vecinos. También multiplicó el carril bici por toda la ciudad. Tuvo en contra al PP, a las hermandades y al ABC de Sevilla. Fue una campaña despiadada. Una vez que el PP alcanzó la alcaldía con Zoido se olvidaron de las catástrofes anunciadas y mantuvieron lo hecho.Zoido

La derecha en sus tres versiones: PP, Ciudadanos y Vox ha encontrado en Madrid Central un anatema que reúne todos los males en uno. No importa que los datos de contaminación y tráfico sean buenos, ni que la siempre anunciada catástrofe para el comercio haya pasado de lado, Madrid Central es comunismo podemita, pese a que es similar a las iniciativas emprendidas en Londres, Berlín, París, Copenhague u Oslo, que como se sabe son ciudades bolcheviques por excelencia.

Después del varapalo electoral del 28A, el PP y Ciudadanos han aparcado sus obsesiones catalanas, para centrarse en Manuela Carmena y su Madrid Central. Y eso que el ayuntamiento no ha sido valiente en la apuesta por las bicicletas y los tranvías. ¿Qué intereses defienden los críticos a la restricción del tráfico? ¿La industria del automóvil o la sanidad privatizada? Una idea parecida a Madrid Central estuvo sobre la mesa de la alcaldesa Ana Botella, pero no se atrevió. Ana BotellaElla pertenece al mismo PP que hoy lidera la guerra contra una medida que considera confiscatoria por el hecho de no ser suya. El PP ya estuvo en contra del cierre al tráfico del parque del Retiro y cuando gobernó lo mantuvo cerrado. El no es una tradición.

José Luis Martínez-Almeida, candidato del PP a la alcaldía de Madrid, es aficionado a grabarse vídeos en moto o a pie en la calle Mayor. En un primero culpaba a Carmena y su Madrid Central del atasco. No se entiende bien la lógica de su razonamiento. Si Madrid Central ha retirado miles de vehículos del centro de la ciudad, ¿se solucionarían los atascos permitiendo su entrada de nuevo?

El candidato miente o no se entera. La calle Mayor está atascada por las obras en el complejo Canalejas, aprobadas por el ayuntamiento de Botella. El constructor es Villar Mir, amigo de Génova 13. Estas obras tienen bloqueadas desde hace meses varias calles: la citada Mayor, Sevilla, Carrera de San Jerónimo, final de Alcalá, Cedaceros y algunas adyacentes. También tiene bloqueada desde hace meses la línea 2 de Metro, que depende de la Comunidad (gobernada por el PP). Será un gran negocio privado, pero de momento está siendo un gran incordio público.

Este Almeida es contumaz. El penúltimo domingo se grabó un segundo vídeo, también en la calle Mayor. Su hora 12.42. Se quejaba otra vez de los atascos –solo había autobuses y taxis—, de Carmena y de su medida estrella. Al parecer no tuvo tiempo suficiente de enterarse de la existencia de la obra de Canalejas que desmontaba su vídeo anterior. En este caso, la calle estaba cortada por el paso de una carrera a favor de la mujer http://www.carreradelamujer.com/madrid/articulo/cosmo-fotos-madrid que estaba anunciada por el Ayuntamiento entre las 12.00 y las 14.00.

Su rival, además de Carmena, es Begoña Villacís, de Ciudadanos, que también tiene querencia por los vídeos. Se grabó uno en la calle Santa Engracia en el que denunciaba los atascos. A su espalda, apenas había tráfico. Es lo malo de dar la espalda a la realidad. Villacís tiene una fijación con los (escasísimos) carriles-bici. Si fuera alcaldesa los quitaría. También devolvería las plazas de aparcamiento quitadas. Es lo contrario de lo que se está haciendo en Europa, donde gobiernan alcaldes de derechas, liberales, socialdemócratas o verdes. El ejemplo de excelencia es Pontevedra, considerada una de las ciudades mejores para vivir.

Villacís puede ser alcaldesa a partir del lunes debido a la división de la izquierda. Si Madrid en Pie no pasa del 5%, como anuncian las encuestas, puede repetirse la situación de la Comunidad hace cuatro años. Muchos de los anti-carmenistas son de derechas, pero hay otros que pertenecen a una izquierda que prefiere un gobierno de derechas antes que tragarse un sapo. Está en juego un modelo de ciudad.

No sabemos qué quieren hacer Martínez-Almeida y Villacís con las medidas de control de Airbnb, que aprobó Carmena, pero sería bueno que antes de votar conociéramos cuál es el patrimonio en pisos de los candidatos y de sus padrespatrimonio para saber si estamos eligiendo el bien común o fomentando el negocio privado.

Buen viaje, maestro Juan Carlos Aragón. Cádiz eterno.Juan Carlos Aragón

"La política fiscal debe estar guiada por el criterio de que el dinero, donde mejor está, es en el bolsillo de los ciudadanos". La frase, todo un clásico del argumentario neoliberal, está incrustada en el programa marco del PP para las elecciones autonómicas y municipales. Y sirve de guía a toda la política impositiva del –al menos por el momento– principal partido de la derecha española. Expresado con otras palabras, el compromiso fiscal de Ciudadanos para el 26M es similar: bajar o suprimir impuestos sin excepción. Vox es aún más radical. Fracasado el asalto al Gobierno de España tras una campaña de las generales en las que hicieron una fortísima apuesta de bajada de impuestos, los tres partidos conservadores han trasladado ahora la subasta, en una versión aún más extrema, a las autonomías.

Las ofertas a la baja se radicalizan pese a que el modelo de financiación autonómica está en crisis y pendiente de reforma, pese a las tensiones entre comunidades a causa del dumping fiscal y también pese a que hay regiones que incumplen los objetivos de déficit y están en camino de volver a incumplirlos. Nada detiene la puja.

"España tiene un problema serio con el déficit público estructural. Es poco razonable decidir bajadas de impuestos o aumentos de gasto antes de encauzar el problema principal", señala el catedrático de Economía Aplicada Santiago Lago-Peñas, que fue miembro del comité de expertos que realizó una propuesta de reforma de la financiación autonómica. ¿No sería conveniente o necesario, antes de planificar y ejecutar fuertes bajadas de impuestos, cerrar la tantas veces pospuesta reforma de la financiación autonómica? Responde Lago-Peñas: "En el escalón autonómico, sin duda. Si vamos a alterar el espacio tributario autonómico (en imposición patrimonial o medioambiental, entre otros impuestos), lo lógico es esperar a ver cómo queda el escenario. Salvo, claro está, que la reforma se aplace sine die...".

  Fiscalidad de campaña

Los programas electorales de PP, Ciudadanos y Vox para las generales del 28 de abril ya anunciaban múltiples rebajas o eliminaciones de impuestos, combinadas con beneficios fiscales para "familias", empresas e inversores, así como para el ámbito rural y la llamada "España vacía". Es lógico que el énfasis de las promesas fiscales se sitúe ahí, en el nivel estatal, porque es el Estado el que acumula mayores competencias y recaudación. No obstante, las autonomías también tienen facultades fiscales. Las comunidades tienen margen legal para subir o bajar los impuestos en los tramos autonómicos. Gestionan Transmisiones Patrimoniales, Actos Jurídicos Documentados y Sucesiones y Donaciones. Además recaudan parte del IVA, el IRPF e impuestos al alcohol, los hidrocarburos y la electricidad, entre otros. De ahí sale la mayoría de sus recaudación. El 37,16% sale del IRPF. El 32%, del IVA. Los impuestos especiales suponen el 13,82%. Patrimonio, Sucesiones y Donaciones y Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados suman el 10,28%, según detalla un reciente informe del Consejo General de Economistas. A esto se suman los llamados impuestos propios, de creación de las autonomías –al turismo, a la vivienda, a la banca, a la contaminación..–, cuyo desarrollo ha sufrido serias limitaciones y que suponen sólo un 2,1% de la recaudación de las comunidades.

No hay impuesto que las autonomías puedan tocar que escape a las promesas de bajadas y supresiones de PP, Ciudadanos y Vox. "Si ellos [el PSOE y Unidas Podemos, en caso de gobernar] suben impuestos, nosotros los bajaremos en los tramos autonómicos", ha afirmado Pablo Casado, presidente del PP. Su homólogo en Ciudadanos, Albert Rivera, casi ha calcado la idea: "Por cada euro de IRPF que suba [Pedro] Sánchez, nos comprometerlos a bajarlo donde gobernemos". Tanto el uno como el otro afirman que compensarán la rebaja de impuestos porque al haber "más empleo" se recaudará más.

  La "revolución fiscal" del PP

Ni Casado ni Rivera se han quedado en meras declaraciones. Sus promesas han aterrizado en los programas. "Bajando impuestos se recauda más", señala el programa marco del PP para las autonómicas y municipales, que promete una "revolución fiscal" en línea con la "bajada masiva de impuestos" que abanderó durante su campaña en Andalucía Juanma Moreno, a la postre presidente de la Junta de Andalucía. El partido de Casado se compromete a eliminar el Impuesto de Sucesiones entre padres e hijos y al resto de la línea descendente, así como entre cónyuges, sea cual sea la cuantía. Es una medida que favorece a los herederos de más de 1 millón de euros, como ya ha ocurrido en Andalucía. A esto se suman "medidas fiscales en favor de las familias" e "incentivos fiscales" para empresas "innovadoras". El PP se compromete a no crear ningún impuesto propio nuevo allí donde gobierne, así como a reducir el IBI en los municipios "hasta el mínimo legal". La puja municipal es especialmente radical en Sevilla, donde el candidato del PP, Beltrán Pérez, ha prometido convertir la ciudad en una "isla fiscal".

Donde más contundentemente se expresa la "revolución fiscal" del PP es en las autonomías. El partido se explaya en promesas de rebajas en cada programa regional. El caso más extremo es el de Madrid. La candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, presume de que su comunidad es la que tiene "los impuestos más bajos", al mismo tiempo que anuncia "la mayor rebaja de impuestos de la historia de Madrid". La candidata del partido gobernante anuncia rebajas del 5,5% en el pago del IRPF, así como bajadas en Sucesiones y Donaciones, ayudas fiscales a "familias", "por nacimiento, adopción y acogimiento" y "para el acceso a la vivienda". El programa del PP en Madrid ya presume de que en la comunidad la tarifa de IRPF es 4,5 puntos inferior a la vigente en Cataluña y Andalucía y de que Sucesiones y Donaciones está "prácticamente eliminado", pero se compromete a nuevas bajadas en ambos tributos y en Transmisiones Patrimoniales. El PP mantendrá la exención total del Impuesto de Patrimonio, otro hito fiscal de la comunidad.

En Castilla y León anuncia una "ambiciosa bajada" del tramo del IRPF, la eliminación de Sucesiones y Donaciones y el "compromiso" de no crear nuevos impuestos a familias, pymes y autónomos. "El PP eliminará la injusta sobrecarga fiscal que soportan los aragoneses con una bajada generalizada de impuestos", señala el PP en su programa. Otra vez están en el punto de mira IRPF, Sucesiones y Donaciones, Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados, Patrimonio... Un esquema similar se produce en el resto de comunidades. En ocasiones hay variaciones locales, como la supresión del "céntimo sanitario" en Asturias.

El PP presume en su programa de la Región de Murcia de que "ha llegado a ser la comunidad con más bajos impuestos de España" (afirmación que también hace de Madrid). "Hemos reducido el IRPF y hemos suprimido Sucesiones y Donaciones", añade, con el compromiso de no crear más tasas, de "disminuir significativamente la presión fiscal a pymes, autónomos y emprendedores" y de seguir con las "desgravaciones fiscales" para el I+D+i. "Haremos de la Región de Murcia el mayor espacio de libertad económica de España", añade el programa. Pero hay un problema. Murcia, con 421 millones de déficit, un -1,34%, es junto con la Comunitat Valenciana la única que se pasa del -0,4% de objetivo de Hacienda para 2018. La comunidad, presidida por el popular Fernando López Miras, es la que peor dato presenta. Además la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) señala que es "muy improbable" que cumpla el objetivo de 2019.

Estos riesgos no detienen la subasta fiscal, que se produce independientemente de que se trate de comunidades con un "muy probable" cumplimiento de objetivo de déficit (Canarias, Navarra) o con uno "muy improbable" (Murcia) o "improbable" (Aragón, Castilla La Mancha y Extremadura).

  El "salvavidas naranja" de Cs

Cs pormenoriza menos sus bajadas de impuestos que el PP, pero la idea general es la misma. Frente a la "revolución fiscal" de Casado y los suyos, Rivera y los candidatos del partido naranja prometen un "salvavidas naranja", expresión que figura incluso en los programas autonómicos. Ignacio Aguado se compromete a "bajar a los madrileños" en el tramo autonómico cada impuesto que suba Sánchez. También a la "supresión definitiva del Impuesto de Sucesiones y Donaciones". Cs promete una "reducción de las cargas administrativas que soportan las empresas" e "incentivos fiscales" para la inversión.

En comunidades como Castilla La Mancha Cs se ofrece como "salvavidas naranja frente a los sablazos de Sánchez y Podemos a la clase media". Al mismo tiempo, el partido de Rivera "garantiza" superávit al final de la legislatura. El esquema es similar en todos los programas autonómicos. Hay casos en que también se fija el compromiso de reducir impuestos propios. En Aragón Ciudadanos promete bajar un 50% el impuesto sobre la Contaminación de las Aguas. También en Murcia, pese al déficit disparado, promete Ciudadanos nuevas bajadas de impuestos.

En Navarra, donde PP y Cs se presentan en coalición –junto a UPN–, la candidatura resultante, Navarra Suma, también defiende un programa de rebajas fiscales.

  Vox, aún más rotundo y menos detallado

Vox es aún más rotundo –y menos detallado– en las promesas fiscales de su programa marco para las autonómicas: suprimir Patrimonio, Sucesiones y Donaciones y Plusvalías Municipales; rebajar un 5% el IRPF para todas las rentas. Hay más. Vox se compromete a "animar" desde las autonomías a los entes locales para que apliquen una reducción mínima del 50% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles para "familias con hijos" y exención del pago del mismo a las "familias numerosas". También a "incentivar las mejorar salariales, ventajas fiscales y/o beneficios sociales al personal sanitario del mundo rural".

El partido de Santiago Abascal se compromete también a introducir medidas de apoyo fiscal a la maternidad. Al igual que el PP y Cs, Vox no cuantifica el posible impacto en las arcas autonómicas de estas medidas.

  Tras la "competitividad fiscal" de Madrid

La competitiva lógica fiscal de la la derecha en la Comunidad de Madrid, que tiene la ventaja de partida de la capitalidad política y económica, lo cual atrae la sede de mayor número de empresas, determina ahora el discurso fiscal de PP, Cs y Vox. Está por ver el resultado. De momento, el PP azuza esa carrera. "Nos están contactando empresas de Madrid y Cataluña para instalarse en Andalucía", ha declarado esta semana el presidente andaluz, Juanma Moreno, en Antena 3. Según dijo, la razón de los empresarios es el independentismo en Cataluña y el temor a un gobierno de la izquierda en Madrid. 

La "competitividad fiscal" entre autonomías es un concepto defendido por los valedores de las tesis más partidarias de la desregulación. Los economistas críticos con el neoliberalismo han alertado de los riesgos que supone para la financiación de los servicios públicos. Diversas comunidades, caso de Andalucía –cuando estaba gobernada por el PSOE–, Comunitat Valenciana, Extremadura y Castilla-La Mancha han acusado al PP de practicar el dumping fiscal. Es decir, de atraer empresas y capitales altos mediante rebajas fiscales. La acusación ha ido especialmente dirigida a Madrid, señalada por Podemos y Más Madrid como un "paraíso fiscal" para los "ricos".

El informe Movilidad de los contribuyentes de rentas altas en respuesta a las diferencias regionales en los impuestos personales (2017), elaborado por los economistas Julio López Laborda y Fernando Rodrigo Sauco, indica que Madrid se beneficia de esta competencia fiscal a costa del resto de autonomías. El 59,3% de las migraciones económicas de rentas altas tiene como destino la Comunidad de Madrid. Más concretamente, el 45,6% de las migraciones a Madrid tiene como lugar de origen dos comunidades que no limitan geográficamente con ella: Andalucía y Cataluña. ¿Ha habido cambios desde la publicación del informe? "Aunque habría que estudiarlo con más detalle, Madrid sigue siendo en la actualidad la comunidad más atractiva en IRPF, Sucesiones y Donaciones y Patrimonio", señala ahora López Laborda. Santiago Lago-Peñas cree que es "evidente" que "existe un flujo de contribuyentes de alto patrimonio hacia la Comunidad de Madrid por sus claras ventajas en imposición de Patrimonio y Sucesiones y Donaciones".

  Financiación autonómica

La puja fiscal se produce a pesar de seguir sin resolverse la crisis del modelo de financiación autonómica, implantado en 2010 y caducado en 2014. La inestabilidad política y el conflicto sobre Cataluña, entre otros factores, mantienen en suspenso su renovación. Pero no impiden detectar ya, como hace el Consejo General de Economistas en su informe de febrero, que el modelo no ha logrado que la "corresponsabilidad" se establezca como eje central del sistema.

Santiago Lago-Peñas cree que el informe de la comisión de expertos "dibuja el abanico de medidas y actuaciones pendientes y urgentes". Y añade: "Existe un amplio consenso técnico. Lo que falta es el acuerdo político sobre algunas decisiones clave (como el grado de nivelación del sistema de metabolización del fondo de liquidez autonómica, el reparto de fuentes tributarias y recursos entre los distintos niveles de la Administración), pero el camino está bien trazado".

No es en los puntos que señala Lago-Peñas donde se está centrando el debate fiscal, sino en las rebajas fiscales. Y ello a pesar de que el sistema de prestación público da síntomas de agotamiento, como ha puesto de relieve esta semana el Índice de Desarrollo de los Servicios Sociales en 2018, elaborado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, que señala que los servicios sociales necesitarían 1.300 millones para devolver la inversión a los niveles previos a los recortes presupuestarios derivados de la crisis. El informe concluye que la Comunidad de Madrid es la que tiene unos servicios sociales peor valorados.

Según el último barómetro del CIS, hay un 29% de españoles que no ha decidido todavía a quién va a votar en las elecciones europeas del próximo 26 de mayo. A la campaña electoral le quedan tres días y a los partidos se les agota el tiempo para convencer a esos indecisos. Tal y como arrojaron los datos del mismo estudio, el PSOE vencería en las urnas por primera vez desde el año 2004. PP, Ciudadanos, Unidas Podemos Cambiar Europa y Vox se situarían por detrás. Precisamente, los partidos en los que más atención se está prestando durante la campaña, aunque no son los únicos que presentan candidatura. Hay otras formaciones que, ya sea por fondos, por infraestructura, por personal o por espacio en los medios de comunicación, no pueden hacerse un hueco en los 15 días previos a los comicios. Pero también presentan programa y candidatos al Parlamento Europeo.

Las formaciones minoritarias saben que el reto al que se enfrentan en todas las elecciones es mayúsculo. Los electores apenas las conocen y, aunque en las europeas no existe una barrera electoral mínima para entrar en el reparto de escaños, en la práctica al existir una circunscripción única se necesita un respaldo importante para obtener escaño. En los últimos comicios, en 2014, se necesitaron 300.000 votos para lograr un eurodiputado. Por eso, algunos partidos de ámbito no estatal suelen sumar fuerzas para conseguir algún asiento en la Eurocámara. Es el caso, por ejemplo, de la coalición Ahora Repúblicas, una lista encabezada por Oriol Junqueras en la que confluyen ERC, EH Bildu y BNG.

España elegirá, este 26M, a 54 eurodiputados, aunque cuando se produzca el Brexit habrá un nuevo reparto de escaños y ganará cinco, hasta los 59. infoLibre ha hablado con los candidatos de Actúa, Izquierda en Positivo, Pacma, Pirates de Catalunya, Recortes Cero, Por un Mundo Más Justo (PUM+J) y Volt Europa para conocer, de primera mano, los programas electorales de aquellas formaciones que no participan en los debates electorales y suelen protagonizar pocos titulares en los medios.

  Actúa

Actúa es un partido que acaba de nacer: las primeras elecciones a las que concurrieron fueron las del pasado 28 de abril. No obtuvieron representación. Ahora, el 26M, volverán a intentarlo. Y esperan que el apoyo sea mayor. Al menos, así lo expresa María Garzón, la candidata al Parlamento Europeo de la formación. "Si tenemos en cuenta los resultados que tuvimos en ocho provincias [en las generales], y viendo la sensación que tenemos en aquellos lugares donde hemos conseguido contactar con la gente y algo de atención de los medios, yo creo que no es imposible pensar que podríamos tener un eurodiputado", dice. 

Es muy importante que lo hagan, remarca. Que Actúa consiga un parlamentario en la Eurocámara implicaría otorgar mayor poder a Primavera Europea, una alianza de partidos de izquierdas de todo el continente que incluye a las formaciones del exministro griego de Finanzas Yanis Varufakis. El pasado mes de enero, Primavera Europea cerró su programa y Actúa, que lo suscribe plenamente, fue una de las formaciones responsables de su creación. Pero es solo un documento marco. Con esas propuestas en la mano, los partidos de la alianza, pertenezcan al país que pertenezcan, elaboran su propia batería de medidas para el Parlamento Europeo. 

Y Actúa tiene claro cuál es su objetivo: "Recuperar la Europa social, alejada de los mercados", explica Garzón. Para ello, dividen su programa en dos bloques fundamentales. El primero consiste en el Green New Deal, es decir, en las políticas basadas en la ecología. "Hemos evaluado que es necesaria una inversión de 500.000 millones de euros al año para luchar contra el cambio climático a nivel europeo", explica la candidata. ¿Y cómo los conseguirían? A través de bonos de inversión emitidos por la banca. En este mismo sentido, el partido apuesta por la transición energética y por construir un nuevo modelo de ciudad basada en la eliminación del tráfico. 

No se olvidan, no obstante, de los derechos sociales. Por ello reclaman una política común de asilo y eliminar los acuerdos con Turquía, además de un protocolo de rescate orquestado por la UE en el Mediterráneo. La formación, además, quiere hacer del feminismo una de sus banderas. "Queremos que se instaure un protocolo contra la violencia machista y que se establezcan líneas para la equiparación de salarios entre hombres y mujeres", añade Garzón.

"Creemos que Europa puede obligar mucho más a los Estados a legislar en políticas sociales", continúa. Así, pretenden recuperar la confianza de los españoles en la institución. En este sentido, Garzón recuerda el euroescepticismo que creció exponencialmente entre los españoles durante los años duros de la crisis económica, cuando creció el número de ciudadanos que querían salir de la UE. "La confianza no se ha recuperado", dice. "Una España sin Europa no tiene sentido, pero no podemos decir que sí a todo lo que dice la institución", sentencia Garzón.

  Izquierda en Positivo

Izquierda en Positivo, al igual que Actúa, suscribe el programa pactado por Primavera Europea. Lo hace, fundamentalmente, en el terreno económico, según explica el número uno de la lista al Parlamento Europeo, Javier Couso. "Lo que proponen, además del fin de la austeridad, es una democratización de la Unión Europea, de esos espacios que son independientes de los ciudadanos, que no los elige ni el Parlamento Europeo ni una votación directa como, por ejemplo, el Banco Central Europeo", explica. Una vez conseguida esa democratización, no obstante, pretenden algo más. Y Couso subraya, uno por uno, todos los ámbitos en los que su formación pretende influir a nivel europeo. 

El primero es la política exterior, donde Izquierda en Positivo aboga por una "política de cooperación, no de confrontación", dice. "No estamos de acuerdo con las injerencias de la UE en América Latina o en otros países", critica. Pero tampoco está de acuerdo con la influencia que tiene EEUU en la propia institución europea. Por otro lado, continúa, quieren diferenciarse en el terreno migratorio. Según explica Couso, son la única formacion que ha dedicado puestos de salida a candidatos procedentes de América Latina y, además, inciden en la necesidad de eliminar los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). 

No olvidan tampoco los derechos sociales. En este sentido, proponen una mayor transparencia en los lobbys privados y mayores actuaciones destinadas a garantizar la igualdad lobbys entre hombres y mujeres. Y para esto hay que empezar garantizando la igualdad salarial. Pero desde Izquierda en Positivo, además, le dan una gran importancia a la libertad de expresión. Así, según explica Couso, uno de los objetivos principales de la formación es acabar con la precariedad del periodismo porque, según critica, "no puede haber investigación si los periodistas trabajan en precario". 

Pero Couso sabe que es complicado que consigan trasladar estos planteamientos al Parlamento Europeo. El partido acaba de nacer. Su recorrido electoral, de hecho, comenzó el pasado 28A en Cataluña y Murcia y continuará este 26 de mayo con candidaturas en siete municipios, además de la encabezada por Couso para la Eurocámara. Él, al igual que muchos de sus compañeros, son independientes. "Tenemos muchas expectativas a pesar de lo imperfecta que es la democracia en nuestro país. No tenemos apoyo de nadie ni nos saca la televisión, así que es muy difícil", dice. Pero no tiran la toalla: "Esperamos sacar uno o dos eurodiputados", confiesa. 

  Pacma

No es la primera vez que se presentan al Parlamento Europeo. El partido animalista Pacma ya concurrió a las dos anteriores elecciones europeas: en 2009 y 2014. Y sus resultados mejoraron notablemente. Si hace una década obtuvieron 41.913 votos, hace cinco fueron 177.499. Por eso ahora, según explica la candidata de la formación, Silvia Barquero, esperan, por fin, conseguir representación. Si obtienen aproximadamente los mismos apoyos que las elecciones generales del pasado 28 de abril —326.045, un 1,25%—, Barquero tiene el asiento casi asegurado. "Somos muy optimistas porque consideramos que los votos que ya obtuvimos en las generales sí que van a tener representación en las europeas. El sistema es más proporcional y más justo que el español", celebra. "Es la oportunidad de oro para Pacma porque todos los votos cuentan en Europa", dice.

Y es que las propuestas del partido, con el paso de los años, han ido ganando fuerza. Son el partido que abandera la lucha contra el maltrato animal. "Nuestra expectativa es entrar en el Parlamento y hacer realidad el sueño por el que llevamos años luchando, que es dar voz a los animales", dice. Y añade: "Y defender el medio ambiente desde Europa". Sus políticas no sólo se centran en el terreno animalista. "Nuestro programa electoral está dividido en tres grandes bloques: las propuestas de defensa de los animales, del medio ambiente y de justicia social", explica a infoLibre. 

En cuanto a la defensa de los animales, Barquero no olvida su principal objetivo político: acabar con la tauromaquia. Debe hacerse desde Europa, defiende, "porque en nuestro país ninguno de los grandes partidos ha tenido la valentía como para escuchar a la ciudadanía que reclama de manera unánime el fin de la tauromaquia como máximo exponente del maltrato animal", explica. En cuanto al segundo bloque de su programa, dice, se han alineado junto a las demandas que reclama el movimiento ecologista. Piden, de este modo, descarbonizar el transporte, que "es el responsable de entre el 15% y el 35% de los gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático", y fomentar de las energías renovables. 

En el ámbito de la justicia social, por su parte, Barquero explica que Pacma pone el foco "en la lucha contra el fraude fiscal". "Tenemos una imagen de que Europa defiende más a los bancos que a las personas y queremos una Europa donde se destine más a las personas: al acceso a la sanidad, a la educación pública y a la cultura", explica la candidata. 

  Pirates de Catalunya

​​​​​​

Pirates de Catalunya nació en 2010. Ese año, la formación concurrió a las elecciones al Parlament de Cataluña y, sólo un año después, a las municipales y generales. A estas últimas no volvieron a presentar listas, pero sí lo hicieron a nivel autonómico: en 2012 y 2015. Ahora, en 2019, dan el salto a Europa. Y aunque sus expectativas no son demasiado optimistas, esperan crecer. "Queremos llevar uno o dos eurodiputados, por pedir que no quede. Pero lo que nos importa es que la gente vote, aunque no sea a nosotros", afirma Carlos González, el cabeza de lista, a este diario. "Queremos trabajar para profundizar en el conocimiento sobre el movimiento pirata y ser una alternativa de aquellas personas que van a votar a las municipales y autonómicas pero no saben qué papeleta escoger para las europeas", añade.

Y es que el candidato de la formación quiere diferenciarse de los demás. Y, según dice, tiene motivos para hacerlo. Su programa es paneuropeo, es decir, ha sido elaborado en conjunto por los representantes de los partidos piratas de varios países del continente. Todos ellos, continúa, tuvieron la oportunidad de ratificar o no los puntos centrales del documento o de introducir enmiendas para adaptarlo mejor s sus intereses. "Hemos llegado a un consenso en muchos temas y uno de los hechos diferenciadores de nuestra candidatura respecto a otras es que no presentamos políticas para que España se beneficie", explica. Su objetivo es, por tanto, el beneficio a nivel de la Unión Europea. Un beneficio, sobre todo, en el terreno de lo digital y de las nuevas tecnologías. Es la esencia del partido y lo que defenderán en Europa. "Nuestro programa contempla cosas como la reforma de los derechos del copyright, los derechos digitales, la protección a los denunciantes de corrupción o la transparenciacopyright", especifica. 

"Queremos poner a las personas y a sus derechos en el centro de las políticas, no a las empresas", añade. Y es que, según critica, la UE ya no es la institución que era cuando nació. Se ha convertido, denuncia, en un lobby con intereses políticos. "Queremos empoderar a la gente, y por eso una de nuestras propuestas es hacer una multiconstitución", añade. Pero con cautela. De momento, según indica, su objetivo consisten en "trabajar para profundizar sobre el movimiento pirata, sobre todo". "No queremos engañar a nadie. Queremos que el Parlamento sea la sede de la soberanía europea, pero las políticas de los Estados se hacen en el Consejo Europeo", lamenta. 

  Recortes Cero-los verdes

El partido Recortes Cero presenta su candidatura para el Parlamento Europeo con un objetivo muy claro. Es, de hecho, el mismo con el que concurrieron a las generales del pasado 28A: conseguir una reidistribución efectiva de la riqueza. "Queremos ser la voz en Europa para redistribuir la riqueza, frente a los recortes que vienen y de los que nadie habla", explica en conversación con este diario Sara Montero, número uno de la candidatura de la formación. Precisamente nacieron para ello. Fue en el año 2014, cuando se celebraron las anteriores elecciones europeas, marcadas por la fuerte crisis económica y por las políticas de recortes que la Unión Europea exigía a España. 

La situación ahora, sostiene Montero, no es muy diferente. Aunque los años duros de la crisis han pasado, las pequeñas economías siguen sufriendo sus consecuencias. Lo han evidenciado numerosos informes de distintas organizaciones. Y esta situación no puede mantenerse, sobre todo porque hay recursos para evitarlo. "Somos la cuarta economía de la zona euro. Somos un país rico y, a la vez, el segundo donde más han aumentado las desigualdades y el que tiene el mayor porcentaje de trabajadores pobres", lamenta. Por eso, la solución es repartir la riqueza que, dice, acaparan unos pocos. "Y para poder hacerlo es necesario defender nuestros intereses desde Europa", añade. ¿Por qué? Porque son instituciones como la Comisión Europea o el Banco Central Europeo las que "imponen condiciones que obligan a seguir disminuyendo la inversión" en los servicios públicos. 

Pero, ¿cómo se redistribuye la riqueza? Según Montero, empezando por los salarios. "No debe de haber ninguno por debajo de los 1.000 euros al mes ni ninguno por encima de los 10.000", defiende. Pero no acaba ahí. También abogan por el blindaje constitucional de las pensiones —amenazadas, dicen, desde la Unión Europea— y por la creación de una banca pública. "Tendría que ser el motor de la inversión productiva", añade. 

Se presentan, además, en coalición con Los Verdes, por lo que su voto, argumenta, también es el voto de la defensa de la ecología. "Queremos que se impulse un nuevo modelo de desarrollo sostenible y, para ello, defendemos una ley que acabe con la impunidad de los monopolios que contaminan, que se cierren centrales nucleares y que se elabore un plan para colocar a nuestro país a la cabeza de las energías renovables", añade. 

Montero no hace predicciones. Pero asegura que tienen "todas las expectativas" posibles. Y es que desde su aparición, celebra, han crecido y se han consolidado como una formación política alternativa a los grandes partidos protagonistas, hasta hace muy poco, de un sistema bipartidista. "Nos hemos convertido en una alternativa a nivel nacional. En España hemos multiplicado nuestro voto y crecido. Nos hemos consolidado, así que tenemos todas las expectativas", afirma. El pasado 28 de abril, el partido obtuvo 46.487 votos, algunos menos que los apoyos conseguidos en 2016, que sumaron 51.907. 

  Por un Mundo Más Justo (PUM+J)

Alejandro Plans es bombero y, según dice en conversación con infoLibre, sabe lo que significa salvar vidas. Ahora, ha querido dar un paso más en su compromiso y, por eso, encabeza la candidatura que el partido Por un Mundo Más Justo (PUM+J) presenta para las elecciones europeas de este domingo. Como se trata de un partido pequeño y poco conocido sabe que el reto es grande, pero también asegura que tienen una característica que les hace completamente diferentes al resto de listas que pretenden conseguir un hueco en el Parlamento Europeo. Y es que son el único partido, asegura, que pone en el centro de sus políticas la defensa de las personas migrantes y la necesidad de atajar el "drama" de las muertes que se producen día a día en el Mediterráneo. "Ignorar este drama es una negligencia política y nosotros somos los únicos que planteamos acabar con este drama", explica Plans.

¿Cómo? Las propuestas son variadas. Por un lado, asegura, legalizando todas las operaciones destinadas al rescate de personas que se encuentran a la deriva en el Mediterráneo y, por otro, intentando, con otras medidas concretas, que nadie tenga que verse en la situación de jugarse la vida de esta manera. Proponen, de este modo, establecer cuotas anuales de migración para todos los países europeos, que deben cumplir los compromisos de asilo y refugio que, recuerda Plans, han incumplido sistemáticamente. Por otro lado, abogan también por desbloquear el acceso a visados en las embajadas que países europeos tienen en África subsahariana, por crear un visado de trabajo accesible para todas aquellas personas que acrediten un arraigo de seis meses (no de tres años, como ahora) y por el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros.

Pero no todo lo centran en la migración y los Derechos Humanos. Proponen, también, la creación de una unión fiscal europea. "Europa está en un punto de inflexión", asegura Plans. Y hay que salvarla de la desintegración que, dice, amenaza a la institución. Quieren, de este modo, crear un impuesto de sociedades mínimo para que los Estados miembro dejen de competir por conseguir la inversión de más empresas mediante el método de bajada de impuestos.

Plans sabe que conseguir el objetivo es difícil. Llevan 15 años presentándose a las elecciones al Parlamento Europeo y no han conseguido ningún parlamentario. Esperan que ahora sea diferente. "Tenemos la certeza de que nos han conocido en España y ahora esperamos quedarnos cerca o, incluso, dar la sorpresa de conseguir un escaño", dice. Si no, lo volverán a intentar en cinco años. 

  Volt

Su proyecto comenzó hace casi dos años, cuando se cumplía el primer aniversario del Brexit. Una joven francesa, un chico alemán y otro italiano decidieron organizarse y crear un movimiento paneuropeo que reconfigurara la Unión. Jóvenes de distintos países empezaron a sumarse a la iniciativa, incluidos algunos españoles. Empezaron a crecer y, ahora, esperan conseguir su primer objetivo: obtener representantes en el Parlamento Europeo. Todos juntos, como un único partido, con las mismas siglas y el mismo programa. Se bautizaron como Volt Europa y el próximo domingo se presentan en ocho países: Alemania, Holanda, Suecia, Bulgaria, Reino Unido, Bélgica, Luxemburgo y España. "Volt Europa está presente en 32 países, como partido político está en 12 y ahora nos presentamos en ocho. Somos el único partido político europeo porque nos presentamos con el mismo nombre y programa. Eso es lo que más nos diferencia", explica a infoLibre el candidato en España, Bruno Sánchez-Andrade. Y es que desde Volt entienden que los problemas a los que se enfrentan los ciudadanos europeos no se resuelven con políticas nacionales diferenciadas, sino con una única compartida por los Veintiocho.

Según explica Sánchez-Andrade, esa política se centra en cuatro pilares: "más poder ciudadano, una Europa inteligente o un renacimiento económico, igualdad de oportunidades y equilibrio social". El primero, según explica el cabeza de lista, se basa en reclamar un sistema más democrático. "Si Europa es una democracia, queremos que se involucre más al ciudadano europeo. Ahora mismo, el camino entre lo que vota y lo que decide el Consejo Europeo es demasiado indirecto", critica. Además, defiende, es desde Europa desde donde debe llevarse a cabo el "renacimiento económico", entendido como un cambio social que puede revolucionarlo todo. La "cuarta revolución industrial", explica el cabeza de lista de Volt, "hará desaparecer trabajos y habrá que ver cómo se puede conseguir reformar la economía en este sentido". Habrá que hacerlo sin olvidar un principio fundamental que, dice, defienden: la igualdad de oportunidades. "Somos progresistas y queremos que todos tengamos calidad de vida y que se garantice desde dentro de Europa", asegura. Por último, explica Sánchez-Andrade, todos los Estados miembro deben afrontar, juntos, los "desafíos globales" a los que ahora mismo se enfrenta la Unión: el cambio climático y las migraciones. 

El candidato cree que podrán hacerlo. Su expectativa, de hecho, es sacar varios eurodiputados. "Si llegamos a conseguir un grupo propio tendremos más fácil avanzar en nuestro programa, pero eso es demasiado ambicioso", lamenta. No obstante, las encuestas, según dice, prevén que Volt Europa saque "varios diputados en Alemania y en Holanda". "Y seguramente también en España", añade. "La estimación la hacemos en base al perfil que creemos que nos puede votar: millenials, emigrantes, familias de emigrantes, etc.", dice. Él, por ahora, cree que conseguirá su asiento. 

El 26 de mayo está marcado en rojo en el calendario del PP. Un mes después del tremendo batacazo sufrido en las generales de hace solo un mes, en las que los conservadores cosecharon el peor resultado de toda su historia, la formación presidida por Pablo Casado intentará que las heridas no sigan abriéndose tras las elecciones municipales, autonómicas y europeas de este domingo. El Partido Popular acude a las urnas con la vista puesta en algunas regiones y ciudades históricas en las que podrían perder una hegemonía que lleva años manteniendo. En mente, los resultados de los comicios locales de 2015, en los que la formación conservadora se impuso claramente arañando el 27,06% de los votos –6.070.176 papeletas–, lo que le permitió sentar a 22.744 concejales y controlar más de 3.000 ayuntamientos por toda España. Sin embargo, los tiempos han cambiado. Ahora, Ciudadanos amenaza con arrebatarle el liderazgo del centroderecha español. Y la formación ultraderechista Vox se ha convertido en un importante sumidero de votos tradicionalmente conservadores.

En los comicios del 26M están en juego 67.319 ediles –321 menos que los que se repartieron en las elecciones pasadas– y 8.131 alcaldías, 9 más que en la última cita con las urnas a nivel local. Y el PP pugnará por hacerse con el control del 85,61% de estos ayuntamientos, según el análisis realizado por infoLibre. Así, el partido liderado por Pablo Casado presentará listas en 6.961 municipios –incluyendo Ceuta y Melilla–. Estos datos le sitúan en presencia municipal por detrás del PSOE, que concurre en el 89,1% de las localidades españolas.

Una diferencia de implantación entre las dos fuerzas políticas que tiene su explicación, sobre todo, en País Vasco y Cataluña. Así, mientras los socialistas presentan candidatura en el 60% de los 1.198 municipios que conforman ambos territorios, el PP sólo lo hace en 402. Es decir, los conservadores únicamente competirán por conquistar los ayuntamientos de un tercio de los municipios catalanes y vascos. Ese agujero municipal es mucho más profundo en Cataluña, donde sólo habrá 230 listas del PP en los 947 ayuntamientos (el 24,3% del total), mientras que en Euskadi concurre en 172 de las 251 localidades (el 68,5%).

En el extremo contrario, Asturias, Cantabria, Galicia y Murcia, donde estarán presentes en todas y cada una de las localidades.

  Asturias, Cantabria, Galicia y Murcia, las más fuertes

De las diecisiete comunidades autónomas, tres son las regiones en las que tendrán para este 26M una presencia total a nivel municipal. En Asturias, la formación presidida por Pablo Casado presenta lista en los 78 municipios que la conforman. En las dos principales ciudades, Oviedo y Gijón, el PP ha decidido apostar por dos hombres. Alfredo Canteli pugnará por recuperar el consistorio ovetense, arrebatado por el PSOE en las últimas municipales después de casi tres lustros de dominio conservador, algo que podría estar al alcance de la mano según las últimas encuestas. Y Alberto López-Asenjo tratará de conquistar el ayuntamiento gijonés, que hasta 2011 siempre había sido un bastión socialista. En este caso, los últimos sondeos no le son favorables. Según Invimark, el PSOE se impondría en los comicios locales y el bloque de la izquierda rozaría una ajustada mayoría absoluta. Algo que ya consiguieron en las últimas municipales pero que no pudo cristalizar en un cambio de gobierno debido a la falta de acuerdo entre las distintas fuerzas progresistas.

Al igual que los socialistas, la papeleta conservadora también estará sobre la mesa de todos y cada uno de los 45 municipios murcianos, una región en manos del PP desde 1995. Los de Casado y los de Pedro Sánchez tienen, por tanto, la misma implantación local tanto en Asturias como en la Región de Murcia. No así en Galicia o Cantabria. En la primera comunidad, el PP presenta lista en los 313 municipios, frente a los 301 en los que concurre el PSOE. En alguno de ellos, incluso, no encontrará competencia. Es el caso de Vilarmaior –poco más de un millar de habitantes en 2018–, un municipio coruñés donde desde 1983 se han impuesto las candidaturas de la extinta Alianza Popular y el PP. En Cantabria, habrá lista conservadora en las 102 localidades que la conforman, frente a los 90 en los que concurre el PSOE. Este pleno da al partido presidido por Pablo Casado la misma presencia local que al Partido Regionalista Cántabro de Miguel Ángel Revilla.

  Fuerte presencia local en otras seis regiones

La Comunitat Valenciana es otra de las plazas fuertes del partido conservador. En esta región, de 4,96 millones de habitantes y en la que el socialista Ximo Puig logró imponerse en las autonómicas del pasado 28A, el PP pugnará por el 99,82% de los consistorios en disputa. Sus candidaturas a nivel municipal estarán en los colegios electorales de 541 de las 542 localidades. En Castellón y Valencia, la formación liderada por Pablo Casado concurre en todos los pueblos y ciudades. En Alicante, sin embargo, se queda fuera en un municipio de poco más de medio millar de habitantes. Es el caso de Lorcha, donde sólo dos listas pugnarán por controlar un consistorio que entre 2003 y 2015 estuvo en manos conservadoras. Una de ellas es la de Compromís. La otra, la de Tots per L’Orxa (TpL), una candidatura vecinal que en los comicios de 2015 logró imponerse al PP con el 54,17% de los votos, lo que le permitió controlar 4 de los 7 concejales en liza.

Al igual que los socialistas, los conservadores también tienen una fuerte implantación local en Andalucía, la comunidad históricamente roja que consiguieron arrebatarle al PSOE el pasado mes de diciembre con el respaldo de Ciudadanos y el partido de extrema derecha Vox. Allí, el PP concurre en 781 de los 785 municipios, lo que supone el 99,49% del total. Las listas del partido liderado por Pablo Casado estarán presentes en todas las localidades sevillanas, jienenses, gaditanas, malagueñas, granadinas  y almerienses. Fuera se quedan, sin embargo, en tres pueblos de Huelva y uno de Córdoba. En suelo onubense, los conservadores no pugnarán por los ayuntamientos de Los Marines, Minas de Río Tinto y La Granada de Río-Tinto, municipio en el que ya se sabe que el alcalde será socialista al concurrir sólo la lista del PSOE este domingo en las elecciones locales. En el caso de Córdoba, la localidad de Conquista no aparece reflejada en la lista de candidaturas proclamadas, por lo que no se le ha computado, como tampoco se ha hecho con el resto de fuerzas políticas.

En la Comunidad de Madrid, donde el dominio conservador en el ejecutivo regional pende de un hilo, según los sondeos, el PP tiene exactamente la misma implantación que el PSOE: se presenta en 178 de los 179 municipios, quedándose fuera en la localidad de Valdepiélgados, donde sólo concurre una candidatura vecinal. Y en Castilla La-Mancha, una región en la que la presencia local del PSOE es prácticamente total, el partido que lidera Pablo Casado pugnará por hacerse con el control de 913 de los 919 consistorios en liza. Mientras que en Albacete, Guadalajara y Toledo los conservadores concurren en el 100% de las localidades, en Cuenca y Ciudad Real se quedan fuera de los colegios electorales en media docena de municipios. En zona conquense, no se presenta en Castillo de Garcimuñoz, Cervera del Llano y Fresneda de Altarejos, localidades en las que sólo hay lista del PSOE. En Ciudad Real, no concurren en Anchuras, donde sólo estará la papeleta socialista, Cabezarrubias del Puerto y Villar del Pozo, en el que sólo concurre una candidatura local.

Cerca del pleno se han quedado los conservadores también en Extremadura. En esta comunidad autónoma, recuperada por el PSOE en las autonómicas de 2015 y en la que los socialistas se presentan en todos y cada uno de los municipios, el PP competirá por 387 de los 388 consistorios, quedándose fuera sólo en una localidad de Badajoz: Valle de Santa Ana, donde sólo concurren socialistas e IU. En este pequeño municipio de apenas un millar de habitantes, la formación dirigida por Pedro Sánchez lleva más de tres décadas siendo la más votada. El mejor resultado de los conservadores se registró en 2011, el año de la debacle socialista, cuando consiguieron el 27,18% de los votos, unos apoyos que, sin embargo, le situaron por detrás del PSOE e IU y le permitieron sentar en el ayuntamiento a sólo dos de los nueve concejales en disputa.

  Por encima del 90% en Castilla y León, Baleares, Canarias y La Rioja

Una implantación muy notable tiene el PP también en Castilla y León, la comunidad autónoma que más años lleva con un gobierno conservador –desde 1987–. En esta región, la formación presidida por Pablo Casado presenta candidaturas en 2.205 de los 2.248 municipios que la conforman, por lo que estará presente en el 98,09% del territorio. El PP pugnará por todos los ayuntamientos en disputa en cinco de las nueve provincias castellanoleonesas: León, Palencia, Salamanca, Segovia y Soria. También estará presente en casi todas las localidades de Ávila y Valladolid, quedándose fuera sólo en Santa Cruz del Valle –sólo se presentan PSOE y Unión de Ciudadanos Independientes– en la primera provincia y en el municipio vallisoletano de Aguilar de Campos, donde únicamente concurre una lista del PSOE. En Zamora, los conservadores competirán por 244 de los 248 consistorios en disputa, mientras que en Burgos es donde tendrán una menor presencia el próximo 26M: se quedan fuera de 34 de las 371 localidades que conforman la provincia.

En las islas, la presencia del PP a nivel municipal alcanza al 92% de los municipios. Así, las listas conservadoras estarán en los colegios electorales de 62 de las 67 localidades de Baleares, aunque en Formentera los de Pablo Casado concurrirán en la lista SA Unió de Formentera, una candidatura encabezada por un independiente que aglutina nombres del PP y de Compromís amb Formentera. En Canarias, pugnarán por controlar 81 de los 88 ayuntamientos en liza. Los conservadores tienen una mayor presencia en Las Palmas, donde se presentan en el 94,1% de las localidades –32 de 34–, quedándose fuera en Betancuria y Tejeda, donde los conservadores han pasado en dos mandatos de la mayoría absoluta a desaparecer. En Santa Cruz de Tenerife, las candidaturas del PP estarán presentes en 49 de los 54 municipios, no concurriendo en Buenavista del Norte, Fuencaliente de la Palma, Puntagorda, Vallehermoso y Vilaflor de Chasna.

El secretario general, Teodoro García Egea, en un mitin en Gran Canaria. | Flickr PP

La presencia del PP en La Rioja, una región cuyo gobierno autonómico lleva desde 1995 en manos conservadoras, se reduce hasta el 90,2%. El próximo domingo, las candidaturas del Partido Popular lucharán por liderar 157 de los 174 consistorios en juego, once menos que los socialistas. Entre las localidades en las que el partido liderado por Pablo Casado no se presenta destacan, por ejemplo, Alcanadre y Torrecilla en Cameros, dos municipios donde los vecinos no quieren saber absolutamente nada de los cinco principales partidos. En el primero, donde los conservadores se impusieron entre 1999 y 2015, sólo concurre en estas elecciones la lista de Democracia Municipal-Lista Alternativa, la misma candidatura que en los pasados comicios locales consiguió arrebatar al PP el primer puesto. En Torrecilla en Cameros, sólo se presenta Torrecilla Unida, una lista liderada por Sergio Martínez, alcalde de la localidad desde 2007 con el PSOE.

  En casi 9 de cada 10 municipios de Aragón

En el caso de Aragón, la formación conservadora estará presente en casi nueve de cada diez municipios en la cita con las urnas. Así, según los datos recopilados por infoLibre, este domingo habrá papeletas del Partido Popular en 640 de las 731 localidades de la región, lo que equivale al 87,55% del total. Por provincias, es en Zaragoza, que aglutina más del 70% de la población de la comunidad, donde el partido de Pablo Casado está más implantado a nivel municipal, quedándose fuera de la pelea en 23 de los 293 consistorios del territorio y teniendo asegurado el ayuntamiento de Nonaspe, donde sólo se presenta lista conservadora. En Teruel, donde el Partido Popular concurre en 202 de los 236 municipios –el 85,59%–, los de Casado tienen asegurados otros ocho consistorios en los que sólo habrá candidatura del PP: Allueva, Alpeñés, Anadón, Fonfría, Jorcas, Miravete de la Sierra, Salcedillo y Veguillas de la Sierra. Y en Huesca, la presencia conservadora se reduce al 83,17%, presentando lista en 168 de las 202 localidades que conforman la provincia.

  en un tercio de las localidades vascas y catalanas

Pero donde los conservadores tienen mucha menos implantación territorial es en Euskadi, Cataluña y Navarra. De hecho, según los cálculos realizados por este diario, el PP tan sólo pugna por controlar un tercio de los consistorios vascos y catalanes –presenta lista en 402 de los 1.198 municipios que integran las dos regiones–. En el primer territorio, el partido liderado por Pablo Casado concurre en 172 de las 251 localidades, lo que supone un 68,5% del total. Por provincias, Araba es la que el PP tiene una mayor presencia local –sólo se queda fuera en La Puebla de Labarca–. Le sigue Bizkaia, donde los conservadores competirán este 26M por 96 de los 112 consistorios, lo que equivale al 85,71% de las localidades. Pero es en Gipuzkoa donde el partido tiene el agujero más importante. En esta provincia, el PP sólo concurre en 26 de los 88 municipios, lo que supone que se quedará fuera de casi el 70% de los ayuntamientos.

En Cataluña, sin embargo, la pérdida de tejido municipal es mucho más sangrante. En esta comunidad autónoma, que se ha convertido en uno de los principales ejes sobre los que ha girado buena parte de la campaña electoral conservadora, los de Casado apenas se presentan en 230 de las 947 localidades que la conforman, es decir, sólo concurrirán en el 24,29% de los municipios –el PSOE lo hará en el 55%–. El PP tendrá una mayor presencia en Barcelona, donde pugnará por controlar casi el 37% de los ayuntamientos en disputa, mientras que en Tarragona ese porcentaje se reduce hasta el 23,9%. Sin embargo, es en Lleida y Girona donde la caída es mucho más pronunciada. En la primera provincia, los conservadores concurren en sólo 41 de los 231 municipios, es decir, que se quedarán fuera de más del 82% de los consistorios de la región. En la segunda, no hay candidatura del Partido Popular en más del 86% de las localidades, pugnando la formación por controlar solo 30 de los 221 consistorios gerundenses.

Mayor presencia que en suelo catalán tiene el PP en Navarra. Allí, los conservadores concurren en 74 de los 272 municipios, lo que equivale al 27,21%. Son casi una decena de localidades más que a las que presentan lista los socialistas navarros. En el caso de esta comunidad autónoma, hay dos elementos importantes a tener en cuenta a la hora de hacer el cálculo. El primero es que el PP acude a estos comicios en la lista de Navarra Suma (NA+), una candidatura que integran tanto los conservadores como Ciudadanos y Unión del Pueblo Navarro y cuyas se ha atribuido tanto a conservadores como a naranjas a la hora de contabilizar. Y, en segundo lugar, que en esta comunidad autónoma hay una treintena de municipios que no aparecen reflejados en el listado de candidaturas proclamadas publicado el pasado 30 de abril en el boletín oficial de la región. ______________________

Este reportaje forma parte de una serie de infoLibre que analiza la implantación de los diferentes partidos en los 8.131 ayuntamientos españoles. La primera entrega se publicó este lunes y la puedes consultar aquí:

El PSOE se presenta en las elecciones locales en casi el 90% de los municipios

¿Hay entonces algún motivo común y compartido para considerar absolutamente prioritario confirmar el domingo en las urnas un giro progresista en el mapa de poder territorial en España y en la representación en Europa? Más allá de la defensa de los principios ideológicos y de las simpatías partidistas de cada cual, a mi juicio es necesario llenar las urnas de votos que obliguen a las derechas a salir del bucle conspiranoico que define su forma de hacer política. Vivimos en todos los sentidos un cambio de época. La España y la Europa del siglo XXI tienen que construirse sobre valores democráticos muy sólidos que permitan, a partir del desacuerdo, llegar a un entendimiento fructífero, no sólo entre opciones políticas diferentes sino también entre generaciones distintas e identidades diversas.

Esa compleja tarea (de todos, no sólo de los dirigentes sino también de los militantes, de los medios, del empresariado, de la llamada sociedad civil…) exige unos niveles mínimos de responsabilidad y honestidad en la competición política: un compromiso con la convivencia y la calidad democrática. Lo cual no parece compatible con el empeño en definir a la izquierda como una banda de antipatriotas. Y menos si esa idea sobre el adversario ideológico se basa insistentemente en falsedades y teorías de la conspiración. (Terreno fértil además para el crecimiento de una extrema derecha castiza, sin complejos ni pudor, “por Dios y por España”).

No es que se trate de un fenómeno novedoso ni ligado exclusivamente a esta realidad actual de la desinformación y la intoxicación masiva. En el retrovisor del PP y de varias de sus plataformas mediáticas afines aún se divisan los “agujeros negros del 11-M” o las manifestaciones contra la “traición a los muertos” de Zapatero o “la venta de Navarra a ETA”. No pocos de quienes han proclamado loas infinitas a Rubalcaba ante su capilla ardiente torpedearon sin descanso el proceso de paz que Zapatero, Egiguren y el entonces ministro del Interior condujeron para encauzar el fin del terrorismo.

Si hay un hilo que conecta el discurso de Aznar, Rajoy y Casado (y Rivera y Abascal) no es sólo su conservadurismo político (en distintos grados) o su neoliberalismo económico (con acentos diferentes), sino por encima de todo su empeño obsesivo en acusar a la izquierda de todo tipo de conspiraciones inventadas. Para centrarnos en el presente, basta señalar lo que proclamaron tanto el PP como Ciudadanos el mismo día de la votación de la moción de censura de Pedro Sánchez: que había un pacto secreto con los independentistas. Nunca han aportado una sola prueba, pero era la forma de desviar la atención del cenagal de la corrupción y de marcar a Sánchez como “okupa” de la Moncloa, para más tarde tacharlo directamente de “felón” por las “21 cesiones” al independentismo que nunca se produjeron. Los mismos políticos y tertulianos que durante meses mantuvieron que Sánchez agotaría la legislatura, o que Pablo Iglesias había negociado en la cárcel con Oriol Junqueras su apoyo a los Presupuestos, se vieron sorprendidos por un adelanto electoral con el que no contaban y para el que había que inventarse una nueva conspiración.

Ese camino sólo podía conducir a la plaza de Colón, a una liturgia compartida con la extrema derecha y a un manifiesto conjunto repleto de falsedades. Cabría pensar que los resultados de las elecciones del 28-A llevarían a PP y Ciudadanos a una reflexión autocrítica sobre su estrategia, ante la evidencia de que una mayoría de españoles rechazó en las urnas la criminalización del diálogo como vía para abordar el conflicto territorial o el 155 indefinido como solución a la crisis en Cataluña. Pero no. La reacción ante el veto del independentismo a la designación de Miquel Iceta como senador ha demostrado que siguen en el bucle conspiranoico. Sostienen que se trata de “un divorcio fingido” y que el Gobierno y ERC tenían acordado el fracaso de la opción Iceta, la apuesta posterior por Meritxell Batet y Manuel Cruz al frente de Congreso y Senado y, por supuesto, el apoyo a la investidura de Sánchez. Cuando la derecha o sus altavoces de cabecera no aciertan sobre el futuro se dedican a adivinar el pasado para ajustar lo ocurrido a su delirante relato.

No deja de resultar sorprendente la capacidad que despliegan para sostener a la vez una cosa y la contraria: Sánchez es simultáneamente un inútil total y un político habilísimo para el engaño, del mismo modo que Zapatero era tan pronto un “bobo solemne” como un Maquiavelo. El caso es tener siempre razón, sin un solo hueco para la menor duda.

Ese cambio de época en el que tanto insistimos incluye retos muy complejos, que vienen precisamente cargados de dudas sobre el mejor modo de afrontarlos. La robotización, la globalización, las migraciones, la crisis climática, la desigualdad galopante, la precariedad laboral… Esta realidad sujeta a la frenética velocidad digital exige una ciudadanía bien informada y una selección de representantes fiables que no se dediquen a meter la mano en la caja ni tampoco el dedo en las llagas en lugar de ayudar a curarlas. ---------------------------------------(Este artículo ha sido actualizado a mediodía del martes para añadir un enlace con datos sobre las últimas encuestas y el margen de error).

La política debiera basarse en la cercanía, estar a ras de suelo, a pie de calle, porque de ese modo podría tener una idea de la realidad basada en la experiencia, no en los números que la resumen y la deshumanizan. El neoliberalismo, esa carcoma de las democracias, lo explica todo con una cifra y su primer y único mandamiento es la cuenta de resultados. Por eso, en las sociedades donde impera, el valor ha sustituido a los valores y la economía a la moral, así que en ellas cada persona tiene los derechos que pueda pagarse, incluidos los que se refieren a la sanidad y la educación.

Quienes puedan tener un seguro médico, se curan; el resto, esperan, sufren y mueren. Quienes puedan matricularse en un colegio privado o concertado, tendrán estudios y una carrera universitaria; los demás, a trabajar y a no soñar: su destino es ser fontaneros, albañiles o electricistas, no cirujanos, farmacéuticos ni jueces. Es un sistema de castas, en el que no cabe el espíritu de superación; donde se asciende, pero nunca hasta la cima, y sólo las excepciones más raras van a tener una vida mejor que la de sus padres y madres, porque ese mecanismo está hecho para que resulte casi imposible saltar de nivel: si naces pobre, morirás igual; si naces donde nacen los ricos, tienes la vida resuelta. Estamos en el siglo XXI, pero no todos.

Las ciencias exactas no tienen corazón ni admiten los matices, las ecuaciones no resuelven emociones, y cuando todo lo define una cantidad, el resto sobra. Es decir, sobran las personas y, en consecuencia, el desempleo no es un drama, sino un gráfico; los desahucios no son una catástrofe, sino un apunte en el libro del debe y el haber de un banco; las listas de espera en los hospitales no son una indignidad, sino un asunto contable… Y así tantas cosas.

La política debiera basarse en la cercanía, pero vive en la luna, y por eso es tan importante el territorio autonómico y municipal, donde la proximidad es aún posible y las promesas, incumplidas o no, se ven desde la puerta de al lado: pueden disimular medio punto del IPC, pero no haber jurado que harían un parque, una carretera o una casa de la cultura, incumplir el compromiso y que no se les note. Es un error, por tanto, supeditar lo local a lo nacional. Lo es, y además lo parece, cuando una o un presidente autonómicos, elegidos por los ciudadanos de su comunidad, salen corriendo de sus despachos al llamarlos desde la Moncloa para ser ministros, y eso ha ocurrido con frecuencia. Y lo es ahora mismo, cuando los pactos que hace falta llevar a cabo para formar un Gobierno, tras las recientes elecciones, quedan aparcados hasta ver qué pasa en las de este domingo. Es darle a la política autonómica y municipal un sesgo utilitario que la desprestigia. Es transformarla en un simple trampolín.

Y sin embargo, te fijas en Madrid, por ejemplo, y ves el destrozo que ha hecho el Partido Popular, privatizando y recortando hasta conseguir que uno de cada tres niños estén en riesgo de pobreza y haya casi doscientos mil que ya han cruzado ese oscuro umbral. En el último debate de los candidatos a presidir la Comunidad Autónoma de Madrid, la representante de la calle Génova ni apareció, tal vez temerosa de lo que ella misma pudiera decir, dado que cada vez que habla sube el pan, pero sí estaban sus aliados de la derecha, con los que irá de la mano si los resultados se lo permiten. Sus compañeros de viaje, Ciudadanos y Vox, sí aparecieron, y la aspirante de la ultraderecha llamó “chiringuitos” a Cáritas y Save the Children, dijo que hay que cerrar Telemadrid y aumentar las ayudas a los toros, porque “son parte de nuestra identidad y nuestra cultura”, y afirmó que su partido es el “único que sabe cómo no despilfarrar el dinero público”. 

Su jefe se lo llevó crudo en el Madrid de Esperanza Aguirre, con un sueldo de secretario de Estado por no hacer nada en un observatorio que tampoco hacía nada, pero se ve que es un hombre nuevo, está rehabilitado, o algo. No aclaró si en la capital también harían listas negras como las de Andalucía, para hostigar y quién sabe si perseguir a los funcionarios que luchan contra la violencia machista. El representante de Ciudadanos basó su estrategia en acusar al PSOE de llevar “como sorpresa” a Unidas Podemos y Más Madrid, pero no dijo ni pío de su alianza con la gente de Abascal. Claro, lo que une la plaza de Colón no lo separan cuatro detalles como la xenofobia, la homofobia y tal.

La política autonómica y municipal es un terreno donde nos jugamos gran parte de nuestro modelo de sociedad. Es, también, el espacio de la corrupción, donde se recalifica, se firman papeles que no debieron firmarse o se reparten premios entre quienes se sujetan unos a otros la bandera, como dejaron claro la sentencia de la Gürtel o la investigación de la Púnica, esa banda a la que ahora los líderes de Ciudadanos ha indultado, ellos que son tan contrarios a los indultos. Que en Madrid, tras las debacles que supusieron los sucesivos mandos en plaza de la derecha, el 82% del empleo que se genera sea temporal, gracias a las recetas del neoliberalismo, no es que les preocupe, es que les alegra, es lo que buscan y lo que propició su reforma laboral. Darle la vuelta a esa tortilla es tan necesario que debería recordarnos que, aunque a estas elecciones se las considere de segunda clase, son de primera necesidad.

Si las encuestas vuelven a acertar, el cambio certificará el castigo al PP, que ha tardado en producirse, pero ha sido duro, y a su máximo dirigente, que ahora baila en el alambre y mañana puede ser descabalgado por sus propios generales. No les gusta perder y además no saben. Y él no es Aznar, pero tampoco es Rajoy. Quizá aún ni siquiera se ha dado cuenta de que sus aliados han venido a quitárselo de en medio.

infoLibre sorteará entre sus socios veinte entradas dobles para asistir los días 8 y 15 de junio a la representación de la obra Romeo & Juliet en la sala Cuarta Pared, en Madrid (calle Ercilla, 17).

Para poder participar en el sorteo de entradas, los socios sólo tienen que enviar un correo electrónico a socios@infolibre.es especificando su nombre y apellidos y en qué fecha o fechas les interesaría asistir. Pueden escoger todas las fechas. Han sido elegidas en fin de semana para facilitar a quienes residen fuera de Madrid que puedan acercarse si les toca.

Estas son las fechas de la representación de la obra:

400 años después de la creación de esta famosa historia, Romeo & Juliet, se representa para el público juvenil y adulto de nuestros días. Es una comedia que se vuelve tragedia.

En Verona, dos importantes familias enfrentadas ven cómo el amor crece entre dos personas para unirlas. La obra habla de las pasiones, del amor, del odio, de la violencia, de la muerte, del destino y del dolor. Hace referencia a la juventud, la sociedad y la rebeldía.

La compañía que lo presenta, Ultramarinos de Lucas, es Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud 2015. Nació en Guadalajara en 1994 y la formación de sus integrantes proviene de prestigiosas escuelas como La École International de Jacques Lecoq en París o La Abadía en Madrid. Su empeño es hacer teatro sin prejuicios, con entusiasmo, con pasión, trabajando, aprendiendo, disfrutando y sufriendo juntos.

El sorteo se realizará el miércoles 29 de mayo a las 12.00 horas. Una vez realizado, infoLibre se pondrá en contacto por correo electrónico con las personas ganadoras. Y si aún no formas parte de esta comunidad de socios puedes cumplimentar el trámite en este enlace y apuntarte al sorteo.

¡Mucha suerte!

No descubro nada nuevo si digo que los problemas de déficit democrático de las instituciones europeas han lastrado buena parte de su desarrollo. La tensión entre aquellos que quieren mantener Europa como un ámbito de coordinación entre Estados –intergubernamental– y los que apuestan por visiones transnacionales desde la óptica federalista no ha sido capaz de solucionar las carencias de un diseño institucional complejo, una dinámica ininteligible –en expresión de Innerarity, La democracia en Europa (Galaxia Gutemberg)–, junto con innumerables carencias en lo referente a la rendición de cuentas, la transparencia y la trazabilidad de buena parte de las decisiones, de forma que la participación se hace, si cabe, mucho más difícil.

A estas carencias hay que añadir las que se sumaron fruto de la gestión que hizo la Unión Europea de la gran recesión del 2008. Debía elegir entre apostar por las políticas de cohesión social, solidaridad y democracia que le hicieron superar los traumas de la Segunda Guerra Mundial o ceder a los grandes intereses financieros olvidándose de los valores que la vieron nacer. El resultado es conocido. Optó por la segunda opción, y con ello traicionó no sólo sus propios principios, sino las bases de adhesión y confianza social que necesita cualquier democracia.  Allí estuvo el despiadado ataque a Grecia para dejar claro quién manda aquí y en beneficio de quién jugaban las instituciones europeas. Hoy vemos a líderes comunitarios pedir disculpas por lo que allí se hizo, pero el daño será difícil de superar en términos de confianza y legitimidad democrática. Lo contaba muy bien Helena Resano hace unos meses aquí en infoLibre.

Es en este contexto de crisis de eficacia, y por lo tanto de confianza y legitimidad en la política –tanto en los Estados miembros como en las instituciones europeas–, donde se están produciendo desafíos de notable magnitud. La revolución tecnológica, la crisis demográfica, la gestión del fenómeno migratorio y el enorme reto que supone el cambio climático coinciden en un momento en que buena parte de la población se siente desprotegida, vulnerable y temerosa. El auge de los nacionalpopulismos de extrema derecha es un síntoma de todo lo anterior y nos recuerda que lo que está en juego en la gestión de estos retos es la propia democracia.

Sabemos que todos estos fenómenos son imparables, que no van a desaparecer aunque escondamos la cabeza bajo la tierra, y que o se gestionan con criterios de equidad y justicia social, o se llevarán por delante cualquier idea de eso que hoy llamamos democracias avanzadas. Lo explica muy bien Joaquín Estefanía en El País en relación al cambio climático, del que dice que “...es una cuestión directamente política, la principal amenaza que se cierne sobre las democracias y sobre el ideal de tener sociedades más justas y libres”, y afirmaciones semejantes se podrían hacer del resto de los desafíos pendientes.

La pregunta fundamental que debemos hacernos el próximo domingo cuando cojamos la papeleta para elegir a nuestros representantes en el Parlamento Europeo es ¿cómo puede abordar la Unión Europea una transición múltiple y de enorme ambición como esta sin morir en el intento?

Paradójicamente, en el abordaje de esos desafíos Europa puede reconciliarse con los valores que la vieron nacer y volver a hacer de la solidaridad, la justicia y la cohesión social el paradigma desde el cual gestionar la transición ecológica, el fenómeno migratorio, la crisis demográfica y ofrecer un relato que transmita seguridad a la parte de la población más vulnerable que se siente especialmente temerosa ante una revolución tecnológica percibida como amenaza.

Para que esto sea posible, los nacionalpopulismos de extrema derecha no deben distraernos. Es probable que obtengan una notable representación en el conjunto de países europeos y que contaminen, como están haciendo ya, buena parte del debate público, pero su capacidad de penetración en el discurso público dependerá de la solidez del trabajo de los que apostamos por más y mejor democracia. El primer paso, acudir a votar el próximo domingo para reconstruir una Europa capaz de reconciliarse con sus valores y afrontar los retos que tiene ante sí.

Después del buen sabor de boca que dejó la contundente victoria en los comicios generales del pasado 28A, el partido liderado por Pedro Sánchez tratará este 26M de volver a ser la formación más respaldada en los comicios municipales, autonómicos y europeos. A nivel local, los socialistas tratarán de quitarse la espina de 2015. En aquella cita con las urnas, no fueron capaces de superar al PP y tuvieron que conformarse con cosechar 5.613.733 papeletas, el 25,02% de los votos, lo que les permitió sentar a 20.858 concejales y tomar el poder en más de 2.600 municipios, tres centenares más que en 2011, según los datos del portal de entidades locales de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas recopilados por El Mundo en julio de ese mismo año. En estos comicios, están en juego 67.319 concejales –321 menos que los que se repartieron en las elecciones pasadas– y 8.131 alcaldías, 9 más que en la última cita con las urnas a nivel local.

De los cinco principales partidos políticos, son los socialistas los que optan a controlar un mayor número de consistorios. Según los datos de las candidaturas proclamadas recopilados por infoLibre, que se irán desglosando desde hoy en una serie de historias en las que se analizará la implantación municipal de las principales formaciones políticas de cara al 26M, el PSOE concurrirá en 7.250 de los 8.131 municipios que hay actualmente en España –incluyendo Ceuta y Melilla–, lo que supone el 89,16% del total. Las listas socialistas estarán presentes en absolutamente todos los pueblos asturianos, extremeños y murcianos y en la práctica totalidad de las localidades andaluzas, madrileñas, canarias y castellanomanchegas –sólo se ausentarán en la pugna por cuatro ayuntamientos de todos los que están en juego en esas regiones–. En el extremo contrario se encuentran Cataluña y Navarra, donde la presencia de candidaturas de sus candidaturas se reduce al 55% y el 23,9% de todos los municipios, respectivamente.

  Pleno en Asturias, Extremadura y Murcia

Tres son las comunidades autónomas en las que las listas del partido liderado por Pedro Sánchez estarán presentes en todos y cada uno de los colegios electorales el próximo 26 de mayo. Los socialistas competirán por controlar los 78 municipios que componen Asturias, una región históricamente roja –la derecha sólo ha presidido la Junta General del Principado 5 años desde 1983– en la que el PP también pugnará por todos los consistorios en liza, incluido el de Oviedo, donde el socialista Wenceslao López intentará mantener otros cuatro años el bastón de mando de la ciudad. Del mismo modo, tanto el PSOE como el partido liderado por Pablo Casado competirán en los próximos comicios locales en los 45 ayuntamientos de la Región de Murcia, una comunidad que lleva desde 1995 en manos de los conservadores. En la capital de provincia, José Antonio Serrano intentará arrebatar al PP una Alcaldía que ostenta sin interrupción desde hace 24 años.

Los socialistas, sin embargo, superan a los conservadores en Extremadura, una región que ha estado teñida de rojo durante ocho de las nueve legislaturas desde la recuperación de la democracia –el PP sólo ha estado al frente de la Junta entre 2011 y 2015, con José Antonio Monago como presidente–. Así, el PSOE hace pleno y presenta listas en los 388 ayuntamientos en disputa que conforman la comunidad autónoma, mientras que el PP concurrirá en tres consistorios menos. En Badajoz y Cáceres, las dos capitales de provincia cuyos ayuntamientos están en manos de la derecha desde 1995 y 2011, respectivamente, el PSOE intentará el asalto con dos hombres: Ricardo Cabezas para la primera y Luis Salaya para la segunda.

  Andalucía, Madrid, Canarias y Castilla La-Mancha

El partido liderado por Pedro Sánchez, impulsado por los resultados cosechados en las generales del 28A, también se presenta el próximo domingo en la práctica totalidad de los municipios andaluces, canarios, madrileños y castellanomanchegos. En Andalucía, feudo socialista hasta los comicios autonómicos del pasado mes de diciembre, el PSOE competirá en al menos 784 de las 785 localidades en disputa. Las papeletas de la formación estarán sobre la mesa de todos los colegios electorales de Almería, Cádiz, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla. En Córdoba, los socialistas pugnarán seguro, según se desprende de los cálculos realizados por este diario, en 76 de los 77 municipios. Está en duda la localidad cordobesa de Conquista, actualmente regida por el socialista Francisco Buenestado. Este pequeño municipio de menos de medio millar de habitantes no aparece reflejado en la lista de candidaturas proclamadas que el pasado 30 de abril presentó la Junta Electoral de Zona de Pozoblanco, órgano al que corresponde el pueblo.

En la Comunidad de Madrid, uno de los bastiones conservadores desde 1995 y cuya Presidencia podría pasar a manos de la izquierda si se cumplen las predicciones de algunos sondeos, la formación dirigida por Pedro Sánchez intentará controlar 178 de los 179 ayuntamientos en liza. El PSOE no estará presente sólo en el municipio madrileño de Valdepiélagos, una pequeña localidad –apenas llega al millar de habitantes– del noreste de la región en la que sólo concurrirá el próximo 26 de mayo una única lista: la de la Candidatura Independiente de Valdepiélagos (CIV). Este municipio es un rara avis dentro del panorama político municipal de la comunidad. Desde 1979, son los vecinos los que se encargan de confeccionar la candidatura. Luego, van a las urnas cuando corresponde y votan por la CIV. Ni siquiera en 2011, cuando IU presentó lista, se rompió el sistema. La Candidatura Independiente de Valdepiélagos se hizo con el 94,44% de las papeletas introducidas.

Los socialistas también competirán por casi todos los ayuntamientos canarios. En concreto, el PSOE concurrirá en el archipiélago en 87 de los 88 municipios que lo conforman. La única excepción se produce en Santa Cruz de Tenerife. En esta provincia, no han presentado lista para el Ayuntamiento de Vallehermoso, como tampoco lo ha hecho el PP. En esa localidad de la isla de La Gomera sólo se presentan la Agrupación de Electores de Vallehermoso, Sí Se Puede y la Agrupación Socialista Gomera, un partido político fundado en 2015 tras la escisión de algunos miembros del PSOE en la isla.

La papeleta de los de Sánchez también estará para los comicios del próximo domingo en la práctica totalidad de municipios castellanomanchegos. Así, los socialistas pugnarán el 26M por controlar el 99,78% de los consistorios en disputa, es decir, que se presentarán en 918 de las 919 localidades de esta región tradicionalmente roja –la derecha sólo la ha gobernado, como en el caso de Extremadura, entre 2011 y 2015–. Hacen pleno en Albacete, Cuenca, Toledo y Guadalajara. En Ciudad Real, el PSOE no competirá por el Ayuntamiento de Villar del Pozo. En la localidad menos poblada de la provincia sólo se presenta una lista, la de la Unión Independiente de Electores de Villar del Pozo, un nombre con el que se presenta a la reelección el actual alcalde del PP, el conservador Felipe Pulla, que ha decidido ocultar para los comicios el nombre de la formación liderada por Casado.

  Castilla y León, Galicia y La Rioja, presencia en el 96% de los municipios

Una implantación menos significativa, aunque todavía notable, tienen los socialistas en suelo riojano. En esa comunidad autónoma, otro de los bastiones del PP desde la década de los 90, el PSOE despliega sus siglas en el 96,55% de los municipios, frente al 90,23% de presencia de la formación conservadora. Las papeletas del Partido Socialista Obrero Español podrán encontrarse en 168 de los 174 municipios de la región en los comicios locales. No optarán a liderar el ayuntamiento en Ausejo, Camprovín, Nieva de Cameros o Treviana, donde sí concurrirá el PP. Tampoco los consistorios de Torrecilla en Cameros, donde sólo se presenta la lista Torrecilla Unida, y Alcanadre, donde únicamente concurrirá Democracia Municipal-Lista Alternativa. Esta candidatura, encabezada por un excandidato del PSOE, compitió por primera vez en los comicios de 2015, en los que se impuso a un PP que había vencido en las dos citas electorales anteriores.

Algo menos de implantación territorial que el PP, sin embargo, tienen los socialistas en Castilla y León y Galicia, aunque su estructura en ambos territorios tampoco es nada despreciable –se presentan en más del 96% de los municipios–. En suelo castellanoleonés, el PSOE competirá por el liderazgo de 2163 de las 2248 localidades que integran esta región, presidida por los conservadores desde hace más de tres décadas –llegaron al Ejecutivo autonómico en 1987–. Así, la papeleta del partido capitaneado por Pedro Sánchez estará presente en todas las localidades de Ávila, Salamanca, Valladolid y Zamora. En León, competirá por 209 de los 211 ayuntamientos, quedándose fuera en Pajares de los Oteros y Villamol, dos lugares donde el PP es el único grande de los cinco partidos que presenta lista. En Segovia, se queda fuera en tres municipios, mientras que en Soria y Palencia no presenta lista en 6 y 8 localidades, respectivamente. Menos presencia tiene en Burgos, donde pugnará por 305 de los 371 consistorios en liza.

En el caso de Galicia, se han proclamado candidaturas socialistas en el 96,17% del territorio. En esta comunidad autónoma, donde desde 2009 no se conoce otra Presidencia de la Xunta que no sea conservadora, el PSOE concurrirá en 301 de los 313 municipios. Los socialistas competirán en todas y cada una de las localidades de Lugo, mientras que en Ourense no pugnarán por uno sólo de los consistorios en disputa: Vilariño de Conso, donde solo se presenta el PP y la Agrupación Independiente de Vilariño de Conso. En las otras dos provincias, la presencia socialista se reduce. En Pontevedra, no presentan lista para cuatro ayuntamientos –Agolada, Arbo, Dozón y Mondáriz-Balneario–, mientras que en A Coruña se quedan fuera en siete localidades –Abegondo, Boqueixón, Curtis, Moeche, Vilarmaior, Vilasantar y Zas–. En todos ellos, la candidatura de la formación liderada por Pablo Casado está presente.

  Implantación superior al 90% en Aragón y Comunitat Valenciana

Aragón es otro de los territorios que los socialistas consiguieron teñir de rojo en las autonómicas de 2015 tras cuatro años en manos del PP. En esta región, integrada por 542 municipios, el PSOE concurrirá en 510, lo que supone el 94,8% del total. De las tres provincias, Huesca es en la que el partido dirigido por Pedro Sánchez está presente en la mayor parte de municipios. Se queda fuera en Fago, donde solo se presenta la Chunta Aragonesista, y en Valfarta, aunque en esta localidad es porque no aparece reflejada en la lista de candidaturas proclamadas. En el caso de Zaragoza, los socialistas no concurrirán en sólo 4 de los 293 municipios. Y en Teruel, donde la implantación territorial disminuye ligeramente, el PSOE sólo presenta lista en 204 de las 236 localidades de la provincia. De hecho, en alguna de ellas, como es el caso de Torre de las Arcas, los socialistas ya tienen asegurada la victoria al ser la única candidatura que compite en los comicios.

En la Comunitat Valenciana, los socialistas intentarán aprovechar el viento de cola que supone la victoria de Ximo Puig en los comicios autonómicos del pasado 28A y tratarán de conquistar el 94,1% de los consistorios en disputa en estas municipales. En concreto, la lista del PSOE competirá en 510 de los 542 municipios de la región. De las tres provincias, Castellón es en la que tiene mayor presencia, quedándose fuera en sólo cinco pequeños pueblos que apenas suman entre todos un millar de habitantes. En el caso de Valencia, las siglas del Partido Socialista Obrero Español no competirán por 16 de los 250 consistorios en juego, mientras que en Alicante se quedarán fuera de 11 de las 141 localidades que conforman la provincia. Una implantación en una región históricamente conservadora que, aunque destacable, es notablemente inferior a la del PP. En esta comunidad, los de Pablo Casado presentan lista en 540 de los 542 municipios.

  En ocho de cada diez municipios de Cantabria, Baleares y País Vasco

Al menos ocho de cada diez municipios cántabros, baleares y vascos también tendrán listas socialistas para los comicios locales. De las tres comunidades, Cantabria es en la que tienen una mayor implantación. En esta región, los de Sánchez competirán por liderar 90 de los 102 consistorios en liza, lo que supone una presencia en el 88,2% de las localidades. Se queda fuera en una docena de localidades, de las que siete no superan el millar de habitantes y las otras cinco se mueven por debajo de los 5.000. La presencia socialista en este territorio es menor que la del PP y la del Partido Regionalista Cántabro (PRC). En el caso de la formación conservadora, sólo estará desaparecida en un municipio. La formación liderada por Miguel Ángel Revilla, por su parte, concurrirá el próximo domingo en todas y cada una de las localidades de la comunidad autónoma.

En Baleares, las papeletas con las siglas del PSOE para las elecciones locales estarán presentes en 56 de los 67 pueblos del archipiélago, un 83,58% del total. En concreto, los socialistas se quedan fuera en Alaior, Campos, Costitx, Estellencs, Llubí, Mancor de la Vall, Petra o Valldemossa. Tampoco concurrirán en Banyalbufar, Deià o Vilafranca de Bonany, tres municipios en los que no concurrirá ninguno de los cinco grandes partidos políticos. Sí que lo hará, por ejemplo, en localidades como Pollença, Ses Salines, Palmanyola o Bunyola. Aunque en estos tres casos intentará conquistar el ayuntamiento de la mano de otros partidos. En los dos primeros lo hará integrada en las candidaturas Juns Avançam y Endavant Ses Salines, en las que también participan los nacionalistas de MÉS. En los dos últimos, los socialistas irán de la mano de Podemos en las listas de Suma per Bunyola y Suma per Palmanyola.

El PSOE también presenta candidaturas en el 81,27% de los municipios del País Vasco –204 de 251–, una implantación superior a la del partido presidido por Pablo Casado pero por debajo de la de formaciones como el PNV o EH Bildu. Es en Araba donde tienen una mayor presencia, pues no concurrirá en sólo cuatro localidades: Berantevilla, Campezo, Valdegovía y Zambrana. En Bizkaia se quedan fuera de una docena de municipios, mientras que en Gipuzkoa buscan gobernar 69 de los 88 ayuntamientos en juego. No obstante, en esta última provincia, los socialistas vascos ya lo tienen hecho en las localidades de Berrobi y Larraul. En estos dos pueblos tolosanos, gobernados desde 2015 por EH Bildu y una candidatura independiente –Larraulgo Herritarrak–, la lista del PSE es la única que encontrarán los vecinos en el colegio electoral.

  Cataluña y Navarra, los territorios con menor estructura local

Mucha menos fuerza municipal tienen en Cataluña y Navarra. En la primera comunidad autónoma, Candidatura de Progrés, la marca paraguas bajo la que se presenta el PSC a estos comicios locales, estará presente en más de la mitad de los municipios. Así, el Partido Socialista Catalán pugnará por controlar 521 de los 947 ayuntamientos en disputa, lo que representa el 55% del total. De las cuatro provincias, Barcelona es la que tiene una mayor presencia del PSC: concurrirá en el 59,8% de los pueblos. Algo más débil es su estructura municipal en Lleida, donde se presenta por 124 de los 231 consistorios, y Tarragona, donde concurrirá en 99 de los 184. Pero de las cuatro provincias, Girona es en la que sufre más ausencias. Así, las papeletas de Candidatura de Progrés no estarán presentes en 109 de los 221 pueblos de la región. A pesar de ello, en esta provincia ya tiene asegurados un par de ayuntamientos, Sales de Llierca y Sant Miquel de Fluvià, en los que no tendrá competencia.

Pero de todos los territorios, es en suelo navarro donde los socialistas tienen una menor presencia local. En concreto, presentan listas en 65 de los 272 municipios, lo que equivale al 23,9% del total, menos que Navarra Suma, la candidatura de derechas que aglutina al PP, Ciudadanos y Unión del Pueblo Navarro y que concurrirá en nueve localidades más que los socialistas. De todos modos, el caso de esta comunidad es bastante peculiar. Por un lado, hay una treintena de localidades navarras que no aparecen reflejadas en la relación de candidaturas proclamadas que el Boletín Oficial de Navarra publicó el pasado 30 de abril. Por otro, esta comunidad autónoma se caracteriza a nivel municipal por tener un gran número de municipios en los que concurrirá una única lista que, en una gran parte de los casos, no pertenece a ninguno de los grandes partidos políticos. Son, simplemente, pequeñas candidaturas locales.

Este martes 21 de mayo se celebra la sesión constitutiva del Congreso de los Diputados. En esta cita, convocada para las 10.00 horas, toca elegir al presidente de la Cámara, a los miembros de la Mesa –órgano de gobierno– y los diputados elegidos en las generales del pasado 28 de abril son llamados, uno a uno, para acatar la Constitución y asumir su condición plena de parlamentario. En los días previos, han ido personándose en la Carrera de San Jerónimo para realizar todo el papeleo necesario, hacerse la foto oficial y recoger el llamado kit del parlamentario, integrado por un teléfono móvil y una tableta digital.

Los diputados estrenarán la XIII Legislatura con algunas novedades en el funcionamiento interno del Congreso que les afectan directamente: además de cumplimentar las ya conocidas declaraciones de bienes y actividades, deberán efectuar una de intereses y publicar su agenda institucional y sus reuniones con los grupos de interés. Son algunos de los preceptos del Código de Conducta al que deben someterse los parlamentarios y que fue publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el pasado 2 de abril.

Tras varios meses en los que los grupos parlamentarios no se pusieron de acuerdo en los ejes de este código, fue la presidenta del Congreso, Ana Pastor (PP), la que asumió personalmente la redacción de estas normas de funcionamiento interno de la Cámara. Se trataba, además, de dar cumplimiento a las recomendaciones en materia de transparencia que el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) realizó al legislativo español hace más de cinco años.

Fuentes conocedoras del proceso de redacción de este código aseguran que se tuvo en cuenta la experiencia de parlamentos de países de nuestro entorno y también el código de conducta de los diputados del Parlamento Europeo. 

Al igual que ocurre con el Congreso, la composición del Parlamento Europeo se renovará en breve. Sólo cinco días después de la constitución de las Cortes, y coincidiendo con las elecciones autonómicas y municipales. Muchas de las obligaciones que las normas de funcionamiento interno de la Eurocámara contemplan para los parlamentarios electos están también incluidas en los documentos equivalentes de la Cámara Baja.

infoLibre pasa el filtro a los códigos de conductas y a las obligaciones de los miembros del Parlamento Europeo y a las que afectarán a los diputados de la XIII Legislatura para poner el foco en aquellos puntos en los que hay diferencias significativas.

Más de siete años de diferencia

El Código de Conducta de la Eurocámara entró en vigor el 1 de enero de 2012. Entre otras cuestiones, define el concepto de "conflicto de intereses", recoge normas sobre regalos oficiales y obliga a los diputados a presentar una declaración detallada de sus intereses económicos.

El documento equivalente del Congreso de los Diputados empezará a aplicarse en esta XIII Legislatura tras un acuerdo de la Mesa del 28 de febrero. Llega, pues, más de siete años más tarde que el del Parlamento Europeo y, como en este último, una de sus principales misiones es la de evitar conflictos de intereses en sus señorías. Es independiente del Reglamento de la Cámara.

Nuevas tecnologías y transparencia

"Con la finalidad de atender las nuevas exigencias derivadas de las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías y de las demandas de los ciudadanos en materia de transparencia, la Mesa del Congreso de los Diputados ha querido desarrollar esta regulación", contempla el preámbulo.

Declaración de intereses económicos

Quienes ocupan un escaño en el Parlamento Europeo deben presentar al presidente de la Cámara una declaración de intereses económicos antes del final del primer periodo parcial de sesiones siguiente a las elecciones. Si en la situación original se producen cambios o variaciones, los parlamentarios están en la obligación de comunicarlo.

En España, los diputados del Congreso no tenían esta obligación hasta esta misma legislatura. En fechas anteriores, han tenido que cumplimentar declaraciones de bienes y declaraciones de actividades. Algunos de los datos que se exige consignar a los eurodiputados ya han figurado en los últimos años en las declaraciones de actividades de la Cámara Alta. Es el caso, por ejemplo, de la participación en empresas o sociedades.

No obstante, la información que se exige aportar en Bruselas es más completa que la que se pide en España. El formulario de la declaración de intereses económicos en España –un folio de extensión– consta de tres apartados: Actividades que se hayan desempeñado en el pasado y que le hayan proporcionado ingresos, donaciones, obsequios y beneficios no remunerados obtenidos con anterioridad a la toma de posesión y "otros intereses a declarar".

En cada uno de los casos se pide una breve descripción de la actividad desempeñada, el periodo de tiempo y que se concrete el "empleador" o la "persona benefactora". Pero sólo en el caso de las donaciones se pide precisar una "valoración aproximada".

En cambio, el del Parlamento Europeo –ocupa seis folios– consta de ocho apartados y sí se pide, en todos los casos, fijar el baremo de ingresos en horquillas comprendidas entre el euro y los más de 10.000 euros brutos mensuales.

Los ocho apartados son los siguientes: actividad profesional en los tres años anteriores a la asunción del escaño, asignaciones percibidas de otros parlamentos, actividades por cuenta ajena, pertenencia a consejos de administración, actividades ocasionales, participaciones en empresas, apoyo económico, de personal o de material y otros intereses económicos.

El papel de los antiguos diputados

El Código de Conducta que afecta a los diputados no contempla nada relativo a los parlamentarios que ya no están en activo. Sí lo hace el que se aplica a los eurodiputados.

Lo recoge en el artículo 6, "Actividades de los antiguos diputados". "Los antiguos diputados al Parlamento Europeo que desarrollen actividades de representación de intereses o de representación de carácter general directamente relacionadas con el proceso de decisión de la Unión Europea deberán informar de ello al Parlamento Europeo y no podrán beneficiarse, durante el periodo en el que desarrollen tales actividades, de las facilidades concedidas a los antiguos diputados de conformidad con la reglamentación establecida al efecto por la Mesa", establece.

Regalos

Los preceptos que en esta materia afectan a los eurodiputados son más concretos que los que afectan a los parlamentarios españoles.

Según el Código de Conducta del Congreso, los diputados "se abstendrán de recibir obsequios o beneficios similares que puedan ser razonablemente percibidos como un intento de influir en su conducta como Parlamentario".

Sí podrán, no obstante, recibir regalos personales "de amigos y familiares que se hayan otorgado sin vinculación alguna con su labor como Parlamentario". Y aceptar aquellos "obsequios, descuentos o beneficios de similar naturaleza que sean comunes de acuerdo con los usos y costumbres y cuya entrega y recepción se encuentren desvinculados de su actividad política".

En cambio, los obsequios recibidos por el diputado en los viajes oficiales autorizados por la Mesa del Congreso deberán ser entregados a la Secretaría General de la Cámara "cuando sean ofrecidos por la representación que se ostenta y no a título personal y superen cierto valor". "Dichos regalos serán inventariados y publicados en el Portal de Transparencia del Congreso de los Diputados" refleja el citado código.

En el Parlamento Europeo estos regalos también son inventariados y hay un registro de los mismos. Pero existe un formulario que han de cumplimentar para notificar esos obsequios en el que, además, deben consignar el valor del mismo que estima el parlamentario.

También se concretan las cantidades: "en el ejercicio de sus funciones, los diputados al Parlamento Europeo se abstendrán de aceptar obsequios o beneficios similares, salvo cuando el valor aproximado de aquellos sea inferior a 150 euros y les sean otorgados con arreglo a normas de cortesía, o cuando se trate de obsequios que les sean otorgados con arreglo a normas de cortesía cuando representan oficialmente al Parlamento".

Viajes

  Nada prevé el Código de Conducta de los parlamentarios españoles en materia de viajes más allá de la mención que se hace a los regalos que sus señorías puedan recibir en los mismos. Por el contrario, en una decisión de la Mesa de la Eurocámara fechada el 15 de abril de 2013, el Parlamento Europeo incluyó un anexo de medidas en la que uno de los apartados es el de "invitaciones a actos organizados por terceros".

Así, los diputados del Parlamento Europeo deben notificar "su asistencia a los actos organizados por terceros para los cuales el reembolso de sus gastos de viaje, alojamiento o estancia, o el pago directo de dichos gastos, corra a cargo de terceros".

Para ello, existe un formulario específico.

No obstante, hay excepciones. Estarán exentos de la obligación de comunicación cuando el tercero que pague o reembolse los gastos sea, por ejemplo, una institución, órgano u organismos de la Unión Europea, una organización internacional reconocida o un partido político.

Asistencia a las sesiones

El Reglamento del Congreso contempla que el diputado podrá ser privado, por acuerdo de la Mesa, de alguno o de todos los derechos que le conceden "cuando de forma reiterada o notoria dejare de asistir voluntariamente a las sesiones del Pleno o de las Comisiones". Pero no concreta nada más.

En el Parlamento Europeo, sin embargo, no asistir a los plenos puede conllevar la retirada de algunas de las dietas que se abonan a los diputados.

Los eurodiputados gozan de 4.513 euros mensuales en concepto de "dietas para gastos generales". Estas se reducen a la mitad si los diputados no asisten a la mitad de las sesiones plenarias en un año parlamentario (de septiembre a agosto) sin la debida justificación.

Además, el Parlamento Europeo paga una dieta diaria fija de 320 euros para cubrir los gastos en los que incurren sus diputados en los periodos de actividades parlamentarias. Para poder tener acceso a ella, deben acreditar su presencia firmando en los registros oficiales abiertos a tal efecto. Y en los días de votación en el Pleno, si un diputado falta a más de la mitad de las votaciones nominales, la dieta se reduce a la mitad, aunque haya estado presente.

En ambas instituciones, el incumplimiento de estos códigos podría acarrear la imposición de sanciones. El encargado de velar por ello en Bruselas es el llamado Comité Consultivo sobre la Conducta de los Diputados; en Madrid, se creará una Oficina de Conflictos de Intereses. Entre sus funciones tendrá la de comprobar las declaraciones incluidas en el registro de intereses, algo que hasta la fecha no ocurría.

El euroescepticismo continúa organizando su asalto a Bruselas. La extrema derecha francesa anunció a principios de abril la incorporación de Reagrupación Nacional –el viejo Frente Nacional– a la alianza paneuropea impulsada desde Roma por la Liga Norte del ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, para los comicios al Parlamento Europeo que se celebran esta próxima semana, entre el 23 y el 26 de mayo. Con la incorporación de la formación liderada por Marine Le Pen, la propuesta de la ultraderecha italiana de dejar a un lado las diferencias e impulsar un único grupo eurófobo en la Eurocámara ganó fuerza. El objetivo del proyecto gestado en suelo comunitario busca aglutinar el mayor número de eurodiputados para maximizar la influencia euroescéptica en pleno corazón de la Unión Europea. Sin embargo, a pesar de que las encuestas vaticinan un repunte de estos partidos en las elecciones, algunos expertos sostienen que no tendrán la fuerza suficiente como para influir significativamente en la toma de decisiones. Ni siquiera, añaden, si consiguieran un tercio del hemiciclo, siempre y cuando los grupos fuertes europeístas mantuvieran un bloque sólido.

Con la Liga al alza en los sondeos, Salvini se erigió a comienzos de abril como el artífice de la nueva internacional populista. El ministro del Interior italiano presentó su propuesta durante un acto celebrado en Milán al que acudieron los líderes de Alternativa para Alemania (AfD), del Partido Popular danés (DF) y de Verdaderos Finlandeses, la formación ultranacionalista que solo un mes antes estuvo a dos décimas de convertirse en la más votada en las elecciones parlamentarias de Finlandia. Fue en aquella conferencia –Hacia la Europa del sentido común, el pueblo levanta la cabeza– en la ciudad lombarda donde parte de la extrema derecha comunitaria anunció su intención de impulsar en la Eurocámara el grupo Alianza Europea de los Pueblos y las Naciones (AEPN), un nombre tras el que se esconde un proyecto que se sostiene sobre tres pilares: defensa de los valores cristianos, política migratoria estricta sin reubicaciones y recorte del poder de Bruselas sobre las políticas económicas que adoptan los Estados miembro.

En aquel encuentro se dejó bien claro que todas las formaciones euroescépticas tienen “una invitación” sobre la mesa. Pero allí no había representantes de otros partidos ultras como Reagrupación Nacional, el PVV holandés o el Partido de la Libertad (FPÖ), los islamófobos que comparten gobierno en Austria con el Partido Popular. Hubo que esperar hasta el acto celebrado este mismo sábado en Milán para hacer el recuento definitivo de apoyos. Una de las incógnitas que deberá despejarse ahora es, por ejemplo, si la extrema derecha española compartirá bancada con sus correligionarios italianos, daneses, alemanes o finlandeses. Para Salvini, Vox es uno de esos “movimientos alternativos a la Europa socialista y popular” cuyas medidas tienen encaje en su proyecto para el Viejo Continente. Pero el apoyo que el ministro del Interior italiano ha brindado en redes sociales en diversas ocasiones al independentismo catalán no agrada a la formación que dirige Santiago Abascal. Este es, en definitiva, el principal escollo. Por el momento, Vox ha preferido desmarcarse de la cumbre de Salvini y Le Pen en Milán y ha dicho que ya decidirá más adelante quiénes serán sus socios tras la cita con las urnas.

Otra de las incógnitas que tendrán que despejarse sobre el proyecto, en el que los partidos euroescépticos descartan presentar programa común, es si conseguirá sumar a los dos colosos ultranacionalistas de la Eurocámara: Ley y Justicia (PiS) y Fidesz. Ambas formaciones, que en la actualidad lideran el gobierno polaco y húngaro, se encontraban durante esta legislatura integradas en el Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos y en el Grupo Popular Europeo, respectivamente. Y, en los últimos meses, los guiños para que formen parte de una alianza ultra paneuropea han sido constantes. Abascal, por ejemplo, se desplazó el pasado mes de marzo a Varsovia para abordar con el líder del PiS, Jaroslaw Kaczynski, una posible colaboración tras los comicios de mayo. Y los halagos al húngaro Viktor Orban, cuyo partido fue suspendido temporalmente el pasado mes de marzo de la familia política conservadora, se han convertido en habituales. Para Steve Bannon, cerebro del éxito de Trump en EEUU y uno de los cocineros de esta “revolución populista” en la UE, Orban y Salvini son “los políticos más importantes hoy en Europa”.

Influencia “muy limitada” en la Eurocámara

En la pasada legislatura, las principales fuerzas eurófobas se distribuían alrededor de tres grupos parlamentarios que sumaban 157 escaños. El más fuerte era el de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR, por sus siglas en inglés), en el que se integraron formaciones como Ley y Justicia, Partido Popular danés o Verdaderos Finlandeses y que sentó en el hemiciclo a 76 eurodiputados. El segundo con mayor representación –41 asientos– fue Europa de la Libertad y la Democracia Directa (EFDD, por sus siglas en inglés), del que formaban parte Alternativa para Alemania, el Movimiento 5 Estrellas italiano, el UKIP británico, el ultranacionalista Orden y Justicia lituano o la formación xenófoba Demócratas de Suecia, que el pasado mes de noviembre consiguieron convertirse en el tercer partido más votado del país escandinavo. Y, con 37 escaños, el tercer grupo parlamentario en el que se integraron fue Europa de las Naciones y de las Libertades (ENF, por sus siglas en inglés), del que formaron parte la Liga Norte, el Frente Nacional, el PVV o el FPÖ austriaco.

Última proyección de voto realizada por la Eurocámara. | PARLAMENTO EUROPEO

De cara a la cita con las urnas de esta próxima semana, los diferentes sondeos auguran un ligero incremento de la representación de estas formaciones. Según la última proyección de voto publicada por la Eurocámara, realizada en base a las encuestas hechas a nivel nacional, los tres grupos podrían sumar tras los comicios 173 escaños –66 ECR, 62 ENF y 45 EFDD–. Pero a pesar de esta ligera subida, algunos expertos como el director de la Fundación Alternativas, Carlos Carnero, consideran que los partidos euroescépticos seguirán teniendo poco margen para interrumpir el normal funcionamiento de las instituciones comunitarias. “Evidentemente, es preocupante tener muchos millones de votos que se traducen en decenas de diputados para formaciones euroescépticas”, apunta el también exeurodiputado socialista. No obstante, añade, estas no van a crecer “tanto como se piensa”: “En los países en los que ya tienen una influencia importante, es difícil que aumenten más. Sí que pueden crecer en los pequeños, pero esos reparten pocos eurodiputados”.

Carnero reconoce que estos partidos pueden influir a nivel comunitario si logran que las formaciones conservadoras se muevan hacia posiciones más radicales en determinadas cuestiones. Y más, explica, si estas organizaciones que forman parte del Partido Popular Europeo están en sus respectivos países liderando gobiernos en coalición o con el apoyo externo de los eurófobos. “Pueden terminar influyendo en sobre las posiciones que el líder del Ejecutivo conservador tenga en el seno del Consejo Europeo”, explica el director de la Fundación Alternativas. Sin embargo, cree que la “influencia real” que podrán tener en la Eurocámara será “muy limitada”. “Pongamos que consiguen entre 160 y 175 escaños. Con esos eurodiputados no consiguen frenar de ningún modo la actividad normal del Parlamento”, explica Carnero. Y menos, dice, si tienen frente a ellos un bloque sólido formado por S&D, PPE, ALDE y Greens/EFA, “profundamente europeísta” y que sumaría, según las encuestas, 462 asientos en el hemiciclo.

El peligro un tercio y división

Con todos estos elementos sobre la mesa, el exeurodiputado se muestra convencido de que “numéricamente no decidirán, pero políticamente sí influirán”. Ni siquiera se muestra, a priori, preocupado ante la posibilidad de que estas formaciones puedan controlar más de un tercio de los eurodiputados del hemiciclo, que equivaldría a más de 250 escaños sobre una Cámara de 751 o más de 235 sobre un Parlamento de 705 –tras la salida de Reino Unido–. “En primer lugar, no creo que ni de lejos lleguen a sumar un tercio”, sostiene Carnero, que añade que si lo consiguiesen sería “un auténtico fracaso de las grandes familias europeas” y la UE proyectaría de cara al exterior una imagen muy preocupante. Pero incluso si lo lograsen, completa el director de la Fundación Alternativas, no habría de qué preocuparse “siempre y cuando” se mantuviera “la mayoría transversal del Grupo Popular Europeo, los socialdemócratas, los liberales y los verdes”. “Es importante la capacidad que tengan los grandes grupos de saber mantener su unidad en los temas esenciales”, sentencia.

Sobre este peligro alertó el pasado mes de febrero el think tank Consejo Europeo de Relaciones Exteriores en su estudio Las elecciones europeas de 2019: cómo los partidos antieuropeos planean hacer fracasar a Europa y qué se puede hacer para evitarlo, un documento en el ponen de relieve la importancia de los comicios del próximo mes de mayo en tanto permitirán establecer, “en gran medida”, los “límites” de la “batalla de ideas” en la que se encuentra inmersa a día de hoy la Unión Europea. Con la vista puesta en la cita con las urnas, los investigadores consideran que las formaciones europeístas deben impedir que los partidos eurófobos tomen “la iniciativa” y encuadren “la discusión”, un “error estratégico” del que “no podrán recuperarse”. Y, con la composición de la próxima Eurocámara aún en el aire, avisan del riesgo que supone que las fuerzas euroescépticas logren superar el tercio de los escaños: “Les permitiría formar una minoría que podría bloquear algunos de los procedimientos y hacer que la adopción de una nueva legislación sea mucho más complicada”.

El trabajo da algunas pinceladas sobre la influencia que esta representación eurófoba podría tener en el hemiciclo. En la composición del futuro Parlamento, podrían sentar en la Mesa entre cuatro y seis vicepresidentes, decidir los presidentes de un tercio de las comisiones y, si el bloque europeísta se divide, obstaculizar la elección del presidente de la Eurocámara. Los euroescépticos también podrían, por ejemplo, dificultar que salga adelante una moción de censura contra la Comisión Europea, para cuya aprobación se requieren dos tercios de los votos emitidos que representen, a su vez, la mayoría de los diputados que componen el Parlamento. O bloquear la aplicación del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, el procedimiento sancionador que puede iniciarse contra cualquier Estado miembro que no respete los valores comunitarios –en la presente legislatura se ha activado contra Polonia y Hungría– y que requiere el visto bueno de la mayoría absoluta de los diputados al Parlamento Europeo y dos tercios de los diputados al Parlamento Europeo que participan en la votación.

A nivel legislativo, el estudio avisa de que una división del bloque transversal al que hacía referencia Carnero unido a una representación euroescéptica por encima del tercio del hemiciclo podría “desbaratar o influir en la forma de las leyes conforme al procedimiento legislativo ordinario” o hacer descarrilar tratados comerciales o acuerdos internacionales que requieren el visto bueno de la mayoría absoluta de la Eurocámara. Bajo estas mismas condiciones, en materia presupuestaria podría influir en el Marco Financiero Plurianual –límites de gasto que fija la Unión Europea para un periodo de cinco años– y sus programas, así como sobre el presupuesto anual comunitario. Además, la fuerza también podría presionar influyendo en las resoluciones que emita el Parlamento Europeo.

Los votantes de Unidas Podemos sabían perfectamente que esa coalición concurría a los comicios proponiendo una continuidad del espíritu de cooperación con el PSOE de la moción de censura a Rajoy y los diez meses de Gobierno de Pedro Sánchez que le siguieron. Esta vez, Pablo Iglesias y los suyos no hicieron campaña proponiendo la conquista inmediata del cielo, ni tan siquiera ningún tipo de sorpasso. Hicieron campaña subrayando algo cierto: mejoras como la subida del salario mínimo o la revaloración de las pensiones tuvieron mucho que ver con su apoyo crítico al Gobierno del PSOE. Por su parte, los socialistas reunidos en la noche electoral en Ferraz le dejaron claro a Sánchez que prefieren que no repita su escena del sofá con Rivera de 2016.

Servidor, e intuyo que la mayoría de ustedes, tuvimos claro desde el primer momento que, pese a la intensísima campaña de propaganda favorable que le hacen los grandes medios de comunicación, Ciudadanos tiene poco de liberal en el buen y viejo sentido de la palabra y mucho de nacional-populista. A Rivera y su gente siempre se les ha notado que solo tienen dos principios: el españolismo y los intereses del Ibex 35. Solo son una versión juvenil y colorista de la derecha carpetovetónica de toda vida, y ahora incluso lo dice también Ángel Gabilondo, el candidato socialista a la presidencia de la Comunidad de Madrid: "Mi experiencia con Ciudadanos no es teórica, han sido un soporte de políticas conservadoras".

Los españoles necesitamos unos cuantos años de políticas progresistas. A nivel nacional y también en los ayuntamientos y las comunidades autónomas. Para recuperar lo mucho perdido en materia de libertades y derechos cívicos durante los años de Rajoy en La Moncloa y las largas hegemonías del PP en lugares como Madrid. Para repartir de un modo un poco más equitativo la factura de la última gran crisis económica, aunque sea con retraso, e intentar devolver nuestro Estado de bienestar a lo que era en 2008.

Para desdramatizar las guerras de banderas y bajar la fiebre de los nacionalismos catalán y español. Fíjense que me estoy conformando con poco, que ni tan siquiera propongo el justo programa de reforma integral del 15-M.

Y es que soy perro viejo: la vida me ha enseñado a tomar en cuenta la correlación de fuerzas. Y lamento tener que decir que esta correlación no es favorable en estos momentos a los progresistas españoles. El mundo lo lideran descerebrados fascistoides como Trump y Bolsonaro; en Europa mandan los burócratas de la austeridad para la gente y los beneficios para la banca, y en España los conservadores tienen una aplastante hegemonía en los medios de comunicación, por no hablar de los tribunales, los institutos armados y otros aparatos del poder. Toda esa gente no se corta un pelo a la hora de repartir estopa, los griegos de Syriza lo saben muy bien.

Así que, en mi opinión, sería estupendo que PSOE y Unidas Podemos pudieran formar un Gobierno de coalición, con ministros de los dos partidos, pero también sería buena cosa un Plan B, una fórmula a la portuguesa, un Gobierno monocolor socialista que pacta un programa con Unidas Podemos y es apoyado parlamentariamente por esa coalición. Una jerigonza –así le llaman graciosamente los portugueses– para hacer unas cuantas cosas que mejoren la vida de las clases populares y medias sin despertar demasiada alarma en Bruselas, Frankfurt y Washington.

De ser Pablo Iglesias, yo no haría de la presencia de ministros podemitas en el próximo Gobierno una condición sine qua non para aprobar la investidura de Sánchez. Eso puede empujar al PSOE a brazos de Ciudadanos –el deseo del Ibex 35 y los socialistas castizos–, a la par que puede ser usado malévolamente por los propagandistas de siempre contra Unidas Podemos, que debería haber aprendido la lección de 2016. Creo que el electorado de Iglesias, Irene Montero, Garzón y compañía podría comprender el sacrificio de apoyar a Sánchez sin otras contrapartidas que las programáticas si se le sabe explicar. Y Unidas Podemos se quedaría con el as en la manga de la libertad para criticar al Gobierno monocolor socialista cuando desbarrara.

El progresismo español necesita a Unidas Podemos y esta coalición tiene que seguir madurando. Debe comprender que no se conquista el cielo con una mala correlación de fuerzas. Y también, que el camino institucional no es el único para mejorar tal correlación. Hay otros, se llaman trabajo en la calle y batalla ideológica y cultural, y requieren más tiempo y esfuerzo.