En el PSOE contienen la respiración. El comité electoral socialista sabe que se aproxima a una victoria en las urnas que hace apenas un año era del todo impensable para cualquiera que siguiese la actualidad política española, pero también son conscientes de que no basta con eso para conservar el Gobierno. Por lejana que parezca, a la vista de casi todos los estudios de intención de voto, la posibilidad de que la derecha —PP, Ciudadanos y Vox— dé la sorpresa y sume escaños suficientes para formar gobierno sigue encima de la mesa.

En Ferraz y en Moncloa todo el mundo tiene muy presente el recuerdo de Andalucía, donde nadie fue capaz de prever que el PSOE perdería la hegemonía en el Parlamento y se vería obligado a ceder la Junta a una coalición formada por PP y Cs con el respaldo de la ultraderecha. Los estrategas de Sánchez saben además de las limitaciones de los estudios de intención de voto en un escenario tan volátil, con 52 circunscripciones y cinco partidos de ámbito estatal con posibilidad de obtener representación, y no se fían ni siquiera de las encuestas que examinan a diario y que les dicen que la derecha no sumará. Nadie está dispuesto a ceder a la complacencia y por eso, desde la celebración de los debates, el candidato ha redoblado los llamamientos a la movilización y al voto útil. Este viernes lo repitió, una vez más: el riesgo de que la ultraderecha tenga influencia en el Gobierno de España “es real”. No sólo pasó, contra pronóstico, en Andalucía. También el populismo de Donald Trump se impuso por sorpresa en las presidenciales de Estados Unidos y la extrema derecha finesa se quedó, hace apenas unos días, a un puñado de votos de convertirse en la primera fuerza política de Finlandia.

Este domingo el electorado decidirá entre “mirar al futuro” con un Gobierno socialista o “retroceder 40 años” si las tres derechas suman para formar Ejecutivo. Por eso es “muy importante no sólo ganar”, sino hacerlo con la ventaja suficiente para “gobernar”. “Por eso, a todos aquellos indecisos entre PSOE y Podemos, entre PSOE y Ciudadanos o con la abstención, que voten en bloque al PSOE para mirar al futuro”, pidió Sánchez en Toledo en uno de sus últimos actos electorales.

El llamamiento a votar para parar a la extrema derecha ha sido uno de los elementos centrales del mensaje del PSOE desde que las dificultades para sacar adelante los Presupuestos cimentaron las primeras hipótesis de adelanto electoral. La estrategia de Sánchez, después del golpe en el tablero que supuso la moción de censura, pasaba por demostrar su capacidad de poner en marcha desde el Gobierno dos grandes argumentos: el diálogo con Cataluña, como la única fórmula viable de encarar una solución política al problema territorial, y el desarrollo de una agenda social dirigida a revertir los recortes del PP, recuperar derechos sociales y hacer realidad iniciativas cargadas de simbolismo como la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos, prevista para el próximo 10 de junio.

La derrota de su proyecto de Presupuestos, gracias a la acción combinada de los votos de la derecha —PP y Ciudadanos— y del independentismo —Esquerra y el PDeCAT— le dio la oportunidad de plantear las elecciones libre del peso de la acusación de haber cedido ante los soberanistas, eje del discurso político de Pablo Casado y Albert Rivera.

Agenda social

A partir de ahí, el comité electoral del PSOE construyó la campaña apoyándose en la gestión del Gobierno durante los últimos meses y presentándolo como un Ejecutivo de izquierdas al que la derecha ha impedido desarrollar su verdadero potencial. Sánchez aprovechó además la decisión de Ciudadanos de poner un cordón sanitario al PSOE y abrazar un pacto con la derecha que inevitablemente debe incluir el respaldo de Vox para disputar también el espacio de centro. El perfil presidencial y su tono más moderado fueron dos rasgos comunes a casi toda la campaña de Sánchez, al menos hasta que llegaron los debates.

La cita entre los principales rivales en televisión se convirtió en el único quebradero de cabeza de la campaña para el comité electoral socialista. La Junta Electoral desmontó el escenario más favorable a los intereses de Sánchez, un debate a cinco en Atresmedia, incluído Vox, y la torpe reacción de los estrategas del PSOE, intentando trasladar la emisión a RTVE, donde esperaban un formato con menos riesgos para el presidente, obligó a los socialistas a tener que aceptar dos debates en vez de uno y en días sucesivos: un auténtico campo de minas para el presidente.

Pasados los debates —en Ferraz creen que Sánchez superó la prueba con rasguños pero entero— la estrategia de movilización trata ahora de mantener la tensión de los votantes de izquierdas visibilizando todo lo posible el riesgo real de que la ultraderecha acabe decidiendo el Gobierno de España. Y redondeando la idea que los socialistas han tratado de construir en las últimas semanas del PSOE como la única fuerza capaz de garantizar la estabilidad en un momento muy delicado. En los últimos días las encuestas internas que maneja Moncloa han hecho pensar a Sánchez que tiene al alcance de los dedos incluso la posibilidad de gobernar sin tener que contar con los independentistas. Siempre con la ayuda de Unidas Podemos y, en algunas hipótesis, incluso sin el PNV.

Las proyecciones de voto que manejaba Moncloa este viernes apuntaban a este último escenario: los socialistas rozarían el 30% de los votos, la derecha no sumaría —los datos sugieren que Vox crece a costa del PP, y cuando los de Casado se recuperan son los de Abascal los que sufren— y el PSOE estaría muy cerca de poder gobernar sin depender de los soberanistas catalanes.

Pero todo, advierten, depende de un margen muy escaso de votos que el domingo puede cambiar. El optimismo contenido no consigue disimular el miedo a una derrota que no sólo abriría las puertas a la influencia de la ultraderecha en el Gobierno de España sino que dejaría a la izquierda desarbolada en vísperas de las elecciones del 26 de mayo, en las que España volverá a las urnas para renovar los ayuntamientos, elegir doce Asambleas autonómicas y designar a los diputados españoles en el Parlamento Europeo.

La estricta división por bloques es nítida. Más aún que en el conjunto de España, donde las fuerzas independentistas periféricas pueden acabar teniendo la sartén por el mango. En la Comunidad Valenciana, no. Izquierda y derecha están bien claras.

A un lado, el izquierdo, están el PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem-EU, que aspiran a reeditar el Pacto del Botànic, esta vez con el partido morado exigiendo sumarse al Consell. Los tres partidos, con diferentes acentos, reivindican el papel del Ejecutivo del presidente Ximo Puig (PSOE) y la vicepresidenta Mónica Oltra (Compromís) y ponen el acento en las conquistas sociales realizadas, en las que prometen profundizar.

Al otro lado, el derecho, PP, Ciudadanos y Vox –que hace una campaña de perfil subterráneo, fiándolo todo al tirón de una marca en plena efervescencia– alertan sobre la extensión a la gran comunidad levantina del conflicto identitario ligado al procés catalán.

Ese es el esquema general de la política valenciana y de su campaña electoral. Como telón de fondo, el endémico problema de la falta de financiación. Está por ver qué bloque alcanza los 50 diputados, frontera de la mayoría absoluta. Las encuestas otorgan mayoría al bloque de izquierdas, al igual que hacían en Andalucía. Nadie da nada por sentado.

infoLibre repasa los grandes temas que han ocupado la campaña electoral, reflejo de los asuntos que marcan la política de la cuarta comunidad más poblada de España, con 5 millones de habitantes.

  Coincidencia electoral

Las elecciones autonómicas de este domingo en la Comunidad Valenciana llegan marcadas por su coincidencia con las generales, fruto de un adelanto electoral de Ximo Puig haciendo uso de su prerrogativa presidencial.

Los argumentos ofrecidos por Puig han sido dos: el primero, que la coincidencia facilitaría la visibilidad de los problemas locales, al obligar a los candidatos a la presidencia del Gobierno de España a pronunciarse sobre las cuestiones que atañen a la comunidad levantina; el segundo, que al hacer uso de la prerrogativa de convocatoria electoral introducida en el Estatuto en 2007, se reivindicaba el autonomismo valenciano –en una comunidad donde abunda la sensación de haber quedado en tierra de nadie durante la construcción territorial, con el acceso vía artículo 143–.

La oposición, en cambio, ha acusado a Puig de adelantar las elecciones por puro cálculo electoral. Lisa y llanamente, para aprovecharse del posible tirón de Pedro Sánchez en las generales. Lo indudable es que Puig, que en la forja del liderazgo de Sánchez no tuvo especial sintonía con él, ha tenido los reflejos de reubicarse tras la victoria del actual candidato a la Moncloa en las primarias ante Susana Díaz.

"Oltra ha visto el adelanto como una puñalada, como una estrategia para debilitar a Compromís, que al no ser un partido de ámbito nacional, pierde con la coincidencia. La relación entre Puig y Oltra ha sido bastante buena durante la legislatura, pero esto se ha visto como una traición. Eso puede poner más duras las negociaciones para un gobierno", señala Ximo Aguar, redactor de Política de Valencia Plaza y atento observador de los movimientos de los partidos.

  Reivindicación del Botànic

La fricción por el adelanto electoral –que ha sido de sólo un mes, los comicios estaban previstos para el 26 de mayo– ha enrarecido a última una relación correcta y colaboradora entre el PSOE y Compromís. La legislatura se ha desarrollado en general con sintonía. Con tensiones, por supuesto, como las ligadas al papel que debe tener el Consell en la exigencia de una reforma estatal de la financiación. E incluso con choques públicos. Pero no ha habido crisis que pusieran en verdadero riesgo la integridad del Consell.

Puig y Oltra han logrado desmentir las advertencias de PP y Cs de que el Botànic sería un sindiós. Bonig lo ha llamado, en vez del Pacto del Botànic, el "Pacto del Titanic". Pero no se ha hundido. Una de las pruebas más evidentes de que el Botànic ha ofrecido resultados interesantes, al menos para quienes lo firmaron, es que reivindican su balance tanto el PSOE como Compromís y, desde fuera, Unides Podem.

  Avances sociales y corrupción

Es la tarea desarrollada por el Ejecutivo la que ofrece combustible ahora al discurso de campaña de Puig y Oltra. Ambos reivindican los avances sociales realizados y prometen más, presentando la era del PP como la de la corrupción, el despilfarro y el deterioro de los servicios sociales. Lo hacen Puig, como presidente, y Oltra, como vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas. Destacan el incremento del gasto en educación y sanidad, la reversión de la privatización del Hospital Alzira, la creación de un modelo de gratuidad de libros de texto, el incremento de la cobertura en dependencia, la reapertura de la televisión autonómica...

Coinciden también en apuntarse la "estabilidad", que ponen en relación con la bajada del desempleo, y el cambio que supone haber acabado con la corrupción del PP. Es lo que Puig llama, en curioso sintagma, haberse quitado de encima la "hipoteca reputacional". Poco a poco –subraya–, cuando la gente mira a la Comunidad Valenciana, ya no piensa en corrupción. También lo destaca Oltra, conocida por su contundencia en la denuncia de la corrupción. "Hay un marco de estabilidad, de seguridad. Cuando una empresa se va a instalar, ahora nadie le demanda una mordida", afirmó en el debate de la televisión pública À Punt celebrado el jueves.

  Más o menos izquierda

El profesor de Derecho Constitucional Rubén Martínez Dalmau, candidato de Unides Podem-EU, se presenta como la garantía de que PSOE y Compromís hagan política de izquierdas. Hay una clara coincidencia con la estrategia de Pablo Iglesias. Al igual que el secretario general del partido, Martínez Dalmau alerta del riesgo de un pacto del PSOE con Ciudadanos. A lo largo de la legislatura, Podemos se ha mostrado como un factor de exigencia para el cumplimiento del pacto, también como un moderador en las tensiones surgidas entre los de Puig y los de Otra. Martínez Dalmau afirma que el Gobierno valenciano ha avanzado en la buena dirección, pero poca distancia.

Si todas las encuestas coinciden en que el PSOE ganará las elecciones con claridad y dan una ajustada mayoría al bloque de izquierdas, Unides Podem constituye la principal incógnita de las elecciones. Si no llegara al 5%, no entraría en Les Corts, lo cual pondría en riesgo la mayoría de izquierdas. Los indecisos y Vox convierten las elecciones en un melón sin catar. Para afianzar su posición y marcar perfil, Martínez Dalmau ha fiado su campaña a un acento nítidamente social y progresista, beneficiándose también de la estructura de Esquerra Unida del País Valencià. A diferencia de 2015, cuando Podemos no quiso entrar en el Ejecutivo –aspiraba a un sorpasso al PSOE a corto plazo que le impedía estrechar colaboración–, ahora Martínez Dalmau sí reclama consellerías.

  Falta de financiación

Un hecho asumido en la Comunidad Valenciana es su infrafinanciación. Nadie la niega, aunque discrepan en el reparto de culpas. Puig ha tenido que ver cómo, tras reprochar a Mariano Rajoy que no reformase el sistema, Pedro Sánchez tampoco lo ha tocado. Oltra se reivindica así como la más coherente e insobornable en la defensa del cambio de modelo. El tema interesa menos a PP y Ciudadanos, que creen que los partidos del Botànic utilizan la falta de financiación para justificar sus incumplimientos.

Dentro del debate territorial, las formaciones encabezadas por Isabel Bonig (PP) y Toni Cantó ponen el énfasis en el riesgo de contagio nacionalista en la Comunidad Valenciana. Acusan además a Pedro Sánchez de beneficiar a Cataluña a costa de la Comunidad Valenciana. "Hay una cierta contaminación de todo el debate por el tema catalán. Según el presidente, la coincidencia con las generales iba a dar visibilidad a los problemas valencianos. Creo que ha sido al revés. La campaña ha acabado siendo nacional, centrándose en el problema territorial, pero más bien fría en lo valenciano", señala Juan Antonio Caballero, presidente de la Confederación de Asociaciones de Vecinos y Consumidores de la Comunidad Valenciana.

Y no es que no haga falta abordar el tema territorial, puntualiza Caballero, pero a su juicio hay que hacerlo encarando el problema específico de la comunidad. "Aquí el problema número uno es la financiación. Es un problema serio. Hemos visto políticas [del Consell] que nos parecía que iban en la dirección correcta. En vivienda, en sanidad, en educación... Pero hay un bloqueo absoluto por la falta de financiación. Es que no hay dinero. Es un problema que hay que resolver. Un problema que no afecta exclusivamente a la Comunidad Valenciana, pero sí especialmente", señala.

  Cataluña de fondo

El PP lleva la delantera, con las encuestas en la mano, en la pugna por el liderazgo en el campo conservador. No obstante, Ciudadanos insiste –al igual que hace Albert Rivera en España e hizo Juan Marín en Andalucía– en su voluntad de alcanzar la Presidencia. Los dos partidos han descartado cualquier pacto con el PSOE, a la manera de Pablo Casado y Albert Rivera con Pedro Sánchez. Su opción es la vía andaluza. La campaña de PP y Cs se desarrolla bajo la sombra amenazante de Vox, la gran incógnita. El CIS le da entre 5 y 6 escaños. En Andalucía le daba uno y sacó 12.

Los tres partidos del campo conservador coinciden en que la Comunidad Valenciana vive una suerte de proceso catalanizador, auspiciado por un Ximo Puig rendido al Bloc Nacionalista Valencià, uno de los partidos coaligados en Compromís. "Si no lo evitamos, será un problema como Cataluña en diez años", ha señalado Cantó, que denuncia la privación del derecho de los padres a escolarizar a sus hijos con el español como lengua vehicular. "Cuatro años más de Botànic y seremos Baleares. Otros cuatro y esto será Cataluña", ha dicho en otra ocasión, recordando que Ciudadanos advirtió de la fractura social en ciernes en Cataluña antes que PP y PSOE.

"El PP y Ciudadanos intentan vincular a Compromís con el independentismo. Es verdad que Compromís tiene toques nacionalistas, pero vamos, no es independentista. Y ha habido críticas muy claras de Oltra a Puigdemont, que conoce todo el mundo. En la sociedad valenciana es difícil que cale eso de 'España, España, España'. Aquí la gente se siente tan valenciana como española, lo dicen las encuestas. Pero esta estrategia viene de atrás. La derecha ataca a la izquierda diciendo que subvenciona el catalanismo. Y ahora dicen que se está produciendo un proceso de inmersión lingüística que acabará como el de Cataluña hace 20 años", señala Ximo Aguar, redactor de Política de Valencia Plaza.

Por supuesto, ni PP ni Cs limitan su campaña al tema territorial. Ambos son muy duros con la gestión del Botànic. El PP pone el énfasis en las listas de espera, promete importantes bajadas de impuestos –Sucesiones, Patrimonio...– y más educación concertada. Cs, que también carga contra Puig y Otra por las listas de espera, ha convertido los "barracones" escolares en preocupación prioritaria, así como los "chiringuitos" llenos de "enchufados". Tanto PP como Cs, que atacan al PSOE y Compromís por la tasa de paro (14,11%, seis décimas por debajo de la media), hacen campañas muy similares a la andaluza. Allí les salió bien. Pero tuvieron ayuda: Vox.

  Exaltación identitaria

El partido ultraderechista es imprescindible en cualquier ecuación para conformar una mayoría conservadora. Con la candidatura de José María Llanos, profesor de Derecho en la Universitat de València, Vox se beneficia de que la campaña se desarrolle en un clima de cierta efervescencia identitaria. Los medios y creadores de opinión más exaltados en la reacción nacionalista al unilateralismo independentista del procés sitúan la Comunidad Valenciana –y Navarra, en el "frente norte"– como la siguiente frontera de la batalla de "reconquista", término aceptado ya por Santiago Abascal y Pablo Casado.

Federico Jiménez Losantos, que está orgulloso de la oferta electoral de la derecha desde Vox a Ciudadanos y destaca el regreso del PP a las posiciones más beligerantes en materia educativa de la mano de Bonig, afirma que la Comunidad Valenciana es el siguiente ratio del "Lebensraum catanazi", en referencia a la idea de "espacio vital" del pueblo alemán que justificó el Tercer Reich. La influencia de este discurso extremista en las fuerzas conservadores es fácilmente observable. Ciudadanos, que se acaba de quedar solo en la abstención sobre la reforma del Estatuto en las Cortes Generales, es incluso más beligerante que el PP con este tema, que es su seña de distinción. O lo era. Porque Vox lo ha sublimado.

"Valencianos, siempre del Reino de Valencia, nunca del Pais Valencià", comenzó Abascal su discurso este jueves. El candidato Llanos, que cobró durante ocho años de un chiringuito del PP (ver aquí la información de El Confidencial), también tiene un discurso extremo sobre inmigración. "Se atacan las raíces cristianas, Oltra atrae a los inmigrantes para que los atienda Cáritas", ha declarado.

Llanos liderará en breve un grupo propio en Les Corts. Quizás sea decisivo para el gobierno de la cuarta comunidad más poblada de España, con cinco millones de habitantes.

Los tres protagonistas de la foto de Colón coinciden: si alcanzan la Presidencia del Gobierno aplicarán el artículo 155 de la Constitución Española para intervenir la autonomía de Cataluña de forma inmediata. Así lo prometen Pablo Casado y Albert Rivera en los programas electorales. Y así lo asegura también Santiago Abascal en su documento 100 medidas para la España viva.

El PP afirma que, "con el objetivo de recuperar la legalidad constitucional, y para proteger el correcto ejercicio de la autonomía en Cataluña, de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 155 de la Constitución española aplicaremos, por el tiempo que resulte inexcusable, cuantas medidas sean necesarias". La formación naranja asegura que aplicará "el artículo 155 hasta asegurar el restablecimiento de la Constitución en Cataluña para garantizar la convivencia entre todos los catalanes, así como el respeto a las leyes y las sentencias judiciales". La formación de ultraderecha, por último, va un poco más allá y dice que suspenderá "la autonomía catalana hasta la derrota sin paliativos del golpismo y la depuración de responsabilidades civiles y penales".

Pero para hacerlo necesitan mayoría absoluta en el Senado, es decir, 134 senadores —la mitad más uno. Y una buena parte de ellos serán elegidos este domingo. El 27 de octubre de 2017 fue la primera vez que se aplicó ese artículo. Ese día, la Cámara Alta aprobó, con una amplísima mayoría absoluta —214 senadores: los del PP, los del PSOE, los Ciudadanos y los de Coalición Canaria—, intervenir la autonomía catalana y convocar elecciones autonómicas el 21 de diciembre. Pero la derecha podría perder ahora su mayoría. El presidente de la consultora GAD3, Narciso Michavila, vaticinó hace poco más de un mes que el PSOE obtendrá la mayoría absoluta en el Senado, donde no ha tenido más asientos que el PP desde 1993. 

La derecha sabe de la importancia del control del Senado para poder cumplir su promesa. A través de las redes sociales, incluso, personas afines a la derecha han propuesto seguir la lógica 1+1+1. ¿En qué consistiría? Pues, precisamente, en votar a un senador del PP, a uno de Ciudadanos y a otro de Vox. Desde el PP, no obstante, no han tardado en salir a desmentir la utilidad de esta estrategia, aunque teóricamente fuese posible llevarla a cabo gracias al modelo de listas abiertas que rige la votación en el Senado. 

  ¿Cuántos senadores elegimos el 28A?

El Senado está compuesto por un total de 266 senadores. No obstante, este domingo los españoles elegirán 208. La explicación está, precisamente, en el apellido que en ocasiones se le pone a la institución: la cámara territorial. Y es que los otros 58 senadores son designados directamente por los Parlamentos autonómicos. Muchos de los que estarán en la próxima legislatura, de hecho, saldrán de la cita con las urnas que tendrá lugar el 26 de mayo. Estos últimos se eligen a razón de uno por cada comunidad autónoma y otro más por cada millón de habitantes de su respectivo territorio. Por eso, el número de senadores ha aumentado junto con la población española. 

Pero, volviendo a este domingo, ¿quién elige a quién? Para el Senado hay 59 circunscripciones: 47 correspondientes a cada una de las provincias peninsulares, 10 correspondientes a las islas y dos de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Los habitantes del primer grupo eligen a cuatro senadores y los del último a dos. El reparto de senadores en las islas, en cambio, es algo más complejo: eligen tres en las más grandes, Gran Canaria, Mallorca y Tenerife; y uno en el resto, Ibiza-Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma. 

  ¿Cómo se trasladan los votos al Senado en número de senadores?

En el Senado no se aplica el sistema proporcional y, por tanto, tampoco se utiliza el sistema D'Hondt de reparto de actas. Como norma general, el votante puede marcar en la papeleta un senador menos del que se elija en la circunscripción. Así, en las provincias que eligen cuatro senadores, cada votante tiene la opción de marcar tres nombres. Y lo mismo le ocurre a los partidos: donde se designan 4 senadores, puede presentar sólo 3. La idea es evitar que todos los senadores de un territorio sean de la misma formación.

Aunque puede escoger candidatos de diferentes partidos, habitualmente suele escoger a los tres designados por la formación a la que quiere votar, que normalmente es la misma que ha elegido para el Congreso. Por tanto, el partido vencedor en una provincia en el Senado suele coincidir con el vencedor en el Congreso en esa misma circunscripción. 

Los cuatro senadores que obtienen mayor número de votos, son los elegidos.

  ¿Cómo es la participación en las elecciones al Senado?

La participación de los españoles en las elecciones al Senado ha caído de forma sistemática en los últimas cuatro citas con las urnas. Desde el año 2004, el número de españoles que han rellenado la papeleta de color sepia ha sido cada vez menor. Hace 15 años, la participación fue del 75,7% sobre el censo; cuatro años después, del 74,5%. Y en 2011 llegó la primera gran caída, al situarse la participación en el 68,4%, un porcentaje casi idéntico al registrado en 2015: 68,3%. En los últimos comicios, en 2016, fue del 65,7%. 

Lo cierto es que estos datos son similares a los registrados en el Congreso. En 2004 acudió a las urnas del Congreso el 75,6% del censo; en el 2008, el 73,8%, un porcentaje que volvió a caer en 2011, cuando votó el 68,9% del censo. En 2015 la participación aumentó hasta el 69,7%, pero volvió a descender tan solo unos meses después hasta el 66,5%. 

  ¿Quién ha tenido el control de la cámara durante más tiempo?

Las últimas encuestas pronostican que, tras el 28A, el PSOE será el partido con más senadores en la Cámara Alta. Si esto ocurriera, los socialistas ganarían el control de una institución con mayoría conservadora desde el año 1996. Esos comicios dieron por primera vez un mayor número de asientos al PP, que obtuvo 112 senadores. En la dos primeras elecciones generales, en 1977 y 1979, el control de la Cámara Alta había estado en manos de la Unión de Centro Democrático (UCD) de Adolfo Suárez, mientras que los socialistas dominaron el Senado en 1982, con 134 senadores; en 1986, con 124, y en 1989, con 107.

Desde entonces, los resultados electorales dieron la vuelta a la composición de la cámara. En el año 2000, ya con José María Aznar al frente, su partido obtuvo 127 senadores, que cayeron a 102 cuatro años más tarde. En los siguientes comicios, cuando Rajoy relevó a Aznar al frente de la formación, el partido obtuvo su mejor resultado: 136 escaños. Se transformaron, en 2015, en 124, que aumentaron hasta 130 en los comicios que se celebraron tan solo unos meses después, el 26 de junio de 2016.

En esta pasada legislatura, el PSOE tuvo 43 senadores, menos que nunca. No obstante, el declive en los resultados en la Cámara Alta comenzó en 2011, cuando el número de escaños socialistas se redujo a la mitad, pasando de 88 a 48.

Este 28A, si los vaticinios de las encuestas se cumplen, los socialistas podrían volver a tener el control del Senado.

A pocas horas de la celebración de las elecciones generales del 28 de abril, los principales partidos se afanan en rascar los últimos votos para su candidatura. Y entre los mensajes que están lanzando para captar a quienes aún no se han decidido, especialmente el PP y el PSOE están insistiendo en reivindicar su papeleta como la única "útil" para sortear los efectos antiproporcionales de la ley electoral. Pero, ¿puede hablarse realmente de que existe un voto útil y otro que no lo es? Pues, a priori, no, e incluso tomando como referencia los resultados de las encuestas, solo en algunas provincias sería asumible este argumento.

  ¿Existe el "voto útil"?

"Podemos ganar las elecciones el próximo domingo y el lunes encontrarnos un Gobierno de las tres derechas y por eso es importante concentrar el voto en el único partido que garantiza que España mire al futuro y no pueda retroceder 40 años y eso hoy es el PSOE", afirmó el candidato socialista Pedro Sánchez hace unos días. Se trata de un perfecto resumen de la base del argumento del voto útil: como la ley electoral no representa a los partidos de forma proporcional al porcentaje de votantes que obtienen y, además, prima la concentración del voto, escoger la papeleta de la opción mayoritaria de cada bloque evita que ningún voto quede sin representación.

No obstante, esta premisa está, cuanto menos, muy condicionada por las circunstancias. Es cierto que el funcionamiento de la ley electoral es poco proporcional en el conjunto de España y que esta escasa proporcionalidad perjudica a las fuerzas más pequeñas y potencia a las que tienen el voto más concentrado, pero también lo es que la base de esta distorsión es la sobrerrepresentación de las provincias rurales y, fundamentalmente, la abundancia de circunscripciones que eligen pocos diputados y en las que es complicado que las formaciones más pequeñas obtengan acta.

Así, es en las 24 provincias que eligen entre cinco y nueve diputados y, fundamentalmente, en las otras 19 circunscripciones que eligen cuatro actas o menos, donde el sistema electoral provoca sus efectos más mayoritarios. En las provincias donde se escogen diez o más parlamentarios –las más pobladas y las más infrarrepresentadas– la norma es prácticamente proporcional y los partidos pequeños pueden obtener diputados con porcentajes bajos de voto. Pero ni siquiera en esas 43 provincias pequeñas o medianas puede hablarse de la existencia constatable de un voto útil y un voto inútil, ya que el hecho de que la fuerza o fuerzas más pequeñas de cada bloque entren en el reparto de parlamentarios está condicionado por varios factores que cambian según la elección.

  ¿Cuáles son esos factores?

Fundamentalmente, son tres factores. En primer lugar, como se ha aclarado anteriormente, el número de diputados elegidos por la provincia es determinante, ya que en las más pobladas es más sencillo conseguir un escaño que en las más pequeñas, precisamente porque se reparten más, aunque también cada acta cuesta a los partidos un número –que no un porcentaje– mayor de votos. Buen ejemplo de ello son las generales de 2015, en las que IU se quedó sin representación en Asturias (que elige ocho escaños) pese a obtener un 8,5% de los votos, mientras que consiguió dos parlamentarios por Madrid (que es la provincia que más reparte, con un total de 36 entonces) con el 5,2% de los sufragios allí.

En segundo lugar, la distribución del voto entre los diferentes partidos que entran en el reparto de escaños en cada circunscripción también es clave. Veámoslo con un ejemplo hipotético, de una circunscripción que elige a 4 diputados, y dos escenarios posibles:

a) Primer supuesto: el PSOE obtiene 80.000 votos, el PP logra 70.000, Unidas Podemos consigue 30.000, Ciudadanos reúne 20.000 y Vox alcanza 15.000. En este supuesto, el PSOE obtendría dos escaños y el PP otros dos.

b) Segundo supuesto: el PSOE obtiene 80.000 votos, el PP logra 55.000, Unidas Podemos consigue 30.000, Ciudadanos reúne 25.000 y Vox alcanza 15.000. En este supuesto, el PSOE obtendría dos escaños, el PP uno y Unidas Podemos otro.

Es decir, con el mismo número de votos, en el primer supuesto Unidas Podemos se queda sin escaño y en el segundo consigue un diputado. Simplemente, por el reparto del voto entre los demás partidos. 

En tercer lugar, la participación es otro factor a tener en cuenta: cuanta más gente acuda a votar, más número de votos son necesarios para conseguir un escaño, lo que afecta sobre todo a los partidos con menor respaldo.

La conclusión, si uno tiene en cuenta estos tres factores, es que no se puede afirmar con certeza antes de una elección que el voto a un partido vaya a ser útil o inútil en una circunscripción. Otra cuestión es hablar en términos de probabilidades. En este terreno, sí se pueden hacer hipótesis más o menos plausibles.

  si se toman como referencia los sondeos, ¿puede hablarse de voto útil?

Para hablar sobre el voto útil en términos de posibilidades, hay que tener en cuenta (y creerse) las encuestas. En ese caso, un ciudadano podría concluir que en aquellas circunscripciones donde un partido no tenga ninguna posibilidad de obtener un diputado, votar a esa formación sería inútil; si los sondeos le conceden alguna posibilidad, entonces su voto podría ser útil.

Tomemos como referencia un análisis publicado por el diario El País, realizado a través de un modelo estadístico basado en encuestas y sondeos publicados, en el que en cada circunscripción se indica si un partido obtendrá un escaño con "seguridad" (99% de probabilidad), de forma "probable" (entre un 75 y un 99% de probabilidad), si lo tiene "en juego" (entre un 25 y un 75%) o si prácticamente carece de opciones (menos del 25%). De acuerdo con la explicación indicada, sólo en aquellas provincias donde un partido ni siquiera tenga un escaño "en juego", se podría considerar inútil votar a dicha formación.

De acuerdo con el citado análisis, el voto al PSOE podría ser útil en las 52 circunscripciones de España, ya que como mínimo está disputando un acta.

La papeleta para el PP podría ser útil en todas las circunscripciones, excepto en cuatro: Gipuzkoa, Girona, Tarragona y Lleida, donde según los sondeos la posibilidad de que obtenga un diputado está por debajo del 25%. 

En el caso de Unidas Podemos, el voto podría ser útil y transformarse en escaños en las siguientes 24 circunscripciones: Madrid, Barcelona, Girona, Tarragona, Valencia, Alicante, Sevilla, Granada, Málaga, Cádiz, Córdoba, Murcia, A Coruña, Pontevedra, Bizkaia, Gipuzkoa, Álava, Navarra, Cantabria, Baleares, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Asturias y Zaragoza. En el resto, las probabilidades no llegarían al 25%.

El voto a Ciudadanos podría ser útil en 36 de las 52 circunscripciones. Todas menos Álava, Bizkaia, Gipuzkoa, Navarra, Girona, Lleida, Cáceres, Lugo, Ourense, Cuenca, Palencia, Soria, Zamora, Teruel, Ceuta y Melilla.

Por último, el apoyo a Vox podría ser útil en 31 circunscripciones: Madrid, Barcelona, Alicante, Valencia, Castellón, Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Málaga, Sevilla, Murcia, Badajoz, Toledo, Ciudad Real, A Coruña, Lugo, Pontevedra, Illes Balears, Asturias, La Rioja, Cantabria, Ávila, Valladolid, Burgos, León, Salamanca, Zamora, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife y Zaragoza.

Ahora bien, hay que insistir en lo dicho anteriormente: esta clasificación exige que el votante se crea lo que dicen los sondeos y que además acepte que no tiene sentido votar a un partido que según esos sondeos no tiene ni un 25% de probabilidades de obtener escaño por la provincia respectiva (porque efectivamente el cálculo de probabilidades finalmente se cumplirá). En otras palabras, exige un doble acto de fe: en los institutos demoscópicos y en la estadística. Con certeza absoluta, es imposible asegurar que el voto a uno de los principales partidos será inútil en una circunscripción concreta.

El mundo de la cultura y del periodismo se subió este viernes al escenario del auditorio del Círculo de Bellas Artes, en Madrid, con un mensaje claro: que este 28A las urnas desborden de votos progresistas. Y es que, según advirtieron, estos comicios no son como los anteriores. Ahora, la amenaza de la ultraderecha está presente. Y hay que frenarla del único modo que la abarrotada sala donde pronunciaron sus discursos puede: votando. "Ya están aquí. Nunca se fueron. De todos nosotros depende detenerlos", dijo el actor Carlos Bardem, que pidió que todos los votantes de izquierdas dejen a un lado sus diferencias por un día y acudan, juntos, a los colegios electorales. Decenas de nombres conocidos de la música, el teatro, el cine, el periodismo o la literatura se unieron a través de un manifiesto que llama a "la España real" a movilizarse "contra los odios de las mentiras reaccionarias".

El documento [consúltalo en PDF] tiene un fuerte carácter intergeneracional: su firmante más mayor es el centenario escritor Juan Eduardo Zuñiga, que comparte espacio con la poeta Elvira Sastre, de 27 años. Entre quienes lo suscriben pueden encontrarse también otros escritores (Juan Marsé o Luis García Montero), periodistas (entre ellos el director editorial de infoLibre, Jesús Maraña, junto a Iñaki Gabilondo, Ignacio Escolar o Maruja Torres), músicos (Miguel Ríos, Joaquín Sabina, Joan Manuel Serrat, Ana Belén o Leiva), actores (Irene Escolar, Antonio de la Torre, Silvia Marsó o Pilar Bardem) o cineastas (Pedro Almodóvar, Montxo Armendáriz o Fernando Trueba). Y no faltan filósofos, como Emilio Lledó o Carlos Fernández Liria, o humoristas como El Gran Wyoming.

Muchos de ellos estuvieron presentes este viernes en el acto, que fue conducido por los escritores Almudena Grandes y Benjamín Prado. Los dos insistieron, una y otra vez, en lo necesario de participar en los comicios. "A la abstención le pasa como al centro, que es de derechas", bromeó Prado. Y a sus presentaciones les siguieron los discursos, las actuaciones y los recitales de reconocidos personajes como el cantante Miguel Ríos, que asistió para evitar el "reverdecer del fascismo". No fue el único músico que participó en el acto. La pianista Rosa Torres Pardo destacó la importancia de la música como herramienta para "tender puentes"; Marwan, hijo de un refugiado palestino, aseguró que "es el momento de volver a la caridad" y Andrés Suárez realizó un canto "a la libertad". 

El director editorial de infoLibre, Jesús Maraña, y la directora de Público, Ana Pardo de Vera, quisieron destacar la importancia del periodismo en el periodo político que vivimos. "El derecho a la información es un derecho constitucional. Necesitamos el derecho a la información y unos políticos que la defiendan", reclamó Pardo de Vera. Maraña, por su parte, reivindicó a Albert Camus como referente cívico y recordó los cuatro rasgos que para el Premio Nobel franco-argelino definen el periodismo crítico: "la lucidez, la desobediencia, la ironía y la obstinación". Y también, claro, llamó al voto. "Desde ya y hasta el mismo domingo por la tarde -dijo-, hay que llamar al timbre de cualquier vecino que consideremos demócrata y progresista y tenga la tentación de quedarse en casa. Es preciso hasta el último voto, porque asistimos a un cambio de época, y se trata de elegir entre una democracia sin apellidos o una supuesta democracia que, con la excusa de votar cada cuatro años, diluya un retroceso en derechos y libertades individuales y colectivas". 

El acto, además, contó con la participación de la actriz Lucía Álvarez, el escritor Luisgé Martín y el cantante Luis Ramiro. Y culminó con un símbolo: la actuación de Paco Ibáñez, que levantó el aplauso de todos los presentes con su mítico A galoparA galopar, con la letra del poeta Rafael Alberti. 

"Los valores de la dignidad humana están ardiendo en la noche democrática y no hay patrimonio de la humanidad más importante que la propia humanidad", alerta el manifiesto, que señala que "la libertad, la igualdad, la justicia y la bondad son valores imprescindibles para un progreso social que no puede humillarse ante la mentira, el insulto, el racismo, el machismo y la avaricia". Y, ante el panorama social actual, "la cultura no es un entretenimiento prescindible", afirman los firmantes, que aseguran que tiene la misión de "impedir que la indignación provocada por las injusticias sociales se vuelva contra las instituciones democráticas".

"La fragmentación de las ilusiones democráticas colectivas es la carta jugada en la actualidad por los poderes económicos salvajes", sostiene el texto, que contrapone esos movimientos al poder de la propia cultura, "educación, imaginación moral, conocimiento, memoria y compromiso ético con la vida". "La cultura tiene hoy como mayor enemiga la creación de una realidad virtual destinada a extender las mentiras para manipular las conciencias y provocar sentimientos de odio", y debe servir para defender la "democracia social" porque solo ésta "puede afrontar las verdaderas causas de la pérdida de los derechos sociales, la precariedad laboral, la acumulación de la riqueza en pocas manos y la degradación del planeta".

Por ello, los firmantes –"gentes de la literatura, el teatro, el cine, la música, el arte, la danza y el periodismo, trabajadores de la palabra y la imagen, hombres y mujeres de la cultura"– piden "que la España real se movilice el próximo 28 de abril contra los odios de las mentiras reaccionarias y llene las urnas de bondad democrática".

Se pueden escribir libros enteros sobre los derechos que quiere recortar Vox o los colectivos a los que quiere marginar. No es necesario. Basta con decir que sus dirigentes son los representantes del fascismo.

Existe un candidato que se llama Pablo Casado que admite su intención de gobernar con Vox. Está dispuesto, por tanto, a ejercer de colaboracionista.

Existe un candidato que se llama Albert Rivera que se presenta como enemigo de los “nacionalismos” mientras espera entrar en Moncloa abrazado a la extrema derecha nacionalista española. Está haciendo, por tanto, el trabajo de quintacolumnista.

Me molesta cuando alguien dice que en Cataluña hay dos millones de xenófobos  o que en Andalucía hay 400.000 fascistas. Cada votante tiene unas motivaciones que se deben respetar. Pero no respeto a los dirigentes políticos que propagan el odio ni a quienes están dispuestos a pactar con ellos.

Hace 80 años se apagó en España el grito “No pasarán”… porque pasaron. Y en el nombre de España aplastaron a los españoles demócratas.

Ahora está en nuestra mano evitar que vuelvan a pasar. ¿Cómo?

– Si resides en una circunscripción que elige 5 o más diputados: las papeletas de PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV o BNG son voto útil.

– Si resides en una circunscripción que elige 4 o menos diputados: el voto útil es el PSOE.

La pinza en la nariz puede ser del tamaño que uno considere, pero lo que no cabe es ser ingenuo. El voto en estas elecciones servirá para que gobierne la extrema derecha o para evitar que gobierne la extrema derecha.

Yo lo tengo claro: votaré contra la ultraderecha.

La campaña electoral del 28A, una de las más extrañas de la historia democrática española, echará este viernes el telón con los tres partidos de la derecha —PP, Ciudadanos y Vox— inmersos en una pelea a cara de perro y los dos de izquierdas —PSOE y Unidas Podemos— volcados en un esfuerzo de movilización sin precedentes para cerrar el paso a un gobierno formado —o apoyado— por Pablo Casado, Albert Rivera y Santiago Abascal.

Después de un inicio casi a medio gas, condicionado por las festividades de Semana Santa, la celebración de dos debates en días consecutivos —lunes y martes— ha terminado por dasatar las hostilidades. Según todas las encuestas, la división de la derecha en tres partidos penalizará su presencia en el Congreso. Así que sus líderes han dejado de disimular y se han entregado en las últimas horas a una batalla abierta por los votos de quienes no quieren que Pedro Sánchez siga en la Presidencia del Gobierno. El PP, herido por la fuga de su expresidente madrileño Ángel Garrido a Ciudadanos, respondió con el fichaje del padre del opositor venezolano Leopoldo López, al que ha incorporado a su candidatura europea. Y con toda clase de invectivas dirigida contra Cs, el “partido veleta”, como le bautizó hace tiempo Vox.

Casado multiplicó en las últimas horas los mensajes al voto útil y en contra de Ciudadanos y Vox. Quien "no quiera que gobierne Pedro Sánchez”, repite en todas sus intervenciones, tiene que votar al PP. Si "los constitucionalistas" dividen el voto, "España acabará fragmentada”, advirtió este jueves. Y “diréis, hay otros partidos. Sí, otros que ya pactaron con Sánchez en 2015 y 2016 y que también pactaron con Susana Díaz y que también dijeron que no pactarían con ellos y pactaron”, acusó en referencia a Ciudadanos. Rivera, recordó, fue al Congreso a pedir que Podemos apoyara la investidura de Pedro Sánchez y al PP que se abstuviera. “Unos cambian de opinión, no son fiables, son chaqueteros; nosotros somos un partido serio”, subrayó.

La estrategia de Albert Rivera fue, desde el primer momento, tratar de situarse en el mismo plano que el PP para disputar de tú a tú el liderazgo del centroderecha a Pablo Casado. Algo que los estrategas de Ciudadanos están convencidos de haber conseguido gracias a los debates en televisión. Estos días la formación naranja ha extendido los ataques al PP: el jueves incluso con una falsa página web que relaciona a Casado con la corrupción, la evasión fiscal y las dudas sobre su máster.

Convencido de que ha conseguido instalar en la opinión pública la idea de que el PP está en retroceso y Cs al alza, Rivera recomendó “a los que cada día pierden más votos, escaños y militantes” que, “en vez de preguntarse por qué la gente se ilusiona con un proyecto que crece” y que representa “el centro político”, “se pregunten qué han hecho mal, qué está pasando”. Su número dos, José Manuel Villegas, fue más concreto: el “bipartidismo se está desintegrando”, proclamó en un mitin en Almería.

La pugna es tal que para capitalizar el voto anticatalán que ellos mismos azuzan alentando la creencia de que el PSOE se dispone a permitir una referéndum de autodeterminación —a pesar de que fue precisamente su negativa la que acabó provocando el anticipo electoral—, PP y Cs coincidieron este jueves en la ventanilla de la Junta Electoral para impugnar la candidatura de Carles Puigdemont al Parlamento Europeo.

El tercero en disputa por el espacio de la derecha, la formación ultra Vox, incrementa a su vez la difusión de las señas de identidad que les han llevado a la puertas del Congreso: los mensajes nacionalistas en defensa de la unidad de España, la necesidad de construir —físicamente— un muro contra la inmigración o la idea de ilegitimidad del resto de partidos. Las imágenes de miles de personas reventando los aforos en los actos protagonizados por Santiago Abascal —el último en València— siguen protagonizando la campaña en las redes sociales y sembrando la inquietud en los comités de campaña de todos los partidos.

Las encuestas después del debate

Los movimientos de las principales formaciones se entienden mejor si se tienen en cuenta los datos de intención de voto que manejan los partidos —la ley prohíbe publicar encuestas pero se siguen realizando todos los días por encargo de las organizaciones políticas y los medios de comunicación—. Según fuentes del PSOE consultadas por infoLibre, los debates hicieron perder a los socialistas un punto porcentual (estarían en el 29%) pero continúan en cabeza en las preferencias de los electores. Las mismas fuentes aseguran, con todas las reservas a las que obliga la volatilidad del voto, que PP y Ciudadanos empatan en estos momentos en las preferencias de los votantes con un 17% cada uno —lo que explicaría en parte la intensidad de su duelo político y dialéctico— y Unidas Podemos habría recuperado posiciones gracias, entre otras cosas, a la buena actuación de su líder, Pablo Iglesias, en los debates y estaría en torno al 16%. A Vox lo sitúan entre el 10 y el 12% en intención de voto.

En el PSOE creen estar muy cerca de conseguir su sueño: gobernar sin depender de los independentistas catalanes. En busca de ese empujón final que necesita para lograrlo, Pedro Sánchez insistió este jueves en pedir el voto a “la gente de izquierdas” que duda a quién votar y también a los que se estén planteando no hacerlo: “Si el próximo domingo no vamos a votar otros van a votar por nosotros”, advirtió en una comida-mitin en la localidad granadina de Pinos Puente.

El líder del PSOE ya no disimula su deseo de captar votos en el centro y apela constantemente a los electores que dudan si votar a Ciudadanos “porque no saben si será votar a la ultraderecha”. Lo que no le impide dejar clara su intención de gobernar “con los valores de izquierdas”. A partir del lunes 29 hablará “con todos”, prometió, pero el domingo hay que concentrar el voto en el PSOE. España, subrayó, tiene “una enorme oportunidad”, pero para aprovecharla hace falta “una amplia mayoría” socialista.

Muy reforzado tras la celebración de los debates en televisión, Pablo Iglesias está dedicando las últimas jornadas de la campaña a subrayar los mensajes dirigidos a los votantes de izquierdas que temen que el PSOE acabe pactando con Ciudadanos. Votar a Unidas Podemos, insistió, “vale doble” porque sirve para “frenar a la derecha” y para sacar adelante propuestas en materia social.

Iglesias admitió en declaraciones a la Cadena SER que preferiría que PSOE y Unidas Podemos alcanzasen mayoría absoluta para no depender de otras fuerzas e insistió también en una de las ideas centrales de su campaña: si las izquierdas suman, lo lógico es que después de las elecciones haya un Gobierno de coalición entre su formación y el PSOE. Y, en ese caso, “lo lógico es que se negocie tanto el programa como los espacios en los que se llevan a cabo esas políticas”, en referencia a los ministerios. Algo de lo que, de momento, el PSOE no quiere ni oír hablar: su apuesta pasa por gobernar en solitario, igual que lleva haciendo desde hace diez meses.

Con todo, la pugna por el voto de izquierdas está siendo de todo menos una batalla. Los mensajes contra Sánchez en los mítines de Iglesias son más que matizados en comparación con las campañas electorales de 2015 y 2016. Y en los mítines del candidato socialista no hay ni una sola crítica a quienes fueron sus principales socios en la legislatura que acaba de concluir. Es más: el propio Sánchez elogió en el último debate el papel jugado por Unidas Podemos para sacar adelante muchas iniciativas en el Congreso. Una actitud sin precedentes en el campo de la izquierda.

Madrid y Valencia serán este viernes los escenarios para cerrar la campaña de las generales, que coincide con las autonómicas en la Comunitat Valenciana. Los líderes de PP, Unidas Podemos y Vox protagonizarán los últimos actos en la capital; PSOE y Ciudadanos lo harán en la ciudad del Turia. Después de eso ya sólo quedarán 33 horas para empezar a votar.  

Si no vuelve a haber cambios, este viernes a las 14.00 horas terminará el plazo para depositar el voto por correo para las elecciones del domingo 28 de abril. Durante esta semana, la fecha límite se modificó en dos ocasiones: en un primer momento finalizaba el miércoles 24; después, la Junta Electoral Central (JEC) decidió dar otras 24 horas, hasta este jueves, cuando el Ministerio del Interior comunicó que el límite se establecería al mediodía del viernes, pocas horas antes del cierre de campaña y a apenas dos días de la cita con las urnas. En paralelo, Correos anunció que el miércoles y el jueves sus oficinas estarían abiertas hasta la medianoche para, dijeron, "agilizar al máximo la gestión del voto por correo". Y es que las largas colas que desde principios de semana han abarrotado las oficinas de toda España han requerido una rápida respuesta. Según se quejaron varios usuarios a través de las redes sociales, la documentación ha ido llegando tarde y, en paralelo, el tiempo de espera para depositarla se ha ido haciendo cada vez más largo. A última hora de la tarde de este jueves, no obstante, Correos daba por terminado el bloqueo. Según anunciaron, los tiempos de espera volvían a la normalidad. 

Todo ha ocurrido a pesar de que las solicitudes para votar por correo de los electores residentes en España descendieron un 8,7% con respecto a las últimas elecciones generales, celebradas el 26 de junio de 2016. Ese año, según los datos de la Oficina del Censo Electoral del Instituto Nacional de Estadística (INE) fueron aceptadas 1.460.128 peticiones para participar en los comicios. Ahora, de cara al 28A, el organismo ha aceptado 1.332.929. En cambio, hace cuatro años, en las elecciones del 20 de diciembre de 2015, las peticiones aceptadas fueron muchas menos: 788.524. En comparación con 2015, por tanto, la petición de voto por correo para este domingo ha crecido en un 69%. 

El porcentaje de participación de estas personas, además, fue muy elevado. Según los datos que Correos ha facilitado a infoLibre, en los comicios del 20D un total de 699.028 personas votaron de esta forma, lo que supuso un pocentaje del 86,6% del total de solicitudes aceptadas. Tan solo unos meses después, el 26J, 1.357.720 personas depositaron su voto en una oficina postal. En esta ocasión, el porcentaje sobre las peticiones que se aceptaron fue del 93%. 

La participación de las personas que solicitaron el voto por correo en tan solo unos meses aumentó, por tanto, en un 94,2%. Y eso a pesar de que la participación electoral, ese año, bajó del 69,7% al 66,5%, según los datos del Ministerio del Interior.

El gran salto cuantitativo se produjo, por tanto, en el año 2016. Pero las largas esperas que abarrotan las afueras de las oficinas de Correos se están viendo ahora. Por eso, la empresa pública ha tenido que reaccionar a contrarreloj. Este martes y miércoles, las 500 oficinas de toda España en las que se registró mayor afluencia abrieron hasta las 00.00 horas. En el resto de las 2.400 oficinas se amplió el horario. Pero además, antes, Correos ya realizó 4.500 nuevos contratos para reforzar el reparto y las oficinas. Así, según aseguró, la empresa pública estaba "poniendo todos sus medios logísticos y tecnológicos al servicio de la gestión de las actividades que tiene encomendadas". De este modo, según una nota de prensa de Correos, entre el martes y el miércoles se consiguió atender más de un millón de visitas en las oficinas de toda España. Tan sólo el miércoles, aseguraron, se atendió a más de 600.000 personas y se admitieron 250.000 votos. 

Pero si ha habido menos solicitudes, ¿a qué se han debido las largas colas que se han producido en buena parte de las oficinas de toda España? Según los sindicatos, ha habido varias razones. Y es que se ha mezclado un periodo de campaña atípico, atravesado por la Semana Santa, y la falta de planificación de las oficinas de Correos, que no ha previsto de manera adecuada la influencia que esas fechas iban a tener a la hora de que los españoles depositaran su voto. Así lo denunció, por ejemplo, CCOO en un comunicado. El sindicato resaltó "la coincidencia de la Semana Santa, que ha abarcado seis días festivos según la comunidad, con la campaña de gestión del voto por correo, lo que ha provocado el desplazamiento de millones de ciudadanos y ciudadanas de sus lugares habituales de residencia y unas condiciones extraordinarias de concentración de solicitantes en las oficinas postales en muy pocos días, algo que no ha sucedido en anteriores procesos electorales". 

Falta de personal y vacaciones de por medio

José Rico, portavoz de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), tiene claros los motivos del colapso. "Se debe fundamentalmente a la falta de planificación que Correos ha hecho", dice. Falta de planificación, argumenta, porque el problema en las oficinas era previsible. "Llevamos desde hace muchos años diciéndole a Correos que falta personal en todas las oficinas", asegura. Este jueves, de hecho, volvieron a insistir en ello en una reunión en la que quisieron, según explica Rico, exigir a Correos que, "ante la proximidad de las elecciones europeas, autonómicas y municipales" del próximo 26 de mayo, la planificación sea mejor para evitar "este tipo de problemas, sobre todo en lo referente a la dotación de personal". "Vamos a seguir insistiendo en que haya personal suficiente en todos los centros de trabajo para así abastecer no solo las necesidades logísticas, sino para atender de manera precisa a los ciudadanos", añade.

Y es que los 4.500 nuevos contratos no han sido suficientes. Según José Manuel Sayagués, secretario del sector postal de la Federación de empleados y empleadas de los Servicios Públicos de la Unión General de Trabajadores (UGT), se debe a que entre ellos ha habido un "abuso del tiempo parcial". Y eso es, critica, un error de la dirección de la red de oficinas de Correos. Según Sayagués, no se tuvo en cuenta que "los picos de producción se producen a lo largo de todo el día", así que de poco sirve que se refuerce una oficina durante un tiempo determinado. Y la prueba de que la producción ha aumentado a lo largo de toda la jornada, añade, es que Correos ha decidido abrir 500 oficinas hasta la medianoche. 

Pero es que a esto hay que sumarle otro factor, continúa Sayagués. Y es que los trabajadores de las oficinas han tenido menos tiempo para sacar adelante un 8,7% menos de trabajo que en 2016. La culpa ha sido de las vacaciones de Semana Santa, que han quitado dos días laborales —tres en algunas comunidades autónomas— a las oficinas y a sus trabajadores para recoger votos. "La Semana Santa ha restado días de atención al público y ha generado un cuello de botella, puesto que los tres primeros días anteriores al jueves y viernes festivo muchas personas no recibieron la documentación para votar porque estaban fuera", explica. "La recibieron a la vuelta, y muchísimas personas fueron entonces a depositar el voto a las oficinas", añade. 

En reparto, en cambio, ha sido muy diferente. Ha habido menos días, pero es más sencillo que se refuerce su actividad porque no depende de puestos físicos de trabajo, según Sayagués. No obstante, el incremento de propaganda para enviar ha sido visible. De hecho, Rico afirma que la de algunos partidos sigue todavía sin haberse repartido. Si a esto le sumamos, critica Sayagués, que los partidos esperan hasta el último día para depositar la correspondencia, el colapso está asegurado. Después de esta experiencia, los sindicatos intentarán que el próximo 26M no ocurra lo mismo. Sayagués, en este sentido, es optimista. 

Aumentan las solicitudes del voto por correo desde fuera de España

El voto por correo de los inscritos en el Censo Electoral de los Residentes Ausentes (CERA) —es decir, de los españoles que residen en el extranjero— ha experimentado un incremento en las solicitudes para los comicios del 28 de abril. Según los datos de la Oficina del Censo Electoral del INE, se han aceptado un total de 182.545 solicitudes. En 2016 fueron 169.658 y pocos meses antes, en las elecciones de diciembre de 2015, 151.061. Es decir, hace cuatro años las solicitudes eran un 21% menos que ahora. 

Pero en esos dos años la participación fue muy inferior a la que se registró entre los españoles residentes en nuestro país que votaron por correo. En 2016 participaron en las elecciones 121.277 personas (el 71,5%); en 2015, en cambio, fueron 88.900 (el 59%). De nuevo, la participación vuelve a subir. En este caso, un 36,4%. 

El pasado lunes entró en vigor la prohibición de publicar encuestas coincidiendo con el incio de la última semana de campaña electoral, y algunos de los principales medios de comunicación aprovecharon para publicar sus últimos sondeos. Las tendencias de todos ellos son similares: el PSOE se encuentra en cabeza con una amplia ventaja, y por detrás el PP va ligeramente destacado en su pugna con Ciudadanos, mientras Vox y Unidas Podemos se encuentran a poca distancia de la formación naranja.

Los datos de la mayoría de los sondeos son similares a los que publicó el CIS a principios de abril, con un trabajo de campo realizado en marzo pero con una muestra mucho mayor que la que suelen utilizar las encuestas de los institutos privados. No obstante, pese a que el CIS varió de nuevo su cocina para tratar de ser más preciso, editoriales de El Mundo o de El Español hicieron duras críticas a un barómetro El Mundo que luego se ha demostrado muy similar a las encuestas que esos mismos medios publicaron días después.

En un editorial, El Mundo aseguró tras aparecer el barómetro que "el CIS se hunde en el descrédito", afirmó que "es casi imposible dar valor científico al barómetro" y tachó los sondeos del instituto público de "burla". Por su parte, El Español escribió en su propio editorial que la lectura "clara" del estudio del CIS es que "infló a Vox y le dio más de un 10% de los votos -en concreto, un 11,9%-, para que el PSOE pudiera justificar que el partido de Santiago Abascal participe en el debate a cinco al que finalmente acudirá Pedro Sánchez", un debate en el que finalmente la Junta Electoral le prohibió participar.

  PSOE

El barómetro del CIS estimaba el número de escaños de los socialistas con la horquilla más grande de todos los partidos: entre 123 y 138 actas, 15 de diferencia entre la proyección más pesimista y la más optimista. Y, con ese rango tan amplio, la mayor parte de los sondeos analizados estimaron resultados muy próximas a los del CIS. Los de Sociométrica (para El Español) y 40dB (para El País), por una parte, e IMOP (para El Confidencial), por otra, pronosticaron que el PSOE obtendrá 126 y entre 123 y 137 escaños, respectivamente. Y Sondaxe para La Voz de Galicia elevó esta proyección hasta las 137 actas, dentro en cualquier caso de la horquilla prevista por el CIS.

De entre los sondeos que ofrecieron sus propios rangos de diputados, el de Sigma Dos para El Mundo fue el que pronosticó un resultado más similar al del CIS: entre 122 y 133 escaños para los socialistas. Celeste Tel para eldiario.es estimó entre 119 y 123, mientras Metroscopia proyectó en 20 Minutos que el PSOE conseguirá entre 115 y 128 sillones, y GAD3 para Abc situó la horquilla entre 134 y 139.

La única encuesta que no coincidió en ningún punto con la horquilla planteada por el CIS fue la de NC Report para La Razón, que estima entre 116 y 118 escaños para los socialistas.

  PP

En comparación con los sondeos de casas demoscópicas privadas aparecidos en los últimos días en los que está permitido publicar encuestas, el CIS fue extremadamente pesimista con los resultados del PP. El instituto público estimó que los conservadores obtendrán entre 66 y 76 escaños, una horquilla amplia que, no obstante, no coincide en ninguno de sus puntos con las estimaciones planteadas por tres de los sondeos analizados. La proyección de GAD3 para Abc es de entre 81 y 86 actas, la de Celeste Tel para eldiario.es eleva esa cantidad a entre 93 y 99 y NC Report en La Razón da al PP entre 100 y 103 sillones.

La única encuesta que ofrece una estimación casi calcada a la del CIS para el PP es la de IMOP para El Confidencial, que pronostica de 68 a 78 diputados para los conservadores. El resto, incluso las que más se acercan a la estimación del instituto público, no son especialmente próximas a ella: Metroscopia en 20 Minutos proyectó entre 76 y 88 actas –la parte baja de la horquilla coincide con la alta del CIS–, mientras Sigma Dos estima en El Mundo que serán entre 74 y 86 los escaños del PP. Las más próximas son las de Sociométrica en El Español –75 diputados para los conservadores– y Sondaxe en La Voz de Galicia –que rebaja la cifra hasta los 71–.

  Ciudadanos

Entre 42 y 51 escaños pronosticaba el CIS en su barómetro preelectoral para Ciudadanos, y la mayor parte de las encuestas del 21 y el 22 de abril analizadas ofrecen estimaciones en la misma línea. La más optimista con la formación de Albert Rivera es la de Sigma Dos para El Mundo, que proyecta un máximo de 56 actas y un mínimo de 48 para la formación naranja, y hay otros tres sondeos que ofrecen una cifra máxima de diputados para Ciudadanos mayor que el CIS: el de Metroscopia para 20 Minutos (entre 44 y 53), el de IMOP para El Confidencial (de 48 a 52) y el de Celeste Tel para eldiario.es (entre 49 y 52).

Todas las demás encuestas entran dentro del rango planteado por el barómetro del instituto público, y varios de ellos afinan bastante más su proyección. Es el caso, por ejemplo, de GAD3 para Abc, que coincide en un mínimo de 42 sillones pero fija el máximo de Ciudadanos en 44 escaños. La Razón (NC Report) y La Voz de Galicia (Sondaxe) coinciden en estimar 50 diputados, uno más de los 49 que reflejan 40dB para El País y Sociométrica para El Español.

  Unidas Podemos

Algo más reducida es la horquilla de escaños que estimaba el CIS para la coalición de Unidas Podemos. El instituto público otorgaba en su estimación entre 33 y 41 escaños a la formación morada, y la mayor parte de las encuestas ofrecen rangos coincidentes. Las excepciones son la de GAD3 para Abc, que estimaba 27 diputados para Unidas Podemos, y la de IMOP para El Confidencial, que proyecta entre 35 actas, en el escenario más pesimista, y 42 sillones –uno más que el CIS– en el más optimista. Por su parte, Sigma Dos para El Mundo amplía la horquilla y pronostica entre 30 y 41 parlamentarios.

Las estimaciones del resto de los sondeos entran en la misma horquilla que el CIS. Metroscopia en 20 Minutos proyecta entre 32 y 37 escaños para Unidas Podemos, mientras que la encuesta de eldiario.es lleva este rango hasta los entre 38 y 40 parlamentarios, que son entre 34 y 41 en el sondeo de La Razón. Por su parte, Sondaxe (La Voz de Galicia) y 40 dB (El País) coinciden en pronosticar 33 diputados para la coalición morada, y El Español eleva esta cifra hasta los 38.

  Vox 

Indudablemente, el partido que genera una divergencia mayor entre los diferentes sondeos analizados es Vox. El barómetro del CIS otorga al partido ultraderechista entre 29 y 37 diputados, pero solo tres encuestas coinciden con la horquilla del instituto público y hay otros que sostienen que Vox ni siquiera llegará a la veintena de escaños. Las proyecciones que más se parecen a la del CIS son la de GAD3 (30-32 actas) y las de 40dB y Sociométrica (32 y 36 sillones, respectivamente).

Por su parte, los sondeos publicados en 20 Minutos y El Mundo coinciden solo parcialmente con el barómetro del CIS, ya que dan entre 20 y 36 y entre 20 y 32 diputados a Vox, respectivamente. Y otros cuatro discrepan completamente con el instituto público: El Confidencial proyecta entre 23 y 28 diputados; eldiario.es, entre 14 y 18; La Voz de Galicia le da 28 actas y La Razón, solo 13 o 14 parlamentarios.

Tras la cita con las urnas del próximo domingo, que supondrá el acceso de la ultraderecha al Congreso de los Diputados, Vox tendrá que afrontar su segundo asalto electoral en las elecciones europeas, autonómicas y municipales. Este miércoles, las diferentes Juntas Electorales han publicado la relación de candidaturas presentadas por los diferentes partidos políticos de cara a los comicios del próximo 26-M. Y, a nivel local, el partido liderado por Santiago Abascal estará ausente en la gran mayoría de municipios españoles. Vox sólo ha presentado sus listas en 756 de las 8.129 localidades. Es decir, que sólo recogerá votos en un 9,26% de los consistorios. Eso sí, no hay una sola capital de provincia donde la formación de extrema derecha no haya registrado candidatura para la cita con las urnas. Además, los de Abascal también competirán por controlar los consistorios de la docena de municipios con más de 300.000 habitantes, la mayoría de ellos controlados desde 2015 por formaciones de izquierdas.

Vox apuesta con firmeza por la Región de Murcia, donde presenta lista en 27 de los 45 municipios que la conforman –un 60%–, y la Comunidad de Madrid, donde competirá con el resto de fuerzas políticas en el 56% de las localidades –101 de 179–. En Illes Balears, la extrema derecha busca entrar en 23 de los 67 ayuntamientos en liza, lo que supone el 34% del total. Algo menos de presencia tendrá Vox a nivel local en comunidades autónomas como Andalucía, cuyas elecciones del pasado 2 de diciembre dieron impulso a la extrema derecha, Asturias, Canarias, Cantabria y Comunitat Valenciana, donde han presentado candidatura en menos de un 25% de los municipios que las conforman. En Castilla-La Mancha, Castilla y León o País Vasco, esa cifra se rebaja a entre el 5% y el 10% de los ayuntamientos en disputa, mientras que en Galicia y Cataluña se sitúa ligeramente por encima del 4%. Aragón, La Rioja y Navarra son los territorios en los que menos presencia tendrá a nivel municipal, al concurrir en menos del 4% de los municipios.

Vox, eso sí, es consciente de la importancia que tienen los grandes núcleos urbanos en los próximos comicios. Por eso, aunque en algunos territorios apenas haya presentado candidaturas a nivel municipal, su papeleta sí estará en los colegios electorales de todas las capitales de provincia. Y, por supuesto, en las doce ciudades más pobladas de España, aquellas que superan los 300.000 habitantes. Así, la extrema derecha confrontará con el resto de formaciones por controlar los ayuntamientos de Madrid, Barcelona, València, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Murcia, Palma, Las Palmas de Gran Canaria, Bilbao, Alicante y Córdoba.

Desde los comicios de 2015, ocho de estas ciudades están dirigidas por formaciones progresistas, mientras que sólo tres de estos consistorios –Málaga, Murcia y Alicante– están bajo el mandato del Partido Popular. El Ayuntamiento de Bilbao, por su parte, está controlado por el Partido Nacionalista Vasco.

A continuación, infoLibre analiza la presencia de la ultraderecha en los municipios de las 17 comunidades autónomas.

  Andalucía

En Andalucía, la comunidad autónoma que actuó de trampolín para Vox, la formación capitaneada por Abascal ha presentado candidaturas en 157 de los 785 municipios en liza, es decir, que las papeletas del partido de extrema derecha sólo estarán presentes en un 20% de las localidades andaluzas.

Por provincias, el partido ultra estará algo más desaparecido en los municipios jienenses –han registrado candidatura solo en el 7,22%–. Y algo más visible en los colegios electorales de los malagueños o almerienses, dos territorios en los que consiguió rascar 4 diputados en las pasadas elecciones autonómicas. Pero, en proporción, Cádiz, donde logró dos asientos para el Parlamento andaluz el 2D, es de lejos la provincia en la que Vox será más visible el 26-M. En total, la ultraderecha ha registrado candidatura en el 40% de los municipios gaditanos. Además, la formación de Abascal competirá por controlar los ayuntamientos de Sevilla, Córdoba o Málaga. Los dos primeros están ahora en manos del PSOE. El tercero, por el PP.

   Aragón

Las tres provincias aragonesas reúnen un total de 731 municipios, repartidos de forma bastante equitativa entre sus tres provincias: 202 en Huesca, 293 en Zaragoza y 236 en Teruel. Y Vox solo presentará candidaturas para las municipales en 28 de ellos, un 3,8% del total, incluidas las tres capitales de provincia. El territorio aragonés con mayor implantación de la ultraderecha es Zaragoza (van a tener candidatos en 19 localidades, el 6,5% del total), mientras que Teruel es donde menos éxito ha tenido Vox a nivel municipal (solo se presenta en dos de los 236 municipios, el 0,85%).

  Asturias

En el Principado la formación liderada por Santiago Abascal sí ha conseguido montar una estructura suficiente como para presentar candidatos en el 16% de los municipios, incluidos la capital, Oviedo, y otras localidades grandes como Gijón. De las 78 localidades asturianas, 13 tendrán candidatos de la ultraderecha en los comicios locales de mayo.

  Baleares

En la misma línea, la implantación de Vox en las Islas Baleares ha sido de las más exitosas de toda España. De los 67 municipios de los que constan las islas, la formación ultraderechista va a tener candidatos en 23 de ellos en las elecciones de mayo, lo que supone un 34% del total. Entre esas localidades está Palma, donde Vox presentará uno de sus candidatos más conocidos, el general retirado Fulgencio Coll, ex jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra.

  Canarias

Por el contrario, la capacidad de la extrema derecha para penetrar en el otro archipiélago, el canario, ha sido dispar. Mientras en la provincia de Las Palmas de Gran Canaria Vox presentará listas en 11 de los 34 municipios, en la de Santa Cruz de Tenerife solo habrá dos localidades de las 54 que componen la provincia con candidaturas ultras. En total, en un 15% de los 88 municipios canarios se podrá escoger el próximo mayo una lista de Vox, pero su dificultad para conseguir cuadros la demuestra el hecho de que su candidato a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, Andrés Alberto Rodríguez, también vaya a formar parte de la lista para las generales.

  Cantabria

El porcentaje de municipios cántabros que tendrán lista de Vox en las próximas elecciones autonómicas de mayo será del 11,7%, ya que la ultraderecha ha conseguido armar candidaturas en 12 de las 102 localidades de la comunidad. Entre ellas se encuentra la capital, Santander, donde Vox presentará como candidato a Guillermo Pérez Cosío.

  Castilla y León

En Castilla y León, Vox sólo confrontará electoralmente por controlar 128 de los 2.248 municipios en juego para el próximo 26 de mayo. Es decir, su papeleta sólo se verá en el 5,69% de las localidades castellanoleonesas, entre las que se encuentran las nueve capitales de provincia.

Por provincias, la formación de extrema derecha presenta candidatura para menos del 10% de los ayuntamientos palentinos, burgaleses, zamoranos, sorianos, segovianos, abulenses y salmantinos, siendo en esta última provincia donde está más desaparecido –ha registrado listas en menos del 1% de los municipios de Salamanca–.

Por el contrario, Vox ha presentado candidaturas en un 10% de las localidades vallisoletanas y en un 18% de las leonesas, y eso que en los últimos meses la formación de extrema derecha en León afronta una importante crisis interna tras la publicación de unas grabaciones en las que se supuestamente se escucha a uno de sus dirigentes asegurar que el portavoz de la Fundación Franco les ayudó a financiarse.

  Castilla-La Mancha

En suelo castellanomanchego, el partido que lidera Santiago Abascal ha registrado candidaturas en el 9% de las localidades –82 de 919–. La mayoría de ellas, 45, se han registrado en la provincia de Toledo, donde Vox estará presente en los colegios electorales de un 22% de los municipios toledanos. Algo menos de presencia tendrá en Ciudad Real, donde la formación de extrema derecha sólo competirá en un 11,76% de los municipios de la provincia.

Más desaparecido estará el nombre de Vox en las papeletas para las municipales en Albacete, Cuenca o Guadalajara. En la primera provincia, los de Abascal han registrado listas para el 5,75% de los consistorios. En la segunda y tercera, ese dato cae por debajo del 4%. Eso sí, el partido disputará los ayuntamientos de todas las capitales de provincia.

  Cataluña

Mucho peor le ha ido a la ultraderecha en Cataluña, donde Vox no parece haber podido penetrar demasiado en el territorio para aglutinar el voto nacionalista español. Solo el 4,5% de los 947 municipios de la comunidad tendrán lista de la formación liderada por Santiago Abascal, y la mayoría de ellos –28 de los 43– se encuentran en la provincia de Barcelona, en la que Vox presentará candidatura en el 9% de las localidades. Especialmente pobre es su presencia en Lleida y Tarragona, donde no llegarán al 2% el número de municipios con lista de la ultraderecha en sus colegios electoreles.

  Extremadura

 En territorio extremeño, las listas de Vox para las elecciones locales rozan la treintena, lo que supone que el partido de extrema derecha solo presenta candidatura en el 8% de los municipios de la región –388–. En proporción, la formación ultraderechista llegará a un 11% de las localidades de Badajoz –18 de 165– y a menos del 6% de las de Cáceres –13 de 223–. Por supuesto, entre los ayuntamientos por los que competirá Vox se encuentran los de las dos capitales de provincia. En Cáceres, encabeza la lista el abogado Teófilo Amores. En Badajoz, el número uno para el consistorio es Alejandro Vélez, que entre 2003 y 2008 se presentó para el Congreso, Parlamento Europeo y los ayuntamientos de Badajoz, Almendralejo y Talayuela de la mano del partido neonazi Democracia Nacional y el Partido por la Libertad Manos Limpias.

  Galicia

Cifras similares de implantación tiene Vox en Galicia, donde solo el 4% de los municipios tendrán lista de la formación, entre ellos todas las capitales de provincia y también ciudades como Santiago de Compostela, Vigo, Ferrol o Vilagarcía de Arousa. De los 313 concellos gallegos, la ultraderecha aspira a conseguir representación en 13 de ellos, y sus mejores datos de penetración los obtiene en Pontevedra, donde tendrán candidatura en el 8% de los municipios.

  La Rioja

La comunidad autónoma menos poblada de España es también donde Vox ha conseguido un menor grado de implantación territorial, a tenor del número de candidaturas que presentará en las elecciones. Apenas en un 3% de los municipios riojanos habrá papeletas de la ultraderecha en las elecciones locales, un total de cinco localidades de las 174 que tiene La Rioja.

  Comunidad de Madrid

El caso madrileño es justo el contrario que el riojano. La región tiene prácticamente el mismo número de municipios –un total de 179–, pero que es uno de los fortines de Vox lo demuestra el hecho de que la ultraderecha presentará listas en 101 de ellos: el 56,42%. Entre ellos, obviamente, se encuentra la capital, donde las encuestas ofrecen a Vox muy buenas perspectivas electorales y donde el candidato será el también secretario general y número dos del partido, Javier Ortega-Smith.

  Navarra

En la comunidad foral, por el contrario, las cifras de Vox vuelven a ser muy pobres. La formación ultraderechista solo ha conseguido armar candidaturas en ocho de los 272 municipios de Navarra, lo que supone que solo aspira a entrar en el 2,9% de los ayuntamientos. Entre esos consistorios se encuentran los de Pamplona, Tudela y Estella, y también el de la localidad de Alsasua.

  País Vasco

Cifras levemente mejores de penetración obtiene Vox en Euskadi, donde en cualquier caso solo podrá presentar candidaturas en el 6% de los municipios vascos, entre ellas las tres capitales. Bizkaia es la provincia donde mejor le ha ido a la ultraderecha a la hora de buscar candidatos, ya que aspira a colarse en 10 de los 112 ayuntamientos de la provincia, un 9%. En Álava, Vox presenta lista en cuatro consistorios, el 8% del total, entre los que se encuentra Amurrio, el pueblo natal de Santiago Abascal. Y en Gipuzkoa esta cifra se reduce hasta el 3,4% y son solo tres las localidades en las que habrá candidatura ultraderechista.

  Región de Murcia

Por el contrario, los mejores datos de implantación de Vox en toda España se producen en la Región de Murcia, donde la formación ultra tendrá presencia en los colegios electorales de 27 de los 45 municipios. Son el 60% del total, y las listas de las tres localidades más pobladas de la región –Murcia, Cartagena y Lorca– estarán encabezadas por tres mujeres: María Inmaculada Ortega, María José López y Marisa Arcas.

  Comunitat Valenciana

Vox aspirará a una representación mucho más modesta a nivel local en la Comunitat Valenciana, donde solo presentará candidaturas en el 10% de los municipios. La provincia de Alicante es en la que más capacidad de penetración ha tenido la ultraderecha, que tendrá listas en 19 de las 141 localidades, el 13,5%. Por el contrario, en Castellón Vox solo ha sido capaz de reunir cuadros suficientes como para armar planchas en nueve municipios, menos del 7% del total.

El expresidente de la Comunidad de Madrid Ángel Garrido arruinó ayer un momento dulce al líder del PP. Cuando Pablo Casado se disponía a inaugurar un día de actos en Andalucía tras un segundo debate televisado en el que se encontró más cómodo y más en su papel de líder de la oposición que en el de TVE, a la dirección nacional del partido le llegó por la prensa la noticia de que fichaba por Ciudadanos. No se trataba de un gesto menor por mucho que desde sectores del partido se tratara de minimizar. Garrido, que había sido designado número cuatro del PP a las elecciones europeas, aceptaba pasarse al partido naranja, donde se le había prometido el puesto número 13 por la Asamblea de Madrid. Esto ocurría el mismo día que el Boletín Oficial del Estado publicaba las listas al Parlamento Europeo para los comicios del 26 de mayo.

En el PP sostienen que el golpe de la marcha de Garrido es bastante más digerible que el que hubiese supuesto el portazo de cualquier miembro de la dirección nacional. O de los pocos marianistas que quedan en las listas a las elecciones generales. Pero su fuga, a cuatro días del 28A, alimenta la sensación de "desbandada", según coinciden dirigentes consultados por infoLibre. "Desbandada" porque en los últimos días no ha sido sólo Garrido quien ha decidido renunciar a su carnet del PP. También lo han hecho otros políticos que, como él, tuvieron su peso en la estructura del PP madrileño en la etapa de Esperanza Aguirre. Es el caso de Íñigo Hernríquez de Luna y Fernando Martínez Vidal, que han sido concejales en el consistorio madrileño y que ahora apuestan por Vox. Pero también del expresidente de Balears José Ramón Bauzá, que irá en la lista de Cs al Parlamento Europeo.

Y "desbandada" también por el temor a que estas bajas de dirigentes vayan acompañadas también por un resultado electoral peor que el que pronostican las encuestas. Por ese miedo a que no sean sólo los dirigentes que se ven desplazados en las listas los que dejan al PP, sino también un electorado al que siempre se ha supuesto muy fiel.

Nadie en el PP de Casado intuía el movimiento de Garrido. El lunes acudió a la sede nacional del partido a firmar la declaración jurada en la que aceptaba ir en la lista europea (él dice que lo hizo hace una semana). Quienes coincidieron con él aseguran que su trato fue cordial y que parecía contento con dar el salto al Parlamento Europeo. 

"Rencor" e "injusticia"

Su cabreo con Casado por haber apostado por Isabel Díaz Ayuso como candidata en vez de por él no era ningún secreto en el partido. Él mismo había admitido en público que se había llevado un buen chasco. Pero el hecho de que hubiese sido recompensado con un puesto en la lista al Parlamento Europeo, candidatura para la que ha habido verdaderos codazos en el PP, hacía pensar que las heridas habían empezado a cerrarse.

En este contexto, los dirigentes del PP de Madrid consultados por este periódico recurren a una palabra para explicar este portazo: "rencor". Según estas mismas fuentes, Garrido llevaba desde que fue descartado como candidato quejándose amargamante de que con él se había hecho "una injusticia". "No entendía como Díaz Ayuso, más joven que él, que había estado a sus órdenes y que tenía menos experiencia había logrado imponerse", relata un diputado conservador en la Asamblea de Madrid. "Sólo desde el rencor se entiende que prefiera ser número 13 a la Asamblea de Madrid que cuatro al Parlamento Europeo", añade.

En Génova 13, cuartel general de los conservadores y que también alberga la sede del PP de Madrid, una de las palabras que más se escuchaba a la hora de resumir el episodio protagonizado por Garrido es"deslealtad". Por no haber tenido el valor de informar a Casado y por haber aceptado el puesto en la lista europea que ahora debe rechazar. Le afean, además, que se vaya una vez que ha logrado incluir a personas de su confianza en la lista del Ayuntamiento de Madrid y en un par de municipios de la Comunidad.

Garrido aseguró que se va al partido que "mejor representa los valores del centro liberal" y que lo hacía "por principios". En su entorno subrayan que no estaba cómodo con la forma en la que algunos de sus compañeros se estaban acercando a Vox.

Tapar "un mal debate" de Albert Rivera

En el PP, que están convencidos de que Ciudadanos anunció este miércoles el fichaje de Garrido para tapar "un mal debate de Albert Rivera" en Atresmedia, no ocultan que Ayuso puede salir "algo perjudicada" de esta maniobra. Pero confían en que los votantes sepan castigar este episodio de transfuguismo. "No sé si hay alguien de Ciudadanos en la lista de Ciudadanos", dijo con ironía el número dos del PP, Teodoro García Egea. "Hay mucha gente que dedica mucho tiempo a trabajar por el PP y que se merece más que Garrido ir en esa lista electoral [la de las europeas]", remató.

La candidata madrileña ha protagonizado no pocos episodios polémicos. Los últimos, el relacionado con contar con los no nacidos como miembros de la unidad familiar y esas declaraciones, de este mismo miércoles, en las que echaba de menos los atascos en las noches de los fines de semana desde la entrada en vigor del protocolo Madrid Central, que restringe la entrada de vehículos en los barrios del centro de la capital.

PP, segunda fuerza en las encuestas; Cs, cuarta

Según la última encuesta de Telemadrid, el PSOE de Ángel Gabilondo sería el ganador de las autonómicas con el 24,7% de los votos, mientras que el PP de Ayuso, con un 22%, era la segunda fuerza, pero con posibilidades de un pacto a la andaluza con Cs y Vox.

En el mismo sondeo, Vox adelantó a Ciudadanos (14,9%) y con el 17,2%de intención de voto, se ubicaba como tercera fuerza política en la Comunidad de Madrid tras PP y PSOE. 

'Aguirristas' que aguantaron con Rajoy... pero que se van del PP de Casado

Las últimas fugas de Casado –Garrido, Henríquez de Luna y Martínez Vidal– tienen en común el partido del PP de Madrid, la formación regional en la que el líder de los conservadores se estrenó en política, de la mano de Esperanza Aguirre. Si a Casado se le puede considerar aguirrista, lo mismo se puede decir de muchos años de la carrera de Garrido –aunque después acabaría sustituyendo a Cristina Cifuentes–, Henríquez de Luna y Martínez Vidal.

Henríquez de Luna fue durante años el líder del PP del distrito madrileño de Salamanca, uno de los principales caladeros de votos del partido conservador. Pese a que por su cargo no debería haber tenido un protagonismo especial en las filas conservadoras, se hizo famoso en 2008, en los meses previos al XVI Congreso Nacional del PP, cuando Rajoy, en sus horas más bajas de liderazgo, esquivaba zancadillas de quienes no querían que fuese elegido presidente del partido. De Henríquez de Luna partió una enmienda a la ponencia de Estatutos para que los líderes del partido fuesen elegidos por el sistema de primarias, un golpe a la forma en la que iba a ser reelegido Rajoy. Pese a que Aguirre negó ser la autora intelectual de este movimiento a favor de las primarias en el seno del PP que ella presidía, sí admitió verlo con "simpatía". 

Henríquez de Luna parecía llamado a sustituir a Aguirre como portavoz del PP en el consistorio madrileño cuando ésta dejó la polémica en plena ebullición de la operación Púnica y de otros escándalos de corrupción que se habían gestado mientras ella estaba al frente de los conservadores madrileños. Había sido el número dos de la lista. Al final se impuso José Luis Martínez-Almeida, también de la confianza de Aguirre, y ahora candidato al consistorio. Tiene una excelente relación con Pablo Casado y es uno de los rostros de la "renovación tranquila" impulsada por el líder del PP de la que tanto hablan en Génova. Hoy Henríquez de Luna ya está en Vox, el partido del exmilitante del PP Santiago Abascal, por no haber encontrado acomodo en la listas, según interpretan en el partido.

Valores de quita y pon

"Hay algunos para los que los valores dependen del puesto de la lista en el que les pongan", reaccionó García Egea el martes en rueda de prensa preguntado por los casos de Henríquez de Luna y Martínez Vidal.

Garrido, Henríquez de Luna y Martínez Vidal estuvieron del lado de Esperanza Aguirre en uno de los momentos más delicados del PP de Madrid. Era octubre de 2009 y el por entonces vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, había concedido una entrevista a El País en la que, con la crisis por la presidencia de Caja Madrid como telón de fondo, señalaba que "los cercanos a Aguirre" habían puesto a Rodrigo Rato "en un escaparate de cloacas y ambiciones".

Las declaraciones le costaron a Cobo un expediente de suspensión temporal de militancia, pero el PP de Aguirre intentó que Cobo dimitiera. Fue el ahora fichado por Ciudadanos el que puso sobre la mesa esta petición que fue sometida a votación en el Grupo Municipal. La perdieron por 13 votos frente a 19. Entre quienes votaron a favor estaban Garrido, Henríquez de Luna y Martínez Vidal.

Un histórico dirigente del PP no oculta su sorpresa por el hecho de que estos dirigentes, que no dieron un portazo al PP de Rajoy, lo den ahora cuando el presidente del PP es Pablo Casado, "el preferido de Esperanza Aguirre" y el que ha logrado que "Aznar vuelva a sentirse del PP". En línea con las declaraciones del secretario general del PP, la misma fuente se pregunta dónde están las lealtades de estos excompañeros de partido que deciden irse a otras formaciones cuando no han logrado los cargos a los que aspiraban.

Con los comicios generales a la vuelta de la esquina, la campaña electoral roza su fin. Los debates celebrados este lunes y martes han congregado parte de las propuestas de cada candidato en la lucha por la Presidencia del Gobierno, pero muchos temas también se han quedado fuera. Pese al espacio para detallar sus principales medidas ante las cámaras, los principales partidos dejaron por el camino materias sin abordar, como ocurrió con la política exterior, la cultura o el medio ambiente.

No obstante, los partidos sí dedican espacio en sus programas electorales a las estrategias internacionales, el fomento de la cultura o la lucha contra el cambio climático. Estas son algunas de las medidas que proponen sobre el papel.

  Política exterior: Europa, 'Brexit' y Venezuela

La política exterior por la que apuesta el PSOE gira en torno a dos objetivos: la construcción de una “Europa con fuerte dimensión social” y el establecimiento de una “gobernanza mundial multilateral efectiva, justa, sostenible, democrática y tendencialmente supranacional”. A nivel europeo, y con el objetivo de ganar “liderazgo e influencia”, los socialistas desarrollarán tres grandes propuestas: un seguro europeo del desempleo, la creación de un ejército europeo y la puesta en marcha del pilar europeo de derechos sociales.

Dentro de la política comunitaria, apuesta por impulsar una “política migratoria europea basada en los principios de solidaridad y responsabilidad”, además de promover una “política comercial europea progresista e inclusiva”. Los socialistas planean elaborar la llamada Estrategia Española de Integración Europea y, en el ámbito bilateral, reforzar la relación con Portugal a través de tratados de cooperación. Sobre el Brexit, el PSOE “apoyará todas las iniciativas del Gobierno socialista durante la próxima legislatura encaminadas a proteger a los sectores productivos” frente a sus efectos, a partir de planes de contingencia, “para consolidar la capacidad exportadora” de las empresas españolas.

En cuanto a gobernanza mundial, el partido de Pedro Sánchez cree importante promover la reforma del sistema de Naciones Unidas, con el objetivo de blindar “la coherencia de las actuaciones de todas las agencias, organizaciones y programas” y cumplir así con los objetivos de la Agenda 2030. También se inclina por reformar el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, para “hacerlo más eficaz y operativo” e impulsará el establecimiento de una asamblea parlamentaria de Naciones Unidas. 

Respecto a Iberoamérica, el PSOE dice tener la voluntad de “prestar especial atención a las relaciones con Cuba y con países en clara deriva autoritaria como Nicaragua y Venezuela”, para propiciar un “proceso pacífico”. Otras medidas en cuanto a política exterior tienen que ver con el “reconocimiento del Estado palestino” por parte de los países miembro, la promoción de una solución del conflicto de Sáhara Occidental o el impulso en el diálogo con China.

Parte de las acciones defendidas por el PSOE son compartidas por el PP. Es el caso de la intención de “promover la democracia en Venezuela”, aunque los conservadores van un paso más allá y hablan de reconocer como legítimo el gobierno de Juan Guaidó. Éste es, de hecho, el primer punto del programa en materia de acción exterior. A Venezuela le sigue Cuba. “Apoyaremos a los demócratas de Cuba para impulsar una transición política que permita dar paso a una democracia”, sostiene la formación.

El equipo de Pablo Casado apuesta además por recuperar el modelo de Marca España, “que ha demostrado ser un éxito al servicio de la sociedad y de la internacionalización de las empresas”.

Respecto a la Unión Europea, los conservadores tratarán de reforzar el papel del país y sus intereses ante los retos que plantea la comunidad, como la Salida del Reino Unido o la lucha global contra el terrorismo. También insisten en defender la posición española con respecto a Gibraltar: “Dejaremos absolutamente claro que no se podrá realizar ningún tipo de acuerdo desde la UE sobre Gibraltar sin el consentimiento del Reino de España”.

El PP se marca como objetivo promover la reforma de la euroorden, dice, “tanto para los delitos de sedición y rebelión sean reconocidos como para acelerar su proceso interno de decisión”. Asimismo, prometen defender la “prioridad de la relación trasanlántica” y promoverán una política común de defensa que permita a la UE “hacer frente a los retos geopolíticos, estratégicos y globales por la defensa de los valores occidentales”.

De la misma manera que el PP tiene bien presente a Cataluña en sus propuestas en suelo europeo, Ciudadanos mantiene una postura muy similar. “Reformaremos la euroorden para que la libre circulación de personas no pueda ser utilizada por quienes huyen de los tribunales”, lanza el equipo de Albert Rivera. También promete reformar la Ley de la Acción y del Servicio Exterior “para frenar la proliferación de embajadas autonómicas” y declarar el cierre de las que “no sean necesarias”.

Respecto al Brexit, la formación naranja dice disponer de los “preparativos necesarios” para afrontar sus efectos y de esta manera garantizas una “transición ordenada que aminore” sus consecuencias negativas, “sobre todo si se produce sin acuerdo”.

Con la mirada puesta en Venezuela, Ciudadanos cree importante defender “los derechos de los exiliados venezolanos que huyen de la miseria y la persecución de la tiranía de Nicolás Maduro”. Exigirán, además, a la UE la prórroga y el endurecimiento de las sanciones impuestas “al régimen de Maduro y a sus responsables y colaboradores”, como por ejemplo la prohibición de viajar por territorio comunitario o la congelación de activos.

La postura de Unidas Podemos en torno al Brexit tiene que ver con no aceptar acuerdos que desprotejan a los españoles en Reino Unido. En cuanto al encaje de España en la UE, el partido morado promete defender un modelo de bienestar basado en los derechos sociales y la acción contra la austeridad y el auge de la extrema derecha en el continente.

“El Gobierno exigirá, para ello, el fin inmediato de las políticas de austeridad que han arrasado el tejido social de nuestras sociedades”, dice Unidas Podemos en las páginas de su programa. Y para ello, la receta que propone tiene que ver con la “relajación inmediata de los corsés fiscales impuestos por Bruselas” o la adopción de planes comunitarios de inversión pública y social. Nada dice, el equipo de Pablo Iglesias, sobre Venezuela.

  Fomentar la cultura propia

La cultura no estuvo exenta de debate en la emisión de Atresmedia, pero su presencia fue mínima. Preguntados por medidas culturales con motivo del Día del Libro, los candidatos dieron algunas pistas sobre sus políticas culturales. Casado defendió una Ley de Mecenazgo a la que se sumó Rivera, mientras que Iglesias se centró en los trabajadores culturales y Sánchez abogó por que recibir una pensión sea compatible con ejercer la literatura.

En su programa electoral, el PSOE aborda la cultura como “política de Estado”. En ese sentido, plantea un pacto de Estado por la cultura “que proteja e impulse la actividad cultural”. Cree importante además mantener la independencia del Ministerio de Cultura para “mejorar su organización y funcionamiento”. Los socialistas quieren, asimismo, aumentar “de manera progresiva” el presupuesto para la cultura y aprobar una ley específica para el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. 

En cuanto a la creación de organismos, apuesta por impulsar un Consejo Estatal de la Cultura y la Propiedad Intelectual, refundar la Filmoteca Española, poner en marcha una Casa de la Traducción o crear una Oficina de Derechos de Autor, entre otros. También menciona una nueva Ley de Mecenazgo y completar el desarrollo del Estatuto del Artista con “propuestas laborales”. Pedro Sánchez señala la importancia de impulsar una nueva política audiovisual, con el objetivo de “adaptar y crear instrumentos que respondan a sus necesidades, avances y retos”.

Además de la mencionada Ley de Mecenazgo, el PP apuesta también por crear una Fiscalía especializada en la protección de la propiedad intelectual. Los conservadores se inclinan igualmente por apoyar lo que denominan un “marco estable de financiación de la industria del cine” y en desarrollar el Estatuto del Artista. Los de Pablo casado también desarrollarán un Plan de Mejora de Museos, Archivos y Bibliotecas y reforzarán el Plan Nacional de Tauromaquia “para que extienda el conocimiento y difusión del arte taurino y potencie el conjunto de actividades alrededor de esta importante tradición”.

“Cuidar” de la cultura y “proteger” a los creadores es el propósito que se marca Ciudadanos en su programa electoral. En este punto, la primera medida apunta a la aprobación de una Ley de Mecenazgo que “reconozca y premie a quienes invierten en el interés general”. Coincide en la necesidad de reforzar los instrumentos destinados a “proteger la propiedad intelectual” y, en añadido, “luchar contra la piratería”. Propone juzgados especializados para perseguir los delitos contra los derechos de autor. También apoyará, dice el partido en su programa, la producción de obras audiovisuales españolas y prevé atraer rodajes extranjeros. ¿De qué forma? Estableciendo, afirma, incentivos y facilitando los trámites administrativos.

La formación naranja quiere, finalmente, crear un Centro Nacional de Danza, un Centro Nacional de Fotografía y una Estrategia de Internacionalización de la Cultura y la Lengua Españolas, además de un Plan de Apoyo a la Difusión de la Historia Española.

Sobre el Estatuto del Artista habla de nuevo Unidas Podemos, quien propone un enfoque de protección y defensa de los trabajadores. “La cultura es un sector precario, con un alto porcentaje de falsos autónomos y con problemas muy serios de inestabilidad en el empleo”, lamenta el partido, por lo que tratará de mejorar “el reconocimiento de las enfermedades profesionales y su protección, los periodos de creación y formación, así como la transición profesional al final de las carreras artísticas”.

La formación morada quiere, además, impulsar una red de centros culturales ciudadanos, potenciar la producción de cine en las lenguas del Estado y promover la libertad en internet para una gestión “transparente y limpia de los derechos de autor”. Es fundamental, afirma, “proteger a los autores, a los intérpretes y al resto de titulares de derechos y, al mismo tiempo, fomentar la flexibilidad en los modelos de difusión de la cultura”.

  Medio ambiente y crisis climática

El medioambiente fue otro de los temas ausentes en el debate del martes. De hecho, durante la mañana del miércoles las ONG ambientales reaccionaron a tal laguna y tacharon de “inadmisible” y “decepcionante” que en ninguno de los debates electorales de esta semana los candidatos hayan hablado de medio ambiente y cambio climático.

Aunque no lo hicieron ante las cámaras, sí lo tratan en las páginas de sus programas. El PSOE basa sus propuestas en el anteproyecto de ley aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez en torno al cambio climático y la transición energética, el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y la Estrategia de Transición Justa. Los tres documentos, aseguran los socialistas, “incluyen los principales compromisos para la próxima legislatura en materia de cambio climático y transición energética”, tales como la reducción de un 20% de las emisiones de gases efecto invernadero en 2020 y de un 90% en 2050; el aumento en el peso de las energías renovables hasta un 35% en 2030 o la creciente electrificación del sector transporte.

Los socialistas también se inclinan por impulsar una fiscalidad medioambiental que desincentive la contaminación, impulse el proceso de descarbonización de la economía y favorezca la transición ecológica.

El cuanto al PP, su propuesta pasa por la defensa de “un mix energético que permita cumplir los objetivos de seguridad del suministro, cambio climático y precio de la energía”. En ese sentido, aprovecharán al máximo, prometen, las opciones renovables “sin renunciar a otras tecnologías que aún son útiles a nuestro país”. También creen fundamental la reducción de emisiones que cumpla con los objetivos para 2030 y promoverán un proceso de transición que “tenga en cuenta a los sectores más vulnerables por la transformación a una economía baja en carbono”. Entretanto, potenciarán los mecanismos de ayuda a la industria “para compensar los efectos de las políticas medioambientales y energéticas”.

Los conservadores rechazan de forma tajante las prohibiciones a los vehículos de combustión. Por contra, afirman, “deben ser la evolución tecnológica y las decisiones de los consumidores los marquen el ritmo de sustitución de unas tecnologías por otras”.

En cuanto al partido liderado por Albert Rivera, el programa diseñado para las elecciones generales promete crear una Ley de Cambio Climático y Transición Energética que “garantice la seguridad jurídica y la no dependencia de combustibles fósiles”, además de una Ley de Economía Circular para prohibir los productos de plástico de un solo uso, reducir los descartes alimentarios e incrementar el reciclaje.

Finalmente, Unidas Podemos entiende fundamental acabar con el fraking “debido a las consecuencias irreversibles de esta práctica de extracción”. También prometen atajar la contaminación del aire extendiendo, dicen, “el modelo de éxito de Madrid Central a otras ciudades con problemas de contaminación”.

Implementarán además medidas fiscales para “avanzar hacia un horizonte verde”, bajando el impuesto de matriculación y circulación a los coches híbridos y eléctricos; reformando el IRPF para establecer desgravaciones por el uso de abonos de transporte público y estableciendo un impuesto a las empresas energéticas que grave la producción de energías no renovables. En este apartado, el partido morado creará una Vicepresidencia de Transición Ecológica y Nuevo Modelo Industrial para dirigir y coordinar todas estas reformas.

Los expertos en comunicación política tienen más criterio y argumentos para valorar en fondo y forma los dos debates (ver aquí y aquí). Parece claro que, salvo errores enormes, no suelen mover sensiblemente el voto. Pero vivimos instalados en la incertidumbre, el ruido, la desinformación, la indecisión o el voto oculto. Resulta curioso que asistamos a una especie de recuperación de la fe en las encuestas precisamente cuando más mentiras circulan en la conversación pública. ¿Acaso no engañarán los encuestados, aunque lo hagan en un porcentaje inferior al del engaño al que los someten sus representados? Lo sabremos el domingo. Nos jugamos bastante más que el éxito o fracaso de opciones y candidatos. Se trata de pulsar el botón acertado en este cambio de época que nos toca vivir. “La libertad, la igualdad, la justicia y la bondad son valores imprescindibles para un progreso social que no puede humillarse ante la mentira, el insulto, el racismo, el machismo y la avaricia”, reza un manifiesto intergeneracional titulado ’28 de abril. Tú decides’ (ver aquí). Yo lo he firmado. Y actuaré en consecuencia. Me preocupa mi país y no me perdonaría dejar a mis hijas una democracia tan espectacular como vacía.

Cinco expertos en comunicación política aportan sus reflexiones al hilo del debate de este martes. Sus impresiones, aunque hay matices y diferencias, apuntan a una coincidencia mayoritaria en torno a tres ideas: Pedro Sánchez (PSOE) sale vivo; Albert Rivera (Cs) abusa del efectismo, sacrificando perfil de estadista, carril que sabe recorrer Pablo Casado (PP); Pablo Iglesias (Unidas Podemos) aprovecha las distracciones de sus oponentes en el juego en el fango para posar como moderado, si bien no está claro el beneficio demoscópico. Nada lo está en realidad. Y más cuando el quinto candidato en discordia, Santiago Abascal (Vox), cuyo empuje es una incógnita envuelta en un misterio encerrado en una duda, no participa.

Cada uno su guión

La politóloga Guadalupe Talavera, consultora en Dialoga, afirma que aunque "el formato elegido de Atresmedia, a diferencia de RTVE, comenzó siendo una entrevista a cuatro para fomentar el debate", el resultado final fue el mismo: "Mucho ruido y poco debate". "A pesar de haber tenido 24 horas de diferencia respecto al debate de RTVE, se han vuelto a reproducir los mismos esquemas que en el primero", explica. Estos esquemas son, a su juicio: "Rivera sigue sorprendido con lo que es capaz de llevar debajo del atril. Esta vez no sólo ha sacado un segundo cuadro de foto, sino que además ha traído la tesis de Sánchez. El candidato del PSOE vuelve a sacar la máquina de la verdad y entra en una discusión sobre quién es el candidato más mentiroso de la derecha. Casado se ha hecho experto en el uso de argumentos ad hominem contra Sánchez y los argumentos del miedo han formado parte de sus intervenciones (Venezuela y Otegui han vuelto a la agenda de campaña). Y un Pablo Iglesias que ha vuelto a ser la pieza moderadora, haciendo la labor de los presentadores, y seria del debate".

¿El resultado? "Cada candidato ha venido a hablar de su libro y a competir por la bolsa de voto indeciso que le interesa". En el caso de Iglesias, "ha dejado claro que sabe que no tiene opciones de presidir Moncloa y que echa la mano a formar un Gobierno de izquierdas junto con Pedro Sánchez". "Yo soy la opción para que Pedro Sánchez no pacte con Cs", es su mensaje central. Casado y Rivera han protagonizado un debate de “encuentra las siete diferencias”, explica Talavera. "Ayer declaraban no ser adversarios, hoy Rivera sabe que compite por el voto de la derecha contra PP y Vox". Por último, Sánchez "se presenta como el candidato del voto útil contra el tripartito y el freno de la ultraderecha, buscando al votante de centro que antes tenía a Cs como su opción preferida", explica la consultora.

La sorpresa de Iglesias

Al igual que Talavera, César Calderón, director de la consultora Redlines, también vio a Iglesias como el moderado del debate. Pero, en su caso, además se atreve a señalarlo como el participante más "destacado". Calderón escribió en su cuenta de Twitter: "En un debate duro, bronco y en ocasiones incomprensible hemos asistido a la sorprendente resurreción política de Pablo Iglesias". A su juicio, fue un debate con trazas de "gallinero", en el que Rivera abusó del recurso de la interrupción, Sánchez sonó encorsetado y Casado, finalmente, "comenzó a hablar de política". Calderón señala que los rifirrafes entre Casado, Rivera y Sánchez dejaron a Iglesias "terreno libre" para "marcar gol", aunque ni siquiera lo tenía "planeado". "Iglesias está reventando el debate a base de propuestas, futuro, tono sosegado y correr por la calle del medio sin efectismos chorras, juguetitos, carteles ni tontunas", escribió Calderón. A Sánchez lo vio "ausente", a Casado "resucitado" y a Rivera "incomprensible".

Luis Arroyo, presidente de Asesores de Comunicación Política, coincide en la "moderación" de Iglesias, pero duda del efecto . "Pablo Iglesias ha estado distinguido y moderado. Pero, ¿para los suyos?", se pregunta con escepticismo. Sobre los demás, afirma telegráficamente: "Sánchez sobrevive más que bien. Casado recupera. Rivera pierde todo lo de ayer o más".

Rivera, más protagonista que estadista

No lo ve así Jorge Lucena, subcampeón del Campeonato Mundial Universitario de Debate en Español (Cmude) y autor de Manual de debate (Berenice). Si el lunes vio a Rivera peleando sin criterio contra todo, este martes juzgó su actuación mejor enfocada. "Ha gestionado bien la mirada. El formato intercalaba las preguntas de los periodistas y el debate. Esto hace que los oradores se confundan y crean que se dirigen al periodista, como en una entrevista, cuando se deben dirigir a los espectadores. El que más control ha tenido ha sido Rivera, que no siempre, pero sí de forma constante, se ha dirigido al público", explica. Su dominio del medio y su hiperactividad lo han convertido, a juicio de Lucena, en protagonista. Pero ha tenido un coste. "Ha polarizado el debate a costa de interrupciones constantes, que le quitan percepción de hombre de Estado". De los expertos consultados, Lucena es el único que juzga en conjunto favorablemente la labor de Rivera.

Ese rol, el del hombre de Estado, lo ha sabido preservar Sánchez, según Lucena. "Sánchez sale vivo del debate. Y eso, cuando vas en cabeza, es fundamental", afirma, ateniéndose a las encuestas. El gran activo del presidente del Gobierno es precisamente ese, su cargo. "Es el único que puede hacer un discurso de puesta en valor de su gestión. Y lo ha hecho con tranquilidad y naturalidad, que no son fáciles para él. Eso sí, también ha roto el formato con risotadas, muecas, muchos gestos... Dentro de la prudencia, pero lo ha hecho. No han ido todos tan a por él como yo esperaba. Si hubieran ido, quizás habría caído en la trampa. Pero no lo ha hecho. Sale vivo".

Lucena observa que Casado ha estado "peor" que el lunes. A pesar de que luce más como "estadista" que Rivera, ha ido "siempre a rebufo de este". "Es excepcionalmente bueno en su comunicación. Dicción perfecta, comunicación no verbal cuasi perfecta... Su problema es estratégico. No ha conseguido salir del rebufo de Rivera, que además ha intentado marcar diferencias con él presentándose como una derecha más moderada en temas como la eutanasia", expone. En cuanto a Iglesias, Lucena cree que ha jugado con eficacia "la misma baza" que el lunes, la de "no entrar al fango". "Pero, ¿qué pasa? Que en un formato televisivo, de espectáculo, eso te pierde. No le veo sentido estratégico", explica.

El beneficio de Sánchez, Casado e Iglesias

Santiago Martínez, consultor político y media trainer internacional, cree que el debate de este martes fue "más dinámico y atractivo" que el de RTVE, pero tiene dudas sobre quién salió beneficiado. Eso sí, lo seguro es que no fue Rivera, a su juicio. "Es el más retórico. El más hábil. Sus mejores momentos fueron en la improvisación o con los efectos, como al tirar el rollo de papel [con los casos de corrupción del PSOE]. Pero ha fallado en la escenificación. El lunes falló con el ejemplo del silencio, y ahora con el storytelling personal de su minuto de oro. Se le vio acelerado, rápido. No lo dijo pausado. Sonó artificial", explica Martínez. En conjunto, Rivera logró más protagonismo que rédito, lastrado por "la tensión y el nerviosismo, que eran fáciles de apreciar", explica Martínez, campeón nacional de debate en 2007 y 2008

Martínez subraya que en un debate a cuatro no es fácil determinar quién gana. Formalmente puede haber un ganador del debate, pero no tiene por qué ser el que obtenga más beneficio demoscópico. Por eso hay que valorar que el candidato, además de resultar más convincente, deje en el plató un mensaje claro, que resuma su participación y sea potencialmente identificable por los indecisos, auténtico caladero del debate. A esta síntesis se la llama "beneficio personal percibido". Martínez cree que este beneficio es fácil de observar en Sánchez ("justicia social, idea que repitió machaconamente, y el hecho de que él es el freno de la ultraderecha), Casado ("hay coherencia con su eslogan, valor seguro, y una apelación eficaz al electorado de derechas en base") e Iglesias ("él es el que va a controlar al PSOE" para que haga políticas de izquierdas). El problema de Rivera, afirma Martínez, es que este mensaje no está claro en Rivera, que quedó "difuso".

De todos, Martínez cree que el más beneficiado pudo ser Iglesias, que utilizó eficazmente el recurso de la apelación al "sentido común" y dominó mejor que nadie, a juicio del consultor, los aspectos no verbales. "Esa actitud de no alterarse con lo que decían los demás, no meterse en cruces ni reproches, mostrando tranquilidad, midiendo sus gestos también cuando hablaban los demás... todo eso le puede beneficiar, incluso más de lo que se cree".

El debate de Atresmedia acusó el cambio de formato, mucho más abierto al intercambio de golpes. Y expuso a los candidatos a la presión de tener que responder a las preguntas de sus conductores, los periodistas Vicente Vallés y Ana Pastor.

La última oportunidad de medirse en directo antes de la jornada electoral, apenas 24 horas después del primer debate en RTVE, derivó en una confrontación muy áspera, plagada de interrupciones, salpicada de acusaciones de falsedad, en la que Albert Rivera lideró de nuevo la bronca y acabó arrastrando a ella a Pablo Casado y Pedro Sánchez. Pablo Iglesias fue el único que se negó a entrar en ese juego y se mantuvo durante las dos horas que duró la emisión en el terreno de las propuestas.

El líder de Unidas Podemos aprovechó el debate para subrayar el riesgo de que el PSOE termine aceptando un pacto con Ciudadanos y para destacar la importancia de que su formación obtenga un buen resultado y comparta tareas de gobierno con los socialistas, la única manera, insistió, de que Pedro Sánchez no olvide sus promesas electorales. El presidente del Gobierno respondió que no entraba "en sus planes" gobernar con un partido como Ciudadanos, que ha decretado un "cordón sanitario" contra los socialistas.

Los demás siguieron otro camino. Albert Rivera volvió a convertir el atril en un expositor desde el que atizar a Sánchez. Esta vez con una foto enmarcada de Arnaldo Otegi, el líder de EH Bildu, entregando una copia de su tesis al propio Sánchez o exhibiendo una larguísima lista de supuestos casos de corrupción que afectan al PSOE.

Esta vez Pablo Casado no hizo oídos sordos a los ataques del candidato de Ciudadanos y replicó todas sus alusiones. Y apeló abiertamente al voto útil al PP, y no a Vox y a Rivera, como la única manera de impedir que Sánchez acabe gobernando, dijo, "con Podemos y con los separatistas".

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, no se movió del discurso del primer día. Dejó claro que no permitirá un referéndum en Cataluña, llamó a votar al PSOE para impedir una gobierno de las tres derechas —PP, Cs y Vox— y replicó a la entrega de la tesis que le hizo Rivera dejando en el atril del líder de Ciudadanos un ejemplar de un libro de conversaciones de Santiago Abascal, presidente de Vox. También, como parte de su denuncia contra la alianza de las tres derechas, exhibió una carta que supuestamente habrían empezado a recibir empleados de la Junta de Andalucía, presidida por el PP, por decisión de una consejería de Ciudadanos como parte de la estrategia inspirada por Vox para confeccionar listas negras de personas que trabajan contra la violencia de género.

El líder socialista, acosado a veces al mismo tiempo por Casado y Rivera, se enredó muy pronto en la estrategia de las interrupciones puesta en marcha por el líder de Ciudadanos, que también las empleó a fondo contra el candidato del PP. Y, a sabiendas de que Iglesias volvería sobre el tema, intentó zanjar desde el principio las dudas que dejó pendientes el día anterior sobre las posibilidades de que el PSOE pacte con Ciudadanos después de las elecciones. “No entra en mis planes”, dijo, “pactar con un partido que le ha puesto un ‘cordón sanitario”. Una afirmación claramente insuficiente, en opinión de Iglesias, que siguió poniendo en duda que el PSOE no vaya a alcanzar un acuerdo con Rivera como ya hizo en la anterior legislatura.

Rivera y Casado calcaron sus argumentarios contra Sánchez, compitiendo por acusarle de haber pactado con los independentistas —se ha convertido en una “muñeca rusa, en una matriosca”, le dijo el líder del PP en referencia a los soberanistas catalanes y a Bildu—. El líder del PSOE se mostró desde el primer minuto indignado con las acusaciones, insistió en que son falsas y recordó que si hay elecciones el domingo es porque los independentistas, con el apoyo del PP y de Cs, votaron en contra del proyecto de Presupuestos Generales impulsado por su Gobierno.

Blanquear el terrorismo

Casado llegó a acusar al presidente de “blanquear el terrorismo” y el separatismo por “un puñado de escaños”. Si gana Sánchez, añadió, España dejará de ser lo que ha sido hasta ahora las últimas cuatro décadas. "Votar es gratis pero puede salir carísimo”, advirtió en tono sombrío. En la misma línea, Rivera llegó a decir que el líder socialista "es el candidato del terrorista Otegi”.

Las acusaciones mutuas de mentir fueron una constante en algunos momentos, sobre todo en materia económica, en relación con Cataluña y a la hora de discutir el motivo por el que España todavía no cuenta con una ley reguladora de la eutanasia: Rivera propuso un pacto para sacarla adelante, Casado la ignoró, Sánchez acusó a PP y Ciudadanos de bloquear su aprobación en el Congreso e Iglesias se quejó de que nadie hubiese ayudado a Unidas Podemos a sacar adelante la propuesta que su grupo tramitó en la legislatura que acaba de terminar.

La bronca fue de tal calibre que Pablo Iglesias llegó a afear a sus rivales en varias ocasiones el tono y la constantes interrupciones que sobre todo Rivera, pero también Sánchez y Casado, utilizaron para entorpecer a sus interlocutores.

La pugna por los indecisos, los electores que según las encuestas van a votar el domingo pero dudan entre dos formaciones, se hizo evidente en el último debate. Sánchez centró sus invectivas en Rivera en busca del espacio de centro, donde los socialistas esperan aumentar la ventaja que le otorgan los sondeos. Y Rivera peleó con Casado por el liderazgo de la derecha, clave para conseguir la Presidencia —si PP, Cs y Vox suman mayoría absoluta— pero también para hacerse con la jefatura de la oposición si Sánchez consigue mantenerse en la Moncloa.

En el minuto final que los organizadores del debate reservaron a cada uno de los candidatos para dirigirse a los votantes, Sánchez y Casado llamaron expresamente al voto útil a sus respectivas formaciones. El aspirante socialista recordó que ante las urnas sólo hay dos certezas: “Si las dos derechas presentes junto a la ultraderecha ausente suman, harán lo que en Andalucía” y “el único partido que puede ganar a estas tres derechas es el PSOE”. Por eso llamó a los votantes a que el 28 de abril hagan “una moción de censura enorme y social a la corrupción, a la desigualdad y a la confrontación política”.

Casado aseguró haber llegado hace nueve meses para “renovar el PP” y “recuperar la confianza de una mayoría de españoles“. Los votantes, subrayó, si quieren que manden Torra y Otegi pueden votar al PSOE, si quieren otra recesión como la de Zapatero, puede votar a Podemos y si no le importa que se fragmente el voto constitucionalista, y que “eso beneficie a Sánchez”, pueden votar a Cs y a Vox.

Rivera evitó esta vez las metáforas, como la del silencio que empleó en el primer debate en RTVE. Y buscó una conexión emocional haciendo referencia a su familia y explicando que es hijo y nieto de autónomos que le enseñaron que las cosas “se cambian trabajando y mirando para adelante”. “Los españoles sois mi gran familia” y “cuando estamos juntos somos imparables, somos más fuertes”, remató.

El último en hablar fue Iglesias y no desaprovechó la ocasión. Recordó que hay dueños de medios de comunicación que “mandan más que los diputados”, que hay energéticas que “compran políticos” y que las cloacas del Estado “seguirán trabajando” para que Podemos no llegue a gobernar. Si dan los números, insistió, los poderes económicos presionarán a Sánchez y Rivera “para que acuerden un Gobierno”. Pero si “la gente se mueve, cambian cosas”, añadió. “Lo demostraron las mujeres el 8 de marzo, los pensionistas y los jóvenes que salieron a la calle a decir que no tenemos dos planetas. La historia no está escrita y el próximo domingo, la historia la escribes tú”.

A un paso de las elecciones que se celebrarán este domingo 28 de abril, las previsiones son generosas con los animalistas. El partido en defensa de los derechos de los animales, Pacma, podría entrar por vez primera en el Congreso con hasta dos diputados, según la encuesta preelectoral del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Lo cierto es que los animalistas llevan tiempo preparándose para su gran salto: desde su nacimiento en 2003 se han presentado a todas las llamadas electorales y su ascenso desde 2008 ha sido progresivo, con un crecimiento en votos que no cesa. Pacma se presenta fuerte a los próximos comicios. El vídeo confeccionado para la campaña electoral no ha dejado indiferentes y Vox ha pedido a la Junta Electoral Central que lo retire. "Nos reafirmamos en todo el contenido del vídeo. Seguiremos plantando cara a las políticas del odio y la violencia que abanderan", ha reaccionado en redes sociales la formación.

El partido liderado por Silvia Barquero desarrolla sus propuestas sobre un pilar básico: la lucha por los animales. En su ADN se encuentra la defensa de quienes, afirman los animalistas, no tienen voz y esa es su prioridad. No obstante, el programa electoral [consultar en este enlace] incluye entre sus páginas un nutrido eje relativo a justicia social, que introduce algunas líneas definitorias en materia de vivienda, educación o sanidad... pero que también deja algunos espacios en blanco.

  Animales y medio ambiente

El partido animalista lleva 16 años luchando por la defensa de los animales. Esa batalla se concentra ahora en una propuesta electoral básica: la creación de una Ley General de Bienestar Animal. La norma planteada por la formación no es nueva. También bautizada como Ley Cero, fue presentada en 2017 a todos los partidos políticos con representación parlamentaria.

La normativa persigue legislar sobre la abolición de todos los espectáculos, tradiciones y festejos con animales. Asimismo, la formación apuesta sin titubeos por alcanzar el cierre de circos, zoológicos y delfinarios para terminar con la explotación y cautividad, además de terminar con el negocio peletero. Propone también el sacrificio cero, prohibiendo la venta y fomentando la esterilización y adopción.  

El fin de la experimentación con animales es otra piedra angular para el partido, que carga contra el "terrible e innecesario sufrimiento de los animales de experimentación", una realidad, dice, a la que "la sociedad no puede dar la espalda". Reclama la puesta en marcha de alternativas experimentales sin animales y llama a incrementar las partidas presupuestarias encaminadas al desarrollo y validación de otros métodos que los sustituyan.

A nivel institucional, Pacma cree necesaria la creación de un Observatorio dependiente del Ministerio de Justicia, "al que corresponderá la dirección, coordinación, propuesta y ejecución de las políticas en materia de bienestar y protección animal". En esa carrera por blindar institucionalmente la protección de los animales, se inclina también por instaurar la figura del Defensor de los animales, una Dirección General de Protección y Bienestar Animal y una Fiscalía contra el maltrato animal.

Tampoco olvida Pacma, en su programa electoral, el compromiso que mantiene con el medio ambiente. En ese sentido, plantea la creación de una Ley contra la crisis climática, que marque un plan estratégico para perseguir los objetivos que fija la Unión Europea y caminar hacia una "economía descarbonizada". El documento programático del partido animalista incluye además una descarbonización del transporte, unido al fomento del transporte público y a un modelo de movilidad sostenible, que cristalizaría en una ley estatal.

El modelo de alimentación que aspira a implantar Pacma, por otro lado, tiene que ver con la reducción del consumo de productos de origen animal, por lo que propone una "mayor carga impositiva, aplicando un impuesto climático a los productos de origen animal". Plantea también el fin de las "subvenciones al sector", ayudas que sí cree conveniente destinar a "los alimentos vegetales saludables y cuya producción sea más respetuosa con el medio ambiente".

Pacma diseña igualmente una ley de protección de los ríos y sus ecosistemas, "que garantice un abastecimiento sostenible del agua y una gestión de recursos hídricos que no se rijan por los intereses privados", además de una nueva ley que sustituya a la actual de montes.  Promete, finalmente, trabajar sobre una política forestal que "ponga en valor los montes, proteja los bosques, ponga fin a la deforestación, combata la tala ilegal de árboles e impulse la reforestación".

La otra cara

Bajo el epígrafe "justicia social", Pacma desarrolla a partir de su página 55 un diagnóstico de las principales carencias que en su opinión golpean a la ciudadanía y, al mismo tiempo, dibuja algunas medidas destinadas a mejorar aspectos clave como la sanidad o la educación. No obstante, la formación animalista deja sin cubrir debates fundamentales como la cuestión territorial. Nada dice del conflicto en suelo catalán ni sugiere posibles soluciones. No es el único gran ausente. Pacma tampoco mantiene una posición sólida respecto a la interrupción voluntaria del embarazo: el programa no hace mención alguna del aborto. Ni sobre los debates alrededor de la prostitución o los vientres de alquiler. Sin noticias, tampoco, de la memoria histórica. Lo mismo ocurre con la política exterior, más allá de las líneas dedicadas a la cooperación internacional para el desarrollo.

Otras cuestiones quedan parcialmente abordadas por los animalistas. Hablan, por ejemplo, de incrementar el salario mínimo interprofesional (SMI) "para garantizar unos mínimos niveles de vida necesarios y que se acerque a niveles europeos", aunque no concretan cuál sería la subida prometida. A nivel laboral, Pacma no cree necesario revisar la duración de las jornadas o las horas extraordinarias, ni tampoco un refuerzo de las prestaciones por desempleo.

Sí promete derogar la Ley mordaza –con la redacción de una nueva norma que regule la seguridad ciudadana– y la reforma laboral. También busca fomentar la presencia de mujeres en puestos de responsabilidad e igualar los permisos de maternidad y paternidad, aunque olvida la ratificación del convenio 189 de la OIT para regular el trabajo doméstico. La formación dirigida por Silvia Barquero presenta una firme oposición a la estacionalidad en el empleo y entiende que la mejor manera de combatirla es a través de la "creación de un tejido de oferta turística alternativa", aprovechando "la infraestructura ya existente creada alrededor del modelo actual".

Pacma deja espacio para una "justicia redistributiva", que a su juicio debe girar en torno a la "progresividad del sistema fiscal, revisando las deducciones existentes en el Impuesto de Sociedades y los tipos del IRPF", además del rediseño, dice, del impuesto sobre la herencia, "haciéndolo aplicable sólo a grandes fortunas". En el terreno impositivo, la formación únicamente propone una reducción del IVA al tipo superreducido del 4% para la atención profesional veterinaria. En materia fiscal, el partido animalista se inclina por diseñar un plan de lucha contra el fraude, y propone cuestiones como el fin de los paraísos fiscales, la persecución de la evasión fiscal o "un sistema fiscal justo, gravando las grandes fortunas y estableciendo una tasa sobre las transacciones financieras".

Sobre las pensiones, los animalistas únicamente dedican un párrafo al asunto para prometer "reformar la Constitución para incluir la prohibición expresa de que cualquier gobierno, actual o futuro, pueda tocar, recortar o privatizar el sistema público de pensiones", sin especificar ningún otro detalle al respecto.

En cuanto a vivienda, Pacma promete luchar contra los desahucios y por una vivienda digna. Y aunque menciona el problema del alquiler, no plantea propuestas para pinchar la burbuja que se cierne sobre él: nada sobre la duración de los contratos ni sobre la limitación de las subidas, más que de manera general. "Es necesario facilitar el acceso a un hogar tanto a jóvenes como a mayores y frenar esa subida en el coste y alquiler de la vivienda", dice. Tampoco plantea el fin de los privilegios fiscales de las socimis, como demandan las plataformas antidesahucios. Sí habla de "paralizar todos los desahucios en el parque de vivienda dependiente de las administraciones públicas, en los casos de endeudamiento sobrevenido a causa de pérdida de empleo", o de la creación de una Oficina en Defensa de la Vivienda para la información e intermediación. Cree importante, en ese sentido, confeccionar un censo actualizado de viviendas vacías y analizar su disponibilidad. En el marco de esta política de vivienda social, Pacma también propone "la expropiación a los dieciocho meses de los inmuebles vacíos que sean propiedad de bancos e inmobiliarias subsidiarias de entidades financieras". También aspira a regular las viviendas de alquiler turístico e incluirlas en la Ley de Arrendamientos Urbanos.

En cuanto al eje en torno a la educación y la sanidad, las propuestas de Pacma se sostienen sobre la universalización y la gratuidad de ambos pilares. Apuesta además por una escuela laica, por "recuperar los recursos recortados", incluir la atención bucodental gratuita en la sanidad pública y por adoptar una "adecuada política de prevención" respecto a los accidentes laborales, incluyendo la salud laboral en los convenios colectivos. También propone la despenalización de la eutanasia y el suicidio asistido.

Si bien Pacma aboga por fortalecer los recursos en la lucha contra la violencia machista, sus propuestas se basan en mejorar y trabajar sobre el marco legal actual. No habla, el partido, de la violencia sexual o de adaptar la ley estatal al Convenio de Estambul, ampliando la definición de violencia a aquella que sufren las mujeres no sólo por parte de sus parejas o exparejas. Tampoco menciona la trata de personas con fines sexuales ni hace mención de su postura respecto a la prostitución y los vientres de alquiler. Sí propone medidas novedosas como la creación de unidades policiales especializadas y disponibles las 24 horas para atender los casos de violencia machista o incrementar el número de casas de acogida y pisos tutelados.

Respecto a las propuestas relativas a la migración, Pacma no recoge algunas medidas clave, como la derogación de la Ley de Extranjería, el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) o el fin de las devoluciones en caliente. Sí se refiere, por contra, a propuestas como un "aumento del presupuesto y del número de plazas en los centros de acogida" o al "acceso unificado a todos los derechos".

La vertiente animalista de los otros partidos

El torbellino animalista no es cooptado en exclusiva por Pacma, sino que salpica, con mayor o menor intensidad, a los principales partidos. Ciudadanos estima que "una mayor protección y bienestar para los animales" es muestra de "una sociedad más humana", por lo que propone una Ley de Bienestar y Protección Animal, cuyo principal objetivo no es otro que elevar las penas previstas para el abandono y el maltrato. Prometen, a través de las páginas de su programa electoral, garantizar "el buen trato a los animales en toda España, estableciendo medidas que promuevan la adopción, eviten el sacrificio de ejemplares sanos y reduzcan el abandono". También creen necesario promover reformas para que los animales de compañía "gocen de una categoría especial" en el Código Civil y dejen así de ser considerados como "cosas por el ordenamiento jurídico".

El PP, por su parte, incluye un punto dedicado a los animales de compañía dentro de su apartado sobre familia. "Trabajaremos para la defensa y la protección de los animales de compañía y mascotas", prometen e introducen, en este contexto, "reformas legales que luchen contra su abandono y maltrato". También garantizan "iniciativas contra el incivismo de los propietarios de animales que afectan a la convivencia, la seguridad y la salubridad del espacio público".

El PSOE, del mismo modo que Ciudadanos y siguiendo la estela de Pacma, plantea una Ley estatal para promover el bienestar animal, que a su juicio "constituye una preocupación creciente de la ciudadanía hacia todos los seres vivos en cuanto seres sintientes, que merece ser regulado en una norma legal de ámbito estatal". En cuanto a su contenido, el PSOE, de entrar en el Gobierno, solicitaría un dictamen al Consejo de Estado, teniendo en cuenta "los desarrollos legislativos en esta materia de los países de nuestro entorno".

Unidas Podemos, finalmente, se suma a la vocación de los partidos de proteger los derechos de los animales. Y para ello reitera el camino hacia una Ley de Bienestar Animal "en la que se introducirá una re­baja del IVA de los servicios veterinarios" hasta el 10% y de los productos de alimentación animal al 4%. Prometen asimismo tipificar el delito de maltrato de animales salvajes y elevar las penas al abandono. Igual que Ciudadanos, prevén reconocer en el Código Civil a los animales como "seres que sienten", de manera que se ofrezcan "mayores garantías tanto a los animales como a aquellas personas con quienes conviven". Del mismo modo que Pacma, Unidas Podemos cree importante implementar mejorar en el control de los animales domésticos y la "posibilidad de incluirlos sin problemas en los medios de transporte, centros públicos, albergues e instituciones de protección".

Respecto al consumo de animales, la formación morada tratará de mejorar la producción de animales de consumo a través de la instalación de cámaras, inspecciones periódicas e insistiendo en el requisito de aturdimiento previo al sacrificio. Por último, Unidas Podemos se inclina por eliminar las subvenciones relacionadas con la tauromaquia y promete prohibir los espectáculos que impliquen maltrato animal.

La cuenta atrás para las elecciones generales del próximo 28 de abril ya ha comenzado. Tan solo quedan siete días para la cita con las urnas y todos los partidos intentan conquistar al más del 41% de los electores que, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), no han decidido todavía por qué papeleta van a apostar. En esa carrera contrarreloj se atiende, principalmente, a cinco partidos: PSOE, PP, Ciudadanos, Unidas Podemos y Vox. Pero no son los únicos que compiten el 28A. Hay otros que no salen en los debates electorales, que no tienen una gran infraestructura territorial y que no cuentan con el presupuesto suficiente como para organizar grandes mítines. Y que tampoco ocupan apenas titulares en los medios de comunicación. 

Las formaciones minoritarias saben que su reto es mayúsculo. A la gran polarización del electorado y a la oferta multipartidista se les suma, además, las matemáticas. El sistema D'Hondt ha sido históricamente criticado por sus efectos mayoritarios y la infrarrepresentación de las formaciones más pequeñas. Su funcionamiento ha afectado, sobre todo, a Izquierda Unida (IU). Y es que el sistema da pie a una paradoja: aunque consigan bastantes votos, de nada les sirve si estos están muy distribuidos por las circunscripciones o distritos electorales. Si a esto le sumamos el desconocimiento de candidatos y, sobre todo, de programa, tenemos como resultado un cóctel que hace muy difícil que  lospartidos minoritarios consigan entrar en las instituciones. 

Hay partidos que, no obstante, intentarán que el 28A la historia sea diferente. Hay un total de 1.186 listas a las Cortes Generales, 582 de las cuales optan a ocupar alguno de los escaños en la Cámara Baja y 604 en el Senado. infoLibre ha hablado con los candidatos de Actúa, Pacma, Recortes Cero y Por un Mundo Más Justo (PUM+J) para conocer, de primera mano, la oferta electoral que presentan a los electores.

  Actúa

El anuncio llegó el pasado 14 de febrero. El exdirigente de IU y fundador de Actúa, Gaspar Llamazares, convocaba una rueda de prensa para anunciar que su nuevo partido se presentaba a las elecciones del 28 de abril. Según dijo entonces, lo haría de forma "autónoma". Y es que, a su juicio, hay una parte del electorado de izquierdas que no ve en las actuales fuerzas políticas una representación adecuada. E insiste en ello en conversación con infoLibre. "La principal idea que lleva Actúa es no dejar huérfana a una parte del electorado que no votó en las últimas elecciones generales ni en las andaluzas y que, según las encuestan, tampoco lo harán en esta ocasión porque no se sienten representados ni por el PSOE ni por Unidas Podemos", explica. "Queremos ofrecerle a la gente de izquierdas una opción que no sea la inercia del PSOE y que, a la vez, sea dialogante y capaz de llegar a acuerdos. Ese es el planteamiento que nos llevó a presentarnos a las elecciones", añade.

Tomaron la decisión a pesar de que el momento no era el idóneo. Según afirma Llamazares, desde el partido no creían que la convocatoria de elecciones fuera tan cercana. Y eso les cambió la agenda. "Teníamos otra hoja de ruta hacia las municipales y europeas" del próximo 26 de mayo. Aun así, han conseguido presentar candidatura para el Congreso de los Diputados en ocho circunscripciones: Asturias, Ávila, Badajoz, Cáceres, Balears, Madrid, Segovia y Sevilla. La que presentaron por Barcelona fue anulada por la Junta Electoral Central (JEC).

Con estas candidaturas pretenden, como dicen, ocupar ese espacio huérfano de los dos principales partidos de izquierdas. Y el aval para conseguirlo, según Llamazares, es "la credibilidad" de las personas que se presentan en las listas. "Otros partidos prometen la luna. Y me preocupa mucho eso: que se prometa todo y la bajada de impuestos", critica. El líder de Actúa considera, en este sentido, que su formación constituye la opción "sensata". Se diferencia del PSOE, que "incumple" sus promesas, y de Unidas Podemos, que hace "promesas de máximos" que no pueden realizarse "porque no hay mayoría para ello". 

¿Y qué propuesta abandera Actúa? Según explica Llamazares, "un nuevo contrato social y laboral que acabe con los recortes y las privatizaciones que se han hecho en el ámbito del empleo y de los servicios públicos". "El principal problema del país no es la guerra de banderas", dice, "sino la emergencia social". En este sentido, continúa, otra de las diferencias con Unidas Podemos es el modelo de Estado que proponen. "No compartimos el referéndum. Se puede plantear la reforma de la Constitución, pero ahora no hay mayoría", admite. Por eso, su programa se basa en "la igualdad social y de género", además de en la lucha contra la corrupción y la regeneración democrática. 

En cuanto a las previsiones, se mantiene prudente: el 28A, dice, luchan "contra los elementos". "Pero vamos a afrontarlo. Estamos convencidos de que tendremos representación, y vamos a sumarla a otras izquierdas", pronostica.

  Pacma

Desde el año 2003, Pacma se ha presentado a todas las citas electorales que se han convocado en España: generales, autonómicas y municipales. Y su ascenso ha sido notorio. Según recogen en su web, desde 2008 no han hecho más que crecer en votos. En aquel año obtuvieron 44.795 votos en su candidatura al Congreso; en la última cita con las urnas, hace tres años, subieron a 286.702. Ahora, según el último barómetro del CIS, la formación podría entrar por primera vez al Congreso con hasta dos diputados. "Lo que tenemos claro es que vamos a mejorar nuestros resultados, y eso es algo que no todos los partidos políticos pueden decir", afirma a infoLibre Laura Duarte, la candidata a la Presidencia del Gobierno del partido. "Estamos orgullosos de que el crecimiento sea constante. No sería raro que ahora consiguiéramos más de medio millón de votos", celebra. Y si en ese caso no entraran en las instituciones, continúa, "se pondría sobre la mesa la urgencia de cambiar la ley electoral". Se presentan, tanto al Congreso como al Senado, en todas las circunscripciones excepto Ceuta y Melilla.

Resultados electorales de Pacma.

Su objetivo, desde que nacieron, siempre ha sido el mismo. La formación ha abanderado la defensa de los derechos de los animales. Y el 28A lo volverán a hacer. Pero no solo. Su compromiso electoral, especifica Duarte, se completa con otros dos ejes: la lucha activa contra el cambio climático y la justicia social. "Somos conscientes de que entraremos a las instituciones como partido animalista y nuestra misión principal será defender los derechos de los animales porque ningún otro partido lo hace, pero es evidente que no podemos dejar de lado las otras dos áreas fundamentales que necesitamos para avanzar como sociedad", asegura.

¿Qué es para el partido justicia social? "En ese bloque definimos las cuestiones económicas y la protección de los derechos alcanzados", explica Duarte. En este sentido, continúa, abogan por la protección de los colectivos más vulnerables, la integración de las personas con diversidad funcional, una garantía mínima de ingresos y fiscalidad progresiva para autónomos. "Se trata de propuestas para los colectivos que consideramos más amenazados, especialmente ahora, que hay partidos que atentan contra todo", dice. 

En cuanto al tema territorial, por su parte, Duarte opina que la cuestión catalana no ha sido bien abordada por ninguna de las partes implicadas. "Ni por los independentistas, ni por el PSOE ni por el PP", critica. Y hay que hacerlo. Pero con seriedad. "Defendemos el modelo territorial actual, pero Cataluña merece un estudio detallado desde la perspectiva política que no están teniendo el resto de partidos", lamenta. Y es que, con este comportamiento, "se ha generado un conflicto que no existía". "Se está utilizando a la gente de Cataluña para abandonar otras cuestiones fundamentales y también para fomentar un conflicto partidista", sentencia.

  Recortes Cero

Recortes Cero nació en 2014 para presentarse a las elecciones europeas. Consiguieron 30.958 votos. Desde entonces, se presentaron a las dos elecciones generales que se han celebrado. Tanto en 2015 como en 2016. Y sus resultados, como los de Pacma, han mejorado. En las elecciones de 2015 obtuvieron 48.675 votos. Meses después, 51.907. Y creen que ahora podrían entrar en el Parlamento. "Nuestros manifiestos los firma el pintor Antonio López, el escritor Juan José Millás... Que tengamos esos apoyos de forma desinteresada expresa que nuestro programa es un buen programa. Es serio", explica a infoLibre Nuria Suárez, la candidata a la Presidencia del Gobierno de la formación. Intentarán conseguir representación con una candidatura en cada una de las 52 circunscripciones al Congreso y en las 59 del Senado. En todas ellas, con una mujer a la cabeza. 

Intentarán convencer al electorado indeciso con la misma bandera que lanzaron en 2014: redistribuir la riqueza. "España es el cuarto país más rico de Europa y el segundo que más ha crecido en desigualdad. Está claro que la alternativa frente a los recortes es redistribuir la riqueza", explica Suárez. Pero sus políticas no solo se articulan en torno a ese eje. Hay otro más. "Desde la izquierda hay que insistir en que defender la unidad de las nacionalidades y de las regiones de España es progresista", dice. "Ya está bien de que la derecha se apropie de la bandera de la unidad", critica. 

Pero Suárez concreta estos objetivos. En cuanto a la redistribución de la riqueza, proponen blindar las pensiones en la Consitución. El partido forma parte de la plataforma Mesa por el Blindaje de las Pensiones (MERP), que lucha por conseguir que, "frente al peligro de pérdida de poder adquisitivo y privatización, las prestaciones queden blindadas como un derecho fundamental". No solo eso. Abogan por una "redistribución salarial". Es decir, que el sueldo mínimo no sea inferior a 1.000 euros mensuales, pero que el máximo no supere los 10.000. "No estamos de acuerdo en las propuestas de la izquierda de aumentar el déficit. Creemos en que hay que redistribuir", apunta. Además, continúa, proponen que, "con el dinero de las cajas rescatadas, se cree una banca pública que tenga como misión principal un fondo de inversión para reindustrializar y crear empleo productivo".

Además, se presentan con el Grupo Verde y el Partido Castellano. Por eso, concluye Suárez, abanderan "la defensa de la ecología y el desarrollo rural". 

  Por un Mundo Más Justo (PUM+J)

Agustin Ndour es el primer candidato a la Presidencia del Gobierno de origen africano. Es senegalés y candidato por el partido Por un Mundo Más Justo (PUM+J), que presenta  40 candidaturas al Congreso de los Diputados —en todas las circunscripciones menos Alicante, A Coruña, Valencia, Cáceres, Huelva, Ciudad Real, Cádiz, Barcelona, Murcia, Pontevedra, Lugo y Girona— y 41 al Senado. Pero la formación tampoco es nueva en las urnas. Ya se presentó a los comicios al Parlamento Europeo de 2009 y 2014 y a las generales de 2016. Y en todas ellas, como en las del 28A, dieron el pistoletazo de salida a la campaña electoral en El Tarajal (Ceuta).

El lugar es un símbolo para ellos. Y es que su programa electoral se basa en la defensa de los migrantes, según explica el propio Ndour a infoLibre. "Incidimos mucho en materia de Derechos Humanos", explica. En este sentido, abogan por acortar el periodo necesario para que los migrantes regularicen su situación en España. En concreto, que sea de seis meses, no de tres años. "Tres años es demasiado para una persona que tiene que estar malviviendo. Es un tiempo en el que hay que vivir, pero no se puede trabajar", denuncia. 

Luchan también por el establecimiento de vías legales y seguras que garanticen una migración "en la que nadie se juegue la vida". ¿Cómo? Por ejemplo, explica Ndour, garantizando que se puedan solicitar visados en embajadas. Pero también rechazan que la vida de los migrantes que cruzan a través de las vallas de Ceuta y Melilla corran peligro. Por eso, defienden suprimir esos muros. "Los muros solo empobrecen. Creemos que las fronteras tienen que ser territorio de encuentro para que, como seres humanos, crezcamos", defiende. 

No obstante, según explica, la cooperación también es importante. Y no se está tratando como debería. "El derecho a no tener que emigrar tiene que prevalecer, y eso pasa por dejar que los pueblos se desarrollen", dice. "Hay que ir a las causas que provocan empobrecimiento y emigración. Evitaríamos muchísimo sufrimiento", sentencia. 

Pero sabe que lo tienen difícil el próximo 28A. "Vamos a seguir trabajando como lo hemos hecho siempre. Sabemos que un mundo más justo puede llegar. Pero para hacerlo hay que trabajar hoy, no mañana", concluye. 

Una parte del voto de la derecha y la extrema derecha se moviliza alimentado por creencias basadas en afirmaciones falsas que se difunden a través de las redes sociales y se instalan en el discurso público como verdades incontestables. infoLibre analiza cinco de las más habituales de esta campaña electoral:

  1. El Estado de las Autonomías es muy caro

Una de las afirmaciones más habituales entre quienes apoyan los discursos recentralizadores es que el Estado de las Autonomías es muy caro o, al menos, más caro que un Estado centralizado. Esta tesis, habitual en los argumentarios de la derecha, se contagia en ocasiones a la izquierda y trata de hacer creer que existen servicios duplicados, demasiados funcionarios, administraciones infladas e instituciones innecesarias, lo que provoca un despilfarro de fondos públicos que no tendría lugar si España fuese un país centralizado.

La verdad es que las cifras demuestran lo contrario. El gasto público burocrático en España —el que es achacable al sostenimiento de su administración y de sus instituciones, incluyendo las comunidades autónomas— representa el 2,6% del PIB, dos décimas por debajo de la media europea. Países fuertemente centralizados como Francia o Portugal gastan sensiblemente más, con un 3,5 y un 3,2% de su PIB, respectivamente, según datos de Eurostat del año 2016.

Lo mismo ocurre en cuanto al número de funcionarios. España tiene un porcentaje de empleados públicos sobre el total de asalariados por debajo de la media de la OCDE y de países fuertemente centralizados, como Francia.

  2. Los empleados públicos deben cobrar lo mismo en todas las comunidades

La protesta de policías nacionales y guardias civiles, que reclaman al Gobierno su equiparación salarial con las fuerzas de seguridad autonómicas de Cataluña —Mossos d’Esquadra— y Euskadi —Ertzantza—, se utiliza a menudo como un ejemplo de las desigualdades a las que da lugar el Estado de las Autonomías. Los funcionarios de prisiones ya han recogido la antorcha de la igualación salarial —en este caso en relación con sus compañeros catalanes— y empiezan a oírse las voces de otros empleados públicos —profesores, médicos— cuyas retribuciones están por debajo de los de otras comunidades autónomas.

Las diferencias salariales entre territorios son el resultados de la aplicación del principio de autonomía. Cada comunidad autónoma, en ejercicio de sus competencias y de sus necesidades, tiene capacidad para decidir cuáles son sus prioridades: la inversión en carreteras, la retribución de sus maestros o la construcción de hospitales. La igualación salarial de los empleados públicos por categorías no es posible sin privar a cada comunidad de su derecho a tomar sus propias decisiones.

En opinión de Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, la igualación automática del salario de los empleados “no se sostiene de ninguna forma desde el punto de vista jurídico”, al margen, precisa, de la legitimidad que la reivindicación tenga desde el punto de vista político o sindical.

El articulo 2 de la Constitución consagra el régimen de autonomía y de autogobierno de las comunidades autónomas. “Eso implica la capacidad política de cada territorio de decidir sus prioridades políticas. Y una parte importante de la decisión sobre las prioridades políticas”, añade, “es la decisión sobre el gasto y las retribuciones“ de los empleados públicos. Las comunidades autónomas tienen parlamentos precisamente porque tiene capacidad de decisión política, subraya Urías, en eso consiste el autogobierno político. Cualquier otra cosa sería una simple “descentralización: tener las mismas normas aplicadas por órganos diferentes”.

Igualar los salarios plantea además un problema de orden práctico: ¿qué pasaría si después de la equiparación una administración, por ejemplo el País Vasco, sube o baja los salarios de los funcionarios a su cargo? ¿Estaría obligada la administración central a hacer lo mismo?

  3. Los funcionarios tienen derecho a trabajar donde quieran aunque no hablen las lenguas cooficiales

Con frecuencia la derecha, y una parte de la izquierda, defienden que el castellano tenga prioridad sobre las otras lenguas españolas allí donde están reconocidas como cooficiales de acuerdo con la Constitución y los Estatutos de autonomía, como ocurre en Cataluña, el País Vasco, Galicia, la Comunitat Valenciana, Navarra o Illes Balears, territorios bilingües en los que vive casi la mitad de la población española.

El argumento más habitual es que exigir el conocimiento de las lenguas cooficiales, bien como mérito bien como requisito indispensable para acceder a la función pública en las comunidades donde el castellano no es el único idioma reconocido, supone una discriminación. Y viola el principio de igualdad a la hora de acceder a la función pública.

En realidad es al contrario y así lo han avalado repetidamente el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Los ciudadanos de una comunidad con lengua cooficial son los que tienen derecho a ser atendidos en el idioma que deseen y no al revés; no es el empleado público —que está al servicio de la comunidad— el que tiene derecho a hablar una sola lengua.

El Supremo estableció en 1990 que el criterio para determinar si resulta o no admisible la exigencia del bilingüismo a la hora de optar a un empleo público depende del hecho de que se trate de puestos de trabajo que impliquen una relación directa con el público. Una circunstancia que es aplicable a casi todos los empleos.

La valoración como mérito de una lengua cooficial o su configuración como requisito tienen también el respaldo del Tribunal Constitucional cuando se base en razones de normalización lingüística y de eficacia de la propia administración, siempre que el nivel de conocimiento exigido sea proporcionado a las funciones a desempeñar por el empleado público.

El soporte legal lo estableció por sentencia el Tribunal Constitucional en 1991. La corte arbitral española reconoció con esa decisión la posibilidad de que la lengua propia de una comunidad autónoma, en ese caso el catalán, no sólo pueda valorarse como un mérito más, sino que también pueda configurarse como un requisito de capacidad para acceder al empleo público.

El TC concluyó que no es “aceptable el argumento de que esa exigencia puede suponer un obstáculo para acceder a la función pública para quien carezca del conocimiento del catalán”. El propio principio de mérito y capacidad, señaló el fallo, “supone la carga para quien quiera acceder a una determinada función pública de acreditar las capacidades, conocimientos e idoneidad exigibles para la función a la que aspira”. Por lo que la exigencia del conocimiento del idioma que es oficial en el territorio donde actúa la Administración a la que se aspira a servir “es perfectamente incluible dentro de los méritos y capacidades requeridas”. “No debe entenderse la exigencia de conocimiento del catalán un requisito ad extra, independiente del mérito y capacidad acreditadas, sino, al igual que cualquier otro conocimiento o condición exigida para el acceso a la función pública, una exigencia con cuya acreditación se da satisfacción a dichos principios constitucionales”.

  4. Las delegaciones de Cataluña en el extranjero son ilegales

Muy a menudo la derecha apela a la existencia de embajadas de la Generalitat de Cataluña en el extranjero para justificar la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Quienes defienden esta idea, denominan embajadas a las delegaciones y oficinas catalanas en el exterior y omiten que todas las comunidades autónomas tienen o han tenido en el pasado oficinas fuera de España.

También en este caso el Tribunal Constitucional ha establecido la legalidad de estas delegaciones, siempre y cuando se limiten a la gestión de las competencias de las comunidades y no invadan las del Gobierno central.

Una sentencia de 20 de julio de 1989 precisó el contenido de este título competencial, dejando claro que “no puede en forma alguna excluirse que, para llevar a cabo correctamente las funciones que tenga atribuidas, una comunidad autónoma haya de realizar determinadas actividades, no ya sólo fuera de su territorio, sino incluso fuera de los límites territoriales de España”.

La jurisprudencia española ha reiterado este hecho en numerosas ocasiones. Las comunidades autónomas pueden llevar a cabo actividades con proyección exterior que sean necesarias o convenientes para el ejercicio de sus competencias con el único límite de no invadir “la competencia exclusiva del Estado en materia de relaciones internacionales” ni perturbar “la dirección de la política exterior que incumbe al Gobierno”.

La acción exterior de las Comunidades Autónomas, según el TC, no se circunscribe siquiera a la Unión Europea. “Aunque en esta los intereses autonómicos pueden verse más intensamente afectados, dadas las competencias de las instituciones europeas, ello no supone que no pueda existir afectación de tales intereses en otros ámbitos. En todo caso, la acción exterior autonómica fuera de la Unión Europea se encuentra admitida en nuestro ordenamiento”.

Además de Cataluña, que es la comunidad con más oficinas y delegaciones en el extranjero, cuentan con organismos semejantes casi todas las comunidades, con independencia de su color político. El País Vasco tiene siete; Canarias y Galicia disponen de tres; Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Navarra, Baleares, La Rioja, Madrid, Asturias, Murcia y Comunitat Valenciana tienen una.

  5. Sánchez está concediendo al País vasco lo que ETA no fue capaz de conseguir antes de su disolución

Una afirmación recurrente en los foros de la derecha es que el Gobierno de Pedro Sánchez está otorgando al PNV, a cambio de su apoyo, concesiones que formaban parte de las demandas de ETA cuando la banda terrorista todavía estaba en activo.

La verdad es muy distinta. De un lado, las competencias que el Gobierno de Sánchez se ha comprometido a negociar con el País Vasco no son nuevas: se trata de 37 competencias previstas en el Estatuto de Gernika de 1979competencias —aprobado por las Cortes Generales— y que hoy, 40 años después, siguen en manos del Gobierno español.

Se trata de materias tales como las autopistas en régimen de concesión, determinados servicios aeroportuarios y ferroviarios, ordenación del transporte por carretera, salvamento marítimo, inspección pesquera o paradores de turismo. Entre ellas destacan dos particularmente polémicas, pero que también están avaladas por el Estatuto: la gestión de la seguridad social y las instituciones penitenciarias.

De momento, el Gobierno de Pedro Sánchez no ha cerrado ninguna negociación sobre estas competencias, aunque mantiene la disposición a alcanzar un acuerdo que permita completar de una vez todas las previsiones del Estatuto de Autonomía del País Vasco.

Del mismo modo, el Ejecutivo español tampoco ha otorgado ningún régimen de privilegio a los presos de ETA. Desde la llegada de Fernando Grande-Marlaska al Ministerio del Interior en junio de 2018, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha autorizado 29 acercamientos de presos de ETA y otros dos de condenados por el GAL siguiendo la aplicación de las mismas normas penitenciarias que estaban en vigor con el Gobierno de Mariano Rajoy. En todos los casos se trata de presos de avanzada edad, con problemas de salud y que han roto con la organización terrorista a la que pertenecían.

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La excarcelación de presos se va convertir en un fenómeno corriente en los próximos años porque el 40% de los 391 condenados por delitos de terrorismo que se encuentran cumpliendo penas de prisión en cárceles españolas quedarán en libertad en un plazo de cinco años, según datos de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). En concreto, 83 de los 228 etarras y 72 de los 139 yihadistas encarcelados en la actualidad quedarán en libertad y lo mismo ocurrirá con 10 de los 18 condenados por la actividad criminal de los Grapo, así como uno de los seis independentistas gallegos condenados por terrorismo.

El Gobierno de Sánchez sólo ha autorizado traslados individualizados. El único traslado colectivo se produjo con el Gobierno de Aznar entre 1996 y 1998 y con ETA todavía en activo.

1.- La Junta Electoral Central (JEC) ha aplicado de forma rigurosa (como ha confirmado el Tribunal Supremo) el artículo 66.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) al suspender el debate a cinco previsto en Atresmedia con la participación de Vox, porque constituiría una discriminación respecto a otras fuerzas políticas que han obtenido resultados y representación en anteriores elecciones. (Ver aquí la resolución)

2.- Miente Vox (de nuevo) cuando denuncia que sufre discriminación, con el argumento de que en 2015 Podemos y Ciudadanos participaron en los debates electorales sin tener representación previa en el Congreso. La propia JEC explica su criterio para cumplir la exigencia legal de “pluralismo, igualdad, proporcionalidad y neutralidad informativa en los debates y entrevistas electorales”, una exigencia que afecta tanto a los medios públicos como a “las televisiones privadas”: para ser considerado un “grupo político significativo” debe haber obtenido al menos un 5% de apoyo en elecciones previas en el ámbito territorial al que se dirige el debate en cuestión (toda España). Ante las generales de 2015, tanto Ciudadanos como Podemos ya habían superado ese listón, bien en las municipales de mayo de ese mismo año o en las europeas de 2014. Vox no lo ha hecho hasta ahora, salvo en Andalucía.

3.-  Desde el punto de vista político y periodístico, sin duda sería mucho más interesante y pertinente el debate previsto en Atresmedia, puesto que todas las encuestas pronostican una irrupción de Vox en el Congreso muy significativa. Su presencia también convenía claramente a Pedro Sánchez, puesto que se visibilizaría en pantalla la agria disputa entre PP, Ciudadanos y Vox por el liderazgo del espacio conservador. Por primera vez en democracia, el fraccionamiento afecta a la derecha cuando tradicionalmente era un rasgo exclusivo de la izquierda. (Por cierto, no recuerdo grandes polémicas, ni políticas ni mediáticas, por el hecho de que jamás se planteara un debate a tres en el que participara el líder de la tercera fuerza estatal durante décadas, Izquierda Unida).

4.- Por mucho que Vox pretenda aparecer públicamente como víctima de una discriminación, sus propias indiscreciones delatan que en realidad ha “respirado” al ser excluida. No hay más que echar un vistazo al chat en el que confiesan que les “viene bien” (ver aquí). Santiago Abascal lleva toda la campaña protegiéndose de preguntas incómodas o de discusiones de fondo sobre los asuntos importantes. Cuanto más se exponga fuera de los ¡viva España! más se arriesga a dejar al desnudo la vaciedad o el peligro de sus propuestas.

5.- Pedro Sánchez no tenía otra opción que aceptar el debate a cuatro planteado por RTVE. De hecho eso es lo que debió hacer desde el principio si de verdad cree en “una televisión pública española de todos”, como reza hoy el comunicado del Comité Electoral del PSOE. (Ver aquí un interesante análisis de Miguel Álvarez Peralta). La excusa que había dado para inclinarse por Atresmedia, es decir la conveniencia de que estuviera también Vox, desaparecía en todo caso con la suspensión dictada por la JEC. El hecho de que la pública garantice la señal a todas las demás cadenas de televisión y radio y la gratuidad a quienes quieran seguir el debate desde el extranjero son además ingredientes de servicio público incontestables. Es lógico que Atresmedia mantenga la convocatoria de su debate (ver aquí), y Sánchez será muy criticado si da plantón al compromiso previo.

6.- Lo ocurrido viene a confirmar que urge una regulación expresa de los debates obligatorios entre candidatos electorales, de modo que su celebración no quede condicionada a tacticismos partidistas ni permita victimismos hipócritas. Debe haber un mínimo obligatorio de debates entre los principales candidatos o candidatas, que incluyan también uno o dos cara a cara entre los representantes de las primeras fuerzas parlamentarias. Es lógico que los medios públicos tengan prioridad en el cumplimiento de esos mínimos, lo cual no debe excluir, sino al contrario, la organización y celebración de otros debates en medios privados. A ese ejercicio de transparencia deben comprometerse los partidos. ¿Acaso no sería pertinente y enriquecedor que hubiera un debate entre los tres de Colón para que su electorado potencial distinguiera las propuestas de unos y otros? ¿No se echa de menos en la izquierda un cara a cara entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias sobre sus puntos de acuerdo y sus discrepancias? ¿O un debate temático sobre Cataluña y la crisis constitucional? ¿No fue en 2015 uno de los debates más frescos y atractivos el celebrado por Rivera e Iglesias en la Universidad Carlos III a iniciativa de la asociación de estudiantes Demos?

7.- Regular la celebración de debates electorales debería incluir a la vez la eliminación de los mil obstáculos que los medios públicos y privados encuentran a la hora de ofrecer información electoral y de articular los propios debates. Es deseable que RTVE siga en este sentido el camino iniciado por Atresmedia a la hora de realizar debates vivos, con repreguntas, con comprobación de datos, con reparto justo y equilibrado de los tiempos pero huyendo del acartonamiento que siempre pretenden imponer los partidos. Son los periodistas quienes deben dirigir los debates, no los jefes de comunicación o los asesores de los candidatos.

8.- Esta regulación exige una reforma de la también acartonada LOREG, que debería aprovecharse para acabar con otras ofensas a la inteligencia de los votantes. No tiene el menor sentido la prohibición de publicar sondeos en la última semana de campaña, como tampoco lo tiene esa “jornada de reflexión” más propia de ejercicios espirituales que de actos democráticos. ¿Cuántas legislaturas más hacen falta para acabar con ese “voto rogado” que obstaculiza la participación electoral de más de dos millones de españoles expatriados?

Es prioritario que las fuerzas políticas dejen de tratar al electorado como si se dirigieran a un parvulario. Resulta ofensivo escuchar la grandilocuencia con la que todos los candidatos se pronuncian en defensa de los debates o incluso retan a los adversarios, mientras se muestran incapaces de acordar unas cuantas medidas que eleven el nivel de calidad democrática. No hace falta que las griten. Escríbanlas en sus programas y busquen mayorías para abordarlas.

Con el juicio del procés en marcha, que transcurre de forma paralela a la campaña electoral para el 28A, el expresident Carles Puigdemont en Bruselas y la posibilidad, según algunas encuestas, de que Pedro Sánchez vaya a necesitar a los independentistas para seguir en la Moncloa, estas elecciones generales se juegan en parte en clave catalana.

En los programas electorales de las principales formaciones no faltan promesas para hacer frente a la crisis territorial con Cataluña. Los tres partidos de la derecha –PP, Cs y Vox– recurren como receta principal a la intervención de la autonomía. Los socialistas, por su parte, proponen resolver el conflicto territorial con una reforma de la Constitución. Y Unidas Podemos defiende la vía del referéndum pactado.

infoLibre repasa los programas electorales de PSOE, PP, Unidas Podemos, Ciudadanos y Vox en materia territorial. 

  Partido Socialista

En el programa electoral de los socialistas hay un apartado destinado al "modelo territorial" con menos concreción que en otras elecciones generales.

"Ante la crisis actual del modelo territorial, derivada del crecimiento de las aspiraciones independentistas en Cataluña, ante la inacción del Gobierno del PP, nos corresponde liderar la búsqueda de una salida a dicha crisis", advierten los socialistas.

Tras recordar la Declaración de Granada de 2013 y la Declaración de Barcelona de 2017, el PSOE indica que se ha comprometido a hacer las reformas necesarias "para un nuevo impulso del autogobierno" y señala que si sus propuestas hubieran sido aplicadas "no nos encontraríamos en la situación actual". Pero, en cualquier caso, añaden "el modelo territorial del PSOE continúa siendo el único camino viable para superar la actual crisis". "Ni desde el derecho de autodeterminación ni desde un estado de excepción territorial con carácter permanente a través del artículo 155 CE, puede construirse el futuro", señalan.

En la Declaración de Granada el partido liderado ahora por Pedro Sánchez veía necesario "reformar la Constitución para crear los mecanismos de cooperación institucional que caracterizan a los Estados federales". Esto no figura ahora en el programa. Pero sí en la Declaración de Barcelona: "Iniciar los trabajos para una Reforma Federal de la Constitución española que nos una de nuevo a todos", recogía en su punto tres.

Frente a la agenda recentralizadora del PP, el PSOE apuesta "por una mejor delimitación de las competencias del Estado y de las comunidades autónomas". "Proponemos recoger en la Constitución las facultades concretas del Estado en las distintas materias competenciales, de la forma más precisa posible, y establecer que todo lo no atribuido al Estado por la Constitución es de competencia autonómica", reflejan.

El PSOE aspira, en los diferentes estatutos de autonomía, a una definición "más precisa de los aspectos identitarios, históricos, culturales, políticos y lingüísticos, así como a una organización institucional y territorial adaptada a las peculiaridades de cada comunidad en cuanto no afecte al funcionamiento de otros territorios".

  Partido Popular

Como ocurre en los programas de Cs y Vox, la cuestión territorial ocupa un lugar destacado en el programa con el que Pablo Casado concurre a las elecciones generales. Bastante antes de plasmarlo en su oferta a los españoles para el 28A, el jefe de los conservadores se comprometió a que la aplicación del 155 en Cataluña sería una de sus primeras acciones como presidente del Gobierno. Si gana las elecciones, claro. Para que esto sea una realidad, Casado necesitaría antes reunir los votos de la mayoría absoluta del Senado.

Comprometidos con el fortalecimiento de la Nación es el primer bloque del programa del PP. "Con el objetivo de recuperar la legalidad constitucional, y para proteger el correcto ejercicio de la autonomía en Cataluña, de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 155 de la Constitución española aplicaremos, por el tiempo que resulte inexcusable, cuantas medidas sean necesarias. Velaremos con especial atención por un adecuado ejercicio de las competencias en educación, régimen penitenciario, medios públicos de comunicación y hacienda pública", se comprometen.

También ligado a la situación en Cataluña, el PP reformaría el Código Penal "para volver a tipificar como delito la convocatoria de referéndum ilegal" y la Ley del Indulto "para prohibirlo en los casos de delitos de rebelión y sedición".

"Aprobaremos una ley de símbolos nacionales que defienda la convivencia y la neutralidad institucional. Se agravarán las sanciones para las autoridades que incumplan el deber de exhibir la bandera nacional en todos los edificios oficiales o la obligación de que el retrato del Jefe del Estado presida los salones de Plenos municipales", es otra de las propuestas junto a la de la defensa cerrada del castellano: "Garantizaremos su utilización en todas las comunicaciones públicas realizadas en cualquier parte del territorio nacional, sin perjuicio del empleo de las lenguas cooficiales allí donde existan".

  Unidas Podemos

En el punto 256 de su programa, la formación de Pablo Iglesias recoge su apuesta para solucionar de "forma democrática" el "conflicto catalán".

"La gestión viable del conflicto en Cataluña pasa por construir un proceso de reconciliación que permita el diálogo y llegar a acuerdos. Apostamos por un referéndum pactado en el que Podemos defenderá un nuevo encaje para Cataluña en España", puede leerse en este documento.

La medida está incluida dentro del bloque Garantías de Justicia Territorial. Y en la introducción, el partido morado critica que "las derechas de Aznar", en alusión a PP, Cs y Vox, "quieren enfrentar a los distintos pueblos de este país". "Desde su misma Constitución, este es un país plurinacional en el que la inmensa mayoría de sus pueblos conviven con fraternidad y deben poder elegir su destino. A su vez, hay que tener claro que los problemas no se resuelven a garrotazos ni de manera unilateral; tenemos la tarea de transformar el enfrentamiento en diálogo, porque, para asumir los retos que tenemos por delante, debemos estar juntos y juntas", puede leerse.

  Ciudadanos

El partido que preside Albert Rivera hizo público su programa electoral este martes. Arranca con el capítulo La España de ciudadanos libres e iguales y, en su punto uno, aboga por "defender la unidad de España y garantizar la igualdad de derechos de todos los ciudadanos".

Para ello, prometen aplicarar el artículo 155 de la Constitución "hasta asegurar el restablecimiento de la Constitución en Cataluña para garantizar la convivencia entre todos los catalanes, así como el respeto a las leyes y las sentencias judiciales".

Junto a PP y PSOE, Cs votó a favor de la aplicación del 155 en Cataluña cuando el presidente del Gobierno era Mariano Rajoy. En el PP ven ahora con sorpresa cómo Rivera se envuelve en esta bandera como por aquellas fechas puso la condición de que la intervención de la autonomía catalana estuviese limitada a la convocatoria de elecciones.

Como segundo punto, abogan por mejorar "los instrumentos para proteger a los españoles de los golpes de Estado en el siglo XXI".

"El golpe de Estado de los separatistas catalanes de otoño de 2017 tenía un objetivo claro: liquidar la Constitución y sustituir la legalidad vigente por un marco legal alternativo, saltándose los procedimientos democráticos y vulnerando los derechos fundamentales de millones de catalanes", consideran. Para combatirlo, el partido naranja "actualizará" el delito de sedición y rebelión en el Código Penal y "reforzará" los instrumentos de la Ley de Seguridad Nacional y de la Ley de Estabilidad Presupuestaria "para asegurar que la labor de los Mossos d’Esquadra responde a la defensa leal de la Constitución y que no se destina ni un sólo euro de dinero público a financiar ninguna actividad vinculada al procés separatista"procés.

También con la vista puesta en la situación en Cataluña, Ciudadanos quiere impedir que quienes se fuguen de la Justicia puedan presentarse a elecciones. 

Al igual que PP y Vox defienden que el conocimiento de una lengua cooficial autonómica "nunca" será un obstáculo para acceder a un empleo público en España.

Dentro de su apuesta por "actualizar" la Constitución, el partido de Rivera pretende "reforzar las competencias del Estado para garantizar la igualdad entre todos los españoles frente a los nuevos retos del siglo XXI" y "fijar la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, sin posibilidad de transferencia, para reforzar la seguridad jurídica y la claridad".

  Vox

El partido de ultraderecha liderado por Santiago Abascal no ha hecho pública, hasta la fecha, una versión ampliada de su programa electoral.

El pasado mes de octubre, Vox presentó el documento 100 medidas urgentes de VOX para España . El primero de los bloques de este documento, es el de "España, unidad y soberanía". Y la primera medida es la "suspensión de la autonomía catalana". Lo harán, precisan "hasta la derrota sin paliativos del golpismo y la depuración de responsabilidades civiles y penales".

Ligado al punto anterior, en Vox abogan por la "ilegalización de los partidos, asociaciones u ONG que persigan la destrucción de la unidad territorial de la Nación y de su soberanía".

Partidario de la supresión de las autonomías, Vox defiende "transformar el Estado autonómico en un Estado de Derecho unitario que promueva la igualdad y la solidaridad en vez de los privilegios y la división". "Un solo gobierno y un solo parlamento para toda España", resumen. Paso que arrancaría con "la devolución inmediata al Estado de las competencias de Educación, Sanidad, Seguridad y Justicia limitando en todo lo posible la capacidad legislativa autonómica".

Con esta misma filosofía, Vox ve urgente la "supresión de las policías autonómicas" y "suprimir el requisito del conocimiento de la lengua cooficial en el acceso a la función pública de forma que se evite cualquier tipo de discriminación".