Manuel Moix

El escrito de denuncia sostiene que Moix permitió irregularidades en el juicio para proteger a los altos cargos del PP que habían ordenado el espionaje.

Jaime Barrado declara que detectó "irregularidades" en la actuación de su jefe en la UDEF, José Luis Olivera, y de quien en 2009 dirigía la Fiscalía de Madrid. En declaraciones a infoLibre, Moix lo niega todo y subraya que fue él quien abrió la investigación.

Dos defensas anuncian acciones legales contra el exfiscal Anticorrupción y comisarios de la Udef por prevaricación.

El expresidente madrileño, cuya familia se lucró con el campo de golf del Canal, dice ante la Asamblea de Madrid que "nunca" ha actuado en beneficio propio ni de los suyos.

Los atentados terroristas de Barcelona y Cambrils, el Parlament de Cataluña proclamando la independencia o Rajoy declarando como testigo ante la Audiencia Nacional. Son algunos de los hechos que protagonizaron 2017.  

Seleccionamos 33 informaciones desveladas por infoLibre en 2017 que ejemplifican el compromiso editorial de este periódico, cuyos ingresos dependen de forma mayoritaria de las cuotas que abonan los suscriptores.

La previsión de Podemos es que comparezcan en el mes de febrero, en dos o tres sesiones de la comisión sobre corrupción para tratar la construcción del campo de golf en Chamberí.

Anticorrupción aguarda informes sobre la eventual responsabilidad de Gallardón antes de tomar una decisión. La Audiencia Nacional dio la razón en enero a los fiscales del caso, que pidieron dirigir el procedimiento también contra los miembros del Gobierno de Madrid que aprobaron en 2001 el acuerdo para la compra de Inassa.

La Fiscalía cifra en más de 23 millones de euros el "saqueo" público a través de la gestión de la depuradora de Pinedo.

Presenta un incidente de nulidad contra la decisión del Supremo de desestimar la querella criminal que el colectivo interpuso contra el ex fiscal Anticorrupción por los delitos de prevaricación, encubrimiento y omisión de perseguir hechos delictivos.

En el auto de archivo de una querella contra Moix, el Supremo rechaza "la pretensión de derivar al circuito de justicia penal" cualquier decisión de la Fiscalía que "no coincida con las opiniones, ideas o creencias de los que no las compartan".

Una asociación le acusaba de encubrimiento tras una denuncia de vecinos por el campo de golf en Vallehermoso.

La asociación que se querelló contra el ex fiscal Anticorrupción pide, en un escrito remitido al Alto Tribunal al que ha tenido acceso infoLibre, que se oficie a la Agencia Tributaria para que aporte los modelos 347 de Tecnoconcret y Only Golf y para que informe si dicha documentación fue requerida, y en qué fecha, por el Ministerio Fiscal.

La Fiscalía sostiene que el ex fiscal Anticorrupción no es responsable de que se archivase una denuncia presentada contra el expresidente de Madrid en 2009, a pesar de que el decreto de archivo lo firmó Moix y fue él quien adoptó ese acuerdo.

Ha rechazado que la corrupción sea sistémica, aunque según él mismo ha recordado, en el primer trimestre de 2017 había 1.378 cargos públicos investigados y 399 condenados.

La institución señala que sería un avance en los casos en los que autoridades o funcionarios públicos "hayan participado en actos de corrupción" y hayan sido absueltos.

La Fiscalía General del Estado descarta abrir un procedimiento disciplinario contra Manuel Moix, forzado a dimitir como jefe de Anticorrupción después de que infoLibre desvelase que era propietario del 25% de una sociedad panameña. El Tribunal Supremo tiene aún que decidir si admite a trámite una querella presentada contra Moix por tres supuestos delitos al archivar sin investigar denuncias contra Ignacio González.

El fiscal jefe Anticorrupción ha acordado dejar sin efecto el Real Decreto del pasado 10 de abril por el que se sustituyó a a los fiscales anticorrupción José Grinda y Fernando Bermejo.

La Sala Segunda del Tribunal Supremo pide a la Fiscalía que se pronuncie "sobre la competencia y contenido de la querella formulada" contra Manuel Moix, que es fiscal de Sala del propio Supremo tras verse forzado a dimitir en Anticorrupción por su empresa en Panamá.

El TCJ-15M habilita una cuenta de correo para que los aportantes puedan reclamar las donaciones. El Supremo impuso una fianza de 3.000 euros que se debía pagar en tres días y 250 donantes aportaron 12.433 euros en 36 horas.