La Fiscalía de València dice que en Emarsa se desviaron 836.600 euros en comidas y regalos

La Fiscalía de València cifra en 23.501.620,35 euros los perjuicios causados por el desvío de fondos públicos a través de la empresa pública Emarsa, que gestionó la depuradora de Pinedo, de los que 836.613,25 euros se destinaron a gastos en hostelería, obsequios y similares, otros 262.934,11 a viajes particulares y 146.400 euros a sobresueldos.

Así lo ha cifrado el ministerio público durante la exposición de sus conclusiones en el juicio de la pieza principal del caso Emarsa, en el que se ha investigado el saqueo de 24 millones de euros en la gestión de la depuradora de Pinedo (València), y que suma 24 acusados. La fiscal ha advertido de que ha modificado su escrito respecto al inicial ante algunas conformidades pactadas con las defensas y por el incremento de penas para algunos acusados. El resto de acusaciones reclama penas similares a las del ministerio público.

En total, la responsabilidad civil la ha cifrado la fiscal en 23.501.620,35 euros, más los gastos derivados del proceso de liquidación cuantificados hasta este momento en 8.194.472,11 euros y los 3.185.550,72, si se confirman las sanciones tributarias impuestas o, en su caso, en la cuantía que se determine una vez concluya el procedimiento administrativo. Los acusados deberán indemnizar conjunta y solidariamente a la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar) y a la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi) en estas cantidades.

En el desglose de gastos, la fiscal advierte de que se han desviado 12.163.578,09 euros derivados de la gestión de los lodos de Pinedo y otros 849.176,44 euros por la gestión de los desbastes en la misma planta. En total, 13.0012.754,53 euros. Así mismo, se ha referido a 262.934,11 euros por los perjuicios causados por gastos en viajes particulares; a 836.613,25 euros por gastos en hostelería, obsequios y similares; y a 146.400 euros por sobresueldos.

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El caso Emarsa, dividido en más de una decena de piezas, se investigó durante alrededor de cinco años.

Saltó a la luz en el año 2010, cuando el PSPV denunció que Emarsa acumulaba un déficit de al menos 16 millones de euros, además de contratos no justificados por valor de unos 32 millones más.

Al año siguiente, en 2011, el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia abrió una investigación que salpicó a políticos y empresarios y obligó a dividir el procedimiento en diferentes piezas para agilizar los tiempos.