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Murcia, una política al estilo siciliano

La Manga del Mar Menor es un ejemplo del 'boom' inmobiliario.

José Antequera

Dice un viejo proverbio castellano que se hizo popular durante la Reconquista: “Mata al rey y vete a Murcia”. O lo que es lo mismo: comete un crimen y escóndete en aquella tierra de frontera, que nadie te hará demasiadas preguntas y hasta se te perdonarán todas las deudas, tanto de robo como de sangre. Hoy, siglos después de aquella sentencia premonitoria, decenas de cargos públicos −entre alcaldes, concejales, directores generales y funcionarios−, parecen haber caído en esa misma omertà o ley del silencio, esta vez por influjo de la corrupción. En la Región de Murcia, durante los últimos años, nadie preguntaba de dónde salían el dinero, las dádivas, las mordidas y las comisiones. Simplemente se hacía y se dejaba hacer. El resultado: 35 de sus 45 ayuntamientos se han visto salpicados por diversos escándalos de corrupción, en su mayoría relacionados con el sector del ladrillo.

Murcia es esa comunidad autónoma donde se construyen campos de golf pese a que la tierra ha sido esquilmada por la sequía, donde se roba el agua sin pudor y donde el presidente de la región, cabeza y emblema del sistema, se ve obligado a dimitir el pasado mes de abril tras ser investigado por graves delitos. Todo ello, mientras unos bandidos asaltan el domicilio del fiscal anticorrupción para robarle datos secretos de su ordenador personal y algún que otro juez se va de cañas con políticos del Gobierno regional en el momento más inoportuno. ¿Qué está pasando en Murcia? ¿Por qué aquello se ha convertido en una pequeña Sicilia a la española, una especie de territorio comanche donde, por lo visto, todos se saltaban la ley?

Según algunos expertos, la situación viene de lejos, pero ha sido el caso Auditorio, de Puerto Lumbreras, que ha obligado a dimitir al presidente de la comunidad autónoma, Pedro Antonio Sánchez, del PP, el que ha destapado la situación de caciquismo, corruptelas, urbanismo desbocado, nepotismo, indolencia de la sociedad murciana, clientelismo y cierta tolerancia de una parte de la judicatura de esta pequeña región de apenas millón y medio de habitantes. En la actualidad, las familias murcianas de rancio abolengo siguen detentando el poder político y económico, tal como lo hicieron sus antepasados feudales en la Edad Media, más tarde como caciques en el siglo XIX y también durante el franquismo. “La situación no es de ahora. El ciudadano se siente protegido por ese poder corrupto. Ofrece tranquilidad al votante medio. Podría decirse que la fase caciquil no se ha superado en esta región”, asegura Bernar Freiría, catedrático, periodista y escritor afincado en Murcia.

 

El expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez en el momento de presentar su dimisión a principios del mes de abril. / EFE

La cronología de la corrupción murciana nos lleva hasta una fecha marcada en rojo: 1993. Aquel año se celebraba el congreso regional del PP en medio de una agria lucha interna entre caleristas y críticos. Los primeros eran partidarios de Juan Ramón Calero, presidente de Alianza Popular de Murcia entre 1979 y 1991. Abogado del Estado, hombre inteligente, de fuerte personalidad y difícil de manejar, según sus allegados, Calero se había propuesto implantar una derecha liberal moderada a la europea en la región. Su rival era Ramón Luis Valcárcel, un joven político que contaba entonces con las simpatías de la nueva clase empresarial, de las viejas estirpes familiares y del sector financiero. Valcárcel era, y todos en Murcia lo sabían, el candidato de Aznar. “Los poderes fácticos no querían ni oír hablar de Calero. Los amos de Murcia, que eran los caciques franquistas de toda la vida, empezaron a conspirar contra él, sobre todo Tomás Maestre, el padre del urbanismo en La Manga del Mar Menor, el gran jefe de la derecha murciana, quien durante una cena llegó a exigirle a Calero que dejara el puesto porque ya no contaban con él”, afirma Juan José Cano Vera, exdiputado, periodista y escritor que en aquellos años formó parte del equipo calerista.

El congreso regional de 1993 zanjó la cuestión: ganó Valcárcel con el 60% de los votos frente al 40% de Calero, que poco después abandonaría el Partido Popular para fundar el fracasado PADE. De este modo, el proyecto de crear un PP liberal y moderno a la europea se esfumaba y se tejía una íntima trama clientelar urdida entre el poder político y el financiero, la denominada “gran cacicada franquista”, a la que se sumarían Clemente García (último alcalde de la dictadura en Murcia y presidente de la patronal), así como otros empresarios destacados de los sectores de la construcción y la industria conservera, todos ellos interesados en tomar posiciones para repartirse el pastel que se estaba cocinando.

En el año 1995 Valcárcel arrasa en las elecciones autonómicas, acabando con el feudo socialista, y José María Aznar gana las generales al año siguiente. El plan estaba en marcha. Se trataba de un programa político claramente inspirado en la filosofía económica del capitalismo sin límites (reedición del desarrollismo desbocado de los años sesenta) en el que no faltarían la liberalización del suelo, los planes urbanísticos faraónicos impulsados por la aristocracia empresarial afín al poder (conserveros, constructores y la patronal CROEM, que empezó a controlarlo todo) el turismo barato de sol y playa, la complicidad de las cajas de ahorro, la explotación abusiva de la costa y del entorno natural y una férrea mordaza sobre los medios locales de comunicación, a los que se tapó la boca con jugosas subvenciones para que dejaran de hablar mal del poder. El ideario político (una estrategia perfectamente diseñada para saquear la región y calco de la que se siguió en la vecina Comunidad Valenciana), se aderezó con costosas campañas publicitarias de imagen, casposas galas televisivas retransmitidas por TVE bajo el eslogan de dudoso gusto Murcia qué hermosa eres, ferias taurinas, conciertos de Julio Iglesias y acusaciones de tongos y amaños en certámenes de Miss España. El régimen se disfrazaba con lo cañí.

Los efectos de la doctrina Valcárcel empezaron a notarse casi de forma inmediata: con Calero, un político apenas cobraba 10.000 pesetas. Con Valcárcel pasaron a ganar 400.000. El dinero empezaba a fluir torrencialmente por los pasillos del partido.

El ladrillo y la guerra del agua

Con Valcárcel ya sólidamente instalado en el poder, comenzaron a ponerse en marcha los grandes pelotazos del ladrillo que debían convertir a Murcia en una suerte de California europea para turistas extranjeros. Cada municipio quería su propio plan integral urbanístico, su propia macrourbanización de ensueño. Había negocio en cada pueblo, la burbuja se inflaba. Se recalificaron terrenos al margen del procedimiento legal, se adjudicaron proyectos a constructores amigos, se proyectaron gigantescas urbanizaciones como Novo Carthago (10.000 viviendas, dos campos de golf y varios hoteles de lujo en terreno protegido), un sueño que hoy ha terminado en los tribunales. El ladrillo empezó a generar tantas fortunas para tanta gente que nadie podía creer que el milagro murciano de los panes y los peces fuera cierto.

Pero nada se hace sin dinero y ahí estaban las entidades financieras para arrimar el hombro. La CAM, Banco de Valencia y Caja Murcia se convirtieron en manantiales inagotables de financiación para los proyectos babilónicos del PP e “incluso se concedían préstamos a 0% de interés a los políticos del partido”, asegura Cano Vera. Así no extraña que las cajas de ahorro terminaran convirtiéndose en agencias de colocación, covachuelas en las que se enchufaba a los amigos del régimen, tuvieran o no conocimientos bancarios.

También el nepotismo ha sido generalizado en los últimos años en esta región y a todo aquel que se negaba a pasar por el aro, como el expresidente autonómico, Alberto Garre, no le quedaban más que dos alternativas: irse a su casa o resignarse a ser marginado. Después de Garre, Valcárcel colocó a Pedro Antonio Sánchez y éste, tras su dimisión forzosa del pasado abril, ha designado a Fernando López Miras. Así, en Murcia la continuidad siempre está garantizada.

Hacia el año 2006 el modelo de urbanismo desbocado empezó a dar síntomas de agotamiento y el sistema financiero se desplomó estrepitosamente. Había estallado la burbuja inmobiliaria. Poco antes de que el sector de la construcción colapsara, ya se registraban en la Fiscalía al menos 24 denuncias, la mayoría por supuesta corrupción urbanística, sobrecostes, mordidas y un amplio listado de irregularidades en la contratación. En 2013 se acumulaban más de 40 casos. El sistema se había gangrenado.

Pero en Murcia los caciques no sólo han hecho negocio con la tierra, también con el agua. Valcárcel −que hoy goza de un retiro tranquilo en el Parlamento Europeo, lejos del fragor de la corrupción, mientras su delfín, Pedro Antonio Sánchez, se enfrenta a acusaciones muy graves−, fue el máximo impulsor del trasvase del Ebro y de la campaña Agua para todos, que trató de convencer a la población de que los gobiernos socialistas robaban el agua a los murcianos. El hidrogeólogo Francisco Turrión asegura a esta revista que “el primer fraude es que nos han engañado con los números”. “Nos han hecho creer”, explica, “que hay un déficit hidrológico en la Región de Murcia y eso no es cierto. Nos han creado un estrés hídrico. El agua subterránea, que se ha suprimido de la planificación por determinados intereses, es cinco veces superior al caudal fluvial. Es decir, que por cada río Segura hay cinco ríos subterráneos, que combinados con las desaladoras darían un excedente de 200 hectómetros cúbicos. Eso sería perfectamente ecológico y sostenible”.

Durante años, el PP alimentó la guerra del agua y el frentismo con otras regiones bajo el argumento de que el trasvase del Ebro resultaba vital para que Murcia no terminara muriéndose de sed. Se colgaban gigantescas pancartas de protesta en las fachadas de los ayuntamientos, se fletaban autobuses para multitudinarias manifestaciones que, a veces, desembocaban en Madrid y se creó un clima bélico que enrareció las relaciones con otras comunidades autónomas fronterizas. Sin embargo, durante los peores años de la sequía se permitió que los empresarios afines al partido ampliaran sus extensiones de regadíos mientras los pequeños agricultores sufrían las restricciones diarias. Para regar los campos de golf siempre había agua. Tal era la inmensa fuerza y el poder de influencia del lobby murciano del hormigón. “Se ha consentido el contrabando de agua. A unos regantes se les decía que había sequía y a otros amigos del poder se les daban las concesiones. Había una ley para ricos y otra para pobres. Y eso a pesar de que se excavaba un pozo y el agua salía a chorros delante de tus propios ojos, porque la ciudad de Murcia está asentada sobre un gran lago”, explica Turrión.

En la actualidad el proyecto de trasvase del Ebro, que suponía un atentado contra el medio ambiente, según los grupos ecologistas, ha quedado condenado al olvido en algún cajón del Palacio de San Esteban, sede del Gobierno autonómico. Ya no interesa. Otro pelotazo que queda aparcado. Se ha demostrado que la racionalización de los recursos hídricos y la política de desaladoras termina dando sus frutos a largo plazo.

Todas estas prácticas corruptas nunca se hubieran hecho realidad sin un poder judicial cuanto menos tímido con los vicios y costumbres de la clase política murciana. Hace sólo unas semanas, el exfiscal jefe de Murcia, Manuel López Bernal, denunciaba “presiones e intimidaciones” contra miembros de su plantilla que investigan casos de corrupción y que, según él, “se sienten desprotegidos”. “Recuerdo que la primera vez que presenté una querella por un asunto de corrupción, allá por el año 2006, contra el alcalde de un municipio, hubo manifestaciones de protesta y hasta una procesión a la cárcel porque el juez había metido en prisión a ese político. ¿Y todo eso por qué pasa? Porque la gente en este país no tiene mentalidad de que el dinero público es de todos los españoles”, señala López Bernal. La sensación de impunidad ha llegado a tal punto que los bandidos no tienen reparos en entrar subrepticiamente, y hasta por tres veces si hace falta, en la casa y en el despacho del mismísimo fiscal anticorrupción, Juan Pablo Lozano, para robarle datos confidenciales de su ordenador personal.

Pese a todo, la Policía Nacional de Murcia niega que estos sucesos tengan algo que ver con asuntos de corrupción y los atribuyen a la delincuencia común. El último episodio de relaciones peligrosas entre el poder judicial y el político lo ha protagonizado el juez instructor del caso Auditorio, Julián Pérez Templado, a quien un fotógrafo cazó tomando cañas con allegados colaboradores del presidente regional imputado.

Corrupción política y económica y tibieza judicial. Pero falta sin duda la última pata del banco: la corrupción social. El sociólogo Amando de Miguel considera que lo que sucede en Murcia es extrapolable al resto de España. “De boquilla criticamos mucho la corrupción, pero en el fondo a la gente no le parece tan mal, admiramos al pícaro y lo que se castiga no es que sea un corrupto, sino que haya sido tan tonto como para dejarse pillar. No hay tanta honradez como nos creemos y la mayoría actuaría exactamente igual que el corrupto si estuviera en su lugar”, asegura. De Miguel no cree que la tolerancia con la corrupción sea algo que atañe sólo a los murcianos, sino que “los genes de los españoles son así”.

 

Decenas de murcianos salieron a la calle en abril para protestar contra la corrupción. / PLATAFORMA CIUDADANA ANTICORRUPCIÓN

Bernar Freiría, por su parte, piensa en términos parecidos. “La gente se quiere ver reflejada en el poderoso, quiere sentirse como él. Por eso no hay una condena social de la corrupción, por eso muchos murcianos son condescendientes con el político corrupto. Piensan: Si puedo echarme un euro al bolsillo, aunque no sea mío, ¿por qué no?”, comenta. De alguna manera, los murcianos han vivido durante décadas a la sombra burguesa del chalé en la huerta o en la playa, al fresco de la cañita y la tapa en la Plaza de las Flores de la capital, disfrutando de un sol y un clima envidiables, y esto ha podido marcar cierto carácter indolente en una mayoría.

Una mayoría social conservadora

Muchos se preguntan cómo ha sido posible que la ciudadanía haya permitido que el partido más corrupto de la historia de Murcia se haya mantenido en el poder durante 22 años y haya llegado a poseer un control absoluto de las instituciones, del mundo de la empresa y la banca y hasta de los medios de comunicación. Sin duda, el perfil sociológico del votante murciano, conservador y acomodado, cuando no indiferente, ha contribuido a que la corrupción se haya instalado en todas partes. Laura Gil, jugadora murciana del equipo de baloncesto femenino Perfumerías Avenida y medalla de plata en los pasados Juegos Olímpicos de Río, considera: “Obviamente es una vergüenza que algunos políticos no sean honrados y honestos en sus trabajos. Todos deberíamos ser más consecuentes. Murcia tiene rincones preciosos y si, al final, su nombre sólo sale por estas cosas eso no es bueno para el turismo”. En parecidos términos se expresa la pintora y artista Dora Catarineu, quien califica de “impresentable” la imagen que Murcia proyecta al exterior. “Es una cuestión de educación, de cultura. Habría que empezar por suprimir los programas del corazón tipo Sálvame y por animar a que la gente lea más y aprenda lo que es la política. No hay demasiados murcianos cultos, aunque es un mal que afecta a toda España”, opina.

En Murcia el 70% de las familias elige religión católica para sus hijos, casi el 35% se abstiene de ir a votar y la tasa de fracaso escolar entre los alumnos es la segunda más elevada de España. Eso sin contar con que las cifras de paro resultan cada vez más preocupantes. Los expertos creen que estamos ante la típica sociedad adormecida, anestesiada, poco concienciada o indiferente ante lo que pasa, aunque en los últimos años muchos se han movilizado contra la epidemia de corrupción sistemática y se han organizado en asociaciones cívicas que, como la Plataforma Ciudadana Anticorrupción de la Región de Murcia, se echan a la calle para protestar. “Estamos aquí para demostrar que la ciudadanía es el último resorte contra la corrupción y por la decencia y la dignidad en una sociedad infestada de corrupción. Algo huele mal y el hedor viene del Gobierno autonómico”, dijo Marian Alfonso, portavoz de la organización, al término de la manifestación que congregó a más de 3.000 personas en Murcia en abril.

“La picaresca siempre está ahí”, sostiene el sociólogo Amando De Miguel. “Me resulta fascinante comprobar cómo la gente se cuela en la cola del cine o del autobús y eso pasa en toda España, no sólo en Murcia, también en el País Vasco”, insiste. No resulta extraño que en las grabaciones obtenidas por la Guardia Civil durante la investigación del caso Auditorio aparezca un sospechoso exclamando con euforia: “¡Murcia a tope!”, mientras ve correr el dinero negro ante sus ojos. “Que entren a robar datos en casa de un fiscal eso ya tiene tintes sicilianos, es un paso más, hay una trama de prácticas mafiosas, es decir que la violencia empieza a asomar la patita, aunque el siciliano no haya asomado aún el trabuco”, afirma Freiría.

Tampoco la prensa local murciana se ha distinguido precisamente por su contundencia a la hora de investigar casos de corrupción y cuando ha tratado algún tema espinoso lo ha hecho al día siguiente, como rutinario seguimiento, después de que algún medio nacional haya destapado la bomba en exclusiva. El llamado cuarto poder –aplacado por las jugosas subvenciones oficiales, contaminado por las amistades peligrosas entre periodistas y políticos y debilitado por la crisis general que atraviesan los periódicos en papel– ha tolerado la ley del silencio durante muchos años. Quizá demasiados. Todo eso ha dado alas al corrupto, que se ha sentido totalmente impune. Tal como decía el viejo proverbio medieval: Mata al rey y vete a Murcia.

*José Antequera es escritor y periodista.*Este artículo está publicado en el número de mayo deJosé Antequera

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