El incendio, un reto civilizatorio

Un verano más, la tragedia de los incendios forestales vuelve a asolar una gran parte de las tierras de España. Un año más hemos escuchado causas de su aparición y las medidas a adoptar para reducir su número y la extensión de la superficie afectada. Un año más veremos a los responsables estatales y autonómicos explicar que son los déficits de recursos y competencias los que impiden dar un tratamiento adecuado al problema .Todos estos hechos recurrentes forman parte ya de una cierta rutina que, por serlo, pareciera haber reducido la gravedad del problema. 

Y, sin embargo, no solo no se ha reducido su gravedad sino que, como estamos viendo en este terrible mes de agosto, esta crece hasta desbordar por completo la respuesta de las administraciones competentes, sembrando la angustia de las poblaciones afectadas. Los efectos del cambio climático, ese que el tercer partido de representación parlamentaria sigue negando y atribuyendo a una conjura woke de la izquierda, se hacen sentir convirtiendo nuestros montes en verdaderos polvorines por efecto de la altas temperaturas, la sequedad y la acumulación de material combustible. Sumando así gravedad a un problema secular que tiene su origen en los efectos de las políticas llevadas a cabo durante los reinados de las dinastías que se han sucedido en el trono de España y que se han prolongado en las concepciones del desarrollo y la modernidad que han convertido al mundo rural en un inmenso vacío al parecer solo apto para externalizar el metabolismo de la España urbanizada. 

La propuesta de un pacto de Estado para abordar el problema más grave al que se enfrentan las sociedades de nuestro tiempo tal vez llega con retraso, pero es importante que, por fin, se plantee y la ciudadanía tenga ocasión de comprobar las posiciones de los distintos partidos al respecto. Creo que sería un marco adecuado para abordar con seriedad uno de los más graves problemas. Y que en él debiera tener un lugar privilegiado, entre otros, la reforma de nuestra Constitución para dar cabida a un régimen jurídico más adecuado para nuestra superficie forestal (¿por qué no la asignación de la condición de dominio público, ampliando así el ámbito de lo contemplado en el artículo 132 para el litoral y las cuencas hidrográficas?).

Salvo el negacionismo de la extrema derecha nadie medianamente informado pone en duda ya la realidad, terrible realidad, del cambio climático. Las condiciones climáticas en las que ya vivimos y vamos a vivir están cambiando nuestras vidas, que deberán adaptarse a estas tan adversas condiciones. La forma en la que el sistema económico imperante ha utilizado el mundo rural y el monte en particular no puede continuar. 

Las condiciones climáticas en las que ya vivimos y vamos a vivir están cambiando nuestras vidas, que deberán adaptarse a estas tan adversas condiciones

En un país con la mitad de su superficie con vocación forestal, el monte no puede seguir con su secular estado de abandono. Se trata de un bien común cuya incidencia en la regulación del ciclo del agua, la contención de la escorrentía o la regulación del clima absorbiendo CO2 es de la mayor importancia, lo que lo convierte en un poderosos aliado de los esfuerzos por atemperar los efectos del calentamiento. Cuando se produce un incendio, el monte se convierte en un emisor más de CO2 y la ceniza acumulada en un medio para la contaminación de los suelos y la aguas cuando las lluvias la arrastran ladera abajo. El cuidado del monte durante todo el año arroja un saldo doblemente positivo para los sistemas naturales y la diversidad biológica.

En el ámbito de la UE no ha sido fácil que se admitiera ese benéfico papel del bosque mediterráneo y el peligro que representa el incendio: en el centro y norte de Europa preocupaban más las lluvias ácidas que el fuego, lo mismo que se concede mucha más atención a la producción de energía con fuentes renovables que a la modificación de la pautas vigentes de producción, distribución y consumo. Con el tiempo la especifidad de los problemas ecológicos en el sur de Europa se ha impuesto y el incendio junto con la erosión y la desertificación del suelo hacen parte ya de la problemática ecológica europea. La consecuencia debiera haber sido que en los planes estatales de recuperación incluidos en los fondos NEXT GENERATION europeos se incluyeran dotaciones suficientes para la protección de los ecosistemas forestales, algunos de los cuales están incluidos en espacios naturales con distintos grados de protección. Si no hubiera sido así, el gobierno está a  tiempo de incluir, en los PGE para 2026 dotaciones con cargo a la financiación europea suficientes para aumentar el grado de protección de estos ecosistemas.

La política es un permanente ejercicio de elección de prioridades. En el momento actual, junto a las urgencias para salvar estos bienes comunes que son condición de supervivencia de otros como los ríos y las especies vegetales y animales, aparecen otras sobre las que los ciudadanos aun no hemos podido opinar, las que tienen relación con políticas militares cuyas necesidades se nos escapan y para las que se nos exigen intensos esfuerzos presupuestarios.

Pero no todo se arregla con mayores recursos presupuestarios. Los incendios forestales son una expresión de nuestras sociedades. Sociedades en las que la naturaleza es contemplada como un recurso económico de uso gratuito en el que invertir si tenemos expectativas de obtener ganancias. De no ser así es abandonada, a la espera de que cualquier catástrofe natural o artificial la degrade.

Parece llegado ya el tiempo en el que convengamos que el incendio, como parte del colapso ecológico, es un reto civilizatorio al que no podemos hacer frente manteniendo los rasgos de la civilización que nos han traído hasta aquí. Recomendar resiliencia o incluir la variable climática en las políticas públicas no es suficiente para afrontar un reto de semejante envergadura.

Un pacto de Estado como el propuesto por el presidente del Gobierno constituye sin duda el marco indispensable para emprender esta empresa de reconstrucción ecológica y social. Pero no basta con el compromiso de los partidos. La sociedad civil debe ser parte de forma más directa de tal compromiso; es preciso impulsar instituciones y ámbitos de participación y seguimiento que habiliten el ejercicio de la responsabilidad de la ciudadanía en esta empresa civilizatoria.

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José Errejón Villacieros es administrador civil del Estado.