Las balas selectivas de la UCO y el (casi) olvidado ‘caso Montoro’

Sabíamos desde el minuto uno de la legislatura que debíamos tener un ojo puesto en el Congreso y en la débil mayoría de gobierno, dependiente (sobre todo) de los votos de Junts. Ahí seguimos, con la novedad esta semana del giro de Sánchez respecto a esos “compromisos de investidura pendientes de cumplir”. Es el ¿penúltimo? intento del Gobierno para consolidar apoyos parlamentarios suficientes que garanticen la aprobación de Presupuestos o al menos un horizonte de gobernabilidad hasta 2027, como Sánchez no se cansa de repetir: “Agotaremos la legislatura”. Es la respuesta a los gritos en el templo de Debod, donde se escuchó por enésima vez la exigencia de elecciones anticipadas (aliñada con una alucinante resurrección de una ETA a punto de tomar el poder en Euskadi y Navarra, según Ayuso) mientras a pocas manzanas de allí, en la calle Ferraz, los devotos de la extrema derecha acompañaban la misma exigencia con su machacón estribillo de “Pedro Sánchez, hijo de puta”. Estos son los mensajes principales de quienes plantean (ya de forma transparente con los auspicios de Aznar) una alternativa de gobierno sin proyecto de país. (Ver aquí).

Pero también sabíamos que debíamos tener el otro ojo centrado en los tribunales, en las acciones de una parte de la judicatura enfrentada sin pudor al Ejecutivo de coalición desde antes incluso de aprobarse la ley de amnistía. Por tierra, mar y aire. Por la vía de cargarse al fiscal general del Estado (es cuestión de horas, como mucho de días, que por fin conozcamos una anunciadísima sentencia made in Marchena), al hermano músico del presidente del Gobierno o a Begoña Gómez, su mujer, adjudicándole un tráfico de influencias sin influencia (comprobada) alguna. Por el camino estalla el caso Ábalos-Cerdán-Koldo, todos a la cárcel con mochilas repletas de chistorras gigantes y embutidas en dinero negro. Amenazas, chantajes, insinuaciones, medias verdades… un pack completo que de momento no alcanza a ensuciar la financiación del PSOE, pero que mantiene a Sánchez tocado por su incapacidad manifiesta para acertar en la elección de hombres (machirulos puteros) de confianza. Y al espectáculo bochornoso se suma Francisco Salazar, con denuncias múltiples (mal gestionadas y peor investigadas) por acoso sexual (ver aquí). Todo lo citado es más que grave, aunque el tiempo dirá si la ciudadanía pone o no en valor el reconocimiento de errores por parte de Sánchez y la expulsión inmediata del partido de todos los implicados. 

Y aquí se cruza de nuevo el opacado, semiolvidado, silenciado caso Montoro. No me vengan con lo del manido “ventilador”. Se trata más bien de conectar el aire acondicionado, oxigenado, y hacer el ejercicio de ubicar bajo los focos cualquier asunto de corrupción sin distorsionar la gravedad del mismo por intereses políticos, económicos o mediáticos. ¿Por qué el caso Montoro no ocupa portadas y abre telediarios y llena programas de tertulia? Es raro, raro, teniendo en cuenta que quienes miran para otro lado sostienen a la vez que vivimos prácticamente bajo una ‘dictadura sanchista’ que interfiere en la actuación de tribunales. 

¿Por qué el 'caso Montoro' no ocupa portadas y abre telediarios? Es raro, teniendo en cuenta que quienes miran para otro lado sostienen a la vez que vivimos prácticamente bajo una ‘dictadura sanchista’

Este miércoles hemos conocido la respuesta de la fiscala Carmen García Cerdá a la retahíla de recursos de los acusados que solicitan directamente la anulación de la causa. Recordemos: están imputados el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro y otras 27 personas investigadas por delitos de cohecho, fraude contra la Administración Pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad en documentos. Si se leen seguidos los presuntos delitos, se corta el aliento. Y si se piensa lo que significan, todavía más. Lo esencial, lo más trascendente e indignante del asunto es que hay indicios sólidos de que empresas gasísticas, energéticas y de otros sectores contrataron los servicios de Equipo Económico (despacho vinculado a Montoro) para lograr que el Gobierno presidido por Rajoy aprobara reformas legales que “beneficiasen sus intereses económicos, en menoscabo del sector público”, según el juez titular del juzgado de instrucción número 2 de Tarragona que ha dirigido la investigación. Y así fue. Están comprobadas las “morcillas” (o chistorras) redactadas por las propias empresas que aparecían copiadas en textos aprobados después en Consejo de Ministros. Dicho de otro modo: se privatizó nada menos que la función de Gobierno y la iniciativa legislativa. La democracia, a la papelera. 

El texto redactado por la fiscala de Anticorrupción desmonta uno a uno los argumentos de la banda de Montoro (ver aquí, son 19 páginas y no tienen desperdicio). Pongo algún ejemplo. En la página 4 advierte que se trata de “actuaciones graves de corrupción (…) que no entienden de ideología política alguna”, en respuesta al intento de convertir un trabajo de muchos años de investigación discreta, pausada (y obstaculizada) en una causa de “notorio cariz político y especial relevancia mediática”. O en la página 7, donde queda al desnudo el intento descarado de los inculpados por buscar la nulidad de todo el proceso, basado entre otras cosas en la larga duración del secreto sumarial, levantado por el magistrado el 19 de junio pasado. Escribe la fiscala: “No han solicitado ningún tipo de diligencia pese al tiempo transcurrido…”. O vayamos a la página 10, donde se denuncia la falta de colaboración de distintas entidades (bancarias o energéticas) a la hora de aportar la información requerida de forma reiterada. O a la 13, en la que se expone que la archifamosa UCO de la Guardia Civil, pese a los años transcurridos desde el inicio del proceso, sólo ha analizado los datos de “10 cuentas de las más de 200 que han sido entregadas”, y donde estaría –o por donde habría circulado– el dinero aportado por las empresas a los inculpados a cambio de su influencia para rebajar impuestos o mejorar sus condiciones de competencia en cada sector. No es la primera vez que la fiscala protesta por el (mal) trabajo realizado por la Unidad Central Operativa, y especialmente por la sección que dirige el teniente coronel Antonio Balas, cuya munición parece disparar con mucha más rapidez y precisión en casos que afectan al “régimen dictatorial sanchista” para el que supuestamente actúa que cuando se trata nada menos que de un ministro de Hacienda del PP que presuntamente trabajaba para intereses privados en perjuicio de NUESTROS intereses: los de la caja común cuya fiscalidad no solo administraba sino que además utilizaba saltándose la obligación de confidencialidad para lanzar amenazas y presiones sobre quienes consideraba adversarios políticos, rivales personales, artistas o periodistas críticos o simplemente molestos. 

De modo que sí, todo lo que hemos ido conociendo de los escándalos que afectan al PSOE es vomitivo, pero habrá que reconocer que vienen centrando la atención de todo el panorama mediático audiovisual, de prensa y digital como merecen y más allá. Como también ocuparon portadas y telediarios durante años las actuaciones de un tal García Castellón contra Podemos y sus dirigentes sin la menor prueba. Y sigue por ahí, dando conferencias sobre moral y justicia. Así que no hace falta enchufar ningún ventilador para advertir de la gravedad y desaparición mediática del caso Montoro, una privatización de la democracia que parece no preocupar a nadie, y uno siente arcadas escuchando a los sucesivos jefes de Montoro (Aznar, Rajoy, Feijóo…) dando lecciones de ética política. ¿Por qué no se callan? (quizás la única expresión sincera en la historia del pesadísimo emérito).