Televisión pública asturiana: un director general en funciones desde hace cinco años
La distancia entre la regulación legal y la aplicación real de las normas que afectan a la televisión local en Asturias es una evidencia. El actual director general de Radio Televisión del Principado de Asturias (RTPA), Francisco González Orejas, ocupa el cargo en funciones desde marzo de 2019, lo que significa que la Junta General (el Parlamento autonómico) lleva más de seis años incumpliendo la obligación legal de nombrar a la persona de la que dependen la radio y la televisión públicas en la comunidad.
El artículo 20 de la ley reguladora, que data de 2014, establece que “el Director será elegido por la Junta General del Principado de Asturias, previa comparecencia del candidato” para que la Cámara pueda “informarse de su idoneidad para el cargo, por mayoría de dos tercios, a propuesta de los Grupos Parlamentarios, en primera convocatoria. Si transcurridas veinticuatro horas desde la primera votación no se alcanzase esa mayoría, se elegirá por mayoría absoluta en una nueva votación”.
Cuando González Orejas (Mieres, 1957), licenciado en Periodismo y doctor en Filología Hispánica, se hizo con el cargo, era un miembro más del consejo de administración de RTPA. Fue elegido director en funciones con seis votos a favor —los de los consejeros propuestos por el PSOE, IU, PP y Foro— y dos en contra —los de Podemos—. Aquel día, el consejo instó y urgió a la Junta General a pactar el nombre de un director general ya. Y hasta ahora.
Porque, durante seis años, la Junta General ha sido incapaz de cumplir con su obligación legal. Lo que significa que González Orejas ya ha superado incluso el mandato legal que tendría un director general elegido con arreglo a la ley. Y contando.
Reparto del consejo de administración
Y eso que el Parlamento asturiano sí encontró la forma de renovar a los ocho miembros del consejo de administración. Lo hizo en mayo de 2022, eligiendo tres a propuesta del PSOE, dos a iniciativa del PP, uno a instancias de Ciudadanos, otro a propuesta de Podemos y el último designado por IU.
No es la primera vez que alguien se tiene que hacer cargo de la RTPA en funciones, aunque sí la más prolongada en el tiempo. Cuando José Ramón Pérez Ornia, el primer director general, dimitió después de permanecer en el cargo entre 2005 y 2011, le siguió en funciones unos meses José Guerenabarrena, después del cual asumió la máxima responsabilidad de los medios públicos asturianos Antonio Virgili, también en funciones. De hecho, la Junta General no oficializó su puesto hasta 2015, cuatro años después. Virgili, doctor en Comunicación Pública por la Universidad de Navarra, donde se licenció en Ciencias de la Información, dimitió en 2019, lo que abrió la puerta a la interinidad actual.
El desinterés de la Junta General y del Gobierno del Principado por el cumplimiento de la ley que regula la RTPA ha tenido como consecuencia que nunca, desde que se introdujo en la ley de 2014, se haya aprobado el mandato marco, el instrumento estratégico y plurianual que establece los objetivos generales y las líneas de actuación del servicio público de radiotelevisión autonómica. Lo acaba de aprobar la Junta General —tras debatirlo el pasado mes de junio, con 11 años de retraso— con una vigencia de nueve años y, al menos, con el consenso de todos los grupos parlamentarios, a excepción de Vox.
Más difícil lo tiene el contrato programa, también previsto en la ley y a su vez inédito. Consiste en un acuerdo con una vigencia de tres años entre el Gobierno del Principado de Asturias y RTPA, que traduce el mandato marco en compromisos concretos y financiación para su cumplimiento.
En consonancia con esta falta de desarrollo de la ley, tampoco ha tenido gran eficacia la previsión de creación de un órgano consultivo abierto a la sociedad civil que la norma de 2014 bautizó como Consejo de Comunicación. En él tienen asiento, durante seis años, nueve personas nombradas por el Gobierno a propuesta de empresarios, periodistas, publicistas, compañías audiovisuales, productoras, asociaciones de consumidores, sindicatos, entidades locales, Administración autonómica y universidad. Lo mismo sucede con el Consejo de Informativos, que debe representar a los trabajadores de la RTPA.
Así las cosas, la Radio Televisión Pública, aunque no ha sido objeto de grandes controversias en relación con la manipulación informativa o su dependencia del poder político, más allá de las habituales acusaciones de los partidos que están en la oposición y se sienten infrarrepresentados en los informativos, difícilmente cumple las exigencias del Reglamento Europeo de Medios, la directiva que, desde agosto, exige a los medios públicos de la UE cumplir determinados requisitos.
Requisitos
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La EMFA, por sus siglas en inglés, exige la adopción de normas internas claras y comités independientes para proteger la libertad de los periodistas frente a presiones internas o externas. Eso significa estatutos de redacción (un documento que recoja los principios éticos, los derechos de los periodistas y los procedimientos para resolver conflictos con la dirección) y consejos de redacción (un órgano elegido por la plantilla periodística que puede emitir informes o vetar decisiones que afecten la independencia profesional). La RTPA cuenta, en teoría, con ese órgano de representación de los trabajadores para defenderse de injerencias internas y externas.
La segunda exigencia es que el nombramiento del equipo directivo de los medios públicos se base en procedimientos abiertos, transparentes y no discriminatorios, con duración limitada y causas claras de cese. Eso significa que debe hacerse por concurso público con méritos profesionales, evaluarse a través de un órgano plural e independiente y llevarse a cabo mediante votación cualificada del parlamento autonómico. Nada de eso sucede en el caso de los medios públicos asturianos.
De nuevo, sobre el papel, la RTPA está trabajando para cumplir el tercer requisito, aunque todavía no lo ha conseguido. Se trata de adoptar un modelo de financiación “plurianual, estable y adecuada”, que debe estar separada de los presupuestos generales de la comunidad para evitar castigos o premios en función de los contenidos, y tiene que basarse en mandatos de servicio público definidos y evaluables.
