Doble varapalo a Trump: la justicia declara los aranceles ilegales y bloquea las deportaciones rápidas
Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos dictaminó este viernes que el presidente, Donald Trump, no tenía derecho legal para imponer aranceles a decenas de países y que la mayoría de estos están fuera del marco legal, pero dejó en vigor la medida, informa EFE.
La política arancelaria de Trump seguirá vigente hasta mitad de octubre porque el dictamen pretende dar tiempo a una posible apelación del Gobierno de Trump ante la Corte Suprema de Justicia, según el fallo emitido por el tribunal de Apelaciones del Circuito Federal.
El presidente ya anticipó que recurrirá ese fallo en un mensaje en Truth Social: "¡TODOS LOS ARANCELES ESTÁN AÚN EN VIGOR! Hoy, una corte de apelación altamente partidista dijo incorrectamente que nuestros aranceles deberían ser eliminados, pero saben que los Estados Unidos de América ganarán al final".
No obstante, el fallo de hoy es el segundo revés judicial para la política arancelaria de Trump y reafirma un fallo previo emitido en mayo por un tribunal especializado en comercio en Nueva York que ya advertía sobre la ilegalidad de los aranceles.
La decisión confirma que Trump "se extralimitó" en su autoridad al usar una ley de 1977, conocida como Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), para imponer sus impuestos aduaneros. La ley fue creada para ser usada únicamente en casos de emergencia, según el argumento del fallo.
El fallo involucra los aranceles que Trump había aplicado bajo la ley citada y que incluyen los más polémicos y duros aplicados contra China, Canadá y México. Además, también las tasas que el presidente autorizó para otros países como India este mes.
Las medidas que quedan fuera de los efectos del fallo son las que Trump aplicó sobre vehículos, el acero y otros bienes importados, porque estos fueron utilizados bajo otra ley.
Bloqueadas las deportaciones rápidas
El otro varapalo al magnate llegó más tarde, cuando una jueza federal bloqueó temporalmente las deportaciones rápidas de inmigrantes indocumentados del Gobierno de Donald Trump, dando la razón a grupos de derechos civiles que argumentaron que la medida supone una violación del debido proceso legal.
En enero, Trump restableció la "expulsión inmediata" de inmigrantes, una política que ya aplicó en su primer mandato (2017-2021) y que permite la deportación rápida de indocumentados que no puedan probar que llevan dos años seguidos o más en el país, sin que medie una audiencia.
La jueza Jia Cobb, de Washington D. C., emitió un dictamen en el que critica la medida, pilar de la campaña de deportaciones masivas prometida por Trump, opinando que "prioriza la rapidez" y "llevará inevitablemente al Gobierno a deportar a personas por error a través de este proceso truncado".
La política de deportaciones rápidas fue denunciada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), la principal ONG en defensa de los inmigrantes en EE.UU., en nombre de otra entidad proinmigrante, Make The Road New York, quienes pidieron bloquear su efecto, a lo que la jueza ha accedido.
En el dictamen de 48 páginas, publicado el viernes por la noche, la jueza dice no cuestionar la constitucionalidad de la política original de deportaciones rápidas, que se lleva aplicando mucho tiempo para deportar inmigrantes cerca de la frontera sur y que lleven pocos días en EE.UU., sino su expansión.
Cobb señala que "al aplicar el estatuto a un enorme grupo de personas que viven en el interior del país y que no han estado sujetas previamente a una deportación rápida, el Gobierno debe garantizar un debido proceso", indica el documento.
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La denuncia argumentaba precisamente que la medida viola la Quinta Enmienda, que recoge el derecho a un proceso legal justo, y las leyes de Inmigración y Nacionalidad y de Procedimiento Administrativo.
Agrega Cobb que, "al defender este escaso proceso, el Gobierno hace un argumento verdaderamente sorprendente: que aquellos que ingresaron ilegalmente en el país no tienen derecho a un proceso bajo la Quinta Enmienda, sino que deben aceptar cualquier gracia que les dé el Congreso".
"Si eso fuera correcto, no solo los no ciudadanos, todos estaríamos en riesgo", apostilla la jueza.
