La represión y el ataque preventivo de Kirguistán contra el periodismo de investigación

Cuatro antiguos empleados del principal medio de comunicación en cuanto a investigación periodística de Kirguistán, Kloop, se sentaron en el banquillo hace unos días en Bishkek, la capital del país, acusados de conspirar para "incitar a disturbios masivos". 

Los acusados forman un grupo poco común: dos contables y dos cámaras. Los cuatro se han declarado culpables, aunque su abogado y la dirección de Kloop siguen insistiendo en que el caso se ha basado en una premisa falsa. 

En una vista judicial celebrada el 5 de agosto, la fiscalía reveló detalles de la acusación que pocos, aparte de los acusados y sus abogados, habían visto, lo que supone una desviación del procedimiento penal habitual en Kirguistán. Kaisyn Abakirov, abogado de Kloop, afirmó que gran parte del caso se basa en cinco vídeos críticos con el Gobierno, que según la fiscalía los cámaras ayudaron a producir. 

Pero esos vídeos nunca fueron publicados por Kloop. Aparecieron en Temirov Live, otro medio de comunicación de investigación desmantelado en una brutal represión un año antes, y que ahora opera desde el exilio con capacidad limitada.

La acusación también acusa a los contables de Kloop de transferir dinero a los cámaras en el marco de lo que la Fiscalía describió como investigaciones conjuntas con el periodista exiliado Bolot Temirov. Los vídeos, críticos con los responsables políticos del país, fueron presentados como intentos de "incitar a la desobediencia activa" y "a disturbios masivos".

Kloop niega que su equipo haya trabajado con Temirov Live en los vídeos señalados y sostiene que el juicio es la última fase de la ofensiva a gran escala de Kirguistán contra los medios independientes.

"La persecución penal no está vinculada a ninguna historia concreta", afirma Rinat Tukhvatshin, cofundador de Kloop. "En nuestro caso, no hay ni una sola pieza en la acusación que se haya publicado en Kloop. [...] Las autoridades kirguisas están simplemente buscando cualquier forma de causar el máximo daño al medio, a la organización y a las personas vinculadas a nosotros".

Las autoridades apenas han ocultado sus intenciones. A principios de este año, un portavoz presidencial acusó públicamente a Kloop de colaborar con Temirov para llevar a cabo "encargos especiales contra el Estado" disfrazados de periodismo.

Incluso los propios dirigentes de Kloop —que se exiliaron a comienzos de año— han acabado atrapados en la redada. Tukhvatshin ha sido imputado en un proceso penal separado, aunque, según su abogado, nunca llegó a ver la acusación. Tanto él como la redactora jefa, Anna Kapushenko, y la directora ejecutiva, Galina Gaparova, vieron cómo este verano se congelaban sus cuentas bancarias.

La libertad de prensa se desvanece

Antaño conocido como la "isla de la democracia" de Asia Central, Kirguistán ha sufrido un notable retroceso hacia el autoritarismo bajo la presidencia de Sadyr Japarov, un político que llegó al poder tras el levantamiento popular que derrocó al anterior Gobierno en octubre de 2020.

Desde 2022, las autoridades kirguisas han detenido a varios periodistas y cerrado medios que investigaban la corrupción en las altas esferas, incluido el propio presidente. El periodista Bolot Temirov fue despojado de su ciudadanía y expulsado del país, mientras que cabeceras como Kloop o April TV fueron desmanteladas por orden judicial.

La campaña contra la prensa independiente se reflejó en los rankings internacionales. En 2024, el país cayó más de 50 puestos en la clasificación de libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras, mientras que Freedom House y otras organizaciones también documentaron un claro deterioro.

Cuando el periodismo se convierte en delito

Antes de a Kloop, le pasó a Temirov Live. En enero de 2024, las fuerzas de seguridad irrumpieron en la redacción de Temirov Live y detuvieron a 11 periodistas y exempleados, entre ellos la directora del medio, Makhabat Tazhibek kyzy, esposa de Temirov. Todos fueron acusados de "incitar a disturbios masivos".

El momento no pasó desapercibido: las detenciones llegaron pocos días después de que Temirov Live publicara un vídeo en el que acusaba al ministro del Interior, Ulan Niyazbekov, de abusos de poder.

Aunque las autoridades negaron que el caso tuviera relación alguna con las investigaciones del medio, los expedientes judiciales revisados por OCCRP, consorcio de investigación del que es socio infoLibre, apuntan en otra dirección. Las transcripciones de los interrogatorios muestran a los agentes presionando a los periodistas para que revelaran cómo se armaban las historias y quién, dentro del Gobierno, podría estar filtrando información. No formularon ni una sola pregunta sobre los supuestos actos de incitación de los que realmente se les acusaba.

Las rutinas cotidianas de una redacción, como las reuniones editoriales, la edición de vídeos o el pago de salarios, fueron reinterpretadas como pruebas de conspiración. Los empleados fueron etiquetados como "cómplices y asistentes", mientras que el uso de aplicaciones cifradas, como Signal, se describió como una evidencia de que los periodistas "discutían temas negativos con el objetivo de incitar disturbios masivos". Según la versión de la Fiscalía, la propia redacción era la escena del crimen.

El caso se sostuvo en gran medida sobre informes de lingüistas convocados por los fiscales para visionar los vídeos y determinar si realmente contenían llamados a la incitación, aplicando metodologías que expertos legales han calificado de dudosas. Un análisis aseguraba que los vídeos de Temirov Live contenían "indicios de llamados a la resistencia masiva, a disturbios y, en última instancia, a un cambio de poder". Otro concluía que "no había incitación directa", pero que los vídeos tenían un tono que podía "influir en la opinión pública de manera desestabilizadora".

Los investigadores también elaboraron extensos "mapas de interacción" en los que conectaban a las fuentes, colegas y familiares de Temirov Live, presentándolos como una red de subversión.

El juicio concluyó a finales de 2024. Siete trabajadores fueron absueltos. Dos jóvenes reporteros, tras ocho meses en detención, fueron puestos en libertad condicional. Pero otros dos recibieron condenas de prisión efectivas: Tazhibek kyzy fue sentenciada a seis años y Azamat Ishenbekov, a cinco. Esta primavera, Ishenbekov fue indultado por el presidente, un recordatorio de que la libertad de prensa en Kirguistán depende ahora del capricho político.

Pero la represión no se detuvo ahí. Los métodos probados con Temirov Live pronto se perfeccionaron y se volvieron a aplicar contra Kloop.

Estrategia probada y reutilizada

En una tranquila mañana de miércoles de mayo de este año, la periodista de Kloop Ziyagul Bolot kyzy, de 25 años, escuchó golpes en la puerta de su casa en la ciudad sureña de Osh. En cuestión de minutos, agentes de paisano del Comité Estatal de Seguridad Nacional de Kirguistán (GKNB) entraban en su vivienda, incautándole el teléfono y el portátil. Le dijeron que sería trasladada a Bishkek para ser interrogada, pero nadie le explicó por qué.

No fue la única. Ese mismo día, el GKNB lanzó redadas coordinadas en la capital, deteniendo a otros cinco reporteros y trabajadores de Kloop. Dos más fueron arrestados al día siguiente.

"La gente está siendo retenida en régimen de incomunicación", denunció ese día el cofundador de Kloop, Tuhvatshin, en un comunicado público. "No les permitieron llamar a sus familias ni a sus abogados. Yo no lo veo como una detención. Lo veo como un secuestro".

La mayoría fueron liberados en menos de 24 horas, pero pronto reaparecieron en un vídeo producido por el GKNB difundido en redes sociales y en la televisión nacional, en el que se comprometían a romper con Kloop y pedían perdón por sus supuestas actividades "destructivas".

Dos cámaras, sin embargo, permanecieron entre rejas durante meses, mientras que a dos contables de Kloop se les prohibió salir del país.

En el momento de las redadas, las autoridades no presentaron cargos concretos. Solo más tarde quedó claro que el caso estaba vinculado a los cinco vídeos —ninguno de ellos publicado por Kloop—.

El GKNB se limitó entonces a emitir un comunicado de prensa acusando al personal de Kloop de "incitar a disturbios masivos". La declaración repetía el mismo lenguaje vago que ya se había utilizado en el caso contra Temirov Live.

Las organizaciones de derechos humanos condenaron las detenciones como parte de un patrón más amplio. "Cualquiera que diga algo crítico contra las autoridades o sus acciones es considerado ahora como alguien que llama a disturbios masivos", explicó a OCCRP Syinat Sultanalieva, investigadora para Asia Central de Human Rights Watch. "Esta es una tendencia muy peligrosa que recuerda a caminos similares en países vecinos».

Para la dirección de Kloop, el mensaje del Gobierno ha sido inequívoco —aunque aseguran que seguirán informando, pese a la presión—. "Continuaremos con nuestro trabajo", dijo Tukhvatshin. "No dejaremos de producir investigaciones. […] Como nadie puede hacerlo en Kirguistán, seremos nosotros quienes lo hagamos".

Dos periodistas kirguises que no pueden ser nombrados por motivos de seguridad han contribuido en este reportaje.