“Los cierran porque quieren”: los trabajadores de los albergues de Madrid rechazan su privatización
“Los cierran porque quieren, por política pura y dura”, denuncia Begoña González, representante de UGT en los albergues juveniles públicos de la Comunidad de Madrid, tras la reunión mantenida este lunes con la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos sociales, en la que les han informado de los siguientes pasos para la privatización que planean de estos centros. “No nos han sabido dar el motivo real de por qué se van a dejar en manos privadas unos centros que están funcionando, que están llenos de reservas y que están bien de personal”, añade.
Este mismo viernes, la Comunidad de Madrid publicará los pliegos de la licitación que afecta a los cuatro únicos albergues juveniles de gestión pública directa de la red autonómica: Los Batanes, Las Dehesas, El Escorial y Villa Castora. Aunque las instalaciones seguirán siendo públicas, su gestión pasará a manos privadas al finalizar este proceso. “Así que se va a privatizar sí o sí, no hay ninguna manera de echar para atrás”, se lamenta Begoña en conversación con infoLibre.
Desde la propia consejería sostienen que “el cambio de modelo no supone su privatización, solo una licitación de su gestión, y en ningún caso supondrá un incremento del gasto público. Las instalaciones seguirán siendo públicas y la Administración mantendrá plenamente las funciones de control, supervisión y planificación del servicio”. Sin embargo, los propios trabajadores no ven este movimiento con tan buenos ojos.
“La preocupación entre la plantilla es elevada”, señala por su parte Esther Velasco, representante de CSIF, ya que los empleados viven con incertidumbre “el futuro de los centros y de los puestos de trabajo afectados”. Actualmente la plantilla de estos cuatro centros se compone de 144 trabajadores, de los cuales 77 son interinos.
En la reunión con los sindicatos, la Comunidad les trasladó que todos estos trabajadores serán reubicados a otros centros de la Administración autonómica, incluso en otras consejerías, y que se respetará “al máximo” su lugar de residencia. Pero los sindicatos denuncian que se trata de una decisión tomada de forma unilateral, porque los empleados no quieren irse. “Con el comité lo único que se va a debatir son las condiciones de traslado de estos trabajadores”, explica Velasco.
La situación ya está despertando los primeros recelos y desde los sindicatos indican que parte de los interinos están planteándose renunciar a su puesto si no reciben un destino que les convenza.
Las razones de la Comunidad de Madrid
Las explicaciones ofrecidas por las Comunidad de Madrid no convencen a los trabajadores. Desde la consejería indican a este periódico que “actualmente la gestión directa con personal público presenta dificultades para su funcionamiento. De forma estructural, los centros registran un elevado número de bajas y vacantes”. A esto se suma, según la versión oficial, los altibajos de ocupación, sobre todo en invierno.
“Esto no es verdad, en verano estamos a tope con los campamentos y en invierno no ha habido un fin de semana libre que bajara de las 50 o 60 personas”, replica González, que además de representante sindical trabaja en el centro de Las Dehesas. “Casi tenemos más gente y más trabajo en invierno que en verano con los campamentos”, añade.
La privatización avanza
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Tampoco consideran válido el argumento de las vacantes difíciles de cubrir, principalmente las de cocinero y auxiliar administrativo. “Si no lo cubren es porque no quieren, porque se les ha dado el permiso para que contraten a través del paro si no tienen gente en bolsa. ¿Me vas a decir que en toda la Comunidad de Madrid no hay ningún cocinero en paro?”, denuncia la portavoz de UGT.
“Estamos cabreados porque no es cierto lo que nos han dicho y tampoco puede ser un motivo que cueste dos meses cubrir una vacante, porque ningún albergue ha cerrado por falta de personal o porque no se estuviera dando el servicio”, agrega González.
De esta manera, a los trabajadores de los albergues solo les queda analizar los pliegos de la licitación y comenzar las negociaciones para determinar su futuro laboral. Mientras tanto, mantienen su rechazo a una decisión que consideran injustificada.
