La privatización avanza

El eslogan de la campaña presidencial en Argentina fue “La libertad avanza” y antes, en las elecciones a la presidencia de la Comunidad de Madrid, se había incorporado la consigna de “Comunismo o libertad”, en ambos casos con gran acierto de los asesores de estrategia política a tenor de los resultados. En las próximas citas electorales, una vez consolidada tan extravagante disyuntiva, no sería incongruente que se sustituyera el término libertad, que a estas alturas acusa fatiga, directamente por el de privatización, con la seguridad de que proporcionará no menos excelentes resultados.

El espacio público, siguiendo modelos capitalistas de otras latitudes, está siendo aceleradamente apropiado por el dinero, también en la Europa que en el siglo XX aspiraba al Estado de bienestar de sociedades avanzadas. Ya no es extraño que las grandes zonas residenciales privadas de Miami o Punta Cana se estén reproduciendo aquí con los mismos criterios de segmentación por renta. Playas, bosques, lagunas, aeropuertos, guardias de seguridad, todo privatizado al mejor postor en promociones “exclusivas”. El centro de las ciudades se ha transformado por efecto de una insensata concesión a la especulación que replica su arquetipo en todas partes. En estos espacios de autonomía creciente, el Estado pierde en la práctica su capacidad de intervención en el orden público. Los trabajadores que atienden estos barrios vedados ceden de facto sus derechos laborales (y hasta fundamentales) al acceder al espacio privado.

Los servicios públicos, en los dos grandes vectores ilustrados de la educación y la sanidad universales, imprescindibles para la debida cohesión social y la conciencia ciudadana, han iniciado un camino sin aparente retorno hacia el modelo de gestión público-privado, seguramente como estación intermedia de la estación término: la total privatización, complementada con servicios simbólicos de beneficencia, es decir, la vuelta a lo que aproximadamente existía en los países europeos antes de la generalización, en una dura conquista escalonada a lo largo de décadas, de las políticas públicas del Estado social y democrático de derecho. Ninguna evidencia de las consecuencias que, para el común de los ciudadanos, tiene la degradación de los servicios públicos cuando se entregan al lucro privado, perfectamente descritas en los procesos de liberalización económica desde los años ochenta, que anticiparon un cambio de tendencia, parece oponerse a un proceso que avanza con la sorprendente aprobación de los futuros perjudicados, quienes han comprado masivamente el renovado discurso reaccionario, sea por cultura aspiracional, individualismo majadero o reacción desesperada ante los problemas estructurales. 

Corren malos tiempos para la ética comunitaria y la solidaridad entre las personas, tanto en las ciudades con la práctica desaparición del movimiento asociativo vecinal como en las relaciones laborales con la marginación provocada de las organizaciones sindicales, y también se denota entre los territorios con el proceso de fragmentación administrativa de aspiración soberanista, que lejos de suponer una racionalización de la prestación de los servicios, se vuelca en apuntalar identidades competitivas donde el interés particular desafía al interés general. El Estado central pierde sus instrumentos de regulación hasta resultar peligrosamente irrelevante, mientras que las élites locales, instaladas en la retórica narcisista, se perpetúan sin posible fiscalización pública.

En el Estado mínimo que propalaba la teoría neoliberal se mantenía firme la estatalidad de las fuerzas militares y policiales por imperativo del monopolio de la fuerza en la defensa del orden. Pero aquí también algo se está moviendo en la dirección más radical privatizadora. En lo que va de siglo se han ensayado las sedicentes virtudes de la gestión privada incluso en los campos de batalla, sea mediante sociedades contratistas de capital privado, que colaboran con los comandantes sobre el terreno y que fue el modelo estadounidense de los Blackwaters en las campañas de Irak y Afganistán, o la fórmula empresarial rusa de las compañías estatales paramilitares como el llamado GrupoWagner y reemplazantes sucesivos. Los gobiernos encuentran así una vía sugerente para privatizar sus actividades y descargarse de toda exigencia legal.

Esta política privatizadora, que desconoce la Carta de la ONU y hasta reivindica la vuelta del derecho de conquista, se está ejecutando a la vista de todos

El avance de la privatización en el campo de la seguridad ha recibido un impulso excepcional con el segundo advenimiento de la administración Trump. En este primer año de la venganza anunciada, significativamente principiado con el indulto de los delincuentes que asaltaron el Capitolio, el rebautizado Departamento de Guerra se ha confiado a un comentarista que difícilmente puede ofrecer una dirección profesional, lo que se ha buscado a propósito para profundizar en el uso partidista de los ejércitos, o más bien privativo del círculo del comandante en jefe. Estamos ante un gobierno que ha normalizado la celebración de mítines con los uniformados en sus bases y las charlas de motivación ultra a los altos mandos. En tales circunstancias, el despliegue permanente del dispositivo militar –incluso las alianzas estratégicas– puede cambiarse por un empleo contingente en función de intereses político-empresariales. A falta de cualquier criterio técnico, así se explican los movimientos ordenados a la flota o la presencia de patrullas militares por las calles de ciudades gobernadas por la oposición.

La privatización sin recato alguno de las relaciones internacionales, al margen de todo consenso multilateral y del derecho internacional, se está traduciendo en la imposición de cláusulas leoninas, en forma de extracción de recursos, concesiones comerciales y anulación de la soberanía nacional, para terminar conflictos en las peores condiciones y sin esperanza alguna de alcanzar una paz justa y duradera. Esta política privatizadora, que desconoce la Carta de la ONU y hasta reivindica la vuelta del derecho de conquista, se está ejecutando a la vista de todos, en una secuencia progresiva de implantación de un régimen autoritario, que no duda en convertir una agencia federal en una milicia escuadrista de imposición del terror. Lo más desconcertante es que los proclamados contrapesos del sistema liberal más reconocido del mundo no tienen hasta el momento virtualidad ante el ejercicio directo sin escrúpulos del poder ejecutivo, que deja a una población polarizada como única defensa de supervivencia del sistema.

Es un tiempo en el que la libertad de los poderosos avanza y de qué manera. Es esencial que la sociedad, recuperada de la terapia de choque, cierre el paso a una privatización generalizada que atenta contra la estabilidad del sistema democrático.