Zapatero se topa con una nueva imputación por las joyas tras contratacar con la nulidad de los mensajes

El caso Plus Ultra transita en un giro de guion permanente. Y lo que ha ocurrido en las últimas horas da buena cuenta de ello. En solo dos días, la conversación ha pasado de versar sobre la validez de la prueba extranjera a centrarse en una nueva imputación por fraude fiscal y contrabando, una línea de investigación que se abre a menos de una semana de su declaración como investigado en la Audiencia Nacional. ¿Las culpables? Un conjunto de piezas de joyería que fueron localizadas por agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en una caja fuerte ubicada en el despacho oficial que el expresidente tiene a escasos metros de la sede del PSOE. Ajuar que, según la tasación pericial preliminar de Ansorema, estaría valorado en 1,3 millones de euros.

Durante el registro en plena calle Ferraz, los investigadores, como ya hicieron en otros registros del caso Plus Ultra, apuntaron y fotografiaron las distintas piezas localizadas en el inmueble: collares, pendientes, anillos, pulseras, brazaletes, relojes... Algunas eran simples baratijas. Pero otras eran joyas de lujo. En el informe pericial destaca, por ejemplo, un collar labrado en oro blanco de 18 quilates "cuajado de diamantes" y dos esmeraldas naturales originarias de Zambia con un precio estimado de 278.000 euros. Y otro similar valorado en 220.000 euros con diamantes y zafiros de origen tailandés. En el listado también figuran otras ocho joyas de más de 50.000 euros. Solo estas diez piezas superan los 1,2 millones de precio estimado.

En el momento del registro, Gertrudis Alcázar, secretaria del expresidente, aseguró que la caja fuerte procedía de la vivienda familiar. Y que las piezas procedían de la "herencia" de Sonsoles Espinosa –la mujer de Zapatero– y de "regalos de viajes". Pero una vez recibida la tasación, el instructor del caso Plus Ultra, José Luis Calama, ha situado la lupa sobre el ajuar. El magistrado de la Audiencia Nacional quiere saber si está todo perfectamente declarado a Hacienda y si las joyas entraron en territorio comunitario respetando los controles y las obligaciones fiscales. Y para ello, a falta de cinco días para que Zapatero comparezca ante el juez como investigado, ha abierto una pieza separada en la que imputa al expresidente por delito fiscal y contrabando.

El instructor entiende que, "en estos momentos", la procedencia de las joyas no se encuentra justificada. Y esa "falta de trazabilidad" fiscal sobre su adquisición, unido al alto valor de las piezas, constituye, expone en el auto, "un indicio objetivo y racional de la posible existencia de una defraudación tributaria relevante". Acreditar el origen o la titularidad resulta fundamental. ¿Por qué? Porque servirá para determinar quién tenía que haber declarado qué –y comprobar si se hizo–. Por ejemplo, el impuesto de sucesiones y donaciones en el caso de que las joyas hubieran sido, efectivamente, una herencia o un regalo, un tributo que en la Comunidad de Madrid es prácticamente nulo en determinados grados de parentesco.

La prescripción

En caso de no poder acreditar el origen de las joyas, existe el riesgo de que la Agencia Tributaria las meta como una "ganancia patrimonial no justificada" en el IRPF, resultando aplicable, recuerda el instructor, "un tipo marginal en torno al 46%". "De esta forma, la inexistencia de declaración o pago de cualquiera de estos tributos permite inferir la posible existencia de una cuota defraudada superior al umbral típico, que se sitúa en los 120.000 euros –mínimo para que sea delito contra la Hacienda Pública–", completa la resolución judicial. Las ganancias patrimoniales no justificadas se integrarían en la base liquidable del periodo impositivo respecto del que se descubran, salvo que el contribuyente pruebe que ha sido titular de los bienes "desde una fecha anterior a la del periodo de prescripción".

Este último es otro de los elementos a tener en cuenta. Los delitos fiscales, con carácter general, prescriben a los cinco años, salvo que tenga carácter agravado –cuando la cuota defraudada excede los 600.000 euros o cuando el delito se comete a través de sociedades interpuestas o en el seno de organizaciones criminales–. Por tanto, todo aquello que tenga que ver con regalos no declarados recibidos en los viajes oficiales como presidente del Gobierno hace casi dos décadas estaría prescrito. Una época en la que, por cierto, no existía como ahora una Ley de Transparencia que establece que los miembros del Gobierno "no aceptarán para sí regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía": "En el caso de obsequios de una mayor relevancia institucional se procederá a su incorporación al patrimonio de la Administración Pública".

Las joyas halladas en la oficina de Zapatero están valoradas en 1,3 millones de euros, según fuentes del caso

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Zapatero, sobre el que aún no se ha hecho ningún análisis patrimonial a fondo –más allá de los cobros recibidos, fundamentalmente, de la consultora Análisis Relevante–, acudirá a su declaración la próxima semana con este nuevo frente abierto. Ahora, además de tener que rebatir la acusación de ser el jefe de una "estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" en relación con el rescate de 53 millones de Plus Ultra, deberá aclarar de dónde salieron las joyas, si están declaradas y si hay documentación que permita descartar que las piezas hubieran sido introducidas en España "al margen de los procedimientos de control aduanero", lo que tumbaría el delito de contrabando.

Una defensa en busca de la nulidad

La bomba de la nueva imputación ha caído en pleno contrataque jurídico del expresidente, que se ha lanzado en busca de la nulidad de uno de los indicios nucleares en su contra: los mensajes que el Homeland Security Investigations (HSI), el brazo investigador del estadounidense Departamento de Seguridad Nacional, extrajo en 2021 de un teléfono móvil del empresario venezolano Rodolfo Reyes Rojas, quien fuera accionista mayoritario de Plus Ultra. Comunicaciones en las que se apoyó el instructor para atar la imputación de un Zapatero al que coloca como "núcleo decisor y estratégico de la red" de tráfico de influencias que está investigando.

Toda esta información clave llegó a la UDEF el 18 de marzo, cinco años después de su obtención, en plena escalada de tensión entre la Administración Trump y el Gobierno de Pedro Sánchez y tras la reactivación, vía Interpol, de una orden de detención contra Reyes Rojas. Con la intención de blindar su uso como prueba, Calama ha acordado cursar una comisión rogatoria a Estados Unidos. Algo que ha aprovechado la defensa de Zapatero para exigir al instructor que pida a los americanos información clave sobre el volcado. Quiere saber si se llevó a cabo con autorización judicial. O si se ha respetado la cadena de custodia. Al fin y al cabo, para que una prueba extranjera sea válida en nuestro país debe haber sido obtenida respetando las garantías constitucionales del proceso penal en España.