No son solo ayudas a mujeres, es la guerra contra el aborto de Ayuso que ya libraron Feijóo y Camps

Isabel Díaz Ayuso ya puede presumir de haber transformado su discurso ultra en políticas públicas. El pasado jueves, en un pleno extraordinario, la presidenta de la Comunidad de Madrid vio cumplida su pretensión de legislar en torno al "concebido no nacido", una iniciativa que alimenta la guerra cultural contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, pero que en realidad ni siquiera es obra exclusiva de la líder regional, sino que hereda los pasos que se han ido dando en otros territorios dentro y fuera del país.

El Partido Popular y Vox volvieron a estrecharse la mano para sacar adelante la llamada ley del concebido no nacido en la Asamblea de Madrid. La norma entrará en vigor con su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y tiene por objeto considerar al "concebido como ya nacido", pasando a ser de esta forma "un miembro más de la unidad familiar a todos los efectos que sean beneficiosos" para el "no nacido, la madre gestante o la unidad familiar". 

La acreditación se realizará a través de un informe médico que certifique la semana de gestación y la fecha prevista para el parto, para así acceder a "aquellos beneficios y derechos" que se deriven de la existencia de hijos ya nacidos. Según el proyecto legislativo, "como regla general no se exigirá" una semana mínima de gestación, si bien el mismo texto sí fija la semana catorce para el reconocimiento de familia numerosa y para el acceso a "ayudas o beneficios de carácter económico". En el caso de que el embarazo no llegue a término, la ley fija la obligación de comunicar la situación, pero la administración "no podrá reclamar la devolución de los beneficios o ayudas" concedidos. 

La ofensiva de Galicia y Valencia

Poco después de la aprobación del proyecto de ley, el líder nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, elogió públicamente la iniciativa y prometió replicarla a nivel estatal si su partido llega a gobernar. En realidad, el conservador sabe bien de lo que habla. Hace 15 años, el Parlamento de Galicia aprobó una ley de apoyo a la familia que pivota sobre los mismos ejes. Aquella norma ya consagraba la asimilación de lo que considera "descendiente concebido" como puerta de entrada hacia el estatus de familia numerosa o monoparental para el acceso a ayudas públicas. 

La norma establece el requisito de presentar un certificado de "concebido no nacido", a través de la Consellería de Política Social, departamento que en 2019 había expedido "algo más de 400 certificados" para que los "concebidos no nacidos" fuesen "asimilados a la categoría de descendientes", según publica Praza.gal. El Gobierno gallego no ha actualizado la cifra desde entonces.

Con Núñez Feijóo al frente, la Xunta de Galicia institucionalizó un discurso marcadamente antiabortista, contrario a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, camuflado en una suerte de retórica en defensa de la vida y la familia tradicional. No es casualidad que la norma saliera adelante justo un año después de la reforma de la Ley del Aborto. Mientras la legislación nacional recién modificada citaba tratados internacionales para defender el derecho de las mujeres a "tener el control y a decidir libre y responsablemente" sobre su salud sexual y reproductiva, la normativa gallega desplazaba el foco para hablar del "derecho a la vida en formación desde la concepción" y el cómputo de "miembros adicionales" de la familia para acceder a ayudas "desde el momento de la fecundación".

Pero existe todavía un precedente anterior. En el año 2009, el entonces presidente de la Comunitat Valenciana, Francisco Camps, decidió dar respuesta a la reforma legislativa que ultimaba el Gobierno central con una iniciativa muy similar a la anunciada ahora: reconociendo los fetos como hijos a la hora de conseguir plaza en guarderías, colegios e institutos financiados con fondos públicos. También para acreditar la condición de familia numerosa. 

La norma fue recurrida, pero consiguió el aval del Tribunal Constitucional en 2015, en un dictamen citado ahora por la ley madrileña en su exposición de motivos. Hoy, la norma valenciana ya no existe: hace nueve años, el pleno de las Corts Valencianas decidió derogarla. Los parlamentarios consideraron entonces que suponía una "discriminación" y una "tutorización" de las mujeres.

Una ola reaccionaria internacional

Las políticas que buscan apuntalar narrativas antiabortistas no son exclusivamente patrias. En el Estado de Georgia, un embrión o feto con actividad cardíaca detectable puede ser incluido como dependiente fiscal. En un contexto de ofensiva generalizada en suelo estadounidense, ese es precisamente uno de los estados más restrictivos en lo que respecta a la interrupción voluntaria del embarazo.

En Hungría, una reforma constitucional blindó hace casi 15 años la protección de "la vida del feto" desde el momento de la concepción. Unos meses antes, el Gobierno de Viktor Orbán había lanzado una campaña antiabortista financiada con fondos europeos, poniendo las bases para desplegar una línea ideológica contra los derechos sexuales y reproductivos que ya no abandonaría durante todo su mandato. Bruselas exigió la retirada de aquella campaña.

Y en América Latina, países como República Dominicana también incluyen en sus textos constitucionales esa protección simbólica de la vida del no nacido, siempre acompañada de medidas restrictivas que prohíben el derecho a la interrupción libre del embarazo. Hace tan solo tres años, Perú aprobó una ley específica que reconoce los derechos del "niño concebido"

Natalidad, familia y libertad

La línea argumental de la presidenta regional, igual que la de sus homólogos, se ha desarrollado siempre en torno a las ideas de familia, natalidad y libertad. No son términos inocentes ni fortuitos, sino que consolidan una narrativa antiabortista cuyos autores intelectuales engrosan las filas de organizaciones ultracatólicas de todo el mundo. La defensa de la maternidad tampoco es casual: es el eje sobre el que han vertebrado sus discursos las mismas entidades que se manifiestan frente a las clínicas de interrupción del embarazo.

Abogados Cristianos se presenta como una organización jurídica en defensa de la "libertad, la vida y la familia". Hazte Oír conjuga con insistencia una defensa a ultranza de la "familia natural", al tiempo que enarbola la bandera de la "libertad religiosa" para oponerse al aborto. Y Red Madre se atrinchera igualmente tras el mismo marco, vertebrando su discurso en torno a las ideas de "justicia, libertad y vida". Esta última organización ha sido especialmente arropada por gobiernos regionales conservadores, como Andalucía, Castilla y León, Murcia o Galicia, en el concepto de ayudas a mujeres embarazadas o madres vulnerables, presentadas institucionalmente como políticas de familia, natalidad y acompañamiento, pero ampliamente criticadas por la oposición por su carácter manifiestamente antiabortista.

Trabajar a futuro

"La ley que acaba de aprobar la Comunidad de Madrid lo que tiene detrás es una nueva estructura pensada para atacar el derecho al aborto". Habla Gemma Candela, miembro de la Comisión por el Derecho al Aborto de Madrid. "Es una estrategia más para menoscabar el derecho al aborto", abunda la activista, quien recuerda que en realidad se trata de iniciativas coherentes con la posición política del PP. "El PP recurrió la Ley del Aborto de 2010 ante el Tribunal Constitucional y Madrid es la única comunidad que todavía no cuenta con un registro de objetores", subraya.

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Pero lo cierto es que detrás de la retórica articulada por los conservadores, subyace una guerra cultural en auge contra los derechos de las mujeres, una amenaza alimentada por la extrema derecha y los grupos ultracatólicos que con el paso de los años han ido ganando terreno. En ese punto se detiene también al abogado José Antonio Bosch, asesor jurídico de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI). En conversación con este diario, explica que la norma en su literalidad es difícilmente cuestionable –quién va a criticar la concesión de ayudas a mujeres embarazadas, se pregunta–. "El problema está en la música, no en la letra. Una música que es absolutamente retrógrada", asiente. 

Aunque la ley no reconoce personalidad jurídica plena al feto, persigue "normalizar situaciones que ahora no caben en nuestra normativa, pero que en un momento dado sí pueden encajar", subraya el letrado. Es decir, lo que hacen los conservadores es "trabajar a futuro", como parte de una "política general contraria al aborto". Si el contexto político y discursivo siembra la idea del concebido como sujeto de derechos, entonces el aborto encajará con facilidad en la categoría de crimen, como ya sucede en algunas partes del mundo. El ejemplo de Hungría es nítido: incluir en su constitución el blindaje de la vida desde la misma concepción no tuvo un impacto directo en el derecho al aborto, pero sí allanó el camino hacia políticas restrictivas para las mujeres. 

Para Candela, sin embargo, la falta de coherencia en este tipo de discursos es mayúscula. "El hecho de conceder beneficios fiscales o convertir a determinadas familias en numerosas por un ser que no ha nacido no favorece la natalidad", clama la activista, quien defiende que las políticas de acompañamiento se construyen con un "sistema de servicios públicos fuerte, ayudas a la conciliación, educación de calidad y presencia de pediatras en los centros de salud".