Derechos Humanos, salud mental y el fracaso de la reforma psiquiátrica

Actualmente, tras la mayor crisis socio sanitaria de nuestra generación, tenemos la oportunidad, y la responsabilidad, de enmendar errores del pasado. Una oportunidad de evitar que el péndulo, asépticamente, relegue al olvido el sufrimiento o trate de anestesiarlo… El sufrimiento colectivo, a menudo, se trata como un producto individual, con sujetos permanentemente remitidos a si mismos, autárquicos y autosuficientes. “Hacerse fuerte ante la adversidad” es un lujo que no todos pueden permitirse. No está bien el que no tiene síntomas, está bien el que puede exigir sus Derechos. No dejen la justicia social fuera del debate sobre salud y salud mental.

 Desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, la protección de la salud es un derecho fundamental de las personas. La Constitución Española aprobada por sufragio universal en 1978, en su artículo 43, asegura un régimen sanitario público para la ciudadanía, reconociendo el derecho a la protección de la salud y determina que corresponde a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública. La Constitución española señala que la asignación de los recursos públicos debe ser equitativa. Tras una década desde su aprobación, el espíritu de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, que incorpora los principios de equidad y salud con el marco de los condicionantes sociales de la salud, sigue siendo parte de las declaraciones políticas… sin traducirse en hechos.

 En nuestro país se inició una reforma psiquiátrica el siglo pasado, se cerraron manicomios sin llegar a la sociedad. Históricamente hubo un traslado a los servicios hospitalarios, con clara escasez de estructuras extra hospitalarias en la comunidad, mientras se mantenía en el discurso público la hipotética y declarada reforma comunitaria. ¿Hemos conocido realmente un modelo comunitario en salud mental? La evolución que ha seguido la implementación del modelo planteado en La Ley 14/1986, de 25 de abril General de Sanidad no se mantuvo. El sistema público de salud no tiene problemas de reglamentación, sino de cumplimiento efectivo de la legislación vigente, vulnerando el derecho a la protección en salud en relación con la Salud Mental.

Las personas con diagnóstico de trastorno mental pueden ser particularmente vulnerables a la violación de sus derechos. La existencia de legislación de salud mental no garantiza por sí misma la protección de los Derechos Humanos. “Los centros psiquiátricos y otros centros hospitalarios de larga estancia se han asociado durante mucho tiempo con atención de mala calidad y violaciones de los Derechos Humanos”, alerta la Organización Mundial de la Salud (OMS), junto a las carencias para evaluar y mejorar la calidad y garantizar los Derechos Humanos en los centros de atención social y de salud mental. Como afirma la OMS, “un entorno de respeto y protección de los derechos civiles, políticos, socioeconómicos y culturales básicos es fundamental para la promoción de la salud mental. Sin la seguridad y la libertad que brindan estos derechos, es muy difícil mantener un buen nivel de salud mental”. Los derechos de los pacientes son ejes básicos, reconocidos por Organizaciones Europeas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entre otras.

Tenemos una oportunidad para tejer y consolidar un modelo que preste la atención en salud, incluida salud mental, de forma adecuadamente articulada. No de forma fragmentada, porque cuando atendemos pacientes frágiles o en situaciones de vulnerabilidad estos modelos no son eficientes para los pacientes y, además, son negativos para la economía. Debemos desarrollar políticas eficaces, sin mercantilizar los servicios públicos, pensando en que si realmente queremos ser revolucionarios tenemos que plantear modelos con más consistencia, y menos improvisación. Modelos que incluyan protección social y, en sus indicadores de calidad, no solo la disminución de quejas, o la menor frecuentación de visitas en centros sanitarios (también, pero no solo), sino que procuren mejorar la salud de las personas y su bienestar psicosocial, hasta mejorar su capacidad de vida autónoma para vivir una ciudadanía de pleno derecho.

 No se puede trabajar independientemente del contexto social, de la situación de la justicia social en la que se encuentran las personas. No podemos obviar que aspectos como salarios, igualdad económica, medio ambiente, sanidad, empleo se relacionan. Hablamos de sentido de pertenencia, respeto, Derechos Humanos, libertad… hablamos de condiciones de vida digna. Hablamos de ser alguien en tu comunidad, lo perjudicial para la salud es ser un miembro invisible de la sociedad.

El valor del derecho a la vida, a la dignidad humana, a la libertad y al acceso universal a la atención en salud mental no pueden ser eslóganes, ni palabras vacías en una vida en común con nuestros semejantes. Para mejorar la salud, la calidad de vida, y disminuir el estrés, de las personas en nuestra sociedad, hemos de intervenir en las asimetrías que constituyen una sociedad desigual y, por tanto, crean realidades más estresantes para aquellos más vulnerables. La justica social sí se puede medir, por cómo un país trata a sus ciudadanos. A todos, y con más motivo a quienes viven en condiciones de vida más frágiles. La pregunta ahora es si tenemos líderes sociales y políticos a la altura de sus obligaciones; las que como ciudadanía debemos impulsar. Tras una pandemia también de valores, los diferentes actores de este momento de nuevo histórico, tienen la oportunidad de ser pioneros, o de perpetuar los errores. Se necesita tiempo, prudencia y responsabilidad, para ser realmente revolucionario y garantizar la sostenibilidad de nuestro Estado de bienestar, sin dejar a nadie atrás.

Vanessa Vilas-Riotorto es psicóloga clínica y socia de infoLibre