Huelgas

Más de 40 días con la Justicia gallega paralizada: "Se están suspendiendo alrededor de 600 juicios al día"

El director general de Justicia de la Xunta de Galicia, Juan José Martín invita a la reunión a los representantes sindicales para retomar las negociaciones.

Ya son más de 40 días con la Justicia gallega paralizada. 40 días con juicios y trámites administrativos en stand by, esperando un desbloqueo que, al menos de momento y tras una nueva reunión que finalizó sin acuerdo este lunes, no llega. El pasado 7 de febrero comenzaba la que se convirtió en la huelga más larga que ha tenido lugar en la comunidad y la primera que afectó a la administración de su Justicia. Ya avisaron el pasado mes de diciembre. En aquel momento, el comité de huelga del sector –formado por SPJ USO, CUT, UGT, CSIF, STAJ, CIG y CCOO– había convocado un paro para el día 13 después del "brindis al sol" de la Xunta, que no aportó propuestas suficientes a las reclamaciones de los funcionarios, según entendieron entonces los representantes de los trabajadores. Por ello, estos mostraron su postura: si el Gobierno autonómico no cambiaba su postura continuaría con las movilizaciones. Y así lo hicieron.

Tras varias negociaciones fallidas, Xunta y sindicatos se reunieron de nuevo este lunes para intentar llegar a un acuerdo que consiga desbloquear la situación y retomar la actividad judicial. Después de una reunión que se extendió a lo largo de todo el día, por primera fue la Xunta la primera que se levantó de la Mesa. "Nos dijeron que ya no nos iban a llamar más", lamenta Constantino Novoa, portavoz de CCOO en el sector de Justicia. "Pero esto no se puede quedar así", critica. 

El principal escollo que está alargando las negociaciones es el incremento del complemento autonómico transitorio que solicitan los trabajadores y trabajadoras. Estos reclaman 190 euros más de salario al mes, una mejora que el Gobierno ve inasumible, por lo que eleva su oferta máxima a 115 euros de subida de media entre los tres cuerpos que integran el sector. "Son 10 euros más, puesto que antes nos ofrecían 105", recuerda Novoa, que no disimula su enfado. "Sólo queremos estar como antes de la crisis", defiende Manuel González, responsable de Justicia del sindicato UGT de Galicia, que explica que los trabajadores de la Justicia gallega se sienten discriminados con respecto a los de otras comunidades que tienen transferida esta competencia. Mientras las diferencias en este aspecto continúen, la situación seguirá siendo la misma.

Y las diferencias son grandes. "La reunión fue engañosa, intentaron convencernos con mucha literatura", critica Novoa, que avisa: "Si quieren resolver la situación, que hagan un esfuerzo". 

Con un 90% de seguimiento, según explica González, los efectos de los paros son evidentes. Como detalla, ya son 15.000 los juicios que se suspendieron –"alrededor de 600 al día"– y más de 40.000 los trámites administrativos que se dejaron de realizar, como partidas de nacimiento, certificados de defunción, peticiones de pensiones de viudedad y orfandad, etc.. Casi dos meses en los que, oficialmente, personas que fallecieron continúan vivas y personas que nacieron aún no constan para la Administración. Esto implica la imposibilidad de anular algunas pensiones de jubilación o tramitar las de viudedad, así como asignar pediatras a los recién nacidos, por ejemplo. La Xunta, por su parte, se muestra más optimista: la huelga no tiene tanto seguimiento y los efectos de la misma no son tan importantes. 

Plazas de refuerzo, sustituciones, amortizaciones e IT

Al margen de la cuestión retributiva, el paro está motivado por otras cuatro razones: las plazas de refuerzo, las sustituciones, las amortizaciones y las bajas por incapacidad temporal, explica González. "Esta huelga es consecuencia del cabreo de los trabajadores de la comunidad con la Justicia más atascada", critica. "Hemos sufrido muchos años de deficiencia y mentiras de la Xunta", lamenta, y especifica que los 40 millones que el Gobierno autonómico afirmó haber invertido, en realidad, eran fondos europeos. "Sólo invirtió 40.000 euros para la nueva oficina judicial. Llevamos muchos años denunciando estas situaciones y esto ha generado mucho estrés a los empleados". 

"Hay muchas plazas que están ocupadas por algún trabajador pero no oficialmente creadas", critica González, que explica que, desde los sindicatos, se pidió la relación de las que se encontraban en esta situación desde hace, por lo menos, tres años. En este punto, durante el receso que las dos partes realizaron para comer, González detalló que alcanzaron un acuerdo con la Xunta, que sacará a concurso 36 plazas más. 

Otra cuestión importante son las amortizaciones de las plazas de los funcionarios, decisión adoptada por el Ejecutivo autonómico en 2012. "Hay un total de 106 plazas amortizadas", detalla González. "De ellas, hay 40 con dotación pero que no son ocupadas porque están 'escondidas', no consta que existan", explica. Por otro lado, "hay otras 10 plazas que se han quedado vacantes y que han sido suprimidas por el Ministerio". Lo que pedían los sindicatos era "frenar estas operaciones". "Por un lado, que saquen a concurso las 40 plazas 'escondidas' y, por otro, que el Ministerio vuelva a crear las que ha suprimido". 

Por su parte, las demandas relacionadas con las sustituciones también fueron aceptadas por la Xunta en el intento de frenar las protestas de los trabajadores, antes de levantarse de la mesa de negociación "Desde el año 2012, cuando un trabajador sustituía a otro que tenía un cargo de mayor responsabilidad, esto no se veía reflejado en su salario", critica González, que calificaba este hecho de "injusto". "Desde la Xunta han hecho un discurso populista diciendo que solo nos interesa el dinero. Pero es que tenemos que comer", aclara Novoa. 

Los funcionarios, además, demandaban no ser penalizados en el momento en el que estaban de baja por enfermedad. Sus compañeros de otras comunidades con las competencias transferidas o de otras bajo la administración del Ministerio no sufren descuentos cuando están en situación de incapacidad temporal. Los jueces, fiscales y letrados de la administración de justicia en Galicia, tampoco. "Convivimos con ellos, y queremos que se nos aplique la misma normativa", explica González. En este sentido, la Xunta afirmó que existe un acuerdo a nivel estatal para eliminar esta reducción salarial y que, por tanto, esto beneficiaría a los trabajadores gallegos. No obstante, tras la reunión de este lunes, González afirmó que existen todavía "algunos flecos" de discrepancia que dificultan el acuerdo.

Juicios aplazados hasta 2021

"La Justicia, ya de por sí, es lenta, así que con la huelga se retrasará todo muchísimo más. Está provocando un problema gravísimo", opina Félix Mondelo, presidente del Consello da Avogacía Galega. Según relata, había algunos procedimientos que, antes de la huelga, ya se estaban teniendo que aplazar hasta el año 2019 y, ahora, tras casi dos meses de paro de la Justicia, algunos no se podrán celebrar hasta el año 2021. "Antes de que comenzara la huelga, ya había trabajo acumulado", lamenta. 

Especialmente sangrante está siendo, en su opinión, el retraso en los registros, que no pueden tramitar las partidas de nacimiento ni muchos certificados de defunción, con la consecuente parálisis en la dotación de pensiones de viudedad y orfandad. El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que confiaba en que este lunes pudiera desconvocarse la huelga y volver a la normalidad, expresó este domingo en Radio Galega que, por este motivo, es "cada vez más" necesario desbloquear la situación, de la que los ciudadanos son "rehenes". Además, avanzó que el Gobierno estudia articular un plan para la recuperación del trabajo que se dejó de hacer. "En la medida de lo posible habrá que recuperarlo, habrá que hacer un plan", reconoció el número dos del Ejecutivo autonómico, que no precisó en qué consistiría esta medida.

En el mismo sentido se expresa Mondelo, que explica que, en caso de que la huelga persista más tiempo, la Xunta deberá plantearse tomar medidas para paliar las consecuencias que el paro está causando en los ciudadanos. "Deberían establecer qué es lo más urgente y centrar ahí los servicios mínimos", afirma. "Se les está causando daños y perjuicios gravísimos a la ciudadanía, que está atrapada en el medio de este conflicto", critica. 

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