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Déficit público

Cómo ajustará el Gobierno los 5.000 millones que le exige Bruselas

Cómo puede hacer España el ajuste de 5.000 millones que le exige Bruselas

España se tendrá que apretar un poco más el cinturón si quiere cumplir con Bruselas. Y así lo hizo saber el pasado miércoles el ministro de Economía, Luis de Guindos, al finalizar la reunión del Ecofin –reunión de ministros de Economía y Finanzas de la UE– en Luxemburgo: "El déficit estará por encima del compromiso del 3,1%. En cuanto haya nuevo Gobierno, tendrá que tomar las medidas oportunas". De Guindos se mostró convencido de que la situación política desencallará antes de que finalice el mes de octubre, pero apuntó que el futuro Ejecutivo se verá obligado a presentar cuanto antes a Bruselas unas cuentas "reales" con un ajuste del 0,5% del PIB: 5.000 millones de euros.

De Guindos confesó así que a España de momento no le salen las cuentas. No es la primera vez. En 2015, a pesar de las buenas previsiones que hacía el Gobierno en pleno año electoral, el déficit se situó en el 5,08%, casi nueve décimas por encima del objetivo acordado con Bruselas. Un patinazo que llevó a la Comisión Europea a activar el mecanismo sancionador del Plan de Estabilidad contra España y Portugal, que contemplaba multas de hasta el 0,2% del PIB –2.162 millones de euros–. Finalmente, el Ejecutivo consiguió esquivar la sanción y ganar tiempo con una nueva senda fiscal que trasladaba los esfuerzos para 2017 (3,1%) y 2018 (2,2%), un ajuste estructural de 10.000 millones para los dos años.

El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, era consciente de la importancia que tenía librarse del castigo. Por eso, casi dos meses antes de la celebración de las segundas elecciones, el jefe del Ejecutivo envió una carta al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, en la que se escudaba en el "contexto político complejo" para explicar el incumplimiento del objetivo de déficit y aseguraba que seguiría haciendo todo lo posible para rebajarlo "a pesar de estar en funciones". “En la segunda mitad del año, una vez que haya un nuevo Gobierno, estamos dispuestos a adoptar nuevas medidas”, añadía en una misiva por la que fue duramente criticado durante la campaña electoral. Finalmente, De Guindos ha tenido que reconocer la necesidad de llevar a cabo nuevos ajustes.

Por el momento, España continúa en la senda del crecimiento. Sin embargo, el bloqueo político y la situación de interinidad del Gobierno han impedido la elaboración de unos nuevos Presupuestos Generales para el año 2017. Este viernes el Consejo de Ministros ha dado el visto bueno al informe sobre el Plan Presupuestario y de Acción Efectiva, que supone la prórroga de los Presupuestos de 2016 y recoge las medidas adoptadas para asegurar el cumplimiento del déficit este año y en 2017. El documento fue enviado este sábado a Bruselas, justo el día que cumple el plazo para hacérselo llegar a la Comisión Europea, y resume las medidas aprobadas hasta el momento para reducir el déficit, como la modificación del Impuesto de Sociedades para adelantar el cobro de los pagos fraccionados.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que "la previsión de ingresos es muy prudente y conservadora". El Ejecutivo sigue manteniendo la previsión de crecimiento del 2,3% para el año 2017, pero Sáenz de Santamaría no ha querido adelantar cuáles serían las posibles medidas para recortar el exceso de gasto de 5.000 millones, asegurando que es "muy precipitado" hablar de cifras y gastos. En este sentido, los economistas consultados por infoLibre coinciden en su inmensa mayoría en señalar que la cifra es "relativamente pequeña" como para hacer recortes importantes en el gasto, sobre todo en partidas sociales, que ya se han visto muy castigadas durante la crisis.

¿De dónde salen los 5.000 millones?

José Ignacio Conde Ruíz, profesor de Economía en la Universidad Complutense de Madrid, se muestra escéptico con las cifras que puso sobre la mesa De Guindos. "¿Con sólo 5.000 millones vamos a situar el déficit en el 3,1%?", se pregunta, añadiendo que en su opinión se están quedando "un poco cortos": "No me parece que vaya a ser suficiente". "Siempre se han hecho presupuestos excesivamente optimistas, creyendo que se recaudará mucho más", recalca Conde Ruíz, que señala que "si no se cumple con los ingresos, no se va a cumplir con Bruselas" y afirma que "España está envuelta en una crisis fiscal que los dirigentes no son capaces de solucionar".

José Domingo Roselló, coordinador del Boletín de Inflación y Análisis Macroeconómico del instituto Flores de Lemus –de la Universidad Carlos III de Madrid–, explica que lo que se debería corregir serían 10.000 millones de euros –5.000 en 2017 y 5.000 en 2018–. "Con esta cifra, la Comisión Europea se refiere a ingresos y gastos pero corregidos en el ciclo económico". Y continúa: "Ingresos y gastos tienen una componente que está afectada por el crecimiento económio. Cuando la economía va bien, los ingresos tienen elasticidad positiva: como hay crecimiento se ingresará más y se gastará menos. Teniendo en cuenta esto, lo que dice la Comisión Europea es que, descontado ese efecto automático, hay que ajustar todavía 5.000 millones de euros para el próximo año y otros 5.000 para 2018".

Impuesto de sociedades

La cifra es el equivalente a medio punto del PIB y más del doble de la sanción que se jugaba España por el incumplimiento del objetivo de déficit del año 2015. Pero, ¿de dónde van a salir esos 5.000 millones que España necesita recortar del gasto público el próximo año? A principios de agosto, la Comisión Europea propuso a España, entre otras medidas, una subida del IVA y mayor transparencia en la contratación pública. De Guindos, por su parte, trasladó la pasada semana al comisario de Asuntos Económicos de la UE, Pierre Moscovici, que nuestro país no deberá hacer ajustes importantes en las cuentas públicas para cumplir con las metas que le exige Bruselas.

Javier Santacruz, economista e investigador en la Universidad de Essex, cree que el Ejecutivo "está confiando" en que la mayor parte venga por la vía de los ingresos, principalmente a través de la reforma del Impuesto de Sociedades aprobada a finales de septiembre, que recupera de nuevo el sistema de pagos fraccionados –las empresas que facturan más de 10 millones de euros deberán adelantar un 23% y los bancos un 25%– y con la que esperan recaudar hasta 8.000 millones de euros extra. Sin embargo, señala que esto es "pan para hoy y hambre para mañana". "Lo que haces simplemente es adelantar los ingresos que posteriormente vas a tener que devolver cuando presenten la declaración", explica el economista.

En una línea similar se posiciona Santiago Carbó, profesor de Economía y Finanzas de la Bangor Business School. El economista considera que el ajuste mencionado por De Guindos "es una cantidad pequeña", por lo que cree que "retrasando algunos gastos" o con los ingresos procedentes del adelanto del Impuesto de Sociedades que mencionaba Santacruz, por ejemplo, sería suficiente para cubrir el desvío del déficit. "No tengo claro que la sociedad quiera ahora recortes en educación. Yo creo que el ajuste no irá por ahí", sentencia en conversación telefónica con este diario.

En este sentido, Roselló recuerda que las medidas, a diferencia del adelanto de pagos, tienen que ser "estructurales", de las que "quedan reflejadas en el BOE" y cambian "la estructura fiscal". "O toca la estructura impositiva de manera palpable y permanente o hace medidas de recorte estructural del gasto, como congelar el sueldo de los funcionarios un año o aplazar las inversiones en infraestructuras que estén comprometidas", sostiene el economista. O ambas cosas al mismo tiempo: reducir el gasto y aumentar los ingresos. "Siempre se dice que España tiene un IVA comparativamente bajo con la media de la UE. Cierto reequilibrio podría venir por ahí. Parece que todavía hay margen para subir los impuestos, tanto directos como indirectos", concluye.

Prestación por desempleo e impuesto sobre la gasolina

José Moisés Martín Carretero, miembro de Economistas Frente a la Crisis, tampoco considera que vayamos a ver "grandes medidas de recorte" como las sufridas años atrás, pero ya alerta de que no esperemos un "incremento de las prestaciones sociales". En su opinión, el ritmo de crecimiento que está experimentando España, unido al incremento de la recaudación y a una bajada de la partida de prestaciones por desempleo –"muchos parados de larga duración agotan su periodo de prestación", sostiene– puede ser suficiente para cubrir "una parte importante" del desvío que pide arreglar Bruselas. Pero también hace hincapié en unas pensiones que, en su opinión, mantendrán una revalorización del 0,25%.

En este sentido, todos los grupos parlamentarios –con la excepción de Ciudadanos– registraron el pasado jueves una proposición de ley para revalorizar las pensiones para 2017 por encima de la inflación con el objetivo de que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo. En concreto, el texto –impulsado en diferentes reuniones con CCOO y UGT– establece un aumento del 1,2% y fija que, de incrementarse la tasa media de inflación a lo largo del año, las pensiones también experimenten una revalorización acorde con la subida. Entre PSOE, Unidos Podemos, ERC, PNV y Convergència suman 178 asientos, los necesarios para sacarla adelante en el pleno del Congreso.

Sin embargo, su tramitación depende de que el Gobierno acepte que sea debatida, ya que tiene derecho de veto para aquellas iniciativas legislativas que considera que suponen merma de ingresos o aumento de gasto presupuestario. En este sentido, la vicepresidenta en funciones indicó este viernes que los departamentos afectados por esta iniciativa legislativa la analizarán y realizarán los informes pertinentes para determinar si corresponde vetarla o no. "Lo oportuno hubiera sido esperar a la convocatoria del Pacto de Toledo y abordar en él cuantas medidas los Grupos quieran plantear porque [las pensiones y su sostenibilidad] es uno de los grandes asuntos de Estado y debe analizarse desde un punto de vista más amplio", añadió Sáenz de Santamaría sobre este tema.

El economista José Carlos Díez, por su parte, pone sobre la mesa otras opciones para ajustar el desfase entre ingresos y gastos del que adolecen las cuentas públicas españolas. "Las subvenciones a la contratación son muy costosas y poco efectivas", sostiene Díez, que también aconseja aprovechar el bajo precio de los combustibles –el pasado viernes el barril de Brent cerró la jornada en los 52 dólares– para "subir el impuesto de gasolinas". También pone el foco en una subida de los "impuestos del alcohol". "Eso es lo que creo que tendría menor coste político y menor impacto en el PIB", asevera. Pero "anticipar lo que hará Rajoy" es, en su opinión, "brujería". 

¿Grandes recortes?

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La situación actual, sostiene Roselló, "es hija de las cositas que hemos realizado en 2015, año electoral al completo". "El consumo final de las administraciones públicas –lo que cuestan los servicios más los suministros que compra la Administración (folios, ordenadores...)– en 2015 aumentó un 2,7%, mientras que en países como Alemania, Italia o Francia el incremento rondaba el 1%", explica. El economista señala que "es admisible y se recomienda" expandir el gasto público en una economía que está saliendo de una crisis, pero añade que quizá se abrió "demasiado la mano". Además, recuerda "la decisión de dar la vuelta a algunas de las subidas impositivas que se habían realizado durante la legislatura", algo que a los socios del Ecofin no pareció agradarles.

Las declaraciones del ministro de Economía retrotraen a los primeros compases de la legislatura del PP. A los profundos tijeretazos en sanidad o educación que tuvo que sufrir la sociedad española. Sin embargo, los economistas consultados por infoLibre señalan que no serán necesarios ajustes de tal envergadura. "Tajantemente no. En 2012 hablábamos de 60.000 millones de euros", señala Roselló. "El recorrido para cualquier gobierno en ese ámbito es muy limitado ya, porque buena parte de la factura de la crisis que se ha pagado ha ido por ahí", añade Carbó. "Si el BCE (Banco Central Europeo) mantiene las compras y sigue el crecimiento de la economía, en dos años estaríamos cerca de cumplir con el 3% de déficit. (...) Bastaría con que Rajoy no tome medidas irresponsables como la bajada del IRPF a rentas altas o el impuesto de sociedades a grandes empresas", completa Díez.

Para Santacruz, los recortes que se producirán por la vía del gasto pueden ir orientados a subir "menos el salario de los funcionarios de lo que se hizo en 2015" y algún otro ajuste, "probablemente por la vía de la financiación de las comunidades autónomas". "El efecto para la economía depende de cómo se estructure", añade Roselló, que apunta que "la subida de impuestos por valor de los 5.000 millones, aunque recorte el consumo, tendrá un impacto menor que si despedimos a maestros, policías o médicos". "Hay que manejar ambas cosas. No hay que irse a un extremo u otro. El menú es extenso", concluye el economista del instituto Flores de Lemus.

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