EL COVID EN LA BANCA (II)

Las armas de los gobiernos contra la pandemia económica: Europa se volcó con los avales públicos, EEUU apostó por las ayudas directas

Las ministras de Hacienda y Economía, María Jesús Montero y Nadia Calviño, respectivamente, en rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa.
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La controversia sobre la necesidad de conceder ayudas directas a las empresas, cada vez más intensa según se prolongaban las restricciones por la pandemia y se sucedían las peticiones de empresarios, expertos y hasta del Banco de España, cristalizó con los últimos 11.000 millones de euros en medidas de apoyo a la solvencia que el Gobierno aprobó el pasado día 11. De esa cantidad, 7.000 millones irán directamente a cubrir los gastos fijos de los negocios y las facturas con proveedores; el resto, a esquemas para reestructurar la deuda de las empresas y para recapitalizarlas. Hasta ese momento, el Ejecutivo había preferido reforzar la liquidez de autónomos y pymes ofreciendo avales a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Una primera línea de 100.000 millones de euros entre marzo y junio y otra de 40.000 millonesotra de 40.000 millones más entre julio y noviembre. Además de reforzar el capital de las grandes compañías a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) y nutrido con otros 10.o00 millones.

España siguió entonces la misma ruta que el resto de los países de la Unión Europea. En la primera fase de la pandemia, al menos, los avales públicos para que los bancos prestasen a las empresas fue el “instrumento predominante” empleado por los gobiernos europeos para hacer frente a los problemas de liquidez de los negocios cerrados por el confinamiento, según destaca el Banco Central Europeo (BCE) en su Boletín Económico del pasado enero. En Francia, Alemania, Italia y Reino Unido representaron más de la mitad de los fondos anunciados para sostener el tejido productivo, subraya el think tank Bruegel. También se utilizaron los bancos públicos para conceder préstamos directamente a las empresas con tipos de interés subvencionados. En total, calcula el BCE, se aprobaron garantías públicas por un importe equivalente al 16% del PIB de la zona euro, unos 1.910 billones de euros.

En todo caso, los volúmenes destinados por cada Estado a estos préstamos garantizados son muy distintos. Una buena muestra de la desigual potencia de tiro de las economías nacionales. Alemania apartó 832.000 millones de euros para avales públicos, casi seis veces más que en España. Y casi la mitad de la partida europea total. Pero si se mide cada programa en porcentaje del PIB, puede compararse con más fiabilidad. Así, el país que más apostó por los préstamos garantizados fue Italia, con un importe equivalente al 25% de su PIB, que se eleva hasta el 32% –571.000 millones de euros– si se incluyen los planes de recapitalización y los avales a las empresas exportadoras. Porcentualmente, más que Alemania, que ha destinado a este fin el 24,3% de su PIB. Le sigue el Reino Unido, con un 15,4% –340.300 millones de euros– y Francia, con un 14% –342.000 millones de euros–. El esfuerzo de España fue de un 12,2% de su PIB, esos 140.000 millones en avales a los que ahora se añaden 4.000 más para reestructuración de los préstamos ICO ya concedidos y con problemas para ser devueltos, y para recapitalizar empresas medianas a través de la semipública Cofides.

En cambio, Estados Unidos optó por un diseño diferente priorizando las ayudas directas a las empresas: del total de 4,18 billones de euros que suman los tres macropaquetes de medidas aprobados, más de la mitad, 2,61 billones, se han dedicado a ayudas directas, de los cuales 28.600 millones corresponden al último plan de rescate presentado por Joe Biden. Equivalen a un 10,3% de su PIB y a casi el triple de lo que Washington ha consignado para avales públicos, unos 803.000 millones de euros, a los que hay que sumar ahora otros 7.250 millones incluidos en el nuevo programa del presidente demócrata.

El triple de avales que de ayudas en Alemania

El reparto en Europa de estos dos tipos de mecanismos ha sido a la inversa. Alemania destinó a ayudas directas un 8,3% de su PIB, tres veces menos que a avales públicos, pese a que fue la que mayor volumen de recursos dedicó a este fin de las cinco grandes economías de la zona euro junto a Reino Unido, que apartó para subvencionar a las empresas la mitad que a garantizar préstamos. Francia presupuestó 124.000 millones en ayudas directas, casi un tercio de lo que asignó a avales públicos. Italia, apenas un 3,4% de su PIB –61,3 millones de euros–, ocho veces menos que a préstamos garantizados. Finalmente, España destinó tres veces más a avales que a subvenciones a los negocios tocados por el virus.

No hay que olvidar tampoco que, además de estos dos modelos de ayudas, los gobiernos han aplicado moratorias en pagos de impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social. Según los cálculos de Bruegel, fue Italia el Estado que más se decantó por los aplazamientos, con un volumen equivalente al 13,2% de su PIB –253.300 millones–, seguida de Francia –8,7%– y Alemania –7,3%–. Estados Unidos le dedicó un 2,6% y Reino Unido un 2%. España, apenas un 0,4% –5.300 millones–.

“No se puede reducir la discusión a si las medidas deben ser de un tipo o de otro, tienen que ser de los dos”, explica Lídia Brun, investigadora de la Universidad Libre de Bruselas. “Al principio [de la pandemia] se trataba de distribuir el coste del confinamiento en el tiempo, pero con la prolongación de la crisis no se puede, ya no se trata de pérdidas puntuales, sino que se están deteriorando los balances de las empresas”. El problema se verá cuando las empresas españolas tengan que competir en el mercado único con empresas cuyos gobiernos las han ayudado más y mejor, advierte. Para el profesor de la Universitat Pompeu Fabra José García Montalvo, otorgar avales de hasta el 100% como han hecho algunos países o subvencionar los tipos de interés de los préstamos garantizados hasta dejarlos casi en cero como en Francia equivale casi a una ayuda directa. Y las ayudas directas son a fondo perdido tanto como lo puede ser un aval del 100% a una empresa que quiebra, aclara. Lo mismo cree Lídia Brun. Los avales al 100% “son otro tipo de ayuda” desde el momento en que los bancos “pierden el incentivo a hacer bien su trabajo: conseguir que le devuelvan el dinero”.

España ha concedido casi nueve veces más garantías que Alemania

Cuestión aparte es el grado de ejecución de las medidas aprobadas. Ya lo resaltó la vicepresidenta de la Comisión Europea, Margrethe Vestager, en una carta reciente a los eurodiputados que ha sido utilizada por el Gobierno español para hacer valer su gestión contra los perjuicios económicos de la pandemia. Del total de 3,12 billones de euros que los 27 miembros de la UE han destinado a ayudar a las empresas, sólo se han desembolsado hasta ahora 542.000 millones, un 3,3%. Pero el país cuyas empresas más ávidamente han recurrido a las ayudas ha sido España, con un volumen desembolsado que equivale al 7,3% de su PIB. Por el contrario, Alemania sólo ha gastado el 3% de lo presupuestado, Francia el 6,4% e Italia el 6%.

A diciembre de 2020, la Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), el banco público alemán, había otorgado 103.000 avales por valor de 44.000 millones de euros, apenas el 5% del programa disponible. La cifra equivale al 1,3% de su PIB –el menor de los cuatro grandes países europeos–, mientras que en España el grado de ejecución de estos mecanismos de garantías –el mayor de los cuatro– se eleva al 9,7% del PIB, según los cálculos que publicó el BCE el pasado mes de enero.

El ICO ha concedido garantías hasta el 28 de febrero para 1,003 millones de operaciones; es decir, casi 10 veces más que su gemelo alemán. El importe total avalado asciende a 91.770 millones de euros, el doble que la KfW. Lo que se traduce en 120.799 millones de euros de financiación para 628.455 empresas. El 89% de ellas eran micropymes –menos de 10 empleados– y autónomos. Del total, 127.351 pertenecen al sector del turismo, el ocio y la cultura, el grupo más numeroso entre los beneficiados. De acuerdo con las cifras facilitadas a infoLibre por el ICO, aún quedan disponibles unos 6.500 millones de euros de la primera línea –100.000 millones– y unos 37.000 millones de la segunda –40.000 millones–. Por tanto, se ha desembolsado ya un 65% de las cantidades presupuestadas.

Además, la SEPI ha concedido ya 968 millones de euros en préstamos participativos y ordinarios a cuatro grandes empresas consideradas estratégicas: Ávoris Corporación Empresarial (Viajes Barceló y Globalia), Air Europa, Duro Felguera y Plus Ultra Líneas Aéreas. La compañía de renovables Abengoa acaba de pedir también la ayuda de este fondo, que dispone de 10.000 millones de euros.

En Francia, que comparte con España el mayor uso de este instrumento de toda la UE, Bpifrance ha otorgado 110.600 millones de euros en préstamos garantizados para 634.720 empresas al cierre de 2020, según BPifrance. Un 37% del programa presupuestado.

Con datos a 10 de marzo, el Fondo de Garanzia había concedido 1,76 millones de avales. Según el Ministerio de Economía italiano, hasta ahora las empresas han pedido financiación por valor de 145.300 millones de euros. El Servizi Assicurativi del Commercio Estero (SACE) también ha otorgado 21.900 millones de euros, en 1.626 operaciones para sostener a grandes empresas.

En Reino Unido, hasta el 25 de febrero pasado, se ha gastado el 63% de los fondos destinados al Bounce Back Loan Scheme (BBLS), el programa para pymes creado por el Gobierno de Boris Johnson al que han recurrido 1,5 millones de negocios británicos afectados por el covid-19. Sólo este esquema ha supuesto el 94% de los préstamos con aval concedidos, hasta sumar 45.610 millones de libras –53.096 millones de euros– del total de 72.930 millones desembolsadas, de acuerdo con las cifras publicadas por el Tesoro británico y recogidas en el último informe elaborado por la Biblioteca de la Cámara de los Comunes. El Gobierno británico destinó una partida de 330.000 millones de libras a garantías públicas, repartidas en tres programas distintos: además del ya citado BBLS, otro para empresas medianas hasta 45 millones de libras de facturación y un tercero para las grandes que superen ese volumen de negocio. Del primero se han gastado 22.000 millones de libras y del segundo, 5.290 millones. Los tres caducan este mes de marzo, pero ya tienen un sucesor, el Recovery Loan Scheme, que se prolongará hasta el 31 de diciembre de este año.

En Estados Unidos, el Paycheck Protection Program (PPP), destinado a avalar préstamos de hasta 10 millones de dólares para pequeñas y medianas empresas, ha concedido hasta el 7 de marzo pasado un total de 7,55 millones de créditos, por un importe de 687.374 millones de dólares –574.057 millones de euros– según las cifras publicadas por la Small Business Administration (SMB), la entidad pública encargada de su gestión. El Instituto Americano de Censores Jurados de Cuentas (AICPA) calcula que aún quedan disponibles unos 140.000 millones, por lo que Biden sólo ha ampliado en 7.250 millones la partida destinada al PPP en su plan de rescate.

Condiciones menos atractivas, atascos burocráticos

La dispar aceptación de los préstamos garantizados en cada país de la UE –pese a que las características de los programas son muy similares, todos han seguido en buena medida las guías fijadas por la Comisión Europea– obedece a varias razones. El BCE considera que en España las empresas acudieron en masa a los préstamos ICO a falta de medidas de alivio fiscal, como moratorias de pagos, y de ayudas directas. Mientras que en Francia los bajos tipos de interés, que rondan el cero, resultaban especialmente atractivos. Por el contrario, las empresas alemanas no han recurrido a los avales porque estaban menos endeudadas que el resto de las europeas cuando surgió la pandemia, su confinamiento fue menos estricto que el español y el italiano, y tenían a mano generosas ayudas directas y moratorias de impuestos. Además, dice el BCE, las condiciones de los préstamos garantizados no eran tan favorables. Para los italianos, el problema en un primer momento fue el atasco burocrático que sufrieron los solicitantes cuando se pusieron en marcha los avales públicos y que sólo se vio aliviado a partir del verano, con el consiguiente aumento de las operaciones.

Al cabo de un año de pandemia, la prolongación de las restricciones a la actividad económica ha cambiado el escenario. Conforme pasaban los meses, el ritmo de solicitudes se iba ralentizando. Ahora, con los avales públicos casi agotados, al menos en España, cobran protagonismo las ayudas directas, al tiempo que se abren paso los mecanismos para reestructurar los préstamos pedidos en 2020, cuya devolución se complica mientras se retrasa la vuelta al crecimiento.

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