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Unión Europea

El Banco Europeo de Inversiones sigue utilizando fondos radicados en paraísos fiscales a pesar de las advertencias de la Eurocámara

Sede del Banco Europeo de Inversiones en Luxemburgo.

La publicación de los Paradise Papers, más de 1,4 millones de documentos procedentes de dos bufetes de abogados dedicados a proveer servicios offshore y de casi una veintena de registros mercantiles de jurisdicciones opacas, ha vuelto a poner sobre el tapete el agujero negro que suponen los paraísos fiscales y la necesidad de presionar a nivel europeo para poner fin de una vez por todas a la falta de colaboración de estos territorios en la lucha contra la evasión fiscal. Con estos objetivos en mente, la Comisión Europea aprobó a comienzos de diciembre pasado el listado oficial de jurisdicciones opacas, una relación compuesta por 17 países –ninguno europeo– que dejarán de recibir dinero procedente de los fondos para el desarrollo sostenible o del Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas mientras no modifiquen su legislación en esta materia.

Además, según el acuerdo sellado por los ministros de Finanzas europeos, se cerrará también el grifo del Banco Europeo de Inversiones, un organismo al que se le ha recriminado en repetidas ocasiones el uso de estas jurisdicciones opacasen sus actividades. Creado en 1958 con el objetivo de dar respaldo económico a aquellos proyectos que contribuyan al desarrollo de la Unión Europea, el órgano financiero comunitario recibió en abril de 2016 un fuerte tirón de orejas por parte de la Eurocámara en esta materia. En una resolución relativa al informe del BEI de 2014, el Parlamento comunitario reiteró que la institución financiera "debería reforzar sus actividades de diligencia debida para mejorar la calidad de la información sobre los beneficiarios finales" y pidió al Banco Europeo de Inversiones prevenir "con mayor eficacia" las transacciones con intermediarios afincados en jurisdicciones opacas.

Sin embargo, parece haber hecho caso omiso a estas advertencias. Durante 2017, el órgano financiero de la Unión Europea dio luz verde a más de dos centenares de acuerdos de inversión, según los datos que la institución pone a disposición del público en su página web: 118 ya han sido firmados163 han sido aprobados por el Banco Europeo de Inversiones pero están a la espera de ser rubricados. Y, según se desprende de los más de dos centenares de acuerdos revisados por infoLibre, en al menos cinco proyectos juegan un papel relevante fondos radicados en paraísos fiscales. Cuatro de ellos están afincados en Luxemburgo –país en el que el BEI tiene su sede–, mientras que el quinto se encuentra registrado en la República de Mauricio. El dinero metido en los cinco proyectos supera los 85 millones de euros.

Renovables y pymes 

Los objetivos de estas inversiones son diversos. Dos de los planes tienen como prioridad el impulso empresarial en África. Así, el Banco Europeo de Inversiones aprobó el pasado mes de julio participar con unos 30 millones de euros en Amethis Fund II, un "fondo de capital de crecimiento cerrado" con un "tamaño objetivo de 300 millones de euros" afincado en Luxemburgo. Con un enfoque centrado en el África Subsahariana, el brazo financiero de la Unión Europea detalla que Amethis Fund "apoyará a las empresas locales que necesiten financiación para el crecimiento". "Su objetivo principal es adquirir participaciones minoritarias significativas en negocios con un fuerte potencial de crecimiento", señala el BEI en la ficha del proyecto

Dos meses después de aquel acuerdo, el organismo comunitario dio luz verde a otro proyecto de inversión destinado a dar un empujón a las pequeñas y medianas empresas en Etiopía. En este caso, la institución que dirige el alemán Werner Hoyer acordó meter unos 9 millones de euros en Cepheus Growth Capital Fund, otro "fondo de capital de crecimiento cerrado" con un tamaño objetivo, en este caso, de 89 millones de euros. Constituido en la República de Mauricio, el fondo tiene como prioridad apoyar "a las empresas locales que necesiten financiación para el crecimiento con un fuerte enfoque de creación de empleo". "Su objetivo principal consiste en adquirir participaciones minoritarias significativas en negocios con un fuerte potencial de crecimiento", completa el Banco Europeo de Inversiones.

A estos dos proyectos, aprobados pero a la espera de firma, se suma otro más que se encuentra por el momento en la misma situación. El primero consiste en una inversión de unos 18 millones de euros en International Housing Solutions Fund II, un fondo cuyo sponsor, según detalla la Corporación de Inversión Privada en el Extranjero (OPIC) estadounidense, es International Housing Solutions S.A.R.L, una sociedad radicada en Luxemburgo. Según el BEI, este fondo invertirá en "proyectos de vivienda asequibles y de bajo consumo de energía en Namibia y Botswana".

De los cinco proyectos, dos están ya aprobados y firmados. El primero, el acuerdo de inversión para mejorar los activos forestales irlandeses. En este caso, el Banco Europeo de Inversiones ha puesto sobre la mesa 28,5 millones de euros –que se suman a los 55 que ha desembolsado el Fondo de Inversión Estratégica de Irlanda (ISIF, por sus siglas en inglés)–, un dinero que se canalizará a través del fondo forestal especializado Dasos Timberland Fund II, perteneciente a la firma Dasos Capital OY y registrado en Luxemburgo. Según figura en la ficha del proyecto, el fondo tiene como objetivo invertir en la "mejora del manejo forestal, reforestación y nuevas plantaciones". "La operación propuesta agrega una cartera de hasta 12 000 hectáreas de activos forestales en la República de Irlanda", completa la institución financiera comunitaria.

El segundo proyecto se trata de una inversión, cuya cantidad no desvela el organismo financiero de la UE –"no divulgada", figura en la ficha del acuerdo–, en Glennmont Clean Energy Fund Europe III, un fondo de la compañía Glennmont Asset Management Ltd afincado en Luxemburgo, según consta en el registro mercantil del Gran Ducado. "Invertirá principalmente en activos de generación solar fotovoltaica, bioenergía, hidroeléctrica a pequeña escala...", detalla el BEI.

Fuentes del organismo consultadas por infoLibre explican que los fondos actúan como una suerte de intermediarios financieros del BEI "para llegar a los beneficiarios finales". "El Banco Europeo de Inversiones firma un compromiso con el fondo y éste debe garantizar que se cumpla nuestra estrategia de inversión. De esta forma, dicho fondo, de acuerdo a los compromisos suscritos, invertirá el capital de sus inversores en determinados proyectos y durante un tiempo determinado", detallan estas mismas fuentes, que añaden que "gracias a esos acuerdos suscritos" el fondo se compromete contractualmente con el organismo financiero de la UE "a aceptar nuestros criterios en cuanto al sector al que se deben destinar las inversiones, el ámbito geográfico en el que se deben implementar y otras obligaciones en política antifraude, integridad, cumplimiento de la regulación...".

Advertencias del Parlamento Europeo

La utilización por parte del Banco Europeo de Inversiones de fondos radicados en paraísos fiscales para canalizar algunas de sus inversiones no es, ni mucho menos, una novedad. Según el informe El lado oscuro de los fondos del BEI, publicado en septiembre de 2016 por la organización Counter Balance –colectivo que monitoriza todas las actividades del organismo financiero comunitario–, entre los años 2011 y 2015 la institución de la UE invirtió 302,9 millones de euros en estructuras de este tipo afincadas en cuatro de las jurisdicciones offshore más agresivas del mundo para Oxfam Intermon: 66,5 millones fueron a parar a seis fondos en Mauricio, 150 millones fueron invertidos en cuatro radicados en Luxemburgo, 63 millones se metieron en dos fondos en las Islas del Canal y 23,4 millones fueron a parar a otro en las Islas Caimán. A esta lista podrían añadirse 20 millones más invertidos en 2013 en un fondo afincado en Malta.

Pocos meses antes de que Counter Balance hiciera público el estudio, la Eurocámara aprobó una resolución relativa al informe anual del Banco Europeo de Inversiones correspondiente al año 2014. En el texto, en el que se hacía una valoración de las cuentas del organismo financiero comunitario, se dejó algún que otro recado importante en esta línea. Así, en el punto 72 del escrito, el Parlamento Europeo pidió al BEI "reforzar sus actividades de diligencia debida para mejorar la calidad de la información sobre los beneficiarios finales" y "prevenir con mayor eficacia las transacciones con intermediarios financieros con un historial negativo en términos de transparencia, fraude, corrupción, delincuencia organizada, blanqueo de dinero y daños impactos sociales y ambientales". En este sentido, el escrito incluía también a aquellos intermediarios "registrados en centros financieros extraterritoriales o paraísos fiscales que recurren a una planificación fiscal agresiva".

La política del BEI sobre paraísos fiscales

Fuentes del Banco Europeo de Inversiones consultadas por este diario explican que "los proyectos son considerados aceptables o no en base a unas cuestiones técnicas y sectoriales que dan prioridad a determinadas áreas", los denominados criterios de elegibilidad. En este sentido, estas mismas fuentes aseguran que el BEI sigue un proceso "muy riguroso" de análisis de proyectos y promotores: "Los equipos examinan la situación financiera del promotor, si el proyecto cumple con los criterios de elegibilidad –fomento de la cohesión económica, mejora en infraestructuras o desarrollo de pymes, entre otros–, estudia la viabilidad técnica, económica y financiera del plan y, desde el punto de vista legal, la adecuación a las normas vigentes y los estándares europeos en materia de licitaciones, impactos medioambientales y sociales...".

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Preguntadas por si las normas del Banco Europeo de Inversiones prohíben gestionar inversiones a través de fondos radicados en paraísos fiscales, estas fuentes se muestran contundentes: "Nuestra normativa es muy exigente a este respecto y las financiaciones del BEI deben cumplir con nuestras estrictas políticas y procedimientos en materia de lucha contra el fraude, la evasión fiscal o el blanqueo de dinero con el fin de garantizar que nuestros préstamos son utilizados para los fines a los que están destinados". Con el objetivo de poner negro sobre blanco la posición del organismo financiero comunitario en esta materia, la institución elaboró en 2010 su Política respecto a jurisdicciones débilmente reguladas, no transparentes y no cooperativas y en 2013 su Política antifraude.

Según consta en el primero de los mencionados documentos, el Banco Europeo de Inversiones no puede participar en ninguna operación relacionada con "jurisdicciones prohibidas". Sin embargo, según se establece en el segundo apartado de la normativa, el BEI podrá hacer excepciones si "el proyecto se va a implementar físicamente" en esas jurisdicciones y si "no presenta ningún indicio de que la operación esté siendo estructurada artificialmente o usada" para ciertas actividades especificadas por la institución comunitaria: lavado de dinero, financiación del terrorismo, fraude fiscal, evasión fiscal o prácticas fiscales perjudiciales. Excepciones, dice el organismo comunitario, con las que se pretende "evitar penalizar a la población local" de esos países.

"Como todas las otras grandes instituciones financieras internacionales, el BEI se atiene estrictamente a las listas y evaluaciones de jurisdicciones confeccionadas por la Unión Europea, Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales responsables de configurar los estándares en esta materia, como son el Fondo Monetario Internacional, el Consejo de Estabilidad Financiera, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información", apostillan desde el BEI. Y, en este sentido, "ni Mauricio ni Luxemburgo aparecen en ninguna de las listas antes mencionadas", concluyen las fuentes de la institución financiera consultadas por infoLibre. Ninguno de los dos países se encuentra tampoco en la lista negra de la UE.

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