'Salvar' pisos de los fondos buitre: la petición de los sindicatos a Casa 47 al iniciar la compra de 131 viviendas

La empresa pública de vivienda, Casa 47, ha empezado a moverse en el mercado de compra de inmuebles. Tras anunciar en abril un primer paquete de financiación de 100 millones de euros con el que pretendía adquirir unas 600 viviendas, la pasada semana explicaba que habían recibido un total de 131 propuestas, de las cuales la gran mayoría procedía de empresas (115 casas) y el resto, de particulares. Con ello, la entidad pública entra a un mercado de vivienda que vive un momento de cambio. Por un lado, la desinversión de algunos gigantes del sector ha sumido a muchos inquilinos en la incertidumbre y, por otro, la entrada de otros actores que buscan hacer caja apostando por el alquiler temporal como forma de esquivar las restricciones de precios que permite la Ley de Vivienda, ha aumentado la preocupación de los movimientos sociales de vivienda.

Entre los gigantes que se repliegan están grandes fondos de inversión como Blackstone, Cerberus, Ares o Azora, que anunciaron a finales del año pasado la venta de unas 25.000 viviendas en alquiler. Más recientemente, en junio, se conocía que el gigante estadounidense Blackstone estaba en negociaciones para deshacerse de los cerca de 8.300 pisos que tiene en España dentro de la socimi (Sociedad Anónima Cotizada de Inversión en el Mercado Inmobiliario) Testa Residencial. A la vez, el Gobierno intenta hacer crecer el parque público, aunque por el momento la negociación de estas primeras compras aún está en marcha, ya que el plazo para recibir propuestas se cerró el pasado jueves. Ahora las viviendas ofertadas deberán tasarse y ver si están en condiciones de ser habitadas antes de que se concrete la compra por parte de Casa 47.

Los sindicatos de inquilinas critican que, en su opinión, la empresa pública debería “salvar” algunos de estos pisos que empiezan a cambiar de manos en el mercado, antes de que otro inversor se haga con sus casas para especular con ellas. Por el momento no ha trascendido qué empresas habrían hecho ofertas de venta a Casa 47, pero desde el ámbito sindical llevan tiempo dándole pistas a la entidad pública sobre hacia dónde podrían dirigir sus inversiones.

Dos de esos nombres propios sobre los que el Sindicato de Inquilinas de Madrid tiene puesto el foco son Fidere y Nestar, que adquirieron en 2010 y en 2013 unas 2.400 viviendas que en su día se habían construido con respaldo público. Ahora, estos fondos ponen estos inmuebles en el mercado de nuevo y algunos de ellos incluso han aparecido en portales inmobiliarios. En este contexto, el sindicato ha pedido que Casa 47 recupere las viviendas, aunque hasta el momento, el procedimiento de adquisición de vivienda por parte de la entidad pública se ciñe a un concurso en el que los interesados en vender deben estar inscritos para luego negociar con ellos. Es decir, si los propietarios no los ofertan, la entidad pública no puede lanzarles ninguna oferta.

En la primera oferta de compra que acaba de cerrarse, Casa 47 señaló que han recibido 14 ofertas que agrupan 131 inmuebles, de los cuales el 88% corresponde a empresas que se han puesto en contacto con ellos para vender sus viviendas. El siguiente paso será que el organismo público revise y tase los pisos para llegar a un acuerdo económico. Sobre la partida presupuestaria, de 100 millones de euros, señalan que "una vez valorados todos los inmuebles", el remanente seguirá disponible para la compra de nuevas viviendas.

Sobre la distribución geográfica, la empresa pública señala que los inmuebles se encuentran principalmente en Andalucía, Castilla y León, Cataluña y Extremadura.

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Otro caso mediático es el de los vecinos del PAU (Programa de Actuación Urbanística) de Carabanchel. En un video difundido por el Sindicato de Inquilinas de Madrid, algunos vecinos del inmueble piden ayuda públicamente para que la administración adquiera las viviendas. "Los bloques en lucha de Carabanchel llevamos meses exigiendo a Casa 47 que recupere nuestras viviendas", lanzaban en un video en la red social Instagram.

La historia de estos inquilinos comienza cuando en 2013, bajo el mandato de Ana Botella, la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) vendió al fondo de inversión Blackstone (Testa) miles de viviendas. Ahora, esta empresa, que ha hecho ya varias operaciones de desinversión, estaría negociando revender esos inmuebles a otro fondo extranjero, según explica el sindicato madrileño. La agrupación sindical habla de 1.860 casas en las que viven personas de alquiler que no podrían permitirse comprarla y terminarían expulsadas a un mercado cada vez más caro e inaccesible. "Luchamos para que nuestras casas pasen a formar parte del parque público de vivienda de Casa 47, con alquileres estables y asequibles y garantías reales del derecho a la vivienda frente a los intereses de quienes solo buscan hacer negocio", señalan en una nota de prensa.

Los vecinos lo han intentado llamando a todas las puertas. En marzo, las tensiones llegaron incluso a un pleno del Ayuntamiento de Madrid, cuando miembros del sindicato y vecinos afectados entraron a la sesión y lanzaron panfletos para protestar por la venta de sus casas, que pasan "de fondo en fondo como si fueran cromos", denunciaban.