Los abusos de las empresas
En 2015 los consumidores completarán el pago a las eléctricas de 4.000 millones por el parón nuclear
El próximo año 2015 desaparecerá del recibo que pagan 25 millones de usuarios el recargo –3,54% inicialmente y 0,33% desde 2006– destinado a compensar a las empresas eléctricas por la moratoria nuclear decidida en 1984 por el Gobierno socialista de Felipe González. Tres décadas y 4.383 millones de euros después, acaba el que fue en realidad el primer rescate financiero del sector eléctrico. Luego vendrían –año 1997– los polémicos costes de transición a la competencia (CTC) cobrados de más y las inversiones en centrales de gas (ciclos combinados) que están prácticamente paralizadas pero que cobran por seguir abiertas.
La compensación por la moratoria nuclear se pagó de una sola vez a cuatro empresas. Cobraron Endesa, su filial Sevillana de Electricidad, Unión Fenosa (ahora Gas Natural Fenosa) e Iberdrola. La distribución fue de 2.273 millones para Lemóniz I y II (100% de Iberdrola), 2.043 millones para Valdecaballeros I y II (iberdrola y Endesa) y 66 millones para Trillo II (Unión Fenosa y Endesa).
Con el rescate financiero de la banca aún fresco –141.000 en ayudas públicas, según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC)–, el plazo pendiente de la moratoria nuclear es también el último de otro rescate financiero, aunque en este caso del sector eléctrico.
Rescate público
Así lo expresó el exministro de Industria socialista Juan Manuel Eguiagaray, que dirigió el departamento entre 1993 y 1996. En un artículo –Reflexiones sobre la incertidumbre energética, publicado en Cuadernos de Energía–, Eguiagaray explicó: “En pleno proceso de transición a la democracia el sector público hubo de rescatar financieramente a las empresas eléctricas del país, que se habían embarcado en un proceso de inversión faraónico, derivado de una planificación delirante, en absoluta contradicción con las necesidades constatadas de la demanda eléctrica en España”.
El proceso que el exministro califica de “faraónico” llegó hasta 1983. Entonces se redactó el Plan Energético Nacional (PEN 1984) que cortó de raíz un proceso inversor disparatado, con siete centrales nucleares en marcha, que no tenían relación alguna con la previsión de demanda.
El consumidor fue obligado a asumir el rescate. "La preferencia por la energía nuclear contenida en aquellos planes –explicó Eguiagaray– puso en marcha la construcción de más grupos nucleares de los razonablemente necesarios, lo que llevó, por razones mucho más financieras que de cualquier otro tipo, a la llamada moratoria nuclear a partir de 1983. Los costes de la paralización de proyectos de construcción en curso, así como el saneamiento financiero de las empresas, recayeron sobre los consumidores durante largos años, mediante recargos pagados en el recibo de la luz“.
Pago de compensación
El pago de la compensación corrió a cargo del fondo de titulización de la moratoria nuclear, creado en 1996, con el objeto de que la cifra total quedara sufragada a través de la tarifa eléctrica durante 25 años a partir de 1995, esto es, hasta 2020, mediante un porcentaje inferior al 3,54% inicial. Los gestores del fondo certificaron que la amortización había sido más rápida de lo inicialmente previsto y fijaron para 2015 el vencimiento final de la deuda.
Es el fin de un capítulo. Pero no de la polémica. Desde los sectores más críticos, como las asociaciones de energías renovables, se subraya el impacto que aquel primer rescate tuvo en los desequilibrios que pagan los consumidores por conceptos como el déficit tarifario.
Según la Asociación Nacional de Productores e Inversores en Energías Renovables (Anpier), hasta la UE –en el análisis del programa de estabilidad de España 2012-2015 (página 21-26)– advirtió de que "una competencia insuficiente en el sector energético ha contribuido a la constitución del déficit tarifario al favorecer una compensación excesiva de algunas infraestructuras, tales como centrales nucleares".
Excesos con los CTC
Donde hay pocas dudas de que se ha producido una compensación excesiva es en los pagos de los costes de transición a la competencia. La Fiscalía Anticorrupción investiga por qué razón las empresas pudieron recibir hasta 3.400 millones de euros de más entre 1998 y 2006 y el motivo por el que, además, el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero renunció a reclamar esa cantidad pese a que llegó a tener lista la orden ministerial para exigir su devolución.
Al rescate financiero de las eléctricas, con las nucleares de fondo, y a los excesos de compensación ya cobrados por las empresas, se añade un tema también espinoso: qué hacer con las centrales de gas (ciclos combinados) construidas a partir de una planificación –indicativa, no obligatoria– que se ha estrellado contra la crisis y la caída de demanda.
Las centrales de gas (27.000 MW) están prácticamente paralizadas y las eléctricas reclaman la ayuda del Estado (pagos por capacidad y mecanismos de hibernación) para cubrir gastos.
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Plan de mínimos
El primer plan que incorporó la tecnología de ciclos combinados, el plan 2002-2011, hablaba de un “mínimo” de 14.800 megavatios. La patronal eléctrica Unesa la consideró adecuada. Pero se desató la euforia y en 2005, en un movimiento que recuerda a la expansión renovable, el objetivo fue elevado (hasta 30.000 megavatios) ante la acumulación de solicitudes.
Ahora toca pagar. ¿Cuánto? La asociación Anpier llegó a estimar la cantidad en más de 7.000 millones en diez años, 7.000 millones en diez años pero todo está pendiente. Iba a hacerlo para antes de que acabara el año, porque el Gobierno se comprometió a arreglar el asunto antes de 2015, pero Industria lo dejará para la primavera. Los pagos podrían volver a afectar al déficit de tarifa que el Ejecutivo cree controlado. Al menos por el momento.