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Contrato único y subida del salario mínimo: los dos modelos laborales de los partidos emergentes

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El paro, y cómo acabar con él, abrió el debate entre Pablo Iglesias y Albert Rivera en La Sexta. Nuevas fórmulas, o no tanto, como el contrato único y el complemento salarial garantizado, alternaron con reivindicaciones de largo recorrido como la derogación de la reforma laboral y de las pensiones, o el aumento del salario mínimo. Otra cosa es que las propuestas fueran claras. “Obligaremos a las empresas a no echar a la gente”, prometió Rivera. “Lo primero que hay que hacer es acabar con que el 90% de los contratos sean temporales”, respondió Iglesias. Ninguno de los dos explicó cómo iban a conseguir ni una cosa ni la otra.

El contrato único nació en España en 2009 como propuesta de la mano de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), cuyo patronato lo integran las principales compañías y bancos del país. Luis Garicano, uno de sus investigadores, ha sido el autor de buena parte del programa económico de Ciudadanos. El partido de Albert Rivera ha rescatado así una propuesta que antes sólo había defendido UPyD. Tanto los sindicatos, como la patronal y los gobiernos de PSOE y PP rechazan el contrato único, que Fedea sigue vendiendo como la solución infalible contra el mayor mal del mercado de trabajo español: la dualidad, la división de los asalariados entre temporales y precarios, por un lado, e indefinidos y muy protegidos, por otro.

Según lo construyó entonces Fedea y lo plantea ahora Ciudadanos, el contrato único sería un contrato indefinido que se ofrecería a todos los nuevos empleados, tras desaparecer el contrato temporal de la legislación. Ese contrato tendría una indemnización que aumentaría con la antigüedad del trabajador. Eso sí, la cantidad que le correspondería a ese contrato indefinido durante los primeros años sería la misma que tienen ahora los temporales: 12 días por año trabajado. No llegaría a los 20 días –la indemnización para el despido objetivo por causas económicas, productivas o de organización– hasta que el empleado alcanzase los cinco años en la empresa, según la primera propuesta hecha por Fedea en 2009. Y no llegaría hasta los 33 días –la cuantía para los despidos improcedentes– hasta los 12 años de antigüedad.

Porque, según Fedea, debería haber dos escalas de indemnización: una para los despidos procedentes y otra para los improcedentes, con las cantidades antes citadas. Y no sería tan único, puesto que seguirían existiendo los contratos de interinidad y sustitución.

Para sus defensores, el contrato único elimina la brecha de coste en la indemnización que echa en brazos del contrato temporal a los empresarios. Al tiempo, como la indemnización de los primeros años es idéntica a la del contrato temporal, no desincentiva a la empresa para que contrate. En cambio, sus detractores creen que no acabaría con la dualidad ni con la desprotección de los trabajadores eventuales, sino que las encubriría. Seguiría existiendo la misma brecha, pero en lugar de revelarse por el tipo de contrato que se firma, se traduciría en trabajadores con poca antigüedad que cambian de trabajo con frecuencia, y trabajadores de mucha antigüedad.

Abarata el despido pero proporciona protección judicial

“Proponemos que todo el mundo tenga un contrato indefinido desde el primer día”, dijo Albert Rivera en el debate. El problema, contestan los enemigos del contrato único, es que de hecho sería uno temporal. “Contrato único es una expresión con truco”, advierte el economista de CCOO Manuel Lago, “en realidad quiere decir abaratamiento del despido”. Todos los contratos únicos serían, en la práctica, contratos temporales, pues la indemnización a que dan derecho en caso de despido es la de un contrato temporal. No serían indefinidos, con su indemnización de 20 a 33 días, hasta los cinco años de antigüedad. Es decir, “iguala la indemnización de todos los contratos a la baja, y eso es lo que no se dice”, resume Lago.

Florentino Felgueroso, otro de los investigadores de Fedea, rechaza que el contrato único abarate el despido y precarice el empleo. Si se le añade el resto de las medidas que propone Ciudadanos  –la mochila austriaca, el complemento salarial garantizado y los incentivos/penalización para los empresarios que no despidan/abusen de la temporalidad– se estimulará el empleo estable, explica Felgueroso. “El contrato único no es un contrato temporal de inicio”, destaca, “porque proporciona una tutela judicial al trabajador de la que carece si es eventual”. Se trata, añade, de que todos los trabajadores tengan los mismos derechos, más allá de igualar la cuantía de la indemnización por despido.

Salario mínimo o complemento salarial garantizado

Iglesias y Rivera también discutieron sobre el salario mínimo, un debate abierto en todo el mundo y que en España se recupera cada año cuando el Gobierno anuncia si lo aumenta o lo congela. También cada vez que la patronal o el Banco de España pide su supresión. Pablo Iglesias reclamó un salario mínimo de entre “750 u 800 euros” al mes. En la actualidad está situado en 648,60 euros al mes, tras dos años de congelación en 645,30 euros –por el Gobierno del PP– y otros dos en 641,40  –por el Gobierno del PSOE–. Albert Rivera se opone a subir el salario mínimo porque, según dijo en La Sexta, frena la contratación.

En su lugar, Ciudadanos plantea que el Estado pague un complemento salarial garantizado a los trabajadores cuyos sueldos queden por debajo de una cuantía mínima anual. Así, aseguran, todos alcanzarán una “remuneración digna”. El esquema, explican, imita mecanismos similares existentes en EEUU y Reino Unido. También replica las ayudas que el Estado alemán paga a los trabajadores con minijobs –cobran sueldos de sólo 450 euros al mes–. Lo percibirían hasta cinco millones de hogares en España y costaría el equivalente al 1% del PIB, unos 10.000 millones de euros. Para Florentino Felgueroso, ese complemento será un “incentivo” al trabajo. “Una idea perversa”, contrapone Manuel Lago. “Será un incentivo enorme para que las empresas bajen salarios”, protesta el economista de CCOO. Además de un mecanismo injusto, porque los ciudadanos “subvencionarán las cuentas de resultados de las empresas”.

El investigador de Fedea considera que ese peligro quedará conjurado por otra de las medidas propuestas por Ciudadanos: un sistema de incentivos y penalizaciones a los empresarios. Disfrutarán de bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social las empresas “que despidan menos”. Y pagarán más las que abusen fraudulentamente de los contratos temporales.

Podemos defiende la necesidad de subir el salario mínimo para reactivar el consumo y, en consecuencia, la economía. “Con los salarios un poco más altos, acercando las rentas de inserción al salario mínimo, la gente podría, por un lado, consumir y, por otro, negociar unas condiciones salariales mejores”, auguró Pablo Iglesias. Manolo Lago defiende subir el salario mínimo progresivamente hasta el 60% del salario medio neto, el porcentaje establecido en la Carta Social Europea: entre 900 y 1.000 euros al mes. Rechaza que desincentive la creación de empleo, o por lo menos, indica, es lo que se desprende de los estudios sobre el asunto elaborados en Estados Unidos, donde se está aumentando, tanto los estatales como el federal.

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¿Copiar la 'mochila austriaca'?

De la mochila austriaca no habló Rivera en televisión, aunque sí figura en el programa electoral de Ciudadanos. Es otra fórmula antigua que estudió el Gobierno del PSOE en su día, pero no llegó a cuajar. Ciudadanos lo llama “seguro contra el despido”. Austria lo creó en 2003. El empresario aporta un tanto por ciento del salario a una cuenta individual del trabajador. Si le despiden o cambia de empleo, puede hacer efectiva la cantidad acumulada y utilizarla para cursos de formación o como indemnización. Si no la recupera a lo largo de su vida laboral, la cobra al jubilarse.

Ni los sindicatos ni las empresas españolas se entusiasmaron por este mecanismo en 2010. Felgueroso concede que la combinación de contrato único y mochila austriaca “sería un cambio enorme para España”, pero muy eficaz. Sin embargo, Manuel Lago desconfía de que copiar ese mecanismo vaya a dar resultados. “Funciona bien en mercados de trabajo muy estables, donde no hay despidos y poca rotación laboral”, apunta, “pero en el nuestro, con 1,5 millones de despidos y 15 millones de contratos al año, no tiene viabilidad”.

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