Los empleados de mantenimiento de las comisarías llevan tres meses sin cobrar

Los operarios que realizan los trabajos de mantenimiento de las comisarías de la Policía Nacional en 20 provincias españolas llevan tres meses sin cobrar sus sueldos. La empresa a la que el Ministerio del Interior adjudicó el servicio, Arción Construcciones, no les ha pagado las nóminas. Según la plantilla, desde que se hizo cargo de las comisarías en Andalucía Occidental y Extremadura, en enero de 2012, la constructora valenciana tampoco paga a los proveedores. Y los trabajadores tuvieron que demandarla ya ese año ante el juez, que la condenó, porque no abonaba los salarios establecidos en su convenio.

Arción Construcciones facturaba 71 millones de euros en 2010 con una plantilla de 238 empleados. Hace dos meses entró en concurso de acreedores y acaba de poner en marcha un ERE para 47 trabajadores. La lista de sus clientes, según figura en su página web, es mayoritariamente pública: nueve ministerios, la Comunidad de Madrid, la Generalitat valenciana, el Gobierno de Aragón, la Junta de Castilla-La Mancha y la de Castilla y León, así como cinco diputaciones provinciales, seis empresas públicas y numerosos ayuntamientos.

Los encargados del mantenimiento en las comisarías son trabajadores subrogados: cada dos años Interior saca a concurso el servicio. En Andalucía y Extremadura, por ejemplo, Arción lo heredó de Isolux Corsán, que le traspasó también una veintena de empleados. Y herramientas y material que luego no pagó a su antecesora, asegura el delegado de CCOO en Sevilla, David Aguilar González.

Sin material, ni combustible ni oficinas

Los trabajadores describen a Arción como una “empresa desaparecida” casi desde el primer momento. No suministraba a los trabajadores el material necesario, ni les daba dinero para pagar la gasolina de los coches que utilizan para sus tareas: desde jardinería hasta fontanería y albañilería en las comisarías. La constructora carece de oficinas allí donde se le adjudicó el servicio de mantenimiento: las nueve provincias castellanoleonesas, Asturias, Cantabria, Galicia, Extremadura y las tres provincias occidentales andaluzas. “Había un encargado que aparecía cada seis meses, no teníamos contacto alguno con la empresa”, explica David Aguilar. Arción no mandaba nóminas. Cuando fue demandada por no pagar las cantidades del convenio, no se presentó al juicio. Los operarios cobran un salario neto que no supera los 1.200 euros al mes.

Hubo otras irregularidades laborales. Cuando consiguió los trabajos de mantenimiento en Galicia, la empresa dejó en el paro a 18 trabajadores, a los que la ley obliga a subrogar. Según el delegado de CCOO, fueron contratados posteriormente, pero con unas condiciones salariales inferiores. En Andalucía y Extremadura, relata Aguilar González, la plantilla recibió el 23 de diciembre de 2011, cuando aún trabajaba para Isolux, un burofax apremiando a los empleados a contestar en un plazo de cuatro días bajo amenaza de quedar fuera del contrato de subrogación –que entraba en vigor el 1 de enero–. “Teníamos que ponernos en contacto con ellos en un número de teléfono que no cogían”, explica el delegado sindical. La respuesta de todos los empleados se la hicieron llegar también por burofax a la constructora valenciana, lo que impidió los despidos.

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Rescisión del contrato

En Extremadura y Andalucía, apunta David Aguilar, Arción consiguió el servicio porque presentó el presupuesto más reducido. “Se llama baja temeraria”, subraya. infoLibre se ha puesto en contacto con Arción pero no ha sido posible obtener la versión de la empresa. Cuando Interior le concedió las tareas de mantenimiento de las comisarías de Castilla y León, en septiembre de 2010, la constructora cifró en dos millones de euros el presupuesto de la adjudicación, que obtenía por dos años y medio prorrogables.

infoLibre también ha intentado, sin éxito, obtener la versión de la Dirección General de la Policía al respecto. Según los trabajadores, han sido numerosas las quejas de las comisarías por las malas condiciones en que la constructora valenciana presta el servicio. El comité de empresa de Arción cree que, de hecho, el Ministerio del Interior la ha apercibido ya y que va a rescindirle el contrato. Eso esperan los trabajadores de mantenimiento andaluces y extremeños. Temen que, por el contrario, Interior les prorrogue la concesión, cuyo plazo acaba en diciembre. En Galicia, advierten, el ministerio se la renovó cuando la empresa ya había dado problemas.