LOS FALLOS DE LA POLÍTICA FISCAL
Las empresas pagaron en impuestos desde 2014 casi 10.700 millones menos de lo previsto por el Gobierno
El Banco de España y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ya advirtieron del exceso de optimismo del Gobierno a la hora de calcular los ingresos del Estado. Ahora es la CEOE la que señala con el dedo el incumplimiento, un año más, de las previsiones del Ejecutivo en la recaudación de impuestos. Desde 2008 –y con la excepción de 2010– el total de ingresos tributarios del Estado no ha estado a la altura de los cálculos del Ministerio de Hacienda. La recesión ha tenido buena parte de la culpa, pero también, según señalan las instituciones antes citadas, la querencia del Gobierno por inflar las previsiones de ingresos.
Según el informe sobre Recaudación Tributaria y Tributación Empresarial elaborado por la patronal, la “desviación” entre los ingresos presupuestados y la recaudación ascienden a 30.538 millones de euros desde 2011. La mayor divergencia se produjo en 2013, con un desfase de 9.013 millones. Pero es que en 2016, ya en plena recuperación, el desajuste alcanzó los 7.271 millones de euros. Para este año será de 2.054 millones, si se compara la cifra incluida en los Presupuestos del Estado con las previsiones hechas por la AIReF.
La culpa de este agujero se la atribuye el sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha) al impuesto de sociedades, el que pagan las empresas por sus beneficios. Desde 2014 su recaudación ha sido 10.662 millones de euros inferior a las cantidades presupuestados por el Gobierno. El mayor desfase corresponde a 2014, cuando la recaudación cayó 3.614 millones por debajo de los cálculos de Hacienda. Para el año que acaba ahora, la desviación se reducirá hasta los 930 millones.
Este ejercicio el Gobierno prevé recaudar de las empresas un total de 24.399 millones de euros, un 12,6% más de lo ingresado en 2016. Hace sólo unos días, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro atribuía a las pequeñas y medianas empresas el aumento de la recaudación, que según sus previsiones crecerá un 9% en el IVA y entre el 6,5% y el 7% en el IRPF. Aunque los impuestos pagados por las sociedades mercantiles no han dejado de crecer desde 2014, al hilo de la recuperación de los resultados empresariales, aún quedan muy lejos del récord alcanzado en 2007, antes de la crisis: 44.823 millones de euros. En esos siete años, el número de empresas se redujo en 165.321 –había 1,19 millones en 2014, pero 1,31 millones en 2017– por efecto de la crisis. La CEOE reconoce que sus resultados han mejorado en este intervalo de tiempo, pero “lentamente”, y culpa de la anémica recuperación del impuesto de sociedades a la bajada del tipo de gravamen, que era del 35% en 2007 y se ha quedado en el 25% ahora, así como al aún importante número de empresas en pérdidas.
Según la patronal, el 63,1% de las empresas declara bases imponibles negativas –pérdidas a efectos fiscales–, aún por encima del 53,6% que lo hacía en 2007, en pleno apogeo económico. Y de éstas, el 67,1% son sociedades que facturan menos de un millón de euros. Entre las de mayor tamaño, los números son más benévolos. De hecho, de las que superan los 100 millones de volumen de negocio, sólo el 21,1% tienen pérdidas. Con ese nivel de ingresos únicamente hay 2.090 empresas en España, que representan el 0,002% del censo de sociedades pero aportan el 57,5% de la recaudación del impuesto de sociedades.
Medidas improvisadas
La CEOE también critica en su informe que el desatino del Gobierno en el cálculo de la recaudación se intente paliar adoptando “medidas fiscales de urgencia […] muchas veces con carácter retroactivo”. Cifra en más de 60 los cambios de la normativa en el impuesto de sociedades desde 2008, de las cuales 35 se han aplicado entre 2012 y 2016. Estas medidas de urgencia, protestan los empresarios, son “incompatibles con la mínima seguridad jurídica exigible por cualquier inversor, nacional o extranjero”. Según los datos recopilados por el Registro de Economistas y Asesores Fiscales (REAF) y citados por la patronal en su revista Empresario, sólo las normas que regulan el impuesto de sociedades han sufrido 198 “impactos fiscales” desde que comenzó la crisis.
Gestha, por su parte, acusa al Gobierno de practicar de forma recurrente la “improvisación fiscal”, para “alcanzar in extremis el objetivo de déficit público” exigido por Bruselas. Por ejemplo, en diciembre de 2016 aprobó un real decreto con el que pretendía aumentar en 4.300 millones de euros la recaudación del impuesto de sociedades. Así, Montoro limitó la compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores a un 25% para las empresas que facturen más de 60 millones de euros, y a un 50% para las que facturen entre 20 y 60 millones. También limitó las deducciones por doble imposición, a un 50% de la cuota íntegra para las compañías con una cifra de negocio neta superior a 20 millones. Y permitió a las empresas incorporar, por un importe mínimo y de forma lineal durante cinco años, el deterioro del valor de sus participaciones de capital, al tratarse de “pérdidas estimadas y no realizadas que minoraron la base imponible” en años anteriores. Es decir, se ha reducido a cinco años la posibilidad de diferir la reversión de ese deterioro de valor. Además, ya no son deducibles las pérdidas sufridas en la venta de una filial. Al mismo tiempo, endureció los aplazamientos y los pagos fraccionados.
A vueltas con la presión fiscal real
Mientras para la CEOE estos cambios dificultan la recuperación de las empresas, para el sindicato de técnicos de Hacienda, por el contrario, son insuficientes: lo que hace falta, a su juicio, es una “reforma fiscal integral”. Que, entre otras objetivos, corrija el tipo medio efectivo con el que tributan las grandes empresas, el 7% del resultado contable según sus cálculos, en lugar del 13,9% que soportan el resto de las compañías.
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Curiosamente, el propio Cristóbal Montoro, coincidió en el análisis con el sindicato de técnicos, cuando a principios de año en el Congreso aseguró que las empresas más grandes son “las que menos tributan” y situó entre el 7% y el 8%, frente al 18% de las pymes, su carga fiscal. “Es algo que no se entiende ni se puede aceptar”, concluyó. “A los grandes grupos”, apuntó, “les conviene tributar más porque si no, la cohesión social y la circunstancia tributaria no se sostienen”. La CEOE rechaza esas cifras y aumenta hasta el 26,4% el tipo efectivo que pagan las empresas, utilizando datos de la Asociación Española de Asesores Fiscales.
Pero, al mismo tiempo, el ministro presumió de haber aplicado una bajada de impuestos “como nunca en la historia de España”, por la que las arcas públicas han dejado de ingresar 12.309 millones de euros en 2015 y 2016: 9.300 millones por el IRPF y 3.009 millones por el impuesto de sociedades. “Son cifras poderosas”, resaltó.
En su informe, la CEOE también compara la presión fiscal que soportan las empresas en España con el resto de la Unión Europea. Así, la recaudación del impuesto de sociedades –con cifras de 2014, el último ejercicio cerrado– se sitúa en España cuatro décimas por debajo de la media europea en relación con el PIB y una décima por debajo respecto a la recaudación total.