LOS ABUSOS DE LAS EMPRESAS

Nueva condena judicial a Miguel Ángel Ramírez: deberá pagar 1,5 millones a sus vigilantes de Madrid

El historial poco ejemplar del empresario a quien investigaba la juez Victoria Rosell

El empresario canario Miguel Ángel Ramírez ha sido de nuevo condenado en sede judicial por sus prácticas laborales. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid acaba de anular 10 artículos del convenio colectivo ad hoc que firmó en una de sus empresas de seguridad, Marsegur. Son los artículos donde se detallan las retribuciones salariales de los vigilantes, un 32% inferiores a las que marca el convenio estatal del sector. Ramírez, por tanto, deberá pagar a los 300 trabajadores que posee Marsegur en la Comunidad de Madrid la diferencia salarial que se ha ahorrado desde el 1 de noviembre de 2014, la fecha en que entró en vigor el convenio. Según USO, uno de los sindicatos que denunció el convenio junto con CCOO y UGT, Marsegurar tendrá que pagar 1,53 millones de euros a su plantilla.

Miguel Ángel Ramírez fue condenado por el Tribunal Supremo el pasado diciembre por pactar con un comité ilegal, constituido por un sindicato independiente que integraban sólo jefes y mandos intermedios, un descuelgue salarial en su principal empresa de vigilantes, Seguridad Integral Canaria. A resultas de esa sentencia, Ramírez deberá pagar unos seis millones de euros a sus trabajadores por los salarios que dejaron de cobrar durante los tres últimos años.

La nueva sentencia aún puede ser recurrida por la empresa ante el Tribunal Supremo. No obstante, el Alto Tribunal ya ha dejado claro que el sistema utilizado por Miguel Ángel Ramírez para constituir comités a la carta y negociar y firmar convenios colectivos para sus empresas o, como en el caso de Seguridad Integral Canaria, un descuelgue salarial, es contrario a la ley. Los sindicatos han denunciado también el convenio estatal de Marsegur en la Audiencia Nacional, negociado igualmente con un comité de empresa integrado por un sindicato independiente. La misma suerte ha corrido el convenio de otra de sus empresas, Sinergias de Vigilancia y Seguridad, que además ha sido denunciado por la propia Inspección de Trabajo.

Tanto Marsegur como Sinergias tienen convenios que podrían denominarse low cost: sus retribuciones salariales son hasta un 40% inferiores a las establecidas en el convenio estatal del sector. En Marsegur el sueldo base alcanza los 726 euros mensuales y el tope bruto anual, los 10.768 euros. El plus de nocturnidad, 10 céntimos la hora, es 11 veces inferior al fijado en el convenio estatal. Estas retribuciones son las que acaba de anular el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, al entender que la comisión que negoció el convenio no era legal y que éste cae en una “concurrencia indebida e ilegal” con el convenio del sector. Además, los convenios de Marsegur y Sinergias de Vigilancia no son convenios al uso: tienen una duración ciertamente inusual de 10 años, de los cuales hasta cinco son de congelación salarial.

Contratos en el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid

Gracias a estos salarios por debajo de convenio, las empresas low cost de Miguel Ángel Ramírez se han adjudicado un buen puñado de concursos públicos, tanto de entidades nacionales como autonómicas. En la Comunidad de Madrid, Marsegur ha conseguido la protección del Instituto Madrileño del Menor y la Familia y  los Servicios de Urgencias (SUMMA 112). El Ayuntamiento de la capital le ha concedido la vigilancia de los edificios del Área de las Artes, Deportes y Turismo, por importe de 1,8 millones de euros. También la protección de los centros de Madrid Salud,–954.048,28 euros–, de las dependencias del distrito de Moncloa-Aravaca y la Coordinación General de la Alcaldía de Madrid.

Hace sólo una semana el Ayuntamiento de Madrid firmó un decreto de aplicación inmediata que obliga a incluir cláusulas sociales en la licitación de los contratos públicos. Incluso se valorará que el adjudicatario mejore las condiciones laborales de la plantilla que herede del anterior concesionario del servicio. Antes ya había establecido el consistorio que el precio dejaría de ser el criterio fundamental para adjudicarlos.

Investigado por no pagar a la Seguridad Social y al fisco

Al igual que ocurre con la sentencia del Tribunal Supremo, la que acaba de dictar el Tribunal Superior de Justicia de Madrid implica no sólo el abono de la diferencia salarial escatimada a los trabajadores de Marsegur, sino también el pago a la Seguridad Social de una cuantía mayor en cotizaciones de la inicialmente ingresada por la empresa.

Hay que recordar que un juzgado canario investiga si Miguel Ángel Ramírez paga a sus vigilantes jurados las horas extraordinarias como si fueran dietas. De esa forma, evita tributar a Hacienda y cotizar a la Seguridad Social por las primeras. Las segundas no sólo están exentas de pago por ambos conceptos, sino que también son deducibles en el impuesto de sociedades. El fraude puede ascender a 13 millones de euros desde 2008 hasta 2013 sólo en lo que a la Seguridad Social se refiere. El sindicato USO eleva la cifra hasta los 40 millones. El empresario canario ha tenido que desembolsar una fianza de 35 millones de euros en el juzgado por este caso. Fue la exjueza Victoria Rosellexjueza Victoria Rosell, en excedencia desde el pasado octubre para presentarse a diputada en las listas de Podemos, quien inició la investigación.

Donante del PP y con buenas relaciones con el ministro de Industria, el también canario José Manuel Soria, Ramírez fue indultado por el Gobierno de Mariano Rajoy después de que el Tribunal Supremo lo condenara a tres años de cárcel por un delito urbanístico.

 También está imputado por cohecho en el caso Kpanda, y por estafa y apropiación indebida, por falsear las facturas que expedía a AENA a cambio de encargarse de la seguridad del aeropuerto Reina Sofía de Tenerife Sur.

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